1.Condena la detención arbitraria, el acoso judicial y la condena de Sonia Dahmani, abogada y comentarista de los medios de comunicación;

2.Exige la liberación inmediata e incondicional de Sonia Dahmani y de todas las personas encarceladas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, incluidos los presos políticos y los defensores de los derechos humanos; insta a las autoridades tunecinas a que retiren todos los cargos contra Sonia Dahmani y su hermana y se abstengan de acosar a su familia;

3.Denuncia las condiciones de detención de Sonia Dahmani, que incluyen una atención médica insuficiente, una comunicación limitada con su familia y su abogado y el retraso de las vistas judiciales, junto con múltiples asuntos destinados a prolongar su reclusión;

4.Insiste en que las autoridades tunecinas protejan la libertad de reunión y de expresión, garanticen la independencia judicial, eviten la injerencia del ejecutivo en las funciones judiciales y defiendan los derechos y libertades garantizados por la Constitución tunecina; condena la escalada de las detenciones arbitrarias, las persecuciones por motivos políticos y las restricciones a las libertades;

5.Pide la derogación total del Decreto-Ley n.º 54, que ha dado lugar a enjuiciamientos por expresiones de opinión, así como de toda la legislación abusiva utilizada para restringir las libertades;

6.Pide a las instituciones de la Unión que expresen su grave preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Túnez y que emprendan una acción diplomática coordinada para facilitar la liberación de los presos políticos;

7.Pide a las autoridades tunecinas que cumplan sus obligaciones derivadas del Derecho internacional en materia de derechos humanos y del Acuerdo de Asociación UE-Túnez; toma nota del reciente aplazamiento del Consejo de Asociación UE-Túnez y pide a la Comisión que haga de la situación de los derechos humanos el centro de cualquier diálogo político, ayuda financiera, cooperación en materia de seguridad y acuerdos con Túnez;

8.Expresa su solidaridad inquebrantable con la sociedad civil tunecina, los defensores de los derechos humanos, los medios de comunicación y periodistas independientes y las asociaciones de abogados; pide a la Comisión que responda a la decisión del Gobierno tunecino de bloquear las cuentas bancarias de las organizaciones de la sociedad civil; subraya el papel fundamental que desempeñan los profesionales del Derecho en la salvaguardia del Estado de Derecho y la integridad del sistema judicial;

9.Anima a Túnez a abordar los diversos retos a los que se enfrenta el conjunto de la región asumiendo un papel en la defensa de los derechos humanos y de la democracia;

10.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la AR/VP, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a las autoridades tunecinas.