(1)La representación de intereses en la Unión es una actividad cada vez mayor y cada vez más transfronteriza. Cuando se llevan a cabo con el nivel de transparencia necesario, estas actividades permiten compartir experiencias y puntos de vista sobre problemas y soluciones, ayudando a los responsables públicos a comprender las opciones y los compromisos de los distintos enfoques.

(2)La representación de intereses no solo se lleva a cabo en nombre de las partes interesadas nacionales, sino también cada vez más por terceros países. Las ideas de terceros países pueden contribuir positivamente al debate público y constituyen un elemento positivo del compromiso internacional. Sin embargo, no siempre es fácil para los funcionarios públicos o las personas reconocer la participación de terceros países en actividades de representación de intereses en el contexto de su proceso de toma de decisiones, ni comprender la magnitud, las tendencias y los agentes que subyacen a dichas actividades. Los terceros países deben entenderse como países que no son miembros de la Unión o del Espacio Económico Europeo.

(3)En la medida en que normalmente se presta a cambio de una remuneración, la representación de intereses, en particular la representación de intereses prestada a terceros países, constituye un servicio en el sentido del artículo 57 del TFUE. El mercado de representación de intereses también incluye las actividades de representación de intereses realizadas por las propias entidades de terceros países de manera comparable a los servicios y están vinculadas a actividades de naturaleza económica o sustitutivas. Estas actividades deben recibir el mismo trato que los servicios de representación de intereses.

(5)Las medidas de los Estados miembros que regulan la transparencia de las actividades de representación de intereses son muy divergentes, en particular en lo que respecta a las obligaciones de archivo e inscripción que se aplican a las entidades que realizan representación de intereses. Algunos Estados miembros han establecido registros obligatorios destinados, en particular, a garantizar la transparencia. Otros han creado registros voluntarios, mientras que algunos Estados miembros carecen de registros de representación de intereses. También existen variaciones considerables en cuanto a la granularidad de la información facilitada a efectos de transparencia, en particular el tipo de información requerida, por ejemplo, sobre los intereses representados o sobre el cliente. En algunos Estados miembros, la información sobre la representación de intereses debe actualizarse periódicamente, mientras que en otros la información debe actualizarse cada vez que se produzca un cambio en el alcance de la actividad de representación de intereses realizada.

(6)Estas divergencias crean unas condiciones de competencia desiguales y aumentan los costes de cumplimiento para las entidades que deseen llevar a cabo actividades de representación de intereses en más de un Estado miembro, lo que puede disuadir del desarrollo y la prestación de nuevas actividades de representación de intereses en el mercado interior. Es probable que terceros países busquen representación de intereses en más de un Estado miembro con el fin de garantizar una política general positiva a su favor en toda la Unión. Estas condiciones afectan negativamente a los operadores económicos y constituyen obstáculos a la prestación de representación transfronteriza de intereses en el mercado interior. Esta desigualdad de condiciones también dirige las actividades de representación de intereses transfronterizas de los Estados miembros más regulados a otros menos regulados o en los que la ejecución es limitada. Este arbitraje regulador también brinda una oportunidad a los agentes de terceros países que intentan eludir las obligaciones de transparencia.

(7)En el contexto de una mayor concienciación sobre los intentos de determinados terceros países de influir en los procesos democráticos de la Unión, es probable que algunos Estados miembros desarrollen nuevas normas para garantizar la transparencia de la influencia extranjera ejercida a través de la representación de intereses. Por lo tanto, es probable que aumenten los obstáculos a la prestación de tales servicios en más de un Estado miembro derivados de la fragmentación del mercado interior de las actividades de representación de intereses realizadas en nombre de terceros países.

(8)Las divergencias nacionales existentes en las medidas que regulan la transparencia de la representación de intereses, que afectan especialmente a la representación de intereses realizada en nombre de terceros países, y el contexto actual de mayor concienciación sobre los riesgos de injerencia extranjera en los procesos democráticos, ponen de relieve la necesidad de actuar a escala de la Unión para regular la prestación de servicios de representación de intereses y participar en las actividades de representación de intereses realizadas en nombre de terceros países en toda la Unión, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de transparencia de dichas actividades.

(9)A fin de evitar una situación en la que los Estados miembros traten de abordar unilateralmente sus preocupaciones en relación con la transparencia de la influencia extranjera ejercida a través de la representación de intereses y evitar la aparición de obstáculos adicionales a la prestación de actividades de representación de intereses transfronterizas realizadas en nombre de terceros países como consecuencia de una evolución divergente e incoherente de las legislaciones nacionales, es necesario establecer medidas armonizadas a escala de la Unión.

(10)Al establecer obligaciones de transparencia armonizadas aplicables en todo el mercado interior, la presente Directiva tiene por objeto establecer un marco coherente y sistemático para garantizar la transparencia en lo que respecta a las actividades de representación de intereses realizadas en nombre de terceros países con el objetivo de influir en el desarrollo, la formulación o la aplicación de políticas o legislación, o en los procesos públicos de toma de decisiones, en la Unión.

(11)El establecimiento de normas comunes de transparencia y rendición de cuentas y normas comunes de información también apoya la rendición de cuentas democrática y un mejor conocimiento común de las actividades de representación de intereses realizadas con el objetivo de influir en el desarrollo, la formulación o la aplicación de políticas o legislación, o en los procesos públicos de toma de decisiones, en la Unión, abordando la necesidad de disponer de datos fiables y coherentes. La necesidad de garantizar la transparencia de las actividades de representación de intereses realizadas en nombre de terceros países es un objetivo público legítimo, a la luz de los principios de apertura y transparencia que deben guiar la vida democrática de la Unión de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, y el artículo 10, apartado 3, del TUE, de conformidad con los valores compartidos por la Unión y sus Estados miembros en virtud del artículo 2 del TUE, apoyando también el ejercicio de los derechos de ciudadanía.

(12)Las actividades encubiertas de representación de intereses llevadas a cabo en nombre de terceros países pueden afectar al desarrollo, la formulación o la aplicación de las políticas interiores y exteriores de la Unión, también en lo que respecta a sus intereses económicos y de seguridad. Esto afecta a la democracia en general, que es un valor común de la Unión, cuya garantía reviste una importancia fundamental para la Unión y sus Estados miembros. El establecimiento de un nivel armonizado de transparencia en toda la Unión en relación con dichas actividades debe contribuir a aumentar la confianza del público en los procesos de toma de decisiones de la Unión y de los Estados miembros.

(13)Si bien en determinados terceros países existen normas sobre apertura y transparencia de las actividades de representación de intereses, estas normas no abarcan las actividades destinadas a influir en el desarrollo, la formulación o la aplicación de políticas o legislación, o en los procesos públicos de toma de decisiones, en la Unión. Por lo tanto, estas normas no son adecuadas para garantizar la transparencia de la representación de intereses que pretende influir en la toma de decisiones en la Unión.

(14)Las medidas establecidas en la presente Directiva son proporcionadas y se limitan a lo necesario para garantizar la transparencia de un conjunto específico de actividades, a saber, las actividades de representación de intereses realizadas en nombre de terceros países. Imponen obligaciones relacionadas con esas actividades y no imponen obligaciones a las entidades por el mero hecho de recibir financiación del extranjero. La presente Directiva se centra en una mayor transparencia cuando las entidades llevan a cabo actividades de representación de intereses en nombre de terceros países en el mercado interior. En particular, la presente Directiva impone la obligación de garantizar que los datos puestos a disposición del público se presenten de manera objetiva y neutral y de velar por que las autoridades nacionales competentes actúen de manera que no se derive ninguna consecuencia adversa, como la estigmatización, del hecho de que una entidad se haya inscrito de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva. Establece un sistema global de salvaguardias, en particular un control judicial efectivo para garantizar la proporcionalidad de las medidas armonizadas. Las medidas establecidas en la presente Directiva respetan plenamente los derechos fundamentales y los principios reconocidos, en particular, por la Carta, en particular la libertad de expresión e información, la libertad de reunión y asociación, la libertad de investigación científica, en particular la libertad académica, el derecho a la protección de los datos de carácter personal, el derecho a la tutela judicial efectiva y la libertad de empresa. Al alcanzar un nivel común de transparencia en relación con la representación de intereses llevada a cabo en nombre de un tercer país, las medidas establecidas en la presente Directiva refuerzan los derechos democráticos de los ciudadanos contemplados en la Carta.

(15)Las obligaciones armonizadas de transparencia de la presente Directiva no deben afectar a las normas nacionales sobre las actividades de representación de intereses de entidades distintas de las entidades de terceros países, ni al contenido sustantivo de dichas actividades, ni a las normas sustantivas aplicables a los funcionarios públicos cuando interactúan con entidades que llevan a cabo actividades de representación de intereses. No deben afectar a las normas aplicables a las actividades delictivas y a su detección, investigación, enjuiciamiento, supervisión y sanción según lo establecido en el Derecho nacional o de la Unión, como las relacionadas con la corrupción.

(16)A fin de armonizar las obligaciones de transparencia, es necesario establecer una definición común de representación de intereses. Para garantizar la correcta aplicación de las obligaciones armonizadas de transparencia, el concepto de actividades de representación de intereses debe tener un significado amplio. Debe abarcar las actividades llevadas a cabo con el objetivo de influir en el desarrollo, la formulación o la aplicación de políticas o legislación, o en los procesos públicos de toma de decisiones, también mediante la repercusión de la opinión pública, en la Unión y sus Estados miembros, también a nivel regional y local.

(17)Debe existir un vínculo claro y sustancial entre la actividad y la probabilidad de que influya en el desarrollo, la formulación o la aplicación de políticas o legislación, o de procesos públicos de toma de decisiones, en la Unión. Para determinar la existencia de tal vínculo, deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes, como el contenido de la actividad, el contexto en el que se desarrolla, su objetivo, sus medios de realización o si la actividad forma parte de una campaña sistemática o sostenida. Las actividades cubiertas no deben limitarse a las actividades con el objetivo de promover un cambio en una determinada política, legislación o proceso de toma de decisiones público, sino que también deben abarcar las actividades destinadas a mantener el statu quo.

(18)La representación de intereses podría llevarse a cabo, en particular, a través de actividades como la organización o la participación en reuniones, conferencias o actos, la contribución a consultas, audiencias parlamentarias u otras iniciativas similares, la organización de campañas de comunicación o publicidad, también a través de medios de comunicación, plataformas, el uso de influentes en las redes sociales, las redes y las iniciativas de base, la preparación de documentos políticos y de posición, enmiendas legislativas, sondeos y encuestas de opinión, cartas abiertas y otro material informativo o de comunicación.

(19)La representación de intereses también podría abarcar las actividades realizadas en nombre de una entidad de un tercer país en el contexto de la investigación y la educación, como la difusión por grupos de reflexión de documentos que recomienden o favorecen la adopción de una política pública específica. De conformidad con los principios de libertad académica y de investigación científica, consagrados en el artículo 13 de la Carta, la representación de intereses no debe abarcar la investigación llevada a cabo por investigadores en una materia de su elección, la difusión de los resultados de dicha investigación, ni las actividades de enseñanza y educación que se lleven a cabo de conformidad con el principio de libertad académica y autonomía institucional, excepto cuando el objetivo claro de estas actividades sea influir en el desarrollo, la formulación o la aplicación de políticas o legislación, o de procesos públicos de toma de decisiones, en la Unión y se lleven a cabo en nombre de una entidad de un tercer país. Cuando no sea así, la realización de tales actividades no debe dar lugar a obligaciones de inscripción en virtud de la presente Directiva.

(20)Las actividades realizadas por funcionarios de Gobiernos de terceros países que estén relacionadas con el ejercicio de la autoridad pública, en particular las actividades relacionadas con el ejercicio de las relaciones diplomáticas entre Estados u organizaciones internacionales, deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva. La presente Directiva tampoco debe abarcar las actividades realizadas por abogados consistentes en la prestación de asesoramiento jurídico o la representación en procedimientos jurídicos, de conciliación o mediación de entidades de terceros países y la salvaguardia de sus derechos fundamentales, como el derecho a ser oído, el derecho a un juicio justo y el derecho de defensa. El asesoramiento profesional distinto del asesoramiento jurídico también debe quedar fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva, como la obtención de un estudio profesional o pericial que sirva de prueba en apoyo de argumentos ante los tribunales; obtener asesoramiento técnico o científico sobre el cumplimiento de la legislación técnica o utilizar los servicios de mediación de un profesional como mediadores que no son necesariamente abogados certificados. Las actividades accesorias, como la restauración, el suministro de un local, la impresión de folletos o documentos de orientación, o la prestación de servicios de intermediación en línea en el sentido del Reglamento (UE) 2022/20653, como los servicios de plataformas en línea, no deben estar cubiertas por la presente Directiva.

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3 Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/UE (Reglamento de Servicios Digitales) (DO L 277 de 27.10.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).

(21)A fin de armonizar las obligaciones de transparencia, es necesario establecer una definición común de los prestadores de servicios de representación de intereses. Los prestadores de servicios de representación de intereses pueden ser personas jurídicas de Derecho privado, personas físicas que ejerzan individualmente una actividad de representación de intereses profesional, así como otras personas físicas o jurídicas cuya actividad profesional principal u ocasional consista en influir en el proceso público de toma de decisiones, en particular las empresas de grupos de presión y relaciones públicas, grupos de reflexión, organizaciones de la sociedad civil, institutos de investigación privados, institutos de investigación públicos que ofrezcan servicios de investigación, investigadores individuales y consultores.

(23)El Gobierno o las autoridades de un tercer país pueden estar detrás de la decisión de una entidad de solicitar la representación de intereses. Esto puede ser el resultado del control ejercido por el Gobierno o las autoridades públicas de un tercer país sobre la entidad, en particular cuando esta tenga una influencia decisiva en dicha entidad a través de derechos económicos, acuerdos contractuales o cualquier otro medio. También puede derivarse de situaciones en las que el Gobierno o las autoridades de un tercer país hayan motivado la decisión de la entidad, en particular dando instrucciones o directivas. A fin de captar estos casos, debe entenderse que el concepto de entidades de terceros países abarca no solo al Gobierno central y a las autoridades públicas de terceros países, sino también a las entidades públicas o privadas, en particular los ciudadanos de la Unión y las personas jurídicas establecidas en la Unión, cuyas acciones puedan atribuirse en última instancia a ese tercer país. El hecho de que las acciones de una entidad pública o privada deban atribuirse a un Gobierno o autoridad de un tercer país debe determinarse caso por caso teniendo debidamente en cuenta elementos como las características de la entidad en cuestión y el entorno jurídico y económico imperante en el tercer país en el que opera la entidad, en particular el papel del Gobierno en la economía de ese país.

(24)Una actividad de representación de intereses debe estar incluida en el ámbito de aplicación de la presente Directiva si se lleva a cabo en nombre de una entidad de un tercer país. Esto significa que debe cubrir los servicios de representación de intereses prestados a entidades de terceros países. Además, dado que un Gobierno de un tercer país puede recurrir a entidades cuyas acciones pueden atribuírsele para llevar a cabo actividades de representación de intereses de carácter económico y, por tanto, comparables a un servicio de representación de intereses, la Directiva también debe abarcar dichas actividades. Por lo tanto, también puede abarcar la representación de intereses interna por entidades de terceros países. La presente Directiva debe abarcar las actividades de representación de intereses llevadas a cabo en nombre de entidades de terceros países dirigidas a personas físicas o jurídicas o realizadas o puestas en conocimiento público en uno o varios Estados miembros.

(25)La presente Directiva no debe aplicarse a las actividades que apoyen o se ajusten a los intereses de un tercer país, pero sin vínculo alguno con dicho tercer país. Esto incluye las actividades que constituyen una manifestación de la libertad de expresión y de la libertad de comunicar y recibir información e ideas, o una manifestación de la libertad académica, como las actividades realizadas por personas físicas que actúan a título personal, o los periodistas que trabajan para medios de comunicación de terceros países cuyas acciones no puedan atribuirse a un tercer país o no puedan considerarse representación de intereses en el sentido de la presente Directiva. La prestación de servicios de medios de comunicación, tal como se definen en el artículo 2 del Reglamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento Europeo y del Consejo4, y la prestación de servicios de comunicación audiovisual, tal como se definen en el artículo 1 de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo5, no entrarán en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. No obstante, estarán cubiertas las actividades de representación de intereses realizadas en nombre de entidades de terceros países en el sentido de la presente Directiva por prestadores de servicios de comunicación.

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4 Reglamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento Europeo y del Consejo, de XXXX, por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior (Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación) y por el que se modifica la Directiva 2010/13/UE (DO L XX de XX.XX.XXXX, p. XX, ELI: XXX).

5 Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/oj).

(26)A efectos de los servicios de representación de intereses prestados a una entidad de un tercer país, toda contraprestación recibida a cambio del servicio de representación de intereses en cuestión debe considerarse remuneración a efectos de la presente Directiva. Esto podría cubrir las contribuciones financieras, como préstamos, aportaciones de capital, condonación de deuda, incentivos fiscales o exenciones tributarias, recibidas a cambio de una actividad de representación de intereses. La remuneración también podría incluir prestaciones en especie, como la provisión, construcción y mantenimiento del espacio de oficinas a cambio de un servicio de representación de intereses. En tales situaciones, el prestador de servicios de representación de intereses sería responsable de estimar el valor del beneficio recibido, por ejemplo utilizando el valor de mercado.

(27)El Tribunal ha sostenido que la característica esencial de la remuneración reside en el hecho de que constituye la contrapartida económica de los servicios en cuestión. Las contribuciones a la financiación básica de una organización o un apoyo financiero similar, por ejemplo, prestado en el marco de un régimen de subvenciones de donantes de un tercer país, no deben considerarse remuneración de un servicio de representación de intereses cuando no estén relacionadas con una actividad de representación de intereses, es decir, cuando la entidad recibiría dicha financiación, independientemente de que lleve a cabo actividades específicas de representación de intereses.

(28)A fin de garantizar una visión global y transparente de los importes utilizados para una actividad de representación de intereses en su conjunto, los importes anuales deben incluir, a efectos de la presente Directiva, la remuneración anual total recibida de la entidad de un tercer país por la prestación de un servicio de representación de intereses y, cuando no se reciba remuneración, la estimación de los costes anuales relacionados con la actividad de representación de intereses realizada. Por las mismas razones, estos importes deben incluir los costes de los subcontratistas y las actividades accesorias.

(29)Los subcontratistas pueden considerarse entidades que llevan a cabo una representación de intereses en nombre de entidades de terceros países y, por tanto, entran en el ámbito de aplicación de las obligaciones establecidas en la presente Directiva. Para reducir la carga administrativa y evitar la doble contabilización de la remuneración, así como para garantizar la información a lo largo de toda una cadena de contratos, las entidades que lleven a cabo actividades de representación de intereses deben velar por que sus acuerdos contractuales con subcontratistas incluyan información de que la actividad de representación de intereses se lleva a cabo en nombre de una entidad de un tercer país, así como la obligación de transmitir dicha información en los casos en que la actividad se subcontrata ulteriormente. Sobre esta base, los subcontratistas deben quedar exentos de la obligación de registro y llevanza de registros y, en su caso, de designar un representante legal, establecida en la presente Directiva.

(30)A fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de inscripción de la presente Directiva, los prestadores de servicios de representación de intereses deben tener derecho a solicitar a la entidad en cuyo nombre se presta el servicio que declare si se trata de una entidad de un tercer país. Los prestadores de servicios de representación de intereses deben hacer el mejor uso posible de este derecho para tomar una decisión con conocimiento de causa que les permita cumplir plenamente las obligaciones establecidas en la presente Directiva en el ejercicio de sus actividades.

(31)Con el fin de apoyar la rendición de cuentas y promover el conocimiento de los intereses de terceros países a los que representan, debe exigirse a las entidades que lleven a cabo actividades de representación de intereses en nombre de una entidad de un tercer país que conserven determinados archivos. Estos archivos deben incluir una descripción de la finalidad de la actividad de representación de intereses, en particular el proceso de toma de decisiones que pretende influir y el resultado que pretende obtener. Los archivos también deben incluir la identidad de la entidad del tercer país, que, en los casos en que la entidad sea una persona física, debe entenderse como su nombre completo. También deben incluir copias de contratos e intercambios clave esenciales para comprender la naturaleza, la finalidad y los acuerdos financieros subyacentes a la actividad de representación de intereses, así como información o material que constituya un componente clave de la actividad, como documentos de posición compartidos con funcionarios públicos.

(32)Las entidades que lleven a cabo una representación de intereses en nombre de terceros países no deben estar obligadas a conservar los datos personales contenidos en dichos archivos más tiempo del necesario para garantizar que las autoridades de control puedan desempeñar sus funciones de supervisión y ejecución. Dichos archivos deben conservarse durante el tiempo suficiente para que las autoridades de control puedan obtener, en casos justificados, los archivos conservados sobre la entidad del tercer país y la actividad de representación de intereses, así como los archivos agregados anualmente.

(33)A fin de permitir una supervisión eficaz, las entidades que lleven a cabo actividades de representación de intereses en nombre de una entidad de un tercer país que no tengan un lugar de establecimiento en la Unión deben estar obligadas a designar a un representante legal establecido en la Unión y a garantizar que su representante legal designado disponga de los poderes y recursos necesarios para cooperar con las autoridades pertinentes.

(34)Con el objetivo de establecer obligaciones de transparencia armonizadas en todo el mercado interior, las entidades que lleven a cabo actividades de representación de intereses en nombre de una entidad de un tercer país deben estar obligadas a registrarse en los registros nacionales en su lugar de establecimiento. Las actualizaciones posteriores de una inscripción existente también deben llevarse a cabo en dicho registro nacional. Estos registros deben ser creados, gestionados y mantenidos por los Estados miembros. Los Estados miembros podrán hacer uso de sus registros nacionales existentes a efectos de la presente Directiva, siempre que se cumplan las obligaciones de la presente Directiva. A fin de respetar las divisiones nacionales de competencias, los Estados miembros deben estar facultados para crear más de uno de estos registros. En tales casos, los Estados miembros deben establecer normas que indiquen en qué registro nacional deben inscribirse las entidades que realizan actividades de representación de intereses en nombre de terceros países. Las anotaciones de actividades de tratamiento de datos personales realizadas en los registros nacionales no deben conservarse más tiempo del necesario para controlar la legalidad del acceso a los datos personales y, por tanto, deben limitarse a un año.

(35)De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo6, la información sobre las obligaciones y formalidades de inscripción establecidas por la presente Directiva está disponible a través de la pasarela digital única que, a través del portal web Your Europe, establece una ventanilla única que proporciona a las empresas y a los ciudadanos información sobre las normas y los procedimientos en el mercado único, a todos los niveles de la administración y un acceso directo, centralizado y guiado a los servicios de asistencia y resolución de problemas, así como a una amplia gama de procedimientos administrativos totalmente digitalizados. Además, el procedimiento de inscripción se realiza íntegramente en línea y se organiza de conformidad con el principio de «solo una vez» para facilitar la reutilización de los datos.

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6 Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 (DO L 295 de 21.11.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj)

(36)Cuando la entidad que lleve a cabo actividades de representación de intereses en nombre de una entidad de un tercer país esté establecida en varios Estados miembros, la inscripción solo debe tener lugar en el Estado miembro en el que la entidad tenga su establecimiento principal. El establecimiento principal de la entidad debe entenderse como el lugar en el que la entidad tiene su sede central o domicilio social en el que se ejercen las principales actividades económicas y el control operativo.

(37)La información que debe incluirse a efectos de la presente Directiva en la inscripción debe limitarse a lo necesario para garantizar la transparencia de las actividades de representación de intereses llevadas a cabo en nombre de terceros países y la aplicación efectiva de la presente Directiva. Dicha información debe incluir datos relativos a la propia entidad que lleva a cabo la actividad de representación de intereses, el tercer país en cuyo nombre se realiza la actividad, la identidad de los subcontratistas, tal como se definen en la presente Directiva, que llevan a cabo actividades de representación de intereses, y la información relativa a la actividad específica de representación de intereses realizada. Cuando proceda, también debe incluir una referencia a los prestadores de servicios de medios de comunicación o a las plataformas en línea en las que se publiquen anuncios como parte de la actividad de representación de intereses. La inscripción no debe referirse a información sobre los importes u origen de la ayuda financiera recibida que no esté relacionada con una actividad de representación de intereses.

(38)A fin de garantizar que la información facilitada a efectos de inscripción siga permitiendo a las autoridades responsables de los registros nacionales identificar de forma correcta y precisa los terceros países en cuyo nombre se lleva a cabo la representación de intereses y cuánto se gasta en dichas actividades, la Comisión debe estar facultada para adoptar actos delegados que adapten el conjunto normalizado de información.

(39)Las entidades que lleven a cabo actividades de representación de intereses en nombre de terceros países, inscritas en un registro nacional, deben actualizar la información en el registro nacional al menos una vez al año. No obstante, dada la importancia de la exactitud de la información contenida en dichos registros nacionales para la aplicación y supervisión de la Directiva, cualquier cambio o añadido a la información de contacto de la entidad inscrita debe hacerse con mayor rapidez y, en cualquier caso, en un plazo razonable.

(41)Las entidades que lleven a cabo una actividad de representación de intereses en nombre de terceros países deben poder demostrar que han cumplido las obligaciones de inscripción. Una vez inscrita, debe facilitarse a una entidad una copia de la información incluida en un registro nacional y un número europeo único de representación de intereses (NERI). El NERI debe servir como medio para facilitar la identificación en toda la Unión de las entidades inscritas con arreglo a la presente Directiva. Por lo tanto, la composición del NERI debe permitir la identificación del Estado miembro de inscripción y del registro nacional específico en el que se haya producido la inscripción. La elección del código de identificación del registro nacional de inscripción debe parecer lógica para las personas familiarizadas con la organización del Estado miembro de que se trate.

(42)Una vez inscritas en el Estado miembro de su lugar de establecimiento, las entidades inscritas no deben estar obligadas a registrarse en otros Estados miembros, ni siquiera cuando pongan en marcha allí una actividad de representación de intereses. No obstante, para facilitar el acceso de los funcionarios públicos a la información sobre las entidades que llevan a cabo actividades de representación de intereses con las que puedan interactuar, otros Estados miembros en los que se lleven a cabo dichas actividades deben incluir en sus propios registros nacionales los nombres de las entidades inscritas afectadas, su NERI y el enlace a la información contenida en el registro nacional de inscripción puesto a disposición del público.

(43)Para garantizar el cumplimiento de la obligación de inscripción, las autoridades de control, cuando dispongan de información fiable de que una entidad no se ha inscrito, por ejemplo, sobre la base de un informe de un denunciante, deben poder solicitar a la entidad que facilite la información estrictamente necesaria para determinar si entra en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Por lo general, dicha información no debe ir más allá de la información directamente capaz de demostrar si entra en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Podría consistir en información del tipo cubierto por la obligación de archivo, en particular las declaraciones obtenidas sobre si una entidad en cuyo nombre se presta un servicio de representación de intereses es una entidad de un tercer país. En la medida de lo posible, la solicitud debe limitarse a la información que debe estar en posesión de la entidad. Además, cuando dispongan de información fiable sobre el posible incumplimiento de las obligaciones derivadas de la inscripción, las autoridades de control deben poder solicitar a una entidad que facilite la información necesaria para investigar dicho posible incumplimiento. Por lo general, dicha información no debe ir más allá de la información directamente capaz de demostrar la integridad o exactitud de la información facilitada como parte de la obligación de inscripción y actualización. En la medida de lo posible, la solicitud debe limitarse a la información que debe estar en posesión de la entidad inscrita. Toda solicitud de este tipo debe contener una exposición de motivos, la información solicitada y las razones de su pertinencia, así como información sobre los procedimientos de recurso judicial disponibles. Dichas solicitudes deben entenderse sin perjuicio de las competencias de las autoridades nacionales para investigar cualquier conducta que pueda constituir una infracción penal con arreglo a lo dispuesto en el Derecho nacional y en el Derecho de la Unión.

(44)La rendición de cuentas democrática es un pilar del buen funcionamiento de las democracias. Al prever el acceso de los ciudadanos a la información sobre las entidades que llevan a cabo actividades de representación de intereses en nombre de terceros países activos en el mercado interior, así como sobre las entidades de terceros países a las que representan, la presente Directiva permite a los ciudadanos y a otras partes interesadas ejercer sus derechos y responsabilidades democráticos, en particular su capacidad para ejercer un control democrático con pleno conocimiento de cuyos intereses sirvan las actividades de representación de intereses a las que estén expuestos ellos o sus representantes electos. El control público por parte de los ciudadanos y las partes interesadas de las cuestiones que afectan al ámbito democrático apoya los controles y equilibrios democráticos. La rendición de cuentas democrática también apoya el empoderamiento de los ciudadanos, permitiéndoles expresar y ejercer sus decisiones democráticas, incluso cuando votan. Como votantes, los ciudadanos son importantes responsables de la toma de decisiones por derecho propio y, como tales, pueden ser el objetivo de determinados servicios de representación de intereses.

(45)Para garantizar la proporcionalidad, cuando los datos personales se pongan a disposición del público, deben limitarse a lo estrictamente necesario para informar a los ciudadanos, a sus representantes y a otras partes interesadas sobre las actividades de representación de intereses llevadas a cabo en nombre de terceros países. Además, la información sobre los importes anuales declarados debe ponerse a disposición del público utilizando intervalos más generales que los utilizados para la presentación de información a los registros nacionales, a fin de garantizar el nivel de detalle necesario para informar a los ciudadanos, a sus representantes y a otras partes interesadas. La información que solo sea pertinente para las autoridades de control, como los datos de contacto de las personas responsables de una entidad inscrita, no debe ponerse a disposición del público.

(47)A fin de garantizar la protección de las personas que puedan verse expuestas mediante la publicación de información específica a una violación de sus derechos fundamentales, como represalias contra personas que trabajen para una entidad inscrita que opere en un tercer país, los Estados miembros deben garantizar que las autoridades de control puedan, previa solicitud, restringir la publicación total o parcial de la información introducida en el registro nacional. La entidad inscrita debe demostrar que, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes de los casos concretos, la publicación debe restringirse debido a intereses legítimos tales como un riesgo grave de que la publicación exponga a una persona a una violación de sus derechos fundamentales, en particular protegidos por los artículos 1 (Derecho a la dignidad humana), 2 (derecho a la vida), 3 (Derecho a la integridad de la persona), 4 (Prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes) o 6 (Derecho a la libertad y a la seguridad de la Carta, como el secuestro, el chantaje, la extorsión, el acoso, la violencia o la intimidación), o como los secretos comerciales. El análisis debe tener en cuenta los riesgos para la integridad física de los empleados o de cualquier persona que trabaje para una entidad inscrita o esté asociada a ella. Los intereses legítimos también deben abarcar los riesgos para las personas que se benefician de las actividades de la entidad inscrita. Toda decisión de la autoridad de control debe tener en cuenta los objetivos de la presente Directiva y estar sujeta a revisión judicial en el Estado miembro de inscripción. Las decisiones de la autoridad de control y, en su caso, de los órganos judiciales, deben adoptarse sin demora. Para que el público pueda saber que la entidad inscrita ha cumplido la obligación de inscripción establecida en la presente Directiva cuando se concede una limitación de publicación, el campo de datos del registro nacional debe sustituirse por una mención que indique que la publicación ha sido limitada por motivos de interés legítimo.

(50)A fin de evitar la estigmatización de la entidad inscrita, los datos puestos a disposición del público deben presentarse de manera objetiva y neutral. Además, al llevar a cabo las tareas que les asigna la presente Directiva, las autoridades nacionales competentes deben velar por que no se deriven consecuencias adversas del mero hecho de que una entidad sea una entidad inscrita. En particular, la publicación no debe presentarse ni ir acompañada de declaraciones o disposiciones que puedan crear un clima de desconfianza con respecto a las entidades inscritas, que puedan disuadir a las personas físicas o jurídicas de los Estados miembros o de terceros países de colaborar con ellas o proporcionarles apoyo financiero. Entre los ejemplos de estas acciones estigmatizadoras cabe citar el etiquetado negativo de las entidades inscritas o la realización de declaraciones dispares destinadas a socavar la credibilidad y legitimidad de dichas entidades inscritas, lo que implica que estas entidades intentan influir ilegalmente en los procesos democráticos.

(51)Cuando un tercer país gasta importes especialmente elevados en representación de intereses, o cuando una entidad recibe importes especialmente elevados de remuneración de una o varias entidades de terceros países, existe una mayor probabilidad de que las actividades de representación de intereses realizadas influyan con éxito en las opciones políticas de un Estado miembro o de la Unión en su conjunto. En tales casos, las autoridades de control deben poder solicitar información adicional a las entidades que lleven a cabo actividades de representación de intereses llevadas a cabo en nombre de dichos terceros países con el fin de ejercer un mayor control.

(52)Para garantizar una supervisión proporcionada de la presente Directiva, las autoridades de control deben poder solicitar a una entidad que lleve a cabo actividades de representación de intereses en nombre de entidades de terceros países que facilite los archivos necesarios para investigar posibles incumplimientos de la obligación de inscripción establecida en la presente Directiva. A tal fin, las autoridades de control deben poder actuar de oficio o sobre la base de una denuncia de un denunciante o de la autoridad de control de otro Estado miembro.

(53)Las autoridades de control deben cooperar tanto a escala nacional como de la Unión. Dicha cooperación debe facilitar el intercambio rápido y seguro de información. A efectos del ejercicio de sus funciones de supervisión, las autoridades de control deben poder solicitar a la autoridad de control del Estado miembro de inscripción la información facilitada en la inscripción, en particular la que no sea pública, y, en casos específicos, los archivos conservados por la entidad, así como los análisis realizados. Las autoridades de control y la Comisión deben cooperar para garantizar la aplicación de la Directiva. Comprender mejor el tamaño y la distribución de las actividades generales de representación de intereses que se llevan a cabo en nombre de terceros países en la Unión. La Comisión debe poder solicitar a las autoridades de control datos agregados sobre la base de la información facilitada por las entidades que llevan a cabo la representación de intereses llevada a cabo en nombre de entidades de terceros países en su inscripción. Con el fin de supervisar exhaustivamente las modalidades y las características de las actividades de representación de intereses llevadas a cabo en nombre de terceros países en la Unión, dichos datos agregados podrán incluir información que no esté públicamente disponible en los registros, en particular los datos personales, en la medida necesaria para garantizar un seguimiento eficaz.

(54)A fin de limitar aún más la carga administrativa, la cooperación administrativa y los intercambios de información entre las autoridades nacionales, así como las autoridades de control y la Comisión, tienen lugar a través del Sistema IMI, establecido por el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo7, para la cooperación administrativa entre las autoridades competentes de los Estados miembros en ámbitos de actuación relacionados con el mercado único. La interoperabilidad del Sistema IMI y de los registros nacionales debe garantizarse en consonancia con el Marco Europeo de Interoperabilidad.

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7 Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por el que se deroga la Decisión 2008/49/CE de la Comisión («Reglamento IMI») (DO L 316 de 14.11.2012, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj).

(55)Con el fin de asistir a la Comisión en su tarea de garantizar una cooperación eficaz entre las autoridades nacionales competentes y la aplicación completa y efectiva de la presente Directiva, debe crearse un grupo consultivo. El grupo consultivo debe incluir a un representante de las autoridades de control de cada Estado miembro. El grupo consultivo debe asesorar sobre la aplicación de la Directiva, en particular el requisito de evitar que se deriven consecuencias adversas del mero hecho de que una entidad esté inscrita con arreglo a las obligaciones establecidas en la presente Directiva. Debe adoptar dictámenes, recomendaciones o informes que deben hacer públicos las autoridades nacionales competentes designadas por los Estados miembros. A fin de garantizar la seguridad jurídica de las entidades que puedan entrar en el ámbito de aplicación de la Directiva, el grupo consultivo debe, en particular, asesorar a la Comisión sobre posibles orientaciones sobre el ámbito de aplicación de la Directiva, el concepto de entidad de un tercer país y las actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las obligaciones establecidas en la presente Directiva. Debe garantizarse la cooperación, según proceda, con la red de la UE contra la corrupción.

(58)Debe prohibirse la participación consciente y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las obligaciones establecidas en la presente Directiva, en particular las obligaciones de inscripción. Estas actividades incluyen la remuneración encubierta de un servicio de representación, la creación de empresas con vistas a ocultar vínculos con Gobiernos de terceros países, o la distribución artificial de actividades entre múltiples entidades con el fin de no alcanzar los umbrales establecidos en la presente Directiva.

(59)Con el fin de disuadir del incumplimiento de las obligaciones de la presente Directiva y de sancionarlos, los Estados miembros deben velar por que toda infracción de las obligaciones establecidas en la presente Directiva vaya acompañada de multas administrativas efectivas, proporcionadas y disuasorias. Las sanciones no deben ser de carácter penal. Las sanciones deben tener en cuenta la naturaleza, la recurrencia y la duración de la infracción a la vista del interés público en juego, el alcance y el tipo de actividades realizadas y la capacidad económica de la entidad que lleva a cabo las actividades de representación de intereses. En cada caso concreto, las sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, respetando debidamente los derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión, de asociación, de cátedra y de investigación científica, las salvaguardias y el acceso a vías de recurso efectivas, en particular el derecho a ser oído. Deben seguir una alerta temprana previa emitida por una autoridad de control, salvo cuando dicha infracción constituya una violación de la prohibición de elusión.

(60)A fin de modificar los umbrales para solicitar información adicional, cambiar la lista de información que debe facilitarse al presentar una solicitud de inscripción y modificar la lista de información que debe incluirse en los informes publicados por los Estados miembros, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación9. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

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9 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj

(63)En particular, un sistema a escala de la Unión apoya a las autoridades nacionales competentes en sus funciones de supervisión y a otras partes interesadas para que ejerzan su papel en el proceso democrático y aumenta la resiliencia general de las democracias de la Unión frente a las injerencias de terceros países. Abordar la transparencia de las actividades de representación de intereses realizadas en nombre de terceros países aporta un valor añadido para influir a escala de la Unión, ya que la probable naturaleza transfronteriza de dichas actividades requiere un enfoque coordinado en múltiples niveles y sectores. Al colaborar y compartir información, los Estados miembros pueden comprender mejor el alcance del fenómeno, lo que ayuda a evitar que terceros países puedan aprovechar las diferencias o lagunas normativas.

(64)Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben tratar de minimizar la carga administrativa de las entidades afectadas, y en particular de las microempresas, pequeñas y medianas empresas en el sentido del artículo 3 de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo10.

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10 Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

(65)Los Reglamentos (UE) 2016/67911 y (UE) 2018/172512 del Parlamento Europeo y del Consejo se aplican al tratamiento de datos personales efectuado en el contexto de la presente Directiva, en particular el tratamiento de datos personales para mantener el registro o registros nacionales de entidades que llevan a cabo actividades de representación de intereses en nombre de entidades de terceros países, acceder a los datos personales de dichos registros o registros nacionales e intercambiar datos personales en el contexto de la cooperación administrativa y la asistencia mutua entre los Estados miembros en virtud de la presente Directiva, especialmente el uso del Sistema IMI, y la conservación de información de conformidad con las conservación de información de la presente Directiva. Todo tratamiento de datos personales para tales fines debe cumplir, entre otros, los principios de minimización de datos, exactitud y limitación de su conservación, y cumplir las obligaciones de integridad y confidencialidad de los datos. Los Estados miembros deben establecer las medidas que garanticen un tratamiento lícito y seguro en lo que respecta al tratamiento de los datos personales contenidos en sus registros nacionales, de conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de datos personales.

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11 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

12 Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(69)El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su dictamen el XXXX15.

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Objeto y finalidad

La presente Directiva establece obligaciones armonizadas en las actividades económicas de representación de intereses en nombre de entidades de terceros países, con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior logrando un nivel común de transparencia en toda la Unión.

La finalidad de la presente Directiva es lograr esa transparencia para evitar que se genere un clima de desconfianza que pueda disuadir a las personas físicas o jurídicas de los Estados miembros o de terceros países de colaborar con las entidades que realicen actividades de representación de intereses en nombre de entidades de terceros países, o de prestarles apoyo económico.

1)«actividad de representación de intereses»: toda actividad realizada con el objetivo de influir en el desarrollo, la formulación o la ejecución de políticas o legislación, o en los procesos de toma de decisiones públicas, en la Unión, que puede llevarse a cabo, en particular, mediante la organización de reuniones, conferencias u otros actos, o la participación en ellos, la contribución a consultas o audiencias parlamentarias, o la participación en ellas, la organización de campañas de comunicación o publicidad, la organización de redes e iniciativas sobre el terreno, la preparación de documentos relativos a políticas, documentos de posición, enmiendas legislativas, encuestas, sondeos de opinión o cartas abiertas, o mediante actividades en el contexto de la investigación y la educación, cuando se lleven a cabo específicamente con ese objetivo;

2)«servicio de representación de intereses»: toda actividad de representación de intereses realizada normalmente a cambio de una remuneración, tal como se contempla en el artículo 57 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

4)«entidad de un tercer país»:

b)una entidad pública o privada cuya actuación pueda atribuirse a una entidad, en el sentido de la letra a), teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes;

a)la remuneración anual total recibida de una entidad de un tercer país por la prestación de un servicio de representación de intereses, consistente, cuando la remuneración no sea pecuniaria, en su valor estimado, o

9)«autoridad responsable del registro nacional»: la autoridad pública u organismo responsable de la administración de un registro nacional, en el sentido del artículo 9, y de la tramitación de las solicitudes de inscripción presentadas con arreglo a la presente Directiva;

a)servicios de representación de intereses prestados a entidades de terceros países;

b)actividades de representación de intereses realizadas por entidades de terceros países, en el sentido del artículo 2, punto 4, letra b), que esté vinculadas o sustituyas a actividades de naturaleza económica y, por tanto, sean comparables a los servicios de representación de intereses, en el sentido de la letra a) del presente apartado.

a)las actividades realizadas directamente por una entidad de un tercer país, en el sentido del artículo 2, punto 4, letra a), que guarden relación con el ejercicio de potestades públicas, en particular las actividades derivadas de las relaciones diplomáticas o consulares entre Estados u organizaciones internacionales;

i)el asesoramiento a una entidad de un tercer país para ayudarla a garantizar que sus actividades se atengan al marco jurídico vigente;

ii)la representación de entidades de terceros países desarrollada en el marco de una conciliación o una mediación destinada a evitar someter un litigio ante una instancia judicial o administrativa o que esta lo resuelva;

iii)la representación de entidades de terceros países en procesos judiciales;

Los Estados miembros no mantendrán ni introducirán, respecto de las actividades de representación de intereses incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, disposiciones que difieran de las establecidas en la presente Directiva, en particular disposiciones más o menos estrictas para establecer un nivel diferente de transparencia de dichas actividades.

Los Estados miembros se asegurarán de que los prestadores de servicios de representación de intereses estén facultados para exigir a la entidad en cuyo nombre se preste el servicio que declare si se trata de una entidad de un tercer país.

1.Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades a que se refiere el artículo 3, apartado 1, mencionen, en los acuerdos contractuales que celebren con subcontratistas, que la actividad de representación de intereses está incluida en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1, así como la obligación de transmitir dicha información a ulteriores subcontratistas. Los subcontratistas que hayan sido informados de este particular no tendrán que cumplir las obligaciones que imponen los artículos 7, 8, 10 y 11 en lo que respecta a la actividad de representación de intereses que realicen en virtud del contrato en el que figure dicha información.

2.Los Estados miembros se asegurarán de que, si el subcontratista subcontrata a su vez el servicio de representación de intereses, este comunique al contratista principal o, en su caso, al subcontratista del que haya recibido el contrato de realización de la actividad de representación de intereses que dicha actividad se ha vuelto a subcontratar, y se asegurarán también de que los acuerdos contractuales mencionen que la actividad de representación de intereses está incluida en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1.

3.Los Estados miembros se asegurarán de que el subcontratista comunique al contratista principal o, en su caso, al subcontratista la información necesaria para cumplir las obligaciones que impone el artículo 10.

Artículo 7

Archivo

3.Los Estados miembros se asegurarán de que pueda exigírsele responsabilidad al representante legal por el incumplimiento por parte de la entidad a la que represente de las obligaciones que le impone la presente Directiva, sin perjuicio de la responsabilidad de dicha entidad y de las acciones judiciales que puedan ejercitarse contra esta. Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades a que se refiere el artículo 3, apartado 1, otorguen a su representante legal las facultades y los recursos necesarios para garantizar una cooperación eficiente y oportuna con las autoridades competentes de los Estados miembros, así como para garantizar el cumplimiento de sus decisiones.

2.El registro nacional o, en su caso, los registros nacionales los administrarán las autoridades responsables de los registros nacionales. Respecto del tratamiento de los datos personales, dichas autoridades actuarán como responsables del tratamiento, en el sentido del artículo 4, punto 7, del Reglamento (UE) 2016/679.

Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades a que se refiere el artículo 3, apartado 1, establecidas en su territorio se inscriban en el registro nacional correspondiente a más tardar en el momento en que comiencen las actividades de representación de intereses.

3.Si las entidades a que se refiere el artículo 3, apartado 1, no están establecidas en la Unión, se inscribirán en el Estado miembro en el que esté establecido el representante legal que hayan designado de conformidad con el artículo 8 o, si no tiene un lugar de establecimiento, en el que tenga su domicilio o residencia habitual.

4.Los Estados miembros se asegurarán de que, a efectos de la inscripción, las entidades estén obligadas a declarar únicamente la información que figura en el anexo I.

a)en un plazo razonable, los cambios o adiciones a los datos que se hayan declarado con arreglo al anexo I, punto 1, letras a) y b) y letra f), incisos i) y ii);

Dicha autoridad tramitará la solicitud en un plazo de cinco días hábiles y dará de baja a la entidad inscrita en el registro nacional si considera que la entidad ya no reúne los requisitos del artículo 3, apartado 1, o, cuando proceda, que ya no debe estar inscrita en el registro del que es responsable. La decisión de la autoridad responsable del registro nacional pertinente podrá ser objeto de impugnación administrativa y judicial en el Estado miembro en que se realizó la inscripción.

8.Los Estados miembros se asegurarán de que la inscripción, las actualizaciones, las solicitudes de baja en el registro y las solicitudes presentadas con arreglo al artículo 12, apartado 3 puedan realizarse por medios electrónicos y sin coste alguno.

2.Cuando la información declarada a efectos de la inscripción sea incompleta o tenga errores manifiestos, la autoridad responsable del registro nacional pedirá a la entidad que complete o subsane su solicitud. En un plazo de cinco días hábiles contados desde la recepción de la respuesta de la entidad de que se trate, la autoridad responsable del registro nacional, bien creará el asiento correspondiente en el registro nacional, bien denegará la solicitud e informará a la entidad de que se trate de los motivos por los que la solicitud sigue estando incompleta o contiene información manifiestamente incorrecta.

3.Una vez creado el asiento en el registro nacional, la entidad inscrita recibirá inmediatamente, y, a más tardar, en un plazo de cinco días hábiles, confirmación de la inscripción por parte de la autoridad responsable del registro nacional; se le asignará un número europeo de representación de intereses («NERI») único y se le enviará una copia digital de la información inscrita en el registro nacional. El NERI tendrá el formato que se establece en el anexo II.

4.Los Estados miembros se asegurarán de que la autoridad responsable del registro nacional del Estado miembro de inscripción notifique las nuevas inscripciones a las autoridades nacionales designadas de conformidad con el artículo 15, apartado 1, de los Estados miembros indicados en la inscripción con arreglo al anexo I, punto 2, letra e), inmediatamente y, a más tardar, en un plazo de cinco días hábiles contados desde la creación del asiento en el registro nacional. Dicha notificación también se tendrá que efectuar cuando, de conformidad con el artículo 10, apartado 6, las entidades inscritas soliciten cambios o adiciones a la información mencionada en el anexo I, punto 2, letra e). La notificación incluirá el nombre de la entidad inscrita, su NERI y enlaces a los registros nacionales en los que se haya inscrito.

5.Los Estados miembros dispondrán que las autoridades responsables de los registros nacionales en el Estado miembro que reciba la notificación a que se refiere el apartado 4 tendrán que inscribir, en el registro pertinente, la información incluida en dicha notificación inmediatamente y, a más tardar, en un plazo de cinco días hábiles. La información sobre la entidad inscrita no se hará pública si, en el registro nacional pertinente del Estado miembro de inscripción, a dicha información se le aplica la dispensa de la publicación a que se refiere el artículo 12, apartado 3.

9.Cuando la autoridad de control disponga de información fiable que sugiera que una entidad inscrita en un registro respecto del que tenga competencia en virtud del artículo 15, apartado 3, puede haber incumplido las obligaciones establecidas en las disposiciones nacionales que se hayan adoptado con arreglo al artículo 10, como haber declarado información inexacta al inscribirse, podrá solicitar a dicha entidad que proporcione la información a que se refiere el artículo 7 en la medida necesaria para investigar el posible incumplimiento.

c)la información sobre los procedimientos de revisión judicial disponibles.

11.La entidad a la que se dirija la solicitud proporcionará, en un plazo de diez días hábiles, la información solicitada de conformidad con los apartados 8 y 9 de manera completa y exacta.

12.Las solicitudes a que se refieren los apartados 8 y 9 se podrán impugnar judicialmente en el Estado miembro de la autoridad de control que formule la solicitud.

a)la información declarada por la entidad inscrita con arreglo al anexo I, punto 1, letras a) y e), letra f), incisos i) y ii), letras h), i), j) y k), y punto 2, letra a), inciso i), y letras b) a h);

3.Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades a que se refiere el artículo 3, apartado 1, estén facultadas para pedir la dispensa de la publicación a que se refiere el apartado 1 mediante solicitud debidamente motivada. La autoridad de control dictará resolución por la que se limite parcial o totalmente el acceso público cuando la entidad solicitante demuestre, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, que está justificado por razones de interés legítimo, como el riesgo grave de que la publicación exponga a una persona a una vulneración de sus derechos fundamentales, en particular los protegidos por los artículos 1, 2, 3, 4 y 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En caso contrario, la autoridad de control dictará una resolución denegatoria de la solicitud.

4.Las resoluciones dictadas con arreglo al apartado 3 podrán ser objeto de impugnación judicial en el Estado miembro de inscripción. Los Estados miembros se asegurarán de que los procesos de impugnación, especialmente los judiciales, se tramiten en un plazo razonable y se resuelvan sin demora.

6.Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando la resolución a que se refiere el apartado 3 haya adquirido firmeza, el asiento en el registro nacional al que se refiera dicha resolución indique, cuando proceda, que se ha limitado parcial o totalmente el acceso público.

1.A partir del 31 de marzo de [año después de que venza el plazo de transposición] y, a más tardar, el 31 de marzo de cada año posterior, cada Estado miembro publicará y enviará a la Comisión un informe basado en la información declarada por las entidades inscritas en sus registros nacionales. Dicho informe contendrá únicamente los siguientes elementos:

a)Los datos agregados sobre los importes anuales, por tercer país, en el ejercicio anterior. Dichos datos agregados deberán basarse en la información declarada con arreglo al anexo I, punto 2, letras b) y c).

b)Los datos agregados sobre los importes anuales, por categoría de organización por cada tercer país, en el ejercicio anterior. Dichos datos agregados deberán basarse en la información declarada con arreglo al anexo I, punto 1, letra h), y punto 2, letras b) y c).

c)El número total de entidades de terceros países que puedan vincularse a un tercer país específico. Dichos datos agregados deberán basarse en la información declarada con arreglo al anexo I, punto 2, letra b).

5.Cuando un Estado miembro designe varias autoridades de control, se asegurará de que las funciones respectivas de esas autoridades estén claramente definidas y de que dichas autoridades mantengan una cooperación estrecha y eficaz en el desempeño de estas. Los Estados miembros indicarán cuál es la autoridad de control a la que pueden dirigirse las comunicaciones que tengan como destinatario una autoridad competente de dicho Estado miembro, para que aquella las remita.

6.Los Estados miembros se asegurarán de que la autoridad de control goce de independencia en el ejercicio de sus funciones. En particular, los Estados miembros se asegurarán de que el personal de las autoridades de control que actúe en ejercicio de las competencias que les atribuye la presente Directiva:

a)sea capaz de desempeñar sus funciones con independencia de influencias externas, tanto políticas como de otro tipo, y no pida ni acepte instrucciones de ningún Gobierno o cualquier otra entidad pública o privada;

7.Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades nacionales designadas de conformidad con el apartado 1 dispongan de todos los medios necesarios para desempeñar las funciones que les encomienda la presente Directiva, especialmente recursos técnicos, económicos y humanos suficientes.

8.Los Estados miembros se asegurarán de que, en el desempeño de las funciones que les encomienda la presente Directiva, las autoridades nacionales designadas de conformidad con el apartado 1 garanticen que no se deriven consecuencias adversas, como la estigmatización, del mero hecho de que una entidad esté inscrita o haya sido objeto de la solicitud a que se refiere el artículo 16, apartado 3.

3.Salvo en los supuestos contemplados en el artículo 11, apartados 8 y 9, la solicitud solo podrá formularse en los supuestos siguientes y deberá limitarse a los archivos conservados de conformidad con el artículo 7:

a)la entidad inscrita ha recibido un importe anual superior a 1 000 000 EUR de una única entidad de un tercer país en el ejercicio anterior;

las acciones de la entidad del tercer país en cuyo nombre actúa la entidad inscrita son imputables a un tercer país que ha gastado, en uno de los cinco ejercicios anteriores y teniendo en cuenta todas las entidades de terceros países cuyas acciones puedan imputarse a dicho tercer país, un importe anual agregado que supere:

c)la información sobre los procedimientos de revisión judicial disponibles.

5.Cuando una autoridad de control distinta de la autoridad de control del Estado miembro de inscripción considere que se cumple alguna de las condiciones establecidas en el apartado 3, podrá pedir a la autoridad de control del Estado miembro de inscripción que solicite a la entidad inscrita los archivos conservados de conformidad con el artículo 7.

Una vez que reciba la solicitud a que se refiere el apartado 5 y si considera que se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 3, la autoridad de control del Estado miembro de inscripción formulará la solicitud a que se refiere el apartado 3 y remitirá la información recibida a la autoridad de control que inicie la solicitud. Si, en los doce meses anteriores, la autoridad de control del Estado miembro de inscripción ha formulado una solicitud de conformidad con el apartado 3 sobre la misma información de la misma entidad inscrita, remitirá dicha información a la autoridad de control interesada sin formular solicitud alguna a la entidad en cuestión.

8.Las solicitudes a que se refiere el apartado 3 se podrán impugnar judicialmente en el Estado miembro de la autoridad de control que formule la solicitud.

1.Los Estados miembros se asegurarán de que sus autoridades de control cooperen con las autoridades de control de todos los demás Estados miembros cuando sea necesario.

b)la descripción de los hechos pertinentes, las disposiciones pertinentes de la presente Directiva y los motivos por las que la autoridad notificante sospecha que se puede estar infringiendo la presente Directiva.

5.Cuando la autoridad de control del lugar de establecimiento principal no disponga de información suficiente para dar curso a la notificación a que se refiere el apartado 2, podrá pedir información adicional a la autoridad competente que haya efectuado la notificación.

6.La cooperación administrativa y los intercambios de información entre las autoridades nacionales designadas de conformidad con el artículo 15, apartado 1, así como con las autoridades de control y la Comisión, a efectos de los apartados 2, 4 y 5, del artículo 11, apartado 4, del artículo 16, apartados 5 y 6, y del artículo 18 de la presente Directiva, se llevarán a cabo a través del sistema IMI, establecido en virtud del Reglamento (UE) n.º 1024/2012.

Artículo 18

Intercambio transfronterizo de información entre las autoridades de control

b)facilitar la comunicación y el intercambio de información y de buenas prácticas sobre las necesidades específicas de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, en el sentido del artículo 3 de la Directiva 2013/34/UE;

d)notificar a la Comisión cualquier divergencia en la aplicación de la presente Directiva;

4.Podrá invitarse a asistir a las reuniones del grupo consultivo, en calidad de observadores, a representantes del Parlamento Europeo o de los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio que sean partes contratantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo17.

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17 Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (DO L 1 de 3.1.1994, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj).

Los Estados miembros establecerán normas sobre las sanciones, que solo podrán ser multas administrativas, aplicables a las entidades a que se refiere el artículo 3, apartado 1, o, en su caso, su representante legal, por las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas para transponer los artículos 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16 y 20. Dichas normas se ajustarán a lo dispuesto en los apartados 2 a 6.

2.El importe máximo de la sanción a que se refiere el apartado1 que podrá imponerse será: en el caso de las empresas, del 1 % del volumen de negocios mundial anual en el ejercicio anterior; en el caso de otras personas jurídicas, del 1 % del presupuesto anual de la entidad en el ejercicio cerrado más reciente; en el caso de las personas físicas, de 1 000 EUR.

3.En cada caso concreto, las sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias, teniendo en cuenta, en particular, la naturaleza, la reiteración y la duración de la infracción a la que se refieren dichas medidas, así como, cuando proceda, la capacidad económica, técnica y operativa de la entidad a que se refiere el artículo 3, apartado 1, que haya cometido la infracción.

4. Antes de imponer sanciones, la autoridad de control dirigirá a la entidad de que se trate un apercibimiento o amonestación indicando que es probable que infrinja o haya infringido las disposiciones de la presente Directiva, salvo si dicha infracción constituye un incumplimiento del artículo 20.

2.Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 10, apartado 9, el artículo 13, apartado 3, y el artículo 16, apartado 9, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del [la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

4.Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016.

5.Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 10, apartado 9, el artículo 13, apartado 3, o el artículo 16, apartado 9, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

1.En el artículo 2, apartado 1, letra a), se añade el nuevo inciso xi) siguiente:

2.En el anexo, parte I, se añade el nuevo punto K siguiente:

En dicha evaluación se valorará la eficacia y la proporcionalidad de la Directiva. Se valorarán, entre otros aspectos, la necesidad de modificar el ámbito de aplicación y la eficacia de las garantías que se establecen en la Directiva. Podrá ir acompañada, cuando proceda, de las correspondientes propuestas legislativas.

Los Estados miembros pondrán en vigor a más tardar el [18 meses después de su entrada en vigor] las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

a)la siguiente información sobre cada una de las entidades de terceros países en cuyo nombre la entidad realice actividades de representación de intereses;

ii)la dirección en la que la entidad del tercer país ejerza su actividad o, en el caso de las personas físicas, la dirección en la que residan habitualmente;

iii) la descripción de los principales objetivos, competencias y ámbitos de interés de la entidad;

iv)en su caso, el número de inscripción de la entidad del tercer país en el registro mercantil correspondiente o un código de identificación similar;

b)el tercer país en cuyo nombre actúe la entidad del tercer país;