1.Expresa su profunda preocupación por el deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Eslovaquia; destaca que la adhesión verificable de los Estados miembros tanto al Estado de Derecho como a la Carta debe considerarse una condición previa esencial para recibir fondos de la Unión; subraya que todos los programas e inversiones financiados por el presupuesto de la Unión deben servir al interés público; destaca que las deficiencias sistémicas en el Estado de Derecho, en particular en la independencia del poder judicial y en los sistemas de auditoría y control, ponen en peligro la protección de los intereses financieros de la Unión;

2.Pide a la Comisión que evalúe si podría existir un riesgo claro de violación grave por parte de Eslovaquia de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE; solicita, además, a la Comisión que haga pleno uso de todos los instrumentos disponibles para abordar las preocupaciones relativas a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, empezando por las herramientas preventivas y de cooperación en el marco de su informe anual sobre el Estado de Derecho, con vistas a garantizar el cumplimiento de los valores consagrados en el artículo 2 del TUE; destaca, no obstante, que, cuando las preocupaciones persistan y estén debidamente justificadas, la Comisión no debe dudar en hacer uso de todas las medidas de ejecución a su disposición para proteger el presupuesto de la Unión y defender los valores consagrados en el artículo 2 del TUE, incluidos los procedimientos de infracción y, en particular, los procedimientos de infracción acelerados, las solicitudes de medidas provisionales ante el TJUE y las acciones relativas a la no ejecución de las sentencias del TJUE, así como las auditorías reforzadas, la suspensión de pagos, la aplicación sistemática de correcciones financieras y los procedimientos de recuperación;

3.Lamenta que Eslovaquia haya adoptado una serie de modificaciones de su Derecho penal y de su Derecho procesal penal, incluida la reducción de las sanciones por corrupción y delitos financieros, el acortamiento de los plazos de prescripción y el cierre de entidades especializadas en la lucha contra la corrupción, como la Agencia Nacional de Lucha contra la Delincuencia y la Fiscalía Especial, lo que ha dado lugar a retrasos en las investigaciones transferidas a otros organismos y a una disminución significativa del número de casos de corrupción, socavando así el enjuiciamiento de los delitos relacionados con fondos de la Unión; pone de manifiesto su preocupación por las amplias facultades discrecionales otorgadas al fiscal general en Eslovaquia en virtud del artículo 363 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal eslovaca, que pueden permitir la interrupción o la demora de los procesos penales por motivos formales sin garantías suficientes, lo que plantea riesgos para la investigación y el enjuiciamiento efectivos de los casos, en particular de los delitos relacionados con la corrupción; manifiesta su preocupación por las denuncias de acoso e investigaciones contra antiguos investigadores anticorrupción y considera que estas acciones debilitan la lucha contra la corrupción, corren el riesgo de socavar la protección de los intereses financieros de la Unión y pueden tener un efecto disuasorio sobre las investigaciones independientes; expresa asimismo su preocupación por la detección de conflictos de intereses en la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia;

4.Hace patente su profunda preocupación por las enmiendas constitucionales en Eslovaquia, en particular las que restringen los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la primacía del Derecho de la Unión; observa con preocupación que las organizaciones de la sociedad civil han advertido de que estas modificaciones pueden vulnerar los derechos fundamentales; subraya que las disposiciones constitucionales deben formularse con suficiente precisión para evitar interpretaciones arbitrarias y cumplir plenamente las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, incluida la Carta, así como las normas internacionales en materia de derechos humanos; recuerda que deben respetarse plenamente la primacía del Derecho de la Unión y el carácter vinculante de las obligaciones internacionales y que ninguna disposición constitucional puede justificar el incumplimiento de las sentencias del TJUE o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; pide a las autoridades eslovacas que velen por que su Constitución respete plenamente el Derecho de la Unión y el Derecho internacional de los derechos humanos, y que tengan en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Venecia y de los organismos internacionales de derechos humanos, en particular en lo que se refiere a la primacía del Derecho de la Unión, a los derechos a la vida privada y familiar, a la no discriminación por motivos de género y orientación sexual y al derecho a la educación;

5.Insta a la Comisión a que evalúe la conformidad de los recientes cambios legislativos con el Derecho de la Unión y a que aplique las disposiciones del Reglamento sobre Disposiciones Comunes en caso de incumplimiento de las condiciones favorecedoras horizontales establecidas en dicho Reglamento;

6.Hace hincapié en que el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho no se limita a las medidas de último recurso, sino que también permite una acción temprana con suspensiones parciales cuando se detecten violaciones del Estado de Derecho que supongan un grave riesgo para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión; reitera su llamamiento, formulado en el contexto de la aprobación de la gestión presupuestaria de la Comisión correspondiente al ejercicio 2024, para que se inicie la primera fase del procedimiento establecido en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho;

7.Expresa su profunda preocupación por el intento de suprimir la oficina eslovaca de protección de los denunciantes, que habría dado lugar a una reducción sustancial del nivel de protección concedido a los denunciantes, incluida una mayor exposición a represalias y una reducción del acceso a las garantías jurídicas; rechaza las disposiciones que introducen un «mecanismo de revisión» que permite a las autoridades o a los empleadores retirar la protección de los denunciantes sin control judicial, poniendo así en peligro el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en la Carta; destaca que limitar la protección de los denunciantes es incompatible con la Directiva de la Unión sobre la protección de los denunciantes de irregularidades y socava el Estado de Derecho; acoge con satisfacción la decisión del Parlamento eslovaco, de 17 de marzo de 2026, de derogar la controvertida ley y mantener la oficina eslovaca de protección de los denunciantes; pide a la Comisión que supervise de cerca la aplicación de la derogación de la legislación que suprime la oficina eslovaca de protección de los denunciantes, a fin de garantizar que dicha derogación restablezca plenamente el nivel de protección anterior y se ajuste al Derecho de la Unión, y que evalúe su alcance y eficacia antes de considerar cualquier otra medida; pide a las autoridades eslovacas que garanticen el cumplimiento de la legislación y las normas de la Unión en materia de protección de los denunciantes;

8.Insta a la Comisión a que intensifique los controles específicos y sobre el terreno en Eslovaquia, también mediante una cooperación reforzada y sistemática con la OLAF y la Fiscalía Europea, a fin de compensar el debilitamiento de las capacidades nacionales de ejecución y garantizar un seguimiento eficaz de las investigaciones en curso; destaca que estos controles deben aplicarse sistemáticamente en todos los flujos de financiación pertinentes de la Unión, incluidos tanto el marco financiero plurianual como los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia;

9.Reitera su disposición a trabajar en un espíritu de cooperación sincera con las autoridades eslovacas, así como con la sociedad civil y las instituciones independientes, con vistas a subsanar las deficiencias detectadas; subraya que el objetivo de su control y de sus misiones es contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y la correcta utilización de los fondos de la Unión; pide a las autoridades eslovacas que colaboren de manera constructiva y proactiva con las instituciones de la Unión en este proceso;

10.Pide a las autoridades eslovacas que apliquen plenamente las recomendaciones de la Comisión, el GRECO y la Comisión de Venecia sobre el poder judicial y la lucha contra la corrupción, en particular por lo que respecta a la derogación del delito de abuso de Derecho, a la garantía de la independencia e imparcialidad del Consejo Judicial, tanto en la legislación como en la práctica, al funcionamiento de las entidades especializadas en la lucha contra la corrupción, al Derecho penal sustantivo y procesal y a la independencia de los fiscales;

11.Condena enérgicamente el cierre de la Fiscalía Especial, habida cuenta de su evidente impacto en la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción, que no puede compensarse mediante las actividades de la Fiscalía Europea, especialmente a la luz de las informaciones según las cuales determinadas actividades fraudulentas se «fragmentan» de manera que el supuesto valor de cada caso permanezca por debajo del umbral establecido para la intervención de la Fiscalía Europea; subraya la necesidad de una reevaluación urgente de los cambios recientes; pide a las autoridades eslovacas que garanticen una cooperación plena, oportuna y proactiva con la Fiscalía Europea y la OLAF;

12.Reitera su preocupación por el funcionamiento del organismo pagador agrícola eslovaco y la gestión de la financiación de la política agrícola común, incluidos los fallos estructurales confirmados por la Oficina Superior de Auditoría de la República Eslovaca, los mecanismos de control inadecuados, las medidas correctoras insuficientes y el aumento de los desembolsos con controles deficientes; considera que estas deficiencias confirman la existencia de debilidades graves y sistémicas en el sistema de gestión y control que rige el gasto agrícola en Eslovaquia;

13.Expresa su preocupación por las acusaciones de uso indebido e irregularidades en la ejecución de proyectos de desarrollo rural y turismo financiados por la Unión en Eslovaquia, incluidos los casos relacionados con proyectos de casas de huéspedes financiados por la Unión, que implican el presunto uso indebido de fondos agrícolas y de desarrollo rural para la construcción o renovación de fincas privadas de lujo con un valor añadido para la Unión limitado o inexistente; subraya que estas prácticas, cuando se confirmen, constituirían una grave violación de los principios de buena gestión financiera, transparencia e igualdad de trato, y socavarían la confianza pública en el presupuesto de la Unión;

14.Recuerda la obligación de los Estados miembros de garantizar una gestión eficaz, transparente y responsable de los fondos de la Unión; pide a las autoridades eslovacas que adopten medidas correctoras inmediatas y eficaces para garantizar beneficios concretos para la ciudadanía, incluido el refuerzo de los sistemas de control interno, la garantía de una detección y gestión adecuadas de los conflictos de intereses y la mejora de la recuperación de los pagos irregulares, en plena cooperación con la Comisión;

15.Expresa su profunda preocupación por el deterioro de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en Eslovaquia, incluida la injerencia política en los medios de comunicación de servicio público, la presión ejercida sobre los periodistas mediante un clima de hostilidad, campañas de difamación y desinformación, el uso de demandas estratégicas contra la participación pública, también por parte de personalidades políticas de alto nivel, y el riesgo de concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos alineadas políticamente, junto con el despido de dirigentes clave de instituciones culturales, lo que podría tener un efecto disuasorio sobre la libertad de prensa y el discurso público; destaca que un entorno mediático debilitado reduce significativamente el control democrático y facilita la corrupción en la ejecución de los fondos de la Unión; pide a las autoridades eslovacas que apliquen plenamente las recomendaciones de la Comisión relativas a los medios de comunicación, en particular en lo que se refiere al marco jurídico para los medios de comunicación de servicio público, de conformidad con el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación y garantizando la independencia editorial y la protección de los periodistas; pide a Eslovaquia que cumpla plena y eficazmente el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación e insta a la Comisión a que supervise de cerca y de forma proactiva su aplicación; recuerda que las autoridades eslovacas deben respetar la libertad de expresión y de las artes en el funcionamiento y la financiación de las instituciones culturales, y abstenerse del uso indebido de acciones legales que restrinjan el debate público; rinde homenaje a Ján Kuciak tras su asesinato y a su trabajo fundamental como periodista de investigación; pide a las autoridades eslovacas que garanticen que se imparta justicia en este caso;

16.Lamenta el uso reiterado e injustificado de procedimientos legislativos acelerados para reformas sustanciales; subraya que estos procedimientos no deben convertirse en la norma y solo deben utilizarse en circunstancias debidamente justificadas, ya que socavan el control público, la transparencia y la elaboración inclusiva de leyes, y limitan las consultas significativas y el debate parlamentario; pide a las autoridades eslovacas que apliquen plenamente las recomendaciones de la Comisión y del GRECO en relación con los controles y equilibrios, en particular en lo relativo a una consulta pública eficaz y a la participación de las partes interesadas en el proceso legislativo, abordando asimismo el uso frecuente del procedimiento acelerado; reitera su preocupación por el acceso de los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil a la información, incluidos los informes de la Oficina Superior de Auditoría y de la Sección de Control de la Oficina del Gobierno;

17.Denuncia enérgicamente la creciente presión ejercida sobre las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de vigilancia y los profesionales de la justicia, incluidas las cargas administrativas y los intentos de deslegitimar su labor; considera que estas acciones socavan la rendición de cuentas y la protección efectiva de los derechos fundamentales; pide a las autoridades eslovacas que pongan fin a la estigmatización y persecución de las organizaciones de la sociedad civil y que garanticen que la legislación que afecta a la sociedad civil, también en materia de financiación e información, respete plenamente el Derecho de la Unión y el Derecho internacional de los derechos humanos, en particular por lo que respecta al derecho a la vida privada y a las libertades de expresión, de reunión y de asociación;

18.Solicita a las autoridades eslovacas que velen por que la legislación electoral, incluido el voto por correo, y las sanciones penales relacionadas con las infracciones de dicha legislación respeten plenamente el Derecho de la Unión y el Derecho internacional de los derechos humanos, en particular por lo que respecta al derecho de sufragio activo y pasivo, así como a las libertades de expresión y de asociación; recuerda que las restricciones al voto por correo deben estar debidamente justificadas y ser proporcionadas, en particular en ausencia de deficiencias sistémicas fundamentadas en relación con la integridad de dicho voto, y destaca la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a la participación electoral de los ciudadanos eslovacos residentes en el extranjero;

19.Pide a las autoridades eslovacas que garanticen una prevención y una lucha eficaces contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, tanto en la legislación como en la práctica, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho internacional de los derechos humanos; reitera la importancia de ratificar sin demora el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica y de adaptar la definición jurídica de violación a las normas internacionales en materia de derechos humanos;

20.Pide a las autoridades eslovacas, habida cuenta de la regresión provocada por diversas iniciativas legislativas en Eslovaquia, en particular desde 2023, que garanticen el pleno cumplimiento de sus obligaciones en materia de acceso efectivo, oportuno y no discriminatorio a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso al aborto seguro y legal; recuerda que estas obligaciones se derivan de las normas internacionales en materia de derechos humanos y son parte integrante de la protección de los derechos fundamentales, incluidos los derechos a la vida privada y familiar, a la salud y a la no discriminación;

21.Pide a las autoridades eslovacas que garanticen la protección efectiva de los derechos de las personas LGBTIQ+ en la legislación y en la práctica, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho internacional de los derechos humanos;

22.Pide a las autoridades eslovacas que garanticen la protección efectiva de los derechos de la población gitana en la legislación y en la práctica, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho internacional de los derechos humanos, en particular por lo que respecta al fin de la segregación en la educación, al acceso a la asistencia sanitaria y a la actuación policial; reitera su preocupación por la ejecución de los fondos de la Unión destinados a las comunidades gitanas en Eslovaquia;

23.Expresa su especial preocupación por los derechos de las minorías en Eslovaquia, a la luz del discurso político, las iniciativas legislativas y las prácticas administrativas que pueden dar lugar a discriminación, estigmatización o exclusión, así como por la confiscación retroactiva de bienes basada en la culpabilidad colectiva de ciudadanos de la Unión de diversos orígenes étnicos; considera que los agravios históricos deben abordarse a través del diálogo y no de la criminalización; destaca que la protección de los derechos de las minorías es un componente fundamental del Estado de Derecho y la gobernanza democrática; pide a las autoridades eslovacas que garanticen la protección efectiva de las personas pertenecientes a minorías en la legislación y en la práctica, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho internacional de los derechos humanos, en particular en lo que respecta a la libertad de expresión y el derecho a la propiedad;

24.Expresa su profunda preocupación por las prácticas administrativas y judiciales en las que intervienen el Fondo Territorial Eslovaco y la empresa estatal «Bosques de la República Eslovaca», que dan lugar a confiscaciones no compensadas de tierras y bosques sobre la base de decretos de posguerra; pide a las autoridades eslovacas que deroguen la modificación del Código Penal, suspendan todos los procedimientos judiciales y pongan fin a toda confiscación de tierras en curso;

25.Solicita a las autoridades eslovacas que investiguen las persistentes deficiencias sistémicas en la tramitación de las denuncias de malos tratos policiales, incluida la falta de investigaciones imparciales y eficaces sobre acusaciones verosímiles de tales malos tratos; pide que se refuercen las salvaguardias contra los malos tratos por parte de las autoridades policiales, incluidas garantías de independencia institucional, mecanismos eficaces de supervisión y garantías procesales adecuadas para asegurar la rendición de cuentas y la confianza pública en las instituciones policiales;

26.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y a las Naciones Unidas.