1.Recuerda que el Parlamento, en su Resolución de 10 de julio de 2025 Textos Aprobados, P10_TA(2025)0162., pidió la liberación inmediata e incondicional del Sr. Martin; lamenta el continuo incumplimiento por parte de las autoridades centroafricanas, que ha agravado aún más su situación;

2.Exige a las autoridades centroafricanas que liberen inmediata e incondicionalmente al Sr. Martin; hace hincapié en que la privación continuada de libertad de un ciudadano de la Unión en estas circunstancias sigue siendo inaceptable, a la luz de las graves preocupaciones en relación con las garantías procesales y la equidad de los procedimientos;

3.Insta a las autoridades de la República Centroafricana a que autoricen inmediatamente la evacuación médica del Sr. Martin, habida cuenta del grave deterioro de su salud y de la aparición de una deficiencia visual, y a que, entretanto, garanticen su acceso inmediato y sin trabas a atención médica especializada, también por parte de médicos independientes, y a asesores jurídicos, la asistencia consular y visitas familiares, respetando plenamente las normas internacionales en materia de derechos humanos;

4.Pide a la Comisión, a la VP/AR y al Consejo que, en coordinación con Bélgica y Portugal, impongan sanciones específicas, incluidas la prohibición de viajar y la inmovilización de activos, contra todas las personas responsables de la retención arbitraria, el maltrato y la condena del Sr. Martin, en caso de que las autoridades centroafricanas sigan violando sus derechos;

5.Pide una misión ad hoc del Parlamento a la República Centroafricana al objeto de evaluar la situación del Sr. Martin y elevar la presión en favor de su liberación;

6.Insiste en que todos los procedimientos judiciales, incluidos los procedimientos de recurso, respeten de manera estricta las garantías procesales consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el marco jurídico nacional de la República Centroafricana, ya que su violación constituye una vulneración de los derechos fundamentales;

7.Reitera su llamamiento al Consejo para que catalogue al Grupo Wagner como organización terrorista;

8.Destaca el deber de la Unión y de sus Estados miembros de proteger a los trabajadores humanitarios y de ayuda al desarrollo en todas las circunstancias, y condena cualquier detención, privación de libertad o enjuiciamiento arbitrarios de estos agentes; subraya que estos actos violan el Derecho internacional humanitario y los derechos de los trabajadores humanitarios;

9.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la VP/AR, al Gobierno y al Parlamento de la República Centroafricana, a la Unión Africana y a las Naciones Unidas.