A.Considerando que unos medios de comunicación libres, independientes y plurales constituyen uno de los pilares esenciales de la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales en la Unión; que el debilitamiento del organismo público nacional de radiodifusión socava las normas de libertad de los medios de comunicación en un momento en que la desinformación, las injerencias extranjeras y la polarización política están intensificándose;

B.Considerando que los prestadores del servicio público de medios de comunicación desempeñan un papel clave a la hora de garantizar el acceso a información imparcial, salvaguardar el pluralismo, controlar a quienes están en el poder, exigir responsabilidades a las autoridades públicas, contrarrestar la desinformación y permitir una participación democrática fundamentada; que estas funciones solo pueden cumplirse eficazmente si se garantiza plenamente la independencia institucional y editorial del organismo público de radiodifusión;

C.Considerando que las reformas que afecten a los prestadores del servicio público de medios de comunicación deben llevarse a cabo de manera transparente e inclusiva, en consulta con las partes interesadas pertinentes, incluidos los periodistas, la sociedad civil y los expertos en medios de comunicación, y en consonancia con el Derecho de la Unión;

D.Considerando que los prestadores del servicio público de medios de comunicación desempeñan un papel particular en el mercado interior de los servicios de medios de comunicación al garantizar que los ciudadanos y las empresas tengan acceso a una oferta de contenidos diversa, que incluya información de calidad y una cobertura mediática imparcial y equilibrada, y que, por tanto, son indispensables para defender el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, permitiendo a las personas buscar y recibir información diversa, y para promover los valores de la democracia, la diversidad cultural y la cohesión social;

E.Considerando que el funcionamiento independiente de los prestadores del servicio público de medios de comunicación requiere sólidas garantías jurídicas nacionales para proteger su independencia editorial e institucional y garantizar la imparcialidad en la difusión de una pluralidad de información y opiniones; que, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, los Estados miembros deben respetar el derecho de los ciudadanos a tener acceso a una pluralidad de contenido de medios de comunicación editorialmente independiente en beneficio del discurso libre y democrático; que el artículo 5 del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación da efecto a estos principios al establecer garantías vinculantes para que los procedimientos de nombramiento y destitución del directivo al frente de la gestión o de los miembros del consejo de administración de los prestadores del servicio público de medios de comunicación sean transparentes y objetivos, en particular disposiciones que garanticen que cualquier destitución anticipada sea excepcional, esté debidamente justificada, esté sujeta a notificación previa y pueda ser objeto de control judicial; que el artículo 5, apartado 3, del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación obliga a los Estados miembros a garantizar que «los procedimientos de financiación de los prestadores del servicio público de medios de comunicación se basen en criterios transparentes y objetivos, establecidos de antemano», proporcionando recursos financieros adecuados, sostenibles y previsibles en consonancia con su mandato de servicio público y preservando su independencia editorial; que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, toda medida legislativa, normativa o administrativa nacional que pueda afectar al pluralismo de los medios de comunicación o a la independencia editorial debe estar debidamente justificada y ser proporcionada;

F.Considerando que, en su discurso sobre el estado de la Unión de 2025, la presidenta de la Comisión subrayó que el declive de los medios de comunicación tradicionales e independientes en algunas zonas de la Unión ha creado «desiertos informativos» en los que prospera la desinformación, lo que supone un grave riesgo para la democracia; que destacó que los medios de comunicación independientes son esenciales para exigir responsabilidades a quienes están en el poder y prevenir la corrupción, y que su captación es a menudo el primer paso en las estrategias autoritarias, lo que permite que se produzcan retrocesos democráticos y corrupción sin control público;

G.Considerando que la experiencia en varios Estados miembros y en todo el mundo demuestra que los intentos de captar el servicio público de medios de comunicación pueden constituir un primer paso hacia un retroceso democrático más amplio;

H.Considerando que, en virtud de la Constitución de la República de Lituania, se encomienda al organismo público nacional de radiodifusión una misión especial de interés público para garantizar que la sociedad esté debidamente informada a nivel nacional, de manera que se fomenten los valores humanos constitucionales y comunes; que, de conformidad con la Constitución de la República de Lituania, al llevar a cabo esta misión encomendada constitucionalmente, la actividad del organismo público nacional de radiodifusión debe basarse en los principios de democracia pluralista, objetividad, imparcialidad, y respeto de la dignidad humana y de los derechos fundamentales, incluida la libertad de convicciones y su expresión;

I.Considerando que el Tribunal Constitucional de la República de Lituania ha dictaminado que la misión constitucional del organismo público nacional de radiodifusión implica su independencia, y que cualquier modelo de control debe seguir siendo compatible con la independencia del organismo de radiodifusión y no debe equivaler a censura o injerencia política;

J.Considerando que, tras las elecciones parlamentarias de 2024 en Lituania, se formó una coalición gobernante que incluye al partido populista de extrema derecha Amanecer de Nemunas; que, el 25 de abril de 2024, el Tribunal Constitucional de la República de Lituania determinó que el líder de este partido había cometido una grave violación de la Constitución y un incumplimiento del juramento constitucional al realizar declaraciones antisemitas y de incitación al odio; que estas conclusiones fueron confirmadas posteriormente por un tribunal de primera instancia; que ni la coalición gobernante ni el partido Amanecer de Nemunas se han distanciado de estas acciones; que el líder del partido Amanecer de Nemunas sigue desempeñando un papel destacado en la mayoría gobernante y continúa promoviendo de forma activa una campaña dirigida contra la radiotelevisión nacional lituana (LRT);

K.Considerando que el primer ministro lituano de esta coalición gobernante tuvo que dimitir en julio de 2025 a raíz de las revelaciones del periodismo de investigación, incluidas las informaciones de la LRT, lo que suscitó serias preocupaciones sobre su presunta participación en prácticas corruptas; que, más tarde en 2025, las iniciativas legislativas que afectaban a la financiación y la gobernanza de la LRT suscitaron inquietud a escala nacional e internacional en relación con la libertad de los medios de comunicación y la independencia institucional;

L.Considerando que, por iniciativa de los miembros de la mayoría parlamentaria gobernante, se encargó a la Oficina Nacional de Auditoría de Lituania que llevara a cabo una auditoría operativa exhaustiva de la LRT, evaluando sus actividades durante 2021-2024 en términos de economía, eficiencia y eficacia; que, en sus conclusiones, la Oficina Nacional de Auditoría constató que la gran mayoría de los indicadores de rendimiento estratégico y operativo de la LRT se habían alcanzado en un nivel de al menos el 90 %, y que la planificación y el uso de los recursos financieros de la LRT estaban justificados y eran transparentes, con algunos aspectos que debían abordarse, como los procedimientos de contratación pública y de contratación de personal; que las recomendaciones de la auditoría iban destinadas a seguir mejorando los procesos internos y no recomendaban ningún cambio en el modelo de financiación, la estructura de gobernanza o la dirección de la LRT, ni pedían ninguna acción política o institucional a este respecto; que, tras estas conclusiones de la Oficina Nacional de Auditoría, continuaron las acciones, entre ellas inspecciones superpuestas, solicitudes dirigidas a otros organismos estatales para verificar las actividades de la LRT y reiterados ataques públicos contra la dirección de la LRT; que algunos medios de comunicación y organizaciones de periodistas han advertido de que las conclusiones de la auditoría se han tergiversado públicamente y se han utilizado de forma selectiva en el discurso político; que ni las recomendaciones de la auditoría ni ningún otro argumento pueden justificar medidas legislativas contrarias a la Constitución lituana y al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación;

M.Considerando que, el 27 de noviembre de 2025, el Parlamento lituano aprobó modificaciones a la ley sobre la LRT que congelaban el presupuesto de la LRT para 2026-2028 en los niveles de 2025 (79,6 millones EUR) y reducían su futura cuota de ingresos fiscales, dando lugar a una reducción estructural y a largo plazo de la financiación pública; que estas modificaciones se introdujeron poco antes de su aprobación y se adoptaron en vísperas de un nuevo ejercicio presupuestario y sin una deliberación adecuada, lo que suscita serias preocupaciones entre las partes interesadas en la libertad de los medios de comunicación en cuanto a la seguridad jurídica, la confianza legítima y el cumplimiento del principio de vacatio legis inherente al Estado de Derecho;

N.Considerando que posteriormente se presentaron proyectos de ley que reducían las garantías en caso de destitución anticipada del director general de la LRT por parte del Consejo de la LRT, dos tercios de cuyos componentes (ocho de los doce miembros) son nombrados por las autoridades políticas, a saber, el presidente y el Parlamento lituano, cada uno de los cuales nombra a cuatro miembros; que estos proyectos de ley proponen sustituir la mayoría cualificada necesaria para destituir al director general por una mayoría simple, suprimir el requisito de justificación basada en el interés público e introducir la votación secreta en el Consejo de la LRT;

O.Considerando que esas iniciativas legislativas se introdujeron y avanzaron en el marco de procedimientos acelerados, en ausencia de circunstancias excepcionales objetivamente justificadas, lo que mermó la transparencia, la inclusividad y la participación significativa de las partes interesadas y la sociedad civil, y no cumplió las normas constitucionales y de la Unión en materia de gobernanza responsable; que el Consejo de Europa, la Unión Europea de Radiodifusión, las organizaciones internacionales de periodistas, el Departamento Jurídico del Parlamento lituano, la Comisión Nacional Lituana para la Unesco y el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación han advertido de que estas medidas aumentan significativamente la vulnerabilidad de la LRT a la presión política; que el Servicio Especial de Investigación de la República de Lituania —la autoridad nacional anticorrupción— identificó riesgos relacionados con la corrupción en su evaluación de las modificaciones legislativas propuestas y llegó a la conclusión de que la introducción de la votación secreta para la destitución del director general de la LRT puede ser incompatible con los principios de transparencia, apertura y responsabilidad pública, sobre los que descansa la gobernanza democrática y el Estado de Derecho;

P.Considerando que las modificaciones propuestas parecen estar dirigidas contra la actual directora general de la LRT, como lo demuestran las declaraciones públicas realizadas durante el proceso legislativo en las que se expresa el descontento con su actuación y se indica explícitamente la intención de permitir su destitución; que la legislación dirigida a una persona concreta (legislación ad personam) es incompatible con los principios del Estado de Derecho, incluidos la seguridad jurídica, la generalidad de las leyes y la prohibición del ejercicio arbitrario del poder;

Q.Considerando que el personal de la LRT se declaró en huelga el 9 de diciembre de 2025 para protestar contra esos cambios que, advirtieron, desmantelarían las salvaguardias que protegen la independencia de la LRT; que los intentos de tomar el control de la LRT desencadenaron una oleada de movilización pública cuando decenas de miles de ciudadanos se manifestaron en Vilna el 9 de diciembre y entre el 16 y el 18 de diciembre de 2025, y que más de 140 000 ciudadanos firmaron una petición pública en contra de las iniciativas legislativas, lo que demuestra una gran preocupación social por la libertad de los medios de comunicación y las normas democráticas en Lituania;

R.Considerando que el Parlamento Europeo tiene la responsabilidad de mostrar su solidaridad con la sociedad civil que defiende los valores democráticos, en particular la libertad de expresión, de los medios de comunicación y de reunión, y de actuar con decisión cuando surjan riesgos sistémicos para la democracia, el Estado de Derecho y la libertad de los medios de comunicación dentro de la Unión;

S.Considerando que, tras la suspensión de las iniciativas legislativas aceleradas, se creó un grupo de trabajo parlamentario para examinar el modelo de gobernanza de la LRT; que la Asociación de Periodistas Profesionales y un grupo de iniciativa de periodistas de la LRT se han negado a participar, alegando la falta de diálogo, la invitación selectiva y las declaraciones que indican que se van a reconsiderar las mismas modificaciones controvertidas; que estas organizaciones han advertido de que este proceso corre el riesgo de legitimar la injerencia política bajo el pretexto de la consulta y facilitar nuevos intentos de ejercer la censura indirecta y debilitar las garantías de independencia editorial;

T.Considerando que, en el contexto de las iniciativas legislativas en curso que afectan a la LRT, esta fue criticada por dedicar tiempo de emisión y recursos a las acciones de protesta de los periodistas en defensa de la libertad de expresión, incluida la emisión de minutos de silencio; que estas declaraciones corren el riesgo de contribuir a la presión política y pueden tener un efecto disuasorio sobre la independencia editorial;

U.Considerando que, según la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas, la asignación por parte de Lituania de una financiación basada en el PIB al servicio público de medios de comunicación ya es una de las más bajas de la Unión Europea, y que la LRT ha advertido de que unas restricciones financieras prolongadas obstaculizarían su función legalmente encomendada como principal fuente de comunicación en caso de crisis o emergencia en el país, incluida su capacidad para mantener una radiodifusión ininterrumpida durante una emergencia nacional;

V.Considerando que, en su Informe sobre el Estado de Derecho en 2025, la Comisión formuló recomendaciones específicas por país a Lituania en las que pedía que prosiguieran los esfuerzos para reforzar la independencia, la financiación estable y la gobernanza transparente del servicio público de medios de comunicación, incluidas salvaguardias contra la influencia política en los procedimientos de nombramiento y destitución;

W.Considerando que la LRT solicitó a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa que emitiese un dictamen urgente sobre las modificaciones pendientes; que la Comisión de Venecia ha decidido elaborar un dictamen urgente sobre las modificaciones legislativas pertinentes, subrayando la gravedad de la situación; que la Comisión de Venecia visitó Lituania los días 19 y 20 de enero para evaluar la situación;