P10_TA(2025)0020Escalada de la violencia en el este de la República Democrática del CongoResolución del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2025, sobre la escalada de la violencia en el este de la República Democrática del Congo (2025/2553(RSP))El Parlamento Europeo,

–Vistas sus anteriores resoluciones sobre la República Democrática del Congo,

–Vista la declaración de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 25 de enero de 2025, en nombre de la Unión sobre la última escalada del conflicto en el este de la República Democrática del Congo,

–Vista la declaración, de 2 de febrero de 2025, de los ministros de Exteriores del G7 sobre la escalada de la violencia en el este de la República Democrática del Congo,

–Visto el comunicado de prensa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 26 de enero de 2025, sobre la situación en la República Democrática del Congo,

–Vista la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 7 de febrero de 2025, sobre la situación en el este de la República Democrática del Congo,

–Visto el comunicado de prensa del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, de 28 de enero de 2025, sobre los últimos acontecimientos en el este de la República Democrática del Congo,

–Vista la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 18 de diciembre de 1979,

–Visto el Acuerdo de Asociación, de 15 de noviembre de 2023, entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra DO L, 2023/2862, 28.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj.,

–Visto el artículo 136, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.Considerando que, en enero de 2025, el grupo rebelde armado M23, respaldado por fuerzas ruandesas, siguió avanzando en el este de la República Democrática del Congo y tomó Goma, la capital regional; que la violencia entre los grupos rebeldes y el ejército congoleño aumentó considerablemente y provocó un elevado número de víctimas civiles; que se calcula que se han producido 3 000 muertes durante la ofensiva sobre Goma; que, en ese momento, aproximadamente 800 000 desplazados internos estaban alojados en campamentos para personas desplazadas densamente poblados en los alrededores de la ciudad;

B.Considerando que el M23 anunció un alto el fuego unilateral que debía comenzar el 4 de febrero de 2025; que, pese a ello, los combates han continuado, el aeropuerto de Goma sigue cerrado, los dispositivos de gestión del tráfico aéreo están dañados y el acceso humanitario sigue siendo limitado; que se ha informado de que el M23 ha tomado la ciudad minera de Nyabibwe, en Kivu del Sur; que los dirigentes del M23 han declarado su intención de seguir avanzando dentro de la República Democrática del Congo; que los últimos avances del M23 significan una alarmante escalada del devastador conflicto en el este de la República Democrática del Congo, una violación de la integridad territorial y una escalada de la violencia, lo que da pie a una grave crisis humanitaria, violaciones de los derechos humanos y una mayor desestabilización del país;

C.Considerando que la región se ha visto asolada por décadas de violencia cíclica, lo que ha provocado una crisis humanitaria y de seguridad; que, tras un alto el fuego que duró varios años, los combatientes del M23 volvieron a tomar las armas a finales de 2021; que la ley marcial está en vigor desde 2021 en el este de la República Democrática del Congo y que el Gobierno civil ha sido sustituido por el ejército; que las fuerzas del M23 han estado expandiendo su presencia en el este de la República Democrática del Congo, estableciendo administraciones de gobernanza y sistemas tributarios nuevos, creando campos de entrenamiento militar y exportando minerales directamente a Ruanda; que las consecuencias a largo plazo del terrible genocidio ruandés de 1994 contra los tutsis siguen alimentando en la actualidad la violencia, el odio y los desplazamientos forzosos;

D.Considerando que, los días 23 y 24 de enero de 2025, el M23 abrió fuego contra posiciones de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), lo que se cobró la vida de trece miembros del personal de mantenimiento de la paz de la MONUSCO y de la misión de mantenimiento de la paz dirigida por la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC);

E.Considerando que el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas concluyó en su informe de junio de 2024 que el despliegue de las Fuerzas Ruandesas de Defensa viola la soberanía y la integridad territorial de la República Democrática del Congo y que el control y la dirección de facto de las operaciones del M23 también hacen a Ruanda responsable de las acciones del M23;

F.Considerando que la toma de Goma ha dado lugar a un desplazamiento significativo de civiles; que se calcula que más de 500 000 personas han sido desplazadas desde principios de enero de 2025; que miles de congoleños habían huido previamente a la ciudad para escapar de la violencia y han sido conducidos desde campos para desplazados internos hacia tiendas de campaña improvisadas o han sido obligados a dormir al aire libre; que la seguridad de los desplazados internos está ahora gravemente amenazada, y que las mujeres y las niñas sufren de manera desproporcionada;

G.Considerando que la jefa adjunta de la fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Goma ha informado de violaciones y asesinatos masivos de mujeres reclusas en la prisión de Munzenze en Goma, y que se calcula que cientos de mujeres fueron violadas y muchas fueron quemadas vivas en dicha prisión;

H.Considerando que las mujeres y las niñas de la República Democrática del Congo se enfrentan a un aumento de los niveles de violencia sexual y de género, lo que se ha traducido en un caso de violación cada cuatro minutos; que el personal del hospital Panzi de Bukavu, que recibe a muchas supervivientes de violencia sexual, está alarmado por el deterioro de la situación de la seguridad en la zona y por la seguridad del personal y de los pacientes en el propio hospital;

I.Considerando que la toma de Goma desencadenó violentas protestas en Kinsasa, donde docenas de manifestantes atacaron embajadas y pidieron a la comunidad internacional que detuviera el avance del M23;

J.Considerando que el conflicto en la República Democrática del Congo corre el riesgo de expandirse a la región; que, en 2023, se retiró un despliegue de mantenimiento de la paz de las fuerzas regionales de la Comunidad del África Oriental; que la SADC desplegó una misión de mantenimiento de la paz en la República Democrática del Congo en diciembre de 2023 con tropas de Sudáfrica, Tanzania y Malaui; que al menos veinte miembros de la fuerza de mantenimiento de la paz perdieron la vida durante el avance del M23 sobre Goma; que, el 6 de febrero de 2025, Malaui anunció la retirada de sus tropas de dicha misión;

K.Considerando que está ampliamente reconocido que Ruanda participa activamente en el conflicto en el este de la República Democrática del Congo, en particular mediante su control de facto del M23, al que suministra armas, apoyo logístico y tropas; que los expertos de las Naciones Unidas estiman que entre 3 000 y 4 000 soldados ruandeses operan junto al M23;

L.Considerando que Kivu del Norte es una región rica en recursos, con abundantes existencias de materias primas fundamentales, como cobalto, oro y estaño, que son necesarias para la transición digital y energética mundial; que Goma es un importante centro de transporte y comercio para la exportación de minerales; que las Naciones Unidas estiman que el M23 traslada cada mes alrededor de 120 toneladas de coltán a Ruanda; que los expertos de las Naciones Unidas estiman además que el M23 se financia con unos 288 000 EUR mensuales generados a través de su control del comercio de minerales en la República Democrática del Congo; que los grupos rebeldes suelen reclutar a niños soldados en lo que supone una flagrante violación del Derecho internacional y un crimen contra la humanidad;

M.Considerando que las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) en la República Democrática del Congo se han centrado en presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos principalmente en el este del país, en la región de Ituri y en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, desde el 1 de julio de 2002; que la República Democrática del Congo se remitió por segunda vez a la CPI en mayo de 2023 en relación con presuntos crímenes cometidos en Kivu del Norte desde el 1 de enero de 2022;

N.Considerando que, el 8 de febrero de 2025, en una cumbre conjunta celebrada en Dar es-Salaam (Tanzania), los bloques regionales de África Meridional, la SADC, y de África Oriental, la Comunidad del África Oriental (CAO), pidieron un alto el fuego inmediato e incondicional, exigieron la retirada del territorio de la República Democrática del Congo de las fuerzas armadas extranjeras no invitadas, instaron a todas las partes en conflicto a celebrar conversaciones de paz en un plazo de cinco días y exigieron la reapertura del aeropuerto de Goma y otras rutas clave para facilitar la ayuda humanitaria; que está previsto que la Unión Africana aborde esta cuestión en una reunión que se celebrará en Adís Abeba el 14 de febrero de 2025; que se están realizando otros esfuerzos de mediación, en particular por parte de Francia, cuyo objetivo es llevar a todos los agentes a la mesa de negociaciones;

O.Considerando que está previsto que, el 24 de febrero de 2025, el Consejo de la UE en su formación de Asuntos Exteriores intercambie puntos de vista sobre la situación en la República Democrática del Congo;

P.Considerando que, entre 2021 y 2024, la Unión proporcionó a Ruanda una financiación por valor de 260 000 000 EUR, con 900 000 000 EUR adicionales comprometidos en el marco de la estrategia Global Gateway; que, a raíz de los últimos acontecimientos en el este de la República Democrática del Congo, la Unión se declaró dispuesta a reforzar la ayuda de emergencia, en particular para las poblaciones desplazadas recientemente en Goma y sus alrededores, y que el 28 de enero de 2025 la Comisión anunció una nueva ayuda humanitaria para el país, con un importe inicial de 60 000 000 EUR para 2025; que la Unión intenta intensificar su presencia en la región, también mediante su apoyo reciente al programa «Corredor Verde Kivu-Kinsasa» a través de una iniciativa Global Gateway, cuyo objetivo es ayudar a establecer un corredor sostenible de 2 600 km que conecte el este de la República Democrática del Congo con Kinsasa y la costa atlántica, y que cubriría 540 000 km²;

Q.Considerando que la Unión ha formado asociaciones sobre materias primas con varios países, entre ellos la República Democrática del Congo, Ruanda y otros países de la región; que estas asociaciones se centran, entre otras cosas, en la mejora de la diligencia debida y la trazabilidad, la cooperación en la lucha contra el tráfico ilegal de materias primas y la conformidad con las normas medioambientales, sociales y de gobernanza internacionales; que la Comisión, a diferencia de lo que hizo con el Consejo, no dio al Parlamento la oportunidad de compartir su evaluación política de la decisión de negociar un memorando de entendimiento con Ruanda, ni de proporcionar comentarios técnicos sobre el proyecto de memorando de entendimiento;

R.Considerando que, el 5 de febrero de 2025, en una reunión extraordinaria de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria África-UE (DAFR) y la Comisión de Desarrollo, Thérèse Kayikwamba Wagner, ministra de Asuntos Exteriores de la República Democrática del Congo, y Denis Mukwege, galardonado con el Premio Nobel, informaron al Parlamento sobre la ocupación del este de la República Democrática del Congo y el grave impacto humanitario en la población local y en los desplazados internos;

S.Considerando que el Consejo nombró a Johan Borgstam representante especial de la Unión Europea para la Región de los Grandes Lagos de África el 1 de septiembre de 2024; que, el 30 de enero de 2025, la DAFR organizó una audiencia extraordinaria con el representante especial de la Unión y Bintou Keita, jefa de la MONUSCO;

T.Considerando que, antes de los últimos acontecimientos, la República Democrática del Congo se enfrentaba a una de las mayores crisis de desplazamiento forzoso de la historia de África, con 6,7 millones de desplazados internos, incluidos 4,6 millones en Kivu del Sur y Kivu del Norte; que el país también ha acogido a más de 520 000 refugiados y solicitantes de asilo de países vecinos, mientras que 1,1 millones de refugiados procedentes de la República Democrática del Congo están siendo acogidos en países vecinos de la región, más de la mitad de ellos en Uganda; que la reciente escalada de la violencia ha provocado el desplazamiento interno de más de medio millón de personas desde principios de año; que, habida cuenta del grave hacinamiento que presentan los campamentos para personas desplazadas y de la falta de agua, saneamiento e infraestructuras de higiene, el riesgo de que se produzca un brote de cólera o una rápida propagación de la epidemia de mpox es extremadamente elevado;

1.Condena enérgicamente la ocupación de Goma y otros territorios en el este de la República Democrática del Congo por el M23 y las Fuerzas Ruandesas de Defensa como una violación inaceptable de la soberanía y la integridad territorial de la República Democrática del Congo; insta al Gobierno ruandés a que retire sus tropas del territorio de la República Democrática del Congo, lo que constituye una clara violación del Derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y a que ponga fin a la cooperación con los rebeldes del M23; pide que Ruanda y todos los demás agentes estatales potenciales de la región dejen de respaldar al M23;

2.Condena enérgicamente los ataques indiscriminados —cometidos por todas las partes— con armas explosivas en zonas pobladas de Kivu del Norte, incluidos los campos de desplazados y otras zonas densamente pobladas cerca de Goma, así como las ejecuciones sumarias, las violaciones y otros crímenes de guerra manifiestos, el trabajo forzoso, el reclutamiento forzoso y otras prácticas abusivas cometidas por el M23 con el apoyo de las Fuerzas Ruandesas de Defensa y por las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, las FARDC;

3.Manifiesta su consternación por el escandaloso uso de la violencia sexual contra mujeres y niñas como herramienta de represión y arma de guerra en el este de la República Democrática del Congo, así como por el inaceptable reclutamiento de niños soldados por parte de los distintos grupos rebeldes; pide que la comunidad internacional aborde estas cuestiones sin demora; reitera enérgicamente que todo ataque contra las fuerzas comandadas por las Naciones Unidas es inexcusable y podría considerarse un crimen de guerra;

4.Pide que se ponga fin de inmediato a la violencia, en particular a los asesinatos masivos y al uso de la violación como arma estratégica de guerra; solicita a la República Democrática del Congo y a Ruanda que investiguen y enjuicien adecuadamente a los responsables de crímenes de guerra, incluida la violencia sexual, en virtud del principio de responsabilidad de mando;

5.Expresa su profunda preocupación por la crítica situación humanitaria del país; pide la reapertura inmediata del aeropuerto de Goma a fin de restablecer las operaciones humanitarias y facilitar suministros a través del aeropuerto y la frontera terrestre; pide la creación y la apertura inmediata de corredores humanitarios y para todas las partes, incluidos los grupos armados que operan en el este de la República Democrática del Congo, a fin de permitir y facilitar el pleno acceso humanitario sobre la base de las necesidades y los principios humanitarios, incluida la garantía de que no se deniegue a la población civil y a las personas desplazadas el acceso a artículos esenciales para la supervivencia;

6.Hace hincapié en que los trabajadores humanitarios deben poder operar de forma segura para prestar asistencia vital a la población civil congoleña, y en que debe preservarse la seguridad de las instalaciones médicas; subraya que se trata de una obligación esencial de conformidad con el Derecho internacional humanitario, y que quienes infrinjan estas obligaciones deben rendir cuentas; subraya que Ruanda y los países vecinos tienen una responsabilidad especial en lo que respecta a facilitar el acceso humanitario a la región;

7.Condena enérgicamente el ataque contra las instituciones diplomáticas de la Unión, sus Estados miembros y las organizaciones de la sociedad civil, como las fundaciones políticas en Kinsasa; subraya que debe garantizarse la protección de la población civil y del personal diplomático;

8.Expresa su preocupación por la falta de coherencia en la respuesta de la Unión a las crisis de la región de los Grandes Lagos y pide al Consejo que vuelva a evaluar la aplicación de su renovada estrategia de la Unión para los Grandes Lagos; recuerda que la Unión y su representante especial para la región están dispuestos a apoyar todos los esfuerzos de mediación;

9.Acoge con satisfacción el aumento de la ayuda humanitaria prometida por la Unión; observa que sigue estando muy por debajo de las necesidades básicas de alimentos, agua, asistencia médica y refugio en el este de la República Democrática del Congo, especialmente a la luz de la reciente rescisión del apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); pide a la Comisión y a la comunidad internacional que intensifiquen significativamente el apoyo financiero para asistencia urgente y vital;

10.Lamenta que la Unión no haya adoptado las medidas adecuadas para responder apropiadamente a la crisis y presionar eficazmente a Ruanda para que ponga fin a su apoyo al M23, y que, en su lugar, haya tomado medidas —como la celebración en febrero de 2024 de un memorando de entendimiento sobre cadenas de valor sostenibles de materias primas sin debatir suficientemente el conflicto, y la decisión de complementar el apoyo al despliegue de Ruanda en Mozambique en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz— que no han demostrado garantías suficientes y que han contribuido a enviar un mensaje incoherente a las autoridades ruandesas;

11.Insta a la Comisión y al Consejo a que suspendan de inmediato el memorando de entendimiento entre la Unión y Ruanda sobre cadenas de valor sostenibles de materias primas hasta que Ruanda demuestre que está poniendo fin a su injerencia y a la exportación de minerales extraídos de las zonas controladas por el M23; pide a todos los agentes que aumenten la transparencia y prohíban de forma efectiva la entrada de todos los «minerales de sangre» en la Unión;

12.Pide a la Comisión que condicione la futura reactivación de la cooperación en materias primas fundamentales a la adhesión de Ruanda a la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas, de la que ya forma parte la República Democrática del Congo;

13.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación estricta del actual Reglamento sobre minerales de zonas de conflicto Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo (DO L 130 de 19.5.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/821/oj). y a la Comisión que proponga una revisión de la regulación de la Unión con el fin de garantizar las normas más estrictas en materia de trazabilidad y transparencia;

14.Señala que el control parlamentario y la participación de la sociedad civil en la elaboración, firma y aplicación de memorandos de entendimiento y hojas de ruta sobre materias primas son esenciales para un proceso inclusivo con un control adecuado, y deben formar parte del memorando de entendimiento;

15.Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las instituciones financieras internacionales que congelen el apoyo presupuestario directo a Ruanda hasta que cumpla las condiciones relativas, entre otras cosas, al acceso humanitario y a la ruptura de todos los vínculos con el M23; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que congelen su ayuda militar y de seguridad a las Fuerzas Ruandesas de Defensa con el fin de garantizar que no contribuyan directa o indirectamente a operaciones militares abusivas en el este de la República Democrática del Congo; pide encarecidamente que, en concreto, se revise el apoyo renovado de la Unión en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para garantizar que las tropas desplegadas en el norte de Mozambique y que se benefician de la ayuda del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, así como sus dirigentes, hayan sido debidamente investigados y no hayan estado implicados en el este de la República Democrática del Congo ni en otras violaciones de los derechos humanos, con vistas a suspender el apoyo si se comprueba que este contribuye directa o indirectamente a operaciones militares abusivas en el este del país;

16.Insta a la Comisión y a todos los Estados miembros a que prohíban la transferencia de armas a las fuerzas ruandesas y al M23 y a que garanticen una mayor transparencia en el comercio de armas de la Unión;

17.Insta al Consejo a que amplíe las sanciones contra los altos mandos del M23, los dirigentes de otros grupos armados y los altos funcionarios de la República Democrática del Congo y de Ruanda — incluidos el general de división Eugene Nkubito, comandante de la 3.ª división de las Fuerzas Ruandesas de Defensa y el general de división Ruki Karusisi, comandante de las fuerzas especiales de las Fuerzas Ruandesas de Defensa, identificados en el informe de junio de 2024 del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, y el general de división Emmy K. Ruvusha, comandante de las Fuerzas de Seguridad de Ruanda identificados en el informe de junio de 2023 del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas — y de otros países de la región como responsables o cómplices de graves abusos cometidos recientemente por sus fuerzas o por las fuerzas sobre las que tienen responsabilidad de mando;

18.Insta al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), a los Estados miembros y al Gobierno de la República Democrática del Congo a que adopten medidas inmediatas para prevenir la violencia sexual y mejorar la atención a las víctimas supervivientes, en particular adaptando el marco jurídico nacional para garantizar el acceso a atención médica para el aborto; llama la atención sobre las necesidades sanitarias de las mujeres embarazadas, en particular de las que están desplazadas y fuera del alcance de la asistencia médica; pide al SEAE y a los Estados miembros que sigan dando prioridad a la prestación de ayuda humanitaria para las mujeres y las niñas en la región;

19.Pide a la Comisión que siga apoyando los esfuerzos de lucha contra la corrupción y reforzando la gobernanza en la República Democrática del Congo;

20.Elogia el anuncio del fiscal de la CPI de que esta seguirá investigando los presuntos delitos cometidos por cualquier persona, independientemente de su afiliación o nacionalidad; reitera el apoyo inquebrantable de la Unión a la CPI y pide al Consejo y a la Comisión que cumplan sus obligaciones para garantizar el funcionamiento y la eficacia de este tribunal;

21.Reitera su pleno apoyo a la MONUSCO en la protección de la población civil y la estabilización de la región; insta a la Unión a que coopere con todos los agentes sobre el terreno, en particular con la MONUSCO, para garantizar la protección de la población civil en el este de la República Democrática del Congo; pide a las Naciones Unidas que trabajen para reforzar el mandato de la MONUSCO con el fin de facilitar el restablecimiento de la paz; pide a las Naciones Unidas que garanticen la protección de la población civil y el respeto del Derecho internacional humanitario, en particular ante el aumento del riesgo de violencia de género, y que preserven la seguridad del personal humanitario y sanitario y las instalaciones médicas;

22.Pide a las Naciones Unidas que tomen medidas inmediatas y específicas para proteger el hospital Panzi y a sus pacientes y su personal;

23.Acoge con satisfacción la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 7 de febrero de 2025, sobre la situación de los derechos humanos en el este de la República Democrática del Congo, respalda la creación de una comisión independiente de investigación sobre las graves violaciones cometidas desde enero de 2022;

24.Reitera su condena de la incitación al odio y la xenofobia, así como de las políticas étnicas; subraya que todos los responsables de mantener los conflictos armados, la inestabilidad y la inseguridad en la República Democrática del Congo deben rendir cuentas;

25.Manifiesta su preocupación por las consecuencias de la injerencia rusa en el conflicto y, de manera más general, en la región, así como por la creciente presencia de campañas de desinformación; condena, en especial, los esfuerzos de Rusia por promover un sentimiento antioccidental mediante la difusión en las redes sociales de noticias falsas sobre los agentes occidentales;

26.Expresa su preocupación por la creciente presencia de agentes chinos en el sector minero de la República Democrática del Congo y de la región, que actúan sin respeto de las responsabilidades económicas y sociales, y recuerda que las industrias y empresas europeas de la región solo tendrán seguridad de suministro a largo plazo si se encuentra una solución pacífica y duradera al conflicto;

27.Recuerda que solo un enfoque integrador y regional podrá hacer frente y abordar los complejos y persistentes problemas de la región; acoge con gran satisfacción la cumbre de paz conjunta de la SADC y la CAO celebrada en Dar es-Salaam el 8 de febrero de 2025; reitera, a este respecto, su pleno respaldo a los procesos de Luanda y Nairobi y pide a todos los países de los Grandes Lagos, en particular a la República Democrática del Congo y a Ruanda, que prosigan urgentemente las negociaciones en el seno de estos marcos; hace hincapié en que toda solución debe abordar también las causas profundas del conflicto, incluido, entre otros, el tráfico ilícito de recursos naturales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen plenamente las iniciativas nacionales y regionales, como la iniciativa de las iglesias católica y protestante congoleñas y el Proceso de Luanda; subraya que las organizaciones regionales, como la Unión Africana, la SADC y la CAO, deben tener un papel central en todos estos esfuerzos; subraya asimismo que una solución duradera requiere una reforma del sector de la seguridad de la República Democrática del Congo, y que el país cuente con un ejército y una administración mejor organizados;

28.Pide a la comunidad internacional y a todos los agentes implicados que utilicen el Acuerdo Marco de Adís Abeba y que organicen una conferencia internacional para la paz en el este de la República Democrática del Congo y en la región de los Grandes Lagos; subraya que esta conferencia de «Empresas para la paz» tendrá la característica única de contar con el sector privado en la mesa de negociaciones de paz, ya que la guerra gira en torno a los minerales estratégicos; destaca que los empresarios pueden desempeñar un papel importante a la hora de incitar a sus países a actuar en favor de la paz; considera que el enfoque de empresas para la paz puede ayudarnos a avanzar en la búsqueda de una solución;

29.Pide la cancelación del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de 2025, organizado por la Unión Ciclista Internacional, en Kigali si Ruanda no cambia de rumbo;

30.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión, al Gobierno y al Parlamento de Ruanda y de la República Democrática del Congo, a la Unión Africana, a las secretarías de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional y de la Comunidad del África Oriental, y a otros organismos internacionales pertinentes.