(10)El material de abuso sexual de menores, independientemente de cómo se haya creado e incluido el generado mediante inteligencia artificial, a menudo incluye imágenes que recogen los abusos sexuales a menores perpetrados por adultos. También puede incluir imágenes de menores que participan en una conducta sexualmente explícita, o de sus partes íntimas, producidas o utilizadas con fines claramente sexuales y explotadas con o sin el conocimiento del menor. Además, el concepto de material de abuso sexual de menores también abarca las imágenes realistas de menores en las cuales el menor participa, o se le representa participando, en una conducta sexualmente explícita, con fines principalmente sexuales, así como los denominados «manuales de instrucciones», destinados a proporcionar asesoramiento, orientación o instrucciones sobre cómo generar, distribuir o adquirir material de abuso sexual de menores o cómo cometer abuso sexual de menores, explotación sexual de menores o embaucamiento de menores.

(11)Los estudios han demostrado que limitar la difusión de material de abuso sexual de menores no solo es crucial para evitar la revictimización vinculada a la circulación de imágenes y vídeos del abuso, sino que también es esencial como forma de prevención del delito, ya que el acceso al material de abuso sexual de menores es a menudo el primer paso hacia la comisión de abusos, independientemente de que represente abusos y explotación reales o simplemente realistas. Se espera que, con el desarrollo en curso de aplicaciones de inteligencia artificial capaces de crear imágenes realistas que no se distingan de las imágenes reales, el número de imágenes, pseudofotografías y vídeos denominados «ultrafalsificaciones», generados por inteligencia artificial o creados mediante cualquier otro procedimiento informático, que representan abusos sexuales a menores aumente exponencialmente en los próximos años. Además, la definición existente no cubre plenamente el desarrollo de entornos de realidad aumentada, ampliada y virtual que hagan uso de avatares y de la retroalimentación sensorial, por ejemplo, a través de dispositivos que ofrezcan una percepción del tacto. La inclusión de una referencia explícita a las representaciones generadas «por cualquier medio» y la referencia a las «reproducciones y representaciones» con independencia del método de creación o manipulación debe garantizar que la definición de material de abuso sexual de menores abarque estos y futuros avances tecnológicos de una manera suficientemente neutra desde el punto de vista tecnológico y, por tanto, preparada para el futuro.

(12)Para prevenir infracciones relacionadas con el abuso sexual de menores, la definición de material de abuso sexual de menores debe incluir las instrucciones sobre cómo abusar de menores o explotarlos sexualmente, independientemente de la forma en que se proporcionen tales instrucciones. Las instrucciones, también en forma de manuales, ofrecen asesoramiento sobre cómo encontrar y captar menores y abusar de ellos, y cómo evitar ser descubiertos y llevados a la justicia, o proporcionan orientaciones sobre cómo generar, distribuir o adquirir material de abuso sexual de menores. Los modelos o instrucciones digitales que permitan la creación de material de abuso sexual de menores generado por IA también deben considerarse instrucciones sobre cómo abusar de los menores o explotarlos sexualmente y, por tanto, entran en la definición de material de abuso sexual de menores. Al reducir las barreras y proporcionar los conocimientos técnicos necesarios, contribuyen a incitar a los autores y a apoyar la comisión de abusos sexuales. Su difusión en línea ya ha llevado a algunos Estados miembros a modificar su Derecho penal y tipificar explícitamente la posesión y distribución de dichas instrucciones. La falta de armonización provoca niveles de protección desiguales en la UE.

(14)Al adoptar legislación en el ámbito del derecho penal material, la Unión debe velar por la coherencia de la misma, especialmente en cuanto al grado de las penas. La presente Directiva, por el hecho de abarcar un número excepcionalmente elevado de infracciones distintas, precisa, con objeto de reflejar los distintos niveles de gravedad, una diferenciación mayor del grado de las penas de la que normalmente deben contemplar los instrumentos jurídicos de la Unión. La presente Directiva debe garantizar que las infracciones facilitadas por la tecnología estén sujetas a las mismas penas que otras infracciones, ya que la gravedad y el trauma resultantes de tales infracciones son equivalentes.

(15)Las formas graves de abusos sexuales y explotación sexual de los menores han de ser objeto de penas efectivas, proporcionadas y disuasorias. Entre ellas se incluyen las diversas formas de abusos sexuales y explotación sexual de los menores que se sirven de las tecnologías de la información y la comunicación, como el embaucamiento de menores con fines sexuales por medio de las redes sociales y salas de chat en línea. También es preciso aclarar la definición de material de abuso sexual de menores y aproximarla a la contenida en los instrumentos internacionales. De manera más general, es necesario armonizar la terminología utilizada en la presente Directiva con los estándares internacionales reconocidos, como las Orientaciones terminológicas para la protección de niñas, niños y adolescentes contra la explotación y el abuso sexuales, adoptadas por el Grupo de Trabajo Interinstitucional en Luxemburgo el 28 de enero de 2016. Además, en aras de una aplicación eficiente de la presente Directiva, los Estados miembros deben armonizar y modernizar el lenguaje utilizado en su legislación nacional para ajustarlo al utilizado en la presente Directiva. Se trata de una medida inicial esencial, que conlleva la sustitución del término «pornografía infantil» por «material de abuso sexual de menores».

(20)En el contexto del material de abuso sexual de menores, la expresión «no se considerarán cometidas de forma ilícita» permite a los Estados miembros establecer una excepción respecto de las conductas relacionadas con material que podría constituir material de abuso sexual de menores en caso de que tengan, por ejemplo, fines médicos, científicos o similares. Por otra parte, el término «de forma ilícita» no excluye las causas eximentes o principios pertinentes similares que eximen de responsabilidad en determinadas circunstancias. También posibilita las actividades autorizadas por la legislación nacional, como la posesión lícita de material de abuso sexual de menores por parte de las autoridades con miras a llevar a cabo actuaciones penales o prevenir, detectar o investigar delitos, o actividades llevadas a cabo por organizaciones como líneas directas, que actúan en interés público contra el abuso sexual de menores, cuando dichas organizaciones hayan sido autorizadas por las autoridades competentes del Estado miembro en que estén establecidas. Estas actividades incluyen, en particular, la recepción, el análisis y la presentación de denuncias respecto de presunto material de abuso sexual de menores, incluida la determinación del lugar en el que se aloja el material a que se refieren las denuncias, que les remitan los usuarios en línea u otras organizaciones que actúen en interés público contra el abuso sexual de menores, así como la realización de búsquedas para detectar la difusión de material de abuso sexual de menores.

(22)El embaucamiento de menores con fines sexuales constituye una amenaza con características específicas en el contexto de Internet, ya que este medio ofrece un anonimato sin precedentes a los usuarios puesto que pueden ocultar su identidad y sus circunstancias personales, tales como la edad. En la última década, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación ha proporcionado a los autores un acceso cada vez más fácil a los menores, donde el contacto a menudo comienza con el autor atrayendo al menor a situaciones de riesgo que tienen lugar tanto en el mundo real como en el virtual, pretendiendo ser, por ejemplo, un igual, o con otras conductas engañosas o halagüeñas. Este mayor acceso a los menores ha dado lugar al rápido crecimiento de fenómenos como el chantaje sexual. El chantaje sexual a menores hace referencia al acto de amenazar con distribuir material íntimo en el que figure un menor víctima con el fin de obtener dinero, material de abuso sexual de menores u otras formas de ganancia, bajo la amenaza de compartir este material sin el consentimiento de la persona representada, que afecta a menores tanto por debajo como por encima de la edad de consentimiento sexual. En los últimos años se ha producido un aumento del chantaje sexual con ánimo de lucro por parte de grupos de delincuencia organizada dirigido, en particular, a adolescentes de género masculino, que les ha llevado en varios casos a quitarse la vida. Por lo tanto, es esencial que todos estos fenómenos estén adecuadamente cubiertos por la legislación de los Estados miembros. Al mismo tiempo, los Estados miembros reconocen la importancia de luchar también contra el embaucamiento de menores al margen del contexto de Internet, especialmente cuando no tiene lugar recurriendo a las tecnologías de la información y la comunicación. Se exhorta a los Estados miembros a que tipifiquen como infracción penal la conducta en la que el embaucamiento del menor para que se reúna con el autor con fines sexuales se desarrolle en presencia o cerca del menor, por ejemplo en forma de infracción preparatoria especial, tentativa de las infracciones contempladas en la presente Directiva o como una forma especial de abuso sexual. Independientemente de la solución jurídica por la que se opte a la hora de tipificar como infracción penal el embaucamiento de menores sin recurrir a Internet, los Estados miembros deben velar por que se procese a los autores de tales infracciones.

(23)A la luz de los recientes avances tecnológicos y, en particular, del desarrollo de la inteligencia artificial y de los entornos de realidad aumentada, ampliada y virtual, es urgente abordar de manera más eficaz el embaucamiento de menores y llevar a cabo evaluaciones periódicas del marco jurídico: la tipificación del embaucamiento de menores no debe limitarse a las conversaciones de voz, texto o correo, sino que también debe incluir contactos, intercambios o encuentros en el mundo real o virtual, incluidos los contextos de realidad aumentada, ampliada o virtual, así como el embaucamiento a gran escala de niños mediante el uso de chatbots formados a tal fin, ya que se espera que este fenómeno aumente en vista de la evolución previsible de las aplicaciones de inteligencia artificial. Por lo tanto, la expresión «por medio de las tecnologías de la información y la comunicación» debe entenderse de manera suficientemente amplia para abarcar todos esos avances tecnológicos.

(24)La presente Directiva no regula las políticas de los Estados miembros con respecto a los actos de carácter sexual consentidos en los que pueden participar los menores y que pueden considerarse como el descubrimiento normal de la sexualidad en el proceso de desarrollo personal, habida cuenta de las diferentes tradiciones culturales y jurídicas y de las nuevas formas de entablar y mantener relaciones de los menores y adolescentes, incluso mediante tecnologías de la información y la comunicación. Los Estados miembros que hagan uso de las posibilidades que se ofrecen en la presente Directiva, lo harán en el marco del ejercicio de sus propias competencias. Más concretamente, los Estados miembros deben poder eximir de la tipificación las actividades sexuales consentidas en las que participen exclusivamente menores que hayan alcanzado la edad de consentimiento sexual, así como las actividades sexuales consentidas en las que participen iguales. Los Estados miembros deben velar por que se proteja a los iguales del enjuiciamiento por actividades sexuales consentidas y no abusivas, siempre que no exista ningún elemento de coerción, abuso de confianza o dependencia entre iguales. Las modificaciones de dicho artículo tienen por objeto aclarar el alcance de la excepción, habida cuenta de que algunos Estados miembros parecen haber interpretado su redacción original de manera demasiado amplia (por ejemplo, eximiendo de tipificación las actividades consentidas entre menores que han alcanzado la edad de consentimiento y adultos de cualquier edad, considerados «iguales» a pesar de una diferencia significativa de edad). Las disposiciones relativas a la edad de consentimiento no deben interpretarse de un modo que limite en forma alguna la tipificación del abuso sexual de menores y la explotación de menores que hayan alcanzado la edad de consentimiento, ya que ningún menor puede consentir el abuso sexual.

(25)Los Estados miembros deben establecer en su Derecho nacional circunstancias agravantes acordes con las normas de su ordenamiento jurídico aplicables en la materia, La edad de la víctima, los tratamientos destinados a cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona (la denominada «terapia de conversión») y el hecho de que el delito esté motivado por uno o varios de los motivos protegidos por el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben tenerse en cuenta como circunstancias agravantes. Deben garantizar que los jueces puedan tener en cuenta tales circunstancias agravantes al dictar sentencia, sin que ello conlleve la obligación de aplicarlas. Los Estados miembros no deben establecer dichas circunstancias agravantes en su legislación cuando no sean pertinentes atendiendo al carácter de la infracción concreta de que se trate. La pertinencia de las diversas circunstancias agravantes previstas en la presente Directiva debe evaluarse en el plano nacional para cada una de las infracciones contempladas en la presente Directiva.

(26)Con arreglo a la presente Directiva, se entenderá que la incapacidad física o mental incluye asimismo la que se derive de la influencia de las drogas, los medicamentos, el alcohol o cualquier sustancia que pueda alterar el libre albedrío. Las personas en estado de incapacidad no pueden dar su consentimiento informado y voluntario, lo que se traduce en que todo acto sexual en tales circunstancias es intrínsecamente no consentido.

(31)Las víctimas de abusos sexuales y explotación sexual de menores son a menudo incapaces denunciar el delito durante varias décadas después de su comisión debido a la vergüenza, culpabilidad y culpa que pueden estar relacionadas, entre otras cosas, con el estigma social y cultural que sigue rodeando los abusos sexuales, el secreto en el que se produce el abuso, las amenazas o la culpabilización por parte del autor o el trauma. Debido a las vulnerabilidades específicas y a las limitaciones de desarrollo de los menores, es posible que no comprendan plenamente que lo ocurrido fue abusivo, en particular si la persona que cometió el abuso era un adulto de confianza. Es posible que los supervivientes no desarrollen la madurez emocional hasta haber alcanzado la edad adulta para reconocer el abuso por lo que fue y comprender sus efectos a largo plazo. El trauma puede llevar a las víctimas a reprimir o bloquear los recuerdos como medida de protección durante años. Los autores de abusos sexuales y explotación sexual de menores, a diferencia de los autores de otros delitos violentos, tienden a permanecer activos hasta la vejez, lo que sigue constituyendo una amenaza para los menores. En vista de ello, la investigación y el enjuiciamiento efectivos de las infracciones relacionadas con el abuso sexual y la explotación sexual de menores, así como la asistencia y el apoyo adecuados a las víctimas, solo pueden facilitarse si los plazos de prescripción se suprimen.

(34)Los Estados miembros deben animar a cualquier persona que tenga conocimiento o sospechas de un caso de abusos sexuales o explotación sexual de un menor a que lo denuncie a los servicios competentes. En particular, los Estados miembros deben poner a disposición de los menores información sobre la posibilidad de denunciar el abuso, especialmente a las líneas telefónicas de ayuda y a través de las plataformas de comunicación más utilizadas por los más jóvenes. Incumbe a cada Estado miembro determinar las autoridades competentes ante las cuales pueden denunciarse tales sospechas. Dichas autoridades competentes no deben limitarse a los servicios responsables de la protección de menores o a los servicios sociales pertinentes. El requisito de que la sospecha sea «de buena fe» tiene como finalidad evitar que la disposición se invoque para excusar la denuncia de hechos puramente imaginarios o falsos llevada a cabo con mala fe.

(35)Se deben modificar las normas de competencia para garantizar que los nacionales de la Unión que abusan sexualmente de menores o los explotan sean enjuiciados aunque cometan las infracciones fuera de la Unión, en particular, a través del denominado turismo sexual. Por explotación sexual de menores en el contexto de viajes o turismo debe entenderse: la explotación sexual de menores por una persona o personas que se desplazan desde su entorno habitual a un destino donde tienen contactos sexuales con menores y participan en infracciones como las descritas en la presente Directiva. En caso de que la explotación sexual de menores en el contexto de viajes y turismo tenga lugar fuera de la Unión, se anima a los Estados miembros a que se sirvan de los instrumentos nacionales e internacionales disponibles, incluidos los tratados bilaterales o multilaterales en materia de extradición, asistencia mutua o remisión de procesos, para incrementar la cooperación con terceros países y organizaciones internacionales, con miras a combatir la explotación sexual de menores en el extranjero. Los Estados miembros deben fomentar un diálogo abierto y la comunicación con países de fuera de la Unión para poder emprender acciones judiciales, en el marco de la legislación nacional pertinente, contra quienes viajan fuera de las fronteras de la Unión con fines de explotación sexual de menores en el contexto de viajes o turismo.

(36)Las medidas de protección exhaustiva de los menores víctimas se adoptarán teniendo en cuenta el interés superior de estos y la evaluación de sus necesidades. Para proteger de manera eficaz a la infancia es preciso un planteamiento que abarque a la sociedad en su conjunto. Todas las autoridades y servicios pertinentes deben colaborar para proteger y apoyar a los menores, teniendo en cuenta el interés superior de los niños. El modelo de Barnahus, que ofrece un entorno adaptado a los niños con especialistas de todas las disciplinas pertinentes, es actualmente el ejemplo más avanzado de un planteamiento de la justicia adaptada a los menores y que evite la revictimización. Las disposiciones pertinentes de la presente Directiva se basan en los principios de dicho modelo. Dicho modelo tiene por objeto garantizar que todos los menores implicados en investigaciones sobre abusos o explotación sexual de menores se beneficien de una evaluación de alta calidad en entornos adaptados a los niños, de un apoyo psicosocial adecuado y de servicios de protección de la infancia. La presente Directiva pretende garantizar que todos los Estados miembros respeten estos principios orientados a las víctimas y que establezcan sistemas de protección de menores adecuados a su edad y multidisciplinares que proporcionen asistencia y apoyo jurídico eficaces a los menores víctimas, aunque no obliga a los Estados miembros a aplicar el modelo de Barnahus como tal. Cuando los reconocimientos médicos del menor sean necesarios a efectos de las investigaciones penales, por ejemplo para recabar pruebas de abuso, estos deben limitarse a lo estrictamente necesario para limitar la retraumatización. Esta obligación no debe impedir otros reconocimientos médicos necesarios para el bienestar del niño. Los menores víctimas deben disfrutar de un fácil acceso a la justicia adaptada a los menores, a vías de recurso y a medidas para tratar los conflictos de intereses cuando los abusos sexuales o la explotación de los menores se producen en el seno de la familia. Cuando deba designarse a un representante especial de un menor durante una investigación o un proceso penales, dicha función también podrá ser desempeñada por una persona jurídica, una institución o una autoridad pública. Además, los menores víctimas deben estar protegidos frente a las sanciones previstas en la legislación nacional sobre inmigración o prostitución, cuando pongan su caso en conocimiento de las autoridades competentes. Por otra parte, la participación de los menores víctimas en los procesos penales no debe causarles un trauma adicional, en la medida de lo posible, como consecuencia de la toma de declaración o del contacto visual con los autores. Todas las autoridades que participen en el proceso deben recibir formación en materia de justicia adaptada a los menores. Al llevar a cabo las actuaciones necesarias, un buen conocimiento de los menores y de su comportamiento cuando se enfrentan a experiencias traumáticas contribuirá a asegurar un óptimo procedimiento de obtención de pruebas y también a reducir la tensión que experimentan los menores. Cuando los menores víctimas o testigos participen en procesos penales, el órgano jurisdiccional debe tener plenamente en cuenta su edad y madurez al sustanciar el proceso y garantizar que el proceso sea accesible y comprensible para el menor. Debe darse prioridad al derecho del menor a ser oído y a participar de manera significativa, garantizando que sus opiniones sean escuchadas y respetadas a lo largo de todo el proceso.

(37)Los Estados miembros deben ofrecer una asistencia personalizada y completa a corto y largo plazo a las víctimas que sean menores y a los supervivientes, independientemente de si han interpuesto una denuncia oficial. Por «superviviente» se entiende toda persona que haya sufrido violencia sexual como menor, con independencia de su estatuto jurídico y de su reconocimiento como víctima de un delito por un ordenamiento jurídico. Todo daño causado por el abuso sexual y la explotación sexual de un menor es importante y debe tratarse lo antes posible tras el primer contacto de la víctima con las autoridades. La asistencia inmediata a las víctimas antes y durante las investigaciones y procesos penales es esencial para limitar el trauma a largo plazo relacionado con el abuso sufrido. Para facilitar la rápida prestación de asistencia, en particular la designación de los servicios de apoyo pertinentes, los Estados miembros deben publicar directrices y protocolos para los profesionales en los ámbitos de la asistencia sanitaria, la educación y los servicios sociales, y también para el personal de las líneas telefónicas de ayuda. Debido a la naturaleza de los daños causados por el abuso sexual y la explotación sexual, la asistencia debe continuar durante todo el tiempo necesario hasta la recuperación física y psicológica del menor y, en su caso, puede durar hasta la edad adulta. Debe considerarse la posibilidad de ofrecer también asistencia y formación a los padres, cuidadores o tutores del menor víctima, siempre que no sean sospechosos de haber cometido la infracción, para ayudarles a apoyar al menor durante todo el proceso.

(39)La Directiva 2012/29/UE confiere a las víctimas una serie de derechos en el marco de los procesos penales, entre ellos el derecho a la protección y el derecho a obtener una decisión relativa a la indemnización por parte del infractor y de cualquier organización responsable de abuso y explotación sexuales de menores. La propuesta de revisión de la Directiva sobre los derechos de las víctimas prevé modificaciones específicas de los derechos de todas las víctimas. Además de los derechos recogidos en dicha Directiva, debe darse a los menores víctimas de abusos sexuales, explotación sexual y material de abuso sexual de menores acceso al asesoramiento jurídico y, de acuerdo con el estatuto de la víctima en el ordenamiento jurídico correspondiente, a la representación legal, también para la solicitud de indemnizaciones. Las autoridades competentes podrán conceder asimismo dicho asesoramiento jurídico o representación legal a efectos de reclamar una indemnización al Estado. La finalidad del asesoramiento jurídico y representación legal es permitir a las víctimas informarse y recibir consejos sobre las diferentes posibilidades a su disposición. El asesoramiento jurídico debe ser facilitado por personas que hayan recibido la adecuada formación jurídica sin que sean necesariamente abogados. El asesoramiento jurídico y, de acuerdo con el estatuto de la víctima en el ordenamiento jurídico correspondiente, la representación legal deben prestarse gratuitamente, al menos cuando la víctima no posea recursos económicos suficientes, de manera coherente con los procedimientos internos de los Estados miembros. El derecho de las víctimas a una indemnización no debe estar sujeto a un plazo de prescripción.

(40)El Centro de la UE para la protección de menores («Centro de la UE»), creado por el Reglamento [.../.../UE, por el que se establecen normas para prevenir y combatir el abuso sexual de los menores]16, debe apoyar los esfuerzos y las obligaciones de los Estados miembros respecto a la prevención y la asistencia a las víctimas en virtud de la presente Directiva. Es de crucial importancia establecer esas normas y crear el Centro de la UE sin demora indebida para racionalizar y mejorar los múltiples esfuerzos realizados en toda la Unión por prevenir y combatir el abuso sexual de menores. Debe facilitar el intercambio de mejores prácticas en la Unión y fuera de ella. El Centro de la UE debe fomentar el diálogo entre todas las partes interesadas pertinentes para contribuir al desarrollo de programas de prevención más avanzados. Además, al cooperar con los Estados miembros y contribuir a la normalización de la recogida de datos sobre abusos sexuales y explotación sexual de menores en toda la Unión, el Centro de la UE ha de contribuir a respaldar políticas basadas en datos contrastados en materia de prevención y asistencia a las víctimas. Los Estados miembros deben establecer autoridades nacionales o entidades equivalentes, según lo que consideren más adecuado en función de su organización interna, teniendo en cuenta la necesidad de una estructura mínima con tareas bien definidas, que sean capaces de llevar a cabo evaluaciones de las tendencias en el abuso sexual de menores, compilar estadísticas, medir los resultados de las acciones para prevenir y combatir el abuso sexual de menores, e informar periódicamente sobre dichas tendencias, estadísticas y resultados. Dichas autoridades nacionales deben servir de punto de contacto nacional y adoptar en su trabajo un enfoque integrador de todas las partes interesadas. Además, los Estados miembros deben establecer los mecanismos necesarios a nivel nacional para garantizar la coordinación y cooperación eficaces entre todos los agentes públicos y privados pertinentes en el desarrollo y la aplicación de medidas para prevenir y combatir el abuso sexual de menores y la explotación sexual de menores, tanto en línea como fuera de línea, así como para facilitar la cooperación con el Centro de la UE y la Comisión. Dado que el Centro de la UE se crea mediante el Reglamento [.../.../UE por el que se establecen normas para prevenir y combatir el abuso sexual de los menores], todas las disposiciones de la presente Directiva que se refieran a él deben aplicarse a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento.

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16 COM(2022) 209, de 11.5.2022.

(42)Los Estados miembros deben adoptar medidas encaminadas a impedir o prohibir los actos relacionados con la promoción del abuso sexual de los menores y de la explotación sexual de menores en el contexto de viajes o turismo. Pueden estudiarse distintas medidas preventivas, como por ejemplo la redacción y mayor rigor de un código de conducta y de mecanismos autorreguladores en el sector del turismo, la fijación de un código ético o de «sellos de calidad» o el establecimiento de una política específica para las organizaciones turísticas que combatan el abuso sexual a menores y la explotación sexual de menores en el contexto de viajes o turismo. Los Estados miembros deben aprovechar los instrumentos de que disponen en virtud del Derecho de la Unión, el Derecho nacional y los convenios internacionales, con el fin de prevenir los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores en el contexto de viajes o turismo que transiten por su territorio o se dirijan a él, en particular adoptando las medidas adecuadas tras la recepción de la información pertinente procedente de terceros países, incluida la realización de controles adicionales o la denegación de la entrada en el contexto del Reglamento (UE) 2018/1861, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones fronterizas17.

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17 Reglamento (UE) 2018/1861 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2018, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones fronterizas, por el que se modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y se modifica y deroga el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 (DO L 312 de 7.12.2018, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj).

(43)Los Estados miembros deben elaborar o reforzar sus políticas de prevención del abuso sexual y la explotación sexual de los menores —incluidas medidas destinadas a disuadir y disminuir la demanda que estimula todas las formas de explotación sexual de menores— y medidas destinadas a reducir el riesgo de que los menores se conviertan en víctimas, mediante la información, las campañas de sensibilización dirigidas también a padres, voluntarios, cuidadores, maestros, educadores, profesionales del ámbito de la protección de menores, profesionales de la asistencia social y acogida, formadores, entrenadores, abogados, jueces de familia, funcionarios de policía de primera línea, profesionales sanitarios, líderes de comunidades religiosas y a la sociedad en su conjunto y los programas de investigación y educación, incluida la educación sexual. En este tipo de iniciativas, los Estados miembros deben adoptar un enfoque basado en los derechos de los menores. Debe velarse especialmente por que se garantice que las campañas de sensibilización orientadas a los menores sean adecuadas y fáciles de comprender y estén adaptadas a las necesidades específicas de los menores de diferentes grupos de edad, incluidos los niños en edad preescolar, así como los menores especialmente vulnerables, incluidos los que tengan alguna discapacidad mental, intelectual, sensorial o física, los menores en contextos de migración, tanto acompañados como no acompañados, o los niños que no se ajusten a las normas convencionales en materia de la orientación sexual, identidad y expresión de género o características sexuales. Las medidas de prevención deben adoptar un enfoque global del fenómeno del abuso y la explotación sexuales de menores, abordando sus dimensiones en línea y fuera de línea y movilizando a todas las partes interesadas pertinentes. En particular, en lo que respecta a la dimensión en línea, las medidas deben incluir el desarrollo de capacidades de alfabetización digital, que han de permitir también interactuar de manera crítica con el mundo digital, para ayudar a los usuarios a detectar y abordar los intentos de abuso sexual de menores en línea, buscar apoyo y prevenir su perpetración. Debe prestarse especial atención a la prevención del abuso sexual de menores y la explotación sexual de los menores que se encuentran acogidos en un centro colectivo, en lugar de en acogimiento familiar. En el caso de que no estén ya en funcionamiento, debe tenerse en cuenta la posibilidad de establecer líneas de ayuda o líneas telefónicas directas específicas. Los menores deben poder obtener información y asesoramiento sobre las infracciones a que se refieren los artículos 3 a 8 ter a través de dichos canales.

suprimido

(50)Cuando la peligrosidad o los posibles riesgos de reincidencia en las infracciones así lo aconsejen, los autores condenados deben ser inhabilitados, con carácter temporal o permanente, para el ejercicio, al menos con carácter profesional y voluntario, de actividades que impliquen contactos directos y regulares con menores o en el seno de organizaciones que trabajan en pro de los menores o de organizaciones activas en interés público en la lucha contra el abuso sexual de menores. Los empleadores deben recabar información, cuando contraten personal para un puesto que implique tales contactos directos y regulares con menores, sobre las condenas por infracciones sexuales contra menores que consten en el registro de antecedentes penales, o de las penas de inhabilitación que aún no se hayan cumplido. A efectos de la presente Directiva, la noción de empleador también debe abarcar a las personas que estén al frente de una organización dedicada a labores de voluntariado que guarden relación con la vigilancia o el cuidado de menores y que impliquen contactos directos y regulares con ellos, también en entornos colectivos como escuelas, hospitales, servicios sociales, clubes deportivos o comunidades religiosas. El modo de facilitar esa información, por ejemplo, por medio de la persona en cuestión, así como su contenido exacto, el sentido de las actividades de voluntariado organizadas y los contactos directos y regulares con los menores deben establecerse conforme a la legislación nacional. No obstante, la información transmitida de una autoridad competente a otra debe contener al menos todos los registros pertinentes almacenados por cualquier Estado miembro en sus registros nacionales de antecedentes penales, así como todos los registros pertinentes que puedan obtenerse fácilmente de terceros países, como la información que pueda obtenerse del Reino Unido a través del canal establecido de conformidad con el título IX de la tercera parte del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra19.

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19 DO L 149 de 30.4.2021, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/ojhttp://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.

(52)Por lo que respecta a la información no disponible o aún no disponible en el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), por ejemplo la información relativa a autores que sean nacionales de terceros países hasta el momento en que se aplique plenamente el Reglamento (UE) 2019/816 del Parlamento Europeo y del Consejo20, los Estados miembros deben utilizar otros canales para proporcionar toda la información pertinente a los empleadores que contraten a alguien para un puesto que implique un contacto directo y regular con menores. La presente Directiva no tiene por objeto la armonización de las normas relativas al consentimiento de la persona interesada para el intercambio de informaciones procedentes de los registros de antecedentes penales, es decir, determinar si se precisa dicho consentimiento o no. Independientemente de que se precise o no dicho consentimiento con arreglo al Derecho nacional, la presente Directiva no establece ninguna obligación nueva de modificación del Derecho nacional y los procedimientos nacionales a este respecto.

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20 Reglamento (UE) 2019/816 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que se establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS‑TCN) a fin de complementar el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1726 (DO L 135 de 22.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/816/oj).

La presente Directiva establece normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en el ámbito de los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores, el material de abuso sexual de menores y el embaucamiento de menores con fines sexuales, incluidas las cometidas mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. También introduce disposiciones para mejorar la prevención de estas infracciones penales y la protección de sus víctimas.

a)todo material que represente a un menor participando en una conducta sexualmente explícita real o simulada,

b)toda representación, por todos los medios, de las partes íntimas de un menor con fines principalmente sexuales;

c)todo material que represente a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita real o simulada o cualquier representación de las partes íntimas de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales,

d)toda imagen, pseudofotografía, reproducción o representación realista de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o de las partes íntimas de un menor, con fines principalmente sexuales, con independencia del método de creación o manipulación, incluyendo el uso de inteligencia artificial, tecnologías de ultrafalsificación o contextos de realidad aumentada, ampliada o virtual,

e)todo material, independientemente de su forma, destinado a proporcionar asesoramiento, orientación o instrucciones sobre cómo cometer cualquiera de las infracciones a que se refieren los artículos 3 a 8 ter, incluida cualquier instrucción para sistemas de inteligencia artificial;

4)«explotación de menores por medio de la prostitución»: la utilización de un menor en actividades sexuales en las que se entregue o prometa dinero u otra forma de remuneración, ganancia, ventaja, beneficio o contraprestación como pago por la participación del menor en actos de carácter sexual, independientemente de que el pago, la promesa, la ganancia, la ventaja, el beneficio o la contraprestación se entregue o se haga al menor o a un tercero;

5)«espectáculo de abuso sexual de menores »: la exhibición en directo dirigida a un público de una o varias personas, incluso por medio de las tecnologías de la información y la comunicación:

a)de un menor participando en actos o conductas sexualmente explícitos reales o simulados, o

b)de las partes íntimas de un menor con fines principalmente sexuales,

(No afecta a la versión española).

Infracciones relacionadas con los abusos sexuales de menores

1.Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las conductas dolosas a que se refieren los apartados 2 a 8 sean punibles.

2.Hacer, con fines sexuales, que un menor que no haya alcanzado la edad de consentimiento sexual, o un menor que haya alcanzado la edad de consentimiento sexual y no haya dado su consentimiento, presencie actos de carácter sexual —incluida la exposición del menor a contenidos pornográficos—, aunque no participe en ellos, se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a un año.

3.Hacer, con fines sexuales, que un menor que no haya alcanzado la edad de consentimiento sexual, o un menor que haya alcanzado la edad de consentimiento sexual y no haya dado su consentimiento, presencie abusos sexuales, aunque no participe en ellos, se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a dos años.

4.Realizar actos de carácter sexual con un menor que no haya alcanzado la edad de consentimiento sexual o hacer que el menor realice actos de carácter sexual con otra persona o consigo mismo se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a diez años.

a)abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre el menor se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a doce años, o

b)abusando de una situación especialmente vulnerable del menor, debida en particular a una discapacidad física, mental, intelectual o sensorial o a una situación de dependencia, se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a doce años; o

c)empleando coacción, fuerza, violencia física o psicológica, chantaje u otras amenazas se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a catorce años;

6.Emplear coacción, fuerza o amenazas con un menor para que participe en actos de carácter sexual con un tercero o consigo mismo se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a catorce años.

7.Las conductas dolosas siguientes se castigarán con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a dieciséis años:

8.Los tipos de conducta a que se refiere el apartado 7 se castigarán con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a dieciséis años cuando el menor haya alcanzado la edad de consentimiento sexual y no haya dado su consentimiento.

9.A los efectos de los apartados 2, 3, 4 y 8, los Estados miembros garantizarán que:

a)por acto no consentido se entienda todo acto que se realice sin el consentimiento del menor o cuando el menor no pueda formar libremente su voluntad debido a la presencia de las circunstancias a que se refiere el apartado 5 o debido a otras circunstancias, en particular las condiciones físicas o mentales del menor tales como un estado de inconsciencia, sueño, intoxicación, sorpresa, parálisis, enfermedad o lesión corporal;

c)la ausencia de consentimiento no pueda ser refutada invocando el silencio, la falta de resistencia verbal o física o la conducta sexual pasada o presente del menor o una relación pasada o actual con el infractor.

Infracciones relacionadas con la explotación sexual de menores

1.Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las conductas dolosas a que se refieren los apartados 2 a 7 bis sean punibles.

2.Hacer que un menor participe en espectáculos de abuso sexual de menores, captarlo para que lo haga, lucrarse por medio de tales espectáculos o explotar de algún otro modo a un menor para esos fines se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a seis años.

3.Emplear coacción, fuerza o amenazas con un menor para que participe en espectáculos de abuso sexual de menores se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a nueve años.

4.Asistir a sabiendas a espectáculos de abuso sexual de menores en los que participen menores se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a tres años.

5.Explotar a un menor por medio de la prostitución, captarlo para que lo haga, lucrarse con ello, o explotar de algún otro modo a un menor para esos fines se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a doce años.

6.Emplear coacción, fuerza o amenazas con un menor con fines de explotación por medio de la prostitución, se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a catorce años.

7.Realizar actos de carácter sexual con un menor recurriendo a la explotación por medio de la prostitución se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a doce años.

2.La adquisición o la posesión de material de abuso sexual de menores, incluida la posesión del material a que se refiere el artículo 2, punto 3), letra d), para uso privado, se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a dos años.

3.El acceso a sabiendas a material de abuso sexual de menores por medio de las tecnologías de la información y la comunicación se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a dos años.

4.La distribución, difusión o transmisión de material de abuso sexual de menores se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a cuatro años.

5.El ofrecimiento, suministro o puesta a disposición de material de abuso sexual de menores se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a cuatro años.

6.La producción de material de abuso sexual de menores, incluida la producción del material a que se refiere el artículo 2, punto 3), letra d), para uso privado, se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a ocho años.

A efectos del apartado 1, las conductas a que se refieren los apartados 2 y 3 y la transmisión a que se refiere el apartado 4 no se considerarán cometidas de forma ilícita, en particular, cuando las realice una organización, como una línea directa, establecida en un Estado miembro que actúe en interés público contra el abuso sexual de menores que haya sido autorizada por las autoridades competentes de dicho Estado miembro, o se haga en su nombre y bajo su responsabilidad, si dichas acciones se lleven a cabo de conformidad con las condiciones establecidas en dicha autorización.

Estas condiciones incluirán la obligación de que las organizaciones que reciban dichas autorizaciones dispongan de los conocimientos especializados y la independencia necesarios, que existan mecanismos adecuados de denuncia y supervisión para garantizar que las organizaciones actúen con rapidez, diligencia y en interés público, y que las organizaciones utilicen canales de comunicación seguros para llevar a cabo las acciones cubiertas por la autorización.

8.Los Estados miembros establecerán un marco jurídico para las organizaciones que actúen en interés público contra el abuso sexual de menores a que se refiere el apartado 7 y velarán por que las autorizaciones que reciban dichas organizaciones de las autoridades competentes de un Estado miembro permitan que se lleven a cabo todas las actividades siguientes:

(No afecta a la versión española).

(No afecta a la versión española).

(No afecta a la versión española).

(No afecta a la versión española).

a)la propuesta, incluso por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, de encontrarse con un menor en persona o en línea con el fin de cometer alguna de las infracciones a que se refiere el artículo 3, apartados 4, 5, 6 y 7, el artículo 4 y el artículo 5, apartado 6, cuando tal propuesta haya ido acompañada de actos materiales que puedan ir encaminados al encuentro, se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a un año;

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la tentativa de un adulto, incluso por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, de cometer las infracciones a que se refiere el artículo 5, apartados 2 y 3, embaucando a un menor para que le proporcione material de abuso sexual de menores sea punible con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a un año.

La conducta a la que se refiere el párrafo primero se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a dos años cuando se emplee coacción, fuerza o amenazas.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la tentativa de un adulto, incluso por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, de cometer las infracciones a que se refiere el artículo 4, apartados 2 y 5, haciendo que el menor participe en espectáculos de abuso sexual de menores o sea explotado sexualmente sea punible con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a tres años.

La conducta a la que se refiere el párrafo primero se castigará con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a seis años cuando se emplee coacción, fuerza o amenazas.

Incitación a la comisión de abusos sexuales o explotación sexual, incluida la retransmisión en directo

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la promesa o la entrega dolosas de dinero, u otra forma de remuneración o contraprestación, a una persona para que cometa cualquiera de las infracciones a que se refieren el artículo 3, apartados 4, 5, 6, 7 y 8, el artículo 4, apartados 2 y 3, y el artículo 5, apartado 6, incluida la retransmisión en directo, se castigue con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a cinco años.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la explotación o la administración dolosas de un servicio de la sociedad de la información concebido para facilitar o fomentar la comisión de cualquiera de las infracciones a que se refieren los artículos 3 a 7 se castigue con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a diez años.

1.Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la inducción y la complicidad en la comisión de las infracciones a que se refieren los artículos 3 a 8 bis sean punibles.

2.Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la comisión en grado de tentativa de las infracciones a que se refieren el artículo 3, apartados 4, 5, 6, 7 y 8, el artículo 4, apartados 2, 3, 5, 6 y 7, el artículo 5, apartados 4, 5 y 6, el artículo 7 y el artículo 8 bis sea punible.

1.Los Estados miembros velarán por que, en el contexto del artículo 3, apartados 2, 4 y 7, se prevea una exención de la tipificación para los actos de carácter sexual consentidos entre iguales, siempre que no exista abuso de confianza o dependencia entre iguales.

2.Los Estados miembros velarán por que, en el contexto del artículo 4, apartado 4, se prevea una exención de la tipificación para los espectáculos que tengan lugar en el contexto de una relación consentida cuando el menor haya alcanzado la edad de consentimiento sexual, o entre iguales, siempre que los actos no impliquen abusos ni explotación y que no medie dinero ni otras formas de remuneración o contraprestación a cambio del espectáculo.

Los Estados miembros velarán por que, en el contexto del artículo 5, apartados 2, 3, 4 y 6, se prevea una exención de la tipificación para la producción, adquisición o posesión de material, o el acceso a este, en el que estén involucrados exclusivamente:

cuando ese material haya sido producido y se posea con el consentimiento de los menores involucrados y se emplee exclusivamente para el uso privado de las personas involucradas, siempre que no exista abuso de confianza o dependencia entre iguales.

4.Los Estados miembros velarán por que, en el contexto del artículo 6 se prevea una exención de la tipificación para las proposiciones, las conversaciones, los contactos o los intercambios entre iguales, siempre que no exista abuso de confianza o dependencia entre iguales.

A efectos de los apartados 1 a 4 del presente artículo, podrá considerarse que un menor que haya alcanzado la edad de consentimiento sexual ha dado su consentimiento a una actividad únicamente cuando el menor haya dado su libre consentimiento de forma clara, informada e inequívoca, evaluado en el contexto de las circunstancias que concurran en el caso, tal como se definen en el artículo 2, punto 2 bis. No se considerará que un menor que haya alcanzado la edad de consentimiento sexual ha dado su consentimiento cuando no haya podido formar libremente su voluntad debido a la presencia de las circunstancias a que se refiere el artículo 3, apartado 5, o debido a otras circunstancias, en particular las condiciones físicas o mentales del menor tales como un estado de inconsciencia, sueño, intoxicación, sorpresa, parálisis, enfermedad o lesión corporal.

La ausencia de consentimiento no puede ser refutada invocando el silencio, la falta de resistencia verbal o física o la conducta sexual pasada del menor o una relación pasada o actual con el infractor.

6.El envío consentido de imágenes, vídeos íntimos o material similar no puede interpretarse como un consentimiento para compartir o difundir a terceros esa misma imagen, vídeo o material similar, tampoco en una versión manipulada o alterada. Cualquier intercambio o difusión posterior, ya sea por el destinatario original o por cualquier otra parte, requerirá el consentimiento explícito e informado de la persona representada.

a)que la infracción haya sido cometida contra cualquier menor en una situación de especial vulnerabilidad, por ejemplo un menor de corta edad, un menor con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, privado de libertad o cuya libertad esté restringida, en situación de dependencia o de incapacidad física o mental;

1.A fin de evitar el riesgo de reincidencia en las infracciones, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas físicas que hayan sido condenadas por alguna de las infracciones a que se refieren los artículos 3 a 9 puedan ser inhabilitadas, con carácter temporal o permanente, para el ejercicio de actividades, al menos profesionales y organizadas voluntariamente, que impliquen o faciliten contactos directos y regulares con menores.

2.Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los empleadores al contratar a una persona para realizar actividades profesionales o actividades de voluntariado organizadas que impliquen contactos directos y regulares con menores, así como las organizaciones que actúen en interés público contra el abuso sexual de menores, al contratar a su personal, asesores y voluntarios estén obligadas a solicitar información, de conformidad con el Derecho nacional, por cualquier medio apropiado, como el acceso previa petición o a través del interesado, relativa a la existencia de condenas por cualquiera de las infracciones a que se refieren los artículos 3 a 9 que consten en el registro de antecedentes penales, o de cualquier inhabilitación para ejercer actividades que impliquen contactos directos y regulares con menores derivada de dichas condenas penales.

3.Con vistas a la aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando así lo soliciten las autoridades competentes, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la transmisión de la información por parte de las autoridades al solicitante relativa a la existencia de condenas penales por cualquiera de las infracciones a que se refieren los artículos 3 a 9, o de cualquier inhabilitación para ejercer actividades que impliquen contacto directo y regular con menores derivada de dichas condenas penales, así como que la información transmitida sea lo más completa posible y que incluya al menos la información sobre las condenas penales o las inhabilitaciones derivadas de condenas penales en poder de cualquier Estado miembro. A tal fin, dicha información se transmitirá a través del ECRIS o del mecanismo de intercambio de información de antecedentes penales establecido con terceros países.

Penas aplicables a las personas jurídicas

1.Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que se castigue a la persona jurídica considerada responsable en virtud del artículo 13 l con penas efectivas, proporcionadas y disuasorias, que podrán consistir en multas de carácter penal o de otro tipo, u otras penas como, por ejemplo:

2.Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, en el caso de las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al artículo 13, las infracciones punibles con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a dos años en el caso de las personas físicas se castiguen con multas cuyo máximo no sea inferior al 1 % del volumen de negocios mundial total de la persona jurídica ya sea en el ejercicio anterior a aquel en que se haya cometido la infracción o en el ejercicio anterior a la decisión de imposición de la multa, o a un importe de ocho millones EUR si el de esta es inferior.

3.Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, en el caso de las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al artículo 13, las infracciones punibles con penas de prisión cuya duración máxima no sea inferior a tres años en el caso de las personas físicas se castiguen con multas cuyo máximo no sea inferior al 5 % del volumen de negocios mundial total de la persona jurídica ya sea en el ejercicio anterior a aquel en que se haya cometido la infracción o en el ejercicio anterior a la decisión de imposición de la multa, o a un importe de 40 millones EUR si de el de esta es inferior.

Investigación y enjuiciamiento

suprimido

suprimido

suprimida

suprimida

suprimida

3.Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas, las unidades o los servicios responsables de la investigación o del enjuiciamiento de las infracciones a que se refieren los artículos 3 a 9 dispongan de instrumentos de investigación efectivos, como los utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada u otros casos de delincuencia grave. Cuando proceda, entre estos instrumentos se podrán contar instrumentos de investigación especiales, como los utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada u otros casos de delincuencia grave, por ejemplo, la posibilidad de llevar a cabo investigaciones encubiertas, el uso de los sistemas denominados «tarro de miel», la interceptación de comunicaciones, la vigilancia discreta, incluida la electrónica, y el control de cuentas bancarias u otros medios de investigación financiera conformes a las leyes nacionales.

4.Los Estados miembros garantizarán que las personas, las unidades o los servicios que investiguen y enjuicien las infracciones a que se refieren los artículos 3 a 9 dispongan de personal y de conocimientos especializados para investigar y enjuiciar eficazmente dichas infracciones, en particular las cometidas mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, de conformidad con las normas aplicables del Derecho de la Unión y nacional.

2.Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para animar a toda persona que tenga conocimiento o sospechas, de buena fe, de la comisión de cualquiera de las infracciones a que se refieren los artículos 3 a 9 a comunicarlo a los servicios competentes, sin perjuicio del artículo 18 del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo24 y del artículo 12 del Reglamento (UE) .../...25 [por el que se establecen normas para prevenir y combatir el abuso sexual de los menores].

__________________

24 Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales) (DO L 277 de 27.10.2022, p. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj?locale=es).

25 Reglamento (UE)

3.Los Estados miembros garantizarán que al menos todos los profesionales y voluntarios que trabajen en estrecho contacto con menores, inclusive en los sectores de la protección de menores, la educación, el deporte, la atención a la infancia y la atención sanitaria, así como los abogados, los maestros y los educadores, los jueces de familia y los funcionarios de policía de primera línea, estén informados y formados para reconocer los abusos sexuales contra menores.

4.Los Estados miembros eximirán de la obligación de información prevista en el apartado 3 a los profesionales en activo en el contexto de programas dedicados a personas que hayan sido condenadas por una infracción penal punible con arreglo a la presente Directiva o a las personas que teman que puedan cometer cualquiera de las infracciones punibles con arreglo a la presente Directiva.

1.Además de los derechos de las víctimas cuando interponen una denuncia con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2012/29/UE y al artículo 5 bis de la Directiva (UE) .../... [propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos], los Estados miembros garantizarán que las víctimas puedan denunciar las infracciones a que se refieren los artículos 3 a 9 de la presente Directiva a las autoridades competentes gratuitamente y de manera segura, confidencial, libre, fácil y accesible. Se podrá, por ejemplo, denunciar dichas infracciones penales y presentar pruebas, cuando sea posible, mediante tecnologías de la información y la comunicación fácilmente accesibles y fáciles de utilizar.

2.Los Estados miembros garantizarán que los procedimientos de denuncia a que se refiere el apartado 1 sean seguros y confidenciales y estén diseñados de manera adaptada a los menores y con un lenguaje adecuado, en función de su edad y madurez. Los Estados miembros garantizarán que el consentimiento parental no sea necesario para denunciar y que se facilite una información adecuada sobre los procedimientos de denuncia y los servicios de apoyo.

3.Los Estados miembros garantizarán que se prohíba a las autoridades competentes que tengan contacto con las víctimas que denuncien infracciones de abuso sexual transferir datos personales relativos a la situación de residencia de la víctima a las autoridades competentes en materia de migración, así como utilizarlos con intención de lanzar procedimientos de retorno.

6.Cuando más de un Estado miembro tenga competencias para conocer de alguna de las infracciones penales a que se refieren los artículos 3 a 9, los Estados miembros de que se trate cooperarán para determinar cuál de ellos sustanciará el proceso penal. Si procede, y de conformidad con el artículo 12 de la Decisión Marco 2009/948/JAI, se dará traslado del asunto a Eurojust y se informará de ello a todas las autoridades nacionales competentes para facilitar la cooperación transfronteriza.

1.Los Estados miembros garantizarán que los menores víctimas de las infracciones a que se refieren los artículos 3 a 9 reciban asistencia, apoyo y protección con arreglo a lo dispuesto en los artículos 21 y 22, habida cuenta del interés superior del menor, independientemente de que exista una denuncia formal.

1.Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la asistencia y el apoyo especializado y adecuado a las víctimas antes, durante y por un periodo de tiempo adecuado después de la conclusión del proceso penal a fin de que puedan ejercer los derechos establecidos en la Directiva 2012/29/UE, en la Directiva (UE) …/… [propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos] y en la presente Directiva. Los Estados miembros ofrecerán en particular a las víctimas de las infracciones a que se refieren los artículos 3 a 9 centros de referencia accesibles, que formen parte de los sistemas nacionales de salud, a fin de asegurar un apoyo eficaz a los menos víctimas de abuso o explotación sexuales y garantizar la gestión clínica de la violencia sexual, incluida la asistencia en la custodia y documentación de las pruebas, de conformidad con el artículo 9 bis de la Directiva (UE).../... [propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos]. Dichos centros proporcionarán un apoyo que tome en consideración las condiciones de trauma, y, cuando sea preciso, efectuarán una derivación hacia apoyo postraumático y asesoramiento especializados. Los Estados miembros garantizarán que los menores víctimas de abuso o explotación sexual tengan acceso a exámenes médicos y forenses que puedan ser ofrecidos en estos centros o mediante derivación a centros o unidades especializados. Los Estados miembros garantizarán la coordinación entre los centros de referencia y los centros médicos y forenses competentes. Todos los servicios a que se refiere el presente artículo se ofrecerán de manera adaptada a los menores. Los Estados miembros podrán disponer que estos centros estén vinculados a los centros establecidos en virtud del artículo 28 de la Directiva (UE) 2024/1385 sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Los Estados miembros adoptarán en especial las medidas necesarias para asegurar la protección de los menores que denuncien casos de abusos sufridos dentro de su propia familia, en consonancia con el interés superior del menor.

2.Los Estados miembros garantizarán que se ofrezca a las víctimas y a sus familiares una atención médica accesible, orientada al menor, integral, especializada, coordinada y adaptada a la edad y a las necesidades del menor, incluidos el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y el apoyo emocional, psicosocial, psicológico, legal, educativo y administrativo, así como cualquier otro apoyo adecuado concebido en particular para las situaciones de abuso sexual, prestando especial atención a la recuperación a largo plazo de las víctimas. Dicho apoyo estará disponible en un lugar único, sobre la base del modelo de Barnahus.

3.Cuando sea necesario, los Estados miembros proporcionarán alojamiento provisional. Los menores se alojarán prioritariamente con otros familiares, teniendo en cuenta su interés superior, o, en caso necesario, en un alojamiento temporal o permanente, y recibirán servicios de apoyo.

4.Los Estados miembros garantizarán que las víctimas de infracciones punibles con arreglo a la presente Directiva tengan acceso a los centros de referencia a que se refiere el artículo 26 de la Directiva [.../.../UE propuesta de Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica]26.

__________________

26 COM(2022) 105, de 8.3.2022.

7.Se considerará que los menores víctimas de las infracciones a que se refieren los artículos 3 a 9 son víctimas especialmente vulnerables en el sentido del artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2012/29/UE y la Directiva (UE) …/… [propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos].

9.El Centro de la UE, una vez establecido, apoyará proactivamente los esfuerzos de los Estados miembros en materia de asistencia a las víctimas:

Protección de los menores víctimas en las investigaciones y procesos penales

1.Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, en las investigaciones y procesos penales, de acuerdo con el estatuto de la víctima en su correspondiente ordenamiento jurídico, las autoridades competentes designen a un representante especial del menor víctima cuando, en virtud de la legislación nacional, los titulares de la responsabilidad parental no estén autorizados para representar al menor en el proceso judicial a causa de un conflicto de intereses entre ellos y el menor víctima, o cuando el menor no esté acompañado o esté separado de su familia. Todas las autoridades que participen en el proceso deberán recibir formación en materia de justicia adaptada a los menores.

a)las declaraciones del menor víctima o, cuando proceda, del menor testigo, se celebren sin demoras injustificadas tras la comunicación de los hechos a las autoridades competentes;

b)las declaraciones del menor víctima o, cuando proceda, del menor testigo, tengan lugar en locales concebidos o adaptados a tal efecto;

c)las declaraciones del menor víctima o, cuando proceda, del menor testigo, sean tomadas por o mediante profesionales con formación adecuada a tal efecto;

d)las mismas personas, siempre que ello sea posible y conveniente, tomen todas las declaraciones del menor víctima o, cuando proceda, del menor testigo;

f)el menor víctima o, cuando proceda, el menor testigo, esté acompañado por su representante legal o, en su caso, por un adulto elegido por él, salvo que por decisión motivada se haya excluido a esta persona;

4.Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, en las investigaciones penales relativas a las infracciones a que se refieren los artículos 3 a 9, todas las declaraciones del menor víctima o, cuando proceda, del testigo que sea menor, puedan ser grabados por medios audiovisuales y que estas grabaciones audiovisuales puedan ser admitidas como prueba en el proceso penal, de conformidad con las normas de su Derecho nacional.

b)que el menor víctima o, cuando proceda, el menor testigo, pueda declarar sin estar presente en la sala de audiencia, mediante la utilización de tecnologías de la comunicación adecuadas.

6.Cuando ello redunde en interés de los menores víctimas o, cuando proceda, de los menores testigos, y teniendo en cuenta otros intereses primordiales, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para proteger su intimidad, identidad e imagen, así como para impedir la difusión pública de cualquier información que pudiera dar lugar a su identificación.

7.Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, cuando la participación de un menor sea necesaria en un proceso judicial penal relativo a cualquiera de las infracciones a que se refieren los artículos 3 a 9, el órgano jurisdiccional tenga en cuenta las vulnerabilidades del menor en los procesos judiciales pertinentes, incluidas las relacionadas con la edad, la madurez y el bienestar físico y mental del mismo. Los Estados miembros velarán por que esto se aplique a todos los menores, incluidos los sospechosos o los condenados por un delito.

2.Además de los derechos que les otorga el artículo 16 bis de la Directiva (UE).../... [propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos], las víctimas podrán solicitar una indemnización en un proceso penal o civil por cualquier daño o perjuicio que les cause cualquiera de las infracciones punibles con arreglo a la presente Directiva. Los Estados miembros velarán por que no se aplique ningún plazo de prescripción al derecho de indemnización de la víctima.

suprimido

suprimida

suprimida

suprimida

Los Estados miembros establecerán o designarán autoridades nacionales o entidades equivalentes para llevar a cabo las siguientes actividades:

En particular, las autoridades nacionales serán responsables de las obligaciones de recogida de datos, investigación y notificación a que se refiere el artículo 31.

Los Estados miembros establecerán mecanismos adecuados para garantizar una coordinación y cooperación eficaces, a nivel nacional, entre las autoridades, agencias y organismos pertinentes, incluidas las autoridades locales y regionales, las autoridades policiales, el poder judicial, los fiscales, los prestadores de servicios de apoyo, así como con los proveedores de servicios de la sociedad de la información, las organizaciones no gubernamentales —incluidas las que operen líneas telefónicas directas y de ayuda—, los servicios sociales, incluidas las autoridades de protección o bienestar infantil, los proveedores de educación y asistencia sanitaria, los interlocutores sociales, sin perjuicio de su autonomía, y otras organizaciones y entidades pertinentes, a fin de desarrollar y aplicar medidas para luchar contra el abuso y la explotación sexuales de menores, tanto en línea como fuera de línea. Estos mecanismos también garantizarán una coordinación y cooperación eficaces entre los Estados miembros, con el Centro de la UE y la Comisión y con otras agencias y organismos de la Unión.

suprimido

1.Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas que teman poder cometer las infracciones a que se refieren los artículos 3 a 9 puedan acceder fácilmente y de manera anónima a programas o medidas de intervención eficaces y específicos destinados a evaluar y prevenir el riesgo de comisión de tales infracciones, así como a canales accesibles y de fácil uso y disponibilidad, como por ejemplo líneas de ayuda o chats en línea, gestionados por personal con formación adecuada.

2.Los Estados miembros garantizarán que los programas o medidas a que se refiere el apartado 1 sean accesibles sin restricciones indebidas en consonancia con las normas nacionales en materia de asistencia sanitaria y que estos programas reciban en todo momento los recursos adecuados.

1.Para disuadir y disminuir la demanda, que estimula todas las formas de explotación sexual de los menores, los Estados miembros adoptarán medidas apropiadas, como la educación y la formación, la información y las campañas de concienciación sobre las consecuencias a lo largo de la vida del abuso sexual de menores y su naturaleza ilícita y sobre la posibilidad de que las personas que teman cometer infracciones relacionadas con este accedan a programas o medidas de intervención específicos y eficaces. Los Estados miembros elaborarán una estrategia de comunicación y planes de acción nacionales y promoverán el diálogo y la cooperación con organizaciones de la sociedad civil, líneas directas, líneas de ayuda, autoridades públicas y servicios de la sociedad de la información pertinentes.

2.Los Estados miembros adoptarán medidas apropiadas, incluso por medio de Internet, como campañas de información y concienciación, programas o material de educación, investigación y formación —inclusive en alfabetización digital, en educación sexual adecuada a cada edad centrada en el concepto del consentimiento, en prácticas seguras en línea y fuera de línea y en el correcto uso de internet y de las nuevas tecnologías—, cuando proceda en cooperación con las correspondientes organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas, destinadas a concienciar y reducir el riesgo de que los menores sean víctimas de abuso sexual o explotación sexual.

3.Los Estados miembros garantizarán que se promueva u ofrezca formación periódica especializada, en particular en materia de justicia adaptada a los menores, a profesionales, jueces y funcionarios, incluidos, entre otros, profesionales del ámbito de la protección de menores, abogados, personal de atención a la infancia, profesionales de la asistencia sanitaria, maestros y educadores, voluntarios y formadores, jueces de familia y funcionarios de policía de primera línea, que puedan estar en contacto con los menores víctimas de abusos o explotación sexual, con el objeto de que puedan detectar precozmente síntomas de abusos o explotación sexual e identificar a los menores víctimas y a las víctimas potenciales y ocuparse de ellas.

Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar la prevención del abuso sexual de menores en entornos comunitarios, como escuelas, hospitales, servicios de asistencia social, acogida, guarderías, clubes deportivos o comunidades religiosas, capacitando a menores y adultos, incluidos padres y educadores, para detectar posibles comportamientos maliciosos.

a)actividades específicas de formación y concienciación para el personal, los asesores y los voluntarios que trabajen en estrecho contacto con menores, entre otras cosas sobre cómo prevenir e identificar el abuso y la explotación sexual de menores y darles una respuesta adecuada a la edad, sensible al género y atenta al trauma;

b)políticas obligatorias de protección de los menores, directrices específicas, protocolos internos y normas que incorporen buenas prácticas, como el establecimiento de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para el personal que trabaje en estrecho contacto con menores en tales entornos;

c)la creación de espacios seguros y accesibles, gestionados por personal especializado y debidamente formado, en los que niños, padres, cuidadores y miembros de la comunidad puedan denunciar comportamientos inadecuados.

Las medidas de prevención prestarán especial atención a la necesidad de proteger a los niños especialmente vulnerables, especialmente los niños con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial.

5.A efectos de la presente Directiva, los Estados miembros recibirán el apoyo proactivo del Centro de la UE, una vez establecido:

c)propiciando la generación y el intercambio de conocimientos, orientaciones para profesionales de primera línea, mejores prácticas y conocimientos especializados entre los Estados miembros, las instituciones, órganos y organismos de la Unión y terceros países mediante la administración de una base de datos pública de las medidas y programas de prevención aplicados en cada Estado miembro y en terceros países.

b)den su conformidad en participar en los programas o medidas con pleno conocimiento de los hechos;

2.Los Estados miembros podrán adoptar medidas para bloquear rápidamente el acceso a las páginas web que contengan o difundan material de abuso sexual de menores a los usuarios de Internet en su territorio. Dichas medidas se establecerán mediante unos procedimientos transparentes y ofrecerán garantías adecuadas, sobre todo con miras a garantizar que la restricción se limite a lo necesario y proporcionado y que los usuarios estén informados del motivo de la restricción. Estas garantías también incluirán la posibilidad de recurso a los tribunales.

1.Los Estados miembros dispondrán de un sistema de registro, elaboración y suministro de datos estadísticos anonimizados sobre las fases de denuncia, investigación y procesamiento en relación con las infracciones penales a que se refieren los artículos 3 a 9, con objeto de realizar un seguimiento de la eficacia de sus medidas de lucha contra el abuso sexual y la explotación sexual de menores.

2.Las estadísticas comprenderán los siguientes datos desglosados por sexo, género, edad de la víctima y del autor, relación entre la víctima y el autor y tipo de infracción:

b)el número de infracciones denunciadas y de personas procesadas y condenadas por las infracciones a que se refieren los artículos 3 a 9 al año, obtenidas de fuentes administrativas nacionales;