1.Insiste en que el enfoque regional y local, el planteamiento de base local y la planificación estratégica de la política de cohesión, así como su modelo descentralizado de programación y ejecución basado en el principio de asociación con una aplicación reforzada del Código de Conducta Europeo, la participación de los agentes económicos y de la sociedad civil y la gobernanza multinivel, son elementos fundamentales y positivos de esta política y determinan su eficacia; expresa su firme convicción de que este modelo de política de cohesión debe mantenerse en todas las regiones y debe profundizarse cuando sea posible, ya que se trata del principal instrumento de inversión a largo plazo de la Unión para reducir las disparidades, garantizar la cohesión económica, social y territorial, estimular el crecimiento regional y local sostenible en consonancia con las estrategias de la Unión y proteger el medio ambiente, y como factor clave para la competitividad y la transición justa de la Unión, así como para ayudar a hacer frente a nuevos retos en el futuro;

2.Pide una delimitación clara entre la política de cohesión y otros instrumentos, con el fin de evitar solapamientos y competencia entre los instrumentos de la Unión, garantizar la complementariedad de las distintas intervenciones y aumentar la visibilidad y el reconocimiento del apoyo de la Unión; señala, en este contexto, que los fondos del MRR están comprometidos con el desarrollo económico y el crecimiento, sin centrarse específicamente en la cohesión económica, social y territorial entre las regiones; manifiesta su preocupación por los planes de la Comisión de aplicar un enfoque basado en el rendimiento a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE); reconoce que los mecanismos basados en el rendimiento pueden ser fundamentales para lograr que la política sea más eficiente y esté mejor orientada a los resultados, pero advierte que no debe aplicarse un único modelo para todo y expresa sus serias dudas sobre la idea de vincular el desembolso de los Fondos EIE al cumplimiento de objetivos de reforma definidos de forma centralizada, sobre todo si los objetivos de reforma no entran en el ámbito de competencias de las administraciones regionales;

3.Se opone a todo tipo de reforma dirigida a una centralización descendente de los programas de financiación de la Unión, incluidos los de gestión compartida, como la política de cohesión y la política agrícola común, y aboga por una mayor descentralización de la toma de decisiones a los niveles local y regional; pide una mayor participación de los entes locales y regionales y de los agentes económicos y de la sociedad civil en todas las fases de los programas de gestión compartida de la Unión, desde la preparación y la programación hasta la ejecución, la obtención de resultados y la evaluación, teniendo en cuenta que el desarrollo económico y social de las regiones y la cohesión territorial entre ellas solo pueden lograrse sobre la base de una buena cooperación entre todos los agentes;

4.Hace hincapié en que el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) desempeña un papel clave en el apoyo a las zonas rurales, junto con los fondos de la política de cohesión; subraya que el diseño del Feader debe ajustarse a las normas de los fondos de la política de cohesión para impulsar las sinergias y facilitar proyectos de desarrollo rural con financiación múltiple;

5.Expresa su convicción de que la política de cohesión solo puede seguir desempeñando su papel si cuenta con una financiación sólida; destaca que esto implica que la futura política de cohesión debe dotarse de una financiación sólida para el período de financiación posterior a 2027; subraya que es necesario proporcionar una financiación suficientemente ambiciosa y fácil de acceder para que la política de cohesión pueda seguir cumpliendo su papel como principal política de inversión de la Unión, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad para hacer frente a posibles nuevos retos, incluida la posibilidad de financiar el desarrollo de productos de doble uso, y facilitar que los entes locales, las partes interesadas y los beneficiarios fomenten eficazmente el desarrollo local; expresa su firme convencimiento de que la capacidad de ofrecer respuestas flexibles a retos impredecibles no debe ir en detrimento de un enfoque estratégico claro a largo plazo ni de los objetivos de la política de cohesión;

6.Subraya la importancia del próximo marco financiero plurianual (MFP) de la Unión y de la revisión intermedia de los programas de la política de cohesión 2021‑2027 a la hora de configurar el futuro de la política de cohesión; reitera la necesidad de una política de cohesión más ambiciosa después de 2027 en el próximo MFP 2028‑2034; pide, por tanto, que el próximo MFP garantice que la política de cohesión siga recibiendo al menos el mismo nivel de financiación que durante el período actual en términos reales; pide, además, que la política de cohesión siga siendo una rúbrica independiente en el nuevo MFP; insiste en que la política de cohesión debe protegerse frente a efectos estadísticos que puedan alterar la admisibilidad de las regiones al variar el PIB medio de la Unión; reitera la necesidad de nuevos recursos propios de la Unión;

7.Propone, por tanto, que el próximo MFP ofrezca una mayor capacidad de respuesta ante necesidades imprevistas, en particular con márgenes y flexibilidades suficientes desde el principio; subraya, no obstante, a este respecto, que la política de cohesión no es un instrumento de crisis y no debe desviarse de sus objetivos principales, a saber, su naturaleza de inversión a largo plazo; pide que se refuerce el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, también en su prefinanciación, logrando que sea menos burocrático y más fácilmente accesible, con el fin de desarrollar un instrumento apropiado capaz de responder adecuadamente a las consecuencias económicas, sociales y territoriales de futuras catástrofes naturales o emergencias sanitarias; hace hincapié en la necesidad de que el Parlamento ejerza un control adecuado de todos los fondos e instrumentos de emergencia;

8.Reconoce la necesidad de utilizar asimismo la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) 3 para casos específicos, de manera que se reconozca que existen desigualdades en el desarrollo dentro del conjunto de las regiones NUTS 2; opina que el PIB per cápita regional debe seguir siendo el principal criterio para determinar las asignaciones de los Estados miembros en el marco de la política de cohesión; acoge con satisfacción el hecho de que, a raíz de los reiterados llamamientos del Parlamento, la Comisión haya empezado a considerar criterios adicionales Tribunal de Cuentas Europeo, Análisis rápido de casos: Asignación de fondos de la política de cohesión a los Estados miembros para el período 2021‑2027, marzo de 2019., como las emisiones de gases de efecto invernadero, la densidad de población, los niveles educativos y las tasas de desempleo, con el fin de ofrecer una mejor visión socioeconómica de las regiones;

9.Subraya que la condicionalidad del Estado de Derecho es una condicionalidad general que reconoce y hace valer el respeto del Estado de Derecho, también como condición posibilitadora de la financiación de la política de cohesión, con el fin de garantizar que los recursos de la Unión se emplean de manera transparente, justa y responsable y con una gestión financiera correcta; considera necesario reforzar el respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales, y garantizar que todas las acciones sean coherentes con el apoyo a los principios democráticos, la igualdad de género y los derechos humanos, en particular los derechos de los trabajadores, los derechos de las personas con discapacidad y los derechos del niño, a la hora de aplicar la política de cohesión; destaca el importante papel de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y de la Fiscalía Europea en la protección de los intereses financieros de la Unión;

10.Pide que se redoblen los esfuerzos para simplificar, hacer más flexibles y racionalizar las normas y los procedimientos administrativos que rigen los fondos de la política de cohesión a nivel de la Unión, nacional y regional, así como para reforzar las sinergias, aprovechando al máximo las tecnologías disponibles para mejorar la accesibilidad y la eficiencia, basándose en el marco de gestión compartida vigente y consolidado, con el fin de reforzar la confianza entre los usuarios, fomentando así la participación de una gama más amplia de agentes económicos y de la sociedad civil en los proyectos que reciban apoyo y maximizando el impacto de los fondos; pide nuevas iniciativas que permitan una mejor absorción de los fondos de cohesión, en particular una mayor prefinanciación, mayores pagos anticipados y reembolsos más rápidos de las inversiones; pide que la administración local, en particular en representación de las comunidades más pequeñas, reciba formación técnica para mejorar la gestión administrativa de los fondos; destaca, por tanto, la importancia de reforzar el principio de auditoría única, seguir ampliando las opciones de costes simplificados y reducir la duplicación de controles y auditorías que se solapan con la supervisión nacional y regional para el mismo proyecto y beneficiario, con vistas a eliminar la posibilidad de repetir errores en la implementación en los años siguientes;

11.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que concedan a las regiones una mayor flexibilidad ya en la fase de programación, con el fin de atender sus necesidades y especificidades particulares, haciendo hincapié en la necesidad de implicar a los agentes económicos y de la sociedad civil; subraya que la concentración temática fue un elemento clave a la hora de adaptar la política de cohesión a los objetivos de la Estrategia Europa 2020; pide, por tanto, a la Comisión que presente todas las conclusiones relativas a la aplicación de la concentración temática y que extraiga enseñanzas para futuras propuestas legislativas;

12.Reconoce que las transiciones ecológica, digital y demográfica plantean retos considerables, pero al mismo tiempo también oportunidades para lograr el objetivo de cohesión económica, social y territorial; reconoce que, estadísticamente, las zonas de renta alta pueden enmascarar los problemas económicos de una región; es consciente del riesgo que entraña una ampliación de las disparidades regionales, una profundización de las desigualdades sociales y una creciente «geografía del descontento» relacionada con el proceso de transición; subraya la necesidad de alcanzar los objetivos climáticos y de sostenibilidad de la Unión y de mantener el crecimiento económico compartido reforzando la competitividad de la Unión; pide, por tanto, una estrategia europea que garantice un crecimiento armonioso en la Unión que responda a las necesidades específicas de las respectivas regiones; reafirma su compromiso con proseguir las transiciones ecológica y digital, ya que esto creará oportunidades para mejorar la competitividad de la Unión; subraya la necesidad de invertir en proyectos de infraestructuras que mejoren la conectividad, en particular en el transporte sostenible e inteligente, y en redes energéticas y digitales, garantizando que todas las regiones, incluidas las remotas y menos desarrolladas, estén plenamente integradas en el mercado único y se beneficien equitativamente de las oportunidades que este ofrece; hace hincapié, en este contexto, en la necesidad de apoyar el desarrollo de las industrias ecológicas, fomentando las especificidades y tradiciones locales para aumentar la resiliencia del entorno económico y de la sociedad civil ante los retos futuros;

13.Insta a que la política de cohesión siga siendo coherente con el esfuerzo por aumentar la innovación y completar el mercado único de la Unión, en consonancia con las conclusiones del informe Draghi sobre la competitividad europea; hace hincapié, en el contexto de las disparidades regionales, en el problema de la persistente brecha en la innovación, y aboga por un enfoque adaptado y de base local para fomentar la innovación y la convergencia económica entre las regiones y reducir la brecha en materia de innovación; pide que se refuerce el papel de la innovación local y regional a la hora de crear ecosistemas de investigación e innovación competitivos y de promover la cohesión territorial; señala las nuevas iniciativas de la Unión, como los valles regionales de innovación y las asociaciones para la innovación regional, cuyo objetivo es conectar territorios con diferentes niveles de rendimiento en la innovación y abordar la brecha en materia de innovación; considera que este enfoque reforzará la autonomía regional, permitiendo a las autoridades locales y regionales configurar las políticas y los objetivos de la Unión en consonancia con sus necesidades, características y capacidades específicas, salvaguardando al mismo tiempo el principio de asociación;

14.Está convencido de que la política de cohesión debe seguir fomentando el principio de transición justa y abordando las necesidades específicas de las regiones sin dejar a ningún territorio ni a nadie atrás; pide que se siga financiando el proceso de transición justa, con el Fondo de Transición Justa plenamente integrado en el Reglamento sobre disposiciones comunes y dotado de recursos financieros reforzados para el período de programación posterior a 2027; hace hincapié, no obstante, en la necesidad de evaluar el impacto del Fondo de Transición Justa en la transformación de las regiones subvencionables y, al tiempo que se garantiza que siga formando parte de la política de cohesión, de perfeccionar su enfoque en el marco del nuevo MFP sobre la base de las conclusiones y las medidas concretas para garantizar el bienestar económico y social de las comunidades afectadas;

15.Subraya la necesidad de mejorar la relación entre la política de cohesión y la gobernanza económica de la Unión evitando, al mismo tiempo, la adopción de un enfoque punitivo; hace hincapié en que el Semestre Europeo debe cumplir los objetivos de la política de cohesión con arreglo a los artículos 174 y 175 del TFUE; pide la participación de las regiones en el cumplimiento de estos objetivos, así como un enfoque territorial más pronunciado; pide que se lleve a cabo un proceso de reflexión sobre el concepto de condicionalidad macroeconómica y que se explore la posibilidad de sustituir este concepto por nuevas formas de condicionalidad para reflejar mejor los nuevos retos que se plantean;

16.Manifiesta su preocupación por el creciente número de regiones que se encuentran en una trampa de desarrollo, que están estancadas desde el punto de vista económico y sufriendo un fuerte declive demográfico y un acceso limitado a los servicios esenciales; pide, por tanto, un ajuste al alza en la cofinanciación de proyectos destinados a reforzar los servicios esenciales; subraya el papel de los instrumentos de la política de cohesión a la hora de apoyar a las diferentes regiones y zonas locales que se enfrentan a una evolución demográfica que afecta al derecho efectivo de las personas a permanecer en su lugar de residencia, que conlleva, entre otros, retos relacionados con la despoblación, el envejecimiento, desequilibrios de género, la fuga de cerebros, la escasez de capacidades y los desequilibrios de mano de obra entre regiones; reconoce la necesidad de incentivos económicos específicos y de intervenciones estructurales para contrarrestar estos fenómenos; pide, en este contexto, que se apliquen programas específicos para atraer, desarrollar y retener el talento, en particular en las regiones que experimentan considerables flujos de salida de trabajadores cualificados, mediante el fomento de ecosistemas de educación, cultura, emprendimiento e innovación que se ajusten a las necesidades y oportunidades económicas locales y regionales;

17.Reconoce la importancia de apoyar y financiar soluciones específicas para las regiones con dificultades económicas graves y prolongadas en el tiempo o desventajas naturales y demográficas permanentes graves; reitera la necesidad de mantener y mejorar la prestación de servicios esenciales de calidad (como la educación y la asistencia sanitaria), el transporte y la conectividad digital en estas regiones, fomentar su diversificación económica y creación de empleo, y ayudarlas a responder a retos como la desertificación rural, el envejecimiento de la población, la pobreza, la despoblación, la soledad y el aislamiento, así como a la falta de oportunidades para las personas vulnerables como las personas con discapacidad; subraya la necesidad de dar prioridad al desarrollo y la financiación adecuada de sectores estratégicos, como las energías renovables, el turismo sostenible, la innovación digital y las infraestructuras, de manera adaptada al potencial y los recursos económicos de cada región, con el fin de crear condiciones más amplias para el crecimiento endógeno y el desarrollo equilibrado en todas las regiones, especialmente en las zonas rurales, remotas y menos desarrolladas, las regiones fronterizas, las islas y las regiones ultraperiféricas; recuerda la importancia de unos vínculos fuertes entre las zonas rurales y las urbanas, así como de un apoyo particular a las mujeres en las zonas rurales;

18.Hace hincapié en la necesidad de un enfoque adaptado a las regiones ultraperiféricas, tal como se definen en el artículo 349 del TFUE, que se enfrentan a retos estructurales únicos y acumulativos debido a su lejanía, el pequeño tamaño de su mercado, su vulnerabilidad al cambio climático y sus dependencias económicas; subraya que estas limitaciones permanentes, como el pequeño tamaño de la economía nacional, la gran distancia del continente europeo, la ubicación cerca de terceros países, la doble insularidad para la mayoría de ellas y la limitada diversificación del sector productivo, dan lugar a costes adicionales y a una reducción de la competitividad, lo que hace que su adaptación a la transición ecológica y digital sea especialmente compleja y costosa; hace hincapié en su enorme potencial para seguir desarrollando —mediante, entre otras cosas, una mejor conectividad regional— sectores clave como la economía azul, la agricultura sostenible, las energías renovables, las actividades espaciales, la investigación y el ecoturismo; reitera su llamamiento de larga data a la Comisión para que tenga debidamente en cuenta el impacto de cada nueva legislación propuesta en las regiones ultraperiféricas, con vistas a evitar cargas normativas desproporcionadas y efectos adversos en las economías de dichas regiones;

19.Subraya que las localidades, las ciudades y las áreas metropolitanas se enfrentan a sus propios retos, como los focos considerables de pobreza, los problemas de vivienda, la congestión del tráfico y la mala calidad del aire, lo que plantea retos de cara a la cohesión social y económica generados por un desarrollo territorial desajustado; recalca la necesidad de una agenda específica para las ciudades y pide que se estrechen los vínculos de estas con las zonas urbanas funcionales, que abarcan las ciudades y localidades más pequeñas, a fin de garantizar que los beneficios económicos y sociales se distribuyan de manera más uniforme por todo el territorio; destaca la necesidad de reforzar la coordinación entre las iniciativas de la agenda urbana para la UE y los instrumentos de la política de cohesión, favoreciendo un enfoque integrado que tenga en cuenta las particularidades territoriales y los retos emergentes; pide, además, un acceso más directo a la financiación de la Unión para las autoridades regionales y locales, así como para las ciudades y las autoridades urbanas, mediante, entre otras cosas, la ampliación del uso de las inversiones territoriales integradas (ITI);

20.Subraya la necesidad de mantener y reforzar la inversión en vivienda asequible en el marco de la política de cohesión, reconociendo su importancia tanto para las regiones como para las ciudades; destaca la necesidad de impulsar los cambios pertinentes en esta para invertir en vivienda más allá de las dos posibilidades actuales (eficiencia energética y vivienda social); hace hincapié en el importante papel que desempeña la política de cohesión en el despliegue y la coordinación de estas iniciativas; considera, además, que es importante incluir la asequibilidad de la vivienda en la iniciativa URBACT;

21.Subraya la importancia estratégica de disponer de unas regiones fronterizas exteriores fuertes de cara a la seguridad y la resiliencia de la Unión; pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros y a las regiones afectados por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, en particular a las regiones situadas en la frontera oriental de la Unión, revisando las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional Comunicación de la Comisión, de 29 de abril de 2021, titulada «Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional» (DO C 153 de 29.4.2021, p. 1)., mediante herramientas e inversiones a medida en el marco de la política de cohesión y ayudándolos a aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen los fondos de la política de cohesión, incluido Interreg, de manera flexible, a fin de que puedan hacer frente al impacto socioeconómico perjudicial de la guerra en sus poblaciones y territorios; pide, asimismo, que se apoye a las regiones limítrofes con países candidatos como Ucrania y Moldavia para reforzar las conexiones y promover su integración en la Unión;

22.Hace hincapié en el valor añadido de la cooperación territorial en general y de la cooperación transfronteriza en particular; subraya la importancia de Interreg para las regiones transfronterizas, incluidas las regiones ultraperiféricas; hace hincapié, asimismo, en su importante papel a la hora de contribuir al desarrollo de estas regiones y superar los obstáculos transfronterizos, entre otras cosas, mediante el fomento de la confianza a través de las fronteras, el desarrollo de conexiones de transporte, la identificación y reducción de los obstáculos jurídicos y administrativos y el aumento de la prestación y el uso de servicios públicos transfronterizos; considera a Interreg el principal instrumento de la Unión para abordar los obstáculos transfronterizos persistentes a los que se enfrentan los servicios de emergencia, y propone que se preste más atención a estos servicios; subraya que las zonas transfronterizas, incluidas las zonas situadas en las fronteras exteriores de la Unión, limítrofes con los países agresores se enfrentan a menudo a retos específicos; considera que las regiones fronterizas de la Unión, que se enfrentan a múltiples retos, deben recibir apoyo y opina que deben dotarse de más medios; acoge con satisfacción el nuevo Reglamento sobre BRIDGEforEU; hace hincapié en la importancia de los proyectos transfronterizos y a pequeña escala y subraya la necesidad de una aplicación efectiva sobre el terreno; pide a la Comisión que anime a los Estados miembros a que apoyen activamente las campañas de sensibilización en las regiones fronterizas para maximizar el impacto de la cooperación transfronteriza;

23.Recuerda la necesidad de «apoyar la cohesión», antes que de simplemente confiar en el principio de «no perjudicar a la cohesión», que significa que ninguna acción debe obstaculizar el proceso de convergencia ni contribuir a las disparidades regionales; pide una integración más contundente de estos principios como factor transversal en todas las políticas de la Unión, a fin de garantizar que estas apoyen los objetivos de cohesión social, económica y territorial, tal como se prevé en los artículos 3 y 174 del TFUE; pide, además, a la Comisión que publique directrices específicas sobre cómo aplicar y hacer cumplir estos principios en todas las políticas de la Unión, prestando especial atención al impacto de la legislación de la Unión en la competitividad de las regiones menos desarrolladas; reitera que las nuevas propuestas legislativas deben tener debidamente en cuenta las realidades locales y regionales; propone que la Comisión se sirva de herramientas innovadoras como RegHub (la red de centros regionales) para recopilar datos sobre el impacto de las políticas de la Unión en las regiones; subraya, a tal fin, la necesidad de reforzar la evaluación del impacto territorial de la legislación de la Unión, reforzando simultáneamente los aspectos territoriales de otras políticas pertinentes; insiste en que el fomento de la cohesión debe considerarse también un modo de fomentar la solidaridad y el apoyo mutuo entre los Estados miembros y sus regiones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que prosigan sus esfuerzos en materia de comunicación y visibilidad de los beneficios de la política de cohesión demostrando a los ciudadanos el impacto tangible de la Unión, herramienta clave de la que servirse para hacer frente al euroescepticismo; acoge con satisfacción el lanzamiento de la versión multilingüe de la plataforma Kohesio;

24.Observa con preocupación el fuerte descenso en los últimos años de los niveles adecuados de financiación nacional por parte de los Estados miembros para sus regiones más pobres; recuerda la importancia de respetar la norma de la Unión sobre la adicionalidad; pide a la Comisión que garantice que las autoridades nacionales tengan debidamente en cuenta la cohesión interna al diseñar y ejecutar los proyectos de los fondos estructurales y de inversión;

25.Insiste en que, además de adaptarse a las necesidades regionales, la política de cohesión debe adaptarse a la escala más pequeña, es decir, los fondos deben ser accesibles para los proyectos y promotores de proyectos de menor calibre; señala que sus iniciativas son a menudo las más innovadoras y tienen un impacto significativo en el desarrollo rural; reitera que estos fondos deben ser accesibles para todos, independientemente de su tamaño o alcance; aprueba el llamamiento de la Alianza por la Cohesión por «una política de cohesión después de 2027 renovada que no deje a nadie atrás»;

26.Destaca que los retrasos en las negociaciones del MFP, junto con el hecho de que los Estados miembros hayan prestado mayor atención a la programación de los fondos del MRR, dieron lugar a retrasos considerables en el período de programación 2021-2027; recalca la importancia de un acuerdo oportuno en el próximo marco, y pide, por tanto, que el Reglamento sobre disposiciones comunes y las negociaciones presupuestarias concluyan al menos un año antes del inicio del nuevo período de financiación, de modo que los Estados miembros puedan desarrollar sus estrategias nacionales y regionales de financiación con tiempo suficiente para garantizar una transición satisfactoria al siguiente período de financiación, así como la continuación de los proyectos existentes de los Fondos EIE;

27.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, así como a los Parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros.