1.Acoge con satisfacción el informe de la Comisión, de 27 de marzo de 2024, titulado «Visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: logros clave y vías a seguir», y suscribe sus objetivos generales;

2.Toma nota de los cuatro ejes de actuación de la Visión Rural y de las treinta acciones de las que se compone el Plan de Acción Rural de la UE; pide a la Comisión y a los Estados miembros que concedan la máxima importancia a su aplicación;

3.Destaca el papel crucial de las zonas rurales a la hora de orientar los modelos económicos y la organización social y territorial de los distintos Estados miembros, en particular como fuente de producción agrícola y alimentaria, pero también como guardianas de un patrimonio cultural y paisajístico insustituible; observa, no obstante, que su importancia sigue estando infravalorada y que siguen recibiendo una financiación insuficiente; considera que la Unión tiene el deber de promover una verdadera revitalización y regeneración de estos territorios, realizando esfuerzos adicionales para dotar a nuestras zonas rurales de las herramientas adecuadas para superar los considerables retos a largo plazo a los que se enfrentan y que tienen un impacto cada vez mayor en la competitividad regional y la cohesión social, con el fin de preservar la diversidad europea y garantizar que el progreso de la Unión no se produzca a expensas de las zonas rurales y de su población;

4.Considera que es importante desarrollar cadenas de suministro cortas y promover el uso de sistemas de etiquetado para reconocer la calidad y variedad de los productos tradicionales de las zonas rurales; subraya que los comedores públicos, como los de las escuelas y los hospitales, pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de las cadenas de suministro agroalimentarias cortas;

5.Reconoce el papel clave de las ciudades pequeñas y medianas como centros de desarrollo en las regiones rurales y pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen específicamente sus funciones económicas, sociales y de infraestructura, revitalicen los centros urbanos, utilicen mejor las sinergias entre las zonas rurales y las grandes regiones metropolitanas y garanticen un desarrollo territorial más equilibrado;

6.Destaca la urgente necesidad de adoptar medidas para combatir la pobreza en las zonas rurales mediante el desarrollo de estrategias específicas para mejorar la seguridad social, crear oportunidades económicas y apoyar a las poblaciones especialmente vulnerables, con el fin de romper el ciclo de la pobreza;

7.Destaca que las zonas rurales son agentes clave a la hora de mitigar los efectos del cambio climático; hace hincapié en la necesidad de aumentar la inversión en investigación e innovación para las zonas rurales, en particular en los ámbitos de la agricultura sostenible, las energías renovables, la transformación digital y las soluciones innovadoras de movilidad, a fin de mejorar la competitividad y la resiliencia de las regiones rurales, lograr la independencia energética y crear nuevas oportunidades de empleo; alienta la gestión forestal sostenible y la prevención de los incendios forestales, en particular promoviendo el uso de la biomasa que se recoge sin dañar los ecosistemas forestales;

8.Pide la expansión de las energías renovables en las zonas rurales, sobre la base de su potencial para reducir los costes de la energía, con la participación de la sociedad civil y las comunidades locales; hace hincapié en la necesidad de prever incentivos financieros, medidas similares a las comunidades de energías renovables y procesos administrativos simplificados, a fin de impulsar la independencia energética y la sostenibilidad de las regiones, evitando al mismo tiempo repercusiones negativas en la producción de alimentos, la disponibilidad de tierras y los precios, así como en la cohesión social; pide un mecanismo de financiación específico para la instalación de fuentes de energía fotovoltaica, eólica y otras fuentes de energía renovables;

9.Pide un mayor apoyo a la conservación, la restauración y la transformación de edificios antiguos, en particular edificios históricos, iglesias y otros lugares de culto, salas deportivas y escuelas en las zonas rurales, a fin de mejorar la eficiencia energética, la sostenibilidad y la seguridad; insta a que se invierta en la modernización de las infraestructuras públicas, preservando al mismo tiempo las estructuras históricas en la medida de lo posible; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan políticas específicas que apoyen la renovación y la readaptación eficiente desde el punto de vista energético de las viviendas rurales, incentivos financieros para quienes compran vivienda por primera vez en el medio rural, en particular para los jóvenes y las familias, y el desarrollo de proyectos de vivienda sostenible y asequible adaptados a las necesidades de las comunidades locales, que contribuyan a aumentar el atractivo y la revitalización de estas regiones;

10.Pide a la Comisión que evalúe y aplique plenamente los artículos 174, 175 y 349 del TFUE para colmar la brecha de desarrollo entre las regiones, en particular en lo que respecta a las infraestructuras, y que vele por que todas las políticas de la Unión no solo apliquen el principio de «no perjudicar a la cohesión», sino también que sigan un enfoque más firme de «promover la cohesión» siempre que sea posible, en particular en las zonas rurales y en las zonas especialmente afectadas por la transición industrial, los retos demográficos y la despoblación, así como en las zonas en riesgo de despoblación, como las regiones ultraperiféricas, las islas y las regiones fronterizas, transfronterizas y de montaña;

11.Pide a la Comisión que desarrolle una estrategia rural con vistas a la programación posterior a 2027; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen la incorporación de una dimensión rural en las políticas pertinentes, a que velen por que la estrategia promueva el desarrollo económico y social de las zonas rurales y a que asignen recursos específicos a la modernización de la agricultura, apoyando a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las empresas emergentes del medio rural y promoviendo cadenas de suministro cortas con el fin de hacer que las zonas rurales estén más conectadas y sean más competitivas, resilientes y atractivas para los jóvenes y los inversores, garantizando así un desarrollo equilibrado y sostenible a largo plazo y mejorando la calidad de vida; subraya, en este sentido, la importancia de contar con un Mecanismo de Verificación Rural realmente eficaz a escala de la Unión, con el fin de evaluar el potencial de todas las políticas pertinentes y mitigar los posibles efectos negativos que puedan tener en las zonas rurales;

12.Subraya que, para garantizar la prosperidad a largo plazo de las zonas rurales y apoyar a un sector agrícola fuerte para mantener esta prosperidad en las zonas rurales, es esencial reforzar las sinergias entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, Horizonte Europa —el programa emblemático de investigación e innovación de la Unión— y la PAC en el próximo marco financiero plurianual;

13.Pide a la Comisión que presente, a más tardar en 2027, un informe sobre la aplicación del Mecanismo de Verificación Rural a las políticas e intervenciones a escala de la Unión y los resultados obtenidos;

14.Pide a la Comisión que dé prioridad a inversiones y medidas políticas específicas para apoyar la transición a una nueva generación de agricultores, con el fin de modernizar la agricultura de la Unión y crear más oportunidades en las zonas rurales;

15.Destaca el papel crucial de la política de cohesión para el desarrollo de las zonas rurales como un instrumento descentralizado y potente para el desarrollo económico y social, que permite a todas las regiones hacer frente a los retos específicos a los que se enfrenta la Unión; subraya, en este sentido, que la política de cohesión debe seguir siendo un pilar clave del MFP posterior a 2027 y debe contar con una asignación que se mantenga en un umbral mínimo equivalente a los niveles actuales del MFP 2021-2027, con el fin de preservar su papel fundamental en la reducción de las disparidades regionales y en la configuración de una Europa más resiliente y competitiva que no deje a nadie atrás; pide que en el próximo marco de la política de cohesión se estudie la posibilidad de asignar recursos adecuados a las zonas rurales y montañosas y de complementar el PIB a escala regional con otros indicadores; recuerda que deben respetarse los principios fundamentales de la política de cohesión, como la asociación, la gobernanza multinivel, un enfoque de base local y la gestión compartida, a fin de fomentar el desarrollo y satisfacer las necesidades y los retos específicos de las zonas rurales, prestando especial atención a las herramientas de apoyo al crecimiento y el desarrollo sostenibles y al empleo juvenil y femenino, en particular entre las víctimas de la violencia contra las mujeres, así como a la mejora de los servicios y las infraestructuras;

16.Considera que las estrategias de especialización inteligente y diversificación económica podrían promover más oportunidades en las zonas rurales; hace hincapié, en particular, en la importancia crucial de integrar el concepto de los pueblos inteligentes en la política de cohesión y de apoyar explícitamente, por medio de financiación flexible y un enfoque integrado, el desarrollo de los pueblos inteligentes, que constituyen un instrumento innovador que permite mejorar la calidad de vida y revitalizar las zonas rurales y sus servicios a través de la innovación digital y social y de iniciativas como las destinadas a promover los espacios de trabajo para atraer a los trabajadores, en particular los trabajadores a distancia, y a revitalizar las economías locales;

17.Alienta iniciativas que promuevan la sostenibilidad económica y social, incluido el apoyo al emprendimiento rural, el turismo rural y los nuevos modelos de negocio basados en la innovación y la digitalización;

18.Pide a la Comisión que, en la futura política de cohesión, se ponga un énfasis fuerte y holístico en el desarrollo de las zonas rurales, de modo que todas las iniciativas políticas sean coherentes con el objetivo de reducir las disparidades territoriales; considera esencial definir estrategias a largo plazo que puedan apoyar a las zonas rurales, que se centren en el principio de cohesión y sostenibilidad y proporcionen los instrumentos necesarios para hacer frente a los retos demográficos, sociales y económicos, a fin de garantizar que estas zonas no queden abandonadas, sino que puedan convertirse en agentes fundamentales del futuro de Europa, sin tener que depender constantemente de intervenciones extraordinarias; pide, en este sentido, a la Comisión que apoye un desarrollo importante de las zonas rurales en la futura política de cohesión y se comprometa a crear puntos de información locales y a ofrecer una plataforma y ayuda financiera para que los Estados miembros puedan intercambiar información y buenas prácticas sobre las posibilidades de financiación, con vistas a proporcionar a las autoridades locales un apoyo efectivo y ayudarles en la gestión de los recursos y la puesta en práctica de las iniciativas de desarrollo; hace hincapié, además, en que la participación efectiva de las autoridades regionales, locales y rurales y una sólida capacidad administrativa son esenciales para reducir la carga administrativa excesiva y los complejos requisitos exigidos a los beneficiarios, así como para la ejecución eficaz de los fondos de la política de cohesión; destaca que la financiación múltiple sigue siendo difícil en algunos países y pide a la Comisión que mejore las complementariedades entre el Feader y los fondos de la política de cohesión;

19.Subraya la necesidad de una estrategia europea integrada para la revitalización de las zonas rurales, también a través del desarrollo de biodistritos, reconociendo su potencial para diversificar la economía rural mediante medidas fiscales, económicas y sociales para mantener a la población activa; destaca, asimismo, la utilidad de aplicar incentivos para la reubicación de los profesionales del ámbito sanitario, educativo y de las administraciones públicas, así como la importancia de las asociaciones entre las autoridades locales y el sector privado para la creación de nuevos puestos de trabajo;

20.Subraya que la ampliación de los planes de inversión territorial integrada (ITI) y la liberación de todo su potencial podrían convertirlos en la piedra angular del desarrollo regional, local y rural integrado; hace hincapié en que reforzar el papel de la ITI en las zonas rurales es esencial para fomentar la cohesión territorial, mejorar la conectividad e impulsar un crecimiento económico integrador mediante el apoyo a sectores clave como la agricultura, las pymes rurales, el turismo y las energías renovables; pide, además, una mayor flexibilidad en la ejecución de la ITI, el aumento de las asignaciones financieras y el refuerzo de las sinergias con otros mecanismos de financiación de la Unión, como Leader y el desarrollo local participativo, instrumentos clave para fomentar el desarrollo rural participativo ascendente y para mantener y restaurar unas economías rurales locales vivas y prósperas, a fin de maximizar el efecto e implicar activamente a las autoridades regionales y locales y a la sociedad civil, en consonancia con el principio de asociación;

21.Sugiere que todas las direcciones generales pertinentes de la Comisión lleven a cabo una evaluación del impacto territorial de sus respectivas políticas al menos dos veces por cada período de programación; considera que estas evaluaciones establecerían una base de referencia más precisa y permitirían determinar formas de integrar de manera más eficaz las características de las zonas rurales en las políticas de la Unión;

22.Pide a los Estados miembros que hagan pleno uso de todas las medidas de apoyo a las regiones rurales, interiores, montañosas, insulares y ultraperiféricas, así como a las regiones transfronterizas y las situadas en las fronteras exteriores de la Unión, incluidas las fronterizas con Rusia, Bielorrusia y Ucrania, que son las que se ven más afectadas por la guerra, para atenuar las perturbaciones económicas y garantizar su futuro y prosperidad; acoge con satisfacción el nuevo Reglamento sobre la facilitación de soluciones transfronterizas y pide a los Estados miembros que lo apliquen, reforzando la cooperación entre las regiones transfronterizas para permitir economías de escala en la prestación de servicios e infraestructuras básicos en las zonas rurales afectadas;

23.Llama la atención sobre la diversidad de las zonas rurales de la Unión y sobre el hecho de que una visión a largo plazo para ellas requiere soluciones a medida para las necesidades y recursos de las zonas rurales, de forma paralela al refuerzo de las estrategias a largo plazo para el crecimiento sostenible; subraya, a este respecto, la necesidad de implicar plenamente a las autoridades locales y regionales, que son las mejor situadas para determinar los retos y necesidades actuales a nivel regional y local; destaca lo esencial que resulta mantener un modelo descentralizado de programación y ejecución de la política de cohesión basado en el principio de asociación y gobernanza multinivel y en un enfoque ascendente de base local; pide, por tanto, una amplia participación de las autoridades regionales y locales para garantizarles un acceso más directo a los fondos de la política de cohesión, reduciendo la complejidad burocrática y acelerando los plazos de desembolso, mediante procedimientos más simplificados, plataformas digitales intuitivas y un mayor apoyo técnico a los beneficiarios locales; propone que se fomente el uso de regímenes de prefinanciación y anticipos para pequeños proyectos en las zonas rurales;

24.Subraya que la centralización puede dar lugar a ineficiencias burocráticas y retrasos en la absorción de fondos, reduciendo en última instancia la eficacia de las inversiones de la Unión en el desarrollo rural;

25.Destaca que la ejecución de las políticas de desarrollo de las zonas rurales requiere un enfoque coordinado, integrado y multisectorial y que es esencial reforzar un enfoque a varios niveles en consonancia con el principio de subsidiariedad para garantizar su éxito;

26.Destaca que la resiliencia es esencial para que las autoridades a nivel local y regional puedan mitigar los retos repentinos, adaptarse a ellos y recuperarse de ellos, garantizando el bienestar, la seguridad y la sostenibilidad de la comunidad a largo plazo;

27.Pide que una parte suficiente de los fondos de la política de cohesión se asigne a las regiones fronterizas y, a este respecto, pide que se conceda a las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT) un mayor grado de autonomía en la selección de proyectos y la utilización de los fondos, en particular mediante la designación de las AECT como autoridades de gestión de los programas Interreg y el refuerzo de su capacidad institucional y financiera; recomienda, además, que se conceda a las AECT un papel más importante en la consecución del objetivo político 5, a saber, acercar Europa a sus ciudadanos;

28.Subraya la necesidad de reforzar la participación democrática y política en las zonas rurales promoviendo el compromiso cívico activo y las herramientas digitales; pide a la Comisión que apoye iniciativas que fomenten los procesos democráticos locales para mejorar la cohesión entre las regiones urbanas y rurales;

29.Recuerda la necesidad de que las zonas rurales puedan prestar a la población servicios de interés general esenciales y de calidad para mejorar sus medios de subsistencia y aprovechar sus puntos fuertes a fin de alcanzar un desarrollo sostenible, para lo cual deben recibir un apoyo financiero adecuado; subraya, a tal fin, la necesidad de garantizar igualdad de acceso, en particular a las personas vulnerables y las personas con discapacidad, a todos los servicios sanitarios, de transporte y de conectividad, incluidas las soluciones innovadoras de movilidad, los planes específicos para viviendas asequibles, los servicios relacionados con el agua, los servicios de educación y formación, las infraestructuras digitales y otros servicios básicos, como los servicios postales y bancarios, así como su accesibilidad y asequibilidad a fin de garantizar unas condiciones de vida adecuadas; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten el acceso a la financiación y a medidas de apoyo adaptadas a las iniciativas de economía social que aborden las necesidades locales y contribuyan al desarrollo regional y, al mismo tiempo, que refuercen el apoyo financiero ofrecido a las pymes rurales —en particular, facilitando el acceso a los recursos financieros—, las cooperativas y las cadenas de valor locales que fomentan la diversificación económica;

30.Subraya la importancia estratégica de los recursos hídricos para las zonas rurales y hace hincapié en la necesidad de proporcionar recursos suficientes, en el marco de la política de cohesión y de los programas de desarrollo rural, para el mantenimiento y la modernización de la red hídrica; recomienda, en particular, la inclusión de medidas para luchar contra las fugas de agua, mejorar la eficiencia de los sistemas de abastecimiento y promover el uso sostenible de los recursos hídricos en las zonas rurales;

31.Considera fundamental otorgar aún mayor importancia a las medidas preventivas para aumentar la resiliencia de las zonas rurales europeas frente a las catástrofes naturales; estima que un enfoque integrado de la gestión de los recursos hídricos es esencial para abordar simultáneamente la prevención de inundaciones y la gestión de las sequías, dos riesgos cada vez más importantes en muchas regiones rurales, tanto en el ámbito agrícola como en el alimentario; reconoce que, dependiendo del contexto, la construcción de presas y embalses o la mejora de las instalaciones existentes es una prioridad, al tiempo que se busca el equilibrio entre las infraestructuras construidas y las medidas no vinculantes de coste relativamente bajo, en particular porque pueden ser una fuente de energía limpia; señala que, si bien la política de cohesión ya apoya iniciativas en este ámbito, se requieren más proyectos y una mayor inversión, en consonancia con las estrategias nacionales y regionales de gestión de riesgos, para garantizar que las zonas rurales estén mejor preparadas y sean capaces de resistir fenómenos climáticos extremos;

32.Destaca la creciente amenaza de los riesgos climáticos, como los desastres naturales, la desertificación y la escasez de agua en muchas zonas rurales de Europa, en particular en la Europa meridional y la cuenca mediterránea; pide a la Comisión que promueva estrategias de adaptación orientadas al futuro a escala nacional, regional y local, entre ellas la gestión del agua, las infraestructuras resilientes y la preparación ante las catástrofes, y pide inversiones en infraestructuras hídricas innovadoras, como la reutilización de aguas residuales tratadas y sistemas de riego inteligentes, y la construcción de depósitos para la recogida de aguas pluviales;

33.Observa que las zonas rurales adolecen de acceso limitado a los servicios sanitarios esenciales, con escasez de instalaciones y personal médico, por lo que pide que se mejore el acceso a servicios sanitarios de calidad, en particular a servicios de salud mental;

34.Pide a los Estados miembros y a las autoridades locales que garanticen los servicios esenciales indispensables para el desarrollo de las zonas rurales y que, por tanto, no establezcan restricciones económicas para la asistencia sanitaria en zonas rurales, ya que ello conlleva el cierre o la reducción de los servicios de primeros auxilios o de establecimientos hospitalarios básicos, los cuales, al contrario, conviene reforzar;

35.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren un plan para las unidades médicas móviles y para la telemedicina, el refuerzo de los servicios médicos, incluidos los servicios termales médicos, el personal de enfermería de la sanidad pública local y las soluciones sanitarias digitales, así como los incentivos para los médicos que trabajan en zonas rurales y remotas;

36.Pide a la Comisión que incluya en su estrategia de sanidad electrónica medidas específicas para las zonas identificadas como zonas rurales, con el fin de prestar un apoyo concreto a los establecimientos sanitarios locales para la mejora de las tecnologías, y que fomente los servicios que dichos establecimientos ofrecen; subraya que también debe ofrecerse a los Estados miembros un programa de cribado dirigido a las zonas rurales y que también debe prestarse apoyo administrativo para ayudar en la elaboración de planes y registros de prevención; pide a los Estados miembros que tengan en cuenta las particularidades de estas zonas y que alienten la creación de farmacias rurales, con el fin de adaptar específicamente las redes de farmacias a una zona rural, con mecanismos de coordinación para el suministro de medicamentos y productos sanitarios, con el fin de racionalizar y adaptar las necesidades de los establecimientos sanitarios de cada zona; pide a los Estados miembros que potencien las farmacias rurales antes mencionadas en lo que se refiere a la prestación de primeros auxilios y servicios de apoyo;

37.Destaca el papel central del desarrollo de infraestructuras para el crecimiento económico y social de las zonas rurales, basado en la necesidad de sistemas de transporte, en particular el público, que permitan mejores conexiones y acceso a servicios esenciales, redes energéticas, incluidas las renovables, e infraestructuras de conectividad digital adecuadas; señala, en particular, que es necesario mejorar la calidad del transporte y de la conectividad digital, a fin de garantizar que las personas tengan fácil acceso a los puestos de trabajo, las escuelas, los hospitales, los servicios públicos y las oportunidades de empleo; subraya que hay que desarrollar o mejorar las conexiones de transporte ferroviario, marítimo y por carretera a través de programas cofinanciados por la Unión para reducir el aislamiento de las zonas rurales, en particular en relación con los centros urbanos, reduciendo la brecha actual, y facilitar la movilidad sostenible de personas y mercancías; pide una estrategia global para mejorar la movilidad en las zonas rurales, prestando especial atención a la sostenibilidad, la ampliación de las infraestructuras de recarga y la promoción de la electromovilidad; hace hincapié en la necesidad de inversiones específicas en transporte público, soluciones de movilidad compartida y modelos de transporte alternativos para garantizar la accesibilidad y la conectividad de las poblaciones rurales;

38.Destaca que la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas sigue siendo considerable, lo que dificulta la igualdad de oportunidades para todos los residentes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aceleren las inversiones en conectividad de banda ancha, incluida la 5G, una mejor cobertura móvil, redes de internet de alta velocidad, soluciones agrícolas digitales y centros de innovación rural, garantizando que la transformación digital beneficie a las comunidades rurales, prestando al mismo tiempo especial atención a las regiones menos preparadas para esta transformación, como las zonas remotas y las regiones ultraperiféricas; subraya que estas inversiones son cruciales para mejorar la productividad, apoyar el emprendimiento de las pequeñas explotaciones, facilitar el trabajo a distancia, garantizar el acceso a los servicios electrónicos y la enseñanza en línea y asegurar que las zonas rurales sigan siendo competitivas en la era digital; llama la atención sobre la necesidad de emprender iniciativas de alfabetización digital y formación profesional para apoyar la integración de las tecnologías digitales en la economía rural y colmar la actual brecha tecnológica y económica;

39.Destaca la importancia y la interconexión de la movilidad militar, el desarrollo de infraestructuras rurales y la seguridad regional; pone de relieve el solapamiento que existe entre la red de movilidad militar de la Unión y la red transeuropea de transporte;

40.Pide estrategias para abordar la cuestión de los edificios vacíos y promover conceptos alternativos de vivienda en las zonas rurales, incluida la vivienda asequible, los proyectos de renovación y la vivienda intergeneracional; hace hincapié en la necesidad de otorgar incentivos para dar un nuevo uso a las propiedades vacías, apoyar iniciativas de vivienda impulsadas por la comunidad y garantizar espacios vitales sostenibles e inclusivos;

41.Destaca la importancia de promover políticas prioritarias de apoyo a los jóvenes, principales actores del éxodo rural, y pide a la Comisión que garantice la aplicación efectiva del «derecho de permanencia» a través de medidas específicas destinadas a frenar el declive demográfico en las zonas rurales y a animar a las personas con talento a permanecer en ellas; considera que las personas que deseen contribuir al desarrollo de sus comunidades locales deben contar con amplias oportunidades, por lo que urge eliminar las barreras y las importantes disparidades entre los jóvenes de las zonas urbanas y las zonas rurales en términos de acceso a una educación de alta calidad, independencia económica, participación social y política e interacción social intergeneracional; pide medidas concretas y programas de financiación específicos, incluido un plan de acción de la Comisión relativo a la fuga de cerebros, para apoyar a los jóvenes y a los jóvenes emprendedores, facilitándoles todos los instrumentos y recursos necesarios para ayudarles a acceder a las tierras agrícolas, al empleo y a las oportunidades de negocio; señala que estas medidas deben incluir la mejora del acceso a los servicios públicos, las instalaciones educativas y culturales, el acceso a la vivienda, los préstamos a interés bajo y, teniendo debidamente en cuenta el principio de subsidiariedad en materia fiscal, incentivos fiscales para ayudar a los jóvenes a construir un futuro estable en consonancia con sus aspiraciones, sin necesidad de abandonar su lugar de origen, así como la creación de incentivos para instalarse o regresar a las zonas rurales; considera necesario, por tanto, promover medidas para diversificar la economía rural aprovechando el potencial local, también en zonas ajenas a la agricultura y el turismo, y crear puestos de trabajo de calidad;

42.Destaca la importancia de impulsar la educación y la formación profesionales, fomentando al mismo tiempo las iniciativas dirigidas por los jóvenes y el aprendizaje no formal para que los jóvenes desarrollen competencias específicas relacionadas con la economía de las zonas rurales, como instrumento para la cohesión social y el empleo de calidad, con vistas a luchar contra la despoblación en estas zonas;

43.Subraya el papel clave de las campañas de sensibilización e intercambio de conocimientos en el impulso de diversos programas y campañas educativos, y la importancia de integrarlos en los planes de estudio escolares; destaca los datos cada vez más preocupantes sobre el abandono escolar prematuro y, a tal fin, pide a las autoridades nacionales y locales que reorganicen sus sistemas escolares para garantizar el derecho a la educación en sus territorios, teniendo en cuenta las dificultades graves y objetivas a las que pueden enfrentarse; pide, por consiguiente, a los Estados miembros y a las autoridades locales que no fusionen los establecimientos escolares existentes en estas zonas;

44.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que prevean nuevas facilidades de crédito capaces de apoyar a los jóvenes emprendedores y a las mujeres en sus actividades, incluidas formas de garantía alternativa para el acceso al crédito; pide apoyo financiero para empoderar a los jóvenes agricultores, garantizando así el crecimiento en las economías rurales;

45.Acoge con satisfacción la nueva dotación de préstamos del paquete financiero de 3 000 000 000 EUR para la agricultura, la silvicultura y la pesca en todo el territorio europeo del Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) como una iniciativa concreta para colmar las lagunas de financiación de las pymes en la agricultura y la bioeconomía y facilitar la financiación para los jóvenes agricultores y las mujeres; pide al Grupo BEI que estudie nuevas formas de apoyo para proporcionar liquidez a los intervinientes a lo largo de las cadenas de valor agrícolas y rurales;

46.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten las empresas emergentes locales y los programas de incentivos para el retorno de los jóvenes y para la adquisición y renovación de viviendas por parte de los jóvenes en las zonas rurales;

47.Pide a la Comisión que cree un fondo europeo para el emprendimiento juvenil en zonas rurales, que preste especial atención a las regiones afectadas por el elevado desempleo juvenil y la fuga de cerebros; señala que este fondo debe apoyar a las empresas emergentes rurales, la agricultura innovadora, el turismo sostenible y la digitalización mediante instrumentos financieros específicos e incentivos fiscales;

48.Llama la atención sobre la necesidad de garantizar para todos una igualdad de acceso a las medidas destinadas a adquirir competencias de calidad para lograr objetivos profesionales, así como a la educación y formación profesionales; lamenta que, en muchos ámbitos, el trabajo de las mujeres carezca actualmente de igualdad de oportunidades y de condiciones, ya que a menudo estas se enfrentan a más retos, como un acceso limitado a oportunidades de empleo, la falta de medidas suficientes de conciliación de la vida familiar y la vida profesional y la falta de servicios de guardería; hace hincapié en la necesidad de fomentar un entorno propicio al empleo femenino, con apoyo para todas las familias, garantizando unos sistemas de educación infantil y atención a la infancia de alta calidad y apoyo a los padres;

49.Pide un mayor apoyo a las mujeres en las zonas rurales, en particular mediante medidas para mejorar el acceso al empleo, la educación, la asistencia sanitaria y las infraestructuras sociales, así como la protección contra la violencia y la prevención de la violencia, a fin de promover participación económica y social de las mujeres; hace hincapié en que deben crearse programas específicos para apoyar a las empresarias en las regiones rurales con el fin de reforzar su independencia económica;

50.Subraya que el apoyo a las mujeres en las zonas rurales es imperativo por diversas razones, como la promoción de la igualdad de género, el impulso del crecimiento económico, el fomento del desarrollo comunitario, la reducción de la pobreza y la garantía de la sostenibilidad medioambiental; pone de relieve que las mujeres desempeñan una función a diversos niveles en el desarrollo rural, a saber, como trabajadoras, agricultoras y propietarias de empresas, y subraya que, a menudo, se pasa por alto su importancia en las zonas rurales y en la economía local; hace hincapié en que debe prestarse especial atención a las mujeres de las zonas rurales al concebir programas estructurales de apoyo social y desarrollo regional; destaca que hacer frente a estos obstáculos es crucial para empoderar a las mujeres y liberar todo su potencial en las comunidades rurales;

51.Pide a los Estados miembros y a la Comisión que fomenten la concienciación sobre las posibilidades de financiación de la Unión existentes y futuras para las empresarias en las zonas rurales y que les faciliten el acceso a las ayudas financieras; anima a los Estados miembros y a las autoridades locales y regionales a hacer uso de los fondos estructurales y de inversión de la Unión actuales para respaldar a las mujeres emprendedoras;

52.Pide que se adopten políticas de igualdad de género en el empleo y medidas específicas para promover un mejor equilibrio entre la vida profesional y la vida privada en las zonas rurales, como modelos de trabajo flexibles, oportunidades de trabajo digital, mejores ofertas de ocio y educación, y la promoción de estructuras de asistencia y apoyo basadas en la comunidad para las familias;

53.Insta a la Comisión a que adopte medidas para proteger el modelo de agricultura familiar que sustenta el territorio rural, es más respetuoso con el medio ambiente y garantiza la seguridad alimentaria en la Unión; subraya la necesidad de un sistema de incentivos de la Unión para limitar la acumulación de tierras agrícolas en los fondos de inversión privados y el consiguiente aumento de los precios de la tierra; insiste en la protección de las pequeñas y medianas explotaciones mediante el refuerzo del papel de las cooperativas y los agricultores profesionales en las políticas de la Unión; asimismo, anima a los Estados miembros a que apliquen medidas concretas de apoyo a estas explotaciones mediante la simplificación del acceso a créditos, la modernización de las infraestructuras rurales y el fomento de las cooperativas agrícolas;

54.Destaca el papel central de la agricultura y el sector agroalimentario en la producción de alimentos, garantizando la seguridad alimentaria en la Unión y la creación de empleo, un papel que merece ser defendido, pues tiene una función de protección territorial, es un elemento clave para garantizar la gestión sostenible del territorio y constituye un motor para el desarrollo y el crecimiento de las zonas interiores y rurales, a menudo representadas por productos típicos de excelencia a escala internacional; señala que hay que apoyar a los agricultores en la senda de la innovación y la diversificación, fomentando al mismo tiempo la competitividad de las explotaciones agrícolas; considera que la transición hacia un modelo más sostenible debe abordarse con un enfoque equilibrado, que tenga en cuenta las especificidades locales y las necesidades económicas de las comunidades rurales, sin forzar cambios que puedan socavar el desarrollo de estas a largo plazo; pide, en este sentido, a la Comisión y a los Estados miembros que adopten con contundencia medidas específicas que reduzcan las cargas normativas excesivas y garanticen unas condiciones de mercado justas para mitigar la disminución del número de explotaciones agrícolas y fomentar el relevo generacional; pide un apoyo adecuado para promover la autosuficiencia alimentaria y la diversificación de cultivos; destaca, en particular, los desafíos estructurales específicos de las regiones ultraperiféricas y sus zonas rurales;

55.Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que, con el fin de reforzar la seguridad alimentaria y garantizar que los agricultores europeos no se enfrenten a una competencia desleal de productos que no cumplen las mismas normas en materia de medio ambiente, bienestar animal y seguridad alimentaria, apliquen una estricta equivalencia de las normas de producción para los productos agrícolas importados a la Unión, y pide a la Comisión, a este respecto, que vele por que los acuerdos comerciales respeten las normas agrícolas europeas y garanticen unas condiciones de competencia equitativas para los agricultores de la Unión;

56.Es consciente de que los ambiciosos objetivos de la transición ecológica entrañan tanto riesgos como oportunidades para la agricultura de la Unión; destaca que el número de explotaciones agrícolas en la Unión disminuyó en torno a un 37 % entre 2005 y 2020 y pide, en este sentido, a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para mitigar la disminución del número de explotaciones agrícolas y apoyar sus ingresos y su competitividad, con el fin de luchar contra el abandono de estos territorios y fomentar el relevo generacional;

57.Llama la atención sobre la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos para el acceso a los fondos de la Unión reduciendo la burocracia para los agricultores y las pequeñas empresas rurales mediante la mejora de la coordinación entre los niveles institucionales encargados de la gestión de los fondos, a fin de garantizar una mayor eficiencia y oportunidad en el desembolso de los recursos;

58.Subraya asimismo la necesidad de que estas zonas y las empresas y los titulares de superficies agrícolas y forestales reciban un apoyo financiero suficiente, incluido el apoyo a la adquisición y mantenimiento de equipos, con vistas a aumentar la competitividad europea;

59.Es plenamente consciente de que las zonas rurales desempeñan un papel clave en las transiciones ecológica y digital; subraya que las transiciones deben llevarse a cabo gradualmente, en consonancia con los objetivos alcanzables; pide, a este respecto, que los fondos de la Unión se vinculen mejor a la sostenibilidad medioambiental y la protección de la biodiversidad;

60.Destaca la necesidad de apoyar a las comunidades rurales de las regiones europeas que se han visto más negativamente afectadas por el comercio o exportación de productos agrícolas ucranianos;

61.Señala la importancia de las medidas compensatorias para los agricultores y las empresas rurales para que la transición ecológica sea justa y equitativa y no origine nuevas disparidades socioeconómicas; destaca que, para que esta transición tenga éxito, será fundamental la plena participación y colaboración de todas las partes interesadas, en particular los agricultores y los silvicultores;

62.Destaca que el fomento de la agricultura es un componente necesario de cualquier estrategia de desarrollo rural, pero no basta por sí sola, ya que ni todas las personas de las zonas rurales trabajan en el sector agrícola ni todas viven en estructuras agrícolas;

63.Reconoce que el turismo es a menudo una importante fuente de ingresos para las regiones rurales, montañosas, insulares y ultraperiféricas, al igual que ocurre en la región mediterránea, y que puede potenciar la creación de empleo y fomentar el emprendimiento, así como atraer a un número cada vez mayor de visitantes deseosos de descubrir la naturaleza, las tradiciones y el patrimonio cultural de estas regiones que ofrecen experiencias únicas; considera, por este motivo, que hay que apoyar el turismo con inversiones en la economía rural, en sinergia con los sectores agrícola, pesquero, alimentario y cultural, y que la Unión debe promover la coexistencia y el desarrollo ulterior de estos sectores;

64.Destaca que el turismo rural y el agroturismo pueden ser una actividad complementaria a la agricultura, ofreciendo oportunidades para diversificar los ingresos agrícolas y beneficiando el desarrollo de las zonas rurales, por lo que deben asignarse recursos al desarrollo del turismo y de las actividades de hostelería y restauración;

65.Subraya la necesidad de promover el turismo rural de manera sostenible; destaca la importancia de optimizar los beneficios económicos para las zonas rurales, minimizando al mismo tiempo los posibles efectos negativos del turismo en las comunidades y ecosistemas locales;

66.Hace hincapié en la importancia de proteger y promover a las minorías lingüísticas en las zonas rurales de la Unión, reconociéndolas como parte integrante del patrimonio cultural europeo y como motor del desarrollo regional; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que asignen recursos de la política de cohesión para apoyar proyectos de promoción lingüística, formación, turismo cultural y emprendimiento local relacionados con las tradiciones lingüísticas y culturales de las regiones;

67.Insta a la Comisión y a los Estados miembros a incentivar el turismo en las zonas rurales y despobladas, o en riesgo de despoblación, a través de la financiación de iniciativas que revaloricen los pueblos históricos y los productos tradicionales locales y la creación de nuevas vías verdes y otros caminos naturales, así como de un distintivo para reconocer entornos destacados para el turismo rural y de naturaleza, similar a la «bandera azul» que se otorga a las playas;

68.Observa que, en algunos Estados miembros, los municipios desempeñan un papel crucial como motores del desarrollo económico regional, beneficiándose de unos ingresos fiscales sustanciales generados por sus economías locales; destaca que estos ingresos pueden motivar a los municipios a invertir los fondos de cohesión de la Unión en el aumento de su futura base imponible, promoviendo el crecimiento económico local a largo plazo y garantizando los ingresos fiscales a largo plazo; a tal fin, pide a la Comisión que, teniendo debidamente en cuenta el principio de subsidiariedad en materia fiscal, entable un diálogo sobre los beneficios potenciales de compartir los impuestos sobre las actividades económicas con los municipios;

69.Insiste en el hecho de que una burocracia excesiva no debe impedir que los agricultores se concentren en la producción sostenible de alimentos y el desarrollo económico rural; pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan una dimensión rural sólida en los futuros reglamentos de la política de cohesión y que promuevan, con carácter prioritario, la mejora de la legislación, con el fin de reducir las cargas administrativas y adoptar medidas para garantizar la competitividad de las empresas rurales, en particular las pymes, las cooperativas y los colectivos dirigidos por ciudadanos, así como que promuevan un acceso más fácil y eficiente a los fondos, la reducción de costes y la simplificación de los procesos de presentación y evaluación de solicitudes de financiación de la Unión, especialmente para los pequeños beneficiarios; reafirma que la optimización de los procedimientos, la reducción de la burocracia y la mejora de la transparencia son medidas indispensables para mejorar el acceso a los recursos disponibles; pide a la Comisión, pues, que facilite servicios de asesoramiento y asistencia técnica adecuados a las autoridades de gestión, contribuyendo así también al aumento de las tasas de absorción;

70.Pide un enfoque más integrado entre las políticas industrial y de cohesión de la Unión, garantizando que las estrategias de desarrollo regional se ajusten a los esfuerzos de transición industrial, en particular en las zonas septentrionales escasamente pobladas;

71.Hace hincapié en la importancia de las pymes en los sectores tecnológicos para la digitalización rural y la resiliencia económica; pide a la Comisión que vele por que las medidas públicas apoyen a las empresas locales y fomenten las economías de proximidad, evitando criterios que puedan perjudicar a las empresas más pequeñas;

72.Destaca la necesidad de una mejor armonización entre los instrumentos de desarrollo territorial existentes y los fondos estructurales, incluidas iniciativas como la de aprovechamiento del talento y el Pacto de las Alcaldías;

73.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.