1.Insiste en que el FSE+ debe seguir siendo el instrumento clave y principal para apoyar a los Estados miembros, las regiones, las comunidades locales y las personas en el refuerzo de la dimensión social de la Unión y en la búsqueda de un desarrollo socioeconómico que no deje a nadie atrás;

2.Destaca que el FSE+ debe abordar retos sociales como las consecuencias del cambio climático y la digitalización, contribuir a la respuesta a estos retos y adaptarse a ellos, al mismo tiempo que aborda otros retos sociales como el aumento del coste de la vida con un menor ritmo de aumento de los salarios, promueve la resiliencia social, reduce las desigualdades y protege a las personas más vulnerables; insiste en que el FSE+ debe impulsar la inversión y el crecimiento a largo plazo centrándose en la cohesión social y territorial a la vez que apoya la transformación estructural en toda la Unión y mejora la convergencia entre los Estados miembros;

3.Insiste en que el FSE+ debe seguir mejorando la convergencia social ascendente —especialmente para las personas más desfavorecidas— e invertir en capital humano, empleo, desarrollo de capacidades e inclusión social, al tiempo que impulsa el emprendimiento y la innovación social, invierte en la infancia y aborda las transiciones digital y ecológica, los retos demográficos y las regiones afectadas por crisis como, entre otras, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania;

4.Insiste en que el FSE+ debe seguir mejorando las oportunidades de empleo, facilitando una movilidad laboral justa, fomentando la creación de puestos de trabajo de calidad, garantizando unas condiciones de trabajo dignas e incrementando la tasa de participación laboral —en particular, en el caso de las mujeres, las personas con discapacidad y otras personas en situaciones vulnerables— para mejorar la resiliencia social y económica y así contribuir a la adaptación a los cambios industriales, también a través de la formación y el reciclaje y perfeccionamiento profesional;

5.Subraya la necesidad de que el FSE+ se base en una estrategia de inversión social y en un enfoque a lo largo de toda la vida apoyando medidas que puedan proporcionar soluciones a medio y largo plazo para las personas;

6.Insiste en que los objetivos del FSE+ deben ser alcanzar la inclusión social, niveles de empleo elevados con empleos de calidad sostenibles, salarios adecuados, condiciones de trabajo dignas que incluyan el bienestar de los trabajadores, entornos de trabajo saludables, sistemas de bienestar social justos en los Estados miembros, así como oportunidades de educación y formación profesionales, y aprendizaje permanente para todos, teniendo en cuenta las necesidades específicas de las personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de desarrollar una mano de obra cualificada, competitiva y resiliente, preparada para la doble transición y el mundo laboral del futuro, y construir una protección social justa y sociedades inclusivas y cohesionadas, con el objetivo de erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y cumplir los principios y los objetivos principales establecidos en el pilar europeo de derechos sociales;

7.Pide un FSE+ sólido, reforzado e independiente con un aumento significativo del apoyo público a los instrumentos de los Estados miembros con el objetivo de atender a las personas en situación de vulnerabilidad y a las personas más necesitadas de nuestras sociedades, invertir en las personas y las capacidades, ayudar a sacar a las personas de la pobreza y la exclusión social e impulsar la inversión social y el emprendimiento social; insiste, por tanto, en que la consecución de los objetivos del FSE+ después de 2027 requeriría un aumento importante y fundamentado del presupuesto del FSE+ en la dotación financiera del FSE+ para el período 2028-2034;

8.Pide a la Comisión que proporcione una financiación mayor, específica y adecuadamente asignada para alcanzar las metas del FSE+, así como las del pilar europeo de derechos sociales y su plan de acción y objetivos principales; expresa por ello su preocupación por los intentos de dividir o fusionar el FSE+ existente con otros fondos, ya que ello podría crear graves riesgos para la consecución de sus metas, así como las del pilar europeo de derechos sociales y su plan de acción y objetivos principales; advierte de que la unificación, racionalización, centralización o fusión de los fondos puede no mejorar su eficacia; subraya, a este respecto, que cualquier posible remodelación del FSE+ debe preservar la eficacia y finalidad de este contribuyendo a los objetivos de promover el empleo, la inclusión social, la educación, la formación y el desarrollo de capacidades, y debe gestionarse lo más cerca posible de los beneficiarios;

9.Considera que debe mantenerse el modelo de gobernanza compartida del FSE+ y que, por lo tanto, se debe evitar que una gobernanza diferente del FSE+ haga que se pierda la prioridad concedida a los aspectos sociales —en particular los proyectos de empleo, educación, capacidades, formación e inclusión social—, que el enfoque pueda perder especificidad y que la financiación no llegue al plano local, a las personas en situación de vulnerabilidad ni a las más necesitadas, a la vez que aumente el riesgo de que los fondos se reasignen para otros fines;

10.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la participación, información y consulta de los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil —incluidos los servicios sociales sin ánimo de lucro—, las empresas sociales, los proveedores de educación y formación y los representantes de los grupos destinatarios en las fases de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del FSE+, que asignen una financiación adecuada a este fin y que eviten la exclusión de los agentes más pequeños; pide a la Comisión que respete el principio de asociación a escala de la Unión, ya que resulta esencial para el éxito del FSE+ y debe mantenerse en el próximo marco financiero plurianual (MFP); pide que las organizaciones de la sociedad civil participen en el Comité del FSE+, ya que son los principales socios ejecutantes del fondo;

11.Destaca la necesidad de que el modelo de gobernanza del FSE+ permita que, al tiempo que se mantiene un elevado nivel de transparencia, las especificidades y los retos nacionales, regionales y locales se reflejen adecuadamente en los programas operativos, en particular teniendo debidamente en cuenta los conocimientos especializados de las partes interesadas nacionales y regionales, incluida la sociedad civil, y garantizando que la financiación llegue a organizaciones y actividades orientadas a personas necesitadas;

12.Destaca que la disponibilidad de servicios públicos gratuitos y de calidad —como la educación y los cuidados de la primera infancia, la educación y la salud— y el acceso universal a estos, así como el acceso a una vivienda adecuada, asequible y digna y a servicios esenciales como la energía asequible, el saneamiento, el agua y una alimentación sana, son condiciones necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades y aumentar los niveles de empleo, mejorar las condiciones de vida y de trabajo y combatir la pobreza y la exclusión social; subraya el papel que puede desempeñar el FSE+ a este respecto; llama especialmente la atención sobre la situación de las personas mayores que, debido al aumento del coste de la vida y al descenso del poder adquisitivo de sus pensiones, vive o corre el riesgo de caer en la pobreza extrema, lo que a menudo conduce a que se vean privados de necesidades básicas como la alimentación, la vivienda y el acceso a centros asistenciales, lo que conlleva la pérdida de la dignidad social;

13.Observa que el actual programa del FSE+ se adoptó antes de que surgieran las crisis que han llevado a una elevada inflación y un aumento del coste de la vida y requieren por ello una inversión pública y social de mayor envergadura, de modo que el actual FSE+ no alcanza a satisfacer las necesidades actuales; pide por consiguiente a la Comisión que, en el próximo marco financiero plurianual, garantice un presupuesto global, estable y a gran escala para el FSE+, basado en las necesidades y los derechos que tenga en cuenta la inflación, el aumento del coste de la vida, las tasas de pobreza y la necesidad de acceso a una vivienda digna;

14.Subraya que el FSE+ posterior a 2027 debe invertir en abordar retos sociales persistentes y no alejarse de los objetivos generales y específicos establecidos en el actual FSE+, siendo al mismo tiempo capaz de responder a los cambios en las circunstancias socioeconómicas y adaptarse a ellos; hace hincapié en la importancia de los principios de gestión compartida, claridad de objetivos y concentración temática del fondo y en que la mayor parte del fondo debe gastarse lo más cerca posible de quienes lo utilizan, en estrecha colaboración con las autoridades y organizaciones locales y regionales; destaca la necesidad de intercambiar buenas prácticas respecto a la ejecución más eficiente y transparente del FSE+; destaca la necesidad de evaluar de forma continua el impacto y la eficacia de las iniciativas del FSE;

15.Destaca que el FSE+ posterior a 2027 debe abordar ante todo los retos sociales y económicos de carácter estructural; expresa su preocupación por que el FSE+ se haya utilizado reiteradamente como herramienta de respuesta de emergencia y subraya que este enfoque supone un riesgo para los objetivos políticos y de inversión a más largo plazo de la política de cohesión y también plantea el riesgo de que no se pueda llegar de manera suficiente a las personas a quienes va dirigida la política de cohesión;

16.Pide, por tanto, a la Comisión que proteja la dotación presupuestaria del FSE+ con el fin de que este pueda utilizarse para sus principales objetivos y beneficiarios y que proponga un instrumento de reserva financiera que permita a la Unión responder con rapidez y flexibilidad a emergencias sociales y situaciones de crisis de forma complementaria al FSE+ y otros fondos de cohesión, instrumento que puede aprovechar el éxito del instrumento temporal de la Unión puesto en marcha en 2020 y titulado «Apoyo para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE)», consistir en un régimen de reaseguro de desempleo de la Unión o tomar como base el Fondo de Solidaridad de la Unión y debe plantearse para ser movilizado con el fin de reparar los daños causados por catástrofes naturales o emergencias de salud pública; pide, por tanto, a la Comisión que garantice una financiación suficiente con vistas al aumento de los riesgos en estos ámbitos debido al cambio climático;

17.Subraya que los principios horizontales, como la igualdad de género, la lucha contra la discriminación por motivos de sexo, género, orientación sexual, edad, religión o creencias, nacionalidad u origen racial o étnico Artículo 10 del TFUE. y la libertad de circulación, deben formar parte integral del FSE+; destaca la importancia de un enfoque interseccional a lo largo de todo el proceso de desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación del fondo;

18.Destaca la importancia de la inclusión social de las personas con discapacidad e insiste, por tanto, en que el FSE+ apoye el empleo de las personas con discapacidad mediante períodos de prácticas y formación, especialmente para facilitar la transición de los talleres protegidos al mercado laboral abierto;

19.Destaca que son necesarios más esfuerzos para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a un apoyo de calidad y disfrutar de sus derechos establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; destaca que el próximo FSE+ debe seguir dando prioridad a la vida independiente y a la transición de la asistencia institucional a la asistencia basada en la comunidad, así como facilitar el apoyo a domicilio y los sistemas de asistencia personal; pide que el FSE+ cumpla la Estrategia Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030 y, en particular, que facilite la adopción de las próximas orientaciones de la UE sobre la vida independiente y la inclusión en la comunidad, del próximo marco de servicios sociales de excelencia para las personas con discapacidad y del paquete sobre el empleo de las personas con discapacidad;

20.Insiste en que el FSE+ debe dirigirse a las personas desfavorecidas de la sociedad, en particular a las personas marginadas y las comunidades como los niños en situaciones vulnerables y las personas mayores, las minorías étnicas, la población gitana, las personas con discapacidad o enfermedades crónicas, las personas sin hogar, los grupos de población con bajos ingresos, los desempleados de larga duración, así como a quienes viven en zonas rurales, islas o regiones remotas y afrontan retos socioeconómicos singulares; subraya que el FSE+ debe ser inclusivo, prestando especial atención a todo tipo de familias, a personas y familias de zonas despobladas donde el acceso a los servicios y las oportunidades puede verse más limitado, así como a los niños privados del cuidado parental; destaca, además, que el FSE+ debe fomentar la adopción de medidas que eviten la separación de familias en situaciones precarias, en particular programas de educación parental, terapia centrada en la familia y formación para el empleo;

21.Destaca que el FSE+ debe invertir en proyectos orientados al empleo de las mujeres, así como a la inclusión social y económica de las mujeres, prestando especial atención a las madres solteras y a los hogares encabezados por mujeres; insiste en que el FSE+ apoye a las mujeres que se encuentran en situaciones vulnerables y necesitan apoyo adicional para (re)integrarse en la sociedad y en el mercado laboral, en particular las mujeres víctimas de violencia de género, incluida la violencia económica; pide que se aplique un enfoque transversal de género Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2020, titulada «Una Unión de la Igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» (COM(2020)0152). en todo el FSE+;

22.Pide a la Comisión que, a la luz de los retos actuales, incluya en los objetivos específicos del FSE+ la promoción de la transición justa, la resolución del sinhogarismo, la promoción de las empresas sociales en la economía social y la integración socioeconómica de las personas en situaciones vulnerables, incluidos los migrantes, los jóvenes, las personas mayores y las personas residentes en zonas que sufren un declive demográfico, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas, y las personas que se reincorporan al mercado laboral tras una ausencia prolongada;

23.Destaca que es difícil alcanzar los objetivos del pilar europeo de derechos sociales en materia de pobreza si no se presta un apoyo específico para desarrollar soluciones a medio y largo plazo a fin de sacar a las personas de la pobreza y abordar las causas estructurales de las desigualdades, hacerlas más resilientes a los retos futuros, abordar las lagunas actuales en los sistemas nacionales de protección social y, por lo tanto, reforzarlos, y mitigar el impacto social de las crisis de manera específica; insiste en que se preste apoyo para garantizar unas condiciones de vida dignas que no dejen a nadie atrás, con acceso a unos servicios públicos esenciales de alta calidad; pide que la estrategia de la Unión de lucha contra la pobreza, esbozada en las orientaciones políticas de la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen para el mandato 2024-2029, vaya más allá de las propuestas políticas y mejore, en el próximo MFP, la asignación de la financiación dedicada a la justicia social en los distintos fondos, y que facilite la ejecución del FSE+ sobre el terreno; subraya el papel del FSE+ en la aplicación de dicha estrategia;

24.Destaca que la lucha contra la pobreza infantil requiere una financiación adecuada, medidas globales e integradas, junto con la aplicación eficiente de la Garantía Infantil Europea a escala nacional, e insiste en la necesidad, en consonancia con el principio de subsidiariedad, de que los Estados miembros aborden urgentemente este asunto con recursos presupuestarios sólidos y está dispuesto a mejorar la coordinación y el intercambio de buenas prácticas a escala de la Unión, al tiempo que sigue prestando apoyo complementario a través del FSE+; insiste, además, en que todos los Estados miembros deben asignar al menos el 5 % de los recursos del FSE+ que les corresponden a la lucha contra la pobreza infantil y que aquellos Estados miembros con una tasa de niños en riesgo de pobreza o exclusión social superior a la media de la Unión deben asignar un importe superior para abordar el problema de manera más eficaz; insiste en un uso transparente y eficiente del presupuesto de la Garantía Infantil Europea lo más cercano posible a los grupos destinatarios y en cooperación con todo un espectro de partes interesadas y organizaciones locales;

25.Insta a la Comisión, en consonancia con los dos objetivos generales del fondo y para reflejar su importancia en pie de igualdad, a que aumente la asignación para la inclusión social más allá del actual 25 % y la asignación para ayuda alimentaria y asistencia material básica para las personas más desfavorecidas al 5 %, en respuesta al aumento del coste de la vida y de los alimentos;

26.Acoge con satisfacción el anuncio de la presidenta de la Comisión de la presentación de un plan europeo de vivienda asequible y de la puesta en marcha de una plataforma paneuropea de inversión para una vivienda asequible y sostenible; comparte la ambición de dar prioridad a la lucha contra la crisis de la vivienda de acuerdo con el principio de subsidiariedad, e insiste en que el FSE+ después de 2027 debe mejorar el acceso oportuno e igualitario a servicios asequibles, dignos, accesibles, inclusivos, sostenibles y de alta calidad que promuevan el acceso a la vivienda mediante medidas como la vivienda social y los planes de alquiler asequible; considera que todos los Estados miembros deben invertir una cantidad suficiente de los recursos del FSE+ que les corresponden en la lucha contra el sinhogarismo y pide a la Comisión que proponga una asignación significativa destinada a tal fin;

27.Hace hincapié en la necesidad de garantizar una financiación suficiente del FSE+ después de 2027 para una educación y formación públicas, accesibles y de alta calidad para todos, además del derecho social de los trabajadores a participar en el desarrollo de capacidades, la mejora de las capacidades, el reciclaje profesional y el aprendizaje permanente, así como para hacer frente a la escasez de capacidades y la fuga de cerebros, garantizando que las personas puedan salir adelante en la transición que tiene lugar en el mercado laboral sin sufrir ningún tipo de discriminación, en particular los trabajadores afectados por las transiciones digital y ecológica, y promoviendo acciones específicas para que los trabajadores de más edad aprovechen al máximo su talento y experiencia; pide, en este contexto, una estrecha cooperación entre los agentes clave, en particular las instituciones educativas, los empleadores, los trabajadores, los gobiernos y las autoridades locales;

28.Subraya el potencial del FSE+ para promover la innovación y las capacidades digitales apoyando al mismo tiempo a los trabajadores afectados por la transición digital y ecológica mediante la adaptación específica de los programas educativos y formativos a las necesidades cambiantes de sectores clave y garantizando el acceso a oportunidades de aprendizaje permanente, de modo que los trabajadores de todas las edades puedan adaptar continuamente sus capacidades a fin de satisfacer las nuevas necesidades de empleo de una economía en rápida evolución; destaca la necesidad de más subvenciones y del desarrollo de programas que apoyen a los trabajadores en la transición digital y ecológica, incluidos el reciclaje profesional y la readaptación de las capacidades de los trabajadores;

29.Insiste en que las medidas destinadas a mejorar el acceso al mercado laboral y promover la adquisición de capacidades deben diseñarse de manera que promuevan y reconozcan la autonomía de las personas, se anticipen a las necesidades futuras de capacidades y se dirijan a los trabajadores que podrían estar en riesgo de perder su empleo en el futuro; recuerda, en este contexto, la amplia gama de iniciativas de mejora de las capacidades emprendidas a escala de la Unión que pueden servir como orientación útil para el desarrollo de programas de educación y formación a escala nacional y regional;

30.Pide que se redoblen los esfuerzos para apoyar la aplicación de la Garantía Juvenil; insta a la Comisión a que proponga a todos los Estados miembros una asignación mayor que el actual 12,5 % de sus recursos del FSE+ para respaldar medidas específicas y reformas estructurales, con el objetivo de fomentar el empleo juvenil de calidad, la educación y formación profesionales, en particular los períodos de prácticas y aprendizaje, así como la transición entre la escuela y el mundo laboral, los itinerarios para la reintegración en la educación o formación, y las segundas oportunidades educativas; reitera, en este contexto, su llamamiento a los Estados miembros para que prohíban las prácticas de explotación, incluidos los períodos de prácticas no remunerados; destaca la necesidad de contar con mecanismos de seguimiento y evaluación a fin de garantizar su impacto y eficacia a largo plazo;

31.Subraya la importancia del FSE+ a la hora de centrarse en distintos grupos con necesidades diferentes; destaca, por tanto, la importancia de asignar apoyo, entre otros, a proyectos destinados a la inclusión social en la sociedad de las personas con discapacidad, la población gitana, la población que envejece, las mujeres y los niños, y las familias numerosas y hogares encabezados por mujeres, así como a la integración socioeconómica de los migrantes, incluidos los trabajadores migrantes, prestando especial atención a las mujeres migrantes; hace hincapié, además, en que el FSE+ debe apoyar proyectos con objetivos sociales y educativos y mejorar las capacidades en las regiones que sufren una despoblación significativa; insiste en que el FSE+ después de 2027 incorpore otros aspectos de la inclusión social, como la vivienda, la salud y las circunstancias familiares, así como el apoyo a los servicios públicos y comunitarios; subraya que no existe una solución única y que las formas de abordar estas necesidades pueden variar de una región a otra;

32.Destaca que el capítulo de Empleo e Innovación Social del FSE+ presta apoyo a iniciativas destinadas a combatir la precaria situación de los trabajadores móviles y garantiza financiación para el asesoramiento relacionado con los sindicatos, y subraya la importancia de los representantes de los trabajadores en las negociaciones colectivas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que proporcionen una financiación estable en favor de una red europea de servicios nacionales y transnacionales de asesoramiento sindical para estos trabajadores, con el fin de promover una movilidad laboral justa;

33.Recuerda que el FSE+ debe tener como objetivo asimismo ofrecer un entorno de trabajo saludable y bien adaptado, a fin de responder a los riesgos para la salud relacionados con las formas de trabajo cambiantes y las necesidades planteadas por el envejecimiento de la mano de obra; destaca que la pandemia ha acelerado nuevas realidades y la emergencia de nuevas formas de trabajo derivadas de la digitalización, incluida la inteligencia artificial (IA), que han afectado a la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores; pide, en este sentido, un apoyo y financiación adecuados para garantizar que se trabaje de forma eficaz en la protección de los trabajadores frente a sustancias peligrosas y nocivas;

34.Pide que el FSE+ impulse la aplicación eficaz de la Estrategia Europea de Cuidados en todos los Estados miembros invirtiendo en servicios e infraestructuras de calidad basados en la comunidad y en la asistencia a domicilio, cuidados y asistencia de larga duración para las personas con discapacidad y las personas mayores con necesidades asistenciales, y una educación y unos cuidados de la primera infancia de calidad a través de sistemas asistenciales basados en la comunidad, centrados en los niños y en las personas, de alta calidad, asequibles y accesibles que promuevan la autonomía de las personas que requieren asistencia, así como su dignidad y la de sus cuidadores; pide que se siga invirtiendo en el apoyo a los cuidadores, formales e informales, garantizando al mismo tiempo unas condiciones de trabajo dignas para los trabajadores del sector de los cuidados, incluidos salarios adecuados, a través de un pacto en materia de cuidados; pide a los Estados miembros que hagan pleno uso de los fondos del FSE+ a fin de reforzar y finalizar el proceso de desinstitucionalización y garantizar que todas las personas puedan vivir en un entorno familiar o comunitario;

35.Recuerda que el gasto público es necesario para garantizar la convergencia social al alza; destaca que la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y las reformas previstas en las recomendaciones específicas por país en el Semestre Europeo también dependen del firme apoyo del FSE+ a determinadas medidas políticas, especialmente las relacionadas con el refuerzo de los sistemas de protección social, la garantía de una educación y formación públicas inclusivas, accesibles y de alta calidad, unos sistemas asistenciales y unos servicios de atención sanitaria —incluida la salud mental—, la reducción de la pobreza infantil y la erradicación del sinhogarismo, así como las relacionadas con la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, que deben garantizarse y reforzarse en todos los ámbitos, incluida la participación en el mercado laboral, las condiciones de empleo y la promoción profesional;

36.Recuerda que las políticas de la Unión Europea tienen un impacto significativo cuando se coordinan con instrumentos de financiación y otros marcos estratégicos, como el Semestre Europeo y sus recomendaciones específicas por país; observa que la eficacia de las intervenciones financiadas por el FSE+ depende del éxito de la aplicación de las reformas;

37.Subraya que el diálogo social y la negociación colectiva son fundamentales para el bienestar en el trabajo y la reducción de la pobreza de los trabajadores, la exclusión social y la desigualdad salarial; pide a la Comisión que asigne recursos financieros coherentes, adecuados y suficientes al desarrollo de capacidades, con el objetivo de capacitar a los interlocutores sociales para que desempeñen un papel pertinente en sus ámbitos de competencia, de reforzar su capacidad para participar en el diálogo social tanto a escala nacional como de la Unión y de mejorar las acciones de los interlocutores sociales con una obligación mínima adecuada en todos los Estados miembros, y que incluya asistencia técnica para estos tres propósitos; insiste, además, en que debe garantizarse a las organizaciones de la sociedad civil y a las organizaciones sin ánimo de lucro, en igualdad de condiciones, un acceso mínimo a la financiación a fin de perseguir los objetivos del FSE+ en los Estados miembros y contribuir a ellos; subraya al mismo tiempo la necesidad de desarrollar la capacidad institucional a través de una administración sólida y profesional, y de fomentar la innovación en la gestión del sector público;

38.Destaca la importancia de las cooperativas de trabajadores, las empresas sociales y otros modelos empresariales alternativos para alcanzar los objetivos de inclusión de la Unión; subraya que es de suma importancia que las pequeñas empresas sociales, los servicios sociales sin ánimo de lucro y las organizaciones de la sociedad civil tengan acceso a todos los aspectos del FSE+; pide un porcentaje de cofinanciación de al menos el 90 % para las medidas dirigidas a las personas más desfavorecidas y de al menos el 70 % para todas las demás medidas aplicadas por pequeñas entidades con capacidad limitada, como las organizaciones de la sociedad civil, los servicios sociales sin ánimo de lucro y las empresas sociales, a fin de que tengan acceso a la financiación, preservando al mismo tiempo un número mínimo de porcentajes de cofinanciación diferentes;

39.Pide a los Estados miembros que garanticen la coordinación entre las autoridades y organizaciones regionales y locales, así como su participación en los proyectos financiados con cargo a los presupuestos nacionales, e insiste en la necesidad de mantener el enfoque de asociación del actual FSE+, clave para reforzar la calidad de los programas financiados con cargo al FSE+; reitera la necesidad de adoptar normas para gestionar el fondo en cooperación con los agentes locales más cercanos a las necesidades de las personas y que puedan desarrollar las soluciones de base local que mejor se adapten a sus territorios concretos; destaca la necesidad de implicar a los agentes regionales y locales en la ejecución del fondo;

40.Insiste en que las normas que rigen el uso y la ejecución del FSE+ deben garantizar y mejorar el cumplimiento del Estado de Derecho, el acervo de la Unión, las normas sociales más estrictas de la Unión, los derechos sociales y los principios democráticos, y estar en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y los derechos humanos y laborales fundamentales incluidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

41.Pide que las normas que rigen el FSE+ permitan asignar fondos públicos únicamente a aquellos empleadores que respeten los derechos de los trabajadores y las normas aplicables en materia de condiciones de trabajo; anima a la Comisión a crear una base de datos exhaustiva, que complemente los datos de Eurostat, para permitir un seguimiento oportuno y fiable de la evolución del empleo, las condiciones de vida y las relaciones laborales;

42.Observa con preocupación que los gobiernos nacionales a menudo obstaculizan la ejecución eficiente del FSE+ imponiendo cargas administrativas innecesarias o impidiendo a los agentes locales gestionar el apoyo en el marco del fondo o las oportunidades de financiación; pide que se reduzca la carga administrativa y burocrática, en particular simplificando los procesos de solicitud de acceso a los fondos y los procedimientos de notificación para las organizaciones, en particular para las de la sociedad civil y la economía social, y las de menor tamaño; hace hincapié en que debe consultarse a los beneficiarios, incluidos los proveedores de servicios sociales sin ánimo de lucro, para el diseño de las medidas de simplificación; insta a que la simplificación respete los principios fundamentales de gestión compartida, transparencia, rendición de cuentas y control independiente, así como los principios de asociación, garantizando la correcta administración de los fondos públicos;

43.Reconoce que una dependencia excesiva de parámetros como el porcentaje de error puede dar lugar a una mayor carga administrativa; observa que diferentes parámetros, como la medición de recursos, resultados, rendimiento o indicadores cualitativos, pueden adaptarse a distintos objetivos e intervenciones;

44.Pide a la Comisión que preste un apoyo y una comunicación coherentes a los Estados miembros para ayudarles a establecer proyectos individuales de manera eficaz y transparente, incluidas condiciones claras y previsibles, que aporten claridad jurídica y previsibilidad tanto a los solicitantes como a los beneficiarios finales de la financiación;

45.Pide a la Comisión que garantice una evaluación más exhaustiva de la eficacia de las intervenciones individuales sin imponer nuevas cargas importantes a los proveedores, por ejemplo, mediante la simplificación de la información entre los Estados miembros y la Comisión y la creación de ventanillas de evaluación a escala nacional y de la Unión;

46.Reitera que la digitalización es una herramienta importante para reducir la carga administrativa y agilizar las solicitudes de oportunidades de financiación, y que, como tal, debe ser promovida, fortaleciendo las habilidades digitales de las personas; advierte, no obstante, de que no todas las personas están preparadas para la digitalización y de que determinados grupos de personas, especialmente los más vulnerables —como las personas mayores y las que viven en zonas despobladas, donde el acceso a servicios y oportunidades puede ser más limitado— y los proyectos dirigidos a ellos, así como las organizaciones de la sociedad civil, los servicios sociales sin ánimo de lucro y las empresas sociales, podrían perder oportunidades de financiación como consecuencia de ello;

47.Considera que es necesario seguir trabajando para que las organizaciones y las personas conozcan todas las oportunidades que el FSE+ puede aportar; insiste en que la Comisión y los Estados miembros sensibilicen, informen y asesoren a las organizaciones sobre las oportunidades que ofrece el FSE+ mediante campañas de información; considera que, especialmente en los servicios sociales, sigue habiendo un importante déficit de conocimientos y capacidades a la hora de acceder al actual FSE+ y llevar a cabo proyectos financiados por la Unión; considera, en particular, que el futuro Reglamento del FSE+ debe financiar la asistencia técnica para la creación de una red de servicios de asistencia nacionales o puntos de información de fácil acceso que ofrezcan servicios como orientación profesional sin cita previa, coordinados a nivel de toda la Unión, que ofrezcan formación, asesoramiento y apoyo eficaces a las organizaciones sobre el terreno;

48.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen las sinergias a todos los niveles entre los proyectos apoyados por el FSE+ y otros fondos de la Unión;

49.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité Económico y Social Europeo, y al Comité de las Regiones.