1.Ruega a la Comisión y a los Estados miembros que respeten y promuevan los valores de la Unión consagrados en el artículo 2 del TUE; insta asimismo a la Comisión a que cumpla sus obligaciones, como llevar a cabo de manera sistemática evaluaciones de impacto exhaustivas en materia de derechos fundamentales al preparar y presentar propuestas legislativas, incoar procedimientos de infracción cuando proceda y utilizar procedimientos acelerados solo cuando sea estrictamente necesario;

2.Insta a la Comisión a que refuerce los informes anuales sobre la aplicación de la Carta proporcionando una visión general de su aplicación en toda la Unión, incluyendo una evaluación del cumplimiento de las disposiciones de la Carta, recomendaciones a Estados miembros y un seguimiento más claro de los retos detectados en materia de derechos fundamentales;

3.Expresa su preocupación por que las interpretaciones nacionales divergentes den lugar a una aplicación inadecuada de determinadas disposiciones de la Carta, como se destaca en el Informe sobre los Derechos Fundamentales de 2025 de la FRA; pide a la Comisión que adopte medidas eficaces para garantizar la aplicación plena y uniforme de la Carta en toda la Unión, y a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que designen puntos focales nacionales para garantizar que la legislación nacional, las políticas y los proyectos financiados por la Unión cumplan plenamente la Carta; opina que las instituciones de la Unión deben desempeñar un papel más destacado en la denuncia de las violaciones de derechos fundamentales y en los llamamientos a los Estados miembros a que adopten las medidas necesarias para abordarlas; pide la mejora de las campañas de sensibilización a nivel nacional y de la Unión, también en cooperación con la FRA, al objeto de capacitar a las personas para que comprendan y ejerzan plenamente de sus derechos;

4.Elogia el papel de la FRA a la hora de realizar un seguimiento de la situación de los derechos fundamentales en la Unión, apoyar a los responsables políticos mediante datos, análisis y asesoramiento y garantizar el respeto y la promoción de los derechos fundamentales en la legislación y las políticas actuales y futuras de la Unión; hace hincapié en la necesidad de asignar mayores recursos humanos y financieros a la FRA para garantizar que pueda desempeñar plena y eficazmente las funciones que le han sido encomendadas;

5.Pide a la Comisión que siga mejorando la eficacia y la coherencia de los instrumentos existentes, en particular los mecanismos de seguimiento y evaluación; reconoce el papel crucial de las condiciones favorecedoras horizontales del Reglamento sobre disposiciones comunes Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (DO L 231 de 30.6.2021, p. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj). a la hora de garantizar la aplicación sistemática de la Carta y la armonización de los programas de la Unión tanto con la Carta como con los valores de la Unión consagrados en el artículo 2 del TUE; subraya la necesidad de garantizar una mayor transparencia y participación de las partes interesadas;

6.Insiste en que el retroceso democrático, los ataques a la independencia judicial y las amenazas al espacio de la sociedad civil no son incidentes aislados, sino parte de una erosión sistémica del Estado de Derecho en varios Estados miembros, como se confirma en el Informe sobre los Derechos Fundamentales de 2025 de la FRA y el Informe sobre el Estado de Derecho en 2025 de la Comisión; destaca que estas tendencias socavan la confianza mutua entre los Estados miembros y el correcto funcionamiento del mercado interior;

7.Observa con preocupación la creciente injerencia política en el poder judicial, el acoso a jueces y fiscales y el uso de procedimientos disciplinarios para silenciar las voces judiciales independientes, como han constatado la FRA y el Consejo de Europa; recuerda que las reformas parciales o simbólicas en varios Estados miembros, como Hungría, no pueden sustituir a una auténtica observancia de la independencia judicial, las garantías efectivas de lucha contra la corrupción y el respeto a la sociedad civil; subraya que estos elementos están intrínsecamente unidos a la protección de los derechos fundamentales, en particular el derecho a la tutela judicial efectiva, la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia, consagrados en los artículos 20 y 47 de la Carta;

8.Reitera su llamamiento a la Comisión y al Consejo para que entablen inmediatamente negociaciones con el Parlamento sobre un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en forma de acuerdo interinstitucional que abarque todos los valores de la Unión consagrados en el artículo 2 del TUE y que comprenda un ciclo político permanente entre las instituciones de la Unión, integrando en un marco único y ejecutable todos los instrumentos existentes, incluidos el procedimiento con arreglo al artículo 7 del TUE, el marco y el informe sobre el Estado de Derecho, el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho, el Reglamento sobre disposiciones comunes y los procedimientos de infracción;

9.Pide a la Comisión que haga un uso sistemático del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho y que lo aplique rigurosamente, y que vele por que los fondos de la Unión no contribuyan a vulneraciones de los valores consagrados en el artículo 2 del TUE;

10.Pide a las instituciones de la Unión que entablen un diálogo con el Consejo de Europa y los Gobiernos nacionales para garantizar que la protección de los derechos humanos fundamentales siga siendo eficaz; recuerda que cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades;

11.Insta a los Estados miembros, en particular a aquellos con un número importante de sentencias del TEDH sin aplicar, a que aceleren su aplicación y establezcan mecanismos nacionales de supervisión transparentes para garantizar su cumplimiento; pide a la Comisión y al Consejo que refuercen la cooperación con el Consejo de Europa en lo que respecta a impulsar la ejecución efectiva de tales sentencias;

12.Expresa su profunda preocupación por las constantes vulneraciones sistémicas de los valores consagrados en el artículo 2 del TUE por parte de Hungría, que sigue sujeta al procedimiento con arreglo al artículo 7, apartado 1, del TUE desde 2018 sin que haya habido avances reales; destaca que esta continua erosión de las normas democráticas y los derechos fundamentales amenaza la credibilidad de la Unión como una comunidad de valores; lamenta el debilitamiento deliberado de la independencia judicial, el pluralismo de los medios de comunicación y la libertad de cátedra, así como el uso indebido de las competencias excepcionales y los ataques contra la sociedad civil y las personas LGBTIQ+; observa que tanto en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2025 de la Comisión como en el Informe sobre los Derechos Fundamentales de 2025 de la FRA se confirma un agravamiento del deterioro del sistema de contrapoderes institucionales, así como una corrupción generalizada y el incumplimiento de las sentencias del TJUE y del TEDH; insta a la Comisión y a los Estados miembros a incoar el procedimiento con arreglo al artículo 7, apartado 2, del TUE; pide que el Consejo adopte recomendaciones específicas por país con plazos claros y criterios de referencia mensurables;

13.Recuerda que el uso de la facultad discrecional debe someterse a control judicial o a controles independientes de otro tipo; pide a los Estados miembros que establezcan mecanismos encaminados a prevenir, corregir y sancionar el abuso de las facultades discrecionales y que motiven debidamente sus decisiones, en particular cuando afecten a los derechos de las personas;

14.Recuerda que, de conformidad con las normas de las Naciones Unidas para la aplicación de la ley, las autoridades policiales deben intentar utilizar medios no violentos como primera opción https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/training5Add1en.pdf.; pide, a este respecto, a los Estados miembros que cumplan las normas de las Naciones Unidas en materia de aplicación de la ley; recuerda que las autoridades policiales son plenamente responsables del cumplimiento de sus obligaciones; subraya la importancia de garantizar que las investigaciones sobre cualquier supuesto caso de uso excesivo de la fuerza y trato discriminatorio por parte de las autoridades policiales sean transparentes, independientes y eficaces; pide a la Comisión que adopte directrices a escala de la Unión en relación con la selección, prueba y experimentación de las armas utilizadas por las autoridades policiales sobre la base de las normas, las recomendaciones y los principios rectores de las Naciones Unidas; pide a los Estados miembros que recopilen datos sobre todos los usos de la fuerza, así como sobre sus causas y consecuencias;

15.Expresa su profunda preocupación por el creciente nivel de corrupción observado en determinados Estados miembros y la aparición de casos de corrupción en los que se ven involucrados altos cargos y políticos; insta a los Estados miembros a que luchen contra la corrupción y cumplan plenamente las recomendaciones del GRECO, incluidas las de su quinta ronda de evaluación sobre las personas con altas funciones ejecutivas y las fuerzas y cuerpos de seguridad, y las recomendaciones formuladas por otros organismos internacionales y europeos pertinentes, incluida la Fiscalía Europea, así como las derivadas de los convenios de lucha contra la corrupción de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa;

16.Acoge con satisfacción la Directiva relativa a la lucha contra la corrupción y pide que se garantice una aplicación efectiva, oportuna y ambiciosa para reforzar la lucha contra la corrupción;

17.Pide a los Estados miembros que garanticen la transparencia en el gasto público y la financiación política, y que protejan a los denunciantes que informan de casos de corrupción en las instituciones públicas y en el sector privado;

18.Insta a la Comisión a que lleve a cabo una evaluación global de la aplicación de la Directiva sobre denunciantes y que adopte las medidas necesarias para garantizar su plena y correcta transposición;

19.Expresa su profunda preocupación por el deterioro de la libertad de los medios de comunicación y la seguridad de los periodistas y los agentes de los medios de comunicación en varios Estados miembros, en particular aquellos peor clasificados en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2025, y por el aumento de la presión, los ataques y la injerencia política en la independencia editorial y la integridad periodística;

20.Recuerda que la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, en particular los medios informativos de gran calidad, financiados de forma sostenible y transparente, ya sean tradicionales o digitales, los periodistas independientes y de investigación, los verificadores de datos y los investigadores, así como los medios de comunicación públicos, sólidos e independientes, son una piedra angular de toda sociedad democrática, constituyen una salvaguardia contra el abuso de poder y un antídoto contra la desinformación;

21.Condena las estrategias opresivas empleadas por los Gobiernos de algunos Estados miembros, como el uso de las demandas estratégicas contra la participación pública y las campañas de difamación, la creciente influencia de oligarcas alineados con Gobiernos, el aumento de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, lo que puede tener un efecto significativo en el pluralismo de los medios y la independencia editorial en toda la Unión, así como el control estatal de los medios de comunicación públicos, la sociedad civil y las instituciones académicas, todo lo cual contribuye a un creciente deterioro de la libertad de los medios de comunicación y de la libertad de cátedra;

22.Lamenta el aumento de la práctica, por parte de funcionarios de alto nivel en algunos Estados miembros, de limitar la comunicación con medios informativos clave; hace hincapié en que estas acciones restringen la libertad y la transparencia de los medios de comunicación y contribuyen a la difusión de desinformación en el espacio público; subraya que los funcionarios tienen una responsabilidad especial en su comunicación con el público; destaca que la difusión de desinformación o los ataques públicos a periodistas por parte de funcionarios suponen un problema cada vez mayor que fomenta un entorno propicio a la propaganda, la polarización, el discurso de odio e incluso los delitos de odio; insta a todas las personalidades públicas a que sean conscientes y estén a la altura de su responsabilidad en la comunicación pública, procurando que su discurso no deje de ser respetuoso, objetivo y profesional;

23.Lamenta los fallos sistémicos en la investigación y el enjuiciamiento de delitos contra periodistas en varios Estados miembros; hace hincapié en la urgente necesidad de establecer salvaguardias más robustas y marcos jurídicos sólidos para proteger a los periodistas; subraya que la falta de investigación y enjuiciamiento de los delitos denunciados por los periodistas los expone a un mayor riesgo de amenazas y violencia; insta a las autoridades nacionales a que pongan fin a la impunidad mediante investigaciones y enjuiciamientos exhaustivos y transparentes; rinde homenaje a Ján Kuciak, Daphne Caruana Galizia y Giorgos Karaivaz, y reconoce su labor esencial como periodistas de investigación; pide a las autoridades competentes que garanticen que se imparta justicia en última instancia;

24.Condena enérgicamente todas las formas de violencia, amenazas, intimidación y vigilancia contra periodistas, así como el acoso y la criminalización de periodistas por su trabajo; pide que se despenalice la difamación; destaca que las mujeres periodistas son especialmente perseguidas y que esto es motivo de preocupación; subraya que este ambiente hostil para el trabajo periodístico podría dar lugar a la autocensura o disuadir a las personas de elegir carreras periodísticas;

25.Insta a la Comisión, a los Estados miembros y a los países candidatos y candidatos potenciales a que garanticen la seguridad y la protección inmediatas y eficaces de los periodistas y los profesionales de los medios de comunicación, incluidos aquellos que luchan contra la corrupción en los niveles más altos de gobierno;

26.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan unos medios de comunicación libres, independientes y plurales; destaca la necesidad de procurar una protección jurídica sólida de los medios de comunicación públicos, garantizando su independencia editorial y una financiación estable, a salvo de influencias e injerencias políticas, a fin de que puedan servir al interés público de manera eficaz e imparcial; pide a la Comisión que siga de cerca estos cambios en toda la Unión y que dé respuesta a los problemas que persistan;

27.Recuerda varios casos en los que periodistas con ciudadanía de la Unión han sido detenidos por acusaciones falsas en el ejercicio de sus funciones profesionales en terceros países, incluidos algunos países candidatos; insta a la Comisión y a los Estados miembros, en consonancia con la Recomendación (UE) 2022/758 de la Comisión, a que redoblen sus esfuerzos para contribuir a la liberación y el retorno seguro de estos periodistas detenidos arbitrariamente; pide a la Comisión que preste especial atención a los casos de detención injustificada de periodistas en los países candidatos, incluida Turquía, y a los procedimientos judiciales contra el periodista sueco Joakim Medin;

28.Insta a la Comisión a que vele por la plena y correcta aplicación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación; insta asimismo a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen la aplicación rápida y adecuada de la Directiva relativa a las demandas estratégicas contra la participación pública y a que adopten medidas eficaces para poner fin a todos los casos de demandas estratégicas contra la participación pública en toda la Unión;

29.Pide a los Estados miembros que sigan la recomendación de la Plataforma para la Seguridad de los Periodistas del Consejo de Europa, a fin de reforzar la protección de los periodistas exiliados, lo que incluye salvaguardias contra el uso indebido de las notificaciones rojas de INTERPOL;

30.Recuerda que dieciséis Estados miembros de la Unión se han comprometido recientemente a reforzar el apoyo a la integridad de la información y a la independencia de los medios de comunicación; reconoce que varios Estados miembros han adoptado planes de acción específicos y han tomado medidas para crear estructuras de apoyo específicas que promueven la seguridad de los periodistas;

31.Destaca la creciente tendencia a la manipulación electoral en la Unión por parte de agentes tanto nacionales como extranjeros; pide a la Comisión que lleve a cabo análisis específicos periódicos de las herramientas disponibles y utilizadas por los Estados miembros para luchar contra la desinformación y las injerencias extranjeras vinculadas a los procesos electorales, siendo consciente de que estas amenazas socavan los derechos fundamentales, incluido el derecho a recibir o comunicar informaciones, la participación democrática y unas elecciones libres y limpias;

32.Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen que todas las medidas adoptadas para proteger a la Unión frente a la manipulación de la información y las injerencias extranjeras incluyan salvaguardias sólidas y decididas de los derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión; toma nota de la reciente propuesta de la Comisión del «Escudo Europeo de la Democracia» y declara su intención de participar constructivamente en su desarrollo ulterior;

33.Pide a la Comisión que evalúe si las medidas restrictivas de la Unión impuestas a varios académicos, científicos y analistas cumplen los requisitos de proporcionalidad y necesidad en virtud del Derecho de la Unión y del artículo 11 de la Carta, y si se han adoptado de manera que se minimicen sus efectos en los derechos económicos, sociales y culturales; recuerda que debe garantizarse el derecho a ser oído https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/01/european-union-restrictive-measures-against-academics-negatively-impact.;

34.Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen la aplicación y el cumplimiento efectivos del Reglamento de Servicios Digitales, el Reglamento de Inteligencia Artificial Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 300/2008, (UE) n.º 167/2013, (UE) n.º 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial) (DO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj). y el Reglamento sobre transparencia y segmentación en la publicidad política Reglamento (UE) 2024/900 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2024, sobre transparencia y segmentación en la publicidad política (DO L, 2024/900, 20.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj)., en particular asegurando unos recursos humanos y técnicos suficientes para salvaguardar la integridad de las elecciones en la Unión en el futuro;

35.Reconoce el importante papel de las tecnologías digitales para fomentar el acceso a la información y la participación democrática; destaca que el modelo de negocio de las plataformas de redes sociales basado en la microsegmentación puede estimular un comportamiento adictivo y dar lugar a una amplificación de contenidos divisivos, con graves repercusiones para los derechos fundamentales, como los derechos del niño, el derecho a la protección de datos personales, la igualdad y la no discriminación; subraya que, a menudo, las plataformas de redes sociales se utilizan como vía de acceso para injerencias extranjeras y ataques híbridos, debido a sus efectos amplificadores sobre la cohesión social y los procesos democráticos; subraya la necesidad de abordar estos retos como parte del ecosistema de resiliencia más amplio de la Unión;

36.Pide a la Comisión que refuerce las obligaciones de evaluación y mitigación de riesgos para las plataformas en línea de muy gran tamaño y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño, y que garantice un seguimiento eficaz; insta a la Comisión a que se mantenga firme frente a los intentos de socavar el Reglamento de Servicios Digitales y a que prosiga las investigaciones en curso sobre las grandes plataformas en línea;

37.Destaca los retos que plantean los chatbots de la IA generativa, incluido el potencial que encierran estos sistemas de provocar daños cognitivos a través de sus interacciones; considera que las nuevas tecnologías, incluidos los sistemas de IA, deben guiarse por los principios de transparencia, explicabilidad, equidad y rendición de cuentas, y que se deben establecer salvaguardias adecuadas en los sistemas algorítmicos, como la realización de evaluaciones de impacto independientes para impedir que agraven la discriminación y las desigualdades existentes; comparte la opinión del secretario general de las Naciones Unidas de que los algoritmos no deben determinar exclusivamente la información a la que las personas tengan acceso, y de que las empresas tecnológicas deben garantizar que sus algoritmos y sistemas de recomendación de contenidos se diseñen y utilicen de manera que no socaven los derechos fundamentales ni los valores democráticos;

38.Recuerda que, de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de Servicios Digitales, los prestadores de plataformas en línea deben establecer en sus condiciones generales los parámetros principales utilizados en sus sistemas de recomendación, cualquier opción a disposición de los usuarios para modificar o influir en dichos parámetros y una explicación de por qué se sugieren determinados contenidos al usuario; insta a los intermediarios en línea a que pongan fin a las prácticas que explotan deliberadamente la polarización con ánimo de lucro;

39.Destaca los efectos negativos que las plataformas en línea pueden tener en los derechos fundamentales y la salud mental de los niños; subraya la necesidad de proteger a los niños en línea y pide a la Comisión que supervise de cerca si los marcos jurídicos vigentes pueden dar respuesta eficazmente a estas preocupaciones, prestando especial atención a procurar una visión sólida de los derechos del niño y los derechos fundamentales en estas evaluaciones; subraya que la inminente Ley de Equidad Digital debe proteger eficazmente a los menores en línea y salvaguardar sus derechos; pide asimismo a la Comisión que garantice un elevado nivel de privacidad, seguridad y protección de los niños, y que los proteja mejor de los contenidos nocivos e ilícitos y de la publicidad basada en la elaboración de perfiles;

40.Celebra el anuncio de la primera investigación a escala de la Unión sobre los efectos de las redes sociales en el bienestar, y pide a la Comisión que acelere el proceso;

41.Pide una mayor inversión en alfabetización mediática y digital, ya que es la defensa más eficaz frente a la manipulación; insta a los Estados miembros a que incluyan la alfabetización mediática y digital, la educación ciudadana, la historia europea, el respeto de los derechos fundamentales, el pensamiento crítico y el fomento de la participación pública en los planes de estudios escolares y universitarios, reconociéndolos como elementos fundamentales necesarios para una participación provechosa en la vida democrática y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y el derecho a recibir información; destaca la necesidad de trabajar en paralelo para sensibilizar sobre cómo combatir la desinformación y promover la alfabetización digital; pide una estrategia concertada de la Unión en materia de alfabetización mediática y digital, con proyectos que generen resultados reales de una magnitud significativa en toda la Unión;

42.Lamenta la práctica cada vez más frecuente de la vigilancia gubernamental de medios de comunicación y periodistas independientes por parte de los servicios de inteligencia; condena enérgicamente los intentos de determinados Gobiernos de presentar a los medios de comunicación y a los periodistas independientes como promotores de la radicalización o de restringir su labor calificándolos de amenazas para la sociedad o la seguridad nacional;

43.Reitera que la vigilancia debe llevarse a cabo de conformidad con la ley, perseguir un objetivo legítimo y ser necesaria y proporcionada, habida cuenta de la amenaza que supone para los derechos fundamentales y la democracia; lamenta que el marco jurídico de algunos Estados miembros no proporcione salvaguardias precisas, eficaces y exhaustivas sobre la autorización y la ejecución de medidas de vigilancia, ni sobre posibles mecanismos de recurso contra esas medidas; subraya que toda medida de vigilancia debe estar sujeta a un control judicial adecuado y a una supervisión efectiva; considera con preocupación los nuevos casos de invocación injustificada de la «seguridad nacional» para justificar el despliegue y el uso de programas espía y garantizar el secreto absoluto y la falta de rendición de cuentas; acoge favorablemente la declaración de la Comisión, en consonancia con la jurisprudencia del TJUE, de que la mera referencia a la seguridad nacional no puede interpretarse como una exención ilimitada de la aplicación del Derecho de la Unión y debe exigir una justificación clara; pide a la Comisión que haga un seguimiento en los casos en que existan indicios de abuso, de acuerdo con esa declaración; recuerda que, en una sociedad democrática y transparente que acate el Estado de Derecho, la vigilancia en nombre de la seguridad nacional debe ser la excepción y no la regla;

44.Reitera su llamamiento a los Estados miembros En particular a Grecia, Chipre, Italia, Hungría, Polonia y España. para que sigan todas las recomendaciones de la Comisión PEGA y de la Comisión de Venecia, que proporcionan orientaciones importantes para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la supervisión democrática; destaca la necesidad de que exista plena rendición de cuentas y transparencia en todos los casos de vigilancia intrusiva; insta a la Comisión a que dé respuesta a las amenazas cada vez mayores que plantean las tecnologías de los programas espía; pide un control judicial efectivo para velar por que nunca se emplee la vigilancia en contra de periodistas, activistas u opositores políticos;

45.Insta a que se concluya la adhesión de la Unión al CEDH; recuerda que el TJUE, en su Dictamen 2/13, destacó una serie de obstáculos jurídicos a la adhesión, y subraya la importancia de solventar estos obstáculos para permitir la adhesión oportuna y satisfactoria de la Unión; subraya que este paso es esencial para adaptar el marco jurídico de la Unión a las normas más estrictas en materia de protección de los derechos humanos;

46.Recuerda que el nuevo marco legislativo en virtud del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión establece normas revisadas para los procedimientos de asilo, la gestión de las fronteras y la solidaridad; subraya que su aplicación efectiva exige el pleno respeto de los derechos fundamentales; destaca que el respeto de los derechos fundamentales debe seguir siendo objeto de un seguimiento riguroso;

47.Pide a la Unión y a los Estados miembros, en particular a sus autoridades competentes, que cumplan las obligaciones y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos en sus políticas migratorias, promuevan investigaciones prontas, supervisen de cerca los efectos de estas políticas en los derechos fundamentales, tanto en los marcos jurídicos existentes como en el desarrollo de legislación futura, y se abstengan de adoptar políticas migratorias que agraven la desigualdad y la exclusión; anima a la Unión y a los Estados miembros a que tengan en cuenta la situación y las necesidades específicas de los grupos vulnerables; pide que se establezca un mecanismo para supervisar el cumplimiento de estas obligaciones;

48.Insta a los Estados miembros a que apliquen de manera plena y oportuna el Pacto sobre Migración y Asilo; destaca la necesidad de cumplir el plazo de aplicación establecido; observa con preocupación la falta de preparación por parte de algunos Estados miembros a la hora de cumplir el plazo de aplicación, también en lo que respecta a las disposiciones relativas a los derechos fundamentales, y anima a mantener el apoyo y la cooperación para garantizar su plena aplicación; hace hincapié en que el Derecho internacional reconoce que la solicitud de asilo es un acto lícito y que, por tanto, un solicitante de asilo no puede ser detenido arbitrariamente por la única razón de serlo; recuerda que la privación de libertad de solicitantes de asilo debe ser una medida de último recurso si no pueden aplicarse eficazmente medidas alternativas menos coercitivas; subraya que toda privación de libertad de solicitantes de asilo debe ser excepcional, necesaria y proporcionada, y solo puede ordenarse sobre la base de una evaluación individual por las razones específicas previstas en el Derecho de la Unión;

49.Condena enérgicamente las violaciones de los derechos fundamentales en las fronteras, así como los malos tratos y el uso de la violencia por parte de las autoridades nacionales, como las fuerzas y cuerpos de seguridad y los guardias de fronteras; observa que estas prácticas a menudo no se denuncian y no se investigan; señala, además, que varios Estados miembros siguen enfrentándose a una importante presión operativa en sus fronteras exteriores; subraya que estos desafíos requieren una respuesta europea coordinada, que incluya procedimientos racionalizados y eficaces, de plena conformidad con el marco jurídico internacional y de la Unión aplicable;

50.Reitera la obligación, en virtud del Derecho internacional del mar, de asistir a las personas en peligro, y pide urgentemente a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan operaciones de búsqueda y salvamento permanentes y coordinadas con desembarcos rápidos; insta asimismo a los Estados miembros a que adopten todas las medidas posibles para salvar las vidas de las personas en situación de riesgo en el mar; pide, además, que se garantice que las operaciones de búsqueda y salvamento puedan funcionar de conformidad con el Derecho internacional y de la Unión, y que estas operaciones se coordinen entre los agentes pertinentes cuando sea posible, incluidas las autoridades de los Estados miembros, las agencias pertinentes de la Unión y los agentes no gubernamentales correspondientes;

51.Recuerda que el artículo 46 del Reglamento sobre la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2019, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1052/2013 y (UE) 2016/1624 (DO L 295 de 14.11.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj). puede activarse en casos de posibles violaciones de los derechos fundamentales; pide a la Agencia que haga pleno uso proactivo de todos los instrumentos a su disposición, en particular la posibilidad de activar el artículo 46 en casos de posibles violaciones de los derechos fundamentales;

52.Insta a los Estados miembros a que tengan debidamente en cuenta las recomendaciones formuladas por el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa en su informe titulado «Proteger a los defensores. Poner fin a la represión de los defensores de los derechos humanos que ayudan a refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en Europa» https://rm.coe.int/recommendation-protecting-the-defenders-ending-repression-of-human-rig/1680ae9b1c https://rm.coe.int/resumen-de-la-recomendacion-proteger-a-los-defensores-poner-fin-a-la-r/1680b1a41f.; destaca la importancia de mantener un discurso público basado en el respeto de la dignidad humana, al tiempo que subraya la importancia de un debate público responsable y basado en hechos sobre migración y asilo; condena enérgicamente la retórica recurrente contra los refugiados y los migrantes;

53.Condena enérgicamente el rápido retroceso de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ en varios Estados miembros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que protejan y promuevan la igualdad de género y los derechos fundamentales, también abordando la desinformación y las campañas organizadas que aspiran a limitar estos derechos, y que adopten las medidas necesarias para promover la representación de género;

54.Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten las medidas necesarias para luchar contra los movimientos contrarios a la igualdad de género y a los derechos, incluidos los movimientos contra las personas LGBTIQ+, y a que lleven a cabo una investigación, un seguimiento y un análisis en profundidad del impacto de estos movimientos para comprender mejor sus operaciones y sus estrategias de financiación y coordinación; destaca que esta comprensión es crucial para salvaguardar una Europa inclusiva y tolerante basada en los valores consagrados en el artículo 2 del TUE;

55.Insta a la Comisión a que garantice que, en el nuevo MFP, no se proporcione financiación de la Unión a los grupos contrarios a la igualdad de género y a los derechos que tengan por objeto frenar los avances en los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, ni a ningún grupo o proyecto que no respete los valores de la Unión y los derechos fundamentales consagrados en la Carta; insta asimismo a la Comisión a que vigile de cerca la ejecución en los Estados miembros de los fondos en régimen de gestión compartida destinados a promover la igualdad de género y apoyar a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales femeninas, con el fin de garantizar que las convocatorias de propuestas para obtener dichos fondos no se vean interrumpidas ni retenidas deliberadamente;

56.Expresa su profunda preocupación por la intensificación de los ataques contra la comunidad LGBTIQ+ y sus derechos fundamentales en algunos Estados miembros; hace hincapié en que estos ataques vulneran el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la igualdad de protección ante la ley sin discriminación; pide a la Unión y a los Estados miembros que combatan todas las formas de violencia y discriminación contra las personas LGBTIQ + y que aborden las disparidades en materia de protección derivadas de la aplicación incoherente de las medidas de protección en todos los Estados miembros; acoge con satisfacción la nueva Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ+ 2026-2030, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen su rápida aplicación; pide a los Estados miembros que renueven o adopten nuevos planes de acción o estrategias nacionales dirigidas a las personas LGBTIQ+ para complementar las iniciativas de la Unión con medidas nacionales eficaces;

57.Subraya que la ausencia de procedimientos legales de reconocimiento jurídico de género vulnera los derechos fundamentales; condena las prácticas de conversión, a saber, las prácticas destinadas a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona, como violaciones de derechos fundamentales, e insta a la Comisión a luchar contra ellas mediante acciones concretas; insta asimismo a la Comisión, en este sentido, a que presente una propuesta de acto jurídico que establezca la prohibición por parte de la Unión de las prácticas de conversión en todos los Estados miembros, como medida de seguimiento de la iniciativa ciudadana europea «Prohibición de las prácticas de conversión en la Unión Europea»;

58.Expresa su profunda preocupación por las medidas discriminatorias adoptadas en algunos Estados miembros con el pretexto de luchar contra la «propaganda LGBTIQ+», que están contribuyendo a un aumento alarmante de los delitos de odio y el discurso de odio dirigidos contra personas LGBTIQ+; destaca el impacto negativo de esas medidas en la libertad de expresión y la libertad de reunión; hace hincapié en que esas acciones fomentan la discriminación y contravienen el Derecho de la Unión; destaca la importancia del derecho a la autodeterminación de las personas LGBTIQ + y la jurisprudencia pertinente a este respecto;

59.Pide a todos los Estados miembros que protejan los derechos de las personas LGBTIQ+ de conformidad con el Derecho de la Unión, la Carta y la jurisprudencia del TJUE y del TEDH; insta a la Comisión a que aborde el persistente incumplimiento de las sentencias del TJUE relacionadas con los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+, utilizando todos los mecanismos a su disposición;

60.Recuerda que en varios Estados miembros persisten obstáculos jurídicos al reconocimiento transfronterizo de las parejas, la filiación y los matrimonios del mismo sexo; advierte de que estas prácticas obstaculizan la libre circulación de las familias LGBTIQ+ dentro de la Unión, violan el principio de no discriminación ante la ley, y ponen de relieve que no existe una protección uniforme para las personas LGBTIQ+ en todos los Estados miembros; pide a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho que introduzcan el reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo; pide a la Comisión que proponga una versión refundida de la Directiva 2004/38/CE Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158 de 30.4.2004, p. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj)., con el fin de incluir un reconocimiento transfronterizo explícito del derecho al respeto de la vida privada y familiar; subraya que todos los menores son iguales ante la ley y que los Estados miembros deben actuar en aras del interés superior del menor;

61.Recuerda el mandato del Parlamento en relación con el Reglamento sobre filiación, que apoya el reconocimiento de la filiación en toda la Unión, independientemente del tipo de familia; pide a los Estados miembros que adopten sin demora el Reglamento sobre filiación para aportar seguridad jurídica a los progenitores y los hijos en toda la Unión, y que garanticen que la filiación determinada por un Estado miembro de la Unión se reconozca automáticamente en toda la Unión; insta a la Comisión a que garantice el pleno respeto de la libre circulación de personas, los derechos del niño, el derecho de residencia y la reagrupación familiar dentro de la Unión, permitiendo que todos los ciudadanos disfruten de los mismos derechos y los ejerzan plenamente;

62.Acoge con satisfacción la hoja de ruta de la Unión sobre los derechos de la mujer y la Declaración de principios para una sociedad igualitaria en materia de género anexa a ella; lamenta, no obstante, la falta de compromisos financieros sólidos; manifiesta su preocupación por el insuficiente nivel de ambición para proteger y promover la Unión de la Igualdad;

63.Subraya que la violencia de género, tanto en internet como fuera de internet, constituye un delito grave y generalizado, así como una violación de los derechos fundamentales y del principio de igualdad ante la ley; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas contra cualquier forma de violencia de género, tanto en internet como fuera de internet;

64.Expresa su preocupación por el hecho de que las formas y los patrones de la ciberviolencia de género sigan evolucionando; subraya que el intercambio no consentido de material íntimo y el discurso de odio son algunas de las formas más extendidas de ciberviolencia; pone de relieve la necesidad de desarrollar medidas que aborden y contrarresten el auge de los valores misóginos en lo que se refiere a la igualdad de género y los derechos de las mujeres; subraya la necesidad de profundizar en la comprensión del fenómeno y la ideología «incel», y hace hincapié en la importancia de la prevención a través de políticas más activas para contrarrestar tanto el fenómeno y la ideología como sus discursos;

65.Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aborden los posibles daños cada vez mayores y el efecto disuasorio que las nuevas tecnologías, incluida la IA, pueden tener en las víctimas, y a que establezcan medidas preventivas y de apoyo; insta asimismo a la Comisión a que actúe contra la violencia generalizada en línea contra las mujeres, que se ha convertido en un obstáculo cada vez mayor para la participación de las mujeres en la vida pública y para la representación equitativa; pide, a este respecto, a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen plena y adecuadamente la legislación pertinente, en particular la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica Directiva (UE) 2024/1385 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (DO L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj). y el Reglamento de Servicios Digitales;

66.Lamenta profundamente y condena la propagación de los delitos de odio y el discurso de odio, también en las redes sociales; destaca que suponen una grave amenaza para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; pone de relieve y condena enérgicamente los riesgos planteados en relación con el debate democrático y los derechos fundamentales cuando la libertad de expresión e información son utilizadas por parte de movimientos y políticos antidemocráticos para legitimar el discurso de odio, la desinformación y la intimidación de periodistas y minorías; subraya que la libertad de expresión debe ejercerse en el marco de la ley y en consonancia con el artículo 11 de la Carta, y no debe usarse como pretexto para socavar la democracia ni los derechos fundamentales;

67.Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten las medidas necesarias para luchar contra el discurso de odio y los delitos de odio, tanto en línea como fuera de línea, especialmente cuando esa conducta pueda convertirse en violencia, incluida la violencia de género; destaca, además, la importancia de establecer legislación de la Unión para luchar contra los delitos de odio y el discurso de odio, también por motivos como la identidad de género y la orientación sexual; anima a la Comisión a que realice un seguimiento de la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ+ 2026-2030; acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de ampliar la lista de delitos de la Unión recogida en el artículo 83, apartado 1, del TFUE, para que incluya el discurso de odio y el delito de odio, resaltando la necesidad de garantizar una respuesta contundente por parte del Derecho penal de la Unión en este sentido;

68.Insta al Consejo a que amplíe la lista actual de «delitos de la Unión» en virtud del artículo 83, apartado 1, del TFUE para que incluya el discurso de odio y el delito de odio; pide al Consejo que active la «cláusula pasarela» a este respecto; pide a la Comisión que se prepare para iniciar la segunda fase del procedimiento, proponer una Directiva destinada a combatir la incitación al odio y los delitos de odio, tanto en línea como fuera de línea, y tener en cuenta la posición del Parlamento en este sentido https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0044_ES.html.;

69.Hace hincapié en que la falta o la denegación de acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto seguro y legal, es una forma de violencia de género y una violación de los derechos humanos y fundamentales; insta a la Comisión a que trabaje activamente para garantizar una amplia accesibilidad a la salud y los derechos sexuales y reproductivos; reitera su petición de que se incluya el derecho al aborto seguro y legal en la Carta;

70.Insta a la Comisión a que garantice un seguimiento adecuado de la Iniciativa Ciudadana Europea «Mi voz, mi decisión: por un aborto seguro y accesible» y a que presente una propuesta de mecanismo financiero para apoyar a los Estados miembros dispuestos a prestar servicios seguros de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto seguro y legal, a quienes siguen sin tener acceso a dichos servicios en la Unión;

71.Subraya que todavía no existe una definición a escala de la Unión de violación sobre la base de la ausencia de consentimiento; pide a los Estados miembros que velen por que no exista en la legislación ni en la práctica la presunción de consentimiento cuando no haya resistencia física a la conducta sexual, con independencia de que el autor amenace con utilizar o utilice la violencia física, o de que la víctima mantenga una relación íntima o esté casada con el autor; insta asimismo a los Estados miembros que no lo hayan hecho ya a que incluyan en sus legislaciones nacionales una definición de violación basada en la ausencia de consentimiento libre, en consonancia con el Convenio de Estambul y la evolución de las normas internacionales; pide a la Comisión que presente una propuesta de esa definición a escala de la Unión; reitera que la violencia sexual, incluida la violación, constituye una grave vulneración de los derechos humanos y de la dignidad humana;

72.Recuerda el conjunto de documentos publicados en relación con el condenado por delitos sexuales Jeffrey Epstein, que indica que se han cometido innumerables delitos y, en consecuencia, que existe un gran grupo de autores ocultos; observa que está bien documentado que Epstein contaba con una red que se extendía ampliamente por los corredores del poder en toda Europa, incluidas las familias reales, los altos diplomáticos y los políticos; condena que aún no se haya determinado cuántos miembros de esta red estaban al tanto de la trata de seres humanos, la explotación sexual de menores, el fraude y los delitos financieros o estaban implicados en estos delitos; subraya no solo que es altamente preocupante que estas personas sigan en libertad, sino también que la falta de una rendición de cuentas plena socava el Estado de Derecho y la confianza pública en las instituciones democráticas; destaca que los asuntos con aspectos transfronterizos del interior de la Unión deben abordarse a nivel de la UE; cuestiona la capacidad de la Unión para investigar, prevenir y combatir la delincuencia transfronteriza compleja cometida por las élites de la sociedad; insta a la Comisión a que encargue sin demora al centro de expertos de la Unión para la prevención de la delincuencia (esto es, Europol), junto con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y las autoridades nacionales, que investigue y analice la naturaleza de esta actividad delictiva, así como que identifique a las personas que pueden ser consideradas responsables;

73.Insta a los Estados miembros a que reconozcan formalmente el feminicidio como un delito específico basado en el género en la legislación nacional, a que adopten y apliquen estrategias globales para prevenirlo y combatirlo, a que garanticen la investigación y el enjuiciamiento efectivos de todos los casos y a que proporcionen refugios especializados, asesoramiento y mecanismos de indemnización para los familiares de las víctimas;

74.Condena en los términos más enérgicos el uso de la violación y otras formas de violencia sexual como arma de guerra y recuerda que dicha conducta puede constituir crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad con arreglo al Derecho internacional; insta a reforzar las iniciativas internacionales de documentación de esos delitos, y hace hincapié en la importancia de garantizar el acceso al aborto seguro y legal para las víctimas de violencia sexual, incluidas las víctimas de violaciones en contextos de guerra;

75.Insta a todos los Estados miembros a que ratifiquen el Convenio de Estambul; expresa su profunda preocupación por los Estados miembros que aún no lo han ratificado y por cualquier retirada del Convenio de Estambul; subraya que esas retiradas son el resultado de una campaña prolongada de desinformación sobre el ámbito de aplicación y los objetivos del Convenio por parte de fuerzas antidemocráticas en toda la Unión;

76.Recuerda que la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes, establecida en el artículo 4 de la Carta y en el artículo 3 del CEDH, es absoluta e inderogable y se aplica plenamente a todas las personas, incluidas aquellas privadas de libertad; insta a los Estados miembros a que garanticen que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los mecanismos nacionales de prevención puedan realizar visitas sin restricciones a todos los lugares de detención y que sus recomendaciones se apliquen plenamente;

77.Observa con preocupación que, en algunos Estados miembros, la prisión preventiva se utiliza en exceso o sin justificación suficiente; insta a los Estados miembros a que velen por que la privación de libertad antes del juicio se utilice únicamente como último recurso, respetando plenamente las normas del CEDH y la presunción de inocencia, así como a que refuercen el control judicial y la revisión periódica de las resoluciones de internamiento;

78.Condena con firmeza el hacinamiento sistemático, la falta de atención médica y la prolongación ilegal de la prisión preventiva; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el pleno cumplimiento de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y su Protocolo Facultativo y las Reglas Penitenciarias Europeas, mejorando las condiciones de internamiento en todas las prisiones y adoptando medidas preventivas y de rehabilitación, incluidas las instalaciones para menores, así como combatiendo el hacinamiento, garantizando acceso a la asistencia sanitaria y psicológica, y reforzando las medidas de prevención del suicidio; subraya que la protección de la dignidad humana es una medida de la fortaleza democrática de la sociedad;

79.Pide a la Comisión que haga frente a las violaciones graves de los derechos humanos en los establecimientos penitenciarios, en consonancia con la obligación de la Unión de defender los valores consagrados en el artículo 2 del TUE;

80.Recuerda que, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del TUE, las instituciones de la Unión deben mantener un diálogo abierto, transparente y estructurado con las organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones representativas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen procesos de consulta eficaces en consonancia con las normas en materia de buena gobernanza, promuevan el compromiso y la participación efectiva de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de las políticas, también en cuestiones relacionadas con la protección y la promoción de los derechos fundamentales, y apoyen su capacidad de participar en las políticas de la Unión, garantizando al mismo tiempo la transparencia y el pleno cumplimiento de las normas aplicables;

81.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una financiación sostenible, flexible y accesible para las organizaciones de la sociedad civil, así como el acceso a la justicia;

82.Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, en el contexto del próximo MFP, de permitir la redistribución de los fondos inmovilizados a las organizaciones de la sociedad civil, y subraya la necesidad de garantizar que una parte de dichos recursos pueda apoyar a las organizaciones que trabajan para promover los derechos fundamentales y otros valores de la Unión en los Estados miembros en los que los fondos siguen inmovilizados; recuerda que el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) ha sido muy importante para proteger y promover los derechos y valores consagrados en los Tratados, la Carta y los convenios internacionales de derechos humanos aplicables, en particular respaldando a las organizaciones de la sociedad civil y fomentando la participación democrática y ciudadana, con el fin de sostener y seguir desarrollando sociedades abiertas, basadas en derechos, democráticas, igualitarias e inclusivas; considera que el nuevo programa AgoraEU debe ofrecer salvaguardias, al menos, con el mismo nivel de ambición que el programa CERV;

83.Acoge con satisfacción la Estrategia de la UE para la Sociedad Civil de la Comisión; acoge asimismo con satisfacción el hecho de que la Estrategia se centre en las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, e incluya acciones como el refuerzo de un compromiso eficaz y significativo con la sociedad civil, la garantía de un espacio cívico abierto, seguro y propicio mediante la prestación de apoyo y protección, incluida la reducción de las cargas administrativas para las organizaciones de la sociedad civil sobre el terreno, y el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil con una financiación adecuada, sostenible y transparente; insta a la Comisión a que garantice la plena aplicación de la Estrategia y a que supervise de manera sistemática la situación del espacio cívico en sus informes sobre el Estado de Derecho;

84.Expresa su profunda preocupación por la reducción continuada del espacio de la sociedad civil y el aumento de la persecución de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en varios Estados miembros, en particular aquellos que trabajan en los ámbitos de la lucha contra el racismo, la justicia climática, los derechos de las personas LGBTIQ+, los derechos de las mujeres y la migración; observa que estos grupos se enfrentan a una serie de amenazas, que incluyen restricciones legales y financieras, suspensiones de financiación, campañas de difamación, intimidación y criminalización; lamenta que las restricciones a la libertad de reunión, expresión y asociación afecten a menudo de manera desproporcionada a causas o grupos específicos;

85.Subraya que el derecho de reunión pacífica, la libertad de asociación y expresión y la libertad de las artes y de las ciencias son derechos fundamentales protegidos por el Derecho internacional y de la Unión y esenciales para la democracia; hace hincapié en que la libertad de asociación, garantizada por el artículo 12 de la Carta y el artículo 11 del CEDH, es una piedra angular de toda sociedad democrática;

86.Condena la criminalización de los trabajadores y activistas humanitarios; anima a los Estados miembros a que garanticen que la ayuda humanitaria prestada a las personas vulnerables no se criminalice; recuerda que la legislación de la Unión debe ajustarse a las normas europeas e internacionales en materia de derechos humanos, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden las situaciones en las que existe una falta de armonización con esas normas;

87.Observa con preocupación que varios Estados miembros y países candidatos y candidatos potenciales han impuesto medidas desproporcionadas a los trabajadores y activistas humanitarios; condena enérgicamente el uso de «leyes sobre agentes extranjeros», que reprimen la disidencia, acosan a las organizaciones de la sociedad civil y restringen sus operaciones, creando un efecto disuasorio en la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos; condena las medidas desproporcionadas adoptadas en algunos Estados miembros contra manifestaciones pacíficas, incluidas las prohibiciones preventivas, el uso excesivo de la fuerza y la detención de manifestantes, las cuales tienen efectos disuasorios; pide a los Estados miembros que se abstengan de llevar a cabo acciones legales desproporcionadas contra aquellos que toman parte en manifestaciones pacíficas;

88.Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen el ejercicio del derecho de reunión pacífica y a que se abstengan de proponer o aplicar medidas que puedan tener un efecto disuasorio en el espacio de la sociedad civil, señalando con preocupación que se han observado intentos de este tipo en algunos Estados miembros, y a que facilite debates sanos sobre cualquier asunto de interés público; condena toda práctica que tenga un efecto disuasorio en las manifestaciones pacíficas, como el uso excesivo de la fuerza, la vigilancia y el acoso judicial;

89.Pide a la Comisión que establezca un mecanismo de respuesta rápida en la Unión para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos amenazados que protegen y promueven los valores de la Unión; insta a la Comisión a que establezca un índice europeo del espacio cívico para hacer un seguimiento e informar anualmente sobre si el entorno es propicio para la sociedad civil; pide, además, transparencia en la financiación de todos los agentes en el Registro de transparencia de la Unión;

90.Insta a los Estados miembros a aplicar la Recomendación (UE) 2022/758 de la Comisión, sobre la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos que participan en la esfera pública Recomendación (UE) 2022/758 de la Comisión, de 27 de abril de 2022, sobre la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos que participan en la esfera pública frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos («demandas estratégicas contra la participación pública») (DO L 138 de 17.5.2022, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/758/oj).;

91.Recuerda que los Tratados de la Unión y la Carta consagran el mandato y la responsabilidad de la Unión de luchar contra la discriminación y promover la igualdad de trato para todas las personas; pide a la Comisión que aborde las lagunas existentes en el marco de la lucha contra la discriminación de la Unión e insta a los Estados miembros a que apliquen plena y adecuadamente la legislación vigente de la Unión en materia de lucha contra la discriminación;

92.Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de revocar la retirada de la propuesta de Directiva horizontal contra la discriminación; reitera su llamamiento para que se desbloqueen sin demora los debates en el Consejo sobre la Directiva, e insta a los Estados miembros a celebrar un acuerdo al respecto;

93.Reconoce y condena la existencia de racismo estructural en la Unión, como consecuencia de los estereotipos alimentados por el discurso público, que dan lugar a la discriminación de minorías en todos los ámbitos de la vida; expresa su honda preocupación por las formas individuales, estructurales e institucionales de racismo y xenofobia en la Unión y el aumento de la discriminación contra las personas árabes https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-midis-ii-main-results_en.pdf., los europeos negros https://fra.europa.eu/en/publication/2026/antisemitism-overview., las personas de ascendencia asiática https://fra.europa.eu/en/publication/2024/being-muslim-eu., la población judía https://fra.europa.eu/en/publication/2025/roma-survey-2024., los musulmanes https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document?source=document&text=&docid=300973&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first∂=1&cid=900537. y las personas de origen gitano https://fra.europa.eu/en/publication/2025/roma-survey-2024.; insta a los Estados miembros a que luchen contra la discriminación en todos los niveles;

94.Subraya la necesidad de luchar contra todas las formas de discriminación ante la ley; expresa su preocupación por la falta de avances y la insuficiente aplicación de la legislación en materia de igualdad y lucha contra la discriminación en algunos Estados miembros; lamenta que, a pesar de la legislación de la Unión en vigor, como la Directiva 2000/78/CE sobre la igualdad de trato Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj)., persistan lagunas en el marco jurídico, la aplicación y la ejecución, lo que deja a las víctimas sin vías de recurso adecuadas; recuerda que los marcos jurídicos de los Estados miembros deben consagrar el principio de igualdad de trato en sus ordenamientos jurídicos y garantizar el acceso efectivo a la justicia para todas las personas; pide a la Comisión que actúe en caso de incumplimiento de estos principios;

95.Subraya que el acceso a los fondos de la Unión debe estar condicionado al pleno respeto de los derechos fundamentales, incluido el principio de no discriminación, y pide una asignación de fondos transparente para garantizar el apoyo a largo plazo a las organizaciones de la sociedad civil centradas en los derechos humanos y la igualdad;

96.Insta a los Estados miembros, en particular a Hungría, a que revisen cualquier legislación o política que discrimine a las personas LGBTIQ+ y a las familias arcoíris; pide a Hungría que vele por que los marcos constitucionales y legislativos nacionales no puedan utilizarse indebidamente para socavar la primacía del Derecho de la Unión o estigmatizar a las minorías con el pretexto de la «identidad nacional»; condena enérgicamente la aplicación continuada de la denominada ley de protección de menores en Hungría, que constituye una discriminación directa contraria a los artículos 7, 11, 21 y 24 de la Carta https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2022/C-0769-22-00000000RD-01-P-01/CONCL/300973-ES-1-html.; pide a la Comisión que evalúe urgentemente la compatibilidad de la ley húngara sobre la protección de la identidad local con el Derecho de la Unión, en particular la Directiva sobre igualdad racial y la Carta;

97.Invita a la Comisión a que adopte todas las medidas necesarias, incluida la incoación de procedimientos de infracción, cuando se detecten infracciones; pide a los Estados miembros que velen por que las políticas locales de vivienda y residencia respeten plenamente los principios de igualdad y no discriminación, y no den lugar a una segregación étnica o socioeconómica;

98.Subraya que la primacía del Derecho de la Unión constituye la piedra angular del funcionamiento de esta y del respeto del Estado de Derecho en todos los Estados miembros, a lo que todos ellos se comprometen en el momento de la adhesión; insta a todos los Estados miembros a que cumplan la jurisprudencia actual del TJUE y del TEDH; pide a la Comisión que supervise atentamente la aplicación, por parte de los Estados miembros, de las sentencias del TJUE y del TEDH, prestando especial atención a aquellas relativas a la no discriminación, la igualdad de género y los derechos de las minorías;

99.Insta a la Comisión a que presente nuevas y ambiciosas estrategias en materia de igualdad y de lucha contra el racismo para los años venideros, que incluyan también las recomendaciones del Parlamento, con el fin de hacer frente a la discriminación de forma exhaustiva en todos los ámbitos y sectores de la vida; destaca la necesidad de garantizar un enfoque global y coordinado en todas las estrategias, marcos y planes de acción, existentes y futuros, con el fin de maximizar las sinergias y garantizar la coherencia en su aplicación;

100.Pide a todos los Estados miembros que adopten y apliquen plenamente planes de acción nacionales contra el racismo o estrategias con normas ambiciosas, que incluyan objetivos, plazos y presupuestos claros; solicita a la Comisión que garantice mecanismos de seguimiento periódico, en cooperación con la sociedad civil;

101.Subraya que los nacionales de terceros países en la Unión, deben recibir un trato no discriminatorio; señala que los nacionales de terceros países tienen derecho a solicitar protección internacional en virtud del Derecho internacional y de la Unión, también de conformidad con el principio de no devolución; pide a los Estados miembros que defiendan el Estado de Derecho y los derechos fundamentales consagrados en la Carta y apliquen la legislación adoptada por los colegisladores; destaca el carácter vinculante de las resoluciones del TJUE y del TEDH;

102.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que prohíban la elaboración de perfiles raciales y otras prácticas discriminatorias, también en las fronteras, que asignen recursos sustanciales a iniciativas basadas en la inclusión y los derechos, y que establezcan mecanismos independientes de supervisión, rendición de cuentas y denuncia; insta a la Comisión a que establezca evaluaciones de impacto vinculantes en materia de derechos humanos e igualdad para prevenir la discriminación algorítmica; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que hagan frente a la exposición desproporcionada de las comunidades racializadas a la contaminación, la degradación ambiental y los riesgos relacionados con el clima;

103.Solicita a los Estados miembros que creen instituciones nacionales de derechos humanos, de conformidad con los Principios de París de las Naciones Unidas, que garanticen su independencia y su capacidad para desempeñar sus funciones de manera eficaz, y que establezcan salvaguardias contra la injerencia política;

104.Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva (UE) 2024/1500 Directiva (UE) 2024/1500 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre las normas relativas a los organismos de igualdad en el ámbito de la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en materia de empleo y ocupación, y por la que se modifican las Directivas 2006/54/CE y 2010/41/UE (DO L, 2024/1500, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1500/oj). y la Directiva (UE) 2024/1499 Directiva (UE) 2024/1499 del Consejo, de 7 de mayo de 2024, sobre las normas relativas a los organismos de igualdad en el ámbito de la igualdad de trato entre las personas con independencia de su origen racial o étnico, la igualdad de trato entre las personas en materia de empleo y ocupación con independencia de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y la igualdad de trato entre mujeres y hombres en materia de seguridad social y en el acceso a bienes y servicios y su suministro, y por la que se modifican las Directivas 2000/43/CE y 2004/113/CE (DO L, 2024/1499, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1499/oj)., las cuales establecen normas mínimas para los organismos de igualdad; insta a que se adopten medidas concretas que garanticen la independencia de los organismos de igualdad y aseguren su eficacia en la promoción de la igualdad; alienta que se apoye a las organizaciones de la sociedad civil para desarrollar y difundir iniciativas educativas que promuevan la igualdad y para garantizar la accesibilidad y el amplio alcance de esas iniciativas;

105.Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas eficaces contra el antisemitismo, la xenofobia, el racismo, la misoginia, la homofobia, la transfobia y cualquier otra forma de prejuicio, intolerancia, discriminación o delito de odio de manera holística; pide asimismo que se realicen esfuerzos continuados tanto a escala de la Unión como nacional para supervisar, prevenir y enjuiciar los delitos de odio conexos y proteger a las minorías;

106.Observa con preocupación las conclusiones de la FRA, que indican un aumento significativo del antisemitismo en toda la Unión, también en línea, en los espacios públicos y dentro de las comunidades locales; destaca que muchas personas judías denuncian obstáculos para expresar abiertamente su identidad y siguen enfrentándose a problemas de seguridad; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que refuercen los mecanismos de prevención, denuncia y apoyo a las víctimas, aceleren la aplicación de la estrategia de la Unión para combatir el antisemitismo, garanticen la plena aplicación de la legislación nacional y de la Unión, y mejoren las medidas de sensibilización, educación y seguridad cuando sea necesario; condena enérgicamente el aumento de los niveles de antisemitismo en toda la Unión;

107.Manifiesta su preocupación por que algunas políticas adoptadas en algunos Estados miembros hayan dado lugar a la discriminación de determinados grupos, incluidos los definidos por la raza, el color, el origen étnico, la lengua, la religión, la discapacidad o la orientación sexual; denuncia que los efectos de esas políticas incluyen prácticas jurídicas y policiales discriminatorias, así como la deslegitimación —y, en algunos casos, la criminalización o el intento de criminalización— de los discursos políticos, religiosos y de otro tipo; pide a los Estados miembros que se abstengan de realizar dichas prácticas o de adoptar políticas y legislación que puedan dar lugar a tales consecuencias para esos grupos;

108.Condena enérgicamente cualquier forma de discriminación y hostilidad contra las comunidades religiosas, incluida la islamofobia, y todas las demás formas de discriminación y racismo en toda la Unión, incluidos los actos de violencia, la intimidación, el discurso de odio y la exhibición de símbolos de odio en los espacios públicos; pide a los Estados miembros y a los países candidatos que garanticen que los miembros de todas las minorías reciban un trato igualitario ante la ley;

109.Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que hagan frente a la discriminación y la exclusión social a las que se enfrentan los grupos vulnerables, incluidas las personas de origen gitano, y que garanticen la aplicación efectiva del Marco estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos; insta asimismo a los Estados miembros a que apliquen las sentencias del TEDH relativas a los derechos de las personas de origen gitano y solicita a la Comisión que haga un seguimiento de su aplicación;

110.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que luchen contra la discriminación de las personas con discapacidad y promuevan su plena inclusión y participación en la sociedad; pide asimismo a la Unión y a los Estados miembros que sigan las recomendaciones de la CDPD para poner fin a la discriminación de todas las personas con discapacidad y garantizar su disfrute equitativo de los derechos fundamentales y su plena participación en todos los ámbitos de la sociedad https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/EUR/CO/2-3&Lang=es.;

111.Condena todas las formas de violencia y coacción contra las personas con discapacidad, en particular la esterilización forzada, que constituye una grave violación de la dignidad humana y la integridad física; pide a la Comisión y a los Estados miembros que tipifiquen como delito la esterilización forzada basada en la discapacidad o la capacidad jurídica sin excepciones y que proporcionen reparación a los supervivientes; solicita un plan de acción de la Unión sobre igualdad e interseccionalidad; insta a que se reconozcan e incluyan las lenguas de signos nacionales como parte de la diversidad lingüística de la Unión;

112.Pide que se refuerce la Plataforma sobre discapacidad de la Unión como mecanismo participativo permanente para el diálogo político con las organizaciones de personas con discapacidad; solicita a la Comisión que mantenga un marco de seguimiento transparente para la Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 2021-2030, con informes públicos anuales y una participación sustantiva de la sociedad civil; subraya que las instituciones de la Unión deben predicar con el ejemplo garantizando la accesibilidad, la contratación inclusiva y un aumento significativo del personal con discapacidad en la administración de la Unión; apoya la aplicación de un plan de acción en materia de discapacidad en la acción exterior de la Unión, que garantice que los programas humanitarios y de desarrollo de la Unión integren plenamente los derechos de las personas con discapacidad, en consonancia con el artículo 32 de la CDPD;

113.Solicita a la Comisión que garantice que los fondos de la Unión destinados a promover la inclusión social y mejorar el nivel de vida —incluidos el acceso a la vivienda asequible, la educación de calidad, la seguridad social y la asistencia sanitaria— se utilicen de manera eficaz y transparente; expresa su preocupación por los recientes casos de uso indebido de fondos;

114.Insta a la Comisión a que refuerce el seguimiento, la auditoría y la participación directa de la comunidad, a fin de garantizar que cada euro llegue a los beneficiarios previstos y contribuya a una mejora real de las condiciones de vida de los grupos desfavorecidos y marginados, incluidas las minorías étnicas y las personas que se ven afectadas por la transición ecológica y digital; pide a los Estados miembros que garanticen el respeto de la Carta Social Europea y del pilar europeo de derechos sociales; pide asimismo a la Comisión que supervise de cerca su aplicación y que adopte medidas en caso de aplicación insuficiente;

115.Expresa su preocupación por que la vivienda se trate como una mercancía; pide que se aumente el acceso a la vivienda social y asequible, y que se adopten estrategias de vivienda a largo plazo y basadas en los derechos, que también se centren en la prevención del sinhogarismo; insta a la Comisión a que garantice que el próximo plan de acción de la Unión en materia de vivienda asequible dé prioridad a la accesibilidad, la asequibilidad y la eficiencia energética, y a que considere la creación de un fondo específico;

116.Subraya la importancia de facilitar el acceso a la justicia, la transparencia y la participación en asuntos ambientales; solicita que se integren en las políticas de la Unión medidas encaminadas al logro de un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad, tal como se consagra en el artículo 37 de la Carta; reitera su petición de que se reconozca en la Carta el derecho a un medio ambiente saludable; insta a la Unión y a los Estados miembros a que adopten medidas inmediatas para luchar contra el cambio climático; reitera su petición a la Comisión para que amplíe el mandato de la Fiscalía Europea, de modo que incluya los delitos contra el medio ambiente;

117.Recuerda que la pobreza constituye una violación de la dignidad humana, que socava la plena realización de los derechos fundamentales, tal como se reconoce en la Carta y en el artículo 9 del TFUE; subraya que, por lo tanto, la lucha contra la pobreza debe ser una prioridad central para la Unión y todos los Estados miembros; pide la integración de los objetivos de erradicación de la pobreza en las políticas económicas, sociales y ambientales pertinentes de la Unión a través de un enfoque de integración, en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS 1); insta a la Comisión a que consagre la erradicación de la pobreza como objetivo horizontal en el próximo ciclo estratégico de la Unión y a que establezca mecanismos claros de gobernanza y seguimiento;

118.Reitera que el acceso a unos ingresos adecuados es un requisito previo para vivir una vida digna; señala que, como actuación de seguimiento a la propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo sobre una renta mínima adecuada que garantice una inclusión activa, una Directiva de la Unión sobre un ingreso mínimo adecuado podría contribuir al objetivo de reducir la pobreza, al menos, a la mitad en todos los Estados miembros de aquí a 2030;

119.Pide a la Comisión que desarrolle una estrategia europea de lucha contra la pobreza con el objetivo de eliminar la pobreza de aquí a 2035, que incluya objetivos intermedios mensurables; insta a la Comisión a que cree un grupo de trabajo de la Unión de lucha contra la pobreza, con el objetivo de supervisar la aplicación y la coordinación de la próxima estrategia de la UE de lucha contra la pobreza y de hacer un seguimiento de la pobreza y la desigualdad multidimensionales en todos los Estados miembros; pide una participación estructurada de las personas en situación de pobreza y sus organizaciones representativas;

120.Destaca que la pobreza se entrecruza con el género, la edad, la discapacidad, el origen étnico, la situación migratoria y las desventajas rurales o regionales; pide medidas específicas de lucha contra la pobreza; subraya que la lucha contra la pobreza interseccional requiere una combinación de medidas, incluidas políticas de lucha contra la discriminación, empleo de calidad, servicios asequibles y medidas de fomento de la empleabilidad;

121.Reconoce que la participación significativa de las personas en situación de pobreza es esencial para la legitimidad democrática y la eficacia de las políticas de lucha contra la pobreza; pide estructuras de diálogo permanente a escala nacional y de la Unión con las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales, a fin de mejorar la inclusión social;

122.Recuerda que las bases del proyecto de la Unión incluían el bienestar de las personas como pilar y considera que, independientemente de cualquier desafío geopolítico, socioeconómico y de seguridad, la Unión no puede ignorar la dimensión social ni la dimensión de los derechos fundamentales sobre las que se construyó; pide a la Comisión que tenga debidamente en cuenta el bienestar de las personas, incluidas las más vulnerables, en todas las políticas actuales y futuras de la Unión, y que incluya la seguridad alimentaria y sanitaria en su agenda de seguridad política;

123.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.