1.Subraya que el próximo MFP debe dotar a la Unión de los medios financieros necesarios para responder a un entorno geopolítico, económico y social en rápida evolución, cumpliendo al mismo tiempo tanto las políticas de larga data como las prioridades emergentes; insiste en que el presupuesto de la Unión debe seguir siendo un presupuesto de inversión capaz de apoyar a los ciudadanos, a las regiones y a las empresas, en particular a las pymes, reforzando al mismo tiempo la resiliencia, la competitividad y la cohesión social de la Unión;

2.Pide que el MFP 2028-2034 se fije en el 1,27 % de la renta nacional bruta (RNB) de la Unión y que el servicio de la deuda de NextGenerationEU —equivalente a un 0,11 % adicional de la RNB de la Unión—se excluya del 1,27 % y se contabilice por encima de los límites máximos; reitera que el próximo MFP debe tener un tamaño más ambicioso, ya que el nivel actual de financiación no se corresponde con las ambiciones políticas de la Unión, y debe protegerse de perturbaciones inflacionistas; destaca que este nivel constituye el nivel mínimo necesario para que la Unión pueda cumplir con los compromisos contraídos en los Tratados, responder a las expectativas de la ciudadanía y hacer frente a los principales retos, incluido el retorno de conflictos a gran escala en la vecindad inmediata de la Unión, la evolución de las amenazas para la seguridad, la gran complejidad del contexto económico y social, la brecha de competitividad y el empeoramiento de las crisis climática y de la biodiversidad;

3.Expresa su oposición a cualquier enfoque que conduzca a la fragmentación del mercado único o a la renacionalización del presupuesto de la Unión y rechaza firmemente cualquier avance hacia una Unión «a la carta»; considera que el enfoque de la Comisión de «un plan por Estado miembro» socava las políticas de la Unión consagradas en los Tratados, genera una competencia innecesaria entre los beneficiarios, pone en peligro la dimensión europea del gasto, debilita la gobernanza multinivel, cuestiona los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y reduce la transparencia;

4.Pide un aumento de la dotación para la rúbrica 1 a fin de mantener al menos la financiación al nivel del actual MFP; pide, por tanto, una financiación sólida, diferenciada y adecuada para la política agrícola común (PAC), la política pesquera común, la política de cohesión, el Fondo Social Europeo y los asuntos de interior; insiste, en este contexto, en que se asignen plenamente a estas políticas los importes no acotados en el marco de los planes de CNR, garantizando así una mayor previsibilidad para los beneficiarios finales; reitera la necesidad de mantener un marco de aplicación horizontal y una normativa para estas políticas, también en lo que respecta a la condicionalidad del Estado de Derecho, con el fin de garantizar la coherencia y evitar la fragmentación; pide que se establezcan capítulos regionales de conformidad con los marcos institucionales de los Estados miembros y la plena participación de las autoridades regionales y locales en el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los programas de la rúbrica 1, sobre la base de los principios de gestión compartida, gobernanza multinivel y asociación;

5.Acoge con satisfacción el refuerzo significativo de las políticas incluidas en la rúbrica 2, en consonancia con los reiterados llamamientos del Parlamento, que representa una duplicación en comparación con el período actual y que preparará mejor a la Unión para responder a los retos futuros en un entorno mundial cada vez más impredecible; reconoce la necesidad de reforzar la capacidad de actuación de la Unión en ámbitos estratégicos clave, como la competitividad, la defensa y la seguridad, la investigación y la innovación, la doble transición, las infraestructuras, la salud y la preparación frente a las crisis, la educación y la cultura;

6.Pide, por tanto, un refuerzo adecuado de los programas prioritarios de la rúbrica 2, incluidos el Fondo Europeo de Competitividad (FEC), Horizonte Europa, el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), Erasmus+, AgoraEU y el Mecanismo de Protección Civil de la Unión, con una asignación de fondos para UEproSalud y las acciones relacionadas con el programa LIFE en el marco del FEC;

7.Acoge con satisfacción el aumento de los recursos para la rúbrica 3 como señal del compromiso de la Unión de reforzar su papel como actor mundial; considera, no obstante, que el nivel propuesto sigue siendo insuficiente dada la magnitud de los retos mundiales;

8.Pide, por tanto, un refuerzo adecuado de la rúbrica 3 que permita a la Unión apoyar la futura ampliación, abordar las crecientes necesidades relacionadas con el desarrollo, las crisis humanitarias y la consolidación de la paz, prestar apoyo a Ucrania y a otros socios y defender los valores de la Unión, los derechos humanos y la democracia en todo el mundo, reforzando al mismo tiempo el multilateralismo; insiste en que la ayuda humanitaria debe seguir reservándose y proporcionarse a través de un marco coherente con una base de referencia anual dotada de los recursos adecuados; pide que se refuerce la dotación para los países y territorios de ultramar, teniendo en cuenta las recientes amenazas a la integridad territorial de Groenlandia y el contexto geopolítico más amplio;

9.Subraya que el próximo MFP debe centrarse en la financiación de bienes públicos europeos con un valor añadido perceptible en comparación con el gasto nacional, como los proyectos transfronterizos; recuerda que los ciudadanos y las empresas europeos exigen que la Unión tome medidas; pide una inversión estratégica específica de los fondos de la Unión para satisfacer sus necesidades en ámbitos prioritarios como la vivienda, la energía y la seguridad;

10.Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de un Instrumento de Flexibilidad mejorado y pide que se complemente con fuentes adicionales, incluidos los márgenes no utilizados y los reflujos de los instrumentos financieros, sin perjuicio de las normas sectoriales específicas; pide que se movilice una reserva de solidaridad específica para catástrofes naturales por encima de los límites máximos del MFP como último recurso para financiar la respuesta de la Unión a las necesidades específicas dentro de su territorio tras los daños causados por catástrofes naturales;

11.Expresa su profunda preocupación por el hecho de que las propuestas de la Comisión trasladen decisiones políticas y presupuestarias clave a programas de trabajo de la Comisión adoptados sin participación colegislativa; insiste, en particular, en que todas las elecciones políticas sustantivas deben determinarse en los actos de base pertinentes, respetando plenamente las prerrogativas del Parlamento como colegislador y autoridad presupuestaria; subraya que la simplificación no debe ir en detrimento de la transparencia, la rendición de cuentas democrática o la función de supervisión del Parlamento; expresa su profunda preocupación por el uso generalizado de financiación no vinculada a los costes para una parte sustancial de los programas en el marco del próximo MFP y advierte de que, sin salvaguardias adecuadas, este enfoque conlleva riesgos sustanciales y debilita la auditabilidad;

12.Destaca que el respeto de los valores de la Unión y el Estado de Derecho es un requisito previo esencial para acceder a los fondos de la Unión; insiste en la importancia de un conjunto de herramientas integrado y coherente para los valores de la Unión que abarque la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en todo el presupuesto de la Unión; hace hincapié en un enfoque sólido para garantizar que los beneficiarios finales legítimos no reciban sanciones de sus Gobiernos por violar el Estado de Derecho;

13.Reitera enérgicamente la necesidad crucial de asegurar unos ingresos sostenibles, predecibles y resilientes para el presupuesto de la Unión de conformidad con el artículo 310 del TFUE, que deben ajustarse a la parte del gasto y a las prioridades estratégicas y las necesidades de financiación identificadas de la Unión; reafirma el sólido compromiso del Parlamento con la introducción de nuevos recursos propios, no solo para el reembolso de la deuda de NextGenerationEU, sino también para financiar las ambiciones políticas de la Unión, que ahora son mayores; acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por definir nuevos recursos propios y presentar determinadas calibraciones de los recursos propios tradicionales; apoya el enfoque basado en una «cesta» más amplio propuesto por la Comisión y pide al Consejo que alivie el estancamiento observado desde 2020 en una cesta de nuevos recursos propios auténticos para conseguir un nivel de ingresos de al menos 60 000 millones EUR anuales; destaca la importancia de la propuesta de la Comisión para crear un nuevo tipo de mecanismo de crisis que podría ofrecer a la Unión la capacidad de responder rápidamente a acontecimientos imprevistos; subraya que el Parlamento solo aprobará un presupuesto a largo plazo, incluida la parte correspondiente a los ingresos, que sea adecuado para los propósitos de la Unión en un mundo cambiante;

14.Considera que las posiciones expuestas en el presente informe provisional constituyen el mandato del Parlamento para las negociaciones sobre el MFP y deben ser tenidas en cuenta por el Consejo, de conformidad con el artículo 312, apartado 5, del TFUE, a fin de obtener la aprobación del Parlamento; expresa su disposición a trabajar de manera constructiva y a entablar negociaciones significativas con el Consejo para elaborar un presupuesto a largo plazo que satisfaga las necesidades de la Unión; pide que se alcance con prontitud un acuerdo entre las instituciones para finales de 2026 a fin de adoptar el MFP sin demoras y permitir la ejecución oportuna de los programas de gasto a partir del 1 de enero de 2028;

15.Pide que el Parlamento Europeo participe en todas las fases del proceso del MFP, tal como exige el artículo 312, apartado 5, del TFUE; considera que el Consejo debe tener debidamente en cuenta la posición del Parlamento expuesta en la presente Resolución para obtener la aprobación del Parlamento de conformidad con el artículo 312 del TFUE;

16.Recuerda su posición en el sentido de que «en un mundo en rápida transformación en el que, con razón, las personas esperan más de la Unión y en el que la Unión se enfrenta a un número cada vez mayor de crisis y desafíos mundiales, el próximo MFP debe dotarse de mayores recursos que durante el período 2021-2027, alejándose del nivel históricamente restrictivo y autoimpuesto del 1 % de la RNB de la Unión»; observa con desaprobación que la Comisión, en lugar de presentar una propuesta verdaderamente ambiciosa, se oculte tras una cifra total de 2 billones EUR a precios corrientes, que en realidad asciende a solo 1,763 billones EUR a precios constantes de 2025, lo que equivale al 1,26 % de la RNB de la Unión, y que el 0,11 % se asigne a reembolsos de NextGenerationEU; lamenta que esto dé lugar a un aumento simbólico para los programas de la Unión de menos de 0,01 puntos porcentuales de la RNB de la Unión, lo que congela de manera efectiva el presupuesto en términos reales; destaca que la extinción gradual del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) reducirá aún más sustancialmente la capacidad de gasto general de la Unión; considera que este nivel propuesto no permitirá a la Unión cumplir sus compromisos consagrados en los Tratados ni responder a los importantes retos geopolíticos que se avecinan, incluida la crisis climática y de la biodiversidad, que se aborda mejor a escala de la Unión, así como la crisis del coste de la vida;

17.Pide que el MFP 2028-2034 se fije en el 1,27 % de la RNB de la Unión, excluidos los reembolsos de NextGenerationEU; considera que el servicio de la deuda de NextGenerationEU debe tratarse por separado de los créditos para los programas de la Unión dentro de la futura arquitectura del MFP, lo que elevaría el importe total al 1,38 % de la RNB de la Unión; destaca que este nivel es el mínimo absoluto para que la Unión pueda cumplir sus compromisos, responder a los retos geopolíticos y alcanzar sus objetivos estratégicos;

18.Lamenta que el reembolso de NextGenerationEU que la Comisión plantea integre tramos anuales dentro de los límites máximos del MFP a partir de 2028; destaca que cualquier plan de reembolso revisado debe velar por que el servicio de la deuda de NextGenerationEU no desplace el gasto esencial de la Unión ni ponga en peligro la capacidad de la Unión para hacer frente a futuras crisis; recuerda, por tanto, su posición tradicional de que los créditos vinculados al reembolso de NextGenerationEU deben contabilizarse por encima de los límites máximos;

19.Apoya firmemente el método de ajuste técnico propuesto que tiene en cuenta la inflación real, que es esencial para salvaguardar el poder adquisitivo del presupuesto de la Unión en períodos de perturbaciones inflacionistas; acoge con satisfacción este mecanismo, que es fundamental para proteger los programas de la Unión de modo que los ciudadanos no sufran a causa de la inflación;

20.Pide, en este contexto, que se garantice el nivel de financiación de los programas y políticas de la Unión, tal como se establece en los anexos I y II de la presente Resolución; pide que se ajusten en consecuencia los límites máximos de compromisos y pagos pertinentes;

21.Observa que la rúbrica 1 (Modelo social europeo y calidad de vida) cuenta con una asignación de 797 200 millones EUR a precios de 2025, excluida la cantidad proporcionada para el reembolso de NextGenerationEU, lo que representa el 45 % del MFP total 2028-2034; expresa su profunda preocupación por que esto suponga una disminución en comparación con los 810 100 millones EUR asignados en el MFP 2021-2027, que supusieron el 65 % del total; considera inaceptable este recorte sustancial, dada la importancia crucial de mantener las políticas de larga data de la Unión;

22.Lamenta que la propuesta de Reglamento sobre planes de CNR (COM(2025)0558), que fusiona diferentes políticas en un único plan por Estado miembro, genera una incertidumbre significativa en cuanto a la previsibilidad de la financiación para los beneficiarios finales, crea una competencia innecesaria por los recursos financieros entre los beneficiarios y las políticas y politiza la distribución de los fondos de la Unión, corriendo el riesgo de complejizar el sistema y aumentar las concesiones entre prioridades; insiste en que el enfoque de «un plan por Estado miembro» erosiona implícitamente la dimensión europea del presupuesto de la Unión y los objetivos de las políticas comunes de la Unión, conduce a una centralización excesiva que cuestiona los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, excluye a las autoridades regionales y locales y a las partes interesadas pertinentes de desempeñar un papel significativo en la configuración de las prioridades y socava la gobernanza multinivel y la dimensión territorial del gasto; considera que los importes no delimitados en el marco de los planes de CNR deben asignarse en su totalidad para ofrecer previsibilidad a los beneficiarios finales; advierte, además, de que la reducción significativa de la financiación de la rúbrica 1 también amenaza con socavar las políticas de la Unión consagradas en los Tratados y los objetivos de la Unión de reforzar su cohesión económica, social y territorial, salvaguardar sus procedimientos democráticos, el Estado de Derecho y los derechos sociales, y garantizar la seguridad alimentaria y un nivel de vida justo para los agricultores y los pescadores, así como la protección del medio ambiente y la biodiversidad; reitera la necesidad de evitar la fragmentación y mantener el marco de aplicación horizontal, incluidas las normas y principios generales, como el respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales, que deben aplicarse de manera uniforme en todas las políticas cubiertas por el plan de CNR, garantizando al mismo tiempo disposiciones de aplicación coherentes y consistentes;

23.Hace hincapié en que es imperativo mantener la dimensión europea del presupuesto de la Unión como instrumento fundamental para alcanzar objetivos comunes, expresar la solidaridad de la Unión y proporcionar bienes públicos europeos; subraya que el presupuesto de la Unión debe seguir siendo la columna vertebral financiera que respalde la profundización de la integración de la Unión, evite la fragmentación y la renacionalización de las políticas claves de la Unión, promueva la cohesión territorial, económica y social en todas las regiones de esta, en particular abordando las limitaciones estructurales persistentes que afectan a las regiones periféricas, insulares y ultraperiféricas, y garantice la competencia leal y la igualdad de oportunidades para todos los territorios de los Estados miembros, sin dejar a nadie ni a ninguna región atrás; considera, además, que el presupuesto de la Unión debe contribuir a abordar la crisis del coste de la vida y las crecientes desigualdades, así como a alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad de la Unión, mediante inversiones en ámbitos clave pertinentes;

24.Rechaza cualquier avance hacia una Europa «a la carta» en la que la participación diferenciada y una combinación de políticas con objetivos, horizontes temporales y logísticas de aplicación diferentes socave la unidad y la coherencia de las políticas y programas de la Unión; expresa su profunda preocupación por el hecho de que un único instrumento con múltiples capas de objetivos, salvaguardias y requisitos de información pueda aumentar la complejidad, debilitar la rendición de cuentas y socavar la aplicación efectiva; advierte de que este enfoque en el que cada Estado miembro decide sobre la asignación específica de fondos de la Unión fragmentaría el mercado único, generaría ventajas competitivas desleales y erosionaría el principio de solidaridad que sustenta la integración europea y la convergencia al alza;

25.Pide una financiación separada, suficiente y claramente delimitada para la PAC, la política pesquera común, la política de cohesión y el Fondo Social Europeo, a fin de mejorar la resiliencia territorial a largo plazo, la cohesión social y la confianza en el proyecto europeo, así como la convergencia al alza;

26.Deplora que se haya propuesto la reducción de la financiación de la PAC posterior a 2027; pide un presupuesto específico y sólido para la PAC en el próximo MFP que se consigne con un importe de 433 010 millones EUR a precios corrientes (equivalente a 385 120 millones EUR a precios constantes de 2025) para garantizar la seguridad y la soberanía alimentarias, la competitividad y un nivel de vida justo para los agricultores, y permitirles realizar una transición hacia prácticas más sostenibles, incluida la gestión sostenible de la tierra y el agua; pide una red de seguridad para la unidad reforzada, responsable y más ágil en el marco horizontal del plan de CNR; destaca la necesidad de preservar plenamente la integridad del mercado interior y garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre los agricultores de los distintos Estados miembros; pide que se mantengan y refuercen las medidas que garantizan la viabilidad de las zonas rurales, también a través de la iniciativa Leader y del desarrollo local participativo; subraya que abordar los retos climáticos, medioambientales y de otro tipo que afectan a las zonas rurales, al sector agrícola y a la seguridad alimentaria contribuye a la viabilidad económica y la competitividad del sector y de las zonas rurales y a la estabilidad a largo plazo de la producción agrícola; hace hincapié en la necesidad de apoyar inversiones adaptadas, incluidas las que fomentan la inclusión social, que hagan que la agricultura sea más atractiva para los jóvenes, las mujeres y los nuevos agricultores;

27.Lamenta la reducción significativa del presupuesto, así como la dispersión de la financiación para la pesca en varias rúbricas presupuestarias; pide garantías de que la asignación reservada para la pesca y la acuicultura en el MFP ascienda al menos a 7 290 millones EUR a precios corrientes (equivalente a 6 500 millones EUR a precios constantes de 2025), con vistas a abordar los retos de estos sectores; subraya, además, que la financiación adicional para la dimensión exterior de la pesca en el marco de la rúbrica 3 debe ascender a 1 690 millones EUR a precios corrientes (equivalente a 1 500 millones EUR a precios constantes de 2025), también para los acuerdos de colaboración de pesca sostenible y las organizaciones regionales de ordenación pesquera; reitera que la política pesquera común contribuye a garantizar ingresos estables y perspectivas a largo plazo a los pescadores, al tiempo que protege los ecosistemas marinos sostenibles, en los que descansa la competitividad del sector; pide que se preste especial atención a la flota pesquera de la Unión con vistas a mejorar su seguridad y protección, en particular combatiendo la pesca ilegal y mejorando las condiciones de trabajo, la eficiencia energética y la sostenibilidad, y haciendo posible la renovación de la flota de la Unión y el relevo generacional; pide, además, que el próximo MFP garantice una financiación específica y visible, adicional a la financiación destinada a la pesca, para las políticas de la Unión relacionadas con los océanos, incluido el Pacto por el Océano;

28.Recuerda que la política de cohesión es una prioridad de la Unión consagrada jurídicamente en los Tratados; subraya que la política de cohesión debe seguir actuando como principal instrumento de inversión territorial de la Unión y como pilar del modelo de crecimiento de la Unión, basado en la participación efectiva de las autoridades regionales y locales a través de su plena participación en la preparación, aplicación, seguimiento y evaluación de los planes nacionales y la adaptación de las inversiones a sus necesidades, y ejecutado con arreglo a un modelo basado en el principio de asociación, con la participación de los agentes económicos y de la sociedad civil y la gobernanza multinivel y con un presupuesto total de 306 930 millones EUR a precios corrientes (equivalente a 274 340 millones EUR a precios constantes de 2025) para los fondos estructurales y de inversión;

29.Pide que la política de cohesión siga siendo una política diferenciada con un presupuesto específico y sólido reservado en el próximo MFP, con un importe total de 248 370 millones EUR a precios corrientes (equivalente a 222 000 millones EUR a precios constantes de 2025) para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 46 990 millones EUR a precios corrientes (equivalente a 42 000 millones EUR a precios constantes de 2025) para el Fondo de Cohesión y 11 570 millones EUR a precios corrientes (equivalente a 10 340 millones EUR a precios constantes de 2025) para Interreg; subraya que la asignación de este importe a la política de cohesión es una condición necesaria no solo para garantizar la financiación de los objetivos de cohesión a largo plazo y fomentar la convergencia, sino también para financiar los objetivos y prioridades nuevos en el marco de esta política;

30.Lamenta que las deficiencias en el MRR, que también fueron detectadas por el Tribunal de Cuentas Europeo, no hayan sido abordadas por la Comisión al proponer el Reglamento sobre los planes de CNR, y pide un enfoque de gestión compartida, en el que las autoridades locales y regionales asuman la responsabilidad de diseñar, programar, aplicar y supervisar las acciones;

31.Pide que se establezcan capítulos regionales de conformidad con el marco institucional de los Estados miembros; pide la plena participación de las autoridades regionales y locales en el diseño, el seguimiento y la aplicación de los fondos, sobre la base de la comprensión actual de la gestión compartida, la gobernanza multinivel y el principio de asociación; hace hincapié en la necesidad de recursos claramente definidos, normas de asociación y un marcado enfoque territorial, en el que las regiones actúen como autoridades de gestión, también mediante negociaciones directas con la Comisión sobre la definición de hitos y objetivos y su actuación, así como de un acceso más directo a la financiación de la Unión para las autoridades regionales y locales;

32.Destaca la necesidad de destinar un apoyo adecuado a la respuesta de la Unión a los retos demográficos; pide que se garanticen recursos adecuados, en el marco de los programas pertinentes, para las medidas que contribuyan a hacer frente a estos retos, en particular para las regiones y las zonas desfavorecidas afectadas por las disparidades regionales y el envejecimiento de la población, respetando plenamente las competencias de la Unión y el principio de subsidiariedad;

33.Recuerda los retos únicos a los que se enfrentan las regiones insulares, transfronterizas y montañosas de la Unión y pide soluciones adaptadas para abordar estas necesidades; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que se tengan debidamente en cuenta sus distintas limitaciones geográficas y realidades económicas y medioambientales en el diseño y la aplicación de los capítulos regionales;

34.Observa que la programación financiera del Mecanismo de la UE, que ofrece una mayor flexibilidad a las políticas que abarca y que es competencia exclusiva de la autoridad presupuestaria, se beneficiará de los importantes recursos financieros que se le asignan para hacer frente a crisis imprevistas;

35.Toma nota de la introducción en la propuesta de la Comisión de Catalyst Europe, que podría movilizar hasta 150 000 millones EUR en préstamos asequibles respaldados por la Unión para que los Estados miembros puedan realizar inversiones estratégicas más allá de las dotaciones nacionales asignadas; considera que este mecanismo representa un paso importante para abordar los déficits de inversión en descarbonización, digitalización y resiliencia económica; hace hincapié en que Catalyst Europe sería accesible para todos los Estados miembros y contribuiría así a la cohesión económica y social, así como a la competitividad europea.;

36.Considera que, para garantizar la aplicación plena y efectiva del artículo 349 del TFUE, se debe designar una financiación específica para las regiones ultraperiféricas en el MFP 2028-2034; pide, por tanto, un POSEI con una asignación financiera independiente suficiente para medidas específicas, incluidas la acuicultura y la pesca, que desempeñan un papel clave en la seguridad alimentaria, el empleo y el desarrollo local;

37.Hace hincapié en que el MFP 2028-2034 debe desempeñar un papel central a la hora de reducir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, apoyando a tal efecto la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, su plan de acción y sus objetivos principales; expresa su profunda preocupación por el hecho de que la disponibilidad y asequibilidad de una vivienda digna en Europa esté disminuyendo a un ritmo alarmante, en un contexto de disminución de la inversión global en la oferta de vivienda en muchos Estados miembros, y de que la financiación pública y privada se mantenga por debajo de lo necesario para satisfacer la demanda; pide un despliegue estratégico, responsable y eficiente de las inversiones en viviendas dignas, sostenibles y asequibles mediante el uso de fondos de la Unión, también a través de medidas en el marco del FEDER, y el uso de préstamos de Catalyst Europe e inversiones específicas en el marco del FEC, así como de los compartimentos nacionales de InvestEU, de manera que se pueda invertir más en vivienda y aplicar el Plan Europeo de Vivienda Asequible;

38.Pide que el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) siga siendo un programa autónomo e independiente con una dotación financiera específica de 124 190 millones EUR a precios corrientes (equivalente a 110 730 millones EUR a precios constantes de 2025) para promover la convergencia social al alza, el empleo de calidad y la igualdad de oportunidades; destaca que el FSE sigue siendo un instrumento de financiación clave para invertir en educación, empleo y desarrollo de capacidades, fomentar la igualdad y proporcionar apoyo a las personas en situaciones vulnerables y a las más necesitadas de nuestras sociedades, cumpliendo los objetivos del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales; lamenta profundamente la limitada dimensión social del Reglamento sobre planes de CNR propuesto; pide que se garantice la claridad y la previsibilidad para los beneficiarios finales y las autoridades de gestión responsables;

39.Subraya que el MFP debe apoyar la aplicación completa y rápida del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión para garantizar unas condiciones de acogida adecuadas, unos procedimientos de asilo rápidos y eficientes, la integración y los procedimientos de retorno y readmisión, respetando plenamente el Derecho internacional en materia de derechos humanos; insiste en que el próximo MFP debe proporcionar los recursos necesarios para abordar adecuadamente los principales retos de la Unión en el ámbito del asilo, la migración, la integración, la gestión de las fronteras y la seguridad interna, y la protección eficaz de las fronteras exteriores de la Unión, también en lo que respecta a la infraestructura transfronteriza, así como medidas físicas, electrónicas y de inteligencia cuándo y dónde sea pertinente; considera que la propuesta presentada por la Comisión no responde adecuadamente a estos requisitos y pide que los importes destinados a políticas de asilo y migración, gestión de fronteras y seguridad se incrementen a 38 040 millones EUR a precios corrientes (equivalente a 34 000 millones EUR en 2025 a precios constantes); pide que se amplíen los flujos de financiación directa para las autoridades locales y regionales en el Mecanismo de la UE, tomando como modelo el actual mecanismo temático del Fondo de Asilo, Migración e Integración;

40.Reconoce que todas las regiones fronterizas orientales de la Unión se enfrentan a un agravamiento de los retos económicos, sociales y de seguridad debido a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y otras amenazas geopolíticas, incluidas las amenazas híbridas; destaca la necesidad de un apoyo completo en el MFP para reforzar su defensa, preparación, resiliencia y seguridad, así como su desarrollo económico, social y territorial; pide, por tanto, una respuesta global en todos los programas de la Unión y un apoyo sostenido a escala de la Unión, incluida la asistencia financiera en el marco de los planes nacionales;

41.Acoge con satisfacción el refuerzo significativo de la rúbrica 2 (Competitividad, prosperidad y seguridad), a la que se asignan 522 200 millones EUR a precios de 2025 en el MFP 2028-2034, lo que representa el 30 % del MFP total, frente a los 224 800 millones EUR, es decir, el 17 %, del período actual; observa que esta duplicación con creces de recursos refleja el compromiso de la Unión con la investigación, la innovación, la autonomía estratégica, las infraestructuras y los sectores industriales estratégicos, la resiliencia hídrica, las tecnologías emergentes, la biotecnología, la transición ecológica y digital, las materias primas fundamentales, la seguridad energética, el espacio, la defensa, el transporte y la movilidad militar, las industrias creativas, la educación, la cultura, la democracia y los derechos fundamentales, la resiliencia económica y social, la soberanía tecnológica y el apoyo a las pymes, las empresas emergentes y las empresas en expansión; reconoce que este aumento sustancial responde a los reiterados llamamientos del Parlamento en favor de una mayor inversión en estos ámbitos y subraya que debe llevarse a cabo de manera que se garantice la coherencia estratégica y se maximice el valor añadido de la Unión;

42.Destaca que el FEC necesita ser un instrumento de financiación específico para colmar el déficit de financiación del MFP actual; subraya el papel clave del FEC a la hora de reforzar la competitividad de la Unión —entendida como la capacidad de las empresas de la Unión para competir en los mercados mundiales—, reforzar su soberanía económica e industrial, su productividad a largo plazo, su autonomía estratégica y su resiliencia, incluido el acceso a las materias primas fundamentales, y lograr la doble transición; pide, a este respecto, un presupuesto de 264 350 millones EUR a precios corrientes (equivalente a 234 000 millones EUR a precios constantes de 2025) para el FEC; insiste en que la consolidación de programas no debe reducir la transparencia ni limitar la capacidad del Parlamento para garantizar una financiación suficiente para objetivos políticos específicos; reitera que, a pesar de las fusiones de programas, las líneas presupuestarias deben seguir siendo lo suficientemente detalladas como para permitir un control parlamentario significativo y mantener la visibilidad de la financiación para prioridades concretas; considera importante garantizar que el FEC, incluidas las acciones de LIFE, se ejecute a través de mecanismos de gobernanza transparentes, de modo que se pueda hacer un seguimiento del gasto, los objetivos y los resultados y evitar una fragmentación innecesaria; recuerda su posición de que la competitividad debe fomentar el crecimiento económico, así como promover empleos de calidad, estables y bien remunerados, como se subraya tanto en el informe Draghi como en el informe Letta, y de que una mano de obra bien formada es clave para una economía europea preparada para el futuro y, por lo tanto, se necesita financiación para el reciclaje profesional y la mejora de las capacidades de la mano de obra, en particular en sectores que se enfrentan a transformaciones significativas;

43.Observa que el presupuesto de la Unión por sí solo no puede colmar el déficit de inversión y, por lo tanto, es necesario maximizar las sinergias entre la inversión pública y privada, utilizar la reducción del riesgo, los instrumentos financieros y las garantías presupuestarias como herramientas poderosas y eficaces para alcanzar los objetivos y metas políticos de la Unión, y simplificar y armonizar la arquitectura de inversión de la Unión; insiste firmemente en que es necesario contar con un instrumento InvestEU de mayor tamaño que el programa actual y disponible desde el principio, y en que el presupuesto debe proporcionar compartimentos nacionales de InvestEU más flexibles y accesibles, especialmente para las pymes; pide que se establezcan instrumentos financieros sólidos a escala de la Unión y mecanismos de riesgo compartido en el marco del FEC que puedan garantizar un flujo estable de inversión y atraer capital privado;

44.Recuerda la importancia de apoyar a las pymes, ya que son columna vertebral de la economía europea, tienen un marcado enfoque territorial y son el principal motor del crecimiento en toda la Unión; destaca la importancia de un nivel adecuado de inversión en las pymes; subraya que el presupuesto de la Unión debe permitir a las pymes acceder a la financiación con mayor rapidez y rapidez, colmar el déficit de innovación e inversión con respecto a los competidores mundiales y contribuir al crecimiento sostenible, la creación de empleo y la autonomía estratégica;

45.Destaca que la transición ecológica y digital está inextricablemente vinculada a la prosperidad, el bienestar, la sostenibilidad, el crecimiento y la competitividad de Europa a largo plazo; subraya que el éxito final de la doble transición dependerá en gran medida de garantizar que la transición sea justa e inclusiva para los trabajadores, las regiones y las empresas y contribuya a la justicia social para todos, prestando especial atención a los más vulnerables, a fin de garantizar que nadie se quede atrás; insiste, por tanto, en que el MFP 2028-2034 debe seguir apoyando la doble transición; lamenta que la propuesta de MFP 2028-2034 no incluya un instrumento autónomo y pide que se asignen fondos pertinentes en el próximo MFP para apoyar una transición justa; destaca, además, la necesidad de sinergias y complementariedad entre los fondos de la política de cohesión y el FEC;

46.Subraya la necesidad de reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa europea; recuerda que la política industrial de defensa debe ser abierta y fomentar la competencia, y que las tecnologías de doble uso, la movilidad militar y las infraestructuras críticas son pilares de la proyección geopolítica de la Unión y la disuasión europea; pide asignaciones relacionadas con la defensa claramente identificables y adecuadamente financiadas; pide que todas las inversiones pertinentes relacionadas con la defensa, también en el marco del plan de CNR, sigan criterios de admisibilidad coherentes, inclusive requisitos relacionados con un claro valor añadido europeo y coherentes con los principios de preferencia europea, interoperabilidad, seguridad del suministro y resiliencia industrial;

47.Señala que el presupuesto propuesto para Horizonte Europa sigue estando por debajo de la contribución necesaria de la Unión para alcanzar el objetivo de gasto del 3 % en investigación y desarrollo (I+D), y pide un presupuesto para Horizonte Europa de 200 000 millones EUR a precios corrientes (equivalente a 177 010 millones EUR a precios constantes de 2025); subraya que el aumento de las inversiones en investigación en innovación de la Unión, incluidas unas inversiones privadas mucho mayores, refleja la necesidad existencial de la Unión de superar la brecha de innovación con nuestros competidores mundiales y, de este modo, recuperar el crecimiento sostenible y la competitividad en Europa, ya que esto sigue siendo la base de nuestra prosperidad y es crucial para mantener nuestro modelo social; recuerda que el gasto de la Unión en I+D no puede sustituir a la inversión pública nacional sostenida en I+D; destaca que la investigación colaborativa, la competencia abierta y la excelencia científica y tecnológica deben seguir ocupando un lugar central en el programa marco, y acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de seguir apoyando específicamente las acciones de ampliación y a los países en transición con el fin de mejorar el equilibrio geográfico; subraya que el programa marco, incluidas sus acciones de ampliación, debe tener como objetivo principal fomentar la excelencia en la investigación y la innovación en toda la Unión y liberar plenamente el potencial de talento que existe en Europa;

48.Recuerda la importancia del MCE como instrumento crucial para abordar los enlaces faltantes en el sector europeo de la energía y el transporte y su contribución al fomento del crecimiento económico, el empleo y la competitividad en la Unión; observa que la transición hacia una energía limpia y la inversión estructural transfronteriza para mejorar la seguridad energética y las infraestructuras energéticas críticas en Europa son indispensables y constituyen un requisito previo para garantizar un suministro de energía seguro y asequible en toda la Unión; recuerda la importancia crucial y el valor añadido de la inversión de la Unión en el desarrollo de infraestructuras de energía limpia y en la aceleración de la modernización de la red y la interconexión transfronteriza, también para las energías renovables; acoge con satisfacción el aumento muy necesario del MCE para el transporte y la movilidad militar; observa que la financiación de las infraestructuras de transporte, así como de las soluciones de descarbonización y digitalización, depende ahora de una estrecha sincronización entre el MCE, el FEC y los planes de CNR; pide una asignación del MCE de 91 290 millones EUR a precios corrientes (equivalente a 81 000 millones EUR a precios constantes de 2025) con el fin de apoyar adecuadamente la energía, el transporte y la movilidad militar;

49.Destaca que el programa LIFE desempeña un papel central en la integración de los objetivos y compromisos medioambientales de la Unión; considera, por tanto, que las acciones apoyadas actualmente en el marco del programa LIFE, como el apoyo específico, a largo plazo y de alta calidad a la conservación de la naturaleza, la restauración de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático, la prevención de la contaminación y la gobernanza medioambiental, deben continuar de manera clara, con una financiación específica de 3 390 millones EUR a precios corrientes (equivalente a 3 000 millones EUR a precios constantes de 2025) en el marco del FEC, a fin de garantizar la previsibilidad, la estabilidad y la continuidad de la financiación, también para las autoridades locales y regionales, y de que la ejecución sobre el terreno siga siendo eficaz y visible para los beneficiarios y la ciudadanía; destaca, además, que el Mecanismo de la UE también debe aplicar acciones relacionadas con el programa LIFE para conseguir el nivel actual de financiación de este;

50.Subraya que la salud de los ciudadanos europeos sigue siendo una prioridad; destaca que una población sana y un sector sanitario fuerte son motores fundamentales de la competitividad, la resiliencia económica y el bienestar de Europa; subraya que es esencial una inversión sostenida y previsible en salud para reforzar la resiliencia de los sistemas sanitarios, mantener una mano de obra capacitada en el sector sanitario y apoyarla, reducir las desigualdades de acceso a la asistencia en todos los Estados miembros y garantizar la preparación de la Unión para futuras crisis sanitarias; expresa su profunda preocupación por la dilución del programa UEproSalud, que traslada la mayoría de las acciones de política sanitaria, prevención y refuerzo del sistema sanitario al FEC; pide, por tanto, que se asignen 10 050 millones EUR a precios corrientes (equivalentes a 8 900 millones EUR a precios constantes de 2025) de financiación en el marco del FEC para prioridades sanitarias específicas de UEproSalud;

51.Reitera que deben dedicarse recursos adecuados a la lucha contra la violencia de género y a la prestación de apoyo a los servicios de salud sexual y reproductiva, a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y a las iniciativas y los órganos de la Unión que promueven la igualdad entre las personas, con independencia de su género, edad, orientación sexual o raza; señala, a este respecto, la Comunicación de la Comisión DO C, C/2026/1383, 4.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1383/oj. a raíz de la Resolución del Parlamento, de diciembre de 2025 Textos Aprobados, P10_TA(2025)0338., sobre la iniciativa ciudadana europea (ICE) «Mi voz, mi decisión»;

52.Toma nota de la propuesta de mover la preparación frente a las crisis y la respuesta a las emergencias sanitarias del actual programa UEproSalud a las capacidades más generales de respuesta a las crisis de la Unión, complementadas con nuevas funciones y acciones intersectoriales de coordinación de crisis relacionadas con la cooperación civil-militar, que creen una protección civil europea integrada y resiliente; subraya el papel de la Unión como centro para coordinar y mejorar la preparación y las capacidades de los Estados miembros para responder inmediatamente a emergencias a gran escala y de gran impacto, y reitera su llamamiento para que se garantice una financiación adecuada para la preparación y la respuesta rápida a las crisis, garantizando que el MPCU+ siga siendo el principal marco a escala de la Unión para la respuesta a las crisis de uso general; pide un presupuesto para el MPCU de 12 420 millones EUR a precios corrientes (equivalente a 11 000 millones EUR a precios constantes de 2025);

53.Reitera que Erasmus+, como uno de los programas emblemáticos de la Unión, desempeña un papel central en la promoción de los valores europeos, la cooperación transfronteriza y la participación de los jóvenes, y recuerda que, en el contexto de los informes Draghi y Letta, el refuerzo del capital humano, la movilidad laboral y las capacidades, en especial a través de intercambios universitarios y de aprendizaje, se considera un componente esencial de la competitividad y la resiliencia de Europa; pide un presupuesto para Erasmus+ de 47 390 millones EUR a precios corrientes (equivalente a 42 000 millones EUR a precios constantes de 2025);

54.Destaca que la inversión en resiliencia democrática y vitalidad cultural forma parte integrante de la autonomía estratégica de la Unión; acoge con satisfacción, en este contexto, la propuesta de nuevo programa AgoraEU, reconociendo su ámbito de aplicación ampliado y su especial valor añadido europeo como único programa de la Unión dedicado a los sectores cultural y creativo y al pluralismo de los medios de comunicación, que también promueve la participación democrática y los valores europeos; pide un presupuesto de 10 720 millones EUR a precios corrientes (equivalente a 9 500 millones EUR a precios constantes de 2025) para AgoraEU;

55.Pide un presupuesto de 890 millones EUR a precios constantes (equivalente a 790 millones EUR a precios constantes de 2025) para el programa Justicia, incluido el apoyo a la digitalización de la cooperación judicial y el acceso a la justicia, el despliegue de nuevos instrumentos transfronterizos y las iniciativas emergentes para reducir la fragmentación jurídica transfronteriza, en especial a la luz de los retos emergentes como los delitos en línea y el discurso de odio;

56.Observa que en el MFP 2028-2034 se asignan a la rúbrica 3 (Europa global) 190 000 millones EUR a precios de 2025, lo que representa un aumento significativo con respecto a los 121 500 millones EUR del período actual, aunque sigue representando el 10 % del MFP total; considera que este refuerzo esencial de 68 500 millones EUR es crucial, ya que demuestra el compromiso de la Unión de consolidar su papel como actor mundial y socio fiable en un entorno geopolítico cada vez más complejo; expresa su preocupación, no obstante, por que este nivel de financiación siga siendo insuficiente para financiar la ayuda de preadhesión y la acción exterior dada la magnitud de los retos mundiales, como las necesidades y desigualdades crecientes en materia de desarrollo, las crisis humanitarias, un número sin precedentes de crisis, conflictos y fragilidades generales, la descarbonización, la salud a nivel mundial y la necesidad de apoyar a Ucrania y a otros socios; considera necesario, por tanto, aumentar la dotación presupuestaria del instrumento Europa Global a 225 000 millones EUR a precios corrientes (equivalente a 198 630 millones EUR a precios constantes de 2025);

57.Lamenta la falta de objetivos temáticos que abarquen ámbitos críticos, lo que permitiría a los colegisladores establecer prioridades estratégicas; subraya la necesidad de implicar a los interlocutores de la sociedad civil, así como a los agentes locales y regionales; destaca que este aumento de la asignación es esencial para afianzar a la Unión como actor mundial creíble; pide los fondos necesarios para apoyar los procesos de ampliación y adhesión y promover y defender los valores e intereses de la Unión en todo el mundo, también a través de asociaciones mutuamente beneficiosas; destaca que una financiación predecible y adecuada respalda la estabilidad, la resiliencia y el desarrollo sostenible, y contribuye a abordar las causas profundas de la migración mediante el fomento de las oportunidades económicas, una educación y formación profesional de calidad y la creación de empleo en los países socios, reforzando así la seguridad a largo plazo; pide que se negocien disposiciones en el marco del procedimiento legislativo pertinente para garantizar que la ejecución de los fondos de la Unión en el marco del instrumento Europa Global no ignore las violaciones persistentes de los derechos humanos en los países socios, y recuerda los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia de la ayuda humanitaria y al desarrollo;

58.Advierte de que la fusión de programas podría dar lugar, una vez más, a un debilitamiento del control y la participación parlamentarios y a una menor visibilidad de la financiación para prioridades específicas, como ocurrió con el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional (IVCDCI) – Europa Global; pide mecanismos claros y significativos de rendición de cuentas e información en el marco de Europa Global; insiste en que los pilares, así como los programas temáticos, los países y los instrumentos dentro de ellos, incluidos los fondos de preadhesión, mantengan líneas presupuestarias claras y separadas para garantizar la transparencia en las asignaciones y que las solicitudes de transferencias dentro de los pilares de un importe significativo estén sujetas a la aprobación previa del Parlamento; considera esencial permitir que las liberaciones de créditos en el marco de Europa Global vuelvan a la línea presupuestaria de origen; estima necesario que la Comisión proporcione un desglose claro entre financiaciones programables y no programables, y recuerda que Europa Global debe estar compuesta principalmente por acciones de programas geográficos;

59.Recuerda que la ayuda humanitaria, con una financiación específica, protegida y ejecutada de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo sobre la ayuda humanitaria Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria (DO L 163 de 2.7.1996, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1257/oj)., sigue siendo la expresión de solidaridad más visible y basada en principios de Europa, y debe seguir defendiendo los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia; reitera su posición de que el carácter fundamentado en principios y basado en las necesidades de la ayuda humanitaria exige que su financiación previsible se proporcione a través de un marco coherente con una base de referencia anual dotada de los recursos adecuados y con una nomenclatura específica, complementada con una reserva adecuada para responder a las acciones de emergencia;

60.Hace hincapié en la importancia de garantizar el acceso a la reserva dentro de la reserva de Europa Global, que debe estar disponible además y al margen de la asignación indicativa de 25 000 millones EUR para refuerzos en caso de necesidades imprevistas, que están aumentando debido a factores como el cambio climático; pide que los 25 000 millones EUR para la ayuda humanitaria durante el período 2028-2034 se considere un requisito mínimo garantizado y no un límite máximo, habida cuenta del aumento en el número y la duración de las crisis humanitarias;

61.Acoge con satisfacción que la movilización de la reserva de Europa Global vaya a cambiar en comparación con el IVCDCI – Europa Global, de manera que, en el marco del próximo MFP y las normas del Reglamento Financiero Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2024, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj)., cualquier movilización superior al 10 % de la asignación anual tendrá que ser aprobada por el Parlamento y el Consejo; insiste, no obstante, en sus anteriores llamamientos para que la Comisión informe al Parlamento a su debido tiempo antes de cualquier movilización de la reserva y tenga en cuenta sus observaciones sobre la naturaleza, los objetivos y los importes financieros previstos;

62.Subraya que dotar de recursos suficientes al instrumento Europa Global es esencial para la coherencia de la acción exterior de la Unión y para que esta actúe como un socio fiable y a largo plazo en pie de igualdad con los países socios; reafirma que las asignaciones en el marco de Europa Global deben ajustarse al objetivo de la política de cooperación al desarrollo de la Unión, tal como se contempla en el artículo 208 del TFUE, a saber, la reducción y, a largo plazo, la erradicación de la pobreza, así como al Consenso Europeo en materia de Desarrollo y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

63.Pide mecanismos significativos de rendición de cuentas e información; manifiesta su preocupación por el uso generalizado de «financiación no vinculada a los costes» en la aplicación del Pilar de Europa a través de planes basados en el rendimiento e insiste en que estos fondos deben desembolsarse sobre la base del cumplimiento de los fundamentos del proceso de ampliación, incluido el Estado de Derecho;

64.Considera que la ampliación representa una oportunidad para reforzar la Unión y que el próximo MFP es fundamental para preparar a la Unión y a los países candidatos para su adhesión; acoge con satisfacción la decisión de conceder a Ucrania y a la vecina República de Moldavia el estatuto de país candidato; insiste en la necesidad de desplegar los fondos necesarios para apoyar sus procesos de adhesión y los de los países de los Balcanes Occidentales; acoge con satisfacción el compromiso de Europa Global de proporcionar un apoyo financiero sólido a los países candidatos como instrumento clave para integrarlos firmemente en la Unión y avanzar en su preparación para la adhesión; pide que se garantice una asignación específica para cada país candidato con líneas presupuestarias específicas;

65.Reitera su pleno apoyo a los ucranianos en su lucha por la libertad y la democracia y lamenta el terrible sufrimiento y el impacto derivados de la guerra de agresión no provocada e injustificada de Rusia; acoge con satisfacción el hecho que la propuesta de ejecutar el préstamo de apoyo a Ucrania se haya aprobado como parte del apoyo de la Unión a Ucrania; subraya que los costes del servicio de la deuda derivados de los empréstitos para el préstamo de apoyo a Ucrania no se tuvieron en cuenta en las propuestas para el próximo MFP; insiste en que estos costes del servicio de la deuda se sitúen en su totalidad por encima de los límites máximos del próximo MFP y al margen de la financiación ya prevista en el marco de la Reserva para Ucrania;

66.Observa con preocupación la disminución del objetivo de ayuda oficial al desarrollo (AOD) del 93 % al 90 % en la propuesta de la Comisión; subraya que la Comisión no debe poder modificar este objetivo mediante actos delegados;

67.Destaca la necesidad de garantizar una financiación suficiente para la política común de seguridad y defensa (PCSD) y la Capacidad de Despliegue Rápido; destaca que las misiones civiles de la PCSD son estratégicas para la Unión, y apoya los intereses de seguridad y los objetivos de acción exterior de la Unión, así como los de sus socios; pide, por tanto, una asignación de 3 760 millones EUR a precios corrientes (equivalente a 3 340 millones EUR a precios constantes de 2025) para el presupuesto de la política exterior y de seguridad común, que abarca la PCSD;

68.Subraya que los países y territorios de ultramar representan activos únicos y estratégicos que benefician al conjunto de la Unión; cree que la asignación propuesta por la Comisión no se corresponde con los desafíos a los que se enfrentan los países y territorios de ultramar y pide que una asignación de 2 080 millones EUR a precios corrientes (equivalente a 1 850 millones EUR a precios constantes de 2025), teniendo también en cuenta las recientes amenazas a la integridad territorial de Groenlandia, con quien cooperar puede ayudar significativamente a la Unión a aumentar su autonomía estratégica;

69.Insiste en que la financiación de la Unión para la prevención de conflictos, la consolidación de la paz y la reconstrucción posterior a los conflictos constituye una inversión directa en la estabilidad y la seguridad a largo plazo de la Unión, en particular en su vecindad oriental y meridional; elogia el papel de las Naciones Unidas y sus agencias en las zonas de conflicto y pide a la Unión que refuerce su apoyo político y financiero al multilateralismo; pide que el próximo MFP proporcione una financiación específica, adecuada y previsible a las Naciones Unidas y sus agencias, cuya labor reviste una importancia fundamental para la población civil, en particular en Gaza, Cisjordania, Siria, el Líbano y la región en general; hace un llamamiento a la Unión para que desempeñe un papel activo en la consolidación de la paz y en la lucha contra las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Gaza, y que apoye los esfuerzos de reconstrucción; solicita financiación específica a este respecto en el MFP; subraya que toda la financiación de la Unión debe ser acorde a sus valores y normas, en particular el Reglamento Financiero;

70.Pide que se siga proporcionando recursos a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y que se vele por una relación significativa con ellas —especialmente con los agentes locales y las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres— y por un diálogo estructurado respaldado por flujos de financiación específicos, adaptados a las necesidades de las OSC y de los defensores de los derechos humanos; pide que se ejecute la financiación de la acción exterior, teniendo en cuenta al mismo tiempo el papel fundamental de los gobiernos locales y regionales gracias a una gobernanza multinivel y unas asociaciones eficaces, claras y coherentes;

71.Insiste en que el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) debe reconocerse como principal socio financiero estratégico de la Unión dentro de la arquitectura de Europa Global para maximizar el impacto de los recursos de la rúbrica 3; pide una asociación de inversión sólida con el BEI para sacar partido al presupuesto de la Unión, movilizar la inversión privada y mejorar el marco de garantía presupuestaria y financiación mixta, garantizando la consecución efectiva de los objetivos del instrumento, en particular en relación con la competitividad y la resiliencia, y promoviendo el acceso del sector privado a la financiación en los países socios; reconoce el papel complementario de otros socios ejecutantes, como los bancos e instituciones nacionales de fomento, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa;

72.Subraya la necesidad de que las políticas de la Unión se apoyen en una administración que funcione correctamente; insiste en que, después de 2027, se asignen desde el principio durante el período del MFP personal y recursos financieros suficientes para que las instituciones, los órganos, los organismos y las agencias descentralizadas de la Unión y la Fiscalía Europea, sobre todo cuando se amplíen sus mandatos, puedan garantizar una elaboración, una aplicación y una ejecución de alta calidad de políticas eficaces y eficientes, proporcionar asistencia técnica, seguir atrayendo a las mejores personas de todos los Estados miembros, garantizando así el equilibrio geográfico, y disponer de margen de maniobra para adaptarse a las circunstancias cambiantes; subraya la necesidad de garantizar el equilibrio de género en la administración a todos los niveles;

73.Pide a la Comisión que facilite información adicional sobre la financiación y el personal para la descentralización de la Unión en el próximo MFP; considera que, respecto de algunas agencias, la propuesta de financiación y personal estables seguirá mermando su capacidad para cumplir sus mandatos; reitera la posición mantenida desde hace tiempo por el Parlamento de que las nuevas tareas deben financiarse con nuevos créditos, y que las reasignaciones desde programas y otras prioridades deben tener carácter excepcional; reconoce la necesidad de evaluar y evitar posibles solapamientos o duplicaciones entre agencias y de identificar oportunidades de sinergias y cooperación con el fin de garantizar que los recursos se asignen de manera eficiente;

74.Observa con preocupación que la dotación de personal estable autoimpuesta por la Comisión ha demostrado ser contraproducente para cumplir los requisitos operativos; reconoce que, para el MFP 2028-2034, la Comisión ha solicitado puestos adicionales, en particular en lo que respecta a los requisitos de ciberseguridad en términos de personal; insiste en que deben tenerse en cuenta las necesidades de personal de todas las instituciones y órganos a la hora de crear puestos adicionales; destaca la situación especialmente alarmante en la que se encuentran algunas agencias de la Unión que reciben una financiación operativa insuficiente, lo que limita gravemente su capacidad para cumplir sus mandatos, respetar el Reglamento por el que se establecen medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión Reglamento (UE, Euratom) 2023/2841 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2023 por el que se establecen medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión (DO L, 2023/2841, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj). y alcanzar los objetivos políticos y su aplicación, así como sus obligaciones reglamentarias; destaca que, a la luz de los crecientes retos que deben abordarse, las instituciones y órganos de la Unión deben ofrecer un entorno de trabajo atractivo para garantizar aplicaciones de talento de alto nivel;

75.Destaca la importancia del sistema de escuelas europeas como modelo emblemático que establece normas educativas comunes estrictas en todos los Estados miembros y ofrece una cualificación reconocida internacionalmente que promueve la excelencia académica, la movilidad de los estudiantes y una identidad europea compartida; pide, por tanto, un apoyo y una financiación previsible para cubrir los costes estructurales a largo plazo y las responsabilidades más amplias que actualmente no están cubiertos, y para garantizar su visibilidad, transparencia y seguridad presupuestaria;

76.Asume que la propuesta de la Comisión refleja debidamente las necesidades reales de todas las instituciones, órganos y organismos y, por este motivo, no propone un aumento adicional; tiene la plena intención, no obstante, de defender la propuesta de la Comisión y de garantizar la financiación necesaria para lograr una administración pública europea fuerte, eficiente y de alta calidad, basada en el principio de igualdad de los ciudadanos de la Unión, al servicio de todos los europeos;

77.Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de que se constituya un Instrumento de Flexibilidad no solo con un importe fijo, sino también con fondos adicionales procedentes de los ingresos relacionados con multas y liberaciones de créditos; considera, a la luz de su posición de 7 de mayo de 2025, que el Instrumento de Flexibilidad debe recibir fondos de fuentes adicionales, a saber, los márgenes no utilizados de ejercicios anteriores, el superávit anual del ejercicio anterior y los reflujos de instrumentos financieros, junto con los márgenes futuros como último recurso; considera asimismo que debe recibir una financiación inicial importante; reclama una simplificación y racionalización de los procedimientos en la movilización de los instrumentos especiales, por lo que considera obsoleta la existencia del Instrumento de Margen Único y pide que sus características se incorporen al Instrumento de Flexibilidad; considera que los ingresos afectados externos y los importes reconstituidos con arreglo a las normas concretas en materia de ingresos y liberación de créditos previstas en las disposiciones específicas de los programas podrían quedar exentos de esta norma general;

78.Reitera que debe existir un segundo instrumento especial, la Reserva de Solidaridad para Catástrofes Naturales, por un importe de 4 000 millones EUR anuales a precios constantes de 2025, que se movilice por encima de los límites máximos del MFP, dedicado a garantizar la solidaridad en caso de catástrofes naturales, que debe complementar el mecanismo en cascada propuesto para las situaciones de crisis y debe regirse por normas que permitan un desembolso rápido y, en su caso, mecanismos de prefinanciación en clara coordinación con todos los instrumentos pertinentes, incluido el MPCU+, contribuyendo así a la resiliencia y la preparación ante las crisis; considera que ambos instrumentos especiales deben poder prorrogar los importes no gastados a lo largo de todo el período del MFP, con el fin de garantizar flexibilidad;

79.Observa que la Comisión propone destinar 88 000 millones EUR a la Reserva para Ucrania en el marco del Reglamento del MFP para financiar la ayuda de preadhesión y los esfuerzo de recuperación y reconstrucción; considera que este importe podría proporcionar un apoyo sustancial; acoge con satisfacción la inclusión de la Reserva para Ucrania por encima de los límites máximos del MFP para atender a las necesidades excepcionales e imprevisibles de Ucrania; observa, no obstante, que, en caso de que continúe el conflicto, esta asignación sería insuficiente para satisfacer las necesidades de Ucrania; pide un aumento y una consignación anticipada de la Reserva, con vistas a prestar apoyo adicional a Ucrania; destaca que la estructura de financiación de Ucrania debe seguir siendo coherente, transparente y eficaz, apoyando plenamente la senda de adhesión del país y distinguiendo claramente entre la ayuda de preadhesión y las necesidades de reconstrucción;

80.Recuerda que el actual MFP ha recibido una financiación insuficiente, lo que requirió una revisión del MFP en 2024; observa que, si bien existe una mayor flexibilidad en la propuesta de MFP 2028-2034, los importes totales de la propuesta de la Comisión siguen siendo insuficientes;

81.Lamenta que la propuesta de Reglamento del MFP no incluya una cláusula de revisión intermedia; insiste en que el Reglamento del MFP debe exigir a la Comisión que presente un examen del funcionamiento del MFP, a más tardar en julio de 2031, que tenga plenamente en cuenta la situación económica en ese momento, así como las últimas previsiones macroeconómicas y de empleo y los acontecimientos mundiales pertinentes; opina también que este examen obligatorio debe ir acompañado, si procede, de una propuesta legislativa con miras a la revisión del presente Reglamento de conformidad con los procedimientos establecidos en el TFUE; subraya que una revisión de este tipo no debe reducir las dotaciones nacionales preasignadas, tal como se establece en el Reglamento sobre planes de CNR;

82.Recuerda que las elecciones europeas tendrán lugar en 2034; considera que la fecha de publicación de la propuesta para el siguiente Reglamento del MFP, es decir, el 1 de julio de 2033, es significativamente posterior al habitual en el ciclo de vida del MFP; pide que la propuesta para el MFP posterior a 2034 se publique a más tardar en julio de 2032;

83.Toma nota del discurso de la Comisión de que sus propuestas pretenden aumentar la flexibilidad y la simplificación en el próximo MFP; reconoce que la flexibilidad es esencial para responder a retos imprevistos, pero insiste en que no puede usarse a expensas de la rendición de cuentas, la previsibilidad, la transparencia y la coherencia de las políticas; advierte de que la flexibilidad sin transparencia ampliaría el déficit en materia de rendición de cuentas democrática y socavaría la confianza ciudadana en la Unión;

84.Lamenta que las propuestas de simplificación de la Comisión beneficien principalmente a sus propios procesos en lugar de a los beneficiarios finales, lo que agrava el déficit democrático en la Unión; recuerda que el Parlamento ha defendido sistemáticamente la simplificación para los beneficiarios finales, entre otras cosas reduciendo la carga administrativa para acceder al presupuesto de la Unión y aumentando la eficiencia del gasto; insiste en que la simplificación no debe comprometer la calidad del programa o la rendición de cuentas democrática ni utilizarse como pretexto para socavar la gobernanza multinivel y los principios de asociación o el diálogo constructivo con partes interesadas y socios sociales clave, dado que tener en cuenta su correcta aplicación aumentará la eficacia del gasto de la Unión y resultará esencial para el éxito del MFP; comparte la preocupación del Tribunal de Cuentas sobre que el enfoque de la Comisión dará lugar a una simplificación en relación con las interacciones de la Comisión con los Estados miembros, al tiempo que aumentará o desplazará la carga administrativa a los niveles nacional, regional y de beneficiario; subraya que la simplificación requerirá, en la medida de lo posible, la armonización de las normas y los requisitos de información entre los niveles de la Unión, de los países y de las regiones; subraya que el Parlamento establecerá todos los mecanismos de transparencia necesarios para desempeñar su papel de guardián de los intereses de los ciudadanos;

85.Cree que la propuesta actual de planes de CNR podrían dar lugar a la «renacionalización» de algunas políticas de la Unión, debido a la ausencia de un enfoque horizontal y a una mayor flexibilidad concedida a los Estados miembros a la hora de ejecutar el presupuesto de la Unión conforme a un enfoque nacional; hace un llamamiento para velar por que el presupuesto siga siendo un presupuesto de inversión que se centre en el valor añadido europeo y garantice un enfoque horizontal sólido;

86.Subraya que el uso generalizado de instrumentos de flexibilidad y basados en el rendimiento en el próximo MFP debe ir acompañado de una gobernanza multinivel reforzada; considera que la participación significativa de las autoridades locales y regionales y de los socios sociales y económicos en el diseño, la ejecución y el seguimiento de las acciones financiadas por la Unión es esencial para contrarrestar la aplicación centrada en la Comisión, reducir el déficit de rendición de cuentas democrática y garantizar que el gasto responda a necesidades territoriales reales; insiste en que dichos instrumentos deben ir acompañados de un control adecuado por parte de representantes electos a escala de la Unión, nacional y regional, cuando proceda, y en que debe preservarse la función presupuestaria y de aprobación de la gestión del Parlamento;

87.Recuerda que el Tribunal de Cuentas constató que el denominado modelo basado en el rendimiento, construido a partir de la experiencia del MRR, reveló debilidades en cuanto a su diseño, su aplicación y su eficacia; observa con preocupación que las propuestas del MFP incluyen un uso generalizado de la financiación no vinculada a los costes para una parte sustancial de los instrumentos en el marco del próximo MFP; expresa su profunda preocupación por un cambio tan importante hacia un nuevo modelo de ejecución; llama la atención sobre el hecho de que, sin salvaguardias adecuadas para garantizar una buena gestión financiera en la ejecución de la financiación de la Unión o medidas claras para abordar las deficiencias detectadas en instrumentos anteriores o existentes basados en el rendimiento, este enfoque conlleva riesgos sustanciales y debilita la auditabilidad; destaca que es necesario encontrar una solución para abordar las divergencias entre las estimaciones de costes relacionadas con los hitos y objetivos y los costes reales de los proyectos, ya que esta falta de armonización amenaza con socavar la aplicación de las políticas acordadas a nivel de la Unión; considera que cualquier posible aumento de la eficiencia no puede ir en detrimento de la protección de los intereses financieros de la Unión; subraya, en particular, que los proyectos complejos y a gran escala deben seguir basándose en los costes, ya que su alcance, duración y financiación multinivel exigen una información financiera detallada y datos de gasto comprobables a fin de garantizar un seguimiento y una rendición de cuentas adecuados; pide mantener y ampliar el uso de opciones de costes simplificados —en particular para las inversiones de pequeña o mediana escala—, pues son herramientas eficaces y proporcionadas para reducir las cargas administrativas, aumentar la accesibilidad para los beneficiarios de menor tamaño y mantener la rendición de cuentas y la trazabilidad en el uso de los fondos de la Unión;

88.Insiste en que los datos sobre los costes incurridos deben seguir estando a disposición de la autoridad de aprobación de la gestión a fin de verificar la eficiencia y el valor cualitativo del presupuesto de la Unión; advierte de que, sin transparencia en los costes, el control parlamentario corre el riesgo de convertirse en un ejercicio formalista incapaz de salvaguardar la buena gestión financiera del presupuesto; pide a la Comisión que garantice un seguimiento sistemático de las conclusiones y recomendaciones del Tribunal de Cuentas;

89.Insiste en la necesidad de una mayor coherencia en el seguimiento y la ejecución de los programas de gasto de la Unión y en la integración de objetivos y compromisos importantes de la Unión; subraya la propuesta de Reglamento sobre el rendimiento como un primer paso para establecer un marco horizontal de seguimiento de los gastos y de control del rendimiento para el presupuesto que intente reducir la carga administrativa; considera que, si se aplica adecuadamente, este enfoque puede ayudar a reforzar la supervisión democrática; destaca que una inclusión exhaustiva de los principios horizontales en un marco único permitiría realizar un seguimiento significativo y reflejaría mejor las prioridades políticas de la Unión; insiste en que el marco de rendimiento debe dar prioridad a los indicadores de impacto que midan los resultados reales para los ciudadanos; destaca que la propuesta de Reglamento sobre el rendimiento debe garantizar que los indicadores de notificación sean obligatorios cuando sea pertinente y comparables en todos los Estados miembros y modos de gestión; advierte de que, sin esta comparabilidad, la autoridad de aprobación de la gestión no podrá evaluar la eficacia relativa ni detectar los programas con resultados deficientes; subraya que los indicadores de rendimiento deben derivarse explícitamente de los objetivos de cada programa y reflejar las realizaciones, los resultados y las repercusiones; hace hincapié en que el gasto relacionado con el clima debe integrarse en el MFP para supervisar y seguir con precisión la financiación y sus efectos;

90.Destaca que el presupuesto de la Unión desempeña un papel crucial en el apoyo a los valores fundamentales de la Unión de democracia y pluralismo, consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea; acoge con satisfacción la Estrategia de la Unión para la sociedad civil recientemente publicada, que reconoce el importante papel de las OSC a la hora de proporcionar asesoramiento, apoyo y conocimientos especializados en el desarrollo y la aplicación de la legislación y las políticas de la Unión; subraya, a este respecto, la necesidad de garantizar una financiación a largo plazo, previsible y suficiente para las OSC;

91.Recuerda que, tal como exige el Reglamento Financiero, los programas y las actividades deben ejecutarse, cuando sea viable y adecuado y de conformidad con las normas sectoriales pertinentes, para alcanzar sus objetivos establecidos, respetando al mismo tiempo las condiciones de trabajo y empleo en virtud del Derecho nacional aplicable, el Derecho de la Unión, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y los convenios colectivos, teniendo en cuenta el principio de igualdad de género y sin causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales de la Unión;

92.Destaca que toda la financiación debe estar en consonancia con las orientaciones de la Comisión sobre la financiación de actividades relacionadas con el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y el cumplimiento de la legislación de la Unión; recuerda, a este respecto, la declaración de la Comisión, de 1 de abril de 2025, sobre el programa LIFE actual;

93.Toma nota de la estructura general de cuatro rúbricas del MFP, tal como propone la Comisión, frente a las siete rúbricas del MFP actual; observa con preocupación que la Comisión propone reducir el número de programas de la Unión de 60 a 19, lo que introduce una falta de claridad entre los objetivos y la nomenclatura presupuestaria y debilita la transparencia y la rendición de cuentas; subraya que la posición del Parlamento sobre la estructura de estos nuevos programas del MFP se determinará durante el procedimiento de codecisión para los actos legislativos sectoriales pertinentes; insiste en que la nomenclatura presupuestaria propuesta y los importes asignados a cada línea presupuestaria deben reflejar los objetivos específicos de cada programa y dentro de cada programa, con vistas a garantizar la transparencia, la previsibilidad y la rendición de cuentas y proporcionar a la autoridad presupuestaria la información necesaria para establecer el presupuesto anual y supervisar su ejecución;

94.Deplora, en este sentido, que la nomenclatura presupuestaria propuesta en la legislación sectorial sea lamentablemente inadecuada; subraya que la simplificación de la estructura presupuestaria no debe ir en detrimento de la transparencia ni de la capacidad de la autoridad presupuestaria para ejercer un control eficaz y tomar decisiones con conocimiento de causa; insiste en que la nomenclatura debe mantener un nivel de detalle suficiente para reflejar los objetivos de los programas establecidos en los actos de base, preservar la visibilidad de las acciones de la Unión en todos los objetivos y prioridades políticos y permitir que el Parlamento ejerza plenamente su función de control; reclama una nomenclatura más detallada que habilite un procedimiento presupuestario anual significativo, proyectos de presupuestos rectificativos y un procedimiento de aprobación de la gestión; reitera que el procedimiento presupuestario anual es el principal mecanismo democrático para asignar fondos dentro del MFP;

95.Observa que las transferencias presupuestarias en virtud del Reglamento Financiero ya ofrecen flexibilidad durante la ejecución presupuestaria; destaca que, en la actualidad, la Comisión puede transferir cantidades considerables entre ámbitos políticos sin la aprobación de la autoridad presupuestaria, lo que limita la supervisión; pide, a falta de una estructura presupuestaria suficientemente detallada, nuevas normas que establezcan tanto un importe como un porcentaje máximos por línea presupuestaria para las transferencias sin aprobación; considera que, como medida de simplificación, las transferencias procedentes de otras instituciones de la Unión por un importe inferior a un determinado umbral podrían quedar exentas del procedimiento de oposición;

96.Hace hincapié en la necesidad de una gobernanza sólida que garantice la rendición de cuentas, la supervisión y el control parlamentarios, junto con una arquitectura eficaz de lucha contra el fraude; manifiesta asimismo su preocupación por la manera en que la Comisión obtendrá garantías suficientes a escala de la Unión sobre la legalidad y regularidad del gasto, recordando que esta garantía clara es indispensable para que el Parlamento ejerza su función de autoridad de aprobación de la gestión; rechaza cualquier enfoque que limite el Parlamento a una función consultiva o exclusivamente informativa en la movilización de cualquier instrumento o fondo en el marco del próximo MFP; subraya que la flexibilidad presupuestaria no debe eludir las prerrogativas de la autoridad presupuestaria y que todas las reasignaciones, reprogramaciones y movilizaciones de colchones u otras reservas deben estar sujetas a la aprobación del Parlamento; considera que una verdadera flexibilidad requiere tanto capacidad de respuesta rápida como legitimidad democrática, lo que solo puede lograrse mediante la plena participación del Parlamento en las decisiones sobre la asignación y el uso de los recursos;

97.Expresa su preocupación por la falta de previsibilidad de la financiación de la Unión que podría derivarse de mecanismos de flexibilidad excesivos y reasignaciones periódicas; reconoce la necesidad de una mayor flexibilidad en la asignación de recursos dentro de determinados programas, pero subraya que esto no debe comprometer los objetivos políticos a largo plazo, la previsibilidad de la financiación o las prerrogativas del Parlamento; subraya que, si bien el MFP actual ha tenido una flexibilidad insuficiente para adaptarse a la evolución de las prioridades, el próximo MFP debe lograr un mejor equilibrio entre la previsibilidad y la adaptabilidad de las inversiones; hace hincapié en que determinados ámbitos políticos requieren una mayor estabilidad de la financiación que otros; rechaza firmemente las reasignaciones periódicas como medio para financiar las prioridades de la Unión, ya que socavan la ejecución de los programas y ponen en peligro la consecución de los objetivos políticos acordados;

98.Toma nota del aumento propuesto de los empréstitos y préstamos en el marco del próximo MFP; considera que la autoridad presupuestaria debe supervisar cuidadosamente el impacto de este enfoque en el margen de maniobra del MFP u otras garantías; pide que las operaciones de empréstito y préstamo respeten las competencias de los colegisladores y de la autoridad presupuestaria;

99.Reitera su llamamiento en favor de una asociación de inversión reforzada con el Grupo BEI para sacar el mayor partido al presupuesto de la Unión, movilizar la inversión privada y reducir el riesgo en ámbitos políticos importantes como el clima, la competitividad, la vivienda, el emprendimiento social y la innovación, la defensa y la dimensión exterior; destaca que esta y otras asociaciones similares con socios ejecutantes que saquen partido al presupuesto de la Unión en todas las áreas políticas y reduzcan el riesgo de las inversiones cuando sea pertinente deben mantener instrumentos adaptados para facilitar el acceso de las pymes, las empresas de mediana capitalización y los consorcios transfronterizos, al tiempo que garantizar una gobernanza sólida, la transparencia y el valor añadido europeo; reitera la importancia de destinar a las autoridades de ejecución una financiación adecuada para la asistencia técnica, desarrollada conjuntamente por el BEI y la Comisión, con el fin de contribuir a garantizar la ejecución oportuna y la adicionalidad de las inversiones, en particular mediante el desarrollo de la capacidad administrativa y de carteras de inversión, y pide una financiación adecuada para garantizar la continuidad del impacto;

100.Reitera su posición, mantenida desde hace tiempo, de que todo el gasto a escala de la Unión debe incluirse en el ámbito de competencias de la autoridad presupuestaria, garantizando así el control democrático, la transparencia y la protección de los intereses financieros de la Unión;

101.Hace hincapié en que, en aras de obtener la aprobación del Parlamento, todos los aspectos del MFP, especialmente los elementos presupuestarios, deben considerarse como un paquete y ser objeto de auténticas negociaciones; reitera su objeción a la forma en que se adoptaron los Reglamentos actuales y anteriores del MFP, ya que el Consejo Europeo se extralimita en su función al predeterminar múltiples elementos, como las dotaciones financieras y las disposiciones específicas de las políticas, lo que vulnera las disposiciones del Tratado tanto en cuanto al espíritu como al objetivo; expresa su profunda preocupación por el hecho de que los «marcos de negociación» preliminares elaborados por la Presidencia del Consejo reproduzcan esta metodología deficiente, pues incorporan cuestiones que pertenecen al procedimiento de codecisión durante la elaboración de la nueva legislación relativa los programas de la Unión;

102.Expresa su profunda preocupación por las características generales de concepción de los programas y las propuestas sectoriales que transfieren las decisiones políticas y presupuestarias esenciales del acto de base a los programas de trabajo, lo que debilita significativamente la función legislativa del Parlamento; muestra su firme oposición a la transferencia de elementos legislativos fuera de los Reglamentos sectoriales, excluyendo así al Parlamento de las decisiones que se toman actualmente con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y creando inseguridad jurídica para los beneficiarios;

103.Insiste en que todas las opciones políticas sustantivas, como los objetivos de los programas, las prioridades de gasto, las asignaciones financieras, los porcentajes de financiación, los criterios de admisibilidad, selección y adjudicación, las condiciones, las definiciones y los métodos de cálculo, deben determinarse en los actos de base pertinentes, respetando plenamente las prerrogativas del Parlamento como colegislador y autoridad presupuestaria, y no en el programa de trabajo o atribuciones similares; pide que las opciones políticas, los objetivos y los aspectos de gobernanza se decidan en los actos de base y que todo elemento adicional que no sea esencial y que no esté incluido en el acto de base se adopte exclusivamente por medio de actos delegados, y rechaza cualquier uso de actos de ejecución u otros procedimientos que no estén sujetos a la aprobación del Parlamento; exige, a este respecto, que todos los programas de trabajo plurianuales y anuales se adopten mediante actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del TFUE, para garantizar la participación sistemática del Parlamento en la toma de decisiones políticas y el control; rechaza categóricamente cualquier intento de relegar las decisiones políticas estratégicas a los procedimientos de comitología u otros mecanismos; advierte de que el Parlamento no aceptará ninguna propuesta que no garantice sus plenas competencias legislativas y de supervisión; subraya que la reducción del nivel de detalle de los actos de base podría dar lugar a que decisiones políticas importantes se trasladen a la fase de ejecución y, por lo tanto, se debilite la rendición de cuentas democrática y se margine el papel del Parlamento en las decisiones políticas, con importantes implicaciones políticas y presupuestarias;

104.Destaca que el amplio alcance de los objetivos de los Reglamentos sectoriales propuestos requiere un procedimiento de evaluación revisado para los proyectos piloto y las acciones preparatorias con el fin de salvaguardar el ya limitado derecho de iniciativa del Parlamento; considera que unos criterios más claros y unos procedimientos racionalizados son esenciales para garantizar que el Parlamento pueda seguir poniendo en marcha acciones innovadoras y probando nuevos enfoques políticos en las rúbricas 1, 2 y 3; insiste en que la ampliación del ámbito de aplicación de los programas no debe reducir la capacidad del Parlamento para proponer proyectos piloto y acciones preparatorias en ámbitos políticos específicos;

105.Destaca que el cumplimiento de los valores de la Unión y los derechos fundamentales es un requisito previo esencial para acceder a los fondos de la Unión; subraya la necesidad de mantener unos vínculos firmes entre el respeto del Estado de Derecho y el acceso a los fondos de la Unión en el marco del MFP 2021-2027; considera que la protección de los intereses financieros de la Unión está intrínsecamente vinculada al respeto del Estado de Derecho y los valores de la Unión; destaca que el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión (DO L 433 I de 22.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj). ha sido una herramienta clave para la protección de los intereses financieros de la Unión contra las violaciones del Estado de Derecho, y que debe aplicarse siempre que se cumplan sus condiciones jurídicas a todo el presupuesto de la Unión, incluidos los instrumentos basados en el rendimiento, así como la financiación proporcionada en virtud del artículo 122 del TFUE; pide a la Comisión y al Consejo que apliquen el Reglamento de forma estricta y coherente y adopten medidas sin demoras indebidas cuando sea necesario;

106.Insiste en que el próximo MFP debe incluir un conjunto de herramientas integrado y coherente para los valores de la Unión que abarque la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en todos los fondos de la Unión; expresa su preocupación por las duplicaciones y solapamientos con el mecanismo de condicionalidad introducido en particular por los planes de CNR, y solicita un marco unificado, coherente y exhaustivo en todos los programas de financiación de la Unión, en plena consonancia con el Reglamento sobre condicionalidad, que abarque tanto las condiciones favorables que deben cumplirse para acceder a la financiación de la Unión como las medidas para retener fondos cuando dejen de cumplirse las condiciones pertinentes; pide a la Comisión que consolide todos los instrumentos del Estado de Derecho en un marco unificado y exhaustivo que establezca criterios de aplicación claros, objetivos y transparentes y la manera en que la Comisión garantizará la coordinación entre estos instrumentos;

107.Pide que se retengan los fondos de la Unión cuando no se cumplan los requisitos esenciales y que los fondos inmovilizados solo se liberen a los Estados miembros afectados una vez que hayan aplicado plenamente reformas significativas y demostrado de forma verificable el cumplimiento del Estado de Derecho en la práctica teniendo en cuenta los informes sobre el Estado de Derecho; destaca que las decisiones de suspender o reducir la financiación de la Unión por violaciones del Estado de Derecho deben basarse en criterios objetivos, aplicarse de manera consistente y no obedecer a otras consideraciones ni ser el resultado de negociaciones;

108.Reconoce que la Comisión propone, en el contexto de los planes de CNR, la posibilidad de poner de nuevo a disposición de los programas en régimen de gestión directa o indirecta la financiación liberada debido a la falta de medidas correctoras en respuesta a una infracción detectada del Estado de Derecho en virtud del Reglamento sobre condicionalidad; pide que se aclare cómo podrían canalizarse estos importes liberados hacia otros programas y solicita que se prohíba la redistribución de los fondos inmovilizados; insiste en que la decisión de utilizar fondos liberados es una prerrogativa de la autoridad presupuestaria en el marco del procedimiento presupuestario anual y no debe dejarse a la discreción de la Comisión;

109.Destaca que es necesario un enfoque sólido para garantizar que los destinatarios y beneficiarios finales legítimos no se vean penalizados porque los fondos de la Unión para su Gobierno hayan quedado suspendidos debido a violaciones del Estado de Derecho; subraya que este principio constituye una piedra angular del enfoque de condicionalidad inteligente;

110.Hace hincapié en que un mecanismo de dirección no compensará ninguna pérdida de competencias legislativas o presupuestarias del Parlamento; subraya que el presupuesto anual debe reflejar las prioridades políticas y los planes acordados por los colegisladores; insiste en que lograr una buena gobernanza presupuestaria y preservar las prerrogativas de la autoridad presupuestaria son requisitos previos esenciales para que el procedimiento presupuestario anual sea más significativo y en que todo mecanismo de dirección solo puede funcionar si se han establecido los fundamentos básicos;

111.Rechaza cualquier acuerdo que limite la libertad de la autoridad presupuestaria para tomar decisiones autónomas sobre las prioridades y asignaciones presupuestarias; se opone firmemente a cualquier mecanismo que permita a la Comisión predeterminar las opciones presupuestarias mediante evaluaciones técnicas; rechaza categóricamente cualquier posibilidad de que el Consejo Europeo influya en el procedimiento presupuestario anual mediante sus conclusiones, ya que ello constituiría una clara violación de las disposiciones del Tratado y socavaría el equilibrio institucional establecido para la toma de decisiones presupuestarias; recuerda que el Reglamento Financiero ya prevé la posibilidad de liberar reservas presupuestarias; pide la coordinación sistemática de la Comisión con la autoridad presupuestaria antes de asumir cualquier compromiso voluntario sobre el uso de la flexibilidad integrada, y que toda movilización se apruebe mediante decisión de la autoridad presupuestaria;

112.Observa con preocupación que la Comisión propone aumentar la desviación con respecto a los importes indicativos en la legislación sectorial del 15 % actual al 20 % en el Acuerdo Interinstitucional (COM(2025)0572).; subraya que este aumento propuesto, combinado con la fusión de programas y las dotaciones sustancialmente mayores por programa, crearía un importante potencial de modificaciones sin la participación de los colegisladores; expresa serias reservas sobre el efecto acumulativo de estos cambios en el control democrático y el equilibrio de los poderes institucionales; considera que esta ampliación de la flexibilidad ejecutiva socava las prerrogativas de la autoridad presupuestaria; pide, por tanto, que la desviación máxima con respecto a los importes indicativos se limite al 5 % a lo largo de toda la duración de los programas, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento del MFP y del Acuerdo Interinstitucional, lo que garantizaría que cualquier reasignación presupuestaria sustancial siga estando sujeta a un control democrático adecuado y a un proceso de toma de decisiones colegislativo; insiste en que este umbral reducido mantendría la flexibilidad operativa necesaria, preservando al mismo tiempo la función esencial del Parlamento en la supervisión presupuestaria;

113.Destaca la importancia de mantener el diálogo interinstitucional periódico sobre recursos propios y pide que se organicen reuniones con mayor frecuencia;

114.Propone incluir un anexo específico sobre cooperación en relación con el régimen de condicionalidad; considera, en este contexto, que un diálogo periódico entre las tres instituciones sobre la situación actual de la protección del presupuesto de la Unión en relación con el Estado de Derecho sería una forma eficaz de mejorar la coordinación del conjunto de instrumentos al servicio del Estado de Derecho;

115.Reafirma el firme compromiso del Parlamento con la introducción de nuevos recursos propios a fin de garantizar una financiación sostenible y predecible a largo plazo del presupuesto de la Unión; reitera la necesidad de unos ingresos sostenibles y resilientes para el presupuesto de la Unión que se correspondan con el lado del gasto, garantizando así la estabilidad, la eficiencia y la disciplina presupuestarias y permitiendo que la Unión aborde sus necesidades y prioridades;

116.Insiste en su llamamiento reiterado en favor de la introducción de nuevos recursos propios auténticos, no solo para el reembolso de la deuda de NextGenerationEU, sino también para financiar las ambiciones políticas de la Unión, que ahora son mayores; expresa su convicción constante de que la introducción de nuevos recursos propios auténticos para financiar el presupuesto de la Unión es indispensable; recuerda que, sin nuevos recursos, la carga financiera recaerá inevitablemente en los Estados miembros por medio del aumento de las contribuciones basadas en la RNB; considera, por tanto, que la introducción de nuevos flujos de ingresos auténticos por un valor de al menos 60 000 millones EUR al año es una condición esencial para un MFP 2028-2034 ambicioso;

117.Expresa su profunda preocupación por la ausencia total de avances en la reforma del sistema de recursos propios en el Consejo desde 2020; subraya que los nuevos recursos propios auténticos son la respuesta necesaria, en tiempos de restricciones presupuestarias, para financiar políticas nuevas y duraderas y las tan necesarias inversiones en la Unión;

118.Reitera su crítica de larga data de que concebir y negociar el presupuesto sobre la base del principio de «justo retorno» dará lugar inevitablemente a una reducción del valor añadido de la Unión, ya que disminuye la justificación para invertir juntos en bienes públicos comunes y europeos; reconoce, al mismo tiempo, las ventajas del recurso propio basado en la RNB, habida cuenta de su función equilibradora fiable; insta al Consejo y a los Estados miembros a abstenerse de prorrogar toda reducción a tanto alzado y a que creen un equilibrio presupuestario global equitativo para todos centrándose en las sinergias y el valor añadido de la Unión en un espíritu de solidaridad y favoreciendo una mayor transparencia;

119.Recuerda que las decisiones sobre recursos propios requieren unanimidad en el Consejo, consulta al Parlamento y ratificación nacional por parte de todos los Estados miembros; subraya que cualquier cesta de nuevos recursos propios debe percibirse como justa para evitar situaciones en las que la aplicación de estos flujos de ingresos penalice de manera desproporcionada a determinados Estados miembros;

120.Considera que, ante los retos sin precedentes que requieren aumentos sustanciales de la inversión en múltiples ámbitos políticos en el próximo período del MFP, debe ampliarse, reforzarse, diversificarse y modernizarse de manera justificada la base de ingresos del presupuesto de la Unión; insiste en que, a tal fin, los recursos propios existentes deben ajustarse y mejorarse, y los nuevos recursos propios deben introducirse sin mayor demora; considera, además, que los ingresos distintos de los recursos propios deben ser un elemento esencial de la combinación de fuentes de ingresos, y las operaciones de empréstito y préstamo bien definidas cuyos pasivos contingentes correspondientes estén cubiertos de forma segura por el margen de maniobra dentro de los límites máximos de los recursos propios deben seguir siendo una opción alternativa a la que se pueda recurrir, al menos en tiempos de crisis imprevistas;

121.Recuerda la obligación jurídica y la responsabilidad política de reembolsar oportunamente la deuda de NextGenerationEU; reitera su posición de que el reembolso de la deuda de NextGenerationEU debe seguir gestionándose de manera prudente y flexible, inclusive cuando sea posible, mediante operaciones de refinanciación, con el fin de minimizar la presión sobre el MFP y sus programas para el período 2028-2034;

122.Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión de identificar nuevos recursos propios y presentar determinadas calibraciones de recursos propios tradicionales, con vistas a reforzar la autonomía financiera de la Unión y reducir la dependencia de las contribuciones nacionales, protegiendo de esta manera el futuro financiero del presupuesto de la Unión; apoya el enfoque basado en una «cesta» más amplio propuesto por la Comisión, ya que representa una vía realista para garantizar el apoyo necesario en el Consejo; toma nota de los distintos tipos de recursos propios propuestos; subraya, no obstante, enérgicamente que toda cesta de nuevos recursos propios debe adoptarse al mismo tiempo que el próximo MFP y debe generar un flujo estable y suficiente de ingresos de al menos aproximadamente 60 000 millones EUR al año, ya que este nivel es esencial para garantizar el reembolso constante de los empréstitos contraídos en el marco de NextGenerationEU, cumplir los compromisos de la Unión y financiar la inversión conjunta en bienes públicos europeos; pide al Consejo que alcance rápidamente un acuerdo sobre nuevos recursos propios con el fin de proporcionar seguridad presupuestaria a largo plazo;

123.Solicita que, en caso de que el Consejo elimine determinados elementos de la cesta, colme el déficit resultante con un aumento de los tipos de referencia para otras fuentes o las sustituya por otra fuente; hace hincapié en que las fuentes nuevas no deben perjudicar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas o la de la Unión en su conjunto; considera, en este sentido, que el potencial para generar ingresos a partir de, entre otras cosas, un impuesto sobre los servicios digitales dirigido a las principales plataformas digitales, un impuesto sobre los servicios de juegos de azar y apuestas en línea, la ampliación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono y un impuesto basado en un tipo uniforme sobre las plusvalías de los criptoactivos debe estudiarse como posible solución en caso de que otros recursos propios propuestos no obtengan apoyo entre los Estados miembros, con el fin de garantizar la equidad fiscal y un nivel de ingresos proporcional a las necesidades;

124.Considera que el empréstito conjunto presenta una opción viable que ofrece a la Unión la capacidad de responder rápidamente a acontecimientos imprevistos y facilita la financiación oportuna de las políticas de la Unión con un valor añadido de la Unión claro; hace hincapié en que dicha opción debe ajustarse plenamente a las prioridades estratégicas de la Unión que prevén bienes públicos europeos, o facilitar las inversiones en proyectos transfronterizos o paneuropeos que aumenten el potencial de crecimiento de la Unión;

125.Subraya la importancia de la propuesta de la Comisión de un nuevo tipo de mecanismo de crisis basado en empréstitos extraordinarios respaldados por un margen de maniobra adicional por debajo del límite máximo de los recursos propios y anclados en la calificación crediticia constantemente excelente del presupuesto de la Unión; observa que este instrumento está acotado en el tiempo, sujeto a criterios predefinidos y a limitaciones en cuanto a su finalidad, y que su alcance y volumen están delimitados por el margen de maniobra específico que se encuentra disponible de manera adicional; señala, asimismo, que el instrumento permitirá a la Unión movilizar hasta 395 000 millones EUR en préstamos a los Estados miembros cuando se produzcan crisis, dificultades o amenazas graves durante el período 2028-2034; expresa su satisfacción por que el mecanismo propuesto no se base en el artículo 122 del TFUE, que dejar al margen al Parlamento como en casos anteriores, sino en un Reglamento del Consejo en virtud del artículo 311, párrafo cuarto, del TFUE, que requiere la aprobación del Parlamento, garantizando así el equilibrio institucional y la responsabilidad procesal;

126.Considera que este mecanismo puede ser una herramienta adicional a escala de la Unión para responder rápida y eficazmente a las crecientes necesidades, como ha defendido reiteradamente Mario Draghi, así como a acontecimientos imprevisibles; pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen la experiencia adquirida gracias a NextGenerationEU para financiar y ejecutar las futuras inversiones estratégicas de la Unión;

127.Declara que solo aprobará un presupuesto a largo plazo, con unos impuestos apropiados y sostenibles, que sean adecuados para los propósitos de la Unión en un mundo cambiante;

128.Solicita a la Comisión que tenga en cuenta las siguientes modificaciones:

Debería modificarse la propuesta de Reglamento del Consejo de la siguiente manera:

129.Subraya que, como resultado de la negociación y adopción de un nuevo Reglamento del MFP, la propuesta de Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera debería modificarse de la siguiente manera:

130.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.