1.Observa que el presupuesto del Tribunal se incluye en la rúbrica 7 del MFP, «Administración pública europea», que ascendió a 12 300 millones EUR en 2023 (lo que representa el 6,4 % del presupuesto total de la Unión); observa que el presupuesto del Tribunal, de aproximadamente 200 millones EUR, representa en torno al 1,5 % del gasto administrativo total de la Unión y menos del 0,1 % del gasto total de la Unión;

2.Observa que el Tribunal, en su informe anual relativo al ejercicio 2023, examinó una muestra de setenta operaciones dentro de la rúbrica «Administración», diez más de las que se examinaron en 2022; señala, además, que el Tribunal indica que los gastos administrativos comprenden los gastos correspondientes a recursos humanos, incluidos los gastos en pensiones, que en 2023 representaron aproximadamente el 70 % del total de los gastos administrativos, así como a inmuebles, equipos, energía, comunicaciones y tecnología de la información, y que su trabajo realizado durante muchos años indica que, en general, este gasto es de bajo riesgo;

3.Acoge con satisfacción el aumento continuo del número de operaciones auditadas por el Tribunal dentro de la rúbrica «Administración»; toma nota de que se ha planificado una auditoría de la función pública de la Unión, pero recuerda la importancia de llevar a cabo una investigación en mayor profundidad sobre los gastos administrativos, y pide una vez más que en su trabajo se incluyan datos exhaustivos sobre todas las instituciones, al objeto de proporcionar una base sólida para un procedimiento de aprobación de la gestión coherente;

4.Observa que en veintiuna de las setenta operaciones (el 30 %) se detectaron errores, pero que, a partir de los cinco errores cuantificados, el Tribunal estima que el nivel de error es inferior al umbral de materialidad;

5.Indica que los estados financieros del Tribunal son fiscalizados por un auditor externo independiente para garantizar que estén sometidos a los mismos principios de transparencia, rendición de cuentas e independencia que el Tribunal aplica a los organismos que audita;

6.Observa que el presupuesto total del Tribunal para 2023 ascendió a 175 059 922 EUR, lo que equivale a un aumento del 7,97 % con respecto a los 162 141 175 EUR de 2022; indica que el aumento se debió principalmente a ajustes salariales y a nueve nuevos puestos temporales relacionados con NextGenerationEU; indica que, en 2023, el 88,5 % de los créditos se destinaron a sus miembros y personal, mientras que el 11,5 % se destinó a edificios, equipos y gastos diversos;

7.Indica que el porcentaje de ejecución de los compromisos y los pagos fue elevado, aunque ligeramente inferior al de 2022; observa que el porcentaje de utilización de los créditos ascendió al 97,92 % y que los pagos representaron el 94,45 % del total de los compromisos, frente al 98,12 % y el 95,26 %, respectivamente, en 2022;

8.Observa que la guerra de agresión ilegal e injustificada de Rusia contra Ucrania ha generado presiones presupuestarias para el Tribunal por distintas vías, en particular a través del aumento de la inflación y los correspondientes ajustes salariales y del fuerte aumento de los costes de la electricidad y la calefacción;

9.Destaca que la ejecución presupuestaria en 2023 se vio influida por dos factores, que explican el porcentaje ligeramente inferior al de 2022:

1.el nivel de inflación superior al presupuestado y las consiguientes indexaciones de precios que afectaron a los contratos nuevos y existentes, lo que generó necesidades presupuestarias adicionales para cubrir gastos no salariales y, en particular, las líneas presupuestarias para energía y tecnologías de la información; estos aumentos de créditos fueron finalmente posibles sobre todo gracias a la infrautilización de algunos créditos en el capítulo 10 (Miembros de la institución), en el capítulo 12 (Funcionarios y agentes temporales) y en el título 2 en líneas presupuestarias como las destinadas a las publicaciones, las consultas, estudios y encuestas de carácter limitado y los gastos de interpretación;

2.la mayor rotación de los agentes contractuales y los expertos nacionales en comisión de servicios (algunos contratos de expertos nacionales en comisión de servicios no se prorrogaron y algunos de estos expertos superaron un concurso interno para agentes temporales), retrasos y dificultades en los procedimientos de contratación como para cualquier otro órgano de la Unión situado en Luxemburgo;

10.Toma nota de que, en el transcurso de 2023, el Tribunal efectuó treinta y seis transferencias presupuestarias por un total de 5 676 379 EUR, destinadas a garantizar el buen funcionamiento de los distintos servicios del Tribunal y la satisfacción de las necesidades conexas;

11.Toma nota de que, en 2023, el Tribunal adquirió bienes y servicios por un total de 23 426 750,05 EUR (5 512 853 EUR en 2022 y 15 215 515 EUR en 2021), de los cuales las compras a proveedores locales ascendieron a 21 453 665,05 EUR (4 848 701 EUR en 2022 y 10 144 812 EUR en 2021);

12.Observa con satisfacción que el auditor externo declaró que los recursos asignados se habían utilizado para los fines previstos y que los procedimientos de control establecidos por los ordenadores proporcionaban las garantías necesarias para garantizar que las operaciones financieras se ajustaban a las normas y reglamentos aplicables;

13.Observa con satisfacción que el presupuesto general para misiones del Tribunal (miembros y personal), fijado inicialmente en 2 722 500 EUR, ha disminuido en un 4,4 %, hasta situarse en 2 602 500 EUR, habida cuenta de los cambios en los métodos de trabajo del Tribunal tras la pandemia;

14.Pide al Tribunal que lleve a cabo una revisión exhaustiva de las dietas de viaje y de reunión, garantizando que los gastos estén justificados y sean sostenibles desde un punto de vista medioambiental y rentables, por ejemplo recurriendo más a las reuniones híbridas para reducir los gastos innecesarios y las emisiones de carbono;

15.Acoge con satisfacción que, en 2023, el Tribunal ha aumentado considerablemente sus visitas sobre el terreno con respecto a los tres años anteriores, en los que todavía estaban vigentes las restricciones de viaje y salud pública relacionadas con la pandemia de COVID‑19; señala que el Tribunal estuvo en los Estados miembros y fuera de la Unión un total de 4 897 días, frente a 2 984 días en 2022, 1 156 días en 2021, 1 190 días en 2020 y 3 605 días en 2019;

16.Observa que, en el transcurso de 2023, el Tribunal presentó 2 informes anuales, 4 informes anuales específicos, 29 informes especiales, 4 dictámenes y 6 análisis, alcanzando un total de 45 documentos;

17.Toma nota de que, de las veintinueve medidas estratégicas de la estrategia del Tribunal para el período 2021‑2025, una se ha anulado y las otras veintiocho se han aplicado plenamente;

18.Valora positivamente que el Tribunal mida la aplicación de sus recomendaciones a partir del seguimiento realizado por sus auditores; señala que, en 2023, el Tribunal analizó las recomendaciones dirigidas a la Comisión y otras instituciones en sus informes de 2019; valora positivamente que el análisis haya mostrado que, de las recomendaciones que han recibido seguimiento, el 100 % de las quince recomendaciones formuladas en el informe anual de 2019 del Tribunal y el 85 % de las 208 recomendaciones formuladas en los informes especiales de 2019 del Tribunal se habían aplicado, bien íntegramente, bien en algunos aspectos o en su mayor parte;

19.Acoge con satisfacción la disposición del Tribunal para responder a la solicitud del Parlamento de centrar su trabajo de auditoría en los retos más acuciantes, así como para mejorar la cooperación con la CPC del Parlamento; destaca que el Tribunal debe tener pleno acceso a las herramientas de evaluación del riesgo de fraude, incluidas las bases de datos de la Comisión y de los Estados miembros relacionadas con los casos de fraude vinculados a la financiación de la Unión, a fin de mejorar los sistemas de alerta temprana contra las actividades fraudulentas; lamenta profundamente el hecho de que el acceso del Tribunal a FENIX, la nueva herramienta de información sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), sigue siendo una cuestión pendiente debido a que la Comisión solo concede al Tribunal acceso a algunos de los módulos de esta herramienta, y que la información que ahí aparece no se actualiza de manera oportuna; insta a la Comisión a que conceda sin demora al Tribunal acceso pleno e inmediato a todos los módulos FENIX; toma nota de que la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión se ha esforzado por conceder al Tribunal acceso a los expedientes FENIX en un plazo de dos semanas a partir de la aprobación de una solicitud de pago; expresa su inquietud, no obstante, por el hecho de que, en la práctica, este plazo no se cumple en mucho casos y, en ocasiones, se han producido retrasos de hasta dos meses y medio, lo que ralentiza considerablemente la presentación de las conclusiones del Tribunal; recuerda que, en la reunión de la Comisión CONT del 10 de octubre de 2024, el comisario de Presupuesto declaró abiertamente que el Tribunal tiene un mandato pleno sobre el MRR, lo que indica la necesidad de mejorar rápidamente el acceso del Tribunal a todas las herramientas para cumplir su mandato;

20.Pide al Tribunal que amplíe su ámbito de auditoría para incluir las operaciones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) financiadas con fondos propios del BEI, dado el creciente papel del BEI en la política económica, financiera e industrial de la Unión; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que otorguen al Tribunal el mandato legal necesario para esta ampliación;

21.Elogia la pertinencia y la oportunidad de los informes especiales sobre la aplicación del MRR, que permiten a la autoridad de aprobación de la gestión ejercer sus prerrogativas y formular a la Comisión recomendaciones sobre el funcionamiento de ese instrumento; insta al Tribunal a que refuerce su papel en la lucha contra el fraude en el presupuesto de la Unión detectando deficiencias, participando en debates sobre la lucha contra el fraude, intensificando las auditorías, cooperando con los órganos de detección del fraude y facilitando información pertinente a la autoridad de aprobación de la gestión;

22.Toma nota de que, a finales de 2023, el Tribunal contaba con 969 miembros del personal; observa que, en 2023, las mujeres representaban el 53 % del personal y los hombres el 47 %, sin cambios con respecto al año anterior, 2022; lamenta que las mujeres representen solo el 30 % de la alta dirección, lo que supone un descenso significativo con respecto al 36,4 % de 2022; destaca que la proporción total de mujeres en puestos directivos ha disminuido en 2023; pide al Tribunal que persevere en sus esfuerzos por promover el equilibrio de género en los puestos directivos intermedios y superiores;

23.Manifiesta su inquietud por el hecho de que el proceso de contratación requiriera un esfuerzo adicional, ya que alrededor del 50 % de los candidatos rechazaron las ofertas de empleo del Tribunal, en parte debido al escaso atractivo de Luxemburgo como lugar de trabajo y al elevado coste de la vida; observa, no obstante, que las grandes empresas de auditoría presentes en Luxemburgo también tienen dificultades y ahora están recurriendo a los mercados asiáticos para contratar auditores; subraya que el Tribunal no puede aplicar este enfoque debido a cuestiones de seguridad y admisibilidad; reconoce los esfuerzos del Tribunal y le anima a colaborar con otras instituciones con sede en Luxemburgo en el marco del grupo interinstitucional de alto nivel con el objetivo de mejorar el atractivo de Luxemburgo para el personal potencial a través de medidas identificadas, como mayores subsidios por mudanza, subsidios de vivienda para mitigar los elevados costes de alquiler para el personal de grado inferior y viviendas temporales a precios razonables para estancias de corta duración para hacer más atractivo el empleo en Luxemburgo;

24.Recuerda que, según el Tratado de la Unión Europea, la Unión y sus instituciones deben promover la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres;

25.Comparte la preocupación del Tribunal de que, en general, el sector de la auditoría se enfrenta a problemas de contratación debido a la falta de interés de los trabajadores jóvenes en las ofertas de empleo en el sector de la auditoría y el control; pide soluciones proactivas y una cooperación interinstitucional sistemática inmediata para abordar esta cuestión;

26.Comparte las observaciones del Tribunal de que las oposiciones de la EPSO no siempre logran el objetivo de atraer y seleccionar perfiles pertinentes de candidatos desde el sector privado; destaca las varias cuestiones relacionadas con las oposiciones de la EPSO, por ejemplo, los problemas técnicos de las pruebas a distancia que dieron lugar a la anulación de una oposición y a la suspensión de todas las demás; reconoce las preocupaciones relacionadas con la contratación y los procedimientos de selección de nuevo personal; anima al Tribunal a que prosiga sus esfuerzos por abordar esta situación con el fin de salvaguardar la continuidad de la actividad del Tribunal; observa con satisfacción que el Tribunal ha comenzado a colaborar con la EPSO para organizar oposiciones de auditoría a intervalos regulares; sugiere una posible cooperación con otros órganos pertinentes de la Unión con el fin de optimizar los procesos de contratación;

27.Valora positivamente que el Tribunal haya organizado procedimientos de selección flexibles y variados según se establece en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, y que haya puesto en marcha procedimientos para retener al personal con talento;

28.Toma nota del régimen de teletrabajo (hasta diez días al mes) que ofrece el Tribunal para mitigar los retos en materia de contratación; acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Tribunal en 2023 para asegurar el bienestar físico y mental del personal;

29.Observa que, en diciembre de 2023, la tasa de vacantes era del 2,27 % y la tasa de rotación del personal (número de miembros del personal que abandonan en proporción a todo el personal) era del 6,6 %;

30.Valora positivamente los esfuerzos del Tribunal por mantener la tasa de vacantes en un nivel bajo en 2023; no obstante, comparte plenamente la preocupación por la falta de equilibrio geográfico entre los nuevos contratados, lo que conlleva que el personal del Tribunal en su conjunto sea aún menos representativo desde el punto de vista geográfico; señala que, según el Tribunal, existe un riesgo de que, en un plazo de cinco años, varios Estados miembros nórdicos no estén cubiertos por la auditoría debido a la posible ausencia de auditores procedentes de dichos Estados miembros;

31.Acoge con satisfacción que el Tribunal haya adoptado diversas medidas para abordar la cuestión del equilibrio geográfico, como el aumento de la publicidad de las convocatorias de oposiciones y vacantes del Tribunal en Estados miembros significativamente infrarrepresentados, la cooperación con los miembros del Tribunal para difundir sus convocatorias y el contacto con posibles candidatos asistiendo a ferias profesionales en determinados Estados miembros; anima a que se tomen en consideración nuevas medidas, como las estrategias de participación temprana, para atraer el talento joven de los países con escasa representación; observa con cierto pesar que sigue quedando trabajo por hacer para alcanzar el equilibrio de género en los cargos directivos intermedios y superiores;

32.Acoge con satisfacción el hecho de que, a finales de 2023, ya se hubieran cubierto los veintinueve puestos adicionales necesarios para la auditoría del MRR por valor de 723 800 millones EUR; subraya, no obstante, que la materialidad, la complejidad, los grandes importes y los desembolsos rápidos del MRR siguen planteando dificultades y que no todos los aspectos del MRR pueden cubrirse con los recursos disponibles, que permiten al Tribunal evaluar el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos y, por tanto, la legalidad y regularidad de los pagos del MRR, pero que no son suficientes para cubrir sistemáticamente el cumplimiento de los gastos del MRR con la legislación nacional y de la Unión; destaca la importancia de garantizar que el Tribunal disponga sistemáticamente de una dotación de personal adecuada para cumplir tanto su mandato como las responsabilidades adicionales derivadas de los nuevos instrumentos de financiación, como el MRR; elogia los esfuerzos realizados por el Tribunal para desempeñar sus funciones en relación con el MRR hasta la fecha, a pesar de la falta de disponibilidad de recursos plenamente adecuados;

33.Es consciente de que el Tribunal no desempeña ninguna función en el proceso de selección de los miembros con arreglo al artículo 286, apartado 2, del TFUE; señala, sin embargo, que sigue existiendo un importante desequilibrio de género entre los miembros del Tribunal, con solo diez mujeres de un total de veintisiete miembros; lamenta que doce Estados miembros nunca hayan designado a una mujer para el Tribunal; pide al Tribunal que evalúe su composición general y facilite este análisis al Consejo y a los Estados miembros, a fin de garantizar que el equilibrio de género se tenga debidamente en cuenta en los futuros procesos de designación; reitera su llamamiento a los Estados miembros para que propongan candidatos de diferentes géneros, con el fin de lograr una composición más equilibrada y representativa del Tribunal;

34.Lamenta que el Consejo haya nombrado en repetidas ocasiones a miembros del Tribunal pese a haber sido rechazados por el Parlamento; hace hincapié en que el Parlamento debe tener un papel vinculante en la evaluación de la idoneidad de los candidatos al Tribunal;

35.Observa que, en 2023, la ausencia media por enfermedad fue de diez días por miembro del personal, frente a los 12,2 días registrados en 2022; observa asimismo que, en 2023, cuatro miembros del personal (frente a ocho en 2022) estuvieron ausentes por enfermedad prolongada, definida como enfermedad de una duración superior a doscientos días en un año;

36.Señala con preocupación que en 2023 se registraron siete casos de síndrome de agotamiento profesional, lo que refleja el mismo número preocupante que en 2022; acoge con satisfacción que el Tribunal haya adoptado varias medidas para reducir el riesgo de agotamiento profesional mediante la introducción de un programa de bienestar completo, la oferta de formación sobre resiliencia, la publicación y la aplicación de directrices sobre la reincorporación al trabajo tras una baja por enfermedad de larga duración, el mantenimiento de los primeros auxilios en salud mental y la prestación de apoyo financiero al personal para cubrir el coste de diez sesiones con un psicólogo de su elección;

37.Observa con satisfacción que, en 2023, el Tribunal superó de nuevo el objetivo de formación profesional de cinco días de formación no lingüística por año para los auditores (6,7 días), en consonancia con las recomendaciones de la Federación Internacional de Contables; toma nota, en particular, de la formación del personal del Tribunal sobre NextGenerationEU y el MRR;

38.Acoge con satisfacción la adopción de una nueva política en diciembre de 2022 destinada a garantizar un lugar de trabajo respetuoso y sin acoso, y que se centra en la prevención, la sensibilización y la detección precoz; destaca medidas como una presentación a todo el personal en enero de 2023 dedicada a mejorar la comprensión de la política, el despliegue de un formulario de información armonizado y la publicación del primer informe anual agregado sobre la aplicación de las políticas;

39.Se felicita por el Plan de Acción sobre Diversidad e Inclusión 2021‑2025 del Tribunal; toma nota con satisfacción de la organización de la tercera Semana de Sensibilización sobre la Discapacidad y de las iniciativas interinstitucionales para fomentar la inclusión; hace hincapié en los esfuerzos del Tribunal, incluida su encuesta sobre accesibilidad en el lugar de trabajo, la participación en el Premio del Defensor del Pueblo Europeo a la Buena Administración y la auditoría externa sobre accesibilidad de los edificios de conformidad con la legislación luxemburguesa de 2023 en materia de accesibilidad;

40.Hace hincapié en el papel fundamental del Tribunal como auditor externo independiente de la Unión y guardián de sus finanzas, que exige que el Tribunal defienda las normas más estrictas de integridad, profesionalidad y rendición de cuentas, y que sirva de institución modelo para inspirar confianza y credibilidad; recuerda que, de conformidad con el artículo 285 del TFUE, los miembros del Tribunal deben ejercer sus funciones con plena independencia y adherirse a los principios éticos más elevados, demostrando integridad, objetividad, conducta profesional, dignidad, compromiso y lealtad;

41.Acoge con satisfacción la actualización de las normas internas sobre la notificación de irregularidades graves (denuncia de irregularidades) con el fin de hacerlas más claras y detalladas y facilitar más información al personal; señala que en 2023 no se registró ningún caso de denuncia de irregularidades en el Tribunal; señala asimismo que, en 2023, el Tribunal inició el proceso de actualización de sus normas relativas a las investigaciones administrativas y los procedimientos disciplinarios, finalizado a principios de 2024;

42.Señala que, en 2023, el Tribunal organizó tres actos de formación dedicados específicamente a la ética, que atrajeron a sesenta participantes; tiene en cuenta que los cursos sobre ética organizados por el Tribunal estaban disponibles para todo el personal, incluidos los directivos, y que los cursos estándar son obligatorios para los recién llegados y abarcan la ética pública y la política de lucha contra el acoso del Tribunal; lamenta que los cursos sobre ética no sean obligatorios para todo el personal de forma periódica;

43.Valora positivamente que el Tribunal haya organizado seis cursos de formación sobre fraude, incluido el fraude en la contratación pública, el fraude del IVA y el fraude relacionado con el MRR; acoge con satisfacción que, en junio de 2023, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) impartiera formación sobre la realización de entrevistas en casos de sospecha de fraude y corrupción; señala que, en noviembre de 2023, el Tribunal se sumó a la Fiscalía Europea y a la OLAF en la organización de un curso de dos días sobre el fraude en la contratación pública en la Unión;

44.Manifiesta su preocupación por la denuncia de los medios de comunicación de que una investigación de la Fiscalía Europea sobre el uso indebido de fondos por parte del antiguo presidente del Tribunal está actualmente bloqueada por la decisión del Tribunal de no suspender su inmunidad; pide al Tribunal que coopere plenamente con la Fiscalía Europea en cualquier investigación que pueda iniciar e informe sobre los motivos de la decisión de no suspender la inmunidad;

45.Pide al Tribunal que garantice que todos los miembros y el personal directivo hagan públicas las declaraciones de intereses económicos, regalos y hospitalidad en una base de datos pública en línea, en consonancia con las buenas prácticas de las normas de transparencia de la Unión;

46.Lamenta que el Tribunal no haya cooperado plenamente con la Fiscalía Europea al negarse a suspender la inmunidad de su expresidente y al denegar el acceso de la Fiscalía Europea a realizar un registro en sus locales en relación con una investigación sobre posibles irregularidades, lo que podría considerarse una injerencia en el correcto desarrollo de una investigación, según la Fiscalía Europea; recuerda que, como auditor externo de la Unión, el Tribunal está sujeto a los principios de rendición de cuentas, integridad y transparencia, así como al principio de cooperación leal mutua entre las instituciones de la Unión; pide al Tribunal que vele por que no se invoque la inmunidad para obstaculizar los procedimientos judiciales legítimos y que adopte todas las medidas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de la cooperación interinstitucional en la prevención e investigación del fraude;

47.Observa con preocupación que, según denuncias de los medios de comunicación, la Fiscalía Europea ha solicitado la suspensión de la inmunidad de varios miembros del personal del Tribunal en 2023 y que, hasta la fecha, el Tribunal ha denegado esta solicitud; subraya que, si bien la inmunidad sirve para proteger la independencia de las instituciones de la Unión, no debe utilizarse indebidamente para proteger a las personas físicas del control judicial legítimo; considera que las solicitudes de suspensión de la inmunidad solo deben denegarse en circunstancias excepcionales; pide al Tribunal que facilite a la autoridad de aprobación de la gestión una justificación detallada de su decisión en este caso, en la que se describan las preocupaciones jurídicas y procedimentales específicas que dieron lugar a la denegación, en su caso; insta asimismo al Tribunal a que mantenga un alto nivel de transparencia y rendición de cuentas en su cooperación con la Fiscalía Europea y otros organismos de la Unión responsables de la lucha contra el fraude y las conductas indebidas;

48.Observa que, en 2023, ni la OLAF ni el Defensor del Pueblo Europeo iniciaron ninguna investigación relacionada con el Tribunal;

49.Acoge con satisfacción el hecho de que, en 2024, el Tribunal, junto con el Tribunal de Justicia, invitó a la Comisión a participar en un diálogo interinstitucional con vistas a acordar unas normas comunes relativas al uso de vehículos oficiales, en consonancia con la observación incluida en las Resoluciones del Parlamento, de 11 de abril de 2022, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución de los presupuestos del Tribunal de Cuentas y del Tribunal de Justicia; hace hincapié en el llamamiento a todas las instituciones de la Unión para que acuerden un sistema único que se aplique horizontalmente, lo que reduciría la confusión y aumentaría la transparencia y la eficiencia en el uso de los fondos públicos; toma nota de que se creará un grupo de trabajo en el marco del Comité Preparatorio Interinstitucional sobre las Cuestiones Estatutarias; valora positivamente la disposición del Tribunal a adaptar las normas a las normas aplicables de la Comisión, pero reitera las críticas ya expresadas en anteriores resoluciones de aprobación de la gestión sobre la nueva decisión de 2022 relativa a los desplazamientos de los miembros, a las misiones y al uso de conductores y vehículos, que es contraria al principio general de que el uso del parque automovilístico fuera del estricto ejercicio de las funciones de los miembros del Tribunal no debe tener lugar bajo ninguna circunstancia;

50.Observa que, en 2023, el Servicio de Auditoría Interna del Tribunal formuló dieciséis recomendaciones de auditoría relacionadas con la ética, el portal de transparencia, los conflictos de intereses del personal, el Comité de Ética y los miembros del Tribunal; toma nota de que cinco de las dieciséis recomendaciones se habían completado a 30 de julio de 2024, ocho se completarán antes de que finalice 2024 y se ha retrasado la finalización de las tres recomendaciones restantes;

51.Acoge con satisfacción la ampliación del alcance de la información publicada sobre las misiones de los miembros, pero recuerda la solicitud del Parlamento de facilitar información sobre las misiones durante todo el mandato de los miembros; se felicita por la revisión del Código de conducta de los miembros, que prohíbe a los miembros ocupar cualquier cargo honorario en una organización política, en aplicación de la solicitud del Parlamento de que los miembros no tengan vínculos políticos formalizados; toma nota de que las conclusiones del informe de auditoría interna sobre ética debían haberse comunicado a la presidenta del Parlamento y al presidente de la Comisión de Control Presupuestario en el tercer trimestre de 2024, y pide al Tribunal que comparta el informe completo con la Comisión de Control Presupuestario; pide al Tribunal que publique las decisiones de recusación en los casos en que los miembros o el personal declaren conflictos de intereses, garantizando una mayor transparencia en el proceso de auditoría;

52.Observa que todos los miembros del Tribunal tienen su residencia principal en Luxemburgo, tal como exige el artículo 10 del Código de conducta aplicable a los miembros y a los antiguos miembros del Tribunal de Cuentas;

53.Acoge con satisfacción que el Tribunal haya revisado su política sobre el acceso público a los documentos, reflejando la evolución de la jurisprudencia europea, y que haya simplificado el procedimiento para tramitar las solicitudes de acceso a los documentos y las solicitudes confirmatorias; recuerda que la aplicación del principio escandinavo de acceso público a los registros oficiales en la Unión era una condición previa para la adhesión de algunos Estados miembros a la Unión, y subraya que su incumplimiento sería perjudicial para la reputación de la Unión como comunidad basada en el Estado de Derecho;

54.Lamenta que en el sitio web del Tribunal no esté disponible una lista anual de los contratos suscritos en 2023 que superan el umbral establecido en la Directiva (más de 140 000 EUR para contratos de servicios o suministros y más de 5 382 000 EUR para contratos de obras); pide al Tribunal que publique esa lista en un documento separado sin demora indebida y que garantice un fácil acceso al mismo;

55.Valora positivamente y espera con gran interés la consolidación por parte del Tribunal de todas las normas internas de la estrategia de lucha contra el fraude en un único documento conjunto;

56.Sigue rechazando la lógica del Tribunal en su decisión de no adherirse al Registro de transparencia, ya que no tiene un interés particular en influir en la toma de decisiones, más allá de proporcionar datos e información objetiva sobre los programas de la Unión; observa que todos los informes del Tribunal están públicamente disponibles y se someten a un riguroso procedimiento de aclaración con las entidades auditadas; reitera su firme llamamiento para que el Tribunal se una al Registro de transparencia de la Unión con el fin de adherirse a los principios básicos de transparencia, sin que se cree al mismo tiempo ningún obstáculo a la plena independencia del Tribunal;

57.Anima encarecidamente al Tribunal a que reconsidere su posición en relación con el Registro de transparencia de la Unión establecido por el Acuerdo Interinstitucional, de 20 de mayo de 2021, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre un Registro de transparencia obligatorio;

58.Acoge con satisfacción los importantes progresos realizados en 2023 en la creación del ecosistema de gestión de documentos, a saber, la entrega y la aplicación mediante procesos concretos de aprobación de documentos tanto de la nueva firma electrónica como del módulo de aprobación básica PASS (Process to Approve, Sign and Send documents —proceso de solicitud, firma y envío de documentos—); anima al Tribunal a que siga persiguiendo sus objetivos de digitalizar los flujos de trabajo de revisión y aprobación y de mejorar su eficiencia;

59.Observa que el Tribunal siguió participando activamente en el grupo sobre tecnologías emergentes del Comité interinstitucional para la transformación digital; que el DATA team (datos y tecnología para la auditoría), establecido en 2021 siguió trabajando en la aplicación del plan de desarrollo para un mejor uso de la tecnología en apoyo de los objetivos de auditoría del Tribunal; toma nota, en particular, de la preparación de un análisis de las oportunidades y los retos de la IA para el Tribunal y su trabajo de auditoría; recuerda la importancia de mejorar la digitalización del trabajo de auditoría; acoge con satisfacción todos los esfuerzos que sigue realizando el Tribunal en este sentido, teniendo en cuenta que la digitalización, combinada con el aumento del número de visitas sobre el terreno, puede definir un sistema de trabajo de auditoría eficaz y preciso;

60.Felicita al Tribunal por avanzar satisfactoriamente durante los dos últimos años en la aplicación de su plan de ciberseguridad para el período 2022‑2024; observa que se han completado siete de las tareas de alta prioridad, seis están en curso y una está en suspenso; observa asimismo que dos de las tareas de prioridad media se han completado, cuatro están en curso y tres aún no se han iniciado;

61.Valora positivamente que las siguientes tareas se encuentren entre las ya completadas:

1.la implantación de una solución EDR en los nodos finales y la adopción de una solución XDR basada en la nube que correlacione la telemetría enviada por los agentes EDR con datos sobre amenazas procedentes de diversas fuentes para detectar indicadores de compromiso;

2.una renovación de la arquitectura y la configuración de la plataforma SIEM, que ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad del sistema, junto con fuentes adicionales de registros que se han añadido para mejorar el seguimiento de la seguridad del entorno informático;

3.la sustitución de los dispositivos VPN para el acceso remoto por un servicio SASE de confianza cero basado en la nube, que reduce la superficie de ataque y permite un acceso remoto individualizado a las aplicaciones;

4.el refuerzo de la protección contra las amenazas por correo electrónico permitiendo nuevas funciones en los filtros de seguridad de los correos electrónicos que facilitan una mejor detección de los correos electrónicos no deseados y los archivos adjuntos malintencionados;

5.la realización de pruebas de penetración en los departamentos del Tribunal expuestos a internet;

6.la implantación de una herramienta informática para proteger la confidencialidad de la información delicada transmitida en archivos compartidos;

62.Insta al Tribunal a que desarrolle un marco de auditoría de ciberseguridad para las instituciones y agencias de la Unión que garantice unas normas de seguridad armonizadas y medidas de resiliencia frente a las ciberamenazas;

63.Toma nota con satisfacción de que el Tribunal lleva a cabo al menos tres ejercicios simulados de captación ilegítima de datos confidenciales (phishing) al año con el objetivo de sensibilizar a los usuarios sobre esta ciberamenaza; señala asimismo que el Tribunal lleva a cabo una evaluación exhaustiva de los riesgos para la ciberseguridad cada tres años; sugiere al Tribunal que organice periódicamente una formación obligatoria para todo el personal sobre ciberamenazas, incluidas buenas prácticas para un uso seguro de la IA;

64.Constata con alivio que no hubo rastro de exfiltración de datos ni movimiento lateral del intruso a otros sistemas informáticos del Tribunal durante el incidente de ciberseguridad de julio de 2023, durante el cual una de las pasarelas de seguridad perimetrales se vio comprometida por la explotación de una vulnerabilidad del software; observa que el proveedor del software dio a conocer la vulnerabilidad de los programas informáticos tan solo dos días antes del incidente;

65.Elogia la labor del Equipo de respuesta a emergencias informáticas de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea (CERT‑EU), que notificó el incidente al Tribunal, ayudó a investigar su alcance y llevó a cabo el análisis forense; toma nota de que, tras el incidente, el Tribunal ha restablecido una copia de seguridad limpia del sistema y ha aplicado una actualización del software que ha reparado las vulnerabilidades explotadas por el atacante; señala asimismo que, en las semanas siguientes, el Tribunal aplicó gradualmente varias medidas preventivas adicionales recomendadas por el CERT‑EU a los dispositivos con el fin de garantizar la erradicación de todo posible rastro no detectado del software malicioso;

66.Observa con satisfacción que el Tribunal revisó y actualizó su plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad en 2023 y creó un formulario para registrar estos incidentes en la herramienta de gestión de servicios informáticos; destaca que el formulario tuvo en cuenta las lecciones extraídas del incidente de julio de 2023, dado que se diseñó para recopilar toda la información que podría ser útil para gestionar un incidente de ciberseguridad;

67.Observa que, en 2023, se finalizaron las obras para actualizar las instalaciones técnicas en todas las plantas del edificio K2 y optimizar el uso de los espacios comunes; toma nota de que el Tribunal ha comprometido 6 445 635,82 EUR con cargo a un presupuesto total de 6 902 185,54 EUR; felicita al Tribunal por no superar el presupuesto estimado; pide a otras instituciones de la Unión que sigan la gestión presupuestaria ejemplar del Tribunal;

68.Valora positivamente el hecho de que, en febrero de 2023, se presentaron los resultados de una auditoría de la accesibilidad de todos los edificios del Tribunal para satisfacer las necesidades de las personas con movilidad reducida u otras discapacidades, realizada por un consultor externo; observa que la auditoría abarcó los tres edificios, los espacios comunes, los aparcamientos y otros espacios; es consciente de que las medidas propuestas se están revisando y normalmente serían objeto de un proyecto específico, pero su ejecución dependerá en gran medida de la disponibilidad presupuestaria;

69.Observa que, en 2023, el Tribunal invirtió gran parte de su esfuerzo de reducción del impacto ambiental en medidas de ahorro energético, como la sustitución de las bombillas tradicionales por LED, la reducción del número de horas de ventilación y la renovación de determinados sistemas técnicos en sus edificios; constata, además, que el Tribunal introdujo medidas especiales de ahorro energético en el verano de 2023, que redujeron el consumo de electricidad en un 12 % en comparación con el verano de 2022, lo que generó un ahorro de 26 976 EUR;

70.Toma nota de que, en 2023, el Tribunal firmó un acuerdo con las autoridades luxemburguesas para establecer un plan de movilidad; espera con interés las novedades sobre esta iniciativa;

71.Destaca que, en 2023, los auditores del Tribunal pasaron 1 370 días en instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como en diversas organizaciones internacionales y empresas de auditoría privadas, frente a 945 días en 2022;

72.Pide que se formalice un diálogo interinstitucional anual entre el Tribunal, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de Control Presupuestario, garantizando un seguimiento sistemático de los resultados de las auditorías y una mejor supervisión del gasto de la Unión;

73.Recuerda una vez más que la cooperación efectiva entre el Tribunal y la Comisión seguirá siendo limitada a menos que la Comisión adopte la metodología del Tribunal para evaluar los porcentajes de error, que se basa en una evaluación independiente y exhaustiva de todas las infracciones de las normas, a diferencia del planteamiento de la Comisión, centrado en los errores recuperables;

74.Acoge con satisfacción que el Tribunal coopere estrechamente tanto con la OLAF como con la Fiscalía Europea, también mediante la organización de talleres, actos de sensibilización e intercambio de conocimientos y experiencias; observa, además, que en 2023 el Tribunal remitió veinte casos de presunto fraude a la OLAF y diecisiete casos a la Fiscalía Europea; hace hincapié en su posición de que todas las sospechas de fraude deben remitirse de inmediato a la OLAF y a la Fiscalía Europea para una investigación exhaustiva;

75.Pide al Tribunal que establezca un mecanismo estructurado de colaboración con la OLAF y la Fiscalía Europea en materia de detección del fraude, incluidos acuerdos de intercambio de datos en tiempo real y un enfoque conjunto de auditoría para los ámbitos de financiación de la Unión de alto riesgo;

76.Está convencido de que un único sistema informático integrado para la prospección de datos y la puntuación de riesgos podría ser una fuente de datos valiosa, que permitiría al Tribunal, a la OLAF y a la Fiscalía Europea reforzar sus esfuerzos de auditoría y control; subraya que debe facilitarse un acceso ilimitado a dicho sistema y a los datos que contiene, que no debe imponerse ninguna restricción injustificada a dicho acceso y que la exploración y el uso de otras herramientas digitales y tecnologías emergentes deben permitirse inmediatamente como parte de las auditorías del Tribunal;

77.Lamenta que, a pesar de la mejora del acceso a los documentos y a la información del BEI, el Tribunal carezca de mandato para auditar operaciones financiadas con fondos propios del BEI; pide que se conceda este mandato al Tribunal, dada la misión del BEI de perseguir los objetivos de la Unión y su creciente relevancia en el panorama económico y político de la Unión, que va más allá de la utilización del presupuesto de la Unión para garantizar sus operaciones; destaca el Informe Especial n.º 05/2023 del Tribunal, titulado «El panorama financiero de la UE: un mosaico que exige un mayor grado de simplificación y de rendición de cuentas», en el que el Tribunal defiende que se establezcan mandatos de auditoría pública para todos los tipos de financiación de las políticas de la UE;

78.Observa que, en 2023, el Tribunal presentó veintinueve informes especiales, un análisis y un dictamen a veintidós comités y grupos de trabajo diferentes del Consejo; señala, además, que ese mismo año representantes del Tribunal participaron en veintitrés reuniones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Unión para los ejercicios 2021 y 2022;

79.Observa con satisfacción que los miembros y la dirección del Tribunal demostraron un compromiso activo en 2023, ya que presentaron su trabajo en 120 reuniones con Gobiernos nacionales y organismos gubernamentales de veinticinco Estados miembros, la mayoría de las cuales contaron con la participación de ministros o ministerios de Hacienda; constata asimismo que, ese mismo año, los miembros y el personal del Tribunal presentaron su trabajo en 91 reuniones con Parlamentos nacionales o regionales de diecinueve Estados miembros, principalmente a través de sus comisiones de asuntos presupuestarios, económicos, europeos o de auditoría; insta al Tribunal a que intensifique su cooperación con los Gobiernos de aquellos países con porcentajes de error más elevados, fomentando un mayor diálogo y colaboración con el fin de abordar estas cuestiones de manera eficaz;

80.Observa que, en 2023, el presupuesto asignado a las actividades de comunicación y promoción del Tribunal ascendió a 225 000 EUR, con un porcentaje de utilización del 81,13 % (182 549,84 EUR); constata que la mayor parte del presupuesto se destinó a servicios de seguimiento de medios de comunicación (81 650 EUR) y a actividades de prensa (12 348 EUR), seguida del gasto en relaciones con partes interesadas, que incluyó fundamentalmente el coste de una plataforma de información política (57 891 EUR), actividades de comunicación (28 002,88 EUR), redes sociales (1 486,52 EUR) y publicaciones (1 171,44 EUR);

81.Apoya con firmeza la creciente estrategia de medios de comunicación del Tribunal, que dio lugar a un número sin precedentes (más de 22 000) de artículos de prensa relacionados con sus informes de auditoría, otras publicaciones o el Tribunal en general, lo que confirma la tendencia al alza en la cobertura observada en los últimos años (20 000 en 2022 y 18 000 en 2021); destaca que las casi 54 000 publicaciones en las redes sociales muestran que prosigue el crecimiento orgánico, con cifras atípicas en 2022 (110 000 en 2022 y 49 000 en 2021);

82.Acoge con satisfacción que, en 2023, el Tribunal publicara cuarenta y cinco comunicados de prensa en veinticuatro lenguas de la Unión, así como varias notas informativas, convocatorias de prensa y audios de declaraciones listos para su uso en algunas lenguas; señala, además, que el Tribunal celebró veintiuna conferencias de prensa en línea, así como otras seis específicas para determinados países sobre el informe anual; subraya que, en total, las conferencias de prensa del Tribunal atrajeron a 590 periodistas, la mayoría de los cuales representaban a los principales medios de comunicación nacionales de los Estados miembros;

83.Observa con satisfacción que, en 2023, el Tribunal puso en marcha un nuevo sitio web, que recibió más de un millón y medio de visitas, con alrededor de 700 000 visitantes únicos, lo que representa un aumento de más del 14 % en comparación con 2022; celebra que, a finales de 2023, las tres principales cuentas del Tribunal en medios sociales —X (antes Twitter), LinkedIn y Facebook— habían atraído a más de 48 000 seguidores, frente a 45 000 en 2022 y 39 000 en 2021;

84.Valora muy positivamente que el Tribunal evalúe la probable utilidad e impacto de su trabajo a través de la percepción que tienen los lectores de sus informes en el Parlamento, el Consejo, la Comisión, las agencias de la Unión, las representaciones permanentes, agencias y entidades fiscalizadoras superiores de los Estados miembros, las ONG, las instituciones académicas, los medios de comunicación y otras partes interesadas; señala, en este sentido, que, desde 2018, el Tribunal ha llevado a cabo encuestas electrónicas anonimizadas para pedir a sus lectores que aporten su opinión cualitativa sobre una selección de informes y formulen sugerencias generales sobre su trabajo; destaca que, en 2023, el 85 % de los aproximadamente 1 060 encuestados consideró que los informes del Tribunal eran útiles para su trabajo y el 78 % reconoció su impacto.