1.Insiste en que, en un mundo en rápida transformación en el que, con razón, las personas esperan más de la Unión y su presupuesto y en el que la Unión se enfrenta a un número cada vez mayor de crisis, el próximo MFP debe dotarse de mayores recursos que durante el período 2021-2027, alejándose del nivel históricamente restrictivo y autoimpuesto del 1 % de la renta nacional bruta;

2.Subraya que el próximo MFP debe centrarse en la financiación de bienes públicos europeos con un valor añadido perceptible en comparación con el gasto nacional; destaca la necesidad de mejorar las sinergias y la coordinación entre el gasto de la Unión y el nacional; hace hincapié en que el gasto tendrá que hacer frente a retos importantes, como el retorno de guerras a gran escala en la vecindad de la Unión, un panorama económico y social sumamente complejo, una brecha de competitividad y la intensificación de las crisis climáticas y de la biodiversidad;

3.Considera que el enfoque de «un único plan nacional por Estado miembro» previsto por la Comisión, con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como modelo, no puede constituir la base para el gasto en régimen gestión compartida a partir de 2027; subraya que el diseño del gasto en régimen de gestión compartida en el marco del próximo MFP debe salvaguardar plenamente las funciones del Parlamento como legislador y autoridad presupuestaria y de aprobación de la gestión, y debe concebirse y ejecutarse mediante una estrecha colaboración con las autoridades regionales y locales y todas las partes interesadas pertinentes;

4.Pide que el próximo MFP siga apoyando la cohesión económica, social y territorial con el fin de contribuir a una Unión cohesionada, fortalecer el mercado único, promover la convergencia y reducir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social;

5.Considera que la idea de un fondo de competitividad global que combine los programas existentes, tal como prevé la Comisión, no es adecuada para su finalidad; destaca que, en su lugar, el Fondo debe ser un nuevo instrumento que aproveche un conjunto de herramientas de financiación basado en las lecciones aprendidas de InvestEU y el Fondo de Innovación y que complemente los programas existentes de gran éxito;

6.Hace hincapié en que, sobre todo a la luz de la retirada de los Estados Unidos de su papel de garante mundial de la paz y la seguridad, existe una clara necesidad de avanzar hacia una auténtica Unión de Defensa, con el apoyo del próximo MFP a un enfoque global en materia de seguridad mediante un aumento de la inversión; subraya que el gasto en defensa no puede ir en detrimento de la inversión a largo plazo en la cohesión económica, social y territorial de la Unión ni conducir a una reducción de la misma;

7.Pide una verdadera simplificación para los beneficiarios finales evitando que haya programas con objetivos que se solapen, criterios de admisibilidad divergentes y normas diferentes sobre las disposiciones horizontales; subraya que una simplificación no puede suponer un mayor margen de maniobra para la Comisión sin los controles y equilibrios necesarios, por lo que esta debe lograrse en pleno respeto del equilibrio institucional previsto en los Tratados;

8.Insiste en la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta a las crisis integrada en el próximo MFP y de dejar suficiente margen en cada rúbrica; destaca que, junto a la predictibilidad de la inversión, los programas de gasto deben mantener una reserva de flexibilidad integrada sustancial, con una asignación para objetivos políticos específicos que decidirá la autoridad presupuestaria; subraya que la flexibilidad de la ayuda humanitaria debe restringirse; considera que el MFP posterior a 2027 debe incluir dos instrumentos especiales: uno dedicado a garantizar la solidaridad en caso de catástrofes naturales y otro a la respuesta a las crisis de uso general;

9.Destaca que el cumplimiento de los valores de la Unión y los derechos fundamentales es un requisito previo esencial para acceder a los fondos de la Unión; insiste en que se proteja el presupuesto de la Unión contra el uso indebido, el fraude y las violaciones del principio del Estado de Derecho, y pide un vínculo más estrecho entre el Estado de Derecho y el presupuesto de la Unión posterior a 2027;

10.Subraya que el reembolso de los empréstitos de NextGenerationEU no debe poner en peligro la financiación de las políticas y prioridades de la Unión; destaca, por tanto, que todos los costes relacionados con los empréstitos respaldados por el presupuesto de la Unión o el margen de maniobra presupuestario deben tratarse de forma diferenciada de los créditos para programas de la Unión dentro de la futura arquitectura del MFP;

11.Pide al Consejo que adopte nuevos recursos propios con carácter de urgencia para poder rembolsar los empréstitos del NextGenerationEU de manera sostenible; destaca que unos nuevos recursos propios genuinos, más allá del acuerdo internacional, son esenciales para satisfacer las mayores necesidades de gasto de la Unión; considera que deben explorarse todos los instrumentos y herramientas para dotar a la Unión de los recursos necesarios y opina, a este respecto, que los empréstitos conjuntos representan una opción viable para garantizar que la Unión disponga de recursos suficientes para responder a crisis severas a escala de la Unión, como la actual crisis en el ámbito de la seguridad y la defensa;

12.Manifiesta su disposición a trabajar de manera constructiva con el Consejo y la Comisión para elaborar un presupuesto a largo plazo que responda a las necesidades de la Unión; destaca que el MFP posterior a 2027 se ha concebido en un contexto nada convencional y se toma en serio su papel institucional consagrado en los Tratados; insiste en que solo aprobará un presupuesto a largo plazo que sea adecuado para la Unión en un mundo cambiante y pide la rápida adopción del MFP para permitir la ejecución a su debido tiempo de los programas de gasto a partir del 1 de enero de 2028;

13.Considera que, a la vista de los retos estructurales a los que se enfrenta la Unión, el MFP posterior a 2027 debe ajustar su enfoque del gasto para garantizar que la Unión pueda cumplir los objetivos políticos estratégicos que se detallan a continuación;

14.Muestra su convencimiento respecto a que impulsar la competitividad, descarbonizar la economía y mejorar la capacidad de innovación de la Unión son prioridades fundamentales para el MFP posterior a 2027 y son vitales para garantizar un crecimiento sostenible e inclusivo a largo plazo y una economía y una sociedad más resilientes y prósperas;

15.Considera que la Unión debe desarrollar un marco de competitividad acorde con sus propios valores y objetivos políticos y que la competitividad no solo debe impulsar el crecimiento económico, sino también la cohesión social, económica y territorial y la sostenibilidad medioambiental tal y como señalan los informes Letta y Draghi;

16.Subraya que, como exponen los informes Letta y Draghi, la economía y el modelo social europeos están sometidos a una fuerte presión, ya que el déficit de productividad, competitividad y capacidades repercute en la calidad del empleo y en el nivel de vida de la ciudadanía europea, que ya se enfrenta a elevados precios de la vivienda, la energía y los alimentos; expresa su preocupación por el hecho de que la falta de oportunidades de empleo y el elevado coste de la vida aumenten el riesgo de fuga de cerebros en Europa;

17.Señala que Draghi sitúa el déficit anual de inversión en innovación e infraestructuras en 750‑800 000 000 000 EUR anuales entre 2025 y 2030; subraya que el presupuesto de la Unión debe desempeñar un papel fundamental, pero no puede cubrir este déficit por sí solo, y que la mayor parte del esfuerzo deberá proceder del sector privado; destaca la necesidad de aprovechar las sinergias entre la inversión pública y la privada, en particular simplificando y armonizando la arquitectura de inversión de la Unión;

18.Hace hincapié en que el presupuesto de la Unión debe coordinarse cuidadosamente con el gasto nacional para garantizar la complementariedad y debe planificarse de manera que pueda movilizar e impulsar la inversión privada y reducir los riesgos de manera eficaz, permitiendo a las empresas emergentes y a las pymes acceder más fácilmente a los fondos; pide, por tanto, que en el próximo MFP se refuercen significativamente programas como InvestEU, que garantiza la adicionalidad y sigue un enfoque basado en el mercado y orientado a la demanda; considera que los instrumentos financieros y las garantías presupuestarias constituyen una utilización eficaz de los recursos para alcanzar los objetivos políticos críticos de la Unión y pide que se simplifiquen aún más;

19.Insiste en que deben redoblarse los esfuerzos por maximizar el potencial del papel del Grupo del Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI) —junto con otras instituciones financieras internacionales y nacionales— en la concesión de préstamos y los servicios de reducción de riesgos en ámbitos políticos estratégicos, como los proyectos climáticos y, en última instancia, los proyectos en el ámbito de la seguridad y la defensa; pide una mayor propensión al riesgo y ambición por parte del Grupo BEI para atraer inversiones, sobre la base de una sólida posición de capital, y una asociación de inversión reforzada para garantizar que cada euro gastado a escala de la Unión se utilice de la manera más eficaz;

20.Subraya que la financiación de la investigación y la innovación, inclusive del apoyo a la investigación básica, debe incrementarse significativamente, centrarse en las prioridades estratégicas de la Unión y seguir guiándose por el principio de excelencia basándose en el mérito; considera que debe haber recursos suficientes en todo el MFP y a escala nacional para financiar todos los proyectos de alta calidad a lo largo del ciclo de innovación y alcanzar el objetivo de dedicar un 3 % del PIB a la investigación y al desarrollo de aquí a 2030;

21.Subraya que el próximo MFP, basándose en el Mecanismo «Conectar Europa» actual, debe incluir una financiación mucho mayor para la energía, el transporte y las infraestructuras digitales que esté gestionada directamente y que priorice las conexiones transfronterizas y nacionales con valor añadido europeo; considera que reforzar esta infraestructura es una condición previa absolutamente necesaria para fortalecer el mercado único y reforzar la resiliencia de la Unión en un orden geopolítico cambiante;

22.Señala que un sector espacial seguro y robusto es fundamental para la autonomía y la soberanía de la Unión y, por tanto, necesita una inversión sostenida;

23.Subraya que una economía más competitiva, productiva y socialmente inclusiva contribuye a generar empleos de alta calidad y bien remunerados, mejorando así el nivel de vida de las personas; hace hincapié en que, a través de programas como el Fondo Social Europeo+ y Erasmus+, el presupuesto de la Unión puede desempeñar un papel importante en el apoyo a los sistemas de educación y formación, promoviendo la inclusión social e impulsando la adaptabilidad de la mano de obra mediante el reciclaje profesional y la mejora de las capacidades, y preparando así a las personas para el empleo en una economía moderna;

24.Insiste en que el presupuesto de la Unión debe seguir apoyando importantes sectores económicos que creen puestos de empleo en los que la Unión ya es líder mundial, como el turismo y las industrias culturales y creativas; subraya la necesidad de una financiación específica para el turismo, por ejemplo para aplicar la estrategia de la Unión en materia de turismo sostenible, en el presupuesto de la Unión posterior a 2027; señala la importancia de Europa Creativa para contribuir a la diversidad y la competitividad de Europa y para promover sociedades dinámicas;

25.Subraya que, para competir con otros grandes actores mundiales, la economía europea también debe ser más competitiva y resiliente por el lado de la oferta, invirtiendo más en la autonomía estratégica abierta de la Unión a través de una política industrial reforzada y centrándose en sectores estratégicos, la eficiencia de los recursos y las tecnologías críticas para reducir la dependencia de terceros países;

26.Considera que, a la luz de lo mencionado anteriormente, la idea de un fondo de competitividad global que combine los programas existentes, tal como prevé la Comisión, no es adecuada para su finalidad; destaca que, en su lugar, el Fondo debe ser un nuevo instrumento que aproveche un conjunto de herramientas de financiación basado en las lecciones aprendidas de InvestEU y del Fondo de Innovación; recuerda que, de conformidad con el artículo 182 del TFUE, la Unión debe adoptar un programa marco de investigación;

27.Señala que, en la Comunicación de la Comisión sobre la Brújula para la Competitividad, la Comisión sostiene que debe crearse un nuevo instrumento de coordinación de la competitividad con el fin de armonizar mejor las políticas industriales y de investigación y las inversiones entre los niveles nacional y de la Unión; observa que la nueva herramienta propuesta está prevista como parte de un nuevo mecanismo de dirección sencillo diseñado para reforzar el nexo entre la coordinación general de las políticas y el presupuesto de la Unión; insiste en que el Parlamento debe desempeñar un papel de toma de decisiones completo en ambos mecanismos;

28.Hace hincapié en que la seguridad alimentaria es un componente esencial de la autonomía estratégica y en que el próximo MFP debe seguir apoyando la competitividad y la resiliencia de los sectores agrícola y pesquero de la Unión —en especial a los pequeños y jóvenes agricultores y pescadores— y ayudarlos a proteger mejor el clima y la biodiversidad, así como los mares y los océanos; destaca que una política agrícola común moderna y simplificada es crucial para aumentar la productividad mediante el progreso técnico, garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores, velar por la seguridad alimentaria y la producción de alimentos seguros, de alta calidad y asequibles para los europeos, fomentar el relevo generacional y garantizar la viabilidad de las zonas rurales;

29.Señala que el sector agrícola es especialmente vulnerable a las perturbaciones inflacionistas que afectan al poder adquisitivo de los agricultores; pide un presupuesto mayor y específico para la PAC en el próximo MFP, protegiéndola de posibles recortes, con el fin de mantener su integridad y su carácter común, así como la coherencia y la interconexión entre su primer y segundo pilar, y se opone, por tanto, a la idea de integrar la PAC en un único fondo para cada Estado miembro; pide que se exploren fuentes de financiación adicionales específicas cuando proceda, también fuera de la PAC, con el fin de hacer frente a las catástrofes naturales y ofrecer incentivos a los agricultores y silvicultores para que contribuyan a la mitigación del cambio climático, la recuperación de la biodiversidad y la protección de la naturaleza, sin que las medidas provoquen una regresión de la producción agrícola de la Unión;

30.Destaca que los nuevos retos mundiales a los que se enfrentan los agricultores de la Unión, incluida la actual situación geopolítica, el cambio climático y el aumento de los precios de los insumos, requieren una buena asignación financiera en la próxima PAC; hace hincapié en que, para hacer frente a estos retos, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de la crisis provocada por la COVID‑19, y para evitar reducciones del apoyo a los agricultores, la PAC necesita urgentemente un aumento del presupuesto en el próximo MFP indexado a la inflación mediante una reevaluación anual; subraya, a este respecto, que los pagos directos en la forma actual generan un claro valor añadido de la Unión y deben seguir reforzando la seguridad de los ingresos, la producción y la protección contra la volatilidad de los precios, centrándose mejor en las personas que participan activamente en la producción agrícola y el suministro de bienes públicos, respetando al mismo tiempo unas normas medioambientales y sociales de la Unión realistas y equilibradas; solicita una distribución justa y eficiente de las ayudas de la PAC dentro de los Estados miembros y entre estos; pide la continuación y el refuerzo de las medidas que mantienen la producción en las zonas vulnerables y garantizan la viabilidad de las comunidades rurales y la adecuación de las infraestructuras públicas, concretamente en lo que respecta a la digitalización y, en particular, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y la participación renovada de los entes locales y regionales en la gestión de dichas medidas; subraya la necesidad de aumentar y reformar la reserva agrícola con el fin de responder con eficacia y rapidez a futuras crisis a las que el sector agrícola europeo tendrá que hacer frente, y de establecer nuevos instrumentos para gestionar los riesgos naturales, de mercado y sanitarios, como un sistema de reaseguro de la Unión para mitigar mejor los efectos de futuras crisis y proporcionar una mayor estabilidad a los agricultores; hace hincapié en que deben encontrarse soluciones específicas para los agricultores de Europa oriental que se ven más afectados por los efectos en cascada de la guerra de Rusia contra Ucrania, como los elevados precios de los insumos, la inflación y las perturbaciones del mercado; insta a la Comisión a que siga estableciendo el marco financiero y jurídico necesario para la cadena de suministro alimentario con el fin de reforzar la posición de los agricultores y luchar mejor contra las prácticas comerciales desleales; pide a la Comisión que apoye a los agricultores de la Unión promoviendo los productos agroalimentarios dentro y fuera de la Unión a través de una política de promoción europea dinámica y más fuerte; lamenta los recortes realizados en la financiación del programa de promoción de los productos agrícolas durante la revisión del actual marco financiero plurianual; hace hincapié en que el próximo MFP debe incluir fondos específicos para el agroturismo, el emprendimiento femenino, la formación profesional y la innovación tecnológica en la agricultura;

31.Recuerda que la cohesión social, económica y territorial es una piedra angular de la integración europea y un elemento esencial para mantener a la Unión unida y fortalecer el mercado único; reafirma, a este respecto, la importancia del proceso de convergencia; subraya que una política de cohesión modernizada debe seguir un enfoque descentralizado, de base local y de gobernanza multinivel y construirse en torno al principio de gestión compartida y asociación, con la plena participación de las autoridades locales y regionales y las partes interesadas pertinentes y velando por que los recursos se destinen allá donde más se necesiten para reducir las disparidades regionales;

32.Subraya que la financiación de la política de cohesión debe abordar los principales retos a los que se enfrenta la Unión, como el cambio demográfico y la despoblación, y centrarse en las regiones y las personas más necesitadas; pide, además, que se mejore el acceso a la financiación de la Unión por parte de las ciudades, las regiones y los entes urbanos; recuerda que, de conformidad con el artículo 349 del TFUE, la Unión debe adoptar medidas específicas para las regiones ultraperiféricas y subraya, por tanto, la necesidad de un apoyo continuo y específico a estas regiones en el próximo MFP, también a través de un programa reforzado de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI);

33.Reitera la importancia de la dimensión social de la Unión Europea y de promover la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, su Plan de Acción y sus objetivos principales; hace hincapié en que, por tanto, el presupuesto de la Unión debe desempeñar un papel fundamental en la reducción de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, por ejemplo apoyando a los niños, las familias y los grupos vulnerables; recuerda que alrededor de 20 millones de niños en la Unión están en riesgo de pobreza y exclusión social; destaca que la lucha contra la pobreza infantil en toda la Unión requiere medidas globales e integradas apropiadamente financiadas, junto con la aplicación eficiente de la Garantía Infantil Europea a escala nacional; hace hincapié en que el Parlamento ha solicitado sistemáticamente un presupuesto específico en el marco del FSE+ para apoyar la Garantía Infantil como pilar central de la estrategia de la Unión contra la pobreza;

34.Destaca, a este respecto, la crisis de la vivienda que afecta a millones de familias y jóvenes de toda la Unión; subraya la necesidad de reforzar el apoyo a la vivienda a través del presupuesto de la Unión, en particular mediante la política de cohesión, y a través de otras fuentes de financiación, como el Grupo BEI y los bancos nacionales de fomento; reconoce que, si bien la financiación de la Unión no puede resolver por sí sola la crisis de la vivienda, puede desempeñar un papel crucial en la financiación de medidas urgentes y complementar los esfuerzos más amplios de la Unión y de los Estados miembros para mejorar la asequibilidad de la vivienda y mejorar la eficiencia energética del parque de viviendas;

35.Señala que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha tenido importantes consecuencias económicas y sociales, en particular en los Estados miembros que hacen frontera con Rusia y Bielorrusia; insiste en que el próximo MFP preste apoyo a estas regiones;

36.Destaca que las transiciones ecológica y digital están inextricablemente vinculadas a la competitividad, a la modernización de la economía y a la resiliencia de la sociedad y que actúan como fuerzas catalizadoras de una economía orientada al futuro y eficiente en el uso de los recursos; insiste, por tanto, en que el MFP posterior a 2027 debe seguir apoyando y acelerando aún más la doble transición;

37.Recuerda que la contribución del presupuesto de la Unión es esencial para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050, también mediante el apoyo a los objetivos para 2030 y 2040; subraya que la transición requerirá una descarbonización de la economía, en particular mediante el despliegue de tecnologías limpias, mejores infraestructuras energéticas y de transporte y viviendas más eficientes desde el punto de vista energético; observa que la Comisión estima que las necesidades de inversión adicional para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 se situarán en el 1,5 % del PIB al año en comparación con el período 2011‑2020 y que, si bien el presupuesto de la Unión por sí solo no puede cubrir el déficit, debe seguir siendo un contribuyente esencial; pide, por tanto, que se destine un mayor apoyo gestionado directamente a la protección del medio ambiente y de la biodiversidad y a la acción por el clima sobre la base del actual programa LIFE;

38.Subraya que la industria desempeñará un papel fundamental en la transición hacia las cero emisiones netas y el establecimiento de la Unión de la Energía, y que se necesitará apoyo para ayudar a algunos sectores industriales y a sus trabajadores a adaptarse; destaca la importancia de realizar una transición justa que no deje a nadie atrás, lo que requiere, entre otras cosas, inversiones en regiones que dependen en gran medida de los combustibles fósiles y un mayor apoyo a los hogares vulnerables, en particular a través del Fondo de Transición Justa y el Fondo Social para el Clima;

39.Señala el profundo cambio tecnológico en curso, ya que las tecnologías como la inteligencia artificial y la tecnología cuántica, por un lado, crean oportunidades nuevas en términos de potencial económico y liderazgo mundial de la Unión y mejoras en la vida de la ciudadanía y, por otro, plantean retos éticos, de fiabilidad y de soberanía; subraya que el próximo MFP debe respaldar la investigación sobre las tecnologías digitales y su desarrollo y aplicación seguros, así como ayudar a las personas a adquirir las capacidades que necesitan para trabajar con ellas y utilizarlas;

40.Recuerda que la paz y la seguridad son la base de la prosperidad, el modelo social y la competitividad de la Unión, así como un pilar vital de la posición geopolítica de la Unión; subraya que el próximo MFP debe apoyar un enfoque global de la seguridad invirtiendo mucho más en la protección de la Unión frente a las múltiples amenazas a las que se enfrenta;

41.Subraya que, como indica claramente el Informe Niinistö, existen múltiples amenazas que, al combinarse, aumentan la inestabilidad y la vulnerabilidad de la Unión como, por ejemplo, la fragmentación del orden mundial, la amenaza para la seguridad que plantean Rusia y Bielorrusia, las crecientes tensiones en todo el mundo, los agentes internacionales hostiles, la globalización de las redes delictivas, las campañas híbridas —que incluyen ciberataques, la manipulación de la información, la desinformación y la injerencia extranjeras y la instrumentalización de la migración—, los fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos causados por el cambio climático y las amenazas para la salud;

42.Señala que la Unión ha desempeñado un papel fundamental en la consecución de una paz duradera en su territorio y que debe seguir haciéndolo ajustándose a la realidad de la guerra que tiene a sus puertas y a la necesidad de reforzar enormemente la infraestructura, las capacidades y la preparación en materia de defensa —también mediante el presupuesto de la Unión—, yendo mucho más allá de la asignación actual de menos del 2 % del MFP;

43.Observa que las capacidades de defensa europeas llevan décadas sin recibir la financiación necesaria y que, según la Comisión, el déficit de gasto en defensa asciende actualmente a 500 000 000 000 EUR para la próxima década; subraya que el presupuesto de la Unión por sí solo no puede colmar el déficit, pero que tiene un importante papel que desempeñar al respecto en conjunto con los presupuestos nacionales y con hincapié en aportar un claro valor añadido de la Unión; considera que el presupuesto de la Unión y los préstamos concedidos a través del Grupo BEI pueden ayudar a incentivar la inversión en defensa; destaca que el gasto en defensa no debe ir en detrimento del gasto social y medioambiental, ni debe conducir a una reducción de la financiación de políticas tradicionales de la Unión que han demostrado su eficacia a lo largo del tiempo;

44.Subraya los méritos de los programas e instrumentos de defensa puestos en marcha durante el actual MFP, que han mejorado la investigación, la producción y la adquisición conjuntas en el ámbito de la defensa, proporcionando una base valiosa sobre la que consolidar las políticas e inversiones de la Unión;

45.Hace hincapié en que, dada la situación geopolítica, existe una clara necesidad de actuar y avanzar hacia una auténtica Unión de Defensa, en coordinación con la OTAN y en plena consonancia con los compromisos de neutralidad de los distintos Estados miembros; coincide, a este respecto, con el análisis de la Comisión de que el próximo MFP debe proporcionar un marco global y sólido en apoyo de la defensa de la Unión;

46.Subraya la importancia de contar con una base tecnológica e industrial de la defensa competitiva y resiliente; considera que una mayor inversión conjunta en defensa a escala de la Unión durante el próximo MFP, respaldada por una estructura de gobernanza clara y transparente, puede ayudar a evitar duplicaciones, generar economías de escala —lo que conllevaría ahorros significativos para los Estados miembros—, reducir la fragmentación y garantizar la interoperabilidad de los equipos y los sistemas; destaca la importancia de la tecnología en los sistemas de defensa modernos y, por tanto, de invertir en investigación, ciberdefensa y ciberseguridad y en productos de doble uso; señala la necesidad de dirigir el apoyo a la industria de la defensa dentro de la Unión para reforzar la autonomía estratégica, crear empleos de calidad y altamente cualificados, impulsar la innovación y generar oportunidades transfronterizas para las empresas de la Unión, incluidas las pymes;

47.Destaca la importancia de destinar mayor parte del presupuesto a la movilidad militar, que permite mejorar las infraestructuras de doble uso (para fines militares y civiles), posibilitando el desplazamiento a gran escala de equipamiento y personal militares con poca antelación y reforzando así las capacidades de defensa de la Unión y la seguridad colectiva; subraya, a este respecto, la importancia de la financiación de las redes transeuropeas de transporte para permitir su adaptación con fines de doble uso;

48.Hace hincapié en que la Unión debe aumentar la financiación para la preparación en todos los ámbitos; expresa su alarma ante el creciente impacto de las catástrofes naturales, que a menudo son el resultado del cambio climático, por lo que es probable que ocurran con mayor frecuencia e intensidad en el futuro; señala que, según el informe de evaluación europea del riesgo climático de 2024, las pérdidas económicas acumuladas derivadas de catástrofes naturales podrían alcanzar alrededor del 1,4 % del PIB de la Unión;

49.Subraya por tanto que, además de los esfuerzos por mitigar el cambio climático a través de la transición ecológica, se requieren inversiones significativas para adaptarse al cambio climático, en particular para evitar y reducir el impacto de las catástrofes naturales y los fenómenos meteorológicos graves; considera que el apoyo destinado a tal fin, por ejemplo a través del actual Mecanismo de Protección Civil de la Unión, debe incrementarse significativamente en el próximo MFP y ponerse rápidamente a disposición de las autoridades locales y regionales, que a menudo se encuentran en primera línea;

50.Hace hincapié en que las medidas de reconstrucción y recuperación tras las catástrofes naturales deben basarse en el enfoque de «reconstruir para mejorar» y dar prioridad a las soluciones basadas en la naturaleza; destaca la importancia de la gestión sostenible del agua y la seguridad y la resiliencia hídricas como parte de la estrategia general de preparación de la Unión;

51.Recuerda que la pandemia de COVID‑19 ha causado daños económicos y sociales en todo el mundo y que una lección clave de la experiencia es que es necesario priorizar la inversión en la preparación frente a, y la respuesta ante, las amenazas para la salud, en la investigación médica, en la prevención de enfermedades, en el acceso a medicinas críticas, en infraestructura sanitarias, en salud física y mental, y en la resiliencia y accesibilidad de los sistemas de sanidad pública de la Unión; reitera que la autonomía estratégica en materia de salud es fundamental para garantizar la preparación de la Unión en este ámbito;

52.Considera que el próximo MFP debe basarse en el trabajo realizado en el actual período de programación garantizando la inversión necesaria para construir una verdadera Unión Europea de la Salud que funcione para todos los ciudadanos;

53.Subraya que, con el desarrollo tecnológico, los agentes extranjeros malintencionados y oportunistas tienen mayor facilidad para difundir desinformación, incentivar el discurso de odio en línea, interferir en las elecciones y orquestar ciberataques contra los intereses de la Unión; insiste en que el próximo MFP debe invertir en la mejora de las capacidades de ciberseguridad y equipar a la Unión para luchar contra la guerra híbrida en sus diferentes formas;

54.Destaca que unos medios de comunicación libres, independientes y pluralistas deben considerarse un componente vital para la resiliencia de Europa al salvaguardar no solo el libre flujo de información, sino también una mentalidad democrática, el pensamiento crítico y la toma de decisiones con conocimiento de causa; señala la importancia de invertir en periodismo independiente y de investigación, iniciativas de verificación de datos, alfabetización digital y mediática y pensamiento crítico como protección contra la desinformación, la manipulación de la información y la injerencia electoral extranjeras como parte de la iniciativa del Escudo Europeo de la Democracia y, por tanto, para garantizar la resiliencia democrática; hace hincapié, por tanto, en la necesidad de mantener el apoyo presupuestario de la Unión a las iniciativas en estos ámbitos;

55.Subraya la importancia de seguir invirtiendo, en el próximo MFP, en la protección eficaz de las fronteras exteriores de la Unión; hace hincapié en la necesidad de luchar contra las redes delictivas transfronterizas y proteger mejor a las víctimas de las redes de trata de seres humanos, así como de reforzar la resiliencia y las capacidades de respuesta para hacer frente a los ataques híbridos y a la instrumentalización de la migración por parte de terceros países o agentes no estatales hostiles; destaca, en particular, la necesidad de apoyar a los Estados miembros situados en primera línea con el fin de proteger las fronteras exteriores de la Unión;

56.Subraya que la resiliencia y la preparación de la Unión están inextricablemente vinculadas a las de sus socios regionales y mundiales; hace hincapié en que el refuerzo de la capacidad de los socios para prevenir, resistir y responder eficazmente a fenómenos meteorológicos extremos, crisis sanitarias, campañas híbridas, ciberataques o conflictos armados también reduce el riesgo de efectos expansivos para Europa;

57.Insiste en que, en un contexto de creciente inestabilidad mundial, la Unión debe seguir colaborando constructivamente con terceros países y apoyar la paz y la prevención de conflictos, la estabilidad, la prosperidad, la seguridad, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la igualdad, la democracia y el desarrollo sostenible a escala mundial, en consonancia con sus valores de responsabilidad mundial y sus compromisos internacionales;

58.Lamenta que la acción exterior en el actual MFP haya recibido una financiación insuficiente, lo que se ha traducido en un recurso significativo a instrumentos especiales y a refuerzos sustanciales en la revisión intermedia; observa, en particular, que la financiación de la ayuda humanitaria ha sido lamentablemente inadecuada, lo que ha dado lugar a un uso rutinario de la Reserva para Ayudas de Emergencia;

59.Subraya que la renuncia de los Estados Unidos al papel mundial que desempeñaba desde la posguerra y que consistía en garantizar la paz, la seguridad y la democracia, liderar la gobernanza mundial en el orden internacional multilateral basado en normas y proporcionar ayuda esencial para el desarrollo y ayuda humanitaria a quienes más lo necesitan en todo el mundo dejará una enorme brecha y que la Unión tiene una responsabilidad y un interés estratégico abrumador en ayudar a colmar dicha brecha; pide a la Comisión que aborde las consecuencias de la renuncia de los Estados Unidos a más tardar en su propuesta para el MFP posterior a 2027;

60.Subraya que el próximo MFP debe seguir abordando los retos mundiales más acuciantes, desde la lucha contra el cambio climático hasta la prestación de ayuda en caso de catástrofes naturales, la prevención y la lucha contra los conflictos violentos y la garantía de la seguridad mundial, la protección de la seguridad alimentaria, la mejora de los sistemas sanitarios y educativos, la reducción de la pobreza y la desigualdad, la promoción de la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la justicia social y el impulso de la competitividad y la seguridad de las cadenas de suministro mundiales, respetando plenamente el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo; hace hincapié, en particular, en la necesidad de apoyar a los países vecinos meridionales y orientales de la Unión;

61.Destaca que, en especial a raíz de los drásticos recortes en el presupuesto de la USAID, el presupuesto debe defender el papel de la Unión como principal proveedor mundial de ayuda al desarrollo y financiación de la lucha contra el cambio climático, en consonancia con las obligaciones y compromisos globales de la Unión; recuerda, a este respecto, que la Unión y sus Estados miembros se han comprometido colectivamente a asignar el 0,7 % de su renta nacional bruta a la ayuda oficial al desarrollo y que la reducción de la pobreza debe seguir siendo su objetivo principal; reitera que el presupuesto debe seguir apoyando a la Unión en sus esfuerzos por defender el orden internacional basado en normas, la democracia, el multilateralismo, los derechos humanos y los valores fundamentales;

62.Insiste en que, dada la magnitud sin precedentes de las crisis humanitarias, los crecientes retos mundiales y la incertidumbre de la ayuda de los Estados Unidos con el Gobierno actual, la financiación de la ayuda humanitaria debe mejorarse significativamente y su uso debe seguir basándose únicamente en las necesidades y respetar los principios de neutralidad, independencia e imparcialidad; hace hincapié en que la naturaleza de la ayuda humanitaria basada en las necesidades requiere una financiación limitada proporcionada a través de un programa de gasto independiente, distinto de otra financiación de la acción exterior; subraya, además, que la prestación efectiva de ayuda humanitaria depende de la previsibilidad a través de una asignación anual de referencia suficiente;

63.Hace hincapié en que, por su propia naturaleza, la ayuda humanitaria requiere una flexibilidad y una capacidad de respuesta considerables; considera, por tanto, que, además de una cifra de referencia adecuada, la ayuda humanitaria requerirá una importante flexibilidad limitada en su diseño para permitir una respuesta eficaz a las crecientes crisis;

64.Hace hincapié en que, en un contexto en el que los agentes mundiales utilizan cada vez más la interdependencia comercial como medio de coerción económica, la Unión debe reforzar su capacidad para proteger y promover sus propios intereses estratégicos, desarrollar instrumentos más sólidos para contrarrestar la coerción y garantizar una auténtica reciprocidad en sus asociaciones; subraya que este enfoque requiere una asignación estratégica de la financiación exterior para apoyar, por ejemplo, las asociaciones económicas, de seguridad y energéticas que se ajusten a los valores e intereses estratégicos de la Unión;

65.Considera que la ampliación representa una oportunidad para reforzar la Unión como potencia geopolítica y que el próximo MFP es fundamental para preparar a la Unión para la ampliación y a los países candidatos para la adhesión; recuerda que la estabilidad, la seguridad y la resiliencia democrática de los países candidatos están inextricablemente vinculadas a las de la Unión y requieren una inversión estratégica sostenida, vinculada a las reformas, para apoyar su convergencia con las normas de la Unión; subraya el importante papel que desempeñan la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de ampliación;

66.Subraya la necesidad de un apoyo estratégico a la preadhesión, al crecimiento y a la inversión; opina que la ayuda para la preadhesión después de 2027 debe prestarse tanto en forma de subvenciones como de préstamos; considera, en este contexto, que el futuro marco debe permitir mecanismos de financiación innovadores, así como préstamos a los países candidatos respaldados por el margen de maniobra presupuestario (la diferencia entre los recursos propios y los límites máximos del MFP);

67.Hace hincapié en que el apoyo financiero debe estar condicionado a la aplicación de reformas acordes con el acervo y las políticas de la Unión y a la adhesión a los valores de la Unión; destaca, a este respecto, la necesidad de un modelo de gobernanza sólido que garantice la rendición de cuentas, la supervisión y el control parlamentarios y una arquitectura de lucha contra el fraude sólida y eficaz;

68.Reitera su pleno apoyo a los ucranianos en su lucha por la libertad y la democracia y lamenta el terrible sufrimiento y el impacto derivados de la guerra de agresión no provocada e injustificada de Rusia; acoge con satisfacción la decisión de conceder a Ucrania y a la vecina República de Moldavia el estatuto de países candidatos e insiste en la necesidad de movilizar los fondos necesarios para apoyar sus procesos de adhesión;

69.Resalta que el apoyo de preadhesión a Ucrania debe ser adicional y distinto de la ayuda financiera para la estabilidad macroeconómica, la reconstrucción y la recuperación tras la guerra, donde las necesidades son mucho más importantes y requieren un esfuerzo internacional concertado, del cual el apoyo a través del presupuesto de la Unión debe ser una parte importante;

70.Está convencido de que, en el próximo marco, debe mantenerse la actual cláusula de revisión obligatoria en caso de ampliación y de que las dotaciones nacionales no deben verse afectadas; subraya que el próximo MFP también tendrá que establecer medidas transitorias y de introducción progresiva adecuadas para ámbitos de gasto clave, como la cohesión y la agricultura, sobre la base de una evaluación minuciosa de las repercusiones en los distintos sectores;

71.Hace hincapié en la importancia del presupuesto de la Unión y de programas como Erasmus+ y el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores a la hora de promover y proteger la democracia y los valores de la Unión, fomentar el patrimonio cultural común de la Unión y la integración europea, reforzar el compromiso de la ciudadanía, la educación cívica y la participación de los jóvenes, así como salvaguardar y promover los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales y el Estado de Derecho; pide, a este respecto, que se aumente la financiación de Erasmus+ en el próximo MFP; señala la importancia de la independencia del sistema judicial, el buen funcionamiento de las instituciones nacionales, la desoligarquización, el firme apoyo y, en consonancia con el artículo 11, apartado 2, del TUE, un diálogo activo con la sociedad civil, que es vital para fomentar un espacio cívico activo, garantizar la rendición de cuentas y la transparencia e informar a los responsables políticos sobre las mejores prácticas desde el terreno;

72.Destaca, a este respecto, que la refundición del Reglamento Financiero exige que la Comisión y los Estados miembros, en la ejecución del presupuesto, garanticen el cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales y respeten los valores en los que se fundamenta la Unión, que están consagrados en el artículo 2 del TUE; espera que la Comisión vele por que las propuestas para el próximo MFP, en particular para los programas de gasto, se ajusten a la refundición del Reglamento Financiero;

73.Subraya que la inestabilidad en las regiones vecinas y más allá, la pobreza, las tendencias subyacentes en el desarrollo económico, los cambios demográficos y el cambio climático siguen impulsando los flujos migratorios hacia la Unión, lo que ejerce una importante presión sobre los sistemas de asilo y migración; destaca que el MFP posterior a 2027 debe apoyar la plena y rápida aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión y unas políticas eficaces de retorno y readmisión, en consonancia con los derechos fundamentales y los valores de la Unión, incluido el principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad; subraya, además, que, en consonancia con el Pacto, la Unión debe perseguir una cooperación reforzada y asociaciones mutuamente beneficiosas con terceros países en materia de migración, con un control parlamentario adecuado, y que dicha cooperación debe respetar el Derecho internacional y de la Unión;

74.Destaca que el cumplimiento de los valores de la Unión y los derechos fundamentales es un requisito previo esencial para acceder a los fondos de la Unión; destaca la importancia de crear vínculos firmes entre el respeto del Estado de Derecho y el acceso a los fondos de la Unión en el marco del actual MFP; considera que proteger los intereses financieros de la Unión depende del respeto del Estado de Derecho a escala nacional; acoge con satisfacción, en particular, los efectos positivos del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho para la protección de los intereses financieros de la Unión en casos de violaciones sistémicas y persistentes del Estado de Derecho; pide a la Comisión y al Consejo que apliquen el Reglamento de forma estricta, coherente y sin demoras indebidas cuando sea necesario; insiste en que las decisiones de suspender o reducir la financiación de la Unión por violaciones del Estado de Derecho deben basarse en criterios objetivos y no en otras consideraciones, y tampoco deben ser el resultado de negociaciones;

75.Señala la necesidad de un vínculo más sólido entre el Estado de Derecho y el presupuesto de la Unión posterior a 2027 y acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de reforzar la vinculación entre las recomendaciones del informe anual sobre el Estado de Derecho y el acceso a los fondos a través del presupuesto; pide a la Comisión que, en el informe anual sobre el Estado de Derecho de 2025 en adelante, defina en qué medida las deficiencias detectadas en los regímenes del Estado de Derecho pueden suponer un riesgo para el presupuesto de la Unión; celebra, además, el vínculo entre el respeto de los valores de la Unión y la ejecución del presupuesto, y pide a la Comisión que supervise activamente el cumplimiento de este principio por parte de los Estados miembros de manera unificada y actúe con rapidez en caso de incumplimiento;

76.Pide consolidar un sólido conjunto de instrumentos al servicio del Estado de Derecho, basado en las disposiciones vigentes en materia de condicionalidad en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en las condiciones favorecedoras horizontales del Reglamento sobre disposiciones comunes y en las disposiciones pertinentes del Reglamento Financiero e insiste en que este conjunto de instrumentos debe cubrir la totalidad del presupuesto de la Unión; destaca la necesidad de una transparencia y coherencia mucho mayores en cuanto a la aplicación de instrumentos para proteger el Estado de Derecho y de reforzar el papel del Parlamento en la aplicación y el control de dichas medidas; insiste, además, en la necesidad de coherencia entre los instrumentos al evaluar las violaciones del Estado de Derecho en los Estados miembros;

77.Recuerda que, en el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho, se determina que los perceptores finales no deben verse privados de los beneficios de los fondos de la Unión en caso de que se apliquen sanciones a su Gobierno; considera que, hasta la fecha, esta disposición no se ha hecho efectiva y subraya la importancia de aplicar un enfoque inteligente respecto a la condicionalidad a fin de que los perceptores no se vean penalizados por las acciones de su Gobierno; pide a la Comisión que, en consonancia con su intención expresada en las orientaciones políticas, proponga medidas específicas para garantizar que las autoridades locales y regionales, la sociedad civil y otros perceptores puedan seguir beneficiándose de la financiación de la Unión en caso de violaciones del Estado de Derecho por parte de los Gobiernos nacionales sin debilitar la aplicación del Reglamento y mantener la obligación de pago del Estado miembro en virtud del Derecho de la Unión;

78.Destaca que un presupuesto a largo plazo que vaya plenamente en consonancia con los objetivos estratégicos de la Unión requiere que los objetivos clave se integren en el presupuesto a través de un conjunto de principios horizontales, sobre la base de las lecciones extraídas del actual MFP y del MRR;

79.Recuerda que la aplicación de los principios horizontales no debe dar lugar a una carga administrativa excesiva para los beneficiarios y debe estar en consonancia con el principio de proporcionalidad; pide soluciones innovadoras y el uso de herramientas automatizadas de notificación, incluida la inteligencia artificial, para lograr una recogida de datos más eficiente;

80.Subraya, por tanto, que el próximo MFP debe garantizar que, en todos los ámbitos, los programas de gasto persigan objetivos climáticos y en materia de biodiversidad, promuevan y protejan los derechos y la igualdad de oportunidades para todos, incluida la igualdad de género, apoyen la competitividad y refuercen la preparación de la Unión frente a las amenazas;

81.Señala que la mejor manera de lograr una integración efectiva es un conjunto de medidas, principalmente a través del diseño de políticas, proyectos y normativas, evaluaciones de impacto exhaustivas y un seguimiento riguroso del gasto y, en casos específicos, de los objetivos de gasto sobre la base de los datos pertinentes disponibles; acoge con satisfacción las mejoras significativas en la información sobre el rendimiento en el actual MFP, que permiten un control mucho mejor del impacto del gasto de la Unión, y pide que esto siga desarrollándose en el próximo período de programación;

82.Acoge con satisfacción el desarrollo de una metodología para hacer un seguimiento del gasto basado en el género y considera que las lecciones aprendidas, en particular en lo que se refiere a la recopilación de datos desglosados por género, el seguimiento de la ejecución y el impacto y la carga administrativa, deben aplicarse en el próximo MFP con el fin de mejorar la metodología; pide a la Comisión que estudie la viabilidad de la presupuestación con perspectiva de género en el próximo MFP; hace hincapié, en la misma línea, en la necesidad de mejorar significativamente las metodologías de integración del clima y la biodiversidad para avanzar hacia la medición del impacto;

83.Lamenta que la Comisión no haya llevado a cabo sistemáticamente evaluaciones de impacto exhaustivas, incluidas evaluaciones de impacto de género, de toda la legislación que implique un gasto a través del presupuesto, e insiste en que se produzca este cambio;

84.Observa con satisfacción que se prevea que en el actual MFP se supere el objetivo del 30 % de integración de la dimensión climática; lamenta, no obstante, que la Unión no vaya en camino de alcanzar el objetivo de gasto del 10 % para 2026 relacionado con la biodiversidad; insiste en que los objetivos del Acuerdo Interinstitucional han sido, sin embargo, un factor importante a la hora de impulsar el gasto en clima y biodiversidad; pide a la Comisión que adapte los objetivos de gasto que contribuyen positivamente al clima y la biodiversidad en consonancia con las ambiciones políticas de la Unión a este respecto, teniendo en cuenta las necesidades de inversión para estas ambiciones políticas;

85.Destaca, además, que el presupuesto de la Unión debe ejecutarse de conformidad con el artículo 33, apartado 2, del Reglamento Financiero, por lo que no debe perjudicar significativamente Artículo 9 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (DO L 198 de 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj). a los objetivos especificados, respetando las condiciones de trabajo y empleo aplicables y teniendo en cuenta el principio de igualdad de género;

86.Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de eliminar gradualmente todas las subvenciones a los combustibles fósiles y las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente en el próximo MFP; espera que la Comisión presente su hoja de ruta prevista a este respecto como parte de su propuesta para el próximo MFP;

87.Subraya la necesidad de que las políticas de la Unión se apoyen en una administración que funcione correctamente; insiste en que, después de 2027, se asignen desde el principio el personal y los recursos financieros suficientes para que las instituciones, los órganos, los organismos y las agencias descentralizadas de la Unión y la Fiscalía Europea puedan garantizar un diseño, una aplicación y una ejecución de alta calidad de políticas eficaces y eficientes, proporcionar asistencia técnica, seguir atrayendo a las mejores personas de todos los Estados miembros, garantizando así el equilibrio geográfico, y disponer de margen de maniobra para adaptarse a las circunstancias cambiantes;

88.Lamenta que la capacidad de la Unión para aplicar efectivamente las políticas y proteger sus intereses financieros en el marco del actual MFP haya quedado socavada por la escasez de recursos administrativos y una aplicación dogmática de una política de plantillas estables, pese al aumento de las demandas y las responsabilidades; señala, por ejemplo, la falta de dotación de personal suficiente para aplicar y hacer cumplir debidamente el Reglamento de Servicios Digitales Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales) (DO L 277 de 27.10.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj). y el Reglamento de Mercados Digitales Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital y por el que se modifican las Directivas (UE) 2019/1937 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Mercados Digitales) (DO L 265 de 12.10.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj)., lo que mina la eficacia de la legislación, y las reasignaciones reiteradas de los programas a las agencias descentralizadas para cubrir las necesidades de personal; insiste en que los niveles de personal se determinen mediante una evaluación objetiva de las necesidades cuando se proponga legislación y se adopte definitivamente, y se tengan en cuenta en la planificación de los gastos administrativos desde el principio;

89.Hace hincapié en que la Comisión ha intentado, en cierta medida, eludir su propia política estable de personal aumentando el personal vinculado a los programas y mecanismos y, por tanto, no cubierto por el límite máximo de gasto administrativo; subraya, no obstante, que este enfoque se limita a ocultar el problema y, en última instancia, puede socavar la capacidad operativa de los programas; insiste, por tanto, en que las responsabilidades adicionales requieren gastos administrativos y no deben erosionar las dotaciones de los programas;

90.Destaca que la inversión inicial en capacidades de infraestructuras informáticas seguras e interoperables y prospección de datos también puede generar ahorros de costes a más largo plazo y mejorar enormemente la aplicación de políticas y el seguimiento del gasto;

91.Reconoce que, a falta de mecanismos de corrección en el MFP actual, la elevada inflación ha provocado un aumento significativo de los costes legales, lo que requiere un uso generalizado de instrumentos especiales para cubrir el déficit; lamenta que el Consejo decidiera no aceptar la propuesta de la Comisión de aumentar el límite máximo de los gastos administrativos en la revisión del MFP, erosionando así aún más los instrumentos especiales;

92.Subraya que el próximo MFP debe diseñarse de manera que simplifique la vida de todos los beneficiarios reduciendo la burocracia innecesaria; subraya que la simplificación requerirá armonizar las normas y los requisitos de información siempre que sea posible, en especial, según proceda, garantizando la coherencia entre las normas aplicables a escala regional, nacional y de la Unión; subraya, a este respecto, la necesidad de un punto de entrada único auténtico y fácil de usar para la financiación de la Unión y de un procedimiento de solicitud simplificado diseñado en consulta con las partes interesadas pertinentes; señala, además, que el próximo MFP debe aplicarse con la mayor cercanía posible a las personas;

93.Pide una verdadera simplificación cuando existan objetivos que se solapan, criterios de admisibilidad divergentes y normas distintas que regulen disposiciones horizontales que deben ser uniformes en todos los programas; considera que una evaluación de qué programas de gasto deben incluirse en el próximo MFP debe basarse en dichos aspectos, en la necesidad de centrar el gasto en objetivos políticos claramente definidos con un claro valor añadido europeo y en la lógica de intervención política de cada programa; subraya que la reducción del número de programas no es un fin en sí mismo;

94.Subraya que una simplificación no puede suponer un mayor margen de maniobra para la Comisión sin los controles y equilibrios necesarios, por lo que esta debe lograrse respetando plenamente el equilibrio institucional previsto en los Tratados;

95.Insiste en que la simplificación no puede ir en detrimento de la calidad del diseño y la ejecución de los programas y en que, por lo tanto, un presupuesto más sencillo también debe ser más transparente, lo que permitirá mejorar la rendición de cuentas, la supervisión y el control del gasto y reducirá los riesgos de doble financiación, uso indebido y fraude; subraya que cualquier reducción de los programas debe compensarse con un desglose mucho más detallado del presupuesto por línea presupuestaria, a diferencia de lo sucedido con algunas fusiones de programas en el actual MFP, como el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional — Europa Global (IVCDCI — Europa Global), un ejemplo que no debe seguirse; aboga, por tanto, por un desglose suficientemente detallado por línea presupuestaria con miras a permitir a la autoridad presupuestaria ejercer una rendición de cuentas adecuada y garantizar que la toma de decisiones en el procedimiento presupuestario anual y durante la ejecución presupuestaria sea significativa;

96.Recuerda que la transparencia es esencial para conservar la confianza de los ciudadanos, y que el fraude y el uso indebido de los fondos son extremadamente perjudiciales para dicha confianza; subraya, por tanto, la necesidad de que el Parlamento pueda controlar el gasto y evaluar si puede concederse la aprobación de la gestión; insiste en que una rendición de cuentas adecuada requiere una auditoría sólida de todos los gastos presupuestarios basada en la aplicación de una pista de auditoría única; pide a la Comisión que establezca mecanismos armonizados y efectivos de lucha contra el fraude en los distintos instrumentos de financiación para el MFP posterior a 2027 que garanticen la protección del presupuesto de la Unión;

97.Reitera su posición, mantenida desde hace tiempo, de que todo el gasto a escala de la Unión debe incluirse en el ámbito de competencias de la autoridad presupuestaria, garantizando así la transparencia, el control democrático y la protección de los intereses financieros de la Unión; pide, por tanto, la plena inclusión en el presupuesto de instrumentos (parcialmente) extrapresupuestarios, como el Fondo Social para el Clima, el Fondo de Innovación y el Fondo de Modernización, o sus sucesores;

98.Señala que, tradicionalmente, el MFP no se ha concebido con una lógica de respuesta a crisis o de flexibilidad, sino que se ha diseñado sobre todo para garantizar la previsibilidad de las inversiones a medio plazo; subraya que, en un contexto político, económico, en materia de seguridad y social en rápida evolución, este enfoque ya no resulta sostenible; insiste en la necesidad de contar con una capacidad suficiente de respuesta a las crisis integrada en el próximo MFP;

99.Subraya que la falta de flexibilidad y la incapacidad de adaptarse a la evolución de las prioridades de gasto han afectado al actual MFP; considera que el próximo MFP debe lograr un mejor equilibrio entre la previsibilidad de las inversiones y la flexibilidad para ajustar el enfoque del gasto; destaca que el gasto en determinados ámbitos exige una mayor estabilidad respecto a otros en los que la flexibilidad es más importante; subraya que las reasignaciones periódicas no son una forma viable de financiar las prioridades de la Unión, ya que perjudican a las inversiones y ponen en peligro la consecución de los objetivos políticos acordados;

100.Estima que, si bien se asigna por adelantado una parte significativa de la financiación a los objetivos, los programas de gasto deben mantener una reserva de flexibilidad integrada sustancial, con una asignación para objetivos políticos específicos que decidirá la autoridad presupuestaria; observa que la reserva para nuevos retos y prioridades del IVCDCI — Europa Global representa un modelo para dicha reserva de flexibilidad, pero que el proceso de toma de decisiones para su movilización no debe reproducirse en el futuro MFP; señala la necesidad de que los colegisladores cuenten con más poderes de control más sólidos y efectivos con respecto al establecimiento de prioridades y objetivos políticos y de un desglose presupuestario detallado a fin de garantizar que la autoridad presupuestaria esté dotada de medios para tomar decisiones significativas e informadas;

101.Subraya que el MFP debe contar con márgenes suficientes en cada rúbrica para garantizar que puedan incluirse los nuevos instrumentos u objetivos de gasto acordados a lo largo del período de programación sin mermar la financiación de otros objetivos políticos y estratégicos a largo plazo ni erosionar la capacidad de respuesta a las crisis;

102.Subraya que la posibilidad de transferencias presupuestarias en virtud del Reglamento Financiero ya ofrece flexibilidad para adaptarse a la evolución de las necesidades de gasto durante la ejecución presupuestaria; subraya que, con arreglo a las normas actuales, la Comisión tiene una amplia libertad para transferir cantidades considerables entre ámbitos políticos sin la aprobación de la autoridad presupuestaria, lo que limita el escrutinio y el control; pide, por tanto, que se modifiquen las normas para introducir un importe máximo, además de un porcentaje máximo por línea presupuestaria, para las transferencias sin aprobación; considera que, en el caso de las transferencias de instituciones de la Unión distintas de la Comisión que estén sujetas a una posible objeción debidamente justificada por parte del Parlamento o del Consejo, un umbral por debajo del cual estarían exentas de dicho procedimiento podría ser una medida útil de simplificación;

103.Recuerda que el actual MFP se ha visto sometido a nuevas tensiones debido a los elevados niveles de inflación en un contexto en el que se aplica un deflactor anual del 2 % a los precios de 2018, lo que reduce el valor en términos reales del presupuesto y reduce su capacidad operativa y administrativa; considera, por tanto, que el futuro presupuesto debe dotarse de una capacidad de respuesta suficiente para que el presupuesto pueda adaptarse a las perturbaciones inflacionistas;

104.Pide una reforma profunda de los instrumentos especiales existentes con vistas a reforzar la capacidad de respuesta a las crisis y garantizar una reacción eficaz y ágil mediante una movilización más rápida; subraya que los actuales instrumentos tienen un tamaño inadecuado y están limitados por una rigidez excesiva, con varios de ellos realmente circunscritos según el tipo de crisis; señala que mejorar la capacidad de respuesta a las crisis garantizará que no se utilicen los fondos de la política de cohesión para este fin y, por tanto, puedan destinarse a los objetivos de inversión previstos;

105.Considera que el MFP posterior a 2027 solo debe incluir dos instrumentos especiales: uno dedicado a garantizar la solidaridad en caso de catástrofes naturales (sucesor de la actual Reserva de Solidaridad Europea) y otro a la respuesta a las crisis de uso general y a responder a necesidades imprevistas y prioridades emergentes, también cuando los importes del instrumento especial para catástrofes naturales sean insuficientes (sucesor del Instrumento de Flexibilidad); insiste en que ambos instrumentos especiales deben recibir una financiación adecuada desde el principio y tener la posibilidad de prorrogar indefinidamente los importes no gastados a lo largo del período del MFP; opina que todos los demás instrumentos especiales pueden liquidarse o bien incorporarse a los dos instrumentos especiales o los programas existentes;

106.Pide que el futuro Instrumento de Flexibilidad reciba una financiación inicial importante y, posteriormente, se financie a través de una serie de fuentes adicionales de financiación: los márgenes no utilizados de años anteriores (como en el actual Instrumento de Margen Único), el superávit anual del año anterior, un mecanismo basado en multas inspirado en el actual artículo 5 del Reglamento del MFP, reflujos de instrumentos financieros y los créditos liberados; subraya que el próximo MFP debe diseñarse de manera que los futuros instrumentos especiales no sean necesarios para cubrir el reembolso de la deuda;

107.Subraya que la reutilización del excedente, de los reflujos de los instrumentos financieros, de la provisión excedentaria y de las liberaciones de créditos requeriría modificaciones del Reglamento Financiero;

108.Señala que, con recursos iniciales suficientes y disposiciones de este tipo para la reutilización de los fondos no utilizados, el presupuesto tendría una capacidad de respuesta mucho mayor que no afectaría a la previsibilidad de las contribuciones nacionales basadas en la renta nacional bruta; insiste en que es menos probable que un MFP dotado de mayor flexibilidad y capacidad de respuesta requiera una revisión intermedia sustancial;

109.Hace hincapié en que, para maximizar la repercusión, es imperativo que el gasto en el marco del próximo MFP se ajuste de manera mucho más estricta a los objetivos de la política estratégica de la Unión y se coordine mejor con el gasto nacional; subraya que, a su vez, la consulta con las autoridades regionales y locales es vital para facilitar el acceso a la financiación y garantizar que el apoyo de la Unión satisfaga las necesidades reales de los perceptores finales y proporcione beneficios tangibles a las personas; destaca la importancia de la asistencia técnica a las autoridades encargadas de la ejecución para ayudar a garantizar la ejecución oportuna, la adicionalidad de las inversiones y, por tanto, el máximo impacto;

110.Subraya que, con el fin de apoyar una coordinación eficaz entre el gasto de la Unión y el gasto nacional, la Comisión prevé un nuevo mecanismo de dirección sencillo diseñado para reforzar el nexo entre la coordinación general de las políticas y el presupuesto de la Unión; insiste en que el Parlamento desempeñe un papel de toma de decisiones completo en cualquier mecanismo de coordinación o dirección;

111.Considera que el MRR, centrado en el rendimiento y los vínculos entre las reformas y las inversiones y el apoyo presupuestario, ha contribuido a impulsar inversiones y reformas nacionales que de otro modo no se habrían producido;

112.Subraya que el MRR puede ayudar a configurar la ejecución del gasto de la Unión en régimen de gestión compartida; recuerda, no obstante, que el MRR se acordó en un contexto muy específico, la pandemia de COVID-19, y, por lo tanto, no puede reproducirse a gran escala para futuros programas de inversión;

113.Señala que el gasto en régimen de gestión compartida en el próximo MFP debe implicar a las autoridades regionales y locales y a todas las partes interesadas pertinentes, desde el diseño hasta la ejecución a través de un enfoque de gobernanza de base local y multinivel y en consonancia con un principio de asociación mejorado, garantizar la dimensión europea transfronteriza de los proyectos de inversión y centrarse en los resultados y el impacto en lugar de en las realizaciones, estableciendo indicadores de rendimiento mensurables, garantizando la disponibilidad de datos pertinentes y contribuyendo al diseño y el ajuste de los programas;

114.Subraya que el diseño del gasto en régimen de gestión compartida en el marco del próximo MFP debe salvaguardar el papel del Parlamento como legislador, autoridad presupuestaria y de aprobación de la gestión y exigir responsabilidades al ejecutivo, establecer mecanismos estrictos de rendición de cuentas y garantizar la plena transparencia en relación con los perceptores finales o los grupos de beneficiarios de los fondos de gasto de la Unión a través de un sistema interoperable que permita un seguimiento eficaz de los flujos de efectivo y de los avances de los proyectos;

115.Considera que el enfoque de «un único plan nacional por Estado miembro» previsto por la Comisión no se ajusta a los principios expuestos anteriormente y no puede constituir la base para el gasto en régimen de gestión compartida a partir de 2027; recuerda que, a este respecto, la Unión está obligada, en virtud del artículo 175 del TFUE, a prestar apoyo a través de instrumentos para el gasto agrícola, regional y social;

116.Recuerda la firme oposición del Parlamento a someter el reembolso de los costes de empréstito de NextGenerationEU a un límite máximo dentro de una rúbrica del MFP, dado que estos costes están sujetos a condiciones de mercado, se ven influidos por factores externos y resultan, por tanto, intrínsecamente volátiles, y recuerda que el reembolso de los costes de empréstito es una obligación jurídica no discrecional; hace hincapié en que introducir nuevos recursos propios también es necesario para evitar que las generaciones futuras soporten la carga de deudas pasadas;

117.Lamenta que, en el marco de la arquitectura existente y a pesar de la Declaración conjunta de las tres instituciones como parte del acuerdo sobre el MFP de 2020, según la cual los gastos para cubrir los costes de financiación de NextGenerationEU «tendrán el objetivo de no menguar programas ni fondos», la financiación de programas clave de la Unión y los recursos disponibles para instrumentos especiales, incluso tras la revisión del MFP, hayan estado compitiendo de facto con el reembolso de los costes de empréstito de NextGenerationEU en un contexto de fuerte inflación y aumento de los tipos de interés; recuerda que la presión sobre el presupuesto impulsada por los costes de endeudamiento de NextGenerationEU fue un factor clave en los recortes de programas emblemáticos en la revisión del MFP;

118.Subraya que, hasta la fecha, solo se ha exigido al presupuesto de la Unión que reembolse los intereses vinculados a NextGenerationEU y que, a partir de 2028, el presupuesto también tendrá que reembolsar el capital; destaca que se prevé, según la Comisión, que los costes totales de los reembolsos de capital e intereses de NextGenerationEU se sitúen en torno a los 25-30 000 000 000 EUR anuales a partir de 2028, lo que equivale al 15-20 % de los créditos de pago en el presupuesto de 2025;

119.Reconoce que, si bien los costes de empréstito de NextGenerationEU serán más estables en el próximo período del MFP, dado que los bonos ya se habrán emitido, el perfil de reembolso concreto repercutirá en el nivel de los intereses y, por tanto, en el grado de volatilidad; insiste, por tanto, en que todos los costes relacionados con los empréstitos respaldados por el presupuesto de la Unión o el margen de maniobra presupuestario deben tratarse de forma diferenciada de los créditos para programas de la Unión dentro de la arquitectura del MFP;

120.Señala, a este respecto, la demanda creciente para que el presupuesto de la Unión sirva como garantía del apoyo vital de la Unión mediante la ayuda macrofinanciera y los riesgos asociados; subraya que, en caso de impago o de retirada de garantías nacionales, el presupuesto de la Unión asegura en última instancia todos los préstamos en concepto de ayuda macrofinanciera y, por tanto, soporta pasivos contingentes significativos e intrínsecamente imprevisibles, en particular en relación con Ucrania;

121.Pide, por tanto, a la Comisión que diseñe una arquitectura sólida y duradera que permita una gestión sostenible de todos los costes y pasivos no discrecionales, preservando plenamente los programas de la Unión y la flexibilidad y la capacidad de respuesta del presupuesto;

122.Subraya que, como se ha descrito anteriormente, las necesidades presupuestarias posteriores a 2027 serán significativamente superiores a los importes asignados al MFP 2021‑2027 y, además, tendrán que cubrir los costes de endeudamiento y el reembolso de la deuda; insiste, por tanto, en que se dote al próximo MFP de recursos significativamente mayores que durante el período 2021‑2027, alejándose del nivel históricamente restrictivo y autoimpuesto del 1 % de la renta nacional bruta, lo que ha impedido que la Unión cumpla sus ambiciones y le ha privado de la capacidad de responder a las crisis y adaptarse a las necesidades emergentes;

123.Estima que deben explorarse todos los instrumentos y herramientas para dotar a la Unión de tales recursos, en consonancia con sus prioridades y necesidades definidas; considera, en este sentido, que el empréstito conjunto mediante la emisión de bonos de la Unión constituye una opción viable para garantizar que la Unión disponga de recursos suficientes para responder a crisis graves que afecten a toda la Unión, como la actual crisis en el ámbito de la seguridad y la defensa;

124.Reitera la necesidad de unos ingresos sostenibles y resilientes para el presupuesto de la Unión; llama la atención sobre la hoja de ruta jurídicamente vinculante para la introducción de nuevos recursos propios del Acuerdo Interinstitucional, en la que el Parlamento, el Consejo y la Comisión se comprometieron a introducir nuevos recursos propios suficientes para cubrir al menos el reembolso de la deuda de NextGenerationEU; subraya que, en general, la cesta de nuevos recursos propios debe ser justa, estar vinculada a objetivos políticos más amplios de la Unión y acordarse a tiempo y con un volumen suficiente para satisfacer el aumento de las necesidades presupuestarias;

125.Recuerda su apoyo a la propuesta modificada de la Comisión sobre el sistema de recursos propios; expresa su profunda preocupación por la ausencia total de avances en el sistema de recursos propios del Consejo; pide al Consejo que adopte urgentemente dicha propuesta; e insta a la Comisión a que no escatime esfuerzos para apoyar el proceso de adopción;

126.Pide, además, a la Comisión que siga esforzándose por hallar recursos propios nuevos e innovadores adicionales y otras fuentes de ingresos más allá de los especificados en el Acuerdo Interinstitucional; destaca que los nuevos recursos propios son esenciales no solo para poder rembolsar los empréstitos de NextGenerationEU de manera sostenible, sino también para garantizar que la Unión esté equipada para cubrir sus mayores necesidades de gasto;

127.Pide a la Comisión que diseñe un presupuesto modernizado con un enfoque renovado del gasto, motivado por la necesidad de equidad, una mayor simplificación, una reducción de la carga administrativa y una mayor transparencia, también en el lado de los ingresos; subraya que los descuentos y correcciones vigentes expiran automáticamente al final del actual MFP;

128.Acoge con satisfacción la decisión, en la refundición del Reglamento Financiero, de tratar como ingresos negativos cualquier interés u otro gasto adeudado a un tercero en relación con importes de multas, otras penalizaciones o sanciones que sean anuladas o reducidas por el Tribunal de Justicia; recuerda que esta solución finaliza el 31 de diciembre de 2027; pide a la Comisión que proponga una solución definitiva para el próximo MFP que logre el mismo objetivo de evitar cualquier impacto en la parte de gastos del presupuesto;

129.Subraya que el Parlamento tiene la intención de ejercer plenamente sus prerrogativas como legislador, autoridad presupuestaria y autoridad de aprobación de la gestión en virtud de los Tratados;

130.Recuerda que el requisito de una estrecha cooperación interinstitucional entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, desde las primeras fases de diseño hasta la adopción final del MFP, está consagrado en los Tratados y detallado en el Acuerdo Interinstitucional;

131.Hace hincapié en el compromiso del Parlamento de desempeñar plenamente su papel a lo largo de todo el proceso; considera que el diseño del MFP debe ser ascendente y basarse en una amplia participación de las partes interesadas; destaca, además, la necesidad de un diálogo estratégico entre las tres instituciones en el período previo a las propuestas del MFP;

132.Pide a la Comisión que presente, desde el principio, modalidades prácticas de cooperación y negociaciones auténticas; señala, en concreto, la importancia de convocar reuniones de los tres presidentes, de conformidad con el artículo 324 del TFUE, siempre que puedan contribuir a avanzar, e insiste en que la Comisión realice un seguimiento cuando el Parlamento lo solicite; recuerda a la Comisión su obligación de informar al Parlamento en pie de igualdad con el Consejo como ramas de la autoridad presupuestaria y como colegisladores sobre los actos de base relacionados con el MFP;

133.Recuerda que el Acuerdo Interinstitucional prevé específicamente que el Parlamento, el Consejo y la Comisión «tratarán de establecer modalidades específicas de cooperación y diálogo»; destaca que las disposiciones sobre cooperación previstas en el Acuerdo Interinstitucional, incluidas las reuniones periódicas entre el Parlamento y el Consejo, son un mínimo indispensable y que es necesario mucho más para aplicar el principio establecido en el artículo 312, apartado 5, del TFUE de adoptar todas las medidas necesarias para facilitar la adopción de un nuevo MFP; pide, por tanto, a las sucesivas Presidencias del Consejo que respeten no solo la letra, sino también el espíritu de los Tratados;

134.Recuerda que la adopción tardía del Reglamento del MFP y la legislación conexa para los períodos 2014-2020 y 2021-2027 dieron lugar a retrasos significativos, lo que dificultó la correcta ejecución de los programas de la Unión; insiste, por tanto, en que se haga todo lo posible para garantizar la adopción oportuna del próximo paquete del MFP;

135.Espera que la Comisión, como parte del paquete de propuestas del MFP, presente un nuevo Acuerdo Interinstitucional en consonancia con las realidades del nuevo presupuesto, también con respecto a la gestión de los pasivos contingentes; destaca que los cambios en el Reglamento Financiero necesarios para la armonización con el nuevo MFP deben entrar en vigor al mismo tiempo que el Reglamento del MFP;

136.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.