1.Hace hincapié en la ventaja competitiva de invertir en el modelo social de la Unión; pide que las recomendaciones del Grupo de alto nivel sobre el futuro de la protección social y del estado del bienestar en la UE, así como las de los informes Letta y Draghi, se integren en el proceso del Semestre Europeo con el fin de proteger y reforzar la economía social de mercado de la Unión; destaca la necesidad de un enfoque equilibrado que apoye tanto los derechos sociales, los servicios públicos y las estructuras y la cobertura de la negociación colectiva como la competitividad; celebra la integración del pilar europeo de derechos sociales en el marco de gobernanza económica y pide a los Estados miembros que aprovechen esta oportunidad para ampliar el período de ajuste al objeto de invertir en las prioridades de dicho pilar; pide que el marco de gobernanza integrado tenga reflejo en los procesos internos de las instituciones de la Unión, participando para ello sus organismos económicos y sociales en la misma medida;

2.Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen plenamente el pilar europeo de derechos sociales; destaca que el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales actualizado debe traducir los compromisos políticos en medidas concretas y ambiciosas, respaldadas por objetivos claros y mensurables e indicadores de seguimiento sólidos, con el fin de abordar eficazmente la pobreza y la exclusión social y apoyar a los trabajadores en la gestión de las transiciones ecológica y digital, en particular en lo que respecta a las capacidades, la educación y formación profesionales y el aprendizaje permanente; pide que los objetivos del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales se integren en la parte central del Semestre Europeo convirtiéndolos en índices de referencia en las evaluaciones del Semestre Europeo; observa que la propuesta de la Comisión de un informe conjunto sobre el empleo de 2026 se centra en gran medida en la escasez de capacidades y mano de obra y no ofrece una evaluación exhaustiva de la aplicación de los veinte principios del pilar europeo de derechos sociales, tal como exige el Reglamento (UE) 2024/1263; pide a la Comisión que vele por que todos los principios del pilar europeo de derechos sociales se aborden en futuros ciclos para garantizar una visión precisa y completa de la situación social en la Unión;

3.Acoge con satisfacción la voluntad de la Comisión de erradicar la pobreza de aquí a 2050, su Plan Europeo de Vivienda Asequible y su intención de proponer una Ley de Empleo de Calidad; acoge con satisfacción, además, la primera estrategia de la UE de lucha contra la pobreza y el refuerzo de la Garantía Infantil Europea; hace hincapié en la necesidad de que haya coherencia entre el Semestre Europeo, el seguimiento del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales y estos próximos instrumentos, empleando para ello objetivos mensurables y las correspondientes recomendaciones específicas por país;

4.Recuerda que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se comprometió en 2019 a garantizar que todos los niños de Europa en riesgo de pobreza o exclusión social tengan acceso a los derechos más básicos, como la asistencia sanitaria y la educación, compromiso al que siguió la adopción, en 2021, de la Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo, de 14 de junio de 2021, por la que se establece una Garantía Infantil Europea DO L 223 de 22.6.2021, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/1004/oj.; destaca que los objetivos de la Garantía Infantil Europea no pueden alcanzarse sin un presupuesto específico ambicioso tanto a escala de la Unión como nacional; reitera, en este contexto, su llamamiento a favor de un presupuesto específico sustancial de al menos 20 000 000 000 EUR para la Garantía Infantil Europea; subraya la urgente necesidad de que se asigne este presupuesto específico en el próximo marco financiero plurianual con el fin de responder al creciente reto de la pobreza infantil y la exclusión social;

5.Destaca la importancia de erradicar la pobreza infantil y la exclusión social para romper los ciclos intergeneracionales; acoge con satisfacción la inclusión de una evaluación de la aplicación de la Garantía Infantil en todos los informes por país del paquete de primavera de 2025 y anima a seguir supervisando los avances en el marco del Semestre Europeo; lamenta, no obstante, la falta de seguimiento de estas conclusiones, y que en solo dos recomendaciones específicas por país en 2025 se pedían medidas para abordar la pobreza infantil; considera que las recomendaciones específicas por país deberían reflejar el cumplimiento presupuestario por parte de los Estados miembros de los requisitos de asignación mínima para abordar la pobreza infantil establecidos en el Reglamento del FSE+ Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1296/2013 (DO L 231 de 30.6.2021, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj).;

6.Reitera su llamamiento en favor de un aumento de la financiación de la Garantía Infantil Europea, con un presupuesto sustancial específico, y de que los Estados miembros destinen al menos el 5 % de sus fondos asignados del FSE+ a la lucha contra la pobreza infantil y la promoción del bienestar de los niños, destinando al menos el 10 % a los Estados miembros con niveles de pobreza infantil superiores a la media de la Unión;

7.Manifiesta su preocupación por el nivel de desempleo juvenil, que sigue siendo más del doble que la tasa general de desempleo de la Unión; destaca que, para los jóvenes, es esencial complementar las medidas de activación del empleo con un apoyo sostenido, incluido el acceso a servicios sociales integrados, a la vivienda y a la asistencia en materia de salud mental a fin de garantizar su continua participación en la educación o el empleo; hace hincapié en la necesidad de que los Estados miembros inviertan en la Garantía Juvenil reforzada con el fin de garantizar un apoyo oportuno y de calidad a todos los jóvenes menores de treinta años que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación; insta a los Estados miembros a que fomenten el uso de la Garantía Juvenil como herramienta para apoyar a las personas que dejan de estar tuteladas y prevenir el «precipicio de los cuidados», también mediante el acceso a la orientación profesional;

8.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en el marco del Semestre Europeo, promuevan períodos de prácticas de alta calidad y equitativamente remunerados y eviten su uso indebido como sustituto del empleo regular; pide que la futura Directiva sobre la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores en prácticas Propuesta de la Comisión, de 20 de marzo de 2024, de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la mejora y el control del cumplimiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores en prácticas y a la lucha contra las relaciones laborales regulares encubiertas como períodos de prácticas («Directiva sobre los períodos de prácticas») (COM(2024)0132). sea ambiciosa y exhaustiva, garantizando la plena protección de los derechos de los trabajadores en prácticas, incluida la posibilidad de poner fin al período de prácticas sin perjuicios en caso de violación de los derechos fundamentales, y pide la rápida conclusión de las negociaciones;

9.Considera que es necesario actuar a escala de la Unión y de los Estados miembros para prevenir y abordar los niveles persistentemente elevados de pobreza y exclusión social, y acoge con satisfacción el anuncio de la primera estrategia de la UE de lucha contra la pobreza a este respecto; cree que la estrategia debe proporcionar un enfoque global para abordar las causas profundas y los aspectos multidimensionales de la pobreza y la exclusión social, con acciones concretas, una asignación presupuestaria sólida, objetivos claros, hitos y medidas estructurales, y garantizar al mismo tiempo una aplicación y un seguimiento sólidos; pide a los Estados miembros que apliquen la Directiva sobre unos salarios mínimos adecuados Directiva (UE) 2022/2041 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea (DO L 275 de 25.10.2022, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2041/oj). para luchar contra la pobreza de los ocupados e incentivar el trabajo; pide que la estrategia de la UE de lucha contra la pobreza se centre en la lucha contra la pobreza infantil para romper el ciclo de la pobreza; insta a los Estados miembros a que apliquen plenamente la Recomendación del Consejo sobre una renta mínima adecuada Recomendación del Consejo, de 30 de enero de 2023, sobre una renta mínima adecuada que procure la inclusión activa 2023/C 41/01 (DO C 41 de 3.2.2023, p. 1).;

10.Recuerda la importancia de mejorar el acceso de las personas que trabajan por cuenta propia a la protección social y pide a la Comisión que utilice el proceso del Semestre Europeo para hacer un seguimiento de la aplicación nacional de la Recomendación del Consejo relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia Recomendación del Consejo, de 8 de noviembre de 2019, relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia (DO C 387 de 15.11.2019, p. 1)., incluidas las recomendaciones específicas por país; recuerda, habida cuenta de que la proporción de profesionales autónomos en los sectores cultural y creativo es más del doble que la de la población general, la necesidad de medidas específicas para el sector; acoge con satisfacción, en este contexto, el anuncio de una Carta de los Artistas de la UE encaminada a poner de relieve los principales fundamentos y compromisos para procurar unas condiciones de trabajo justas en este sector, pero insta a la Comisión a que adelante su publicación hasta 2026, ya que se trata de cuestiones a largo plazo;

11.Lamenta que los objetivos del marco estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos no se persigan de manera más activa en los Estados miembros y no estén recibiendo una atención más sostenida en el proceso del Semestre Europeo, en particular en las recomendaciones específicas por país; hace hincapié en el objetivo del marco estratégico de reducir a la mitad la brecha de empleo entre la población gitana y la población en general y de garantizar que al menos el 60 % de dicha población tengan un trabajo remunerado de aquí a 2030; insta a los Estados miembros a que adopten un enfoque integrado y centrado en la igualdad y a que garanticen que las políticas y los servicios públicos lleguen eficazmente a todos los gitanos, incluidos los que se encuentran en zonas rurales y remotas;

12.Recuerda con preocupación la persistente brecha de empleo entre personas con y sin discapacidad, que es de alrededor del 24 % y, por otra parte, el objetivo de la Unión de pasar de los cuidados institucionales a los cuidados basados en la comunidad o la familia para todas las personas de que se trate; pide a la Comisión que aborde la brecha de empleo entre personas con y sin discapacidad a través del Semestre Europeo, también en las recomendaciones específicas por país, y que actualice la Estrategia de la Unión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 2021-2030 en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con nuevas iniciativas emblemáticas, incluida una garantía europea de empleo y capacidades para las personas con discapacidad; reitera su llamamiento a la Comisión para que presente un plan de acción sobre la desinstitucionalización que abarque a todos los grupos que siguen viviendo en instituciones, incluidos los niños, las personas con discapacidad, las personas con problemas de salud mental y las personas sin hogar; subraya que los avances en materia de desinstitucionalización deben ser objeto de seguimiento en el marco del Semestre Europeo, y pide a los Estados miembros que hagan pleno uso del FSE+ y de otros fondos nacionales y de la Unión para finalizar este proceso, desarrollar servicios basados en la comunidad e invertir en prevención;

13.Acoge con satisfacción la inclusión permanente del marco de convergencia social en el Semestre Europeo; destaca su importancia, junto con el cuadro de indicadores sociales, a la hora de detectar riesgos y hacer un seguimiento de los avances en materia de convergencia social al alza, reducir las desigualdades, reforzar los sistemas de protección social y promover condiciones de trabajo dignas y medidas de apoyo para garantizar la equidad en la transición; pide a la Comisión que siga desarrollando herramientas innovadoras de análisis cuantitativo y cualitativo en el contexto de este nuevo marco para hacer un uso óptimo de él en los futuros ciclos del Semestre Europeo; pide a la Comisión que analice los riesgos para la convergencia social al alza destacados en su informe conjunto sobre el empleo de 2025, incluidos los resultados en materia de empleo de los grupos infrarrepresentados, el abandono escolar prematuro y el aprendizaje de adultos, y la pobreza, en la segunda fase del análisis, y que debata con los Estados miembros de que se trate las medidas adoptadas o previstas para hacer frente a estos riesgos; señala que abordar los retos señalados en el informe conjunto sobre el empleo contribuirá a lograr una convergencia social al alza;

14.Pide a la Comisión que mejore y actualice el cuadro de indicadores sociales, asegurándose de que refleje los factores impulsores y las repercusiones de la desigualdad, incluida la igualdad de oportunidades, el empleo de calidad, la distribución de la riqueza, el acceso a los servicios públicos y sociales, unas pensiones adecuadas, la vivienda y el sinhogarismo, la salud mental, la discriminación y las repercusiones sociales de la degradación ambiental y el cambio climático; pide a la Comisión que trate la pobreza de los ocupados como una señal de advertencia en el cuadro de indicadores sociales y que proponga recomendaciones específicas por país cuando persistan tales tendencias; subraya la necesidad de abordar los retos señalados como «críticos» o «en observación» en el cuadro de indicadores, como el abandono escolar prematuro, el sobrecoste de la vivienda, el impacto de las transferencias sociales, la brecha de empleo entre personas con y sin discapacidad, las necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas, la atención a la infancia, las capacidades digitales básicas y la pobreza infantil; pide la inclusión de un índice de progreso social y del índice de igualdad de género para medir mejor la desigualdad, el acceso a las oportunidades y el bienestar utilizando datos desagregados; destaca la necesidad de disponer de datos y metodologías oportunos, armonizados y transparentes para mejorar la elaboración de políticas basadas en datos contrastados y las inversiones sociales específicas, así como para adaptar el cuadro de indicadores sociales a los veinte principios del pilar europeo de derechos sociales;

15.Recuerda que el indicador de riesgo de pobreza o exclusión social no refleja suficientemente las causas profundas de la pobreza y las desigualdades complejas, en particular la inclusión de las personas que viven fuera de los hogares particulares, los aspectos cualitativos de la pobreza y las experiencias vividas de marginación, teniendo en cuenta al mismo tiempo que la pobreza va más allá de la insuficiencia de ingresos o la privación material; pide al Comité de Protección Social que colabore con las partes interesadas pertinentes en la renovación de la medida estadística sobre el riesgo de pobreza o exclusión social con el fin de ampliarla hacia una visión más sólida, desagregada y multidimensional de la pobreza y la exclusión social;

16.Recuerda que la inversión social puede tener un impacto positivo en el crecimiento económico, la productividad y la competitividad, al tiempo que contribuye a la sostenibilidad presupuestaria y promueve la cohesión social al alza, las condiciones de vida y de trabajo y la inclusión de los grupos vulnerables; pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren la inversión social como fundamento del crecimiento sostenible y se centren en inversiones que hayan demostrado su eficacia en cuanto a crecimiento, productividad, calidad del empleo y aumento de la participación en el mercado laboral; pide a los Estados miembros que hagan un uso pleno y específico del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia hasta el 31 de diciembre de 2026 para abordar los retos señalados en las recomendaciones específicas por país; pide a la Comisión que proporcione orientaciones sobre el aprovechamiento de la inversión privada y las asociaciones público-privadas para colmar las lagunas en materia de infraestructuras sociales; acoge con satisfacción la puesta en marcha del Centro de Conocimientos sobre Inversión Social para mejorar el aprendizaje mutuo y la asistencia técnica, seguir mejorando la oportunidad y la disponibilidad de los indicadores sociales, reducir los retrasos en la evaluación de las tendencias de la pobreza y la desigualdad y mejorar el acceso de los Estados miembros a los datos para la evaluación de las políticas y la evaluación de impacto;

17.Recuerda que la economía social es un componente clave de la inversión social, que desempeña un papel único en el desarrollo de soluciones inclusivas e innovadoras a nivel local, contribuyendo a la creación de empleo de calidad, a la prestación de servicios sociales y de proximidad asequibles y accesibles, y a las transiciones ecológica y digital; observa que el apoyo público a la economía social es fuerte, ya que el 88 % de los encuestados del Eurobarómetro apoyan estrategias y legislación para promoverla; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen sus condiciones marco facilitando el acceso a la financiación, ofreciendo oportunidades de desarrollo de capacidades y garantizando su visibilidad, y que reflejen los objetivos del plan de acción para la economía social en el Semestre Europeo, también mediante recomendaciones específicas por país y el uso específico de los fondos de la Unión;

18.Hace hincapié en que el Plan Europeo de Vivienda Asequible de la Comisión debe integrarse mejor en el Semestre Europeo, prestando mayor atención a las recomendaciones específicas por país sobre vivienda asequible, digna y sostenible, en particular para los grupos de renta baja y media, las personas con discapacidad y las personas mayores; pide que se refuerce el seguimiento de los avances de los Estados miembros a la hora de garantizar el acceso a una vivienda adecuada, segura y no segregada para las comunidades gitanas que sufren pobreza extrema; recuerda a los signatarios de la Declaración de Lisboa sobre la Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo el objetivo de erradicar el sinhogarismo de aquí a 2030; pide a los Estados miembros que combinen medidas que aumenten la oferta, reduzcan los costes de construcción y aborden la escasez de mano de obra en el sector de la construcción y la vivienda con un apoyo a la demanda que permita a las personas, en particular a los hogares en situaciones vulnerables, acceder a una vivienda asequible, digna y sostenible; subraya que las estrategias de inversión y los planes presupuestarios estructurales nacionales a medio plazo deben apoyar la vivienda social y asequible, la prevención y la reducción del sinhogarismo y la renovación de edificios para reducir la pobreza energética y mejorar las condiciones de la vivienda, en particular para los hogares vulnerables; recuerda que el Fondo Social para el Clima proporcionará financiación a los Estados miembros a partir de 2026 para apoyar a los hogares y las microempresas vulnerables;

19.Hace hincapié en que la inversión en una educación y un aprendizaje permanente accesibles y de alta calidad es una inversión social estratégica esencial para la cohesión, la inclusión y la preparación de la mano de obra para las transiciones ecológica y digital y las necesidades de la Unión relacionadas con la defensa, también mediante la educación y formación profesionales y la formación de aprendices; acoge con satisfacción la propuesta de Recomendación del Consejo sobre el capital humano en la Unión Europea y la atención que presta a abordar la escasez de capacidades, el uso de información estratégica sobre capacidades para el diseño de estrategias en esta materia y el desarrollo de un amplio conjunto de capacidades básicas, como las de alfabetización digital y en materia de ciudadanía y de IA, para preparar a las personas para la vida moderna; reconoce que una inversión insuficiente en capital humano dificulta la innovación, la competitividad y la capacidad de las personas para desarrollar todo su potencial;

20.Subraya la necesidad de que las iniciativas de la Unión en materia de escasez de capacidades presten un mayor apoyo a unos sistemas de educación y formación integrales e inclusivos, también mediante políticas activas del mercado de trabajo, cuentas de aprendizaje individuales y microcredenciales, y el refuerzo de los procedimientos para la validación del aprendizaje no formal e informal; destaca, además, la importancia de mejorar y facilitar una movilidad laboral justa dentro de la Unión y del papel de la migración legal y el reconocimiento de las cualificaciones extranjeras para abordar la escasez de capacidades; expresa su preocupación por el hecho de que la participación de los adultos en actividades de formación siga estando muy por debajo del objetivo del 60 % en la mayoría de los Estados miembros, en particular entre los trabajadores poco cualificados, los trabajadores de más edad, los nacionales de terceros países y las personas con discapacidad; pide a la Comisión que presente soluciones concretas a la escasez de capacidades y que aborde los retos persistentes en el próximo paquete de movilidad laboral justa, garantizando que la próxima iniciativa de portabilidad de las capacidades aborde los obstáculos actuales al reconocimiento de capacidades;

21.Cree firmemente que un derecho individual de los trabajadores a la formación en horario laboral que aborde los principales obstáculos a la continuación de la formación puede garantizar un reciclaje o perfeccionamiento profesionales de calidad, la formación de los trabajadores y el apoyo a la planificación de la carrera, con el fin de asegurar una oferta previsible y estable de trabajadores cualificados a los empleadores; destaca la necesidad de abordar el obstáculo de los costes garantizando que la formación sea gratuita para los trabajadores, con el apoyo de financiación, incentivos fiscales y asociaciones; subraya que las instituciones nacionales y los interlocutores sociales son responsables de la formación de los trabajadores y pone de relieve su papel esencial en la aplicación del derecho a la formación; pide, a este respecto, a los Estados miembros que prioricen y promuevan programas de formación desarrollados conjuntamente por los trabajadores y sus empleadores, garantizando que el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales respondan a la demanda real del mercado y contribuyan a la progresión profesional; pide a la Comisión que estudie y publique orientaciones sobre la manera en que las asociaciones público-privadas entre los Estados miembros y las empresas pueden financiar la formación, el reciclaje y el perfeccionamiento profesionales de los trabajadores, en particular el derecho individual a la formación de los trabajadores;

22.Subraya que la equidad intergeneracional debe convertirse en un componente estructural del Semestre Europeo; pide a la Comisión que, como parte de su estrategia de equidad intergeneracional, integre indicadores sobre el bienestar de los jóvenes y las personas mayores, el acceso a empleos de calidad, la asequibilidad y la disponibilidad de vivienda, la accesibilidad física, la adecuación de la renta mínima y las pensiones, el acceso a servicios de salud mental de calidad y a una educación y unas capacidades de alta calidad en el marco de evaluación del Semestre Europeo, y que evalúe los efectos distributivos y a largo plazo de las recomendaciones presupuestarias y de reforma; pide a la Comisión que evalúe las repercusiones económicas, ambientales y sociales a largo plazo de las recomendaciones políticas, incluida la falta de inversión, en las generaciones futuras; destaca la necesidad de integrar mejor los efectos de la transformación demográfica y el aumento de la longevidad en el Semestre Europeo; subraya que el cambio demográfico requiere políticas para aumentar la participación de la población activa; destaca la necesidad de medidas que apoyen el envejecimiento activo y garanticen la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de pensiones y asistenciales; considera que las recomendaciones específicas por país deben promover pensiones que garanticen una vida digna, el bienestar, el acceso a una asistencia sanitaria de calidad y asequible y la prevención para todos;

23.Subraya que, en el marco del Semestre Europeo, el gasto en defensa debe planificarse de manera coordinada, eficiente, transparente y europea para maximizar los beneficios sociales; hace hincapié en que la inversión relacionada con la seguridad debe contemplar la resiliencia de la sociedad, incluidas las infraestructuras con elevados beneficios civiles, la protección social, la educación cívica, la resiliencia democrática y la protección contra la desinformación, reconociendo que la estabilidad social y la confianza democrática son componentes importantes de la arquitectura de seguridad de Europa y deben reflejarse en el análisis de las necesidades de reforma e inversión a largo plazo realizado en el marco del Semestre;

24.Subraya que las recomendaciones del Semestre Europeo en 2026 serán cruciales para configurar el próximo marco financiero plurianual; considera que las reformas e inversiones deben seleccionarse por su eficiencia y eficacia a la hora de abordar las recomendaciones específicas por país pertinentes; advierte de que, para que la financiación de la Unión esté vinculada a las orientaciones del Semestre, estas deben ser socialmente equilibradas y estar plenamente en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales, y los agentes regionales y locales deben desempeñar un papel importante en el desembolso de los fondos; observa con preocupación, a este respecto, la propuesta de gasto social de la Comisión, que corre el riesgo de diluir la atención prestada a los objetivos sociales y de empleo, y pide un FSE+ independiente y reforzado con concentraciones temáticas;

25.Considera que el modelo social de la Unión forma parte integrante de su competitividad y que la necesaria simplificación de la carga administrativa para las empresas debe preservar y garantizar los derechos sociales; hace hincapié en que la calidad del empleo y la competitividad no relacionada con los costes, como la vinculada a la calidad de los productos y servicios, también puede contribuir a la productividad y el aumento de los salarios; subraya la importancia de proporcionar una mayor claridad, proporcionalidad y seguridad jurídica, en particular a las pequeñas y medianas empresas y los profesionales autónomos, y hace hincapié en que estos enfoques deben respetar la diversidad de modelos del mercado de trabajo en los Estados miembros, a la vez que apoyan la actividad económica sostenible y la creación de empleo de calidad;

26.Apoya un proceso del Semestre Europeo más democrático, en el que el Parlamento participe activamente en el establecimiento de las prioridades de política económica y social y la adopción de decisiones de gobernanza económica; insiste en que la formulación, el control y el seguimiento de las reformas nacionales deben contar sistemáticamente con los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y los agentes regionales y locales, con el tiempo y la transparencia adecuados; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen su participación adecuada en todas las fases del análisis, también en el marco de la convergencia social, con el fin de reforzar la apropiación y garantizar que los derechos sociales de la Unión sean una realidad sobre el terreno; hace hincapié en que el respeto del principio de subsidiariedad y de las competencias nacionales sigue siendo fundamental para el Semestre Europeo; recuerda la necesidad de que la Comisión vele por que el Semestre Europeo y el marco de gobernanza económica de la Unión evalúen los efectos de las reformas recomendadas en la igualdad de género y la integración de las mujeres en el mercado de trabajo, y promueva la inversión en servicios públicos e infraestructuras asistenciales de calidad;

27.Llama la atención sobre la falta de una metodología transparente para la formulación de las recomendaciones específicas por país y de claridad sobre los criterios utilizados para su selección; advierte de que esto socava la rendición de cuentas y corre el riesgo de dar un trato desigual a los Estados miembros; pide a la Comisión que garantice la plena transparencia de los procedimientos y la toma de decisiones interna, incluidas las direcciones generales implicadas, y refuerce la rendición de cuentas y el intercambio de información con el Parlamento; expresa su preocupación por el hecho de que el cumplimiento de las recomendaciones específicas por país siga siendo persistentemente bajo; pide a los Estados miembros que aborden mejor las recomendaciones en los ámbitos del empleo y las políticas sociales; pide a la Comisión que refuerce su diálogo con los Estados miembros sobre la aplicación de las recomendaciones existentes y las orientaciones para las políticas de empleo, incluido el seguimiento dado a las acciones políticas actuales y previstas;

28.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.