1.Observa que, en los últimos años, la Unión ha demostrado un alto grado de resiliencia y unidad frente a grandes perturbaciones, gracias, entre otras cosas, a una respuesta coordinada entre todas las instituciones que incluía una gestión flexible de los instrumentos tanto nuevos como existentes; recuerda, además, que impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo significa promover un equilibrio entre unas políticas presupuestarias responsables, las reformas estructurales y las inversiones que, juntas, aumentan la eficiencia, la productividad, el empleo y la prosperidad, y también implica potenciar la competitividad, fomentar el mercado único, desarrollar políticas de crecimiento económico y revisar el marco regulador para atraer inversiones; destaca la necesidad fundamental de un crecimiento económico sostenible, inclusivo y competitivo;

2.Señala que la coordinación de las políticas económicas es fundamentalmente necesaria para el éxito de la unión económica y monetaria; recuerda que el Semestre Europeo es el marco consolidado para coordinar las políticas fiscales, económicas, de empleo y sociales en toda la Unión, en consonancia con los Tratados, respetando al mismo tiempo las competencias nacionales definidas;

3.Toma nota del compromiso de la Comisión de garantizar que el Semestre Europeo impulse la coordinación de las políticas en favor de la competitividad, la sostenibilidad y la equidad social, así como la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el pilar europeo de derechos sociales; señala que el Pacto Verde Europeo sigue siendo un resultado clave para la Comisión;

4.Destaca el hecho de que es crucial contar con una política industrial integrada, coordinada, específica y horizontal para aumentar las inversiones en la capacidad de innovación de la Unión al tiempo que se fomenta la competitividad y la integridad del mercado único;

5.Destaca que las inversiones públicas y privadas son cruciales para la capacidad de la Unión de hacer frente a los retos existentes, entre ellos el desarrollo de la capacidad de innovación de la Unión y la ejecución de la transición ecológica y digital justa, y que aumentarán la resiliencia, la competitividad a largo plazo y la autonomía estratégica abierta de la Unión; llama la atención sobre la necesidad de inversiones estratégicas en la interconexión de las redes energéticas, las energías hipocarbónicas (como las energías renovables) y eficiencia energética para, entre otras cosas, i) lograr que la Unión sea independiente de los combustibles fósiles importados y evitar los posibles efectos inflacionistas de la dependencia de estos, ii) modernizar los sistemas de producción y iii), promover la cohesión social; recuerda que la materialización de los riesgos físicos asociados al cambio climático puede afectar gravemente a las finanzas públicas, como demuestran las inundaciones en Valencia de octubre de 2024 y el ciclón en Mayotte de diciembre de 2024; pide a los Estados miembros que realicen las inversiones necesarias para mejorar la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este y aumentar la resiliencia de la economía de la Unión;

6.Pide a la Comisión que presente iniciativas, sobre la base de la Declaración de Budapest, para hacer que la Unión sea más competitiva, productiva, innovadora y sostenible apoyándose en la cohesión económica, social y territorial y garantizando la convergencia y unas condiciones de competencia equitativas tanto dentro de la Unión como a escala mundial; toma nota del desarrollo de una nueva herramienta de coordinación de la competitividad; espera que la Comisión aclare cómo interactuará esta herramienta con el Semestre Europeo; destaca la importancia de apoyar a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas como motores clave del crecimiento económico y el empleo en la Unión;

7.Subraya la necesidad de fomentar un ecosistema empresarial dinámico que apoye a los innovadores, reconociendo su papel fundamental a la hora de impulsar la competitividad mundial, la resiliencia económica, la creación de empleo y la autonomía estratégica abierta;

8.Acoge con satisfacción las recomendaciones de la Comisión relativas a la política económica de la zona del euro, en las que se insta a los Estados miembros a mejorar la competitividad y fomentar la productividad mediante un mejor acceso a la financiación para las empresas, la reducción de las cargas administrativas y la inversión pública y privada en los ámbitos de las prioridades comunes de la Unión, que incluyen i) una transición ecológica y digital justa, ii) la resiliencia social y económica, en concreto el pilar europeo de derechos sociales, iii) la seguridad energética, y iv) el desarrollo de capacidades de defensa;

9.Celebra la recomendación de la Comisión de que, al definir las estrategias de política fiscal, los Estados miembros de la zona del euro aspiren a mejorar la calidad y la eficiencia del gasto y los ingresos públicos —que son esenciales para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas— y, a su vez, a minimizar los efectos perjudiciales y distorsionadores en el crecimiento económico; destaca que esto podría lograrse, entre otras cosas, aumentando la coordinación europea y reduciendo la elusión y la evasión fiscales; acoge con satisfacción la conclusión del informe Draghi de que es necesaria una reducción coordinada del impuesto sobre las rentas del trabajo para los trabajadores de renta baja y media para promover la competitividad de la Unión; recuerda la competencia de los Estados miembros en materia de política fiscal; pide a los Estados miembros que redirijan la carga fiscal de la renta a bases imponibles menos distorsionadoras;

10.Destaca la necesidad de crear reservas presupuestarias para hacer frente a los retos de sostenibilidad presupuestaria, garantizando recursos suficientes para la inversión a fin de hacer frente a posibles perturbaciones y crisis futuras; destaca la importancia de promover un crecimiento competitivo, sostenible e integrador para apoyar la estabilidad y la resiliencia presupuestarias a largo plazo;

11.Expresa su preocupación por el hecho de que, según las previsiones económicas de otoño de 2024 de la Comisión, el PIB de la Unión aumentaría en un 0,9 % (0,8 % en la zona del euro) en 2024, en un 1,5 % (1,3 % en la zona del euro) en 2025, y en un 1,8 % (1,6 % en la zona del euro) en 2026; recuerda que estas cifras reflejan una recuperación gradual, pero también una expansión económica limitada en comparación con ciclos económicos anteriores; observa que las perspectivas económicas de la Unión siguen siendo muy inciertas y que los riesgos tienen un mayor potencial de afectar al crecimiento económico;

12.Señala que se prevé que la ratio de deuda pública aumente hasta el 83,0 % en la Unión y el 89,6 % en la zona del euro en 2025 y hasta el 83,4 % en la Unión y el 90 % en la zona del euro en 2026, momento en que la brecha de producción quedará prácticamente cerrada tanto en la Unión como en la zona del euro, y que estas cifras superan los niveles de 2024 (82,4 % para la Unión y 89,1 % para la zona del euro);

13.Recuerda que la evolución de las ratios de deuda pública varía de un país a otro; señala que la incertidumbre política y los riesgos geopolíticos pueden contribuir significativamente a aumentar el coste de los préstamos en los mercados financieros para los Estados miembros; observa que unos niveles de deuda insostenibles podrían socavar la estabilidad económica y reducir la resiliencia económica y la capacidad de respuesta a las crisis de los Estados miembros; destaca que, en 2024 y 2025, se espera que once Estados miembros de la zona del euro tengan ratios de deuda superiores al valor de referencia del Tratado del 60 %, con cinco de ellos manteniéndose por encima del 100 %;

14.Observa que, según las previsiones económicas de otoño de 2024 de la Comisión, se espera que los déficits de las administraciones públicas de la Unión y de la zona del euro disminuyan hasta el 3,1 % y el 3 % del PIB, respectivamente, en 2024, y que sigan disminuyendo hasta el 3 % y el 2,9 % del PIB en 2025 y hasta el 2,9 % y el 2,8 % del PIB en 2026; destaca que se espera que diez Estados miembros de la Unión tengan en 2024 un déficit superior al valor de referencia del Tratado, el 3 % del PIB; señala que este número se mantendrá estable en 2025 y que se prevé que en 2026 la situación presupuestaria de la mayoría de Estados miembros será más floja que con anterioridad a la pandemia (2019), con nueve de ellos registrando todavía un déficit superior al 3 %;

15.Toma nota de que ocho Estados miembros presentan déficits excesivos; recuerda que el Consejo ha adoptado medidas correctoras y pide a los Estados miembros afectados que actúen para reducir los déficits excesivos minimizando al mismo tiempo el impacto socioeconómico; recuerda la importancia de la coherencia a la hora de aplicar el procedimiento de déficit excesivo a los Estados miembros;

16.Observa que, según las previsiones económicas de otoño de 2024 de la Comisión, se prevé que la inflación disminuya del 2,6 % en 2024 al 2,4 % en 2025 y al 2 % en 2026 en la Unión, y del 2,4 % en 2024 al 2,1 % en 2025 y al 1,9 % en 2026 en la zona del euro; recuerda que aunque esta reducción sea positiva, la inflación subyacente sigue siendo relativamente elevada, lo que indica presiones inflacionarias persistentes; señala que la política presupuestaria, al tiempo que salvaguarda la sostenibilidad presupuestaria, puede apoyar la política monetaria a la hora de reducir la inflación y debe ofrecer un margen suficiente para más inversiones y apoyar el crecimiento a largo plazo;

17.Señala que la Comisión no ha podido presentar simultáneamente el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible, el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, el proyecto de Recomendación para la zona del euro y el proyecto de Informe conjunto sobre el empleo;

18.Observa que, de conformidad con el Informe sobre el Mecanismo de Alerta 2025 de la Comisión, en 2025 se llevarán a cabo exámenes exhaustivos de los nueve países señalados como países con desequilibrios macroeconómicos o desequilibrios macroeconómicos excesivos en 2024, mientras que debería acometerse otro examen exhaustivo para otro Estado miembro, ya que presenta riesgos particulares de aparición de nuevos desequilibrios;

19.Subraya que la vivienda guarda relación directa con los desequilibrios macroeconómicos en la zona del euro, lo que tiene consecuencias negativas para la resiliencia económica, el dinamismo y el progreso social, así como para la movilidad tanto regional como dentro de la Unión; expresa su preocupación por que sea probable que en algunos Estados miembros los precios de la vivienda aumenten, lo que puede llegar a ser difícil de frenar a falta de una estrategia integral;

20.Recuerda que la reforma tiene por objeto lograr que el marco sea más sencillo, transparente y eficaz, con una mayor asunción de responsabilidades a escala nacional y una mejor aplicación, diferenciando al mismo tiempo entre los Estados miembros en función de su punto de partida concreto, lo que representa un paso adelante para poner fin al enfoque de «talla única» habida cuenta de las consideraciones de sostenibilidad presupuestaria específicas de cada país, que cristalizan en la senda de gasto neto; recuerda, además, que dicha reforma tiene por objeto reforzar la sostenibilidad presupuestaria mediante ajustes graduales y a medida, complementados con reformas e inversiones, y promover políticas presupuestarias anticíclicas;

21.Es consciente de que las nuevas normas presupuestarias ofrecen una mayor flexibilidad e incentivos vinculados a las inversiones y las reformas nacionales necesarias para dar respuesta a los retos económicos, sociales y geopolíticos a los que se enfrenta la Unión; se muestra sabedor de que los recursos financieros y las aportaciones de los presupuestos nacionales difieren de un Estado miembro a otro; celebra que el indicador de gasto neto excluya toda la cofinanciación nacional en los programas financiados por la Unión, proporcionando un mayor margen presupuestario para que los Estados miembros inviertan en las prioridades comunes de la Unión, tal como queda establecido en el Reglamento (UE) 2024/1263, lo que contribuye a reforzar las sinergias entre el presupuesto de la Unión y los presupuestos nacionales, reduciendo así la fragmentación y aumentando la eficiencia global del gasto público en determinados ámbitos, como el de la defensa;

22.Subraya que el análisis de la sostenibilidad de la deuda desempeña un papel clave en las normas presupuestarias reformadas de la Unión; opina que el papel discrecional que desempeña la Comisión en dicho análisis hace necesario que las evaluaciones pertinentes sean plenamente transparentes, predecibles, reproducibles y estables; pide a la Comisión que se plantee posibles mejoras metodológicas, como la evaluación de los efectos indirectos entre los Estados miembros, y que informe debidamente al Parlamento en este sentido;

23.Observa que la Comisión ha sido incoherente en el pasado en lo que respecta a la aplicación del marco de normas presupuestarias, mientras que los Estados miembros las han cumplido de manera desigual; subraya que es esencial que el nuevo marco garantice la igualdad de trato de los Estados miembros; afirma que los buenos resultados de un marco dependen en gran medida de su adecuada, transparente y eficaz aplicación desde el primer momento, teniéndose en cuenta al mismo tiempo los puntos de partida cada Estado miembro y los retos específicos a los que se enfrenta; toma nota de los cambios introducidos en el nuevo marco para reforzar la credibilidad del régimen de sanciones financieras;

24.Anima a los Estados miembros a que adapten la definición técnica de su indicador operativo nacional al indicador europeo de gasto primario neto;

25.Hace hincapié en el papel del Parlamento y de las instituciones fiscales independientes en el marco de gobernanza económica de la Unión; subraya la potestad discrecional de la Comisión en la elaboración de los planes fiscal‑estructurales nacionales a medio plazo; hace hincapié en la necesidad de un mayor control de la Comisión por parte del Parlamento y del Consejo Fiscal Europeo, tal como se prevé en el Reglamento (UE) 2024/1263, y de un mayor flujo de información hacia el Parlamento para hacer posible su supervisión efectiva;

26.Observa que no todos los Estados miembros han podido presentar a tiempo sus planes fiscal‑estructurales nacionales a medio plazo y sus proyectos de plan presupuestario; señala que, debido a la celebración de elecciones generales y a la formación de nuevos Gobiernos, cinco Estados miembros aún no han presentado sus planes fiscal‑estructurales nacionales a medio plazo y dos Estados miembros aún no han presentado sus proyectos de plan presupuestario, mientras que un Estado miembro no ha presentado su proyecto de plan presupuestario por otras razones no especificadas; pide a estos Estados miembros que presenten los planes en cuestión lo antes posible; subraya que la presentación a tiempo de estos planes es condición necesaria para la aplicación eficaz y la credibilidad de las nuevas normas; reafirma la importancia de presentar a tiempo los proyectos de plan presupuestario para convertir los compromisos esbozados en los planes presupuestarias en políticas concretas una vez aprobados los planes fiscal‑estructurales nacionales a medio plazo;

27.Recuerda que las reformas e inversiones esbozadas en los planes fiscal‑estructurales nacionales a medio plazo deben ajustarse a las prioridades comunes de la Unión establecidas en el Reglamento (UE) 2024/1263; hace hincapié en que, dentro del nuevo marco, la Comisión debe prestar especial atención a dichas prioridades a la hora de evaluar los planes fiscal‑estructurales nacionales a medio plazo;

28.Es consciente de que veintiún de los veintidós planes fiscal‑estructurales nacionales a medio plazo revisados hasta la fecha han recibido una evaluación positiva; observa que el nuevo marco permite a los Estados miembros recurrir a supuestos distintos de los utilizados en el análisis de la sostenibilidad de la deuda por parte de la Comisión si estas diferencias se explican y justifican debidamente de manera transparente y se basan en argumentos económicos sólidos en el diálogo técnico con los Estados miembros; señala no obstante que, en los planes presentados por cinco Estados miembros, la Comisión detectó incoherencias y desviaciones no debidamente justificadas del marco para el análisis de la sostenibilidad de la deuda en los supuestos macroeconómicos relacionados con la producción potencial o el deflactor del PIB; destaca que estas desviaciones y riesgos de concentración al final del programa podrían poner en peligro la sostenibilidad presupuestaria en el futuro; observa que en los planes presentados por tres Estados miembros la Comisión detecta una concentración del ajuste presupuestario hacia el final del período; solicita a la Comisión que vele por que toda concentración de este tipo cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento y le pide que impida el recurso a políticas procíclicas;

29.Toma nota de que solo siete Estados miembros han solicitado la opinión de la institución fiscal independiente que les corresponde, lo que añade una faceta de control importante; observa con cautela que algunas instituciones fiscales independientes emitieron una opinión negativa sobre el plan presupuestario nacional de su Estado miembro; destaca que nueve Estados miembros no cumplieron su obligación de llevar a cabo consultas políticas con la sociedad civil, los interlocutores sociales, las autoridades regionales y otras partes interesadas pertinentes antes de presentar sus planes nacionales; lamenta asimismo que varios Estados miembros no hayan buscado la participación de sus Parlamentos nacionales en el proceso de aprobación de los planes ni comunicado si se han llevado a cabo las consultas necesarias con los Parlamentos nacionales, como queda establecido en el nuevo marco;

30.Observa que cinco Estados miembros han solicitado una prórroga del período de ajuste; hace hincapié en que toda prórroga de este tipo debe estar basada en un conjunto de compromisos de inversión y reforma que, tomados como un todo, mejoren las posibilidades de crecimiento y resiliencia de la economía, apoyen la sostenibilidad presupuestaria y atiendan a las prioridades comunes de la Unión y a las correspondientes recomendaciones específicas por país, y para los que se haya concluido que cumplen las condiciones establecidas en el Reglamento para dicha prórroga; señala que las reformas e inversiones utilizadas para justificar esta prórroga dependen notablemente de reformas ya aprobadas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; destaca la importancia y la necesidad de reformas e inversiones que contribuyan positivamente al crecimiento de la producción potencial de los Estados miembros; pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación ex post eficaz de las repercusiones de las inversiones y reformas acordadas en lo que respecta al apoyo a la sostenibilidad presupuestaria, el refuerzo de la capacidad de crecimiento de la economía, la atención a las prioridades comunes de la Unión y las recomendaciones específicas por país, y la garantía del nivel necesario de inversión pública financiada a nivel nacional;

31.Toma nota de la valoración de la Comisión en el sentido de que, de los diecisiete proyectos de plan presupuestario presentados, solo ocho están en consonancia con las recomendaciones presupuestarias derivadas del plan fiscal‑estructural nacional a medio plazo; lamenta que, según dicha valoración, siete planes no estén plenamente en consonancia con las recomendaciones, uno no esté en consonancia y otro se exponga a no estarlo; expresa su inquietud por el hecho de que seis Estados miembros hayan presentado proyectos de plan presupuestario con un crecimiento anual o acumulado del gasto por encima de los límites máximos que tienen establecidos;

32.Observa que, según la previsión de la Comisión, se espera que la aplicación del marco de gobernanza revisado entrañe una reducción del saldo presupuestario estructural primario para la zona del euro en su conjunto del 0,5 % del PIB en 2024 y del 0,25 % del PIB en 2025; toma nota de la evaluación de la Comisión en el sentido de que ello es acorde con el proceso de mejora de la sostenibilidad presupuestaria y apoyo al proceso desinflacionista en curso, dado que la incertidumbre económica sigue siendo elevada; señala que el crecimiento del PIB seguirá contribuyendo a la consolidación presupuestaria en toda la Unión; pide políticas presupuestarias que restablezcan la estabilidad al tiempo que fomentan la innovación, la competitividad industrial y el crecimiento a largo plazo; hace hincapié en la necesidad de generar un margen presupuestario mayor al objeto de hacer frente a los desafíos y las posibles crisis en el futuro y mantener al mismo tiempo un nivel suficiente de inversión para apoyar e impulsar el crecimiento integrador y sostenible, la industrialización y la prosperidad para todos;

33.Considera que la aplicación eficaz de las propias normas presupuestarias, si bien resulta necesaria, no es en sí misma suficiente para lograr una orientación presupuestaria óptima en todo momento ni para garantizar un nivel de vida elevado para todos los europeos; observa que se prevé que la orientación presupuestaria varíe mucho de un Estado miembro a otro en 2025; pide a la Comisión que estudie ideas para un mecanismo que contribuya a garantizar que la posición en el ciclo coyuntural del conjunto de la Unión sea en todo momento adecuada a las perspectivas macroeconómicas;

34.Recuerda que, según la Comisión, la rémora fiscal de 2025 se verá parcialmente compensada por una ligera expansión de la inversión, financiada tanto por los presupuestos nacionales como por las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la Unión; subraya la función desempeñada por dicho Mecanismo a la hora de atender las necesidades de inversión de la Unión y señala que concluirá a finales de 2026, lo cual puede suponer una reducción de la inversión pública en las prioridades europeas comunes;

35.Solicita a la Comisión que inicie distintos debates para abordar el importante déficit de inversión en la Unión y que reduzca los costes de endeudamiento, refuerce la estabilidad financiera y haga posibles inversiones estratégicas acordes con los objetivos de la Unión y de cara al suministro de bienes públicos europeos, como las capacidades de defensa para atender las necesidades existentes en un contexto de cada vez más amenazas y retos en materia de seguridad; pide que se aprovechen plenamente las mejoras de eficiencia que puedan derivarse del suministro de bienes públicos europeos a escala de la Unión mediante la coordinación eficaz de las prioridades de inversión entre los Estados miembros; considera que este marco debe, cuando proceda, reforzarse mediante instrumentos y herramientas de inversión a nivel de la Unión concebidos para minimizar el coste para los contribuyentes de la Unión y maximizar la eficiencia en el suministro de bienes públicos europeos;

36.Recuerda que toda financiación de la Unión debe ir acompañada de controles sólidos que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de fondos, a fin de evitar los aumentos injustificados en el gasto público;

37.Anima a los Estados miembros a que impulsen al gasto en inversión que resulte en una rentabilidad positiva; es consciente de que en el Informe Draghi se estima que alrededor de cuatro quintas partes de las inversiones productivas serán hechas por el sector privado en la Unión, mientras que la inversión pública desempeñará asimismo una función catalizadora; celebra la iniciativa de la Comisión de proponer un fondo de competitividad en el nuevo marco financiero plurianual y le pide que haga pleno uso de las garantías financieras para amplificar la inversión privada; hace hincapié en que los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos, en particular los presupuestarios, para acelerar la innovación, la digitalización, la educación, la formación y la descarbonización, así como para fortalecer la competitividad europea y reducir las relaciones de dependencia;

38.Señala que el porcentaje de recomendaciones específicas por país plenamente aplicadas ha disminuido del 18,1 % (en el período 2011‑2018) al 13,9 % (en el período 2019‑2023); recuerda que la aplicación de dichas recomendaciones, en particular en lo que respecta a la eficiencia del gasto público, constituye un elemento clave para garantizar la sostenibilidad presupuestaria y abordar los desequilibrios macroeconómicos; recomienda una puesta en práctica más eficiente de estas recomendaciones y de las correspondientes reformas; pide que se estudie de qué manera puede aumentarse el porcentaje de recomendaciones plenamente aplicadas; solicita a la Comisión que vincule más estrechamente las recomendaciones a los correspondientes informes por país; pide una evaluación tanto de las repercusiones de las reformas como de los avances en la reducción de los déficits de inversión detectados; solicita una mayor transparencia en lo que respecta a la elaboración de estas recomendaciones;

39.Insiste en este sentido en que las recomendaciones específicas por país deben reforzarse centrándose en un conjunto limitado de desafíos, en particular los retos estructurales específicos de los Estados miembros y las prioridades comunes de la Unión, con vistas a promover un crecimiento económico sólido e integrador, fomentar la competitividad y la estabilidad macroeconómica, impulsar las transiciones ecológica y digital, y garantizar la equidad social e intergeneracional;

40.Recuerda el compromiso de los Estados miembros en el sentido de abordar en sus planes presupuestarios nacionales las recomendaciones específicas por país en sus dimensiones tanto económica como social, tal como se manifestó en el Semestre Europeo; señala que la Comisión ha hallado recomendaciones específicas por país no abordadas en los planes presupuestarios nacionales;

41.Destaca la importancia de las recomendaciones específicas por país en lo que se refiere a abordar los factores a más largo plazo de la sostenibilidad presupuestaria, en particular la sostenibilidad y la provisión adecuada de los sistemas públicos de pensiones y de los sistemas sanitarios y de cuidados de larga duración ante retos demográficos como el envejecimiento de la población, así como la preparación ante sucesos adversos, incluidos los riesgos físicos derivados del cambio climático; hace hincapié en la relevancia de estas recomendaciones a la hora de atender a la estabilidad del mercado de la vivienda para así contribuir a la resiliencia económica de la Unión;

42.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.