1.Reitera su apoyo a la Ley Magnitski de la UE como una herramienta de política exterior indispensable para mejorar los derechos humanos en todo el mundo y reforzar el conjunto de instrumentos de la Unión en materia de derechos humanos, en particular habida cuenta de su capacidad para contribuir a cambiar el comportamiento de las personas y entidades afectadas y a los esfuerzos por exigir responsabilidades a los autores directos, los facilitadores de violaciones graves de los derechos humanos, los instigadores y a quienes las apoyan indirectamente, así como a quienes se benefician directa o indirectamente de esas violaciones, incluidos sus familiares cercanos; destaca que el instrumento está diseñado de manera que no afecte al disfrute de los derechos humanos por parte de la población;

2.Reafirma su compromiso inquebrantable con la lucha contra la impunidad de las violaciones y abusos graves de los derechos humanos en todo el mundo mediante el uso eficaz de los instrumentos y herramientas de sanciones de la Unión existentes, como la Ley Magnitski de la UE; reitera su compromiso inquebrantable con el sistema de justicia internacional, que se enfrenta a retos sin precedentes, incluidas sanciones infundadas contra jueces y personal de la Corte Penal Internacional, algunos de los cuales son nacionales de la UE; insta a la Unión, a este respecto, a que active su estatuto de bloqueo Reglamento (CE) n.º 2271/96 del Consejo de 22 de noviembre de 1996 relativo a la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país, y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella (DO L 309 de 29.11.1996, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2271/oj). para contener las repercusiones de tales sanciones;

3.Pide una evaluación de impacto exhaustiva de la Ley Magnitski de la UE y de sus interacciones con las sanciones específicas por país de la Unión y las demás medidas restrictivas horizontales de la Unión, con el fin de evaluar su coherencia, proporcionalidad y eficacia, también a la hora de modificar el comportamiento de las personas incluidas en la lista, para detectar lagunas operativas y garantizar una aplicación coherente y estratégica en todo el mundo, y pide que se revise la Ley Magnitski de la UE de conformidad con las conclusiones de esta evaluación de impacto;

4.Pide que la lista elaborada en el marco de la Ley Magnitski de la UE se revise de manera continua y sistemática al menos cada doce meses con el fin de garantizar su coherencia, proporcionalidad y conformidad de la misma con la información actual y las sentencias judiciales;

5.Considera que debe facilitarse más información sobre los criterios de exclusión de la lista con el fin de reforzar la claridad jurídica, las garantías procesales, la transparencia y la rendición de cuentas;

6.Reitera que es importante que la Ley Magnitski de la UE sea coherente con las medidas específicas por país y las medidas restrictivas horizontales de la Unión, las medidas sectoriales y los embargos de armas existentes, así como con los marcos internacionales de sanciones existentes, y los complemente;

7.Anima al Consejo a que trate de que la lista de la Ley Magnitski de UE esté en consonancia con las listas de sanciones de socios afines, en particular las del G7, y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando sea viable desde el punto de vista político y jurídico, con el fin de reforzar la legitimidad y la eficacia mundiales;

8.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren las sinergias entre la Ley Magnitski de UE y los mecanismos internacionales de rendición de cuentas —como las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y los tribunales regionales de derechos humanos— con miras a aumentar la eficacia de las acciones de la Unión contra las violaciones graves de los derechos humanos;

9.Subraya que es importante que los países candidatos a la adhesión a la Unión y los países candidatos potenciales respeten la Ley Magnitski de la UE, en consonancia con su adhesión más amplia a la política exterior y de seguridad común de la Unión;

10.Apoya plenamente la imposición de sanciones concretas contra la corrupción en el marco de la Unión, algo que es desde hace tiempo una prioridad del Parlamento, ya sea mediante su inclusión en la Ley Magnitski de la UE o de conformidad con un régimen diferente; recomienda ampliar el ámbito de aplicación del régimen para incluir los casos de corrupción a gran escala y el abuso de los contratos públicos que sustenten directamente regímenes autoritarios, vinculando así las violaciones de los derechos humanos con prácticas cleptocráticas; destaca, asimismo, que las sanciones contra la corrupción deben tener en cuenta el contexto sistémico más amplio y estar estrechamente vinculadas a estrategias globales dirigidas contra los agentes respectivos; acoge con satisfacción que la Comisión haya presentado una propuesta de régimen de sanciones contra la corrupción; lamenta que algunos Estados miembros hayan bloqueado el expediente en el Consejo;

11.Destaca que la Ley Magnitski de la UE también debe abordar las violaciones de los derechos humanos propiciadas a través de la vigilancia digital, las exportaciones de programas espía y otras tecnologías utilizadas para la represión, y los actos deliberados de destrucción ambiental con la intención clara de perjudicar a la población civil; pide la inclusión explícita en la lista de las empresas y personas implicadas en tales abusos;

12.Acoge con satisfacción el reciente uso de la Ley Magnitski de la Unión contra agentes responsables de la represión transnacional de disidentes y defensores de los derechos humanos, y pide más inclusiones en la lista para reflejar esta creciente tendencia mundial y evaluar sistemáticamente los actos de represión transnacional, incluida la vigilancia digital, el acoso de exiliados y la intimidación, la desinformación y los abusos jurídicos transfronterizos; pide al Consejo que adopte una definición práctica de represión transnacional para garantizar sanciones coherentes, también de representantes no estatales, como empresas de seguridad privada y organizaciones de la diáspora; pide a la Unión que intensifique la aplicación de sanciones contra personas y entidades documentadas de forma creíble como responsables de actos de represión transnacional contra defensores de los derechos humanos, incluido el acoso a familiares, ataques digitales e intimidación en el extranjero;

13.Insta a los Estados miembros a que se abstengan de emprender acciones políticas o diplomáticas bilaterales que socaven su compromiso con los mecanismos internacionales de justicia penal, incluido el Estatuto de Roma y la defensa de los derechos humanos, o que contradigan la posición unificada de la Unión en materia de sanciones; encarga a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que, si no se tiene en cuenta la presente Recomendación, pida a los Estados miembros afectados que armonicen sus acciones y mantengan la unidad de la Unión; pide a los Estados miembros que mejoren la coordinación y hagan uso de sus propios instrumentos, como la jurisdicción universal y las sanciones nacionales, siempre que estos se apliquen de manera coordinada para apoyar los objetivos comunes de la Unión, con el fin de provocar cambios significativos y contribuir a la consecución de los objetivos de las sanciones de la Unión;

14.Condena que algunos Estados miembros no hayan respetado las sanciones de la Unión al permitir que personas sancionadas entren en el territorio de la Unión, lo que socava la credibilidad y la eficacia de las sanciones; insta a todos los Estados miembros de la Unión a que respeten plena e incondicionalmente las sanciones de la Unión; pide a la Comisión que, en su calidad de guardiana de los Tratados, vele por que los Estados miembros de la Unión cumplan las sanciones y aborde rigurosamente y sin discriminaciones cualquier caso de incumplimiento por parte de los Estados miembros;

15.Destaca que las medidas restrictivas de la Unión solo pueden ser plenamente eficaces si se interpretan, ejecutan y aplican de manera coherente, rápida y uniforme en todos los Estados miembros; toma nota de las diferencias entre los Estados miembros en términos de marcos jurídicos, estructuras administrativas y recursos operativos para la aplicación de sanciones; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para garantizar una aplicación más armonizada y coordinada, también mediante el refuerzo de la capacidad de embargo de activos, la mejora del intercambio de información y el desarrollo de mecanismos comunes de seguimiento y ejecución a escala de la Unión;

16.Insta al SEAE a que defina vías legales para movilizar los intereses derivados de los activos embargados a las personas sancionadas en virtud de la Ley Magnitski de la UE, de manera que puedan utilizarse para beneficiar a las víctimas de las violaciones graves de los derechos humanos de las que sean responsables las personas sancionadas; anima, además, a la Unión a que estudie la posibilidad de establecer un procedimiento específico en relación con los beneficios obtenidos por medios ilícitos;

17.Acoge con gran satisfacción la adopción por parte del Consejo de paquetes de sanciones temáticas en el marco de la Ley Magnitski de la UE; insta al Consejo a que adopte de forma sistemática y proactiva medidas específicas similares para hacer frente a otras violaciones específicas y graves de los derechos humanos, como la tortura, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la represión de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos;

18.Reitera su llamamiento al Consejo para que pase gradualmente a la votación por mayoría cualificada para las decisiones en ámbitos de la política exterior y de seguridad común que no tengan repercusiones en materia militar o de defensa, como sanciones;

19.Pide que el régimen de sanciones de la Unión sea coherente con el Derecho penal internacional, el Derecho internacional humanitario y las políticas de la Unión relacionadas con el Estado de Derecho y las libertades fundamentales y los complemente, con el objetivo de reforzar la lucha contra la impunidad en todo el mundo;

20.Insta a la Unión a que armonice estratégicamente la lista de la Ley Magnitski de la UE con los esfuerzos nacionales e internacionales en materia de justicia penal, también mediante la inclusión de personas acusadas por tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, autores de crímenes internacionales de especial gravedad y otros agentes que frustren los procesos de rendición de cuentas;

21.Subraya que las sanciones también deben servir para garantizar que los autores de violaciones graves de los derechos humanos y de corrupción no queden en el anonimato, exponiendo así a los responsables;

22.Insta al Consejo a que vele por que todas las regiones del mundo reciban el mismo control y atención y a que corrija los actuales desequilibrios geográficos y temáticos que presentan las inclusiones en la lista realizadas en el marco de la Ley Magnitski de la UE, ampliando la lista más allá de la concentración geográfica actual a todas las personas y entidades responsables de violaciones graves de los derechos humanos, independientemente de sus países de origen;

23.Anima al Consejo a que preste especial atención a violaciones como la violencia sexual y de género, las políticas discriminatorias y la persecución de mujeres líderes, periodistas y activistas, de modo que estas categorías se reflejen adecuadamente en la lista futura;

24.Observa que, hasta la fecha, una proporción significativa de las personas sancionadas en virtud de la Ley Magnitski de la UE han participado en el aparato represivo del Estado, pero no han tomado decisiones, mientras que solo una minoría de las personas que figuran en la lista tienen cargos de liderazgo político o militar; insta al Consejo a que amplíe las designaciones más allá de las designaciones de bajo nivel para incluir a los dirigentes políticos y militares y a que sancione a los responsables de tomar decisiones que hayan dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos;

25.Pide una comunicación mayor y más eficaz sobre las sanciones impuestas para reiterar la posición de la Unión en el mundo en materia de derechos humanos y lucha contra la impunidad, ya que en algunos casos las personas sancionadas están siendo retratadas como héroes por la propaganda nacional e incluso son recompensadas por regímenes represivos; observa que el elemento disuasorio de la Ley Magnitski de la UE funciona de manera más eficaz contra personas y entidades con propiedades en la Unión o medios para viajar a la misma;

26.Condena todas las contrasanciones impuestas a la Unión o sus instituciones, Estados miembros, órganos o ciudadanos únicamente por promover y proteger el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho a través de la Ley Magnitski de la UE;

27.Recomienda una mayor transparencia y unas directrices claras en el proceso de sanciones, respetando al mismo tiempo los derechos de las personas incluidas en la lista a un control judicial efectivo;

28.Recomienda que se reconozca formalmente el cambio de comportamiento sostenido, demostrable, real y persistente de las personas y entidades incluidas en la lista, por ejemplo, la cooperación actual con los mecanismos judiciales internacionales, como un criterio de exclusión de la lista para incentivar la rendición de cuentas y el cumplimiento;

29.Propone el establecimiento un mecanismo de consulta estructurado y transparente para la denuncia y la participación de la sociedad civil en el proceso de sanciones, con medidas de protección para los denunciantes, en especial el establecimiento de un punto de contacto específico del SEAE; recomienda la creación de una ventanilla presupuestaria para reforzar la capacidad del SEAE de evaluar, investigar, reaccionar y tratar sistemáticamente la información y las propuestas de la sociedad civil;

30.Pide al Consejo y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que confieran al Parlamento un papel complementario a la hora de recopilar proponer casos de violaciones graves de los derechos humanos que deban tenerse en cuenta en el marco del régimen de sanciones y que faciliten al Parlamento informes anuales sobre las decisiones relativas a sanciones en el marco de la Ley Magnitski de la UE, incluida la elusión de sanciones; pide que el Consejo examine exhaustivamente las recomendaciones de nuevas entradas para la lista que figuran en las Resoluciones del Parlamento;

31.Pide que se revise la Ley Magnitski de la UE para evitar la elusión de sanciones mediante la publicación de orientaciones explícitas y actualizadas sobre la prohibición de proporcionar recursos económicos y apoyo técnico y material a las personas y entidades incluidas en la lista, aclarando que la prohibición de prestar apoyo técnico y material incluye asistencia no financiera como infraestructuras de TIC, programas informáticos, facilitación jurídica y herramientas cibernéticas utilizadas para la represión; hace hincapié en la necesidad de reforzar el régimen de sanciones de la Unión ampliando y diversificando el uso de sanciones secundarias, con vistas a dirigir las sanciones contra los funcionarios gubernamentales, las entidades, las empresas y las personas involucradas en la facilitación de los incumplimientos o las elusiones de las sanciones, que permitirían a los regímenes autoritarios proseguir con sus violaciones graves de los derechos humanos;

32.Pide a la Comisión que refuerce la cooperación con la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y las unidades nacionales de inteligencia financiera con el fin de determinar sistemáticamente si se utilizan productos financieros opacos, criptoactivos y estructuras extraterritoriales para eludir las sanciones;

33.Alienta el cotejo de las entidades incluidas en las listas de la Ley Magnitski de la UE y de los regímenes de sanciones geográficas, cuando proceda;

34.Pide al Consejo que revise las cláusulas de excepción para garantizar que los contratos celebrados antes de que una persona sea incluida en la lista no beneficien a los miembros de sus familias o asociados, ni a ninguna entidad controlada por la persona sancionada;

35.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.