(1)En la Unión no existe actualmente un enfoque común para el cálculo de la base imponible de las empresas. Por lo tanto, las empresas de la Unión están obligadas a cumplir un sistema tributario aplicable a las sociedades en cada Estado miembro en el que operen. Por ejemplo, en 2023, según el informe anual sobre fiscalidad de 2024, los tipos legales del impuesto sobre sociedades variaron entre los Estados miembros entre el 10 % y el 31,5 % (y entre el 9 % y el 29 % teniendo en cuenta los sistemas de apoyo fiscal establecidos por los gobiernos).

(2)La existencia de veintisiete sistemas tributarios aplicables a la renta de las sociedades en la Unión genera complejidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y conduce a la competencia desleal para las empresas, además de poder desembocar en una doble imposición, una elusión fiscal y una doble no imposición. Según el informe anual sobre fiscalidad de 2024, las pérdidas de ingresos debidas al traslado de beneficios por parte de las empresas se estimaron en el 20 % de todos los ingresos procedentes del impuesto de sociedades recaudados en la Unión en 2022, lo que ascendería a unos 100 000 millones EUR en valor nominal. Estos fenómenos se han hecho más evidentes, ya que la globalización y la digitalización de la economía han alterado significativamente cómo se perciben las fronteras terrestres y los modelos de negocio. A medida que los gobiernos han intentado adaptarse a esta nueva realidad, una respuesta fragmentada por parte de los Estados miembros ha dado lugar a nuevas distorsiones en el mercado interior. Los diversos marcos jurídicos conducen también e inevitablemente a diferentes prácticas tributarias en los Estados miembros. Esto implica a menudo largos procedimientos caracterizados por la imprevisibilidad y la incoherencia, junto con elevados costes de cumplimiento, lo que puede afectar a las inversiones transfronterizas. Tal complejidad puede obstaculizar la expansión de las empresas en el mercado interior, generando más repercusiones negativas en la innovación, la competitividad y el empleo. Por tanto, hace falta un enfoque común, no solo para garantizar una fiscalidad justa y eficaz, sino también para reforzar la integridad y la competitividad de las empresas que operan en el mercado interior.

(3)Aunque su diseño es diferente, las características fundamentales de los sistemas tributarios aplicables a la renta de las sociedades son similares, ya que establecen normas destinadas al mismo objetivo, es decir, llegar a una base imponible para las empresas. En este sentido, a fin de contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, el entorno del impuesto sobre sociedades en la Unión debe configurarse de conformidad con el principio de que las sociedades paguen la cuota de impuestos que les corresponda en la jurisdicción o las jurisdicciones en que se generen sus beneficios. Por tanto, sería importante para las empresas que operan en el mercado interior que los Estados miembros introdujeran un marco jurídico común para armonizar las características fundamentales de los sistemas tributarios aplicables a las sociedades con el fin de simplificar las normas fiscales, reducir la carga administrativa, garantizar una competencia leal, aumentar la seguridad jurídica para las empresas que operan a nivel transfronterizo y combatir la elusión fiscal. El ámbito de aplicación de dicha armonización debe limitarse estrictamente a los criterios y entidades a que se refiere la presente Directiva, mientras que los tipos impositivos y las políticas de ejecución siguen siendo competencia de los Estados miembros, en el marco de la Directiva (UE) 2022/2523 del Consejo1 bis.

(5)El entorno para la actividad empresarial en el mercado interior debe hacerse más atractivo con el fin de estimular el crecimiento y la inversión en la Unión. A tal fin, debe darse prioridad a la adopción de un marco común de normas del impuesto sobre sociedades, con el fin de facilitar el cumplimiento de dichas normas por parte de las empresas cuando operen a través de las fronteras, así como de animar a las empresas que deseen seguir expandiéndose en el extranjero a hacerlo y de fomentar el emprendimiento en el mercado interior. Se espera que un único conjunto de normas sobre el impuesto de sociedades para la actividad internacional dé lugar a una mayor seguridad fiscal y a menos litigios fiscales, ya que trataría las distorsiones y reduciría el número de casos de doble imposición y de no imposición. Esto también implica menos oportunidades para abusar de algunas disposiciones fiscales nacionales específicas en un contexto paneuropeo. Además, dado que la sostenibilidad de los ingresos fiscales es fundamental para los presupuestos de los Estados miembros, en particular para invertir en infraestructuras, investigación y desarrollo, seguridad y defensa, y las transiciones ecológica y social y para prestar servicios públicos, en particular para los hogares más vulnerables, resulta esencial diseñar en la Unión normas sobre la determinación de los beneficios que no desemboquen en menores ingresos para los Estados miembros. Además, sería fundamental garantizar de cara al futuro que la asignación de los ingresos se lleve a cabo de conformidad con una herramienta basada en parámetros sólidos que no puedan utilizarse indebidamente.

(7)Aunque el umbral se determinaría sobre la base de los ingresos combinados del grupo a nivel mundial, el ámbito de aplicación de las disposiciones debe limitarse a los miembros del grupo que operen en el mercado interior, ya que el Derecho de la Unión solo es aplicable dentro de esta y no es vinculante para terceros Estados. Por lo tanto, solo incluirá al subconjunto de la Unión de dicho grupo. Es decir, a las sociedades que tengan su residencia a efectos fiscales en un Estado miembro y sus establecimientos permanentes, incluida cualquier presencia económica significativa, que operen en un Estado miembro, así como a los establecimientos permanentes en la Unión de sociedades de terceros países pertenecientes al mismo grupo.

(9)El objetivo de simplificar las normas actuales sustenta la iniciativa prevista, mejorando la eficiencia y la competitividad de nuestro mercado interno. Por lo tanto, las normas sobre el cálculo de la base imponible deben elaborarse aplicando una serie limitada de ajustes fiscales a los estados financieros de cada miembro del grupo. Estos ajustes limitados representarían ajustes comunes necesarios para convertir los estados contables financieros en una base imponible. Teniendo en cuenta la necesidad de armonización con la Directiva (UE) 2022/2523, los ajustes deben estar en consonancia con dicho marco, que también debe facilitar su aplicación a los Estados miembros y a las empresas que ya estén familiarizados con los principios generales. En ese marco, debe tenerse en cuenta el pago del impuesto complementario adeudado de conformidad con la Directiva (UE) 2022/2523 o en aplicación de un impuesto complementario nacional admisible como el que figura en dicha Directiva, o cualquier otro impuesto mínimo alternativo reconocido en un foro internacional como la OCDE.

(10)Dado que, con el fin de simplificar, las cuentas financieras se utilizarán como punto de partida para calcular la base imponible de cada miembro del grupo, es necesario elaborar normas tributarias de manera que se mantengan lo más cerca posible de la contabilidad financiera. En los casos en que sea posible, el tratamiento contable financiero de un activo o pasivo no cambiaría a efectos tributarios y, por consiguiente, no se requerirían ajustes. En consecuencia, también es necesario que, en consonancia con la lógica impositiva, otros elementos de la base imponible se traten a efectos fiscales de manera diferente a la forma en que se califican con arreglo a la contabilidad financiera. A fin de garantizar la coherencia con prácticas fiscales internacionales como aquellas en virtud del Segundo Pilar, la presente Directiva debe dotar de una mayor flexibilidad a la elección de las normas de contabilidad financiera que se usen para determinar los resultados de las declaraciones previas.

(12)Para alcanzar el objetivo clave de crear un marco simplificado del impuesto sobre sociedades, los resultados de las declaraciones previas de cada miembro del grupo deben agregarse en una única base imponible común, a fin de asignar posteriormente esta base a los miembros del grupo adecuados. Dicho marco debe ser sencillo para las empresas y evitar que se les impongan nuevas cargas. Los ajustes fiscales de los estados financieros producirían los resultados de las declaraciones previas para cada miembro del grupo. Estos resultados se agregarían a continuación, lo que permitiría una compensación transfronteriza de pérdidas limitada entre los miembros del grupo sujeto al Marco y, posteriormente, la base imponible agregada se asignaría a los miembros del grupo sobre la base de una regla de asignación transitoria; lo que allanaría el camino hacia un mecanismo permanente. El mecanismo permanente debe basarse en una fórmula de reparto que incluya cuatro conjuntos de factores tangibles —sin que sean necesariamente los únicos—, a saber: mano de obra, activos, ventas y presencia digital. Ello haría superflua la necesidad de que las operaciones realizadas en el seno de un grupo sujeto al Marco se ajusten al principio de plena competencia. Tendría la ventaja de utilizar datos más recientes de los informes país por país y la información recopilada durante el período transitorio. También permitirá una evaluación más exhaustiva del impacto que se espera que la aplicación del enfoque de dos pilares tenga en las bases imponibles nacionales y en las bases agregadas de los grupos sujetos al Marco y, por lo tanto, reducirá los costes de cumplimiento de las obligaciones fiscales para las empresas. De este modo, seguiría siendo posible alcanzar el objetivo clave de la neutralidad fiscal en el mercado interior, lo que reduciría los casos de doble imposición y de doble no imposición y reforzaría la seguridad fiscal con el fin de reducir el número de litigios fiscales. A la luz de la evolución de la situación fiscal internacional y de la incierta aplicación del Primer Pilar por parte de países y territorios clave, es esencial que la Unión preserve la flexibilidad al desarrollar un mecanismo de reparto que sea autónomo, justo y económicamente equilibrado.

(14)A fin de proporcionar espacio para el crecimiento y la inversión, los Estados miembros también podrían aplicar individualmente ajustes adicionales posteriores a la asignación (por ejemplo, el tratamiento fiscal de las cotizaciones al régimen de pensiones) en ámbitos no cubiertos por el marco común. Los Estados miembros también tendrían libertad para seguir ajustando su porcentaje asignado sin límite máximo, a fin de garantizar que los Estados miembros puedan tomar sus decisiones políticas nacionales en este ámbito, por ejemplo para generar eficiencia de los recursos, estimular la inversión y crear empleo. Dichos ajustes adicionales podrán incluir deducciones, bonificaciones, créditos fiscales u otras medidas nacionales del impuesto sobre sociedades, incluidas las que promuevan la investigación y el desarrollo u otros objetivos políticos, siempre que dichas medidas se apliquen únicamente a la parte asignada de la base imponible y no afecten a la base imponible consolidada ni al mecanismo de asignación en virtud de la presente Directiva. El ajuste posterior a la asignación debe centrarse, no obstante, en incentivos fiscales basados en los insumos. Los Estados miembros deben abstenerse de ofrecer incentivos fiscales basados en los resultados, como los regímenes de reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles y otros regímenes de propiedad intelectual.

(15)Algunos Estados miembros tienen sistemas tributarios aplicables a las sociedades basados en principios que difieren del enfoque más habitual, como los sistemas tributarios basados en la distribución. Por lo tanto, es de vital importancia establecer los ajustes necesarios para garantizar una interacción viable con dichos sistemas y para no generar una contradicción entre ambos sistemas, lo que desincentivaría la generación empresarial. La solución podría residir en realizar determinados ajustes posteriores a la asignación. Esto implicaría que la parte que se asignaría a un miembro del grupo con arreglo a un sistema basado en la distribución debe modificarse en proporción a las distribuciones realizadas durante el ejercicio fiscal. Se mantendría plenamente la esencia de un sistema tributario basado en la distribución, teniendo en cuenta que la distribución marca un momento concreto para gravar la parte asignada y, en consecuencia, para determinar en qué medida debería gravarse. A este respecto, debe contemplarse la posibilidad de aplicar un mecanismo de traslado a ejercicios futuros, a fin de garantizar que la parte asignada que no sea gravada en el ejercicio en curso sea imponible en los años siguientes. La posible inclusión de sistemas tributarios basados en la distribución en el ámbito de aplicación de la presente Directiva debe evaluarse al cabo de cinco años.

(17)Un marco común para el impuesto sobre sociedades conllevaría necesariamente una gestión que, idealmente, proporcionaría cierto grado de seguridad fiscal y de simplificación. Para promover la uniformidad, la gestión tendría que basarse en la importancia de gestionar un punto de referencia centralizado para abordar una serie de cuestiones comunes, como una declaración informativa para todo el grupo sujeto al Marco, y garantizar un grado adecuado de confidencialidad y seguridad, así como de coordinación y colaboración entre las administraciones tributarias nacionales. Al mismo tiempo, durante la transición, la gestión debe respetar plenamente la soberanía fiscal nacional, ya que las declaraciones tributarias locales, las inspecciones y la resolución de litigios tendrían que permanecer principalmente a nivel de los Estados miembros.

(18)Para garantizar la correcta aplicación y ejecución de las normas del marco común, los Estados miembros deben establecer normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva. Estas sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Han de fijarse en un porcentaje mínimo del 0,1 % del volumen de negocios del grupo sujeto al Marco en caso de que no se presente la declaración informativa de dicho grupo tal como corresponde y en caso de presentación deliberadamente incorrecta de la declaración informativa del grupo.

(19)A fin de optimizar las ventajas de disponer de un marco jurídico común para el cálculo de la base imponible del impuesto sobre sociedades en el mercado interior, la aplicación de las normas debe ser opcional para los grupos, incluidos los grupos de pymes, que obtengan ingresos combinados anuales inferiores a 750 millones EUR, siempre que elaboren estados financieros consolidados y tengan presencia tributaria en la Unión. Al permitir que las normas sean aplicables a grupos de menor tamaño, un mayor número de grupos con estructuras y actividades transfronterizas puede beneficiarse de la simplificación que ofrece el marco común. Las empresas que opten por estar cubiertas por la presente Directiva deben beneficiarse de la asistencia técnica de los Estados miembros y la Comisión para poder cumplir las nuevas normas e impulsar así sus actividades transfronterizas.

8.La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 74 con vistas a la modificación de los anexos I y II estrictamente a fin de reflejar los cambios introducidos en la legislación de los Estados miembros en lo relativo a las formas societarias y los impuestos sobre sociedades.

a)que la sociedad sea bien la entidad matriz última del grupo, o bien cualquier otra empresa del grupo en la que la entidad matriz última posea, directa o indirectamente, al menos el 50 % de los derechos de propiedad o de los derechos de participación en los beneficios;

b)la sede del establecimiento permanente sea bien la entidad matriz última del grupo, o bien cualquier otro miembro (sociedad o entidad) del grupo en el que la entidad matriz última posea, directa o indirectamente, al menos el 50 % de los derechos de propiedad o de los derechos de participación en los beneficios.

El resultado contable financiero neto de un miembro del grupo sujeto al Marco se ajustará de conformidad con el artículo 16, apartado 1, letra e), de la Directiva (UE) 2022/2523.

suprimida

suprimida

1.El resultado contable financiero neto de un miembro del grupo sujeto al Marco se ajustará para excluir, en el ejercicio fiscal de adquisición, todo inmovilizado tangible cuyo valor contable antes de la amortización sea inferior a 7 500 EUR.

a)todos los edificios, así como cualquier otro tipo de bienes inmuebles y estructuras utilizados para la actividad, salvo en el caso de edificios y estructuras industriales: 30 años;

b)todos los demás activos inmovilizados tangibles: su vida útil evaluada de acuerdo con la norma contable aceptable en la Unión a que se refiere el artículo 7, que, no obstante, deberá ser de al menos diez años;

1.Los costes de adquisición, de construcción o de mejora, junto con la fecha de entrada en servicio después de la adquisición, construcción o mejora, se registrarán en un registro del inmovilizado dentro del grupo sujeto al Marco por separado para cada activo inmovilizado.

3.El registro del inmovilizado se llevará de manera que proporcione información suficiente, incluidos datos de amortización, para calcular el resultado de la declaración previa. El grupo sujeto al Marco conservará una copia del registro del inmovilizado durante cinco años a partir de la fecha del cese de la amortización de dicho activo. El registro del inmovilizado incluirá, como mínimo, la siguiente información:

Cuando una sociedad o un establecimiento permanente se incorpore a un grupo sujeto al Marco, las pérdidas no compensadas en que se haya incurrido hasta cinco años antes de la fecha de entrada, de conformidad con la legislación del impuesto sobre sociedades del Estado miembro de su residencia fiscal o de su ubicación, respectivamente, se deducirán de su porcentaje en la base imponible agregada, determinada de conformidad con el capítulo III.

No obstante lo dispuesto en el artículo 9, cuando, como resultado de la disposición de títulos de participación, un miembro del grupo sujeto al Marco salga de este y durante ese ejercicio fiscal o el ejercicio fiscal anterior, ese miembro del grupo haya adquirido, en una operación intragrupo del grupo sujeto al Marco, uno o varios activos inmovilizados, el importe correspondiente a la ganancia o pérdida derivada de dicha disposición intragrupo de estos activos inmovilizados se incluirá en el resultado contable financiero neto del miembro del grupo sujeto al Marco que poseía los activos antes de la enajenación intragrupo.

El párrafo primero no se aplicará si el miembro del grupo sujeto al Marco demuestra que la operación intragrupo se llevó a cabo por razones comerciales válidas en el sentido del artículo 15, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/133/CE.

b)un importe negativo, las pérdidas se compensarán con la base imponible de la entidad matriz última, se trasladarán a ejercicios posteriores durante un máximo de cinco años y se compensarán con la siguiente base imponible agregada positiva. La deducción será proporcional a la participación de la entidad matriz última en sus filiales consolidables en el sentido del artículo 3, apartado 1, e íntegra para los establecimientos permanentes. La reducción de la base imponible del contribuyente residente no dará lugar a un importe negativo.

Para cada ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de julio de 2028 y el 30 de junio de 2033 a más tardar (el «período transitorio»), la base imponible agregada se asignará a los miembros del grupo sujeto al Marco de conformidad con el porcentaje de la asignación de referencia.

En el caso de los grupos que pasen a estar sujetos a la presente Directiva después del final del primer ejercicio fiscal en el que empiece a aplicarse la presente Directiva, el período transitorio a que se refiere el párrafo primero finalizará a más tardar el 30 de junio de 2033.

a)zona de riesgo bajo: cuando los gastos contraídos, o los ingresos obtenidos, por un miembro del grupo sujeto al Marco por operaciones intragrupo aumenten en un ejercicio fiscal menos del 15 % en comparación con los gastos o ingresos promedio de los tres ejercicios fiscales anteriores procedentes de operaciones intragrupo de ese grupo sujeto al Marco;

b)zona de riesgo alto: cuando los gastos contraídos, o los ingresos obtenidos, por un miembro del grupo sujeto al Marco por operaciones intragrupo aumenten en un ejercicio fiscal un 15 % o más en comparación con los gastos o ingresos medios de los tres ejercicios fiscales anteriores procedentes de operaciones intragrupo de ese grupo sujeto al Marco.

5.No obstante lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, los costes de endeudamiento excedentarios a que se refiere el artículo 2 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo que se deriven de una operación realizada en el seno del grupo sujeto al Marco no se reconocerán a efectos del cálculo del porcentaje de asignación de referencia del miembro del grupo sujeto al Marco que incurra en tales costes. Los Estados miembros tomarán las medidas oportunas para incentivar a las empresas a que reduzcan estos riesgos.

suprimido

10.Las normas establecidas en los apartados 1 a 8 seguirán aplicándose hasta la entrada en vigor de cualquier modificación propuesta de conformidad con el artículo 77, apartado 1 ter.

2.Además de los ajustes enumerados en el apartado 1, un Estado miembro podrá permitir, de conformidad con la Directiva (UE) 2022/2523, el incremento o la reducción, mediante elementos adicionales, de la parte asignada de los miembros del grupo sujeto al Marco que tengan su residencia a efectos fiscales o estén presentes en forma de establecimiento permanente en dicho Estado miembro.

2.La declaración informativa del grupo sujeto al Marco se presentará a la autoridad de presentación a más tardar seis meses después del final del ejercicio fiscal.

1.La entidad declarante notificará a la autoridad de presentación los errores en la declaración informativa del grupo sujeto al Marco en un plazo de tres meses a partir de la presentación en plazo de dicha declaración.

3.La información comunicada entre los miembros de un equipo de supervisión técnica se facilitará por vía electrónica en la medida de lo posible, mediante una conexión segura o una red segura, utilizando una herramienta de colaboración del Marco.

4.Para facilitar el funcionamiento y la comunicación del equipo de supervisión técnica, la Comisión, mediante actos de ejecución, normalizará la comunicación de la información entre los miembros de estos equipos mediante la utilización de una herramienta de colaboración del Marco y apoyará la transmisión segura de la información. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 73.

1.Los miembros del grupo sujeto al Marco notificarán a la autoridad competente del Estado miembro en el que tengan su residencia a efectos fiscales o estén presentes en forma de establecimiento permanente los errores en la declaración tributaria individual en un plazo de tres meses a partir de la presentación en plazo de dicha declaración.

1.La autoridad competente de un Estado miembro podrá iniciar y coordinar inspecciones de los miembros del grupo sujeto al Marco que tengan su residencia a efectos fiscales o estén presentes en forma de establecimiento permanente en dicho Estado miembro. Dicha autoridad competente lo notificará a los demás miembros del equipo de supervisión técnica en el plazo de un mes a partir del inicio de dicha inspección.

1.Los miembros del grupo sujeto al Marco podrán recurrir el contenido de la liquidación tributaria individual realizada con arreglo al artículo 64 ante la autoridad competente del Estado miembro en el que el miembro del grupo sujeto al Marco tenga su residencia a efectos fiscales o esté presente en forma de establecimiento permanente en un plazo de tres meses a partir de la notificación de la liquidación. El recurso administrativo será examinado por el órgano administrativo que, con arreglo a la legislación del Estado miembro del miembro del grupo sujeto al Marco, sea competente para conocer en primera instancia de los recursos interpuestos. El recurso administrativo se regirá por la legislación del Estado miembro en el que el miembro del grupo sujeto al Marco tenga su residencia a efectos fiscales o esté situado en forma de establecimiento permanente. Cuando no exista tal órgano administrativo en el Estado miembro en el que el miembro del grupo sujeto al Marco tenga su residencia a efectos fiscales o esté situado en forma de establecimiento permanente, el miembro del grupo sujeto al Marco podrá interponer directamente un recurso contencioso-administrativo.

1.Cuando la resolución con arreglo al artículo 66 haya sido confirmada o modificada, la entidad declarante tendrá derecho a recurrir directamente ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que tenga su residencia a efectos fiscales o esté presente en forma de establecimiento permanente en un plazo de tres meses a partir de la recepción de la resolución del recurso por el órgano administrativo. El recurso contencioso-administrativo se regirá por la legislación del Estado miembro en el que la entidad declarante tenga su residencia a efectos fiscales o esté situado en forma de establecimiento permanente.

1.Cuando la resolución con arreglo al artículo 67 haya sido confirmada o modificada, el miembro del grupo sujeto al Marco tendrá derecho a recurrir directamente ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que tenga su residencia a efectos fiscales o esté presente en forma de establecimiento permanente en un plazo de tres meses a partir de que se le haya notificado la resolución del recurso por el órgano administrativo a que se refiere el artículo 67. El recurso contencioso-administrativo se regirá por la legislación del Estado miembro en el que el miembro del grupo sujeto al Marco tenga su residencia a efectos fiscales o esté situado en forma de establecimiento permanente.

Cuando el resultado de un recurso administrativo o contencioso-administrativo requiera la modificación de la liquidación tributaria del grupo sujeto al Marco o la liquidación tributaria individual de uno o varios miembros de un grupo sujeto al Marco, los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar que dicha modificación siga siendo posible en un plazo de diez años.

Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales aprobadas al amparo de la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución y cumplimiento. Las sanciones y las medidas de cumplimiento previstas serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Las sanciones se fijarán en un mínimo del 0,1 % del volumen de negocios del grupo sujeto al Marco en caso de que no se presente la declaración informativa del grupo sujeto al Marco de conformidad con el artículo 59 y en caso de que se presente incorrectamente la declaración informativa de manera deliberada.

2.Los Estados miembros comunicarán al Parlamento Europeo y a la Comisión la información pertinente para la evaluación de la Directiva de conformidad con el apartado 3, incluidos datos agregados sobre los miembros de los grupos sujetos al Marco que tengan su residencia a efectos fiscales en su territorio y los establecimientos permanentes de los mismos que operen en él, con el fin de evaluar adecuadamente:

4.La Comisión mantendrá la confidencialidad de la información que sea comunicada al Parlamento Europeo y a ella con arreglo al apartado 2, de conformidad con las disposiciones aplicables a las autoridades de la Unión y con el artículo 76 de la presente Directiva.