P10_TA(2026)0007Asesinato de Mehdi Kessaci: necesidad urgente de una acción europea ambiciosa contra el tráfico de drogasResolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2026, sobre el asesinato de Mehdi Kessaci: necesidad urgente de una acción europea ambiciosa contra el tráfico de drogas (2025/3020(RSP))El Parlamento Europeo,

–Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular sus disposiciones sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia,

–Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus artículos sobre la dignidad humana, el derecho a la vida, la libertad de expresión, los derechos de las víctimas y la protección de los datos de carácter personal,

–Vistas las estrategias de la Unión en materia de drogas y su versión más reciente, publicada junto con el plan de acción de la Unión Europea contra el tráfico de drogas 2026-2030,

–Vistos los trabajos del Grupo Horizontal «Drogas» (GHD) del Consejo, creado en 1997 para coordinar la acción de la Unión en materia de drogas,

–Vistos los informes y análisis de la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA), en particular el Informe Europeo sobre Drogas 2025,

–Vista la constitución de la Coalición Europea contra la Droga, que reúne a más de cuarenta países y se propone reforzar la cooperación internacional contra el tráfico de drogas,

–Vistos los trabajos del Grupo Pompidou del Consejo de Europa sobre las políticas en materia de drogas y de prevención,

–Vistos la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 y el trabajo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),

–Vistos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en Palermo en 2000, y sus protocolos, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,

–Vistas las distintas medidas adoptadas por organismos europeos e internacionales a fin de prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación de la delincuencia organizada,

–Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos DO L 315 de 14.11.2012, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj.,

–Vista la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989,

–Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de junio de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero DO C 65 de 19.2.2016, p. 16.,

–Visto el compromiso de los organismos europeos, en particular la EUDA, Europol y Eurojust, con la lucha contra el tráfico de drogas,

–Visto el paquete legislativo de la Unión de 2024 para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en particular el Reglamento (UE) 2024/1624 DO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj., la Directiva (UE) 2024/1640 DO L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj. y la creación de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (ALBC),

–Vista la Directiva (UE) 2024/1712 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por la que se modifica la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas DO L, 2024/1712, 24.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1712/oj.,

–Visto el trabajo del Foro de la Sociedad Civil sobre las Drogas y de su sección juvenil,

–Vista la situación especialmente crítica que se registra en las regiones ultraperiféricas,

–Visto el libro publicado por el activista contra las drogas Amine Kessaci, «Marseille, essuie tes larmes» (Marsella, enjuga tus lágrimas), y sus intervenciones públicas en las que llama a hacer frente al tráfico de drogas y a un despertar popular,

–Visto el artículo 136, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.Considerando que Mehdi Kessaci, joven de 20 años, de nacionalidad francesa, desconocido por la policía salvo por haberse presentado candidato a «gardien de la paix» (grado básico de policía), fue asesinado el 13 de noviembre de 2025 en Marsella, a plena luz del día y en medio de la calle, en un contexto de violencia relacionada con el tráfico de drogas, lo que ilustra la creciente brutalidad de las redes delictivas y las consecuencias directas de dicha violencia para las familias y las comunidades locales;

B.Considerando que Mehdi Kessaci era el hermano de Amine Kessaci, activista contra el tráfico de drogas, autor y figura reconocida de la movilización ciudadana contra la delincuencia organizada; que su asesinato se debió, sin duda, a esta relación familiar; que este asesinato constituye un ataque directo a la libertad de expresión y se sospecha que obedece a un método de intimidación que recuerda las prácticas de las redes mafiosas organizadas; que este delito provocó un despertar nacional, reuniendo a 10 000 personas en todo el país en apoyo de Amine Kessaci y su familia, así como en defensa de la democracia, la libertad de expresión y el Estado de Derecho frente al tráfico de drogas;

C.Considerando que este asesinato se inscribe en una serie de actos violentos relacionados con el tráfico de drogas en Marsella, que dieron lugar a veinticuatro asesinatos en 2024 y a cuarenta y nueve víctimas en 2023, y que afectan cada vez más a menores y personas inocentes; que esta lacra afecta a muchas ciudades europeas y amenaza la cohesión social, la salud y la seguridad de los ciudadanos y el Estado de Derecho; que la situación en las regiones ultraperiféricas es especialmente crítica, con casi noventa asesinatos relacionados con el tráfico de drogas registrados solo en Guadalupe y Martinica en 2025;

D.Considerando que el tráfico de drogas es una de las amenazas más graves para la seguridad interior de la Unión, ya que alimenta la delincuencia organizada, la violencia y la corrupción, y que, según Europol, casi el 50 % de las redes delictivas más peligrosas de Europa participan en este tráfico, de las cuales más de un tercio lo hacen de forma exclusiva;

E.Considerando que la violencia relacionada con el tráfico de drogas en Europa se ha intensificado en los últimos años, con el uso creciente de armas de fuego por parte de los grupos de delincuencia organizada, y que, por término medio, el 28 % de las incautaciones de armas de fuego en Europa están relacionadas con el tráfico de drogas, lo que ilustra que existe un vínculo directo entre el tráfico de drogas y amenazas graves para la seguridad pública;

F.Considerando que la producción, el tráfico y el consumo de drogas están aumentando con rapidez y alcanzan niveles sin precedentes en la Unión; que, según la EUDA, en 2023 se incautaron en la Unión 752 toneladas de cannabis y 419 toneladas de cocaína, y que 2,7 millones de adultos jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 34 años declaran haber consumido esas sustancias en el último año; que, cada año, se desmantelan en el territorio de la Unión casi 500 laboratorios de drogas sintéticas y que en 2023 las muertes relacionadas con las drogas ascendieron a casi 7 500; que esta evolución refleja la generalización de un fenómeno que afecta a todos los territorios, todas las generaciones y todos los grupos sociales;

G.Considerando que los puertos europeos son puntos de entrada estratégicos para las drogas ilegales, ya que alrededor del 70 % de las incautaciones aduaneras de estupefacientes tienen lugar en infraestructuras portuarias, y que las redes delictivas aprovechan las vulnerabilidades logísticas y humanas de estas plataformas;

H.Considerando que los profesionales que trabajan en los sectores pesquero y portuario, como los pescadores y los estibadores, son blanco de las redes de tráfico de drogas, que aprovechan la naturaleza de sus actividades para introducir drogas en la Unión;

I.Considerando que el aumento masivo del consumo de estupefacientes tiene un impacto directo en el tráfico de drogas, generando enormes beneficios para los traficantes, quienes adquieren una capacidad financiera que puede poner en peligro la democracia; Considerando que la Comisión nacional francesa de cuentas de campaña y financiación política ha alertado de la influencia de las redes de tráfico de drogas en las próximas elecciones locales;

J.Considerando que el tráfico de drogas es una de las actividades más lucrativas de la delincuencia organizada, ya que representa en torno a una quinta parte de los ingresos generados por la delincuencia en todo el mundo, y que la Unión se enfrenta a un aumento sin precedentes de la disponibilidad de drogas ilegales, incluida cocaína procedente de América del Sur;

K.Considerando que las redes de tráfico de drogas pueden tratar de ejercer presión o influencia indebida sobre los representantes electos y los votantes locales, especialmente a nivel municipal, socavando así la integridad de los procesos democráticos;

L.Considerando que la capacidad financiera adquirida por los traficantes de drogas amenaza la democracia, a través del blanqueo de capitales, la corrupción, la infiltración en la economía legal y la capacidad que ofrece a las redes delictivas para conseguir y ampliar su influencia territorial, también dentro de la Unión Europea;

M.Considerando que la lucha contra el blanqueo de capitales, los paraísos fiscales y la infiltración de las organizaciones delictivas en la economía legal es, por tanto, la principal palanca para debilitar de forma duradera las redes de tráfico de drogas;

N.Considerando que el Escudo Europeo de la Democracia destaca la delincuencia organizada y la corrupción como una amenaza directa para el Estado de Derecho y nuestras instituciones democráticas;

O.Considerando que las herramientas digitales y las redes sociales se utilizan cada vez más para el reclutamiento, en particular de menores, la coordinación y la comisión de actos violentos, lo que requiere una respuesta europea coordinada que respete los derechos fundamentales;

P.Considerando que las organizaciones delictivas y sus prácticas están evolucionando, en particular mediante la digitalización de sus estrategias, y que, por lo tanto, es necesaria una evolución de las estructuras de investigación, judiciales y sociales en la respuesta de la Unión a esta lacra;

Q.Considerando que la prevalencia de las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) está aumentando en Europa, incluidos los cannabinoides sintéticos, las catinonas y los poderosos opioides sintéticos, que a menudo se producen o distribuyen dentro de la Unión y que en parte quedan fuera de los controles internacionales y nacionales; que su gran potencia y el pequeño volumen necesario, junto con la posibilidad de modificar ligeramente sus estructuras químicas para eludir la legislación, crean un mercado en rápida expansión y muy lucrativo para los traficantes, al tiempo que plantean riesgos considerables para la salud y la seguridad públicas; que es importante disponer de unos sistemas de alerta temprana sólidos, mejores capacidades de detección y respuestas coordinadas a escala de la Unión para hacer frente a la amenaza en evolución que plantean las NSP;

R.Considerando que el desarrollo y la implantación duradera de redes de tráfico de drogas suelen tener lugar en contextos caracterizados por desigualdades sociales y territoriales persistentes, un acceso insuficiente al empleo, a los servicios públicos y a las oportunidades educativas, así como un sentimiento de abandono institucional, en particular en determinados barrios urbanos desfavorecidos, y que estas vulnerabilidades son terreno abonado para la economía delictiva y constituyen factores estructurales que aprovechan las redes de tráfico de drogas para contratar una mano de obra vulnerable, a menudo joven;

S.Considerando que la política de cohesión de la Unión, a través de sus instrumentos financieros, ha contribuido históricamente a reducir las disparidades territoriales, reforzar la cohesión social y apoyar la inversión estructural en zonas urbanas en dificultades, y que las orientaciones previstas por la Comisión Europea para el marco financiero plurianual 2028-2034, así como la aplicación de la nueva Agenda de Ciudades de la UE, tendrán un impacto decisivo en la capacidad de la Unión para evitar de forma sostenible que el tráfico ilegal se consolide en estos territorios;

T.Considerando que las sumas obtenidas por las redes delictivas se ven facilitadas por la corrupción y pueden reforzarla, y que la capacidad financiera de dichas redes les permite tanto llevar a cabo actividades de servicio para los habitantes como infundir miedo en un número cada vez mayor de territorios, lo que da lugar a una forma de anestesia de las comunidades locales, que son cada vez menos resilientes frente a la lacra del tráfico de drogas; que el asesinato de Mehdi Kessaci forma parte de estas estrategias de intimidación; que las alertas sobre la influencia del tráfico de drogas en las elecciones advierten vivamente de la amenaza que representa el tráfico de drogas para los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho;

U.Considerando que las familias de las víctimas, y en particular las madres y los familiares de las personas asesinadas o reclutadas por redes delictivas, desempeñan a menudo un papel clave en la prevención, la sensibilización y el apoyo a los jóvenes expuestos al tráfico de drogas; que, sin embargo, las familias de las víctimas del tráfico de drogas no participan en la elaboración de las políticas europeas y nacionales contra el tráfico de drogas ni en el Foro de la Sociedad Civil sobre las Drogas;

V.Considerando que las estrategias anteriores han puesto de relieve la necesidad de equilibrar mejor las respuestas represivas con las políticas de prevención, reducción de riesgos y justicia social;

W.Considerando que la estrategia de la UE en materia de lucha contra las drogas se apoya en una serie de pilares esenciales, que combinan la salud pública, la prevención, la cooperación judicial y policial, y la cooperación con terceros países, y que ganaría en eficacia si se complementara con un componente dedicado a la resiliencia social de los territorios y a las comunidades movilizadas contra el tráfico de drogas;

X.Considerando que el despliegue del tráfico de drogas es un fenómeno europeo y requiere una respuesta unida y firme; que las autoridades europeas deben demostrar su capacidad de movilización para que no se pierdan más vidas;

1.Condena en los términos más enérgicos el asesinato de Mehdi Kessaci; manifiesta su profunda compasión y sus sinceras condolencias a sus padres y familiares, a sus allegados y, a través de ellos, a todas las víctimas directas e indirectas del tráfico de drogas en Europa y en todo el mundo;

2.Rinde homenaje al compromiso de Amine Kessaci, de la asociación Conscience y de todos los activistas que combaten el tráfico de drogas, a menudo arriesgando su seguridad; honra la valentía de Amine Kessaci, que sigue enfrentándose a os narcotraficantes a pesar de las amenazas que se ciernen sobre él; reconoce que el asesinato de Mehdi Kessaci es un ataque frontal a la libertad de expresión y creación, así como al Estado de Derecho;

3.Recuerda que las acciones de las asociaciones de base contribuyen a la protección de los jóvenes, la cohesión social y la vitalidad democrática y a menudo están poco reconocidas, apoyadas o protegidas;

4.Subraya que la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada representa un reto importante para la Unión en su conjunto, tanto en términos de seguridad como de salud pública, justicia social y respeto del Estado de Derecho;

5.Acoge con satisfacción la adopción de la nueva estrategia de la Unión en materia de lucha contra las drogas y su plan de acción, y reitera su apoyo a un enfoque equilibrado, basado en la reducción de la demanda, la cooperación judicial y policial, la cooperación con terceros países y la prevención, en especial en línea; recuerda que los planes anteriores no fueron suficientes para frenar la lacra del tráfico de drogas, pero que es responsabilidad de todos hacer frente a este reto;

6.Recuerda que la nueva estrategia contra el tráfico de drogas pide a los Estados miembros que adopten políticas de tolerancia cero en materia de conducción bajo los efectos de las drogas, en consonancia con la Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de conducción Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (DO L 403 de 30.12.2006, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/126/oj)., y que hagan pleno uso de los instrumentos transfronterizos disponibles para hacer cumplir dichas normas;

7.Apoya plenamente el pilar consagrado a la salud pública y a la prevención de la estrategia de la Unión en materia de lucha contra las drogas, que incluye la prevención temprana, la reducción de riesgos, el acceso a la asistencia, el tratamiento de las adicciones y la reinserción social; señala que las drogas afectan de manera creciente a toda la sociedad, colocándola en situación de dependencia, y pide una gran movilización para garantizar la salud mental de las europeas y los europeos;

8.Apoya la propuesta de la Comisión de reforzar la seguridad en la lucha contra el tráfico de drogas, incluida la evaluación prevista para 2026 de la actual Decisión marco sobre el tráfico de drogas y la modernización de las normas relativas a la delincuencia organizada; respalda medidas clave como el refuerzo de la cooperación público-privada para mejorar la detección de drogas de contrabando introducidas a través de los servicios postales y de paquetería, así como la elaboración de una nueva estrategia europea para los puertos dirigida a aumentar la seguridad y la resiliencia de los puertos y las cadenas de suministro frente al tráfico de drogas;

9.Celebra el compromiso de las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, los servicios de aduanas y los magistrados movilizados en toda la Unión Europea en la lucha contra el tráfico de drogas; reconoce su contribución esencial a la protección de la seguridad pública y pide un refuerzo proporcionado y adecuado de los recursos puestos a disposición de las fuerzas policiales y las autoridades judiciales con el fin de afrontar la evolución de esta amenaza transnacional;

10.Pide que se refuercen los recursos humanos, materiales y tecnológicos asignados a los controles de las fronteras exteriores en la lucha contra el tráfico de armas, seres humanos y drogas, así como las operaciones policiales conjuntas transfronterizas, en particular en puntos críticos como Marsella, Le Havre, Amberes, Rotterdam y Hamburgo, en estrecha coordinación con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Europol, Eurojust y la EUDA, con el fin de desmantelar las redes delictivas que están detrás de los tiroteos, los asesinatos y la intimidación en toda Europa;

11.Destaca la necesidad de reforzar la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades aduaneras, policiales, judiciales y administrativas, y pide a la Comisión que garantice el marco necesario para apoyar estos esfuerzos, salvaguardando al mismo tiempo los derechos fundamentales y la protección de la vida privada;

12.Recuerda que la lucha contra la delincuencia organizada debe atacar las estructuras económicas y financieras del tráfico de drogas, entre otras cosas reforzando los mecanismos de incautación de activos de origen delictivo y la lucha contra los paraísos fiscales; pide a la Unión y a los Estados miembros que hagan un uso pleno y eficaz de la nueva Directiva (UE) 2024/1260 sobre recuperación y decomiso de activos DO L, 2024/1260, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj., y que adopten las medidas necesarias para hacer posible la asignación de los bienes decomisados a fines sociales, en particular confiando los bienes decomisados a organizaciones de base que luchan contra la influencia territorial del tráfico de drogas, como sucede en Italia, así como a las autoridades más expuestas a la violencia relacionada con el tráfico de drogas o a los servicios de investigación judicial y aduanera; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que las medidas relativas al uso de los bienes decomisados en aras del interés público o con fines sociales se incluyan en sus estrategias nacionales de recuperación de activos;

13.Destaca la importancia de incorporar obligaciones de cooperación judicial y transparencia en las relaciones exteriores y en los acuerdos de la Unión con terceros países afectados por las rutas del tráfico de drogas; subraya que la cooperación con algunos de estos Estados es fructífera, mientras que otros se niegan a cooperar plenamente con las autoridades europeas;

14.Acoge con satisfacción la celebración de acuerdos entre Eurojust, Europol y Armenia, Bosnia y Herzegovina y el Líbano;

15.Destaca la importancia de llevar a cabo un examen exhaustivo de los métodos empleados por las organizaciones delictivas y su rápida evolución con el fin de desarrollar procedimientos judiciales más adecuados; pide, en particular, que se adopte un enfoque común en materia de lucha contra la delincuencia organizada, que se estudie la posibilidad de crear un estatuto de arrepentido, que se proteja a los menores integrados en redes delictivas, que la lucha contra el tráfico de drogas se articule con disposiciones sobre blanqueo de capitales y corrupción, extorsión, trata de seres humanos, delincuencia medioambiental y tráfico de armas; pide que se estudie la posibilidad de reforzar el papel de la Fiscalía Europea en la lucha contra la delincuencia organizada;

16.Se compromete a realizar un seguimiento más estrecho y exhaustivo del tráfico de drogas y de la lucha contra la delincuencia organizada transfronteriza relacionada con las drogas;

17.Pide que se refuercen los recursos humanos asignados a la policía de proximidad y a la policía especializada, así como a los tribunales especializados en la lucha contra las drogas, incluidos los tribunales de lucha contra el blanqueo de capitales;

18.Alienta la cooperación entre los organismos de la Unión, las autoridades nacionales y los Estados miembros en materia policial, judicial y administrativa;

19.Pide que la lucha contra el tráfico de drogas sea un pilar de la estrategia portuaria europea y de la Alianza Europea de Puertos, integrando tanto a los puertos marítimos como a los fluviales, y que se establezcan medidas de formación, prevención y protección para el personal portuario; pide que se preste apoyo y acompañamiento a los estibadores y pescadores que se enfrentan a presiones, amenazas e intentos de chantaje por parte de las redes de tráfico de drogas; destaca la importancia del intercambio de inteligencia sobre incautaciones de drogas, precursores y sustancias químicas esenciales, así como del uso de tecnologías de vigilancia para las infraestructuras estratégicas;

20.Pide que la lucha contra el tráfico de drogas sea una prioridad para la Autoridad Aduanera de la UE y que se dote a las agencias aduaneras de las mismas herramientas que al personal portuario;

21.Destaca que las próximas iniciativas europeas, como la Alianza Europea de Puertos, así como las reformas de Europol, Eurojust y la Fiscalía Europea, deben contribuir a reforzar la integridad, la transparencia y la resiliencia de los puertos europeos, en particular mejorando la protección de los funcionarios y trabajadores de primera línea frente a los riesgos de intimidación y corrupción;

22.Destaca el papel central de la prevención, también en las redes sociales y las plataformas digitales, y pide la aplicación efectiva de las normas vigentes de la Unión, en particular el Reglamento de Servicios Digitales, para prevenir el reclutamiento en línea, la incitación a la violencia y la organización de actividades delictivas, así como que se estudie la necesidad de modificarlas; pide a los Estados miembros que incluyan en sus políticas de prevención una comunicación clara a los consumidores, de forma que comprendan que están contribuyendo a la acción violenta de redes delictivas destructivas;

23.Destaca la necesidad de integrar plenamente la protección de los menores frente al reclutamiento por parte de redes delictivas en las políticas en materia de drogas, en consonancia con el Reglamento de Servicios Digitales y la Resolución del Parlamento Europeo sobre la protección de los menores en línea (2025/2060 (INI)), entre otras cosas mediante la cooperación con las plataformas digitales, la prevención selectiva y la detección precoz;

24.Destaca la importancia crucial, como complemento del enfoque centrado en la seguridad y la represión, de una acción estructural sobre los factores sociales, económicos y territoriales que promueven la implantación duradera de estas actividades delictivas, en particular en los barrios urbanos desfavorecidos; resalta, a este respecto, el papel crucial de los instrumentos presupuestarios de la Unión, incluidos el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), a la hora de apoyar inversiones a largo plazo para el acceso al empleo, la renovación urbana, los servicios públicos de proximidad, la educación, la prevención y la cohesión social, contribuyendo así a reforzar la resiliencia de estos territorios frente a las economías ilícitas y la resistencia de las comunidades frente a las organizaciones delictivas;

25.Expresa, no obstante, su profunda preocupación por las orientaciones previstas por la Comisión para el marco financiero plurianual 2028-2034, en particular los riesgos de que la política de cohesión se renacionalice aún más, de que los fondos de cohesión se fusionen con otros instrumentos y de que la financiación se concentre exclusivamente en las regiones menos desarrolladas; advierte que esa evolución podría dar lugar a una competencia perjudicial entre prioridades y territorios, en detrimento de las inversiones necesarias en zonas urbanas en dificultades situadas en regiones intermedias o más desarrolladas, a pesar de que estos barrios a menudo concentran graves vulnerabilidades sociales y están muy expuestos al tráfico de estupefacientes;

26.Subraya que la reciente adopción por la Comisión de la nueva Agenda de Ciudades de la UE solo producirá resultados concretos si se integra plenamente en los futuros programas de colaboración nacional y regional; pide, a este respecto, que dichos planes incluyan medidas específicas, identificables y dotadas de recursos suficientes para la inversión pública en barrios populares, con el fin de evitar su marginación duradera y su captura por redes delictivas; destaca la necesidad de adoptar un enfoque territorial, integrado e inclusivo de la cohesión, que es indispensable para no dejar atrás a ningún territorio y reforzar la seguridad, la justicia social y la cohesión en la Unión de manera sostenible;

27.Recuerda que el éxito de la estrategia italiana contra la mafia se basó en gran medida en la movilización de la sociedad civil; pide, por tanto, la plena integración de la sociedad civil, y en particular de las asociaciones de base, en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de estupefacientes;

28.Destaca la necesidad de que la experiencia y la voz de las familias de las víctimas ocupen un lugar central en la elaboración, la aplicación y la evaluación de las políticas europeas de lucha contra las drogas, reconociendo su papel esencial en la prevención y el acompañamiento de las personas en situación de riesgo; pide, por tanto, que se las integre plenamente en las futuras acciones de la Unión y de los Estados miembros en la lucha contra el tráfico de drogas;

29.Pide que los órganos de gobernanza de la estrategia en materia de drogas, a los comités de partes interesadas y a los Estados miembros integren de manera estructurada a representantes de las víctimas y de las familias afectadas;

30.Manifiesta su apoyo a todos los agentes sobre el terreno, incluidos los funcionarios de policía, las asociaciones, los educadores, los trabajadores sociales y las autoridades locales; destaca la importancia de que la Unión preste un apoyo financiero adecuado a estas iniciativas, señalando que, en este contexto, podrían movilizarse tanto los fondos dedicados a la acción social como los previstos en la propuesta de Reglamento por el que se establece el apoyo de la Unión a la seguridad interior para el período comprendido entre 2028 y 2034 (COM(2025)0542);

31.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen una coordinación europea de las mejores prácticas en materia de protección de víctimas y testigos, teniendo en cuenta la situación social y económica, a menudo precaria, de las familias afectadas;

32.Pide a los Estados miembros que garanticen la reubicación de las familias afectadas por el tráfico de drogas y su acceso al empleo, a fin de garantizar su seguridad, y pide a la Comisión que incluya esta dimensión en su plan de vivienda;

33.Pide a los Estados miembros que apoyen a quienes alzan su voz contra la delincuencia organizada, como Amine Kessaci y Roberto Saviano, y los conviertan en un pilar en la defensa del Estado de Derecho y la libertad de expresión;

34.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a las instituciones y organizaciones internacionales competentes.