1.Estima que la Comisión y el Consejo deben redoblar sus esfuerzos para aplicar el pilar europeo de derechos sociales, en consonancia con el plan de acción de marzo de 2021 y la Declaración de La Hulpe a fin de alcanzar los objetivos principales de 2030; pide a la Comisión que garantice que el Informe conjunto sobre el empleo de 2026 analice la aplicación de todos los principios del pilar europeo de derechos sociales en consonancia con el Reglamento (UE) 2024/1263 y que incluya un análisis de la dimensión social de los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo por lo que respecta a la resiliencia social, incluido el pilar europeo de derechos sociales; acoge con satisfacción a este respecto el anuncio de un nuevo plan de acción sobre la aplicación del pilar europeo de derechos sociales von der Leyen, U., «La decisión de Europa: orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2024‑2029», 18 de julio de 2024. para 2025 con el fin de dar un nuevo impulso al progreso social; celebra el hecho de que se espera que casi todos los Estados miembros aumenten la inversión pública en 2025, lo que es necesario para garantizar el acceso a servicios públicos de calidad y alcanzar los objetivos del pilar europeo de derechos sociales; recuerda que los Estados miembros pueden movilizar el MRR dentro del ámbito de aplicación definido por el Reglamento (UE) 2021/241 Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj). hasta el 31 de diciembre de 2026, relativo a las políticas para un crecimiento sostenible e integrador y para la próxima generación;

2.Subraya la importancia de utilizar el cuadro de indicadores sociales y el marco de convergencia social para detectar los riesgos y seguir los avances en la reducción de las desigualdades, el refuerzo de los sistemas de protección social y la promoción de condiciones de trabajo dignas y medidas de apoyo para que los trabajadores gestionen las transiciones; destaca, a este respecto, que es necesario garantizar una Europa sostenible, justa e integradora en la que los derechos sociales estén plenamente protegidos y salvaguardados al mismo nivel que las libertades económicas; recuerda que la ciudadanía de la Unión identifica la Europa social como una de sus prioridades;

3.Lamenta la falta de datos y análisis sobre la desigualdad y la concentración de la riqueza en la Unión, ya que es uno de los principales factores determinantes de la pobreza; señala que, según las cuentas distributivas de la riqueza, un conjunto de datos desarrollado por el Sistema Europeo de Bancos Centrales, el porcentaje de riqueza poseído por el 10 % más alto se situó en el 56 % en el cuarto trimestre de 2023, mientras que la mitad inferior solo poseía el 5 %;

4.Acoge con satisfacción la inclusión de un análisis sobre la contribución positiva de los ODS y las estrategias europeas de igualdad en el Informe conjunto sobre el empleo de 2025 y pide a la Comisión que garantice que el Informe de 2026 incluya una sección en la que se analicen los avances hacia los ODS relacionados con el empleo y la política social y otra sobre los avances hacia la eliminación de la discriminación social y laboral en consonancia con la Estrategia para la Igualdad de Género 2020‑2025, el Plan de Acción de la UE Antirracismo para 2020‑2025, el marco estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos 2020‑2030, la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020‑2025 y la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 2021‑2030;

5.Pide a los Estados miembros que apliquen las orientaciones para el empleo actualizadas, haciendo hincapié en la educación y la formación para todos, las nuevas tecnologías como la IA y las recientes iniciativas políticas sobre el trabajo en plataformas, la vivienda asequible y digna y la lucha contra la escasez de mano de obra y de capacidades, todo ello con vistas a reforzar la toma de decisiones democrática;

6.Reitera la importancia de invertir en el desarrollo de las capacidades de la mano de obra y en la formación profesional, así como de garantizar un empleo de calidad, haciendo hincapié en el derecho individual a la formación y al aprendizaje permanente; insta a los Estados miembros a que desarrollen medidas de mejora de las capacidades y reciclaje profesional en colaboración con las partes interesadas locales, incluidos los organismos educativos y de formación y los interlocutores sociales, con el fin de reforzar el vínculo entre los sistemas de educación y formación y el mercado laboral y anticipar las necesidades del mercado laboral; acoge con satisfacción el hecho de que los resultados en materia de empleo de los titulados recientes de educación y formación profesionales (EFP) sigan mejorando en toda la Unión; manifiesta su preocupación por la disminución del rendimiento educativo de los jóvenes, en particular en lo que respecta a las capacidades básicas; celebra, a este respecto, el anuncio de un plan de acción sobre capacidades básicas y de un plan estratégico para la formación en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (CTIM); pide a los Estados miembros que inviertan en programas para dotar a los alumnos de las capacidades básicas, digitales y transversales necesarias para el mundo laboral y su digitalización, así como para ayudarles a contribuir de manera significativa a la sociedad; recuerda el importante papel que puede desempeñar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos en el apoyo y el reciclaje profesional de los trabajadores despedidos como consecuencia de importantes reestructuraciones;

7.Acoge con satisfacción el anuncio de una hoja de ruta para el empleo de calidad a fin de garantizar una transición justa para todos; pide a la Comisión que incluya en esta hoja de ruta consideraciones sobre medidas relacionadas con el uso de la IA y la gestión algorítmica en el mundo del trabajo, de modo que las nuevas tecnologías se aprovechen para mejorar las condiciones de trabajo y la productividad, respetando al mismo tiempo los derechos de los trabajadores y el equilibrio entre vida profesional y vida privada, tal como se reconoce en el Informe conjunto sobre el Empleo Propuesta de la Comisión, de 17 de diciembre de 2024, de Informe conjunto sobre el Empleo de la Comisión y del Consejo (COM(2024)0701).;

8.Destaca que la respuesta a la escasez de mano de obra en la Unión también implica mejorar y facilitar la movilidad laboral dentro de la Unión; pide a los Estados miembros que refuercen y faciliten el reconocimiento de las capacidades y cualificaciones en la Unión, también para los nacionales de terceros países; pide a la Comisión que analice la eficacia de la plataforma de la Red Europea de Servicios de Empleo (EURES) con vistas a una posible revisión de su funcionamiento;

9.Observa que el número de personas que abandonan prematuramente la educación y la formación, de personas con niveles de educación más bajos, de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis) y, entre ellos, de grupos vulnerables, incluidos los gitanos, las mujeres, las personas mayores, las personas con cualificaciones bajas y medias, las personas con discapacidad y las personas de origen migrante o minoritario, en función del contexto específico de cada país, sigue siendo elevado en varios Estados miembros, a pesar de una tendencia a la baja en la Unión Europea; pide a los Estados miembros que refuercen la Garantía Juvenil, tal como se establece en el principio 4 del pilar europeo de derechos sociales; con el fin de apoyar a los jóvenes necesitados a lo largo de su desarrollo personal y profesional; reitera el papel fundamental que desempeña la EFP a la hora de proporcionar los conocimientos, las capacidades y las competencias necesarios para que los jóvenes se incorporen al mercado laboral; destaca la necesidad de invertir en la calidad y el atractivo de la EFP a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+); recuerda, por tanto, la necesidad de abordar esta situación y desarrollar soluciones para mantener a los jóvenes en la educación, la formación o el empleo, así como la importancia de garantizar su acceso a períodos de prácticas y de aprendizaje, permitiéndoles adquirir su primera experiencia laboral y facilitando su transición de la educación al empleo, así como de crear condiciones de trabajo que permitan a una mano de obra que envejece permanecer en el mercado laboral;

10.Considera que, aunque se ha producido una mejora, las personas con discapacidad, especialmente las mujeres con discapacidad, siguen enfrentándose a obstáculos significativos en el mercado laboral, por lo que se necesita formación profesional y digital, promoviendo al mismo tiempo la inclusión de las personas con discapacidad, centrándose en la mano de obra inactiva y en los grupos con baja participación en el mercado laboral, incluidas las mujeres, los jóvenes, los trabajadores de más edad y las personas con enfermedades crónicas; pide a la Comisión que actualice la Estrategia Europea sobre Discapacidad con nuevas iniciativas y acciones emblemáticas a partir de 2025, como una garantía europea de empleo y capacidades para las Personas con Discapacidad y el intercambio de buenas prácticas como la tarjeta de discapacidad, en particular para abordar la inclusión social y la vida independiente de las personas con discapacidad, garantizando también su acceso a una educación, formación y empleo de calidad mediante orientaciones sobre el mantenimiento de las prestaciones por discapacidad;

11.Expresa su preocupación por el hecho de que la población gitana siga enfrentándose a importantes obstáculos para acceder al empleo, debido a los prejuicios persistentes que limitan sus perspectivas; observa que el marco estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos pone de relieve la falta de avances en el acceso al empleo y una proporción cada vez mayor de jóvenes gitanos que ni trabajan, ni estudian ni reciben formación; hace hincapié en el objetivo del marco de reducir a la mitad la brecha de empleo entre la población gitana y la población en general y de garantizar que al menos el 60 % de dicha población tengan un trabajo remunerado de aquí a 2030; insta a los Estados miembros a que adopten un enfoque integrado y centrado en la igualdad y garanticen que las políticas y los servicios públicos lleguen eficazmente a todos los gitanos, incluidos los que se encuentran en zonas rurales remotas;

12.Subraya la necesidad de prestar atención a los aspectos sociales y medioambientales de la competitividad, haciendo hincapié en la necesidad de invertir en educación y formación para todos a fin de garantizar el acceso universal a una educación pública de alta calidad y a programas de formación profesional, así como a prácticas sostenibles para fomentar un crecimiento integrador; destaca que los interlocutores sociales deben desempeñar un papel clave a la hora de determinar y abordar las necesidades en términos de capacidades en toda la Unión;

13.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan recomendaciones específicas sobre la asequibilidad de la vivienda en el Semestre Europeo y que promuevan la inversión en vivienda; insta a los Estados miembros a que garanticen que las inversiones en vivienda apoyen soluciones de vivienda de calidad a largo plazo que sean realmente asequibles para los hogares de renta baja y media, destacando que las inversiones en vivienda social y asequible son cruciales para garantizar y mejorar la calidad de vida de las personas; destaca la necesidad de aprovechar de manera más eficiente la financiación de la Unión, por ejemplo, mediante los instrumentos financieros del Banco Europeo de Inversiones, en particular para apoyar las inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas decisivas a fin de proporcionar una evaluación de las políticas, los fondos y los cuellos de botella de la Unión, que deben facilitar la construcción, conversión y renovación de viviendas accesibles, asequibles y eficientes desde el punto de vista energético —incluida la vivienda social—, que satisfagan las necesidades de los jóvenes, las personas con movilidad reducida, los grupos de renta baja y media, las familias en situación de riesgo y las personas en situaciones más vulnerables, protegiendo al mismo tiempo a los propietarios de viviendas y a quienes desean acceder a la vivienda frente a una mayor disminución de la oferta;

14.Acoge con satisfacción el anunciado plan europeo de vivienda asequible para ayudar a los Estados miembros a hacer frente a la crisis de la vivienda y a la fuerte subida de los precios de los alquileres; pide a la Comisión que evalúe y publique qué obstáculos potenciales de las normas sobre ayudas estatales afectan a la accesibilidad de la vivienda; recuerda que el Fondo Social para el Clima está orientado a proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros a partir de 2026 para apoyar a los hogares vulnerables, en particular a través de medidas e inversiones destinadas a aumentar la eficiencia energética de los edificios, la descarbonización de la calefacción y la refrigeración de los edificios y la integración en los edificios de la generación y el almacenamiento de energía renovable;

15.Considera que la carencia de hogar es un problema social devastador en la Unión; pide una definición única de sinhogarismo en la Unión que permita comparar y evaluar sistemáticamente el alcance de este fenómeno en los distintos Estados miembros de la Unión; pide a la Comisión que desarrolle una estrategia y trabaje para poner fin al sinhogarismo en la Unión de aquí a 2030, promoviendo el acceso a una vivienda asequible y digna, así como a servicios sociales de calidad; insta a los Estados miembros a que aprovechen mejor los instrumentos disponibles de la Unión, incluido el FSE+, en este ámbito de acción Dictamen del Comité Económico y Social Europeo — Por un marco de la UE que afronte el problema de las personas sin hogar sobre la base del principio de «primero, la vivienda», de 13 de diciembre de 2023 (DO C, C/2024/1567, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1567/oj).;

16.Pide a los Estados miembros que diseñen estrategias nacionales para las personas sin hogar; acoge con satisfacción la intención de presentar una Recomendación del Consejo sobre el problema de las personas sin hogar Dictamen del Comité Económico y Social Europeo — Por un marco de la UE que afronte el problema de las personas sin hogar sobre la base del principio de «primero, la vivienda», de 13 de diciembre de 2023.; insta a la Comisión a que siga aumentando la ambición de la Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo;

17.Considera que la Unión debe actuar con urgencia para abordar los niveles persistentemente elevados de pobreza y exclusión social en la Unión, en particular entre los menores, los jóvenes y las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas nacidas fuera de la Unión, las personas LGTBI y las comunidades gitanas; hace hincapié en que debe darse prioridad al acceso a servicios sociales de calidad y garantizarse la seguridad energética de los hogares vulnerables; pide a la Comisión que adopte la primera estrategia de la Unión de lucha contra la pobreza;

18.Recuerda el objetivo de la Unión de pasar de los cuidados institucionales a los cuidados basados en la comunidad o en la familia; pide a la Comisión que presente un plan de acción sobre la desinstitucionalización; destaca que este plan de acción debe abarcar a todos los grupos que aún viven en instituciones, incluidos los menores, las personas con discapacidad, las personas con problemas de salud mental, las personas afectadas por la falta de hogar y las personas mayores; pide a los Estados miembros que hagan pleno uso de los fondos del FSE+, así como de otros fondos europeos y nacionales pertinentes, para finalizar el proceso de desinstitucionalización y garantizar que todos los ciudadanos de la Unión puedan vivir en un entorno familiar o comunitario;

19.Pide a la Comisión que presente un plan de acción europeo sobre salud mental, en consonancia con sus recientes recomendaciones Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2023, sobre un enfoque global de la salud mental (COM(2023)0298).; pide a los Estados miembros que refuercen el acceso a los servicios de salud mental y a los programas de apoyo emocional para todas las personas, en particular para los menores, los jóvenes y las personas mayores; pide un uso más eficaz de los indicadores del cuadro de indicadores sociales para abordar el impacto de las condiciones de vida precarias y de la incertidumbre en la salud mental;

20.Pide a la Comisión que aborde la soledad promoviendo una estrategia integral de la Unión sobre la soledad y el acceso a los cuidados profesionales; pide también que esta estrategia de la Unión aborde el impacto socioeconómico de la soledad en la productividad y el bienestar y que trate cuestiones como el aislamiento en las zonas rurales; insta a los Estados miembros a que sigan aplicando la Recomendación del Consejo sobre el acceso a cuidados de larga duración de alta calidad asequibles con vistas a garantizar el acceso a unos cuidados de calidad, al tiempo que se garantizan unas condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector de los cuidados, así como para los cuidadores informales;

21.Reconoce que cuarenta y cuatro millones de europeos son cuidadores informales habituales de larga duración, la mayoría de ellos mujeres Comisión Europea, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Long-term care report: trends, challenges and opportunities in an ageing society (disponible en inglés). Volumen I, Oficina de Publicaciones, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2767/677726.;

22.Reconoce el papel único que desempeñan los cuidadores en la sociedad y, aunque la definición de «cuidador» no está armonizada en toda la Unión, el sector de los cuidados de larga duración emplea a 6,4 millones de personas en toda la Unión;

23.Expresa su preocupación por el hecho de que, en 2023, 94,6 millones de personas en la Unión seguían en riesgo de pobreza o exclusión social; subraya que, sin un cambio de paradigma en el enfoque de la lucha contra la pobreza, la Unión Europea y sus Estados miembros no alcanzarán sus objetivos de reducción de la pobreza; considera que el anuncio de la primera estrategia de la UE de lucha contra la pobreza constituye un paso en la dirección correcta para invertir la tendencia, pero debe proporcionar un enfoque global para abordar los aspectos multidimensionales de la pobreza y la exclusión social con acciones concretas, una aplicación y un seguimiento sólidos; pide que esta estrategia abarque a todas las personas en situación de pobreza y exclusión social, en primer lugar a las más desfavorecidas, pero también medidas específicas para diferentes grupos, como las personas en situación de pobreza de los ocupados, las personas sin hogar, las personas con discapacidad, las familias monoparentales y, sobre todo, los niños, con el fin de romper de forma duradera el ciclo de la pobreza; destaca que la transposición de la Directiva sobre los salarios mínimos será clave para prevenir y combatir los riesgos de pobreza entre los trabajadores, al mismo tiempo que reforzará los incentivos al trabajo, y acoge con satisfacción el hecho de que varios Estados miembros hayan modificado sus marcos relativos al salario mínimo o tengan previsto hacerlo; expresa su preocupación por el aumento de las formas atípicas de empleo, en las que los trabajadores están más expuestos al riesgo de pobreza y a la falta de una protección jurídica adecuada;

24.Reitera su llamamiento a la Comisión para que supervise atentamente la aplicación de la Garantía Infantil en todos los Estados miembros como parte del Semestre Europeo y de las recomendaciones específicas por país; reitera su llamamiento en favor de un aumento de la financiación de la Garantía Infantil Europea con un presupuesto específico de al menos 20 000 000 000 EUR y de que los Estados miembros asignen al menos el 5 % de los fondos asignados del FSE+ a la lucha contra la pobreza infantil y la promoción del bienestar de los menores; considera que las recomendaciones específicas por país deberían reflejar el cumplimiento presupuestario por parte de los Estados miembros de la asignación mínima requerida para abordar la pobreza infantil establecida en el Reglamento del FSE+ Artículo 7, apartado 3, del Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) (DO L 231 de 30.6.2021, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj).; pide a la Comisión que asigne un presupuesto ambicioso a la Garantía Infantil en el próximo marco financiero plurianual con el fin de responder al creciente desafío de la pobreza infantil y la exclusión social;

25.Expresa su preocupación por las políticas nacionales que crean lagunas en la cobertura sanitaria, lo que aumenta las desigualdades tanto dentro de los Estados miembros como entre ellos; advierte de que esto también socava la aplicación del principio 16 del pilar europeo de derechos sociales y del ODS 3.8 sobre la cobertura sanitaria universal, así como el objetivo general del pilar de promover una convergencia social al alza en la Unión, sin dejar a nadie atrás; considera que los indicadores utilizados en el cuadro de indicadores sociales no permiten comprender en su totalidad la asequibilidad de la asistencia sanitaria;

26.Subraya que los empleadores deben promover los vínculos intergeneracionales en las empresas, así como el aprendizaje intergeneracional entre los jóvenes y las personas mayores, y viceversa; incide en que una plantilla de edad avanzada puede ayudar a una empresa a desarrollar de una manera más creativa y productiva nuevos productos y servicios que se adapten a las necesidades de una sociedad que envejece; aboga además por la creación de incentivos para promover el voluntariado y las tutorías con el fin de inducir la transmisión de conocimiento entre generaciones;

27.Advierte de que, según los informes del Banco Central Europeo, los salarios reales siguen estando por debajo de su nivel anterior a la pandemia, mientras que la productividad ha seguido siendo aproximadamente la misma; está de acuerdo en que esto crea cierto margen para una recuperación no inflacionista de los salarios reales y advierte de que, si los salarios reales no se recuperan, aumentaría el riesgo de una debilidad económica prolongada, que podría causar efectos cicatriz y mermaría aún más la productividad de la zona del euro en relación con otras partes del mundo; considera que una mejor aplicación de los salarios mínimos y el refuerzo de la cobertura de la negociación colectiva pueden tener un efecto beneficioso en los niveles de desigualdad salarial, especialmente al ayudar a los trabajadores más vulnerables situados en la parte inferior de la distribución salarial, que cada vez se ven más excluidos;

28.Pide a los Estados miembros que garanticen unas condiciones de trabajo dignas, que incluyan, entre otras cosas, salarios decentes, acceso a la protección social, oportunidades de aprendizaje permanente, salud y seguridad en el trabajo, un buen equilibrio entre la vida laboral y familiar y el derecho a la desconexión, un tiempo de trabajo razonable, representación de los trabajadores, democracia en el trabajo y convenios colectivos; insta a los Estados miembros a que fomenten la democracia en el trabajo, el diálogo social y la negociación colectiva y a que protejan los derechos de los trabajadores, en particular en el contexto de las transiciones ecológica y digital; pide también que garanticen la igualdad de retribución para un mismo trabajo por parte de hombres y mujeres, mejoren la transparencia salarial y aborden la desigualdad de género para acabar con la brecha salarial de género en la Unión;

29.Recuerda la importancia de mejorar el acceso de los trabajadores por cuenta propia a la protección social y pide a la Comisión que supervise los planes nacionales de los Estados miembros para la aplicación de la Recomendación del Consejo, de 8 de noviembre de 2019, relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia DO C 387 de 15.11.2019, p. 1. como parte de las recomendaciones específicas por país; recuerda, a este respecto, habida cuenta de que la tasa de profesionales autónomos en los sectores cultural y creativo es más del doble que en la población en general, las trece iniciativas establecidas en la respuesta de la Comisión de 21 de febrero de 2024 a la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de noviembre de 2023, sobre un marco de la Unión relativo a la situación social y profesional de los artistas y los trabajadores de los sectores cultural y creativo Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de noviembre de 2023, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un marco de la Unión relativo a la situación social y profesional de los artistas y los trabajadores de los sectores cultural y creativo (DO C, C/2024/4208, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4208/oj)., y pide a la Comisión que empiece a aplicarlas en cooperación con los Estados miembros;

30.Pide la aplicación de políticas que promuevan el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, así como el derecho a la desconexión, para mejorar la calidad de vida de todas las familias y los trabajadores, a fin de garantizar la aplicación de la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo (DO L 188 de 12.7.2019, p. 79. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1158/oj). y de la Estrategia Europea de Cuidados; pide a la Comisión que presente una propuesta que aborde el teletrabajo y el derecho a la desconexión; pide también una propuesta para crear una tarjeta europea para todo tipo de familias numerosas y un plan de acción europeo para familias monoparentales, que ofrezca ventajas educativas y sociales; pide, en definitiva, iniciativas para combatir la exclusión laboral como consecuencia de períodos prolongados de baja por enfermedad, adaptar los lugares de trabajo, promover condiciones laborales flexibles y desarrollar estrategias de apoyo al regreso de los trabajadores tras una ausencia prolongada;

31.Pide que se dé prioridad a los retos demográficos en la política de cohesión de la Unión y que se adopten medidas concretas a escala nacional y de la Unión; pide a la Comisión que declare un «Año Europeo de la Demografía» y que dé prioridad al desarrollo de la Comunicación de la Comisión titulada «El aprovechamiento del talento en las regiones de Europa» y del «Mecanismo para el Impulso del Talento», a fin de promover la cohesión social y aumentar la financiación destinada a las zonas rurales y ultraperiféricas, así como a las regiones con un alto índice de despoblación, apoyando la creación de empleo de calidad, los servicios públicos, los proyectos de desarrollo local y las infraestructuras básicas que favorezcan el «derecho de permanencia» de la población, especialmente en el caso de los jóvenes; destaca la importancia de introducir medidas específicas para abordar las desigualdades regionales en la educación y la formación, garantizando la igualdad de acceso a una educación de alta calidad y asequible para todos;

32.Expresa su preocupación por el hecho de que, a pesar de los avances, varios grupos de población sigan estando significativamente infrarrepresentados en el mercado laboral de la Unión, incluidas las mujeres, las personas mayores, las personas con cualificaciones bajas y medias, las personas con discapacidad y las personas de origen migrante o pertenecientes a una minoría étnica; advierte de que las desigualdades educativas se han acentuado, exacerbando aún más la vulnerabilidad de los estudiantes procedentes de entornos desfavorecidos y migrantes; señala que, según el Informe conjunto sobre el empleo, las personas de origen migrante o pertenecientes a una minoría étnica pueden beneficiarse significativamente de medidas específicas para abordar la falta de adecuación de las capacidades, mejorar el dominio lingüístico y luchar contra la discriminación; destaca la importancia de redoblar los esfuerzos en la aplicación del Plan de Acción sobre Integración e Inclusión 2021-2027, que establece un marco político común para apoyar a los Estados miembros en el desarrollo de políticas nacionales de integración de los migrantes;

33.Pide a la Comisión y al Consejo que prioricen la reducción de las cargas administrativas, simplificándolas, pero siempre respetando las normas laborales y sociales; considera que un mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas, así como a los emprendedores reales y potenciales, mejorará la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo de la Unión, impulsará la innovación y generará empleo de calidad; señala que las pymes y los profesionales autónomos en todos los sectores son esenciales para el crecimiento económico de la Unión y, por lo tanto, para la financiación de las políticas sociales; insta a la aplicación de recomendaciones específicas para mejorar el mercado único; toma nota de la publicación por parte de la Comisión de la «Brújula para la Competitividad» el 29 de enero de 2025 Comunicación de la Comisión, de 29 de enero de 2025, titulada «Una Brújula para la Competitividad de la UE» (COM(2025)0030),;

34.Pide a la Comisión que lleve a cabo controles de la competitividad para cada nueva propuesta legislativa, teniendo en cuenta el impacto global de la legislación de la Unión en las empresas, así como en otras políticas y programas de la Unión;

35.Considera que la economía social es un componente esencial de la economía social de mercado de la Unión y un motor para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y sus objetivos, proporcionando a menudo empleo a grupos vulnerables y excluidos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su apoyo a todas las empresas de la economía social, especialmente a las sin ánimo de lucro, tal como se resalta en el plan de acción de la UE para la economía social de 2021 y en la Hoja de Ruta de Lieja para la economía social en la UE, con el objetivo de promover el trabajo de calidad, digno e inclusivo y la economía circular; alienta a los Estados miembros a facilitar el acceso a la financiación y a aumentar la visibilidad de los agentes de la economía social; pide a la Comisión que estudie mecanismos de financiación innovadores para apoyar el desarrollo de la economía social en Europa Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2022, sobre el plan de acción de la Unión para la economía social (DO C 47 de 7.2.2023, p. 171). y fomentar un entorno empresarial dinámico e inclusivo;

36.Considera que, en este año de transición, marcado por la aplicación de las normas revisadas de gobernanza económica, los Estados miembros deben alinear la responsabilidad presupuestaria con el crecimiento y el empleo sostenibles e inclusivos; señala que debe reforzarse la participación de los interlocutores sociales, también en el desarrollo de planes estructurales presupuestarios a medio plazo, para contribuir a los objetivos del nuevo marco de gobernanza económica;

37.Acoge con satisfacción que, en el nuevo marco de gobernanza económica, los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo deban incluir las reformas e inversiones que aborden los principales retos identificados en el contexto del Semestre Europeo y, al mismo tiempo, garanticen la sostenibilidad de la deuda, invirtiendo de forma estratégica en los principios del pilar europeo de derechos sociales, con el objetivo de fomentar la convergencia social al alza;

38.Expresa su preocupación por el hecho de que el cumplimiento de las recomendaciones específicas por país (REP) siga siendo persistentemente bajo; reitera, por tanto, su llamamiento en favor de una aplicación efectiva de las recomendaciones específicas por país por parte de los Estados miembros con el fin de promover la asistencia sanitaria y unos sistemas de pensiones sostenibles, en consonancia con los principios 15 y 16 del pilar europeo de derechos sociales, así como la prosperidad a largo plazo para toda la ciudadanía, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los trabajadores cuyas carreras son segmentadas, intermitentes o están sujetas a transiciones laborales; insiste en que la Comisión debe reforzar sus diálogos con los Estados miembros sobre la aplicación de las recomendaciones existentes y de las orientaciones para el empleo, así como sobre las medidas políticas actuales o futuras para abordar los retos identificados;

39.Acoge con satisfacción el establecimiento de un marco para identificar los riesgos para la convergencia social dentro del Semestre Europeo, por el que el Parlamento abogó enérgicamente; recuerda que, en este marco, la Comisión evalúa los riesgos para la convergencia social al alza en los Estados miembros y supervisa los avances en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales sobre la base del cuadro de indicadores sociales y de los principios del marco de convergencia social; celebra el hecho de que el Informe conjunto sobre el empleo de 2025 ofrezca un análisis específico por país basado en los principios del marco de convergencia social; pide a la Comisión que siga desarrollando herramientas innovadoras de análisis cuantitativo y cualitativo en el contexto de este nuevo marco para hacer un uso óptimo del mismo en los futuros ciclos del Semestre Europeo;

40.Acoge con satisfacción que el primer análisis basado en los principios del marco de convergencia social apunte a una convergencia al alza en el mercado laboral en 2023 Propuesta de la Comisión, de 17 de diciembre de 2024, de Informe conjunto sobre el Empleo de la Comisión y del Consejo (COM(2024)0701).; observa con preocupación que los resultados en materia de empleo de los grupos infrarrepresentados aún deben mejorar y que persisten riesgos para una convergencia al alza a nivel europeo, en relación con el desarrollo de capacidades —desde la educación temprana hasta el aprendizaje permanente— y con los resultados sociales, en particular las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social; pide a la Comisión que siga analizando estos riesgos para la convergencia social al alza en la segunda fase del análisis y que debata con los Estados miembros afectados las medidas adoptadas o previstas para hacer frente a estos riesgos;

41.Reconoce la crisis del coste de la vida, que ha aumentado la carga para los hogares, así como el aumento del coste de la vivienda que, junto con los elevados costes de la energía, está contribuyendo a los altos niveles de pobreza energética en toda la Unión; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que aborden de manera exhaustiva las causas profundas de esta crisis y que den prioridad a políticas que promueven la resiliencia económica, la cohesión social y el desarrollo sostenible;

42.Advierte de los riesgos sociales derivados de la crisis del sector del automóvil, que se enfrenta a una presión sin precedentes tanto por factores externos como internos; pide a la Comisión que preste atención a este sector y mejore el diálogo social y la participación de los trabajadores en los procesos de transición; destaca la urgente necesidad de una respuesta coordinada de la Unión a través de un grupo de trabajo de emergencia de sindicatos y patronal para responder a la crisis actual;

43.Pide a la Comisión que supervise los datos sobre la reestructuración y su impacto en el empleo, por ejemplo utilizando el Observatorio Europeo de la Reestructuración, para facilitar medidas de apoyo a la reestructuración y a las transiciones en el mercado laboral, y que considere la posibilidad de destacar en el Semestre Europeo las medidas nacionales que favorezcan una forma de reestructuración socialmente responsable;

44.Expresa su preocupación por la revisión del cuadro de indicadores del procedimiento de desequilibrio macroeconómico por parte de la Comisión, en particular la reducción de los indicadores sociales y de empleo, que son cruciales para evaluar la situación social y del mercado laboral en los Estados miembros; lamenta que el desempleo juvenil ya no se considere un indicador principal, a pesar de su relevancia para identificar y abordar retos específicos del mercado laboral y para adoptar políticas públicas adecuadas; subraya que los indicadores de las normas sociales deben tenerse más en cuenta en el proceso de toma de decisiones; lamenta que la Comisión no consultara debidamente al Parlamento y le recuerda su obligación de cooperar estrechamente con el Parlamento, el Consejo y los interlocutores sociales antes de elaborar el cuadro de indicadores del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) y el conjunto de indicadores macroeconómicos y macrofinancieros para los Estados miembros; subraya que la aplicación de los principios del pilar europeo de derechos sociales deben formar parte del cuadro de indicadores del PDM;

45.Considera que la cohesión territorial y social son componentes esenciales de la agenda de competitividad y que una legislación como el instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) sigue siendo un ejemplo positivo para inspirar futuras iniciativas de la Unión;

46.Considera que la Comisión y los Estados miembros de la Unión deben garantizar que las políticas fiscales en el marco del Semestre Europeo apoyen inversiones alineadas con el pilar europeo de derechos sociales, en particular en ámbitos como la vivienda digna y asequible, la asistencia sanitaria de calidad, la educación y los sistemas de protección social, ya que son fundamentales para la cohesión social y la sostenibilidad económica a largo plazo y para abordar los retos identificados a través de los indicadores sociales;

47.Destaca la necesidad de abordar los principales retos identificados en el cuadro de indicadores sociales como «situación crítica» y «en observación», entre ellos, los menores en riesgo de pobreza o exclusión social, la brecha de género en el empleo, la sobrecarga del coste de la vivienda, la atención a la infancia y los cuidados de larga duración, la brecha en el empleo de las personas con discapacidad, el impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza y las competencias digitales básicas Propuesta de la Comisión, de 17 de diciembre de 2024, de Informe conjunto sobre el Empleo de la Comisión y del Consejo (COM(2024)0701).;

48.Destaca los efectos negativos que la crisis del coste de la vida ha tenido en las personas con discapacidad;

49.Insta a los Estados miembros a que estudien políticas sólidas que garanticen salarios justos y mejoren las condiciones de trabajo, en particular para los trabajadores con bajos ingresos y en situación precaria;

50.Subraya la necesidad de disponer de datos oportunos y armonizados sobre las políticas sociales para mejorar la elaboración de políticas basadas en pruebas y las inversiones sociales específicas; pide que se mejore el cuadro de indicadores sociales a fin de cubrir los veinte principios del pilar europeo de derechos sociales con la introducción de indicadores pertinentes que reflejen las tendencias y las causas de la desigualdad, como el empleo de calidad, la distribución de la riqueza, el acceso a los servicios públicos, unas pensiones adecuadas, la tasa de personas sin hogar, la salud mental y el desempleo; recuerda que el indicador de riesgo de pobreza o exclusión social no revela las causas de la compleja desigualdad; pide a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión que desarrollen un marco europeo de recogida de datos sobre servicios sociales para supervisar la inversión en servicios sociales y su cobertura;

51.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.