A.Considerando que la iniciativa ciudadana europea (ICE) es una herramienta para que la ciudadanía de la Unión pida a la Comisión que proponga nueva legislación; que, cuando una ICE reúne al menos un millón de firmas, la Comisión debe especificar, en un plazo de seis meses a partir de la validación de la ICE, las medidas que se propone adoptar en respuesta a esta;

B.Recordando que «Mi voz, mi decisión» es un movimiento ciudadano que reúne a más de 300 organizaciones de toda Europa; que el movimiento pide a la Unión que garantice un aborto seguro y accesible para todas las mujeres y exige que la Unión apruebe una legislación que cree un mecanismo financiero para ayudar a los Estados miembros que se adhieran a este voluntariamente a prestar una atención al aborto segura a todas las personas que no tengan acceso a él;

C.Señalando que, en la Decisión (UE) 2024/1158 sobre el registro de la iniciativa ciudadana europea, la Comisión declaró que «no parece haber una injerencia directa y específica en las competencias de los Estados miembros para definir su propia política sanitaria y la organización de sus servicios sanitarios por el mero hecho de ofrecer apoyo financiero para prestar este tipo de servicios»;

D.Considerando que el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos —incluidos unos servicios de aborto seguros, universalmente accesibles, y legales— constituye un derecho fundamental; que la prohibición del acceso a la atención reproductiva no reduce la necesidad de servicios de aborto, sino que aumenta el recurso al aborto inseguro —lo que repercute negativamente en muchos ámbitos de la vida de las mujeres y las niñas, incluida su fertilidad y mortalidad—, u obliga a las pacientes a viajar al extranjero para poder recibir servicios de aborto legales;

E.Recordando que debe garantizarse la capacidad de las personas para ejercer su autonomía reproductiva, incluido su derecho a decidir libremente y de manera responsable si quieren tener hijos, cuándo y cómo, con el fin de lograr la igualdad de género y el pleno disfrute de los derechos humanos para todas las personas en Europa; que debe respetarse y garantizarse plenamente la autonomía y la integridad físicas;

F.Señalando que, según el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el derecho de las mujeres a la salud incluye sus derechos sexuales y reproductivos, y que, en su Recomendación General n.º 35, el Comité afirma que «[l]as violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como la esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipificación como delito del aborto, la denegación o la postergación del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, la continuación forzada del embarazo y el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos, son formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante»; que el Comité insta a los Estados a que deroguen las leyes que tipifican como delito el aborto; que la OMS y los organismos internacionales de derechos humanos piden a los países que legalicen el aborto a petición y eliminen las barreras innecesarias y perjudiciales que retrasan o impiden el acceso oportuno a los servicios de aborto;

G.Considerando que la salud y los derechos sexuales y reproductivos están incluidos en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular la meta 3.7, para garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, y la meta 5.6, para asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos;

H.Recordando que el goce de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos es esencial para defender la dignidad humana y está intrínsecamente vinculado a la lucha contra la violencia sexual y de género, a la consecución de la igualdad de género, a la defensa de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud, la privacidad, la seguridad de la persona, la no discriminación, la igualdad ante la ley y a no sufrir tortura ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

I.Señalando que la imposibilidad de acceder a un aborto universalmente accesible, seguro y legal restringe directamente los derechos de las mujeres, incluidos sus derechos a la autodeterminación, la integridad física y psíquica, la salud, la educación y el trabajo; que la restricción de estos derechos relega a las mujeres a un papel reproductivo y, por tanto, crea discriminación por razón de sexo;

J.Considerando que muchos Estados miembros de la Unión han adoptado medidas legislativas significativas para avanzar en el acceso al aborto mediante la eliminación de las barreras procesales y reglamentarias perjudiciales y de las sanciones penales; que, no obstante, dos Estados miembros siguen sin permitir el aborto a petición, ocho Estados miembros mantienen un período de espera obligatorio y varios Estados miembros no reembolsan o subvencionan los servicios de aborto o solo ofrecen una cobertura limitada; que once países de Europa no facilitan el aborto farmacológico (es decir, el aborto no quirúrgico) y que solo cinco permiten los servicios de aborto a través de la telemedicina; que los plazos para el aborto a petición varían considerablemente dentro de Europa, oscilando entre diez y veinticuatro semanas;

K.Recordando que algunos Estados miembros siguen manteniendo obstáculos regresivos al acceso al aborto, como el asesoramiento obligatorio, la opción de que los profesionales médicos se nieguen a prestar servicios de aborto, las ecografías obligatorias, la falta de cobertura financiera, las autorizaciones obligatorias de terceros, las restricciones de los motivos para los servicios de aborto y las restricciones de los métodos de aborto; que algunos Estados miembros incluso han introducido recientemente tales barreras;

L.Señalando que los datos muestran que la mayoría de los abortos se producen en el primer trimestre y que la mayoría de las mujeres que abortan ya tienen hijos, están casadas o mantienen relaciones de larga duración, o utilizaban métodos anticonceptivos en aquel momento;

M.Considerando que alrededor de veinte millones de mujeres en Europa Esta cifra se basa en el número de mujeres que viven en Polonia y Malta que no tienen acceso al aborto debido a leyes restrictivas en sus países de residencia y a restricciones y limitaciones en otros Estados miembros de la Unión. no tienen acceso a servicios de aborto seguros y legales y que su salud sigue estando en peligro; que esta cifra incluye a las mujeres que huyen de conflictos y guerras y a las mujeres migrantes;

N.Recordando que muchas mujeres se ven obligadas a viajar a través de las fronteras para tener acceso a servicios de aborto en otro país de la Unión, a menudo enfrentándose a obstáculos financieros, logísticos y psicológicos, a pesar de la existencia de normas de la Unión en materia de asistencia sanitaria transfronteriza;

O.Señalando que, de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, «la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la [...] protección de la salud humana» (artículo 9) y que podrá adoptar también «medidas de fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana» (artículo 168);

P.Considerando que todas las mujeres y niñas deben recibir el mismo acceso a los servicios sanitarios dondequiera que residan, sin discriminación; que las personas marginadas, en particular las personas que pertenecen a minorías raciales, étnicas y religiosas, los migrantes, las personas procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, las personas que viven en zonas rurales, las que tienen discapacidad, los miembros de la comunidad LGBTQI+ y las víctimas de violencia, se enfrentan a menudo a más obstáculos, discriminación interseccional y violencia en el acceso a la asistencia sanitaria;

Q. Considerando que únicamente las mujeres biológicas pueden quedarse embarazadas y tener hijos;

R.Recordando que las discrepancias en los servicios de aborto en Europa son una realidad; que los sistemas sanitarios de algunos Estados miembros deben ocuparse ya de atender a las pacientes de otros Estados miembros que necesitan servicios de aborto debido a las restricciones que existen en estos, por lo que esta ICE propone compensar financieramente a dichos Estados miembros;

S.Señalando que algunas mujeres no pueden viajar para acceder a servicios de aborto por limitaciones financieras;

T.Considerando que la legislación actual de la Unión no es adecuada para responder a los retos de los servicios de aborto transfronterizos;