P10_TA(2025)0200Situación en Colombia tras la reciente oleada de atentados terroristasResolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2025, sobre la situación en Colombia tras la reciente oleada de atentados terroristas (2025/2855(RSP))El Parlamento Europeo,

–Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Colombia,

–Vistas las observaciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Kaja Kallas, formuladas ante el pleno del Parlamento Europeo el 17 de junio de 2025, después de que el senador colombiano Miguel Uribe Turbay recibiese varios disparos por la espalda en un acto electoral, sobre la amenaza a los procesos democráticos y a la paz en Colombia,

–Vista la declaración realizada por la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, de 11 de agosto de 2025, a raíz del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay en Colombia,

–Vista la declaración realizada por el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, el 11 de agosto de 2025,

–Vista la declaración de la Mesa de la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina (DAND), de 12 de agosto de 2025, sobre la reciente oleada de violencia política en Colombia, en particular el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay,

–Vistas las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Colombia y, en particular, la declaración de 15 de agosto de 2025 titulada «La CIDH condena el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y llama al Estado a garantizar la seguridad de las personas con liderazgo político»,

–Vista la declaración de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, de 11 de agosto de 2025, sobre el fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay,

–Visto el artículo 136, apartados 2 y 4, del Reglamento interno,

A.Considerando que, durante décadas, y especialmente ahora como consecuencia de la escalada actual, Colombia ha sido testigo de dinámicas persistentes y cambiantes de violencia armada y terrorista, y que la situación en materia de seguridad, orden público y condiciones humanitarias se ha deteriorado constantemente tanto en las zonas rurales como en las urbanas, con un aumento de los desplazamientos forzosos, los confinamientos, el reclutamiento infantil y las masacres;

B.Considerando que, a pesar del Acuerdo de Paz de 2016, la actual escalada de violencia y atentados terroristas es alarmante y está estrechamente vinculada a grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), entre las que figuran la poderosa facción Segunda Marquetalia, la facción Estado Mayor Central, dirigida por el conocido como Iván Mordisco, y la organización delictiva clan del Golfo, que siguen expandiendo su control en toda Colombia; que estos grupos se benefician del tráfico de drogas, la extorsión, los secuestros, la minería ilegal y el contrabando transfronterizo, utilizando estos ingresos para financiar el terrorismo y los ataques contra la población civil y empleando métodos cada vez más sofisticados, como los drones con carga explosiva; que los datos militares muestran que en 2024 se produjeron 108 ataques con drones en Colombia, mientras que en lo que va de 2025 se han notificado 118; que los drones se utilizan tanto para lanzar explosivos como para observar las tropas del ejército y las zonas de transporte de drogas;

C.Considerando que, a lo largo del año, una serie de atentados terroristas han golpeado tanto a las fuerzas de seguridad como a la población civil, incluida una oleada de masacres en enero de 2025 en la región del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, desencadenada por los enfrentamientos entre unidades del ELN y facciones disidentes de las FARC, donde murieron al menos ochenta personas, incluidos civiles, y miles de personas se vieron desplazadas; que ha habido otros atentados más recientes en agosto de 2025, como un coche bomba en Cali (la tercera ciudad más grande de Colombia), que causó la muerte de seis personas y más de sesenta heridos, y un ataque terrorista en Antioquia, donde un grupo de disidentes de las FARC del Estado Mayor Central, dirigido por el conocido como Iván Mordisco, derribó un helicóptero, matando al menos a doce agentes de policía que estaban llevando a cabo una operación de erradicación de coca;

D.Considerando que, el 7 de junio de 2025, Miguel Uribe Turbay, destacado senador de la oposición y precandidato presidencial del partido Centro Democrático, fue víctima de un intento de asesinato durante un acto electoral en Bogotá; que, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció por sus lesiones el 11 de agosto de 2025; que, en los meses anteriores al ataque, Uribe y su equipo jurídico habían presentado más de veinte solicitudes formales para que la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzase su equipo de seguridad, advirtiendo de amenazas de muerte creíbles, y que la última solicitud se realizó tan solo dos días antes del atentado; que la UNP se negó reiteradamente a reforzar su seguridad y que, el mismo día del ataque, su equipo de seguridad solo contaba con tres agentes; que los cerebros del asesinato y los motivos de este siguen siendo desconocidos;

E.Considerando que, el 7 de septiembre de 2025, el ejército colombiano anunció que setenta y dos soldados habían sido tomados como rehenes en el departamento de Cauca, una zona absorbida por la guerrilla y los grupos de narcotraficantes; que ya han sido liberados desde entonces;

F.Considerando que estos acontecimientos forman parte de un patrón cada vez más grave de agresiones coordinadas en todo el país, lo que demuestra la capacidad de los grupos armados ilegales para amenazar directamente a las instituciones y la democracia de Colombia, con la clara intención de generar inestabilidad en el período previo a las elecciones de 2026;

G.Considerando que la Presidencia del país y otros actores políticos han elevado la polarización mediante un discurso agresivo y generador de división; que esta retórica ha intensificado la polarización política, ha suscitado una condena generalizada y ha dado lugar a un clima político violento; que el equipo jurídico del senador Uribe ha presentado una denuncia formal debido a que se han puesto en duda las credenciales democráticas del senador Uribe y se ha invocado su legado familiar; que el presidente ha negado estas acusaciones;

H.Considerando que los carteles de la droga y las estructuras delictivas transnacionales, como el cartel de los Soles en Venezuela y otros grupos ilegales, apoyan el terrorismo manteniendo a grupos armados dentro y fuera de Colombia y suministrándoles armas, flujos financieros y refugios seguros más allá de sus fronteras, lo que agrava la inestabilidad regional y debilita la soberanía y la democracia de Colombia;

I.Considerando que el cartel de los Soles, una presunta red delictiva venezolana dirigida por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen militar, como Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y el general Padrino López, entre otros, ha sido designado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como una «entidad terrorista internacional especialmente designada» por su papel a la hora de facilitar el narcoterrorismo, incluido el tráfico de cocaína producida por las disidencias de las FARC a los Estados Unidos y Europa, ofrecer apoyo material y valerse de las instituciones estatales para corromper a funcionarios militares y judiciales;

J.Considerando que, según los últimos datos de las Naciones Unidas, la producción de cocaína en Colombia ha alcanzado niveles récord y provocado un efecto dominó en América Latina, Estados Unidos y Europa;

K.Considerando que algunos grupos armados que operan en Colombia, como el ELN, ya están incluidos en la lista de la Unión de organizaciones terroristas; que, aunque las FARC fueron retiradas de dicha lista a raíz del Acuerdo de Paz de 2016, la evolución del contexto de seguridad ha dado lugar a la aparición de nuevos agentes violentos que, con arreglo a los criterios establecidos por el Derecho de la Unión, se clasifican claramente como organizaciones terroristas; que esto incluye, en particular, a las facciones disidentes de las FARC, especialmente el Estado Mayor Central, que han llevado a cabo ataques sistemáticos contra civiles y fuerzas de seguridad, así como otras estructuras delictivas transnacionales como el clan del Golfo y el cartel de los Soles, que facilitan las actividades terroristas y proporcionan refugios seguros más allá de las fronteras;

L.Considerando que, después de la estrategia de «Paz Total», paradójicamente estos grupos ilegales han aumentado su actividad y la delincuencia organizada ha adquirido más territorio y poder en zonas en las que la presencia del Estado es históricamente limitada; que las autoridades colombianas han intentado mejorar las operaciones de seguridad con el objetivo de luchar contra las facciones disidentes ilegales;

M.Considerando que los grupos armados ilegales, incluidas las guerrillas, los disidentes y los grupos descendientes de organizaciones paramilitares, vulneran constantemente el Derecho internacional humanitario y están directamente vinculados al aumento de la violencia y la impunidad generalizadas en Colombia, que afecta a partidos políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas y líderes sociales, entre otros; que la actual ola de violencia afecta a un número mayor de personas, en lugares más diversos y cada vez más numerosos, que en etapas anteriores del conflicto armado;

N.Considerando que la Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó que, en los cinco primeros meses de 2025, un total de 81 defensores de los derechos humanos y líderes sociales fueron asesinados en todo el país; que Global Witness y Front Line Defenders han informado de que Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos y que, entre enero de 2024 y septiembre de 2025, fueron asesinados en todo el mundo 324 defensores de los derechos humanos, de los cuales 157 fueron asesinados en Colombia; que la Presidencia tiene la intención de proponer un recorte presupuestario a la Defensoría del Pueblo de Colombia, que ha documentado más de 1 500 asesinatos de defensores de los derechos humanos y otras personas desde su creación en 1992; que este recorte tendrá una repercusión directa en la protección de los derechos humanos en el país a medida que aumenta la violencia y se aproximan unas elecciones cruciales;

O.Considerando que, durante el primer semestre de 2025, 1,45 millones de personas se vieron afectadas por la violencia en Colombia —cuatro veces más que durante el mismo período en 2024—, y que más de 70 200 personas fueron desplazadas por la fuerza, lo que constituye un 30 % más que en todo 2024; que los informes indican un aumento del reclutamiento infantil y del uso de minas antipersonas;

P.Considerando que, en 2025, el Observatorio Indepaz documentó 52 masacres, con un total de 172 víctimas, y que la Defensoría del Pueblo de Colombia identificó al menos 11 puntos críticos de emergencia humanitaria derivados del aumento de la violencia armada provocada por la fragmentación interna y la expansión de al menos 10 grupos armados ilegales, que actualmente están presentes en más del 73 % del país (809 municipios); que, según un informe de inteligencia militar citado por uno de los principales periódicos del país, El Tiempo, en el primer semestre de 2025 los grupos ilegales sumaron más de mil miembros, alcanzando un total de casi 22 000 miembros en todo el país; que actualmente estos grupos pueden estar presentes en 562 municipios en 29 de los 32 departamentos de Colombia;

Q.Considerando que la Unión Europea y el Parlamento han prestado un gran apoyo al Proceso de Paz de 2016 en Colombia; que la Unión ha reafirmado su compromiso político y financiero con el Proceso de Paz colombiano y sigue supervisando su aplicación; que el pueblo colombiano rechazó la propuesta en un referéndum;

R.Considerando que una Colombia fuerte y democrática es vital para la estabilidad y la seguridad regionales de América Latina;

1.Condena en los términos más enérgicos el asesinato del senador colombiano y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, y expresa sus condolencias a su familia y a sus seres queridos;

2.Subraya que el asesinato de Uribe no es una tragedia aislada, sino que forma parte de un clima más amplio de intimidación política y violencia en Colombia; reitera su apoyo a todos los colombianos que rechazan la violencia y exigen un futuro libre de corrupción y colusión delictiva;

3.Condena y lamenta asimismo la reciente oleada de atentados terroristas, los asesinatos de actores políticos, personalidades públicas, defensores de los derechos humanos, periodistas, líderes sociales y fuerzas de seguridad y la escalada general de violencia a la que se enfrentan, fenómenos que han sacudido Colombia y que han tenido un efecto muy perjudicial en la cohesión social y la estabilidad del país;

4.Expresa sus condolencias a las familias de las numerosas víctimas, muchas de las cuales eran miembros de las fuerzas de seguridad, y al pueblo de Colombia;

5.Pide a las autoridades que investiguen estos atentados terroristas, incluido el asesinato de Miguel Uribe Turbay, en la mayor medida posible para que los autores puedan ser llevados ante la justicia; destaca que, para llevar a los autores ante la justicia, las autoridades deben investigar no solo a las personas que cometieron los actos, sino también a los instigadores y facilitadores que las sustentan;

6.Insta a las autoridades colombianas a que identifiquen los motivos y todos los factores que están detrás de la preocupante escalada de violencia y de los atentados terroristas, sigan abordando las causas subyacentes del conflicto, garanticen la plena protección de los derechos humanos en toda Colombia y construyan una cultura de paz y diálogo para la resolución de conflictos;

7.Observa con gran preocupación la proliferación y consolidación de la delincuencia organizada y las actividades indiscriminadas de grupos terroristas en las regiones colombianas que limitan con Venezuela; destaca que estos territorios se han convertido en corredores para el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el blanqueo de capitales facilitados por estructuras transnacionales como el cartel de los Soles, y que los Estados Unidos han acusado y sancionado a los altos cargos del régimen venezolano como resultado de su complicidad documentada; subraya que este nexo transfronterizo no solo alimenta el terrorismo y refuerza a los grupos insurgentes y disidentes colombianos, sino que también supone una amenaza directa para la estabilidad regional, la gobernanza democrática y la soberanía de Colombia; insta a las autoridades colombianas a que investiguen la financiación de los carteles y enjuicien a los colaboradores dentro de Colombia, en particular realizando un seguimiento y cortando los flujos financieros transnacionales utilizados por los carteles, que discurren a través de bancos, minas de oro y empresas ficticias, a que modernicen la vigilancia e intensifiquen las operaciones antidroga, y a que refuercen la cooperación regional y los mecanismos de compartición de inteligencia;

8.Acoge con satisfacción las contribuciones concretas de los Estados miembros en este sentido, como la iniciativa italiana «Falcone-Borsellino», concebida para ayudar a los países de América Latina y el Caribe a luchar contra la delincuencia organizada transnacional, proporcionando apoyo y asistencia técnicos, formación y buenas prácticas en los ámbitos de la justicia y la seguridad;

9.Considera que las declaraciones incendiarias difundidas por la Presidencia y actores políticos han contribuido a aumentar la polarización, la violencia política, la incitación al odio y la inestabilidad en el país; Pide a las autoridades colombianas, a los líderes políticos y a la sociedad civil en general que hagan todo lo posible para evitar la escalada de violencia, aumentando las medidas de seguridad y absteniéndose de intensificar la polarización en el país mediante declaraciones incendiarias; recuerda a las autoridades colombianas la urgente necesidad de proteger a los actores políticos, las personalidades públicas, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y todos los ciudadanos que ejercen sus derechos democráticos, y pide que se adopten medidas inmediatas para reforzar su protección;

10.Expresa su preocupación por el aumento documentado de la violencia política contra candidatos y dirigentes en 2025, que podría socavar las garantías electorales y la confianza pública en las instituciones de gobierno; pide una comunicación transparente por parte de las instituciones, unos recursos adecuados para las autoridades electorales y unas medidas de seguridad sólidas para garantizar que las próximas elecciones de 2026 se celebren de manera libre y segura;

11.Expresa su preocupación por la persistencia de la impunidad y los obstáculos al acceso a la justicia en casos de violaciones y abusos graves de los derechos humanos; destaca que la lucha contra la impunidad es fundamental para prevenir la repetición de actos delictivos y atentados terroristas y para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos;

12.Pide que se refuerce la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y que continúe el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia;

13.Pide al Consejo y a la VP/AR que actualicen la lista de la Unión de organizaciones terroristas para reflejar las realidades actuales en Colombia y en toda la región; insta al Consejo a que incluya —junto a las entidades ya designadas como el ELN— en particular al clan del Golfo, a las facciones disidentes de las FARC, concretamente Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, y al cartel de los Soles, una organización que proporciona apoyo, refugio y logística a los grupos armados terroristas de Colombia; destaca que el reconocimiento de estas entidades como organizaciones terroristas con arreglo al Derecho de la Unión es esencial para fortalecer la cooperación internacional, recortar sus redes financieras y reforzar el apoyo a las instituciones y la democracia de Colombia y la protección de la población civil;

14.Reconoce el impacto positivo del Fondo Europeo para la Paz en Colombia, ya concluido, y pide a la VP/AR, a la Comisión y a los Estados miembros que reafirmen y refuercen el apoyo político, financiero y técnico de la Unión al Proceso de Paz colombiano, reflejándolo en el próximo marco financiero plurianual, la continuación del compromiso político de alto nivel y la labor que desarrolla actualmente el enviado especial de la Unión Europea para el Proceso de Paz en Colombia;

15.Expresa su preocupación por el recorte presupuestario propuesto para la Defensoría del Pueblo de Colombia y reitera que la financiación resulta crucial para proteger los derechos humanos; pide a la Unión Europea, en particular al Servicio Europeo de Acción Exterior y a su delegación en Colombia, que respalde activamente el respeto del Derecho internacional humanitario y la obligación del Gobierno de proteger a la población civil;

16.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al presidente, al Gobierno y al Parlamento de Colombia, a las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos.