1.Pide a la Comisión que, a propuesta de los Estados miembros, en colaboración con las regiones y los entes locales, facilite el establecimiento de zonas económicas especiales del FTJ para los lugares afectados por cierres de instalaciones, hasta que la mayoría de los puestos de trabajo perdidos localmente se sustituyan en el ámbito local, dando acceso prioritario a la financiación inicialmente a las ubicaciones directamente afectadas en las proximidades generales de la zona en la que se perdieran puestos de trabajo, así como a otras zonas, siempre que esté debidamente justificado que el impacto directo o indirecto de esas pérdidas justifique el acceso al FTJ; subraya la importancia de tener en cuenta también criterios sociales como las tasas de desempleo locales, la precariedad socioeconómica y el riesgo incrementado de exclusión social, garantizando que la recuperación económica esté impulsada por la comunidad y sea sostenible;

2.Pide la introducción de decisiones de planificación más rápidas junto con medidas especiales, instrumentos financieros e incentivos en estas zonas, incluidos incentivos fiscales temporales y específicos para las empresas y las inversiones, siempre que no socaven la estabilidad del mercado único; reafirma que estas medidas pueden crear puestos de trabajo, ofrecer oportunidades a las personas que viven en estas regiones y apoyar a los operadores económicos, dando prioridad a las pymes, las microempresas y las que operan en negocios locales tradicionales y familiares, mejorando el desarrollo y la competitividad regionales;

3.Destaca que las zonas económicas especiales tienen el potencial de impulsar la inversión y el crecimiento en las regiones, como, por ejemplo, las zonas económicas especiales establecidas en el aeropuerto de Shannon, en el condado de Clare (Irlanda) en 1959, y en Katowice, en la región de Silesia (Polonia) en 1996; insiste, no obstante, en que estos mecanismos deben regirse por normas estrictas para garantizar que los beneficios económicos lleguen efectivamente a la población local, eviten cualquier forma de dumping social o de competencia fiscal desleal, blanqueo de capitales, evasión fiscal, y estén sujetos a criterios estrictos de sostenibilidad social, económica y medioambiental, dando prioridad a las empresas locales, especialmente a las pymes y las microempresas;

4.Pide la inclusión de las regiones insulares como zonas que pueden acogerse a la aplicación de tipos impositivos reducidos en el marco de las zonas económicas insulares del FTJ, con el objetivo de hacer frente al coste de la vida desproporcionadamente elevado en estos territorios, que se ve agravado aún más por los efectos de la transiciones ecológica y energética; destaca que estas medidas fiscales son esenciales para mejorar la viabilidad económica de las comunidades insulares, apoyar a las empresas locales y atraer inversiones sostenibles; destaca que los incentivos fiscales específicos pueden servir como herramienta eficaz para contrarrestar la tendencia persistente de despoblación de las islas, promover la creación de empleo y fomentar economías locales resilientes y autosuficientes, garantizando al mismo tiempo una transición justa e inclusiva hacia la neutralidad climática;

5.Señala que los fondos de la Unión (los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y, en particular, el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)) y el FTJ se utilizan para apoyar las inversiones de las distintas regiones en educación de la primera infancia;

6.Reitera que muchas de las regiones cubiertas por el FTJ gozan de una significativa y enorgullecedora historia de programas de formación y aprendizaje profesional, que son esenciales para el reciclaje profesional de los trabajadores, así como para responder a las nuevas demandas del mercado laboral; subraya que debe darse prioridad a su continuación; pide financiación en el marco del FTJ para apoyar el acceso a oportunidades de formación y aprendizaje, especialmente para las mujeres, los jóvenes y las comunidades marginadas;

7.Destaca, a este respecto, la necesidad de dar prioridad a la inversión en todos los niveles de educación y formación en las zonas afectadas, en particular, integrando las capacidades verdes y las competencias digitales, la alfabetización y el cálculo básico, así como las competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM), en los programas de formación, en consonancia con las recientes comunicaciones de la Comisión sobre la Unión de las Competencias, el Plan de Acción sobre Competencias Básicas y el marco estratégico para la educación en CTIM; insiste en la importancia de financiación para reforzar las competencias digitales y técnicas básicas a fin de mejorar la empleabilidad y la competitividad; hace hincapié en la necesidad de una financiación adecuada de la Unión para la enseñanza de los niños y estudiantes procedentes de las zonas afectadas, incluido el apoyo financiero a la enseñanza secundaria y superior;

8.Destaca que la escasez de profesores especializados agrava el déficit de capacidades en sectores estratégicos y socava la competitividad económica de las regiones menos desarrolladas; pide que se desarrollen programas específicos para mejorar el atractivo de la profesión docente, en particular en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM), mediante incentivos económicos y de otro tipo, especialmente en las regiones afectadas por la transición; destaca la importancia de asignar recursos específicos para la formación innovadora de profesores y formadores y el desarrollo de capacidades pedagógicas digitales, que son esenciales para preparar a los trabajadores para las transiciones industriales; pide que se adopten medidas para mejorar el salario y las condiciones de trabajo de los profesores a fin de atraer y retener a educadores cualificados, en particular en las áreas en transición, reconociendo su papel crucial en la preparación de la mano de obra para las futuras necesidades industriales; solicita a la Comisión que evalúe el impacto de las inversiones en la formación de profesores y formadores con el objetivo de garantizar un mejor uso de la financiación y optimizar los resultados en materia de capacidades adquiridos por estudiantes y trabajadores en las regiones menos desarrolladas;

9.Al tiempo que reconoce las inversiones ya realizadas en la formación de aprendices, pide que una parte significativa de los fondos de educación en las regiones afectadas se destine al aprendizaje y a la formación profesionales, de manera que se ajusten a las necesidades de la comunidad local en la que se pierdan puestos de trabajo, a través de programas de aprendizaje de alta calidad, garantizando que ofrezcan una remuneración adecuada, condiciones de trabajo dignas y una formación de calidad;

10.Subraya que la política de cohesión es la respuesta adecuada a las disparidades económicas, y que su papel es especialmente importante ahora, habida cuenta de la amenaza de la desindustrialización; pide una mayor coordinación entre el FTJ, el FSE+ y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para maximizar su impacto en la redistribución y el reciclaje profesional de los trabajadores afectados por reestructuraciones industriales; pide, además, que la gestión de la financiación del FSE+ se centre más en el ámbito regional, se guíe por un enfoque multinivel, en el que participen los entes nacionales, regionales y locales, y se creen mayores y mejores sinergias entre el FSE+ y el FTJ, en particular en relación con la educación y la formación; reconoce asimismo el papel esencial del Banco Europeo de Inversiones en el apoyo a la transición justa y la necesidad de seguir reforzando la cooperación entre la inversión pública y privada;

11.Subraya la importancia de armonizar la política de cohesión, especialmente el FTJ, con las estrategias regionales de innovación y las prioridades de especialización inteligente para mejorar la competitividad regional y apoyar la diversificación económica y la resiliencia de las zonas en transición; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que presten especial atención a las zonas en declive demográfico y a que den prioridad a las zonas afectadas frente a las no afectadas por la transición en los criterios de selección de los proyectos que pueden optar a la financiación del FTJ, aumentando la puntuación de las iniciativas empresariales que se ubiquen directamente en los municipios afectados por el cierre de sectores intensivos en carbono, garantizando así que este incentivo se traduzca en resultados concretos; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que velen por que los fondos disponibles en el marco del MRR contribuyen a apoyar el proceso de transición en los territorios en cuestión;

12.Reconoce el papel fundamental de la industria automovilística en la Unión, también en la generación de empleo en diversas regiones; considera esencial la inclusión del sector del automóvil en el ámbito de la transición justa, habida cuenta de los retos que plantea la competencia mundial en el cambio a la electromovilidad y el impacto de las barreras comerciales injustificadas; destaca la necesidad de políticas específicas que den prioridad al reciclaje profesional de los trabajadores y de iniciativas destinadas a diversificar el modelo económico de las regiones con una industria automovilística significativa;

13.Opina que la formación profesional es una respuesta necesaria a la transformación económica de las regiones; destaca la necesidad de establecer, a través del FTJ, programas ambiciosos y específicos de formación profesional y reciclaje profesional para los solicitantes de empleo y para los trabajadores directamente afectados por las transiciones económicas con el fin de evitar la aparición de desempleo estructural de larga duración; insiste en la necesidad de asignar financiación a estos programas en los planes territoriales de transición justa;

14.Solicita a la Comisión que colabore con los Estados miembros, los entes locales y regionales, los sindicatos y las empresas locales para garantizar que se presta especial atención al hecho de que los trabajadores que hayan perdido su empleo tengan la oportunidad de participar en programas de empleo y formación apoyados por el FSE+ u otros programas financiados por la Unión en sus comunidades;

15.Hace hincapié en la necesidad de desarrollar programas de aprendizaje y formación para las zonas afectadas por la transición, en colaboración con las empresas locales, las instituciones de educación, los centros de formación y aprendizaje permanente, los interlocutores sociales, los entes regionales y locales, así como la administración pública, a fin de proporcionar a los estudiantes y los trabajadores desempleados oportunidades y experiencias significativas en sus comunidades y salvaguardar su «derecho de permanencia»;

16.Subraya que los programas eficaces de reciclaje profesional y mejora de las capacidades requieren una planificación y preparación adecuadas con antelación suficiente a cualquier eliminación gradual o transformación significativa de una actividad industrial; considera que la formación y el reciclaje de los trabajadores y los solicitantes de empleo, la mejora de las capacidades, la readaptación profesional y la formación durante toda la vida deben desarrollarse de manera que se garantice que nadie queda relegado en el camino hacia la transición ecológica y digital de la Unión, sea cual sea su sector laboral, su tipo de contrato, su género o su ubicación geográfica; pide que se adopten medidas para facilitar la anticipación y planificación proactivas de las necesidades en materia de capacidades y para garantizar estos derechos a todos los trabajadores afectados; invita a los Estados miembros y a los entes regionales a crear «consejos locales de competencias» u organismos multilaterales similares, encargados de diagnosticar el déficit local de capacidades, anticipar las necesidades de capacidades relacionadas con las transiciones ecológica y digital y asesorar sobre inversiones específicas en el marco del FTJ y del FSE+;

17.Propone la creación de un mecanismo regional de seguimiento y evaluación del impacto de los programas de aprendizaje, en el que participen todas las partes interesadas (entes locales, empleadores, instituciones de educación y jóvenes); considera que esto permitiría ajustar rápidamente las estrategias de formación a las demandas del mercado laboral y a las opiniones directas de los participantes, garantizando así la sostenibilidad y la eficiencia de los programas de aprendizaje a largo plazo;

18.Señala que las regiones afectadas por la transición ecológica se enfrentan a la escasez de capacidades y mano de obra, mientras que en muchas partes de Europa existe una crisis de la vivienda y superpoblación en las áreas urbanas; propone la creación de un programa de construcción de viviendas asequibles en estas regiones y señala que este programa debería atraer a los jóvenes, contribuyendo así a la revitalización económica y social de estas zonas;

19.Anima a los Estados miembros a integrar las garantías en materia de vivienda, los programas de covivienda y la ayuda al alquiler para aprendices y estudiantes en proyectos financiados por el FTJ y el FSE+, en particular en las regiones con altas tasas de desempleo juvenil o en las que experimentan un declive demográfico;

20.Pide que una parte de los fondos de cohesión se asigne específicamente a la renovación de las viviendas de los hogares de renta más baja y de los edificios menos eficientes desde el punto de vista energético, que, de otro modo, quedarían rezagados en la transición ecológica;

21.Señala que la transición justa no ha tenido suficientemente en cuenta las especificidades de los diferentes perfiles de los trabajadores y las comunidades afectadas; observa, con pesar, que no se han creado alternativas al trabajo estacional, no solo como fuente de ingresos adicionales para los trabajadores, sino también como oportunidad de ingresos para los estudiantes;

22.Llama la atención sobre el desempleo y el desempleo juvenil, en particular en muchas regiones, zonas rurales y Estados miembros; destaca, por tanto, la necesidad de accesibilidad a viviendas, transporte y educación asequibles, así como de la inclusión de las generaciones jóvenes, en particular las procedentes de hogares de ingresos bajos;

23.Hace hincapié en la necesidad de complementar la financiación de los consejos de educación superior y formación con el fin de garantizar el reciclaje o la readaptación profesionales de los trabajadores que se plantean cambiar su perfil profesional o que han perdido su empleo, en particular las mujeres y los mayores de cincuenta años; propone que el FTJ ofrezca también oportunidades de educación, así como de reciclaje y readaptación profesionales, a los familiares directos de los trabajadores afectados en las proximidades de sus lugares de residencia;

24.Advierte que algunas de las industrias que han cerrado, o se encuentran en proceso de cierre, ofrecen condiciones laborales superiores a la media económica, en particular salarios más elevados, pluses de riesgo y seguros de enfermedad para los trabajadores y sus familias; destaca, por tanto, la necesidad de financiación temporal en el marco del FTJ para compensar la diferencia entre las prestaciones por desempleo y los nuevos salarios, lo que permitiría una transición más fluida y garantizaría el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales previamente asumidas;

25.Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de proponer una hoja de ruta para el empleo de calidad antes de finales de 2025, elaborada junto con los interlocutores sociales para garantizar una transición justa para todos; recuerda que la hoja de ruta debe apoyar unos salarios justos, normas estrictas en materia de salud y seguridad, buenas condiciones de trabajo, formación y transiciones laborales justas para los trabajadores, incluidos los trabajadores por cuenta propia, en particular aumentando la cobertura de la negociación colectiva; destaca que la hoja de ruta debe hacer de la gestión de las transiciones una prioridad clave e incluir propuestas de acompañamiento que apoyen de forma concreta a los trabajadores;

26.Hace hincapié en la necesidad de que se aprueben sin demora los «contratos sociales» que se han celebrado para los sectores económicos en proceso de transición justa y que han sido notificados a la Comisión; subraya que estos contratos sociales deben basarse en un diagnóstico y unas previsiones económicas sólidos, apoyar la negociación colectiva así como el respeto de los derechos de los trabajadores, y tener en cuenta las especificidades de las regiones afectadas; apoya la creación de mecanismos de protección social para los trabajadores directamente afectados por las transiciones industrial y energética, que incluyan rentas de transición y prórrogas específica de las prestaciones por desempleo; pide que se adopte una directiva sobre la transición justa en el mundo laboral que establezca un marco legislativo para garantizar la creación de empleo de calidad en las regiones afectadas por la transición; alienta la creación de grupos de trabajadores en las industrias afectadas por la transición, de manera que se posibilite que los antiguos empleados se beneficien directamente de la renovación económica regional;

27.Pide a la Comisión que facilite el establecimiento de un programa de formación social para los trabajadores desempleados de más edad, en particular, las mujeres y los desempleados de larga duración que no puedan reciclarse y conseguir nuevos puestos de trabajo, asegurándoles un apoyo hasta su jubilación que les garantice un nivel de vida digno; subraya la necesidad de reforzar el papel de las mujeres y de promover la integración de las personas con discapacidad;

28.Subraya que los Estados miembros deben priorizar el acceso a terrenos de propiedad estatal y, cuando sea posible, recuperar, rehabilitar y reutilizar edificios y otros activos, como las antiguas instalaciones industriales y los emplazamientos mineros, para nuevos proyectos financiados en el marco del FTJ, incluidas las energías renovables, la renovación energética de edificios o la reindustrialización ecológica; subraya que los Estados miembros y la Comisión deben controlar y supervisar este proceso;

29.Recalca que la transición de las regiones que pueden optar a la ayuda del FTJ no ha concluido todavía y que estas regiones seguirán necesitando apoyo específico para abordar los diferentes retos vinculados a la transición energética en el futuro; considera necesario adoptar medidas para garantizar el máximo aprovechamiento de estos fondos, en particular mediante la simplificación de los procedimientos administrativos, el establecimiento de mecanismos de apoyo y asesoramiento para ayudar a los entes locales a acceder a las inversiones necesarias y a utilizarlas con éxito, y el aumento de la prefinanciación para los entes locales;

30.Recuerda que algunas regiones de la Unión están sufriendo la pérdida continua de trabajadores jóvenes y cualificados debido a los cambios demográficos y a la migración, y que las zonas rurales y de interior, las islas y las regiones ultraperiféricas se ven especialmente afectadas; recuerda, en este contexto, la importancia de unos vínculos fuertes entre las zonas rurales y las urbanas, así como de un apoyo específico para las mujeres en las zonas rurales; recuerda que estos niveles de migración y despoblación inciden gravemente en la competitividad, el crecimiento económico, la seguridad alimentaria, la productividad y la sostenibilidad de las regiones afectadas;

31.Observa, con preocupación, el fuerte descenso en los últimos años de los niveles adecuados de financiación nacional por parte de los Estados miembros en favor de sus regiones más pobres; recuerda la importancia de respetar la norma de la Unión sobre adicionalidad; pide a la Comisión que garantice que las autoridades nacionales tengan debidamente en cuenta la cohesión interna al diseñar y ejecutar los proyectos de los Fondos Estructurales y de Inversión;

32.Acepta que la aplicación del proceso del FTJ es competencia de los Estados miembros, pero pide que se refuerce el papel de los entes locales y regionales y de quienes participan en el proceso de toma de decisiones, garantizando que las estrategias de financiación se ajusten a las necesidades específicas de las comunidades afectadas por la transición y sean coherentes con las inversiones en el marco de otros fondos estratégicos vinculados a la transición justa; destaca que es fundamental simplificar el acceso a las solicitudes y ampliar el ámbito de aplicación del fondo para que otras regiones y sectores igualmente afectados puedan beneficiarse del FTJ; subraya la necesidad de que la Comisión, en cooperación con los Estados miembros, presente directrices claras sobre cuestiones de ejecución con el fin de acelerar la asignación de los fondos y la ejecución eficiente de las iniciativas del FTJ;

33.Considera que la Comisión debería haber establecido parámetros claros para cada Estado miembro en ámbitos como la inversión en educación y formación, la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores para conseguir empleos alternativos, permitiendo que terceros inversores preserven la cultura y las tradiciones de las antiguas regiones carboneras y de turberas, así como que contribuyan a la limpieza de las zonas contaminadas en torno a los lugares de extracción; alienta el intercambio de conocimientos técnicos y mejores prácticas entre las regiones en proceso de transición; pide, además, sinergias con iniciativas como la Nueva Bauhaus Europea en proyectos que reutilicen antiguas instalaciones industriales y las transformen en espacios sociales y culturales;

34.Reconoce el déficit de financiación para proyectos ascendentes de escala; recomienda que una continuación del FTJ colme estas lagunas cuando se detecte una necesidad; destaca la importancia de prestar apoyo técnico específico del FTJ a las regiones, los entes locales y las asociaciones comunitarias, desde las primeras etapas, con el fin de reforzar su capacidad de planificación ascendente y de ayudar a los beneficiarios potenciales a preparar proyectos de alta calidad y repercusión;

35.Reconoce la falta de una financiación de contrapartida para los grupos del sector del voluntariado que soliciten el FTJ y pide un mecanismo de financiación simplificado; destaca la importancia de conceder una prefinanciación suficiente de más de la mitad del coste de capital o de una parte sustancial del proyecto a los grupos que se consideren de bajo riesgo, garantizando de esta manera que estos grupos puedan evitar unos tipos de interés y comisiones elevados por la financiación de contrapartida y la financiación puente, capacitando así a las organizaciones locales de voluntariado y a las asociaciones comunitarias para llevar a cabo eficazmente proyectos relacionados con la transición;

36.Invita a que se refuercen sinergias entre el sector público y el privado con el propósito de abordar conjuntamente el proceso de transición, facilitando así la reconversión productiva de los territorios en cuestión;

37.Destaca el impacto negativo de las normas sobre ayudas estatales en los grupos de voluntariado y sin ánimo de lucro; subraya, en este contexto, el papel esencial de las entidades de la economía social a la hora de ofrecer respuestas concretas y basadas en la comunidad a las necesidades sociales de la ciudadanía de la Unión y de apoyar soluciones inclusivas y centradas en las personas para una transición justa; estima que las normas sobre ayudas estatales pueden flexibilizarse, en condiciones justificadas, para los grupos de voluntariado y sin ánimo de lucro considerados de bajo riesgo; pide a la Comisión, en este contexto, que colabore con los Estados miembros para que pueda haber una mayor coherencia y claridad en la interpretación de la normas sobre ayudas estatales sobre ayudas estatales en la medida en que se apliquen a asociaciones comunitarias y grupos sin ánimo de lucro;

38.Destaca la necesidad de desarrollar un modelo de beneficio a escala de la comunidad mejorado, adaptado a cada región beneficiaria de las medidas para una transición justa; solicita a los Estados miembros y a las autoridades de gestión que, a tal efecto, destinen una parte de los recursos del FTJ a apoyar el establecimiento de sistemas comunitarios ecológicos, la innovación social y la economía social, en particular mediante la financiación de cooperativas ciudadanas de energía, proyectos participativos de producción local de energía renovable e iniciativas que promuevan una economía circular local; señala que los antiguos trabajadores y sus familias deben poder invertir o participar en estos proyectos, reforzando así el vínculo entre la transición ecológica y la inclusión social;

39.Reitera que los proyectos cooperativos o impulsados por la comunidad que estén relacionados con la vivienda deben beneficiarse de un acceso simplificado a la financiación del FTJ, en particular mediante umbrales de cofinanciación más bajos y pagos anticipados; pide que se proporcione orientación a los Estados miembros sobre la posibilidad de que los agentes en materia de vivienda accedan a los fondos;

40.Solicita que se reduzca la carga administrativa del FTJ que pesa sobre las comunidades mediante la creación de gestores «prácticos» especializados y el desarrollo de una ventanilla única y plataformas digitales adecuadas para prestar apoyo y asistencia en la tramitación de las solicitudes y la gestión de los proyectos una vez seleccionados, garantizando que estas comunidades también tengan igualdad de acceso a la financiación, contribuyendo así a abordar las disparidades regionales;

41.Pide que el FTJ apoye, destaque y preserve el patrimonio cultural e industrial de las comunidades afectadas promoviendo el desarrollo del turismo sostenible; alienta la creación de programas de formación específicos para guías del patrimonio con el fin de fomentar el empleo local y la continuidad cultural y de apoyar la creación de centros de visitantes y espacios interpretativos que muestren la historia local, las tradiciones y el viaje de transformación de estas regiones, creando así empleo local y preservando la identidad cultural, al tiempo que se atrae el turismo cultural y educativo;

42.Subraya la importancia estratégica del «derecho de permanencia» de las personas en sus regiones o lugares de residencia; pide a la Comisión que publique directrices específicas sobre cómo aplicar y hacer cumplir este principio en toda la Unión y en sus regiones; aboga por una integración más contundente de este aspecto como principio transversal en todas las políticas de la Unión, de modo que apoyen los objetivos de cohesión social, económica y territorial establecidos en los Tratados;

43.Subraya el papel clave que desempeña la política de cohesión en el cumplimiento de las prioridades políticas de la Unión y en el impulso de la economía de la Unión al contribuir a una transición y un desarrollo justos, inclusivos y sostenibles, promover la convergencia económica y social entre países y regiones y fomentar la innovación y el empleo; lamenta que, debido a la limitada flexibilidad del marco financiero plurianual (MFP) actual, la Comisión haya recurrido a reorientar la política de cohesión, que no es una herramienta de respuesta a las crisis pero se ha utilizado reiteradamente para compensar las deficiencias en la flexibilidad presupuestaria o en los mecanismos de respuesta a las crisis en el MFP en detrimento de sus objetivos políticos a largo plazo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aceleren la aplicación de la política de cohesión;

44.Considera que los cambios en el panorama geopolítico, junto con otros factores, están dando lugar a cambios masivos en el funcionamiento de la economía de la Unión; subraya que el FTJ debe mantener un papel decisivo en el proceso de descarbonización; pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen los plazos para el cierre de los principales agentes energéticos de la Unión y que mitiguen el impacto de estos cierres garantizando la «justicia social durante la transición» para los trabajadores;

45.Solicita que se preste especial atención a la necesidad de promover las conexiones eléctricas, aumentar la capacidad de la red y reforzar los sistemas de almacenamiento de energía, como elementos necesarios para una transición energética eficaz; pide a la Comisión que anime a los Estados miembros a aplicar plenamente las disposiciones de la Directiva (UE) 2019/944 Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (versión refundida) (DO L 158 de 14.6.2019, p. 125, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj). relativas a las comunidades ciudadanas de energía, facilitando medidas específicas para proteger los hogares vulnerables de la pobreza energética en las regiones del FTJ; considera, en este contexto, que debe prestarse apoyo a proyectos locales impulsados por la comunidad de infraestructura verde y energías renovables, como las instalaciones solares, eólicas e hidroeléctricas, así como al transporte sostenible, que estimulen las economías locales y ofrezcan un gran potencial para la creación de puestos de trabajo locales en la construcción, la ingeniería, el mantenimiento y las industrias conexas;

46.Hace hincapié en la importancia de los Estados miembros a la hora de promover el diálogo social sectorial y la negociación colectiva, especialmente en industrias ecológicas de reciente aparición, así como de garantizar la inclusión de las pequeñas y medianas empresas, incluidas las empresas de la economía social; destaca que la Directiva sobre unos salarios mínimos adecuados Directiva (UE) 2022/2041 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea (DO L 275 de 25.10.2022, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2041/oj). representa una gran oportunidad para reforzar la negociación colectiva sobre la fijación de salarios y la presencia de los interlocutores sociales en los sectores emergentes;

47.Destaca el papel fundamental de las inversiones en servicios públicos de alta calidad a la hora de generar resiliencia social y hacer frente a las crisis económicas, en particular en las regiones que se enfrentan a graves desventajas naturales y demográficos permanentes; destaca la necesidad de dar prioridad específicamente a las inversiones en infraestructuras básicas, servicios sociales y turismo sostenible, así como en redes logísticas y conectividad, incluidos los modos de transporte sostenibles, con el objetivo de fomentar la resiliencia y la innovación, promoviendo al mismo tiempo el crecimiento integrador, creando nuevos puestos de trabajo y haciendo viables nuevos proyectos empresariales en los territorios afectados;

48.Pide a la Comisión que preste especial atención a las islas y las regiones ultraperiféricas para ayudarlas a abordar sus graves retos socioeconómicos derivados del proceso de transición hacia los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima y una economía climáticamente neutra en la Unión de aquí a 2050, y que colabore con los Estados miembros para asignar importes específicos de sus asignaciones nacionales en el marco de sus planes territoriales de transición justa; pide medidas compensatorias concretas que compensen las consecuencias negativas que puedan tener el proceso de transición hacia una economía y una sociedad más limpias en la cohesión económica, social y territorial de las islas, debido a su dependencia del sector del transporte aéreo y marítimo; solicita, por tanto, que se dé prioridad a las islas en el desarrollo de infraestructuras destinadas a la descarbonización del transporte aéreo y marítimo;

49.Lamenta que la Comisión no haya propuesto un Fondo de Transición Justa (FTJ) independiente en sus recientes propuestas sobre el futuro marco financiero plurianual (MFP); pide, por tanto, la continuación del FTJ a través de un FTJ «II», para el período de programación posterior a 2027, a fin de proporcionar apoyo directo a los hogares y las comunidades para la transición y de permitir una capacidad de intervención acorde con la magnitud de las repercusiones socioeconómicas en materia de empleo, demográficas y medioambientales de la transición hacia los objetivos energéticos de la Unión para 2030; destaca que este fondo debe funcionar de conformidad con los principios de gestión compartida y de asociación, en el marco de la política de cohesión, y subraya que debe tener su propia asignación presupuestaria previsible garantizando su autonomía frente a instrumentos extraordinarios de respuesta a las crisis, como NextGenerationEU;

50.Insta a la Comisión a que racionalice y armonice los instrumentos financieros en el MFP posterior a 2027 garantizando un enfoque coherente y coordinado para apoyar las estrategias de transición justa a través del FTJ «II»; destaca que el ámbito de aplicación del FTJ «II» podría ampliarse, en consonancia con las propuestas de los Estados miembros, con medidas que se pondrán en marcha hasta que se sustituyan los puestos de trabajo perdidos localmente en el ámbito local, y debe centrarse en conciliar el desarrollo sostenible con la competitividad garantizando que las regiones en transición puedan prosperar económicamente sin comprometer sus objetivos medioambientales y sociales; subraya la necesidad de que los planes para las zonas de transición justa adopten un enfoque proactivo para poder anticipar también los posibles procesos transformadores futuros y de que incluyan un compromiso claro con el desarrollo de iniciativas estratégicas de regeneración y desarrollo, con especial atención al desarrollo empresarial y a la creación de empleo en las zonas más afectadas por el cierre de instalaciones de producción de combustibles fósiles; destaca que los Estados miembros disponen de cierta flexibilidad en su camino hacia la descarbonización, en consonancia con los objetivos acordados de la Unión, teniendo en cuenta la perspectiva tecnológica y económica y dependiendo de las necesidades locales y regionales;

51.Destaca la necesidad de disponer de criterios de asignación más precisos y de delimitar el ámbito territorial de los fondos, con el fin de centrarse específicamente en los entes locales y regionales, en el nivel administrativo NUTS 3 Nomenclatura de unidades territoriales estadísticas – nivel 3.; subraya la importancia de que los fondos lleguen a las regiones especialmente afectadas por la transición a una economía climáticamente neutra debido al carácter sectorial de su economía o al cierre de instalaciones intensivas en carbono, y de que las inversiones no se concentren únicamente en los grandes centros urbanos de la región NUTS 3; destaca la urgencia de integrar también indicadores territoriales y demográficos en la asignación de los fondos del FTJ, como el envejecimiento de la población, la emigración de los jóvenes, el declive y la despoblación sostenidos de la población y el impacto del empleo transitorio;

52.Considera que el marco de buena gobernanza es clave para llevar a cabo el proceso de transición justa; subraya que los entes locales y regionales desempeñan un papel central a la hora de garantizar el diseño, la aplicación y el seguimiento efectivos de los programas de la Unión, dada su proximidad a la ciudadanía y su profundo conocimiento de las necesidades territoriales; destaca la importancia de respetar el principio de asociación y el Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones, así como de hacer hincapié en el enfoque de base local, para garantizar la plena participación de los entes locales y regionales, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en la gobernanza, la selección y el seguimiento de los proyectos financiados, en consonancia con el principio de gobernanza multinivel establecido en el Reglamento (UE) 2021/1060;

53.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité Europeo de las Regiones, así como a los Parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros.