1.Subraya la necesidad de un enfoque global de la Unión para luchar contra la explotación laboral, incluido el trabajo ilegal y la delincuencia organizada vinculada a él, así como las formas abusivas de prácticas empresariales, en particular la subcontratación abusiva y la intermediación laboral; pide, por tanto, una estrategia de la Unión para dar respuesta a estos problemas, cuyas repercusiones pueden variar de un Estado miembro a otro y de un sector a otro; destaca que la explotación laboral no solo constituye una violación de los derechos de los trabajadores y de los derechos humanos, sino que también socava la competencia leal para las empresas; acoge con satisfacción, en este contexto, el compromiso de la Comisión de presentar un paquete de movilidad justa en 2026; recuerda que los objetivos generales de refuerzo de la competitividad de las empresas europeas, simplificación y reducción de las cargas administrativas innecesarias no deben conducir a un menor nivel de protección de los trabajadores; destaca la necesidad de una aplicación más estricta de la legislación laboral actual para garantizar la protección eficaz de los derechos de los trabajadores y unas condiciones de competencia equitativas en el mercado único;

2.Recuerda los retos a los que se enfrentan algunos Estados miembros, debido a las diferentes interpretaciones de las normas del mercado único, para regular la subcontratación a escala nacional, por ejemplo limitando la extensión de las cadenas de subcontratación, la responsabilidad solidaria y los requisitos para el empleo directo; pide a la Comisión que aclare las posibilidades para los Estados miembros de adoptar legislación proporcionada para afrontar los riesgos y problemas derivados de cadenas de subcontratación largas y complejas; insta a la Comisión a que intensifique sus esfuerzos para luchar contra la explotación laboral;

3.Reitera su petición a la Comisión de que, con objeto de poner fin a la subcontratación abusiva y proteger los derechos de los trabajadores, refuerce la transparencia y la rendición de cuentas a lo largo de toda la cadena de suministro Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2025, sobre contratación pública.;

4.Subraya que toda iniciativa a escala de la Unión destinada a luchar contra la explotación laboral y las cadenas de subcontratación complejas debe tener en cuenta las mejores prácticas de los Estados miembros, desarrollarse en estrecha cooperación con los interlocutores sociales, incluidos los comités europeos de diálogo social sectorial, y adaptarse a las realidades sectoriales específicas; recuerda que cualquier medida e iniciativa sectorial, incluida la responsabilidad solidaria en sectores de alto riesgo, debe ser conforme con el Derecho de la Unión y no crear obstáculos innecesarios a las actividades empresariales transfronterizas; hace hincapié en que las medidas e iniciativas sectoriales también pueden prever requisitos reglamentarios menos estrictos para las empresas de sectores de bajo riesgo;

5.Señala que el principio de responsabilidad solidaria es una forma de garantizar que el contratista principal asuma la responsabilidad general de los servicios prestados en toda la cadena de subcontratistas; considera que con este principio puede asegurarse que la calidad, el rendimiento y el cumplimiento de las normas laborales, sociales y de seguridad queden garantizados contractualmente en todos los niveles de la cadena de subcontratación; toma nota de que varios Estados miembros han decidido adoptar normas de responsabilidad más estrictas en las cadenas de subcontratación que el mínimo establecido en el artículo 12 de la Directiva 2014/67/UE;

6.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se ocupen de las prácticas en virtud de las cuales el contratista principal subcontrata todo el trabajo sin realizar él mismo ningún trabajo, lo que también se conoce como «subcontratación financiera»; subraya que los contratistas principales deben ejecutar ellos mismos una parte definida de un contrato; reitera, en este contexto, su petición a la Comisión de que evalúe el impacto de los contratos públicos ejecutados principalmente por los trabajadores directos del adjudicatario y recomienda que las normas sobre contratación pública animen a las empresas a disponer de personal interno suficiente para llevar a cabo los proyectos para los que se les adjudican contratos públicos Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2025, sobre contratación pública.;

7.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que combatan las prácticas ilegales en las cadenas de subcontratación con el fin de garantizar la competitividad de las empresas y unas condiciones de trabajo justas y seguras; alienta, en este contexto, las relaciones laborales directas en sectores de alto riesgo, cuando sea viable y proporcionado y esté justificado y basado en razones imperiosas de interés público, como la protección de los trabajadores y sus derechos;

8.Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la inclusión de disposiciones relativas a las prestaciones comunitarias en la contratación pública y los proyectos financiados por la Unión, como exigir a los contratistas y subcontratistas que contribuyan al desarrollo local de capacidades o a iniciativas de inclusión social, creando así efectos indirectos positivos de las inversiones públicas;

9.Hace hincapié en que las iniciativas nacionales y regionales que limitan los niveles de subcontratación a menudo han sido iniciadas conjuntamente por los interlocutores sociales, entre ellos los representantes de las pymes; subraya que estas iniciativas deben respetarse, mientras que las limitaciones a la subcontratación deben ser proporcionadas;

10.Observa que la extensión y la complejidad de las cadenas de subcontratación suponen un reto importante para las inspecciones de trabajo a la hora de establecer la responsabilidad jurídica por violaciones del Derecho laboral, lo que debe solucionarse;

11.Destaca la importancia de incluir disposiciones sensibles a las cuestiones de género en cualquier nuevo marco;

12.Subraya que, para limitar la fragmentación del mercado único, la Comisión debe definir los sectores de alto riesgo en estrecha cooperación con los Estados miembros y los interlocutores sociales, incluidos los comités de diálogo social sectorial; destaca que los Estados miembros pueden solicitar a la Comisión que les permita adaptar la lista común de sectores de alto riesgo a su situación nacional específica, cuando sea necesario, con el fin de garantizar el mejor enfoque posible para hacer frente a la subcontratación abusiva, la explotación laboral y los delitos relacionados con el trabajo; subraya que toda identificación y ajuste de sectores de alto riesgo debe basarse en datos exactos y actualizados;

13.Observa que la subcontratación de las actividades empresariales principales puede dar lugar a lugares de trabajo fragmentados e inseguros, a una reducción de la transparencia y la rendición de cuentas y a una mayor exposición de los trabajadores a jornadas más largas, salarios más bajos y otras violaciones del Derecho laboral, así como a inseguridad laboral y precariedad Estudio del Parlamento Europeo, «Precarious Employment in Europe – Part 1: Patterns, Trends and Policy Strategies» (Empleo precario en Europa – Parte 1: Pautas, tendencias y estrategias políticas), 2016; Eurofound, «Key elements of fair employment and decent work» (Elementos clave del empleo justo y del trabajo digno), 2010; Comisión Europea, Centro Común de Investigación, «Outsourcing, working conditions and inequality» (Externalización, condiciones de trabajo y desigualdad), 2025.; subraya que, de conformidad con la Directiva 2002/14/CE Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea – Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión relativa a la representación de los trabajadores (DO L 80 de 23.3.2002, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/14/oj)., los representantes de los trabajadores deben ser informados y consultados sobre las decisiones que pudieran provocar cambios sustanciales en cuanto a la organización del trabajo o en las relaciones contractuales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el principio de igualdad de trato, así como unas condiciones de trabajo dignas para todos los trabajadores;

14.Manifiesta su preocupación por la falta de claridad jurídica por lo que respecta a la diferenciación entre desplazamientos reales y fraudulentos de nacionales de terceros países, así como por los abusos de la legislación de la Unión sobre la prestación de servicios para eludir las normas migratorias y el Derecho laboral nacional; destaca que los desplazamientos fraudulentos erosionan el tejido social del mercado único y se aprovechan de las situaciones de las personas más vulnerables; pide a la Comisión que, en consonancia con el informe Letta, revise los retos en materia de cumplimiento, especialmente en lo que respecta a la cooperación transfronteriza, y adopte medidas adecuadas para poner fin a los desplazamientos sin conexión genuina entre los trabajadores y el Estado miembro de envío; recuerda la conclusión general de los informes Letta y Draghi sobre la necesidad de mejorar la competitividad del mercado único;

15.Observa con preocupación los riesgos relacionados con el desplazamiento cuando se combinan con formas abusivas de subcontratación e intermediación laboral; pide a la ALE que investigue el uso de intermediarios del mercado laboral en los desplazamientos, incluido el riesgo de que estos mecanismos se utilicen para eludir responsabilidades, esquivar las obligaciones en materia de seguridad social y erosionar las normas de salud y seguridad; pide a la Comisión que combata cualquier posible abuso de la Directiva sobre el trabajo a través de empresas de trabajo temporal Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal (DO L 327 de 5.12.2008, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/104/oj). en el contexto del desplazamiento de trabajadores;

16.Subraya que el alojamiento facilitado a un trabajador por un empleador o un intermediario del mercado laboral debe ajustarse a las normas de calidad, higiene y seguridad aplicables; destaca que el alquiler de dicho alojamiento debe ser proporcionado y no discriminatorio; pide la integración de las inspecciones de alojamiento en las inspecciones laborales en sectores de alto riesgo con el fin de evitar que los empleadores o intermediarios proporcionen a los trabajadores alojamientos degradantes, inseguros o masificados; hace hincapié en que las disposiciones contractuales que rigen el alojamiento de un trabajador no deben dar lugar a situaciones precarias en materia de vivienda si se pone fin a la relación laboral;

17.Pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros para garantizar la aplicación y el cumplimiento eficientes de la legislación actual en materia de desplazamiento de trabajadores; recuerda que la Unión ha adoptado una serie de instrumentos jurídicos para luchar contra la explotación laboral y el trabajo ilegal, cuya aplicación debe mejorarse a escala nacional; solicita a la Comisión que haga balance de la situación, que garantice la aplicación y el cumplimiento eficientes y efectivos de los instrumentos jurídicos pertinentes por parte de los Estados miembros y que inicie, en caso necesario, procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no cumplan la legislación aplicable de la Unión;

18.Hace hincapié en el valor añadido de los registros públicos e interoperables de intermediarios del mercado laboral autorizados; subraya que cualquier concesión de licencias o registro debe estar sujeto a criterios mínimos de integridad; invita a la Comisión a que haga balance de las prácticas y la legislación nacionales en materia de intermediarios del mercado laboral y a que garantice que los intermediarios del mercado laboral que operan en la Unión no cobren tasas ni repercutan costes a los trabajadores, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte; pone de relieve que los intermediarios del mercado laboral que infrinjan la legislación aplicable o los convenios colectivos deben recibir sanciones disuasorias, como su exclusión de los registros públicos y de los contratos públicos;

19.Pide una próxima revisión de las directivas sobre contratación pública para garantizar que los criterios de exclusión aborden mejor los riesgos sectoriales específicos relacionados con el fraude, la corrupción y la infiltración delictiva; destaca que los distintos sectores requieren criterios de exclusión separados y adaptados, que reflejen sus vulnerabilidades específicas; pone de manifiesto que los poderes adjudicadores deben estar facultados para adaptar los procedimientos de contratación a fin de combatir las actividades delictivas y ponerles fin; destaca que, para promover una mayor eficiencia y simplificación, deben racionalizarse las disposiciones relativas a los motivos de exclusión; subraya que cualquier operador económico que incumpla sus obligaciones en virtud de la legislación laboral y medioambiental aplicable con arreglo al artículo 18, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE debe quedar excluido efectivamente del proceso de contratación pública en cuestión;

20.Subraya el valor de los registros mercantiles nacionales y del sistema europeo de interconexión de los registros empresariales (BRIS) para las empresas que buscan información sobre subcontratistas, los sindicatos que desean participar en negociaciones colectivas y las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley; lamenta que el nivel de información accesible en los registros mercantiles nacionales varíe considerablemente; pide a la Comisión que revise cómo puede mejorarse el nivel de información públicamente disponible, basándose en las mejores prácticas de los Estados miembros;

21.Muestra su preocupación por el hecho de que los trabajadores desplazados y los trabajadores de las cadenas de subcontratación se enfrentan a riesgos desproporcionados en materia de salud y seguridad en el trabajo debido a la fragmentación de las cadenas de responsabilidad y a la falta de claridad de la coordinación, especialmente en el sector de la construcción; destaca, en este contexto, la importancia de la información y la consulta para los trabajadores desplazados y los trabajadores de las cadenas de subcontratación, así como la aplicación efectiva de las disposiciones en materia de salud y seguridad, tal como se establece en el Convenio n.º 167 de la OIT; considera importante, en este contexto, reforzar el papel de los interlocutores sociales en el desarrollo de herramientas y formación para los trabajadores y seguir promoviendo unas condiciones de trabajo saludables en el próximo marco estratégico de la Unión en materia de salud y seguridad en el trabajo; pide a la Comisión que evalúe si la legislación vigente en materia de salud y seguridad en el trabajo cubre adecuadamente la aplicación de los requisitos mínimos de seguridad y salud en las cadenas de subcontratación;

22.Recuerda la importancia de la cooperación transfronteriza, la aplicación eficiente y la transparencia en la lucha contra las redes delictivas asociadas a los delitos relacionados con el trabajo; apoya el refuerzo de la colaboración entre la ALE, Europol, las autoridades nacionales y los interlocutores sociales a este respecto; destaca la necesidad de contar con sistemas de control del cumplimiento eficientes y dotados de recursos a fin de luchar contra la explotación laboral y promover la competencia leal en el mercado único; subraya que es necesario luchar contra la subcontratación abusiva que utiliza mecanismos artificiales como las sociedades ficticias y el falso trabajo a través de empresas de trabajo temporal; recuerda que la Directiva 2009/52/CE exige a los Estados miembros que velen por que se lleven a cabo inspecciones efectivas y adecuadas para controlar el empleo de nacionales de terceros países en situación irregular, y pide a la Comisión y a los Estados miembros una aplicación adecuada;

23.Acoge con satisfacción el informe de evaluación de la Comisión sobre la ALE y reitera su llamamiento Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2024, sobre la revisión del mandato de la Autoridad Laboral Europea. a la Comisión para que refuerce sustancialmente el mandato de la ALE, permitiéndole investigar presuntas infracciones del Derecho laboral de la Unión e iniciar y llevar a cabo inspecciones de casos transfronterizos por iniciativa propia, y que amplíe el ámbito de aplicación del mandato de la ALE para abarcar la movilidad laboral de los nacionales de terceros países, mejorando su capacidad operativa de análisis de riesgos y proporcionándole suficientes recursos para que lleve a cabo sus funciones; destaca la necesidad de una mayor armonización y simplificación de los reglamentos y procedimientos de control de la movilidad laboral, incluidas las normas de control uniformes y un mejor intercambio de información, bajo la dirección de la ALE; recomienda la creación de unidades sectoriales de control del cumplimiento dentro de la ALE, en particular para la construcción, el transporte y la agricultura, así como la mejora de la cooperación con los interlocutores sociales en los respectivos sectores;

24.Destaca el papel fundamental de las inspecciones laborales tanto en la detección y prevención de la explotación laboral como en el cumplimiento integral de la legislación laboral; insta a los Estados miembros a que aumenten el número de inspectores de trabajo y su apoyo a los servicios de inspección; Recuerda que la Directiva 2006/22/CE Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) n.º 3820/85 y (CEE) n.º 3821/85 en lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera y por la que se deroga la Directiva 88/599/CEE del Consejo (DO L 102 de 11.4.2006, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/22/oj). ya establece normas mínimas para comprobar el cumplimiento de la legislación social en el transporte por carretera y pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la calidad y la frecuencia de las inspecciones laborales y garanticen una capacidad mínima de inspección laboral adecuada para todos los sectores de alto riesgo, en consonancia con el valor de referencia de la OIT de que haya al menos un inspector de trabajo por cada diez mil trabajadores; destaca que, a pesar de su importancia para iniciar inspecciones específicas, los mecanismos de denuncia permanecen infrautilizados e inaccesibles, en particular para los trabajadores móviles y los trabajadores de terceros países; recuerda que, de conformidad con la Directiva 2009/52/CE, los Estados miembros garantizarán la existencia de mecanismos eficaces para que los nacionales de terceros países empleados ilegalmente puedan denunciar a sus empleadores;

25.Subraya la importancia de disponer de datos precisos y actualizados; toma nota de que el nivel de información sobre la composición de las cadenas de subcontratación y los delitos relacionados con el trabajo difiere en toda Europa y que esto representa un reto tanto para el control del cumplimiento como para la elaboración de políticas; pide a la Comisión que mejore la recopilación de datos a este respecto y destaca el papel de la ALE a la hora de proporcionar información fiable sobre las tendencias generales y los comportamientos abusivos en situaciones transfronterizas;

26.Destaca el éxito de las iniciativas de identificación en los lugares de trabajo a escala nacional y sectorial, como las tarjetas de identidad social; acoge con satisfacción, en este contexto, la inclusión de la tarjeta europea de seguridad social en el programa de trabajo de la Comisión para 2026; reitera su llamamiento Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2021, sobre la introducción de una tarjeta europea de la seguridad social para la mejora digital de la aplicación del cumplimiento de los derechos de la seguridad social y la movilidad justa. en favor de un rápido despliegue del sistema de tarjeta europea de seguridad social y de una mejor aplicación digital de los derechos de seguridad social y una movilidad justa, incluida la verificación en tiempo real y el intercambio de información entre las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento; pide la integración de la tarjeta europea de seguridad social con los sistemas nacionales y sectoriales de tarjetas de trabajo al objeto de garantizar la interoperabilidad y unas perturbaciones mínimas; subraya que la tarjeta europea de seguridad social debe reducir las cargas administrativas innecesarias, simplificar el cumplimiento para las empresas con costes mínimos de cumplimiento para las pymes y apoyar a la ALE y a las autoridades nacionales en la lucha contra los abusos y las actividades delictivas; destaca la importancia de una seguridad y protección sólidas de los datos para la tarjeta europea de seguridad social y de la participación de los interlocutores sociales en el diseño y el despliegue del sistema; toma nota, además, del trabajo en curso de otras iniciativas de la Unión, como la cartera europea de identidad digital, que podrían mejorar la capacidad de las autoridades para hacer frente a los comportamientos delictivos sin sobrecargar a las pymes o aumentar los costes para los consumidores;

27.Observa con preocupación que las personas sujetas a prohibiciones al ejercicio de la actividad comercial en un Estado miembro pueden eludir las restricciones nacionales mediante el registro y la explotación de una empresa en otro Estado miembro, socavando así la lucha contra la explotación laboral en todo el mercado único; pide a la Comisión que garantice un intercambio de información y una cooperación más eficaces entre los Estados miembros, así como el reconocimiento mutuo de las prohibiciones comerciales y de las sanciones penales, en consonancia con los Tratados, para evitar la elusión de las restricciones; subraya la importancia del respeto del Estado de Derecho y de las salvaguardias para celebrar juicios justos en este contexto; recomienda el uso del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) para el intercambio oportuno y seguro de información pertinente entre los Estados miembros;

28.Toma nota de las discrepancias en relación con las sanciones y los regímenes de sanciones en los distintos ámbitos políticos de la Unión; subraya que las penas y sanciones por delitos relacionados con el trabajo y violaciones de los derechos de los trabajadores deben ser efectivas, disuasorias y proporcionadas a la naturaleza, gravedad y duración de la infracción cometida por la empresa y al número de trabajadores afectados; pide a la Comisión que examine la posibilidad de vincular las sanciones al tamaño o al volumen de negocios de las empresas, con el fin de garantizar la proporcionalidad, la disuasión y la igualdad de condiciones; pone de relieve la necesidad de un mecanismo para recuperar los salarios pendientes, las cotizaciones a la seguridad social, las multas y los daños y perjuicios en los casos transfronterizos;

29.Destaca el problema de los agentes fraudulentos y delictivos del mercado laboral que utilizan las quiebras estratégicas y las desapariciones de empresas para eludir la responsabilidad de los pagos pendientes y las sanciones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen las cuestiones relacionadas con las quiebras estratégicas y la desaparición de empresas, especialmente en los casos transfronterizos, y que adopte las iniciativas necesarias para reducir su prevalencia;

30.Recuerda que vincular el gasto público al respeto de los derechos de los trabajadores y a unas condiciones de trabajo dignas es uno de los medios disponibles para hacer frente a la subcontratación abusiva y a los delitos relacionados con el trabajo;

31.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.