1.Observa que el presupuesto del Tribunal se incluye en la rúbrica 7 del MFP, «Administración pública europea», que ascendió a 13 300 millones de euros en 2024 (lo que representa el 6,9 % del presupuesto total de la Unión); señala que el presupuesto del Tribunal, de aproximadamente 200 millones de euros, representa aproximadamente el 1,5 % del gasto administrativo total de la Unión;

2.Observa que el Tribunal, en su Informe Anual relativo al ejercicio 2024 (en lo sucesivo, «informe del Tribunal»), examinó una muestra de setenta operaciones dentro de la rúbrica «Administración», el mismo número que las examinadas en 2023; toma nota de que el Tribunal señala, además, que los gastos administrativos comprenden los gastos correspondientes a recursos humanos, en particular los gastos en pensiones, que en 2024 representaron aproximadamente el 69 % del total de los gastos administrativos, así como a inmuebles, equipos, energía, comunicaciones y tecnología de la información, y que su trabajo realizado durante muchos años indica que, en general, este gasto es de bajo riesgo;

3.Observa que en dieciséis de las setenta operaciones (el 23 %) se detectaron errores, pero que, a partir de los tres errores cuantificados, el Tribunal estima que el nivel de error es inferior al umbral de materialidad;

4.Indica que los estados financieros del Tribunal son fiscalizados por un auditor externo independiente para garantizar que estén sometidos a los mismos principios de transparencia, rendición de cuentas e independencia que el Tribunal aplica a los organismos que audita;

5.Acoge con satisfacción el Informe Especial n.º 24/2024 del Tribunal y sus conclusiones y recomendaciones sobre el marco de empleo de la función pública de la Unión; recuerda que considera importante realizar una investigación en mayor profundidad sobre los gastos administrativos, y pide una vez más que en su trabajo se incluyan datos exhaustivos sobre todas las instituciones, a fin de proporcionar una base sólida para un procedimiento de aprobación de la gestión coherente; pide al Tribunal que mantenga informada a la autoridad de aprobación de la gestión de cualquier iniciativa a este respecto;

6.Toma nota del anuncio del Tribunal, de 1 de octubre de 2025, sobre la introducción de un enfoque de auditoría revisado para las empresas comunes a partir del ejercicio 2025; observa que este cambio se debió, entre otros factores, a las limitaciones en la capacidad del personal y al cese de las auditorías de las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa por parte del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión, que había auditado anteriormente empresas comunes, limitando así la disponibilidad de garantías de auditoría complementarias; observa, además, que el nuevo enfoque prevé un tamaño adecuado de la muestra de auditoría, la consolidación del trabajo de auditoría en todas las empresas comunes y la emisión de dos declaraciones de fiabilidad separadas, respaldadas por informes temáticos e informes especiales adicionales; pide al Tribunal que vele por que la metodología revisada se aplique de forma oportuna y siga cumpliendo las normas más estrictas de calidad, fiabilidad y garantía de auditoría para la protección de los intereses financieros de la Unión;

7.Observa que el presupuesto total (créditos C1) del Tribunal para 2024 ascendió a 185 655 890 euros, lo que equivale a un aumento del 6,05 % con respecto a los 175 059 922 euros de 2023; señala que el aumento se debió principalmente a ajustes salariales; indica que, en 2024, el 89,50 % de los créditos (frente al 88,50 % en 2023) correspondió a sus miembros y personal, mientras que el 10,50 % correspondió a inmuebles, equipos y gastos diversos (frente al 11,60 % en 2023);

8.Observa que los porcentajes de ejecución de los compromisos y los pagos para 2024 siguieron siendo elevados, casi los mismos que en 2023, mientras que el porcentaje de utilización de los créditos se situó en el 97,30 % y los pagos representaron el 94,81 % del total de los compromisos en 2024; señala un aumento de los créditos anulados al final del ejercicio, que pasaron de aproximadamente 3,4 millones de euros en 2023 a 4,4 millones de euros en 2024; felicita al Tribunal por haber mantenido por debajo de once días el plazo medio de pago de las facturas en 2024; anima al Tribunal a que mantenga una disciplina de costes estricta, siga dando prioridad a la eficiencia operativa y reduzca aún más las cancelaciones al cierre del ejercicio, mejorando así la eficiencia y la rentabilidad de sus créditos;

9.Observa que el Tribunal llevó a cabo revisiones presupuestarias periódicas a lo largo del ejercicio, lo que en 2024 dio lugar a veintinueve transferencias presupuestarias por un total de aproximadamente 4,5 millones de euros, frente a una cifra aproximada de 5,7 millones de euros en 2023; señala que estas transferencias eran necesarias para reforzar las líneas presupuestarias relacionadas, entre otras, con los proyectos informáticos (+ 20,28 %), el acondicionamiento de locales (+ 560,18 %) y el equipo técnico y las instalaciones (73,53 %); toma nota de que, según las respuestas del Tribunal al cuestionario presentado por la Comisión de Control Presupuestario para la aprobación de la gestión presupuestaria de 2024 (en lo sucesivo, el «cuestionario»), también fueron necesarias reasignaciones debido a un nivel de inflación superior al presupuestado y a las indexaciones de precios resultantes que afectaron a los contratos nuevos y existentes;

10.Observa que, según el cuestionario, el Tribunal acusó los efectos de la guerra ilegal de agresión de Rusia contra Ucrania a través del aumento del coste de los bienes, los servicios y la logística en 2024 debido a la inflación; acoge con satisfacción las medidas del Tribunal para contrarrestar estos efectos mediante análisis más detallados previos a la adquisición para garantizar una planificación realista y una contratación pública eficaz; celebra, además, que los costes del Tribunal para el consumo de energía (partida presupuestaria n.º 2024) disminuyeran significativamente, pasando de 1 556 671 euros en 2023 a 887 827 euros en 2024, principalmente debido a una reducción del precio fijo de la electricidad, en consonancia con el contrato interinstitucional con el proveedor en cuestión; reconoce la necesidad de que todas las instituciones de la Unión mejoren su gestión presupuestaria teniendo también en cuenta la volatilidad de los precios, especialmente en el sector de la energía, a la hora de celebrar contratos con proveedores de servicios;

11.Observa que los compromisos por un total de aproximadamente 9,9 millones de euros para el título 1 y de aproximadamente 8,4 millones de euros para el título 2 se transfirieron automáticamente de 2024 a 2025 para cubrir los costes de misiones, formación y traducción, entre otros; toma nota de que se transfirió mediante decisión un importe de 602 000 euros, vinculado a una transferencia presupuestaria aprobada por las autoridades presupuestarias para la sustitución de los ascensores del edificio K1 del Tribunal;

12.Observa que los créditos presupuestados (C1) para misiones de los Miembros y del personal del Tribunal ascendieron a 2 860 000 euros en 2024 (frente a 2 722 000 euros en 2023); señala que, de estos créditos, se comprometió un importe de 2 469 344 euros, de los cuales se pagaron 2 184 344 euros (es decir, un porcentaje de ejecución del 88,46 %) en 2024;

13.Observa con satisfacción que, según el cuestionario, por lo que se refiere a la partida presupuestaria del Tribunal para publicaciones, los créditos presupuestados disminuyeron de 810 000 euros en 2014 a 300 000 euros en 2024 debido a un aumento de la producción interna de informes y a la promoción virtual de publicaciones; toma nota de que el estado de previsiones del Tribunal para esta partida presupuestaria ha seguido disminuyendo en los ejercicios presupuestarios posteriores; señala, además, la tendencia del Tribunal a reducir el presupuesto para la interpretación y los servicios de expertos (consultas, estudios, etc.), así como su intención de dar de baja la telefonía fija para ahorrar en costes;

14.Acoge con satisfacción, como se refleja en la respuesta del Tribunal a las diversas cuestiones planteadas por la autoridad de aprobación de la gestión en el contexto del ejercicio de aprobación de la gestión de 2023 (en lo sucesivo, el «informe de seguimiento»), el trabajo en curso del Tribunal para revisar su guía de misiones con el fin de abordar, de manera proactiva (es decir, durante la preparación de la misión), cuestiones como la rentabilidad y las formas de minimizar el impacto medioambiental, entre otras; pide al Tribunal que mantenga informada a la autoridad de aprobación de la gestión sobre los avances realizados a este respecto;

15.Observa con satisfacción que el auditor externo declaró que los recursos asignados se habían utilizado para los fines previstos y que los procedimientos de control establecidos por los ordenadores proporcionaban garantías necesarias para asegurar que las operaciones financieras se ajustaban a las normas y los reglamentos aplicables;

16.Subraya que el Tribunal es el auditor externo de la Unión y la piedra angular de la rendición de cuentas financiera independiente sobre el presupuesto de la Unión; destaca que, en un contexto de crecimiento sin precedentes del gasto de la Unión, del volumen de las operaciones de empréstito y de la complejidad de los nuevos instrumentos financieros, el Tribunal debe disponer de recursos proporcionales a la magnitud y complejidad de su mandato de auditoría; apoya la continua disciplina de costes del Tribunal; pide a las autoridades presupuestarias que, al adoptar futuros presupuestos, velen por que el Tribunal disponga de los recursos adecuados para examinar la arquitectura financiera de la Unión, en rápida expansión;

17.Observa que el Tribunal pasó un total de 3 176 días en los Estados miembros y fuera de la Unión, frente a 4 897 días en 2023, y 1 244 días en las instituciones, órganos y organismos de la Unión y otras organizaciones internacionales y empresas privadas de auditoría, frente a 1 370 en 2023;

18.Observa que, durante 2024, el Tribunal presentó dos informes anuales, tres informes anuales específicos, veintiocho informes especiales, cuatro análisis y tres dictámenes, lo que supone un total de cuarenta elementos (frente a los cuarenta y cinco de 2023); acoge con satisfacción que, en 2024, el Tribunal se centrara, a través de informes especiales y análisis, en los retos acuciantes a los que se enfrenta la Unión en temas clave, como los instrumentos financieros en la política de cohesión, la transparencia de la financiación de la Unión concedida a las ONG, los organismos de la Unión de lucha contra el fraude, la seguridad del suministro de gas, la inversión en inteligencia artificial (IA), la adaptación al cambio climático, la absorción del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), la transición hacia los vehículos de emisión cero, el apoyo a los refugiados en Turquía y la política industrial de la Unión en materia de hidrógeno; celebra, además, los informes previstos del Tribunal sobre el MRR en ámbitos como la transparencia y la trazabilidad, así como sobre la arquitectura y la estrategia de la Unión en la lucha contra el fraude y el apoyo de la Unión a Ucrania, Moldavia y Georgia; observa una mejora con respecto a la satisfacción de las partes interesadas con el trabajo del Tribunal, puesto que una encuesta realizada en 2024 revela que el 89 % de los encuestados (frente al 85 % en 2023) consideró que los informes del Tribunal eran útiles y que el 82 % (frente al 78 %) consideró que el trabajo del Tribunal tenía repercusión;

19.Pide al Tribunal que facilite evaluaciones más detalladas y sistemáticas de los efectos indirectos de los programas financiados por la Unión en los Estados miembros, tanto en aquellos con elevadas tasas de absorción de los fondos de la Unión como en aquellos con tasas de absorción bajas; destaca que un análisis exhaustivo de las repercusiones económicas, sociales, administrativas y territoriales de estos efectos indirectos, incluidos los efectos transfronterizos y distributivos, reforzaría la evaluación del impacto a largo plazo, el valor añadido y la sostenibilidad del gasto de la Unión y apoyaría una elaboración de políticas mejor informada tanto a escala nacional como de la Unión;

20.Observa que el Tribunal cuenta con un conjunto de indicadores clave de resultados para medir los avances realizados en la consecución de sus objetivos estratégicos, en consonancia con su estrategia 2021-2025; toma nota de los objetivos estratégicos del Tribunal para 2024: mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y auditoría; centrar las auditorías en ámbitos y temas en los que puedan añadir más valor, y ofrecer una sólida garantía de auditoría en un entorno difícil y cambiante; pide al Tribunal que presente sus indicadores clave de resultados, el grado de progreso alcanzado y los objetivos de forma resumida en el futuro (en forma de recuadro); pide al Tribunal que siga desarrollando indicadores clave de resultados basados en el rendimiento y los efectos de las políticas europeas con el fin de medir claramente el impacto de las políticas aplicadas por la Comisión;

21.Pide al Tribunal que consolide sus conclusiones en un análisis comparativo del rendimiento y que desarrolle una metodología para una «brújula del rendimiento» de los programas de la Unión; considera que este instrumento, al tiempo que se respeta la diversidad de las políticas, proporcionaría a la autoridad de aprobación de la gestión, a los responsables de la toma de decisiones y al público en general orientaciones claras sobre qué programas utilizan eficazmente los recursos y cuáles podrían ser candidatos a una finalización o a una reestructuración sustancial;

22.Valora positivamente que el Tribunal mida la aplicación de sus recomendaciones a partir del seguimiento realizado por sus auditores; señala que, en 2024, el Tribunal analizó las recomendaciones dirigidas a la Comisión y otras instituciones en sus informes de 2020; toma nota de que el 93 % de las diecinueve recomendaciones formuladas en el Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2020 y el 88 % de las 186 recomendaciones formuladas en los informes especiales del Tribunal relativos al ejercicio 2020 se habían aplicado en su totalidad, en algunos aspectos o en su mayor parte;

23.Toma nota de que, según el informe de seguimiento, la Comisión ha acordado facilitar al Tribunal una extracción manual de datos de la herramienta ARACHNE; lamenta, no obstante, que el acceso del Tribunal a FENIX, la herramienta de presentación de informes sobre el MRR, siga siendo una cuestión pendiente, ya que la Comisión solo concede al Tribunal acceso parcial a algunos de los módulos de FENIX y la información que contienen no se actualiza de forma oportuna; acoge con satisfacción el aumento notificado del número de usuarios del Tribunal que tienen acceso a FENIX; apoya, no obstante, la solicitud del Tribunal a la Comisión para que esta conceda al Tribunal pleno acceso lo antes posible; recuerda que la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión se ha esforzado por conceder al Tribunal acceso a los expedientes FENIX en un plazo de dos semanas a partir de la aprobación de una solicitud de pago; expresa su inquietud, no obstante, por el hecho de que, en la práctica, este plazo no se cumpla en mucho casos y por que, en ocasiones, se hayan producido retrasos de hasta dos meses y medio, lo que ralentiza considerablemente la presentación de las conclusiones del Tribunal o menoscaba la eficacia y la oportunidad de su trabajo de auditoría sobre los gastos de alto riesgo, como el MRR; recuerda en este contexto a la Comisión su obligación, en virtud del artículo 263 del Reglamento Financiero, de conceder al Tribunal pleno acceso a todos los sistemas y bases de datos pertinentes (ARACHNE, FENIX y ARES, entre otros); Pide, por tanto, a la Comisión que solvente sin demora esta situación, en particular mediante la celebración de un acuerdo interinstitucional vinculante que garantice el acceso pleno, sistemático y en tiempo real del Tribunal a todas las bases de datos pertinentes, incluidas ARACHNE y FENIX; pide al Tribunal que informe a la autoridad de aprobación de la gestión sobre las mejoras concretas logradas;

24.Observa que, a finales de 2024, el Tribunal contaba con 961 miembros del personal (frente a 969 en 2023), entre los que se incluyen agentes temporales (192 en 2024, frente a 204 en 2023), agentes contractuales (84 en 2024, frente a 86 en 2023) y expertos nacionales en comisión de servicio (26 en 2024, la misma cifra que en 2023); recuerda la importancia de ofrecer contratos permanentes a los empleados con el fin de mantener las capacidades, garantizando así la continuidad y un entorno de trabajo productivo y estable;

25.Observa que, en 2024, el 54 % del personal del Tribunal eran mujeres (frente al 53 % en 2023), mientras que el 46 % eran hombres; lamenta que las mujeres representen solo el 30 % de la alta dirección del Tribunal, al igual que en 2023; lamenta, además, una disminución de la proporción de mujeres en puestos directivos intermedios, que pasó del 40 % al 37,30 % en 2023; recuerda que la igualdad de género es un principio consagrado en los Tratados que todas las instituciones deben respetar, y pide al Tribunal que prosiga sus esfuerzos por promover el equilibrio entre mujeres y hombres en los puestos directivos intermedios y la alta dirección;

26.Observa que, según el cuestionario, el Tribunal tuvo 64 becarios, 59 de los cuales recibieron una asignación mensual en 2024; acoge con satisfacción el nuevo programa del Tribunal, titulado «TraineEca Career Development», cuyo objetivo es ofrecer oportunidades de empleo a los becarios con más méritos; toma nota, además, del plan del Tribunal de ofrecer períodos de prácticas especiales en el ámbito de la IA a recién egresados y estudiantes de doctorado en dicho ámbito; hace hincapié, una vez más, en que los períodos de prácticas deben ser remunerados de conformidad con la Resolución del Parlamento, de 15 de junio de 2023, sobre períodos de prácticas de calidad en la Unión (2020/2005(INL)), en la que se pide que todos los períodos de prácticas en la Unión sean remunerados; resalta que los períodos de prácticas no remunerados constituyen una forma de explotación de los trabajadores jóvenes y un obstáculo a la igualdad de oportunidades;

27.Observa que, según el cuestionario, la contratación de funcionarios siguió siendo una dificultad para el Tribunal en 2024 debido a la falta de atractivo de Luxemburgo como lugar de trabajo o a la falta de interés por los puestos de auditoría y control entre los trabajadores jóvenes; señala con satisfacción que el Tribunal abordó esta cuestión mediante la organización de procedimientos de selección periódicos dirigidos a los becarios del Tribunal, la organización de concursos internos para retener a los talentos con más méritos y el aumento de las actividades de divulgación; anima al Tribunal a que prosiga estos esfuerzos con el fin de salvaguardar la continuidad de su actividad; reconoce, en este contexto, que es necesaria una disposición específica con vistas a organizar también oposiciones de la EPSO exclusivamente para Luxemburgo; felicita al Tribunal por haberse adherido a un acuerdo interinstitucional en virtud del cual el personal contratado por las instituciones de la Unión con sede en Luxemburgo recibe una asignación por vivienda a partir de 2025 para compensar el elevado coste de la vida en Luxemburgo;

28.Es consciente de que el Tribunal no desempeña ninguna función en el proceso de selección de los miembros con arreglo al artículo 286, apartado 2, del TFUE; recuerda, no obstante, que sigue existiendo un desequilibrio de género significativo entre los miembros del Tribunal, puesto que solo diez de las veintisiete personas que lo componen son mujeres; lamenta que varios Estados miembros nunca hayan designado a una mujer para el Tribunal; Reitera su petición a los Estados miembros para que, a la hora de proponer candidatos, tengan en cuenta la necesidad de garantizar el equilibrio de género, con el fin de lograr una composición del Tribunal más equilibrada y representativa, garantizando al mismo tiempo que las candidaturas sigan basándose en criterios de mérito, cualificación e independencia;

29.Sigue lamentando la práctica del Consejo de nombrar a miembros del Tribunal a pesar de haber sido rechazados por el Parlamento; reitera su llamamiento en favor de una revisión del procedimiento de nombramiento, que otorgaría al Parlamento un papel vinculante en la evaluación de la idoneidad de los candidatos al Tribunal;

30.Valora positivamente el amplio régimen de teletrabajo ofrecido por el Tribunal con el fin de mitigar las dificultades de contratación, que permite teletrabajar hasta diez días al mes, de los cuales cinco pueden destinarse al teletrabajo desde fuera del lugar de trabajo, con un límite máximo de treinta días al año; observa que, según el cuestionario, el Tribunal revisó sus normas de trabajo híbrido en 2024 para tener en cuenta, entre otras cosas, las observaciones recibidas; pide al Tribunal que lleve a cabo controles periódicos para garantizar el cumplimiento de dichas normas; observa con satisfacción que, según el cuestionario, el Tribunal toma medidas de diversas maneras para garantizar el bienestar físico y mental de su personal;

31.Observa un aumento tanto de la tasa de vacantes, del 2,27 % en 2023 al 2,49 % en 2024, como de la tasa de rotación, del 6,60 % al 7,90 %, y que esta última corresponde al porcentaje de miembros que abandonan la plantilla en relación con la totalidad del personal;

32.Observa que varias nacionalidades, en particular de los Estados miembros nórdicos, están infrarrepresentadas entre el personal del Tribunal; señala que la situación podría seguir disminuyendo debido al envejecimiento del personal y a la falta de contratación de candidatos de esos Estados miembros; recuerda los esfuerzos recurrentes del Tribunal por abordar este desequilibrio aumentando la publicidad de los anuncios de concursos y vacantes del Tribunal en Estados miembros significativamente infrarrepresentados, cooperando con los miembros del Tribunal para difundir sus convocatorias y asistiendo a ferias de empleo en determinados Estados miembros para llegar a posibles candidatos; observa que, según el informe de seguimiento, el Tribunal también elaboró un plan de acción con diez medidas para los próximos cinco años, destinadas a revertir la actual infrarrepresentación de determinados Estados miembros; pide al Tribunal que mantenga informada a la autoridad de aprobación de la gestión de los progresos y los resultados de la ejecución de dicho plan de acción;

33.Recuerda que, a finales de 2023, se habían cubierto los veintinueve puestos adicionales (agentes temporales) necesarios para la auditoría del MRR por valor de 723 800 millones de euros; entiende, no obstante, que la materialidad, la complejidad, la elevada cantidad y la rapidez de los desembolsos de fondos del MRR siguen planteando retos y que los recursos actuales no son suficientes para garantizar sistemáticamente que el gasto del MRR cumpla las normas nacionales y de la Unión, y tampoco para responder al aumento de las actividades de la Unión; elogia, no obstante, los esfuerzos realizados por el Tribunal para desempeñar sus funciones en relación con el MRR hasta la fecha, a pesar de que lo inadecuado de los recursos disponibles; apoya, en este contexto, la solicitud del Tribunal de transformar a los veintinueve agentes temporales contratados para auditorías relacionadas con el MRR en puestos permanentes; destaca la importancia de garantizar que el Tribunal disponga sistemáticamente de una dotación de personal adecuada y cubierta estructuralmente para cumplir tanto su mandato como las nuevas responsabilidades derivadas de futuros instrumentos de financiación basados en el rendimiento, como el marco financiero plurianual;

34.Observa con agrado que el Tribunal superó también en 2024 el objetivo de formación profesional de cinco días de formación no lingüística al año para los auditores, de acuerdo con las recomendaciones de la Federación Internacional de Contables, y de dos días para el personal no auditor (5,8 y 3,9 respectivamente);

35.Observa que, en 2024, el promedio de ausencias por enfermedad fue de 9,9 días por miembro del personal, casi el mismo que en 2023; señala también que, en 2024, tres miembros del personal (cuatro en 2023) se ausentaron debido a una enfermedad prolongada, que se define como aquella que supone una ausencia de más de doscientos días al año;

36.Observa que en 2024 se notificaron trece casos de agotamiento profesional, frente a los siete de 2023; toma nota con preocupación del aumento significativo de los casos de agotamiento profesional notificados en 2024; pide al Tribunal que realice un análisis exhaustivo de las razones de este aumento significativo, también en lo que respecta a la distribución de la carga de trabajo, los factores organizativos y los riesgos estructurales, y que integre las conclusiones basadas en datos contrastados en sus prácticas de planificación y gestión de los recursos humanos, con vistas a prevenir eficazmente el agotamiento profesional y mejorar el entorno de trabajo; acoge con satisfacción que el Tribunal haya adoptado varias medidas para reducir el riesgo de agotamiento profesional mediante la introducción de un programa de bienestar completo, la oferta de formación sobre resiliencia, la publicación y la aplicación de directrices sobre la reincorporación al trabajo tras una baja por enfermedad de larga duración, el mantenimiento de los primeros auxilios en salud mental y la prestación de apoyo financiero al personal para cubrir el coste de diez sesiones con un psicólogo de su elección; observa, en particular, que el Tribunal organizó cuatro sesiones de formación obligatorias para directivos en 2024, centradas en el bienestar del personal, el rendimiento, el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada y la prevención del agotamiento profesional;

37.Elogia las actividades de sensibilización, las encuestas y las sesiones de formación que el Tribunal ha ofrecido en 2024 a su personal, a sus miembros o a ambos sobre la política del Tribunal contra el acoso y el respeto en el lugar de trabajo; observa con preocupación que en 2024 se llevó a cabo una investigación administrativa relativa a acusaciones de acoso sexual y psicológico, a la que siguieron medidas disciplinarias atendiendo a la conclusión de que la persona investigada había incurrido en un comportamiento inadecuado;

38.Observa que, según el cuestionario, el Tribunal adoptó numerosas medidas en 2024, en consonancia con su Plan de acción sobre diversidad e inclusión para el período 2021‑2025, en ámbitos como la contratación, la formación, el desarrollo profesional, las condiciones de trabajo y la concienciación del personal; toma nota de que el Tribunal integra la diversidad y la inclusión en sus procesos de gestión, evaluación, certificación y promoción profesional, así como en sus programas de formación, y señala que trece directivos se han sometido a una evaluación voluntaria sobre diversidad e inclusión en 2024; acoge con satisfacción el curso de formación especializada titulado «Women managers up: skilling for success» [Mujeres directivas: capacitación para el éxito], organizado por el Tribunal para instar a las mujeres a optar a cargos directivos; acoge con satisfacción, además, los nuevos programas de acción positiva del Tribunal para los becarios y el personal contratado dirigidos a las personas con discapacidad, en cuyo marco se ofrecen dos períodos de prácticas al año a personas con una discapacidad reconocida; observa con satisfacción que el Tribunal organizó en 2024 la cuarta semana de sensibilización sobre la discapacidad, en la que se puso en marcha una nueva hoja de ruta sobre esta cuestión, lo que resalta los esfuerzos del Tribunal por lograr un lugar de trabajo más inclusivo; señala con satisfacción que el Tribunal también publica revisiones intermedias de su Plan de acción sobre diversidad e inclusión con el fin de garantizar la transparencia y el compromiso en toda la organización;

39.Hace hincapié en el papel fundamental del Tribunal como auditor externo independiente de la Unión y guardián de sus finanzas, lo que exige que el Tribunal se rija por las normas más estrictas de integridad, profesionalidad y rendición de cuentas, así como por el principio de cooperación leal mutua entre las instituciones de la Unión, y que sirva de modelo para inspirar confianza y credibilidad; recuerda que, de conformidad con el artículo 285 del TFUE, los miembros del Tribunal deben ejercer sus funciones con plena independencia y respetar los principios éticos más elevados, demostrando integridad, objetividad, profesionalidad, dignidad, compromiso y lealtad;

40.Toma nota con preocupación de la negativa del Tribunal a suspender la inmunidad de su antiguo presidente y de la decisión del Tribunal de denegar la petición de la Fiscalía Europea de permitir que varios miembros del personal del Tribunal sean oídos como testigos en el marco de una investigación penal en curso; toma nota, basándose en el informe de seguimiento, de que el Tribunal no suspendió dicha inmunidad porque la Fiscalía Europea no facilitó al Tribunal información suficiente que le permitiera comprender de qué actos se acusa a las personas implicadas y en qué medida tales actos podrían constituir una conducta delictiva, y de que el Tribunal se funda en la jurisprudencia como parte del marco jurídico aplicable en apoyo de su posición; observa que, el 10 de febrero de 2025, la Fiscalía Europea interpuso un recurso (asunto n.º T‑99/25) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en virtud del artículo 263, apartado 4, del TFUE contra la decisión del Tribunal de denegar la solicitud de la Fiscalía Europea por la que se pedía que se permita que varios miembros del personal del Tribunal sean oídos como testigos en el marco de una investigación penal en curso; señala, además, que el recurso mencionado no impugnó la decisión de no suspender la inmunidad de las personas implicadas; subraya que el deber de cooperación leal de las instituciones de la Unión exige que las autorizaciones para oír en calidad de testigos a miembros del personal en investigaciones penales solo se denieguen en circunstancias estrictamente excepcionales; insta al Tribunal a que aclare los criterios aplicados a la hora de decidir sobre las solicitudes de la Fiscalía Europea y a que garantice que dichas decisiones no puedan percibirse como una obstrucción de las investigaciones judiciales; pide al Tribunal a que mantenga un alto nivel de transparencia y rendición de cuentas en su cooperación con la Fiscalía Europea y otros organismos de la Unión responsables de la lucha contra el fraude y las conductas indebidas, y a que garantice que no se invoque la inmunidad para obstaculizar los procedimientos judiciales legítimos;

41.Señala que en 2024 no se registró ningún caso de denuncia de irregularidades en el Tribunal; observa también que, en 2023, el Tribunal inició el proceso de actualización de sus normas relativas a las investigaciones administrativas y los procedimientos disciplinarios, finalizado a principios de 2024;

42.Observa con satisfacción que el Tribunal ha establecido un sólido marco en materia de ética que incluye directrices éticas aplicables tanto a los miembros como al personal del Tribunal, así como un código de conducta para los miembros del Tribunal; señala que el Tribunal también cuenta con un Comité de Ética que se reúne periódicamente para revisar cuestiones éticas pertinentes, en particular las actividades externas de los miembros, y que está formado por dos miembros del Tribunal y un miembro externo; toma nota de que, según el Informe Anual del Comité de Ética para 2024, dicho Comité celebró seis reuniones y recibió diecisiete declaraciones de miembros actuales del Tribunal (sobre actividades externas) y antiguos miembros del Tribunal (sobre sus ocupaciones previstas tras el cese en sus funciones), y todos ellos recibieron un dictamen favorable en 2024;

43.Toma nota de que las declaraciones de intereses de los miembros del Tribunal se formulan anualmente y en cualquier momento en que se produzca un cambio significativo, y de que se publican en los sitios web del Tribunal; observa con satisfacción que también se publica en línea información detallada sobre las misiones de los miembros del Tribunal, en particular los costes; felicita al Tribunal por haber finalizado el trabajo de actualización de sus normas sobre la aplicación de medidas administrativas y disciplinarias en 2024; señala que, según el cuestionario, en 2024 no se detectó ningún caso de conflicto de intereses;

44.Observa con satisfacción que, según el cuestionario, el Tribunal organiza anualmente una jornada de formación sobre ética; señala, además, que el Tribunal impartió a todo el personal, en particular a los recién llegados y los directivos, cursos relacionados con la ética entre los que se incluyeron tres talleres sobre esta cuestión en 2024; toma nota de que estos cursos atrajeron a 681 participantes ese año;

45.Observa que, en 2024, ni la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ni el Defensor del Pueblo Europeo iniciaron ninguna investigación relacionada con el Tribunal;

46.Reitera sus críticas, expresadas en anteriores resoluciones sobre la aprobación de la gestión, a la decisión del Tribunal de 2022 relativa a los viajes, las misiones y el uso de conductores y automóviles por parte de sus miembros, lo que es contrario al principio general de que la flota de vehículos no debe utilizarse, en ningún caso, fuera del estricto ejercicio de las funciones de los miembros del Tribunal; reitera asimismo su llamamiento a todas las instituciones de la Unión para que acuerden un sistema único que se aplique horizontalmente relativo al uso de vehículos de servicio, lo que reduciría la confusión y aumentaría la transparencia y la eficiencia en el uso de los fondos públicos; celebra que el Tribunal, junto con el TJUE, invitara en 2024 a la Comisión a participar en un diálogo interinstitucional con vistas a acordar normas comunes relativas al uso de vehículos oficiales; observa a este respecto que, según el cuestionario, se creó un grupo de trabajo ad hoc que se reunió varias veces y formuló varias recomendaciones; pide al Comité que mantenga informada a la autoridad de aprobación de la gestión sobre los avances realizados a este respecto;

47.Recuerda que el Servicio de Auditoría Interna (SAI) del Tribunal llevó a cabo una auditoría sobre el marco ético aplicable al personal y a los Miembros del Tribunal; toma nota de que, según el informe final (02/2023) enviado por el Tribunal al presidente del Parlamento el 9 de julio de 2024 y según el cuestionario, el SAI formuló dieciséis recomendaciones, de las cuales quince ya se han completado y una, relativa a los conflictos de intereses del personal, está en curso; insta al Tribunal a que complete sin demora la recomendación pendiente y le pide que mantenga debidamente informada a la autoridad de aprobación de la gestión de los progresos realizados a este respecto;

48.Observa que, según el informe del Tribunal, en 2024 no se detectaron casos de corrupción o fraude en las operaciones internas del Tribunal; valora positivamente que el Tribunal organice una formación preventiva sobre políticas y procedimientos de lucha contra la corrupción, en cuyo marco se celebraron diez sesiones en 2024 con un total de 257 asistentes; celebra que, según el informe de seguimiento, el Tribunal publicara en 2024 un único documento consolidado sobre cuestiones relacionadas con la lucha contra el fraude en el contexto de sus actividades de auditoría, que proporciona orientaciones exhaustivas y detalladas a los auditores del Tribunal, armonizando así la manera en que las Salas de auditoría del Tribunal abordan los asuntos de presunto fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión descubiertos durante el trabajo de auditoría externa, y contribuyendo a garantizar la coherencia; señala que el riesgo de fraude en relación con las operaciones internas del Tribunal se gestiona a través del marco de control interno del Tribunal diseñado para prevenir, detectar, corregir y hacer un seguimiento de cualquier irregularidad en la que estén implicados los miembros o el personal del Tribunal que pueda afectar a los intereses financieros de la Unión; toma nota, además, de la opinión del Tribunal de que el diseño de una estrategia independiente de lucha contra el fraude para las operaciones internas implicaría una carga administrativa desproporcionada, habida cuenta de los amplios controles ya existentes, pero sigue pidiendo al Tribunal que adopte una estrategia de lucha contra el fraude que abarque todos los tipos de operaciones;

49.Toma nota de la opinión del Tribunal, expresada en el informe de seguimiento, de que su papel como institución de auditoría externa independiente lo sitúa fuera del ámbito habitual de las entidades que buscan interactuar con los órganos decisorios de la Unión y ejercer presión sobre ellos; opina que este argumento no es plenamente aplicable, ya que el Tribunal publica informes especiales en los que examina si se han cumplido los objetivos de las políticas y los programas de la Unión, lo que confiere al trabajo del Tribunal una dimensión política o consultiva, aunque no sea un órgano decisorio; recuerda, además, que existen otros órganos consultivos y no decisorios de la Unión que se han adherido formalmente al Registro de transparencia de la Unión; reitera su llamamiento para que el Tribunal se una sin demora al Registro de transparencia, en consonancia con las prácticas de otros órganos no decisorios de la Unión, con el fin de reforzar la confianza pública, al tiempo que se preserva íntegramente su independencia como auditor externo de la Unión;

50.Observa que, según el cuestionario, el presupuesto total comprometido del Tribunal al ámbito informático (hardware, software, servicios informáticos y telecomunicaciones) disminuyó un 12,10 %, pasando de aproximadamente 10,8 millones de euros en 2023 a unos 9,5 millones de euros en 2024; toma nota, entre los principales proyectos informáticos del Tribunal financiados en 2024, de la mejora de su sitio web y su intranet, la migración a una solución de acceso remoto más segura y la aplicación de un nuevo sistema de gestión de traducciones;

51.Apoya firmemente los esfuerzos del Tribunal por desarrollar un ecosistema de conocimientos de auditoría a través de la digitalización; observa, en este contexto y según el cuestionario, que en 2024 el Tribunal puso en marcha varias iniciativas para mejorar sus capacidades digitales y su eficiencia operativa, en particular la integración de los sistemas de información de auditoría, el aumento de la interoperabilidad entre sistemas y aplicaciones, la introducción del asistente de lectura de documentos (DORA) para apoyar la gestión de los conocimientos en las actividades de auditoría, la puesta en marcha del servicio BibliotECA Discovery Collections y la adopción de una nueva política de archivo digital; hace hincapié en que combinar la digitalización con un mayor número de visitas in situ debe dar lugar a resultados de auditoría más eficientes y precisos; anima a seguir invirtiendo en herramientas de auditoría asistidas por IA y en la interoperabilidad de los sistemas con el fin de mejorar la precisión de la auditoría, reducir la carga administrativa y maximizar la rentabilidad;

52.Valora positivamente la publicación de la estrategia inicial y la hoja de ruta para el despliegue de la inteligencia artificial del Tribunal para el período 2024-2025; observa con satisfacción que, según el cuestionario, el Tribunal realizó avances sistemáticos en la aplicación de dicha estrategia, centrándose, entre otras cosas, en probar y preparar el despliegue de herramientas como Microsoft Copilot y GPT@EC, sensibilizar al personal a través de formación específica sobre IA, probar aplicaciones de IA en el trabajo de auditoría y formular conclusiones preliminares; acoge con satisfacción, además, el refuerzo de la gobernanza del Tribunal en materia de IA con la creación del Comité Consultivo sobre Inteligencia Artificial y el nombramiento de un corresponsal de IA en 2024; observa con satisfacción que el Comité Consultivo sobre Inteligencia Artificial, cuya función es apoyar y asesorar al Tribunal en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del marco jurídico y ético que rige el uso de la IA, está compuesto por personal con una combinación de conocimientos especializados para garantizar un enfoque global y la comprensión del impacto de la IA; pide al Tribunal que, como parte de su estrategia en materia de IA, desarrolle indicadores claros para evaluar el valor añadido, los riesgos y las limitaciones de las herramientas de auditoría apoyadas por la IA, y que informe periódicamente al Parlamento sobre su impacto en la calidad, la transparencia y la rendición de cuentas de las auditorías; subraya que la IA debe usarse dentro del pleno respeto de unos principios estrictos de uso ético, transparencia, protección de datos, supervisión humana y protección contra el sesgo o el uso indebido de los algoritmos;

53.Observa que, según el cuestionario, el Tribunal avanzó en la ejecución de su plan de ciberseguridad, y alcanzó varios hitos importantes en 2024, en particular la adopción de un sistema de autenticación sin contraseña a través de Windows Hello for Business, la aplicación de principios de confianza cero para reforzar la seguridad del acceso para los sistemas basados en la nube y en EU Login, y el despliegue de una herramienta de gestión del acceso privilegiado para proteger mejor la administración de los sistemas informáticos; señala, además, que el Tribunal también mejoró su preparación en materia de ciberseguridad participando en el ejercicio conjunto de ciberseguridad de sensibilización y preparación (JASPER), organizado conjuntamente por el Servicio de Ciberseguridad para las Instituciones, los Órganos y los Organismos de la Unión (CERT-EU) y la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), y sensibilizó al personal mediante ejercicios de simulación de phishing para mitigar los riesgos de ingeniería social;

54.Observa con preocupación que el Tribunal sufrió un ciberataque, reivindicado por un grupo prorruso, que bloqueó su sitio web público como parte de una acción coordinada para desestabilizar las elecciones europeas de 2024; acoge con satisfacción el compromiso del Tribunal de reevaluar los riesgos de ciberseguridad al menos cada dos años; anima a que se siga impartiendo formación periódica al personal sobre ciberamenazas para mejorar la resiliencia institucional; pide al Tribunal que mantenga informada a la autoridad de aprobación de la gestión del resultado de toda evaluación de riesgos en materia de ciberseguridad que el Tribunal pueda llevar a cabo en el contexto de la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2023/2841 Reglamento (UE, Euratom) 2023/2841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2023, por el que se establecen medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión (DO L, 2023/2841, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj).;

55.Acoge con satisfacción las iniciativas previstas para 2025 destinadas a seguir reforzando la transformación digital y la ciberseguridad, como el despliegue de Microsoft Copilot, la aplicación de modelos locales de IA generativa y la instalación de autenticación biométrica en los ordenadores portátiles; toma nota, asimismo, del plan del Tribunal de mejorar su infraestructura informática con nuevos servidores, instalar nuevas capacidades para apoyar las reuniones híbridas y reforzar su cooperación con el Comité Interinstitucional para la Transformación Digital en tecnologías emergentes como la IA;

56.Espera que la política revisada de firma electrónica, introducida por el Tribunal en 2025, facilite aún más el uso de firmas electrónicas avanzadas y reduzca la dependencia de los procedimientos en papel, en particular para la documentación contractual externa; espera con interés la continua digitalización de los procesos de aprobación y firma; reconoce el impacto cualitativo positivo de la digitalización en los flujos de trabajo de auditoría, la colaboración y la transparencia, lo que contribuye a unos resultados de auditoría más ágiles y fiables;

57.Acoge con satisfacción los continuos esfuerzos del Tribunal por reforzar las capacidades del personal a través de su programa de formación sobre el uso de la auditoría de datos y tecnología, desarrollado en cooperación con el equipo DATA del Tribunal; observa que esta iniciativa apoya la transformación digital de la institución fomentando una cultura de la innovación y proporcionando un itinerario de aprendizaje estructurado desde niveles básicos a avanzados en ciencia de datos, IA y auditoría informática; reconoce la amplia gama de cursos impartidos en 2024, en particular los módulos sobre aprendizaje automático, ciberseguridad, el marco jurídico que rige el uso de la IA y la visualización de datos, así como la formación informática práctica sobre Microsoft Office y herramientas específicas de auditoría, que mejoran los conocimientos técnicos y la eficiencia operativa de los auditores;

58.Observa que, según el informe del Tribunal sobre la gestión presupuestaria y financiera de 2024, los créditos comprometidos del ejercicio en curso para los inmuebles y los costes asociados del Tribunal ascendieron aproximadamente a 5,7 millones de euros (la misma cifra que en 2023), con un porcentaje de ejecución del 51,30 % en 2024, frente al 62,26 % de 2023;

59.Observa con satisfacción que el Tribunal puso en marcha un nuevo estudio sobre la señalización en los inmuebles en 2024 atendiendo a los resultados de la auditoría de accesibilidad de todos los edificios del Tribunal que se llevó a cabo en 2023; señala también que, según el cuestionario, el Tribunal prosiguió los esfuerzos por mejorar sus inmuebles teniendo en cuenta los requisitos de accesibilidad a la hora de modernizar o renovar ascensores y zonas comunes en 2024;

60.Destaca, entre los proyectos relacionados con los inmuebles del Tribunal iniciados o finalizados en 2024, los siguientes: la transformación de la antigua sala Data Centre, la primera fase de la modernización del sistema audiovisual en la sala de conferencias K2, la instalación de dos pequeñas cocinas y las obras en el tejado del edificio K2;

61.Acoge con satisfacción los esfuerzos que realiza el Tribunal para ser una institución sostenible; toma nota de que el Tribunal publicó en 2024 su cuarto informe de sostenibilidad, que mide las repercusiones económicas, sociales y medioambientales de las operaciones del Tribunal; observa con satisfacción que el 91 % de los informes y análisis especiales del Tribunal publicados en 2024 abarcaban temas pertinentes para los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas; acoge con satisfacción que el 40 % de los contratos públicos del Tribunal incluyeran criterios de economía ecológica y circular y que el 98 % de las compras de bienes y servicios del Tribunal correspondieran a proveedores locales en 2024;

62.Toma nota de que el Tribunal cuenta con la certificación de sistema de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y dispone de una política medioambiental desde 2014, que se actualizó en 2025; observa que el Tribunal mide su huella de carbono utilizando la última versión del método «Bilan Carbone», que abarca ámbitos operativos (actividades del Tribunal) y organizativos (sus tres edificios en Luxemburgo); señala que las emisiones totales de gases de efecto invernadero del Tribunal en 2024 fueron de 9 108 toneladas de CO2, es decir, una disminución del 15 % en comparación con las emisiones de 2014, pero un aumento del 1,60 % en comparación con las de 2023; toma nota de que las compras de bienes y servicios y el transporte de pasajeros fueron las principales contribuciones al total de las emisiones del Tribunal en 2024, con un 31 % y un 29 %, respectivamente;

63.Observa con satisfacción la declaración medioambiental del Tribunal en la que presenta los resultados para 2024, en particular las acciones ya emprendidas y las previstas, cuyo objetivo es reducir el impacto medioambiental de las actividades del Tribunal y alcanzar o superar sus objetivos anuales de desempeño medioambiental; señala que el Tribunal mide su comportamiento medioambiental utilizando un conjunto de indicadores y parámetros comparativos de excelencia; toma nota de que el Tribunal tiene un conjunto de objetivos generales y específicos en el marco de su programa medioambiental para 2023-2025, la mayoría de los cuales se alcanzaron en 2024, en particular en lo que se refiere a la reducción del consumo de energía del Tribunal (electricidad: -24 %; calefacción: -21,80 %), las emisiones atmosféricas (-30 %) y el consumo de agua (‑45 %), así como al aumento del número de procedimientos de contratación pública que incluyen criterios medioambientales (más del 30 %); observa, no obstante, una inversión de tendencia con respecto al número de páginas impresas (+ 9,1 %) y la reducción de la generación anual de residuos (+ 27,50 %); valora positivamente las acciones del Tribunal para contrarrestar su impacto negativo en la biodiversidad; observa que el Tribunal alberga en sus locales varias colonias de abejas productoras de miel que recolectan miembros del personal voluntarios y que participa en iniciativas para plantar árboles en Luxemburgo y en otras actividades relacionadas con el medio ambiente en el marco de la participación del Tribunal en las jornadas interinstitucionales del EMAS de la Unión de 2024; acoge con satisfacción que el número de miembros del personal que utilizan el sistema de bicicletas compartidas de la ciudad haya aumentado de 172 en 2023 a 201 en 2024; celebra el apoyo del Tribunal a la movilidad para los desplazamientos diarios, como la bicicleta, cubriendo los costes de las suscripciones al sistema de bicicletas compartidas de la ciudad de Luxemburgo, o el transporte público, reembolsando parcialmente los abonos de transporte del personal transfronterizo, y que el número de miembros del personal que se benefician de este tipo de sistema de reembolso haya aumentado de veintiocho en 2023 a treinta en 2024;

64.Recuerda que, en 2023, el Tribunal firmó un convenio con las autoridades luxemburguesas para establecer un plan de movilidad; observa que, según el cuestionario, el plan de movilidad se presentó con demora en abril de 2025 y que los resultados del análisis del plan se tendrán en cuenta a la hora de desarrollar el programa EMAS para 2026-2028;

65.Reconoce que la cooperación interinstitucional mejora la eficiencia mediante el uso de herramientas y servicios compartidos, al generar ahorros que permiten la redistribución interna del personal, garantizan mejores precios gracias a las economías de escala y proporcionan acceso a conocimientos especializados en otros organismos de la Unión; observa que, en 2024, el Tribunal prosiguió o amplió su cooperación a través de acuerdos de nivel de servicio existentes y nuevos, también en materia de gestión de pensiones, transformación de los recursos humanos y expedición de salvoconductos de la Unión, y mediante la participación en comités interinstitucionales y asociaciones como los sistemas financieros compartidos y la ciberseguridad y la transformación digital; señala, además, que esta colaboración ha facilitado el intercambio y el desarrollo de soluciones informáticas, lo que ha dado lugar a ahorros presupuestarios significativos en 2024 en ámbitos como las tecnologías de la información, la gestión de misiones y los recursos humanos, y que el Tribunal ha utilizado herramientas desarrolladas por la Comisión para los recursos humanos, la formación y la traducción automática, con un coste aproximado de 500 000 euros, y los servicios de contabilidad SAP, alojados en el Consejo, con un coste aproximado de 170 000 euros; acoge con satisfacción el uso continuado por parte del Tribunal de los servicios de formación y certificación de la Escuela Europea de Administración;

66.Recuerda una vez más que la cooperación efectiva entre el Tribunal y la Comisión seguirá siendo limitada a menos que la Comisión adopte la metodología del Tribunal para evaluar los porcentajes de error, que se basa en una evaluación independiente y exhaustiva de todas las infracciones de las normas, a diferencia del planteamiento de la Comisión, centrado en los errores recuperables;

67.Acoge con satisfacción que el Tribunal coopere estrechamente tanto con la OLAF como con la Fiscalía Europea, también mediante la organización de talleres, actos de sensibilización e intercambio de conocimientos y experiencias; celebra el compromiso del Tribunal de seguir transmitiendo cualquier sospecha basada en indicios razonables a la OLAF, a la Fiscalía Europea o a ambas; observa que el Tribunal remitió diecinueve casos de presunto fraude a la OLAF y siete de ellos a la Fiscalía Europea en 2024;

68.Manifiesta su convencimiento de que un único sistema informático integrado para la prospección de datos y la puntuación de riesgos podría ser una fuente de datos valiosa, que permitiría al Tribunal, a la OLAF y a la Fiscalía Europea reforzar sus esfuerzos de auditoría y control; destaca que debe proporcionarse un acceso ilimitado a dicho sistema y a sus datos sin restricciones injustificadas y que dicho acceso permitiría inmediatamente la exploración y el uso de nuevas herramientas digitales y tecnologías emergentes en el marco de las auditorías del Tribunal;

69.Subraya el importante papel del Tribunal en la arquitectura de lucha contra el fraude de la Unión; pone de relieve que las auditorías e informes especiales del Tribunal detectan sistemáticamente deficiencias, irregularidades y riesgos, activando así medidas correctoras y de recuperación por parte de la Comisión, los Estados miembros y otros agentes de la arquitectura de lucha contra el fraude; señala que, a través de esta función de supervisión, el Tribunal no solo mejora la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también refuerza la capacidad general de disuasión y detección del sistema de la Unión, garantizando que los fondos públicos se gestionen correctamente y estén protegidos contra el fraude y el uso indebido;

70.Acoge con satisfacción la apertura del Tribunal al establecimiento de un diálogo interinstitucional anual entre el Tribunal, el Parlamento, el Consejo y la Comisión, tal como solicitó el Parlamento en sus resoluciones sobre la aprobación de la gestión;

71.Lamenta una vez más que, a pesar de la mejora del acceso a los documentos y a la información del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Tribunal carezca de mandato para auditar operaciones financiadas con fondos propios del BEI; pide que se conceda este mandato al Tribunal, dada la misión del BEI de perseguir los objetivos de la Unión y su creciente relevancia en el panorama económico y político de la Unión, que va más allá de la utilización del presupuesto de la Unión para garantizar sus operaciones; recuerda que el Tribunal, en su Informe Especial n.º 05/2023 titulado «El panorama financiero de la UE: un mosaico que exige un mayor grado de simplificación y de rendición de cuentas», defiende que se establezcan mandatos de auditoría pública para todos los tipos de financiación de las políticas de la Unión;

72.Celebra que, según el cuestionario, existiera una estrecha cooperación entre el Tribunal y el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), principalmente a través del delegado de protección de datos del Tribunal; observa que dicha cooperación abarca la interpretación de disposiciones específicas del Reglamento (UE) 2018/1725, las actividades de intercambio de conocimientos y otros intercambios y contribuciones interinstitucionales en el ámbito de la IA; valora positivamente la participación del Tribunal en el ejercicio «Personal data Breach awareness in cybersecurity incident handling» [Concienciación sobre las violaciones de datos personales en la gestión de incidentes de ciberseguridad], organizado por el SEPD y la ENISA, cuyo objetivo era concienciar al personal sobre la gestión de las vulneraciones de la seguridad de los datos personales;

73.Toma nota de que, en 2024, el presupuesto asignado a las actividades de comunicación y promoción del Tribunal ascendió a 225 000 euros (el mismo que en 2023), con un porcentaje de utilización del 92,32 % (frente al 81,13 % en 2023); constata que la mayor parte del presupuesto se destinó a servicios de seguimiento de medios de comunicación (80 000 euros) y a actividades de prensa (18 133,91 euros), seguida del gasto en relaciones con partes interesadas, que incluyó fundamentalmente el coste de una plataforma de información política (62 100 euros), actividades de comunicación (32 543,37 euros), redes sociales (8 604,66 euros) y publicaciones (6 346,47 euros);

74.Apoya la creciente estrategia de medios de comunicación del Tribunal, que dio lugar a la publicación en línea de un número sin precedentes (más de 24 000) de artículos de prensa en 2024 relacionados con sus informes de auditoría, otras publicaciones o el Tribunal en general, lo que confirma la tendencia al alza en la cobertura observada en los últimos años (22 000 en 2023; 20 000 en 2022; 18 000 en 2021); observa con satisfacción que, según el informe del Tribunal, se produjo un aumento de visitantes al sitio web del Tribunal, puesto en marcha en 2023, con 780 000 visitas en 2024 (frente a 700 000 en 2023), 1 295 025 visualizaciones únicas de páginas y 56 440 descargas; celebra que, a finales de 2024, las cuatro principales cuentas del Tribunal en redes sociales (X, LinkedIn, Facebook e Instagram) hubieran atraído a más de 61 500 seguidores, frente a 55 000 en 2023 y 49 500 en 2022; elogia al Tribunal por poner en marcha su primer boletín mensual en LinkedIn (ECA Insights) en noviembre de 2024, que recoge los aspectos más destacados de los informes recientes y avances de las próximas auditorías, y que a finales de dicho año tenía más de 8 500 suscriptores;

75.Acoge con satisfacción el hecho de que el Tribunal disponga de un sitio web accesible digitalmente (nivel A++), que es auditado dos veces al año por un consultor externo para evaluar si cumple las normas de accesibilidad pertinentes e identificar los obstáculos a la accesibilidad para los usuarios con discapacidad; valora positivamente que, en general, la aplicación de la accesibilidad se considere muy buena y señala que, como resultado de la auditoría, se formularon algunas recomendaciones para seguir mejorando y manteniendo los resultados de accesibilidad del sitio web;

76.Observa que el Tribunal emitió cuarenta y cuatro comunicados de prensa en veinticuatro lenguas de la Unión, así como varias notas informativas, convocatorias de prensa y audios de declaraciones (listos para su uso) en algunas lenguas en 2024; señala, además, que el Tribunal celebró veinte conferencias de prensa en línea, así como otras catorce específicas para determinados países sobre el Informe Anual ese mismo año; subraya que, en total, las conferencias de prensa del Tribunal atrajeron a 876 periodistas, la mayoría de los cuales representaban a los principales medios de comunicación nacionales de los Estados miembros;

77.Acoge con satisfacción el Informe Especial n.º 11/2025 del Tribunal, Transparencia de la financiación de la Unión concedida a las ONG; observa con preocupación los problemas detectados en dicho informe, incluidas las deficiencias en materia de transparencia, clasificación y supervisión; subraya la necesidad de que el Tribunal prosiga y refuerce su seguimiento y presentación de información sobre estas cuestiones al objeto de garantizar el pleno cumplimiento de las normas financieras, los requisitos de transparencia y los valores fundamentales de la Unión;

78.Anima al Tribunal, en este contexto, a que elabore un informe especial sobre la financiación de la Unión proporcionada a las ONG activas en el contexto de Gaza y a las organizaciones que participan en el desarrollo de libros de texto escolares palestinos; subraya que dicho control es crucial a fin de garantizar que los fondos de la Unión no se desvíen, directa o indirectamente, a organizaciones terroristas o a sus afiliados, ni se utilicen de manera que promuevan el odio, la radicalización o la incitación a la violencia, y de asegurar la plena observancia de las normas financieras de la Unión, las normas de transparencia y los valores fundamentales de la Unión;

79.Celebra que, con el fin de aumentar la participación pública, el Tribunal haya ofrecido a la ciudadanía, desde 2024, la oportunidad de contribuir a su programa de trabajo formulando sugerencias de auditoría a través del sitio web del Tribunal;

80.Valora que el Tribunal evalúe la probable utilidad y repercusión de su trabajo a través de la percepción que tienen los lectores de sus informes en el Parlamento, el Consejo, la Comisión, las agencias de la Unión, las representaciones permanentes, agencias y entidades fiscalizadoras superiores de los Estados miembros, las ONG, las instituciones académicas, los medios de comunicación y otras partes interesadas; señala, en este contexto, que desde 2018 el Tribunal ha llevado a cabo encuestas electrónicas anonimizadas para pedir a sus lectores que aporten su opinión cualitativa sobre una selección de informes y formulen sugerencias generales sobre su trabajo; destaca que, en 2024, el 89 % de los encuestados consideró que los informes del Tribunal eran útiles para su trabajo y el 82 % reconoció que tenían repercusión; observa con satisfacción que, en 2024, el Tribunal presentó los resultados de su trabajo en 578 ocasiones ante diversas partes interesadas (por ejemplo, el Parlamento, el Consejo y los Parlamentos nacionales), frente a 456 en 2023 y 437 en 2022.