1.Considera que la represión transnacional constituye una grave y creciente amenaza a la democracia, una violación de los derechos humanos y una forma de injerencia extranjera que socava la gobernanza democrática, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la soberanía y la seguridad de los Estados de acogida y su habilidad para garantizar la protección de las personas que residen en su territorio; subraya que es probable que estas tendencias se intensifiquen debido a la erosión de las normas internacionales y al rápido cambio tecnológico, que también está reduciendo el coste de llevar a cabo tales acciones;

2.Condena con la máxima firmeza los actos de represión transnacional y de injerencia extranjera, incluidos los llevados a cabo en los Estados miembros de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan que la represión transnacional constituye una práctica inaceptable e ilegal, mayoritariamente ejercida por regímenes autoritarios, y que se comprometan a adoptar un enfoque de tolerancia cero, que requiere una acción decisiva, coordinada y completa contra todo tipo de represión transnacional que se produzca en el territorio de la Unión;

3.Considera que la falta de una definición clara de represión transnacional contribuye a la baja tasa de denuncias, limita las respuestas políticas eficaces y obstaculiza el uso de herramientas de rendición de cuentas, incluidos los mecanismos de sanción; pide, por tanto, a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que adopten una definición común de represión transnacional basada en la definición utilizada en el presente informe y en los informes previos del Parlamento y que la integren sistemáticamente en todas las políticas e instrumentos de la Unión, también en la acción exterior, la justicia y los asuntos de interior, la política digital, la regulación financiera y los marcos de sanciones, con el fin de evitar que los marcos jurídicos y administrativos de la Unión se utilicen indebidamente con fines represivos; insta a los Estados miembros a que codifiquen la represión transnacional en su legislación nacional;

4.Define la represión transnacional como amenazas o actos deliberados llevados a cabo por Estados, incluidos regímenes represivos o autoritarios, entidades afiliadas al Estado o entidades bajo la influencia o la presión de un Estado o sus agentes subsidiarios, para defender y promover sus intereses actuando más allá de sus fronteras con objeto de intimidar, amenazar, silenciar, coaccionar, controlar o perjudicar de cualquier otra manera a personas o grupos que residen en el extranjero o a sus redes de apoyo y familiares;

5.Observa con preocupación que entre los blancos de la represión transnacional figuran una amplia gama de personas y grupos, incluidos, entre otros, disidentes, periodistas, activistas, académicos y miembros de la diáspora y sus familias; reconoce que la represión transnacional va más allá de las diásporas y también se dirige contra organizaciones y personas que defienden o asisten a las víctimas, incluidas aquellas sin conexión nacional con el Estado que ejerce la represión transnacional; expresa su profunda preocupación por la reducción del espacio cívico y el silenciamiento de las comunidades exiliadas, cuyas voces son fundamentales para documentar las situaciones de los derechos humanos y los abusos;

6.Subraya que la represión transnacional abarca una amplia gama de prácticas de coerción en constante expansión, entre ellas:a)actos de represión transnacional física, como asesinatos selectivos, secuestros, violencia, retornos forzosos, desapariciones forzadas, deportaciones y ataques contra la propiedad;b)el abuso jurídico y administrativo, incluido el uso indebido de los servicios consulares, la extradición y los procedimientos de asistencia judicial mutua, los enjuiciamientos in absentia, el abuso de los sistemas internacionales de notificación, la inmovilización de activos y la restricción del acceso a los servicios bancarios y financieros, las acusaciones penales infundadas, el enjuiciamiento selectivo, la denegación de permisos, licencias o aprobaciones sin motivos válidos, o las multas o sanciones arbitrarias;c)métodos coercitivos no físicos, como la vigilancia digital, las amenazas, la intimidación, el acoso digital, el uso indebido de tecnologías de programas espía, la piratería informática, el chantaje, las acusaciones de terrorismo o de socavar la seguridad del Estado, el acoso a familiares y la coacción por medio de terceros, por ejemplo a través de misiones diplomáticas o consulares, redes de delincuencia organizada, agentes privados o entidades alineadas con el Estado y afiliadas al Estado que operen en el extranjero;

7.Subraya que los Estados miembros se ven afectados actualmente por la represión transnacional en distintos grados y muestran distintos niveles de sensibilización, preparación institucional y mecanismos de protección; destaca, no obstante, que, dado que los autores operan a través de las fronteras y explotan las divergencias entre los sistemas nacionales, la represión transnacional no puede abordarse eficazmente mediante respuestas nacionales aisladas y, por lo tanto, requiere el compromiso y la preparación de todos los Estados miembros dentro de un marco coordinado de la Unión;

8.Destaca que los niveles de denuncia de la represión transnacional son significativamente bajos, a pesar de que la recopilación de datos fiables es esencial para comprender su magnitud; observa que las personas objeto de represión transnacional pueden ser reacias a denunciar incidentes porque temen represalias contra familiares, desconfían de las autoridades debido a experiencias en países autoritarios o se enfrentan a barreras lingüísticas;

9.Pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que, en cooperación con los organismos pertinentes de la Unión, incluida Europol, establezcan un mecanismo de recopilación, seguimiento y notificación de datos de la Unión sobre la represión transnacional que abarque los incidentes dentro de la Unión y a escala mundial, que permita a las autoridades públicas y a las partes interesadas aportar información, y que pueda ser utilizado por la Comisión y los Estados miembros para desarrollar, perfeccionar y evaluar sus políticas de lucha contra la represión transnacional; destaca la necesidad de compartir metodologías y de garantizar la cooperación en este ámbito con socios afines; señala que los canales de denuncia deben ser multilingües y tener en cuenta los traumas sufridos, garantizando al mismo tiempo una protección sólida de los datos y la confidencialidad;

10.Pide a los Estados miembros que garanticen que los actos delictivos y no delictivos que tengan un componente de represión transnacional se registren sistemáticamente como tales en toda la Unión, y que las autoridades pertinentes estén equipadas para determinar la dimensión de la represión transnacional;

11.Destaca la necesidad de un cifrado sólido y de salvaguardias estrictas para garantizar que ningún agente no autorizado pueda interceptar o utilizar indebidamente la información compartida a través de estos canales o acceder a ella y que las víctimas no se expongan a más daños;

12.Subraya que las denuncias recibidas a través de estos canales deben evaluarse rápidamente y, cuando proceda, acompañarse de medidas concretas por parte de las autoridades competentes, incluidas investigaciones y esfuerzos para identificar posibles vínculos con agentes de inteligencia extranjeros;

13.Reconoce el papel esencial de las organizaciones de la sociedad civil a la hora de documentar las formas más encubiertas de represión transnacional, incluida la vigilancia digital, la represión financiera, el acoso administrativo y la coacción por medio de terceros; destaca que la actual recopilación de datos sobre represión transnacional sigue basándose principalmente en fuentes no gubernamentales, muchas de las cuales se enfrentan a graves limitaciones de financiación, lo que aumenta la urgencia de los mecanismos de seguimiento de los Estados miembros y de la Unión; reitera la necesidad de apoyar a la sociedad civil, a los periodistas, a los denunciantes de irregularidades y a otras personas que destapan mecanismos y casos de represión transnacional, a menudo a costa de elevados riesgos personales;

14.Pide a los Estados miembros que mantengan el contacto con las diásporas más sensibles a la represión transnacional; insta a la Comisión a que proporcione orientaciones y recomendaciones a los Estados miembros sobre cómo proteger a los grupos de riesgo en el exilio;

15.Pide a los Estados miembros que proporcionen formación especializada a los cuerpos de seguridad y a las autoridades judiciales, financieras, de ciberseguridad, de inmigración y de asilo sobre la identificación de la represión transnacional y la respuesta a ella; solicita a los Estados miembros que incluyan a las comunidades afectadas en el diseño y la aplicación de esta formación;

16.Insta a que se establezca un marco global para abordar la fragmentación de las respuestas nacionales y garantizar la coordinación y el intercambio de información entre las instituciones y agencias de la Unión, los Estados miembros, las instituciones nacionales de derechos humanos y las partes interesadas pertinentes; destaca la necesidad de reforzar la cooperación interservicios y el diálogo político estructurado para garantizar una respuesta coherente y eficaz de la Unión;

17.Invita a los Estados miembros a que designen puntos de contacto nacionales sobre represión transnacional encargados de coordinar las autoridades pertinentes a todos los niveles;

18.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten el intercambio periódico entre los Estados miembros a través de una red de puntos de contacto nacionales sobre represión transnacional que les permita compartir experiencias, tendencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas; solicita que se invite periódicamente a los puntos de contacto nacionales a las reuniones del Centro Europeo para la Resiliencia Democrática; pide a los Estados miembros que garanticen la presentación sistemática de informes sobre la evolución a nivel nacional a la Comisión y que refuercen la coordinación de las medidas nacionales con miras a abordar más eficazmente la dimensión transfronteriza de la represión transnacional;

19.Insta a la Comisión y al SEAE a que publiquen un informe público anual sobre la represión transnacional que afecta a la Unión, en el que se evalúen las tendencias, los patrones y los riesgos emergentes, incluidas las formas con bajas tasas de denuncia como la vigilancia digital, la represión financiera, el acoso administrativo y la coacción por medio de terceros;

20.Pide a la Comisión que presente una propuesta para actualizar los mandatos de Europol y Eurojust a fin de luchar más eficazmente contra la represión transnacional; insta a Europol y a Eurojust a que den prioridad a una estrecha cooperación y al intercambio de información entre los Estados miembros de la Unión para hacer frente a la represión transnacional y garantizar un mejor intercambio de información, también a través de formación específica, así como evaluaciones específicas de las amenazas de represión transnacional;

21.Pide a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al SEAE que refuercen la coordinación en el marco de los instrumentos de política exterior de la Unión existentes con el fin de luchar más eficazmente contra la represión transnacional, en particular aumentando la presencia de la Unión en países terceros y reforzando los puntos de contacto en las delegaciones de la Unión para plantear casos de represión transnacional en países terceros;

22.Pide al Consejo que nombre a un coordinador para la lucha contra la represión transnacional, que podría actuar como punto de contacto central y contribuir al desarrollo de una estrategia general de la Unión Europea sobre la represión transnacional; considera que este coordinador debe participar en los trabajos del Centro Europeo para la Resiliencia Democrática y complementarlos;

23.Hace hincapié en que toda la recopilación de datos, el apoyo a las víctimas, las medidas de protección y todos los demás mecanismos destinados a abordar la represión transnacional deben tener en cuenta los riesgos específicos a los que se enfrentan las minorías raciales, étnicas y religiosas y las personas LGBTIQ+, y deben ser culturalmente competentes y tener en cuenta sistemáticamente los efectos relacionados con el género y las vulnerabilidades interseccionales;

24.Pide un enfoque global, centrado en las víctimas e interseccional de la protección y el apoyo a las personas objeto de represión transnacional, que combine medidas de protección inmediatas y a largo plazo y un apoyo personalizado a las personas en mayor riesgo; insta, en este contexto, a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten medidas de protección con perspectiva de género para las mujeres y las comunidades LGBTIQ+ afectadas por la represión transnacional;

25.Destaca las necesidades de prevención, protección, estabilización, rendición de cuentas y disuasión, así como la necesidad de abordar las lagunas existentes en materia de protección, incluido el acceso a asistencia jurídica y administrativa y apoyo psicosocial; subraya, además, la necesidad de desarrollar capacidades de respuesta rápida en el seno de las autoridades competentes;

26.Destaca las graves consecuencias psicológicas, sociales y de seguridad de la represión transnacional para las víctimas y sus familias; pide a los Estados miembros que reconozcan el daño psicológico como un aspecto integral de la represión transnacional y que garanticen un apoyo a la salud mental que sea multilingüe y que tenga en cuenta los traumas sufridos; recuerda, a este respecto, las consecuencias y la carga psicológica causadas por las demandas estratégicas contra la participación pública para los periodistas o la presión jurídica sobre los académicos;

27.Pide a los Estados miembros que reconozcan el abuso de los sistemas jurídicos como una forma de represión transnacional y que garanticen que las víctimas de represión transnacional tengan acceso a asistencia jurídica especializada, así como a vías de recurso y reparaciones eficaces, proporcionadas y ejecutables, incluidas la indemnización y el reembolso por parte de los autores de las costas procesales derivadas de procedimientos abusivos o temerarios;

28.Pide a los Estados miembros que presten un apoyo específico que permita a las personas objeto de represión transnacional continuar sus actividades profesionales y cívicas, y que garanticen una protección eficaz y oportuna a quienes opten por documentar o denunciar abusos públicamente; acoge con satisfacción, a este respecto, la Directiva contra las demandas estratégicas contra la participación pública de la Unión Directiva (UE) 2024/1069 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativa a la protección de las personas que se implican en la participación pública frente a pretensiones manifiestamente infundadas o acciones judiciales abusivas («demandas estratégicas contra la participación pública») (DO L, 2024/1069, 16.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1069/oj).; opina que deben adoptarse medidas similares para proteger la libertad académica de la presión externa;

29.Pide a las autoridades policiales y de seguridad que establezcan contactos continuos y canales de comunicación fiables con las comunidades afectadas por la represión transnacional y las estructuras de enlace comunitarias para promover la sensibilización, facilitar la notificación segura y mejorar la comprensión de la evolución de los patrones de represión transnacional, incluidas las conductas que no alcanzan los umbrales delictivos;

30.Pide a la Unión y a sus Estados miembros que reconozcan y apoyen a las personas y a las comunidades como primeros intervinientes clave; reconoce el papel de los periodistas exiliados como aliados clave en la lucha contra la propaganda autoritaria y la manipulación de la información y la injerencia por parte de agentes extranjeros; insta a la Comisión a que ponga en práctica la Estrategia de la UE para la Sociedad Civil y anima a mejorar la cooperación y el intercambio de información entre la sociedad civil y las instituciones de la Unión y los Estados miembros;

31.Pide al SEAE que actualice el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia y las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos de manera que se incluya explícitamente la represión transnacional, así como la protección y el apoyo a los defensores de los derechos humanos en el exilio y en las comunidades de la diáspora;

32.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una financiación previsible de dicho apoyo a las víctimas, también en el marco del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional — Europa Global, el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, y Horizonte Europa;

33.Pide a los Estados miembros y a la Comisión que desarrollen unos mecanismos nuevos o adapten los existentes para abordar el carácter transfronterizo de la represión transnacional física, en particular la vigilancia, la coacción, las agresiones y los intentos de secuestro, a fin de garantizar que dichos actos se detecten, investiguen y traten sistemáticamente como represión vinculada al Estado en lugar de como delitos aislados;

34.Pide a la Unión y a sus Estados miembros que reconozcan, prevengan y combatan las formas digitales de represión transnacional, como la censura, la desinformación, las campañas de difamación, el acoso y la intimidación en línea, facilitadas por mecanismos de las plataformas en línea, incluidos sistemas de recomendación basados en la interacción, cuentas falsas y redes de bots; destaca la necesidad de reconocer el reto específico que plantea la represión transnacional digital por razones de género y las consecuencias particulares que este tipo de represión tiene en las mujeres objeto de represión transnacional; pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan la represión transnacional en cuenta a la hora de aplicar el marco actual de la legislación pertinente de la Unión, incluidos el Reglamento de Servicios Digitales, el Reglamento de Inteligencia Artificial Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 300/2008, (UE) n.º 167/2013, (UE) n.º 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial) (DO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj). y el Reglamento sobre los productos de doble uso Reglamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por el que se establece un régimen de la Unión de control de las exportaciones, el corretaje, la asistencia técnica, el tránsito y la transferencia de productos de doble uso (DO L 206 de 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj)., a fin de garantizar una aplicación sólida, controles rigurosos de las exportaciones y mecanismos de rendición de cuentas;

35.Insta a las plataformas digitales a que adopten medidas eficaces para mitigar y abordar las amenazas de represión transnacional digital; pide a la Comisión que evalúe si la represión transnacional digital se ajusta a los criterios de inclusión en el marco de actividades que tienen efectos negativos sobre los «derechos fundamentales», tal como se definen en el Reglamento de Servicios Digitales; insta a la Comisión a prestar especial atención al impacto de la represión transnacional en las próximas revisiones de las directrices en relación con las medidas de evaluación y mitigación de riesgos aplicables a las plataformas en línea de muy gran tamaño, en particular investigando los riesgos sistémicos que plantean plataformas como WeChat y TikTok;

36.Expresa su profunda preocupación por el uso de la IA por parte de terceros países y sus agentes subsidiarios como herramienta de represión transnacional, también a través de la vigilancia digital basada en la IA, la implantación de programas espía, los ataques de suplantación de identidad y piratería informática, el doxing, el acoso automatizado en línea y las campañas coordinadas de desinformación en las redes sociales; pide a la Oficina de IA de la Comisión que siga evaluando el impacto de la IA en la represión transnacional y que proponga salvaguardias concretas para evitar el uso indebido de los sistemas de IA de maneras que permitan la vigilancia, la coacción o la represión a través de las fronteras;

37.Destaca que el derecho a una comunicación segura y privada es fundamental; condena enérgicamente el uso de programas espía y tecnologías de vigilancia por parte de terceros países y sus agentes subsidiarios contra personas en la Unión; observa con preocupación que se han documentado casos en los que están implicadas empresas privadas que desarrollan y exportan programas espía avanzados y herramientas de vigilancia digital utilizadas para cometer actos de represión transnacional;

38.Recuerda el informe de su Comisión PEGA (Comisión de Investigación Encargada de Examinar el Uso del Programa Espía de Vigilancia Pegasus y Otros Programas Equivalentes), que contenía recomendaciones sobre la lucha contra el uso ilegal de programas espía, en particular programas espía intrusivos; lamenta que, hasta la fecha, la Comisión no haya tenido en cuenta las recomendaciones, a pesar de que los problemas no han desaparecido; pide, en este contexto, a los Estados miembros y a la Comisión que apliquen las recomendaciones de la Comisión PEGA del Parlamento, que refuercen las salvaguardias contra la proliferación y el abuso de programas espía y que contrarresten las deficiencias de la legislación nacional mediante una mejor aplicación de la legislación de la Unión, como la Directiva antiblanqueo Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj)., las normas de contratación pública y el Reglamento sobre los productos de doble uso; pide a la Unión y a los Estados miembros que garanticen una supervisión estricta de los mercados de programas espía, establezcan mecanismos eficaces de rendición de cuentas y tipifiquen como delito la recopilación ilegal de datos llevada a cabo en nombre de Estados extranjeros en violación del Derecho de la Unión;

39.Pide que las empresas tecnológicas y otros actores privados rindan cuentas cuando faciliten la represión trasnacional, inclusive cuando no mitiguen los riesgos para los derechos fundamentales de las personas que residan en la Unión, en particular en lo que respecta al uso de estas aplicaciones para la vigilancia patrocinada por el Estado, la censura del discurso político y la facilitación de la represión transnacional contra las comunidades de la diáspora; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que las plataformas en línea y los motores de búsqueda de muy gran tamaño apliquen una moderación de contenidos basada en los derechos humanos; pide a estas plataformas que establezcan mecanismos de respuesta rápida para las personas en situación de riesgo, incluidos canales de denuncia prioritarios, una revisión humana oportuna, salvaguardias contra la eliminación arbitraria de contenidos y respuestas eficaces al doxing, la adquisición de cuentas y el acoso coordinado en línea;

40.Reconoce las represalias contra familiares de personas exiliadas, tanto si se producen dentro de la Unión como en terceros países, como una forma distintiva y grave de represión transnacional; pide que la intimidación, la detención, la confiscación de bienes, la prohibición de viajar y otras prácticas similares dirigidas a las familias se aborden sistemáticamente en los marcos de seguimiento, sanciones y respuesta diplomática de la Unión;

41.Subraya que la reagrupación familiar y otras formas de protección reducen la exposición a la coacción por medio de terceros;

42.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que detecten, evalúen y mitiguen las vulnerabilidades estructurales de los sistemas administrativos, jurídicos y financieros de la Unión y nacionales de las que pueda valerse la represión transnacional, también en los servicios consulares;

43.Anima a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros a que tomen medidas para evitar que sus estructuras puedan sufrir abusos por parte de autores de represión transnacional, como por ejemplo salvaguardias conscientes del riesgo, procedimientos alternativos cuando sea necesario y una supervisión reforzada de la infraestructura jurídica, administrativa y financiera, por ejemplo mediante evaluaciones del impacto sobre los derechos fundamentales, regímenes de residencia por inversión y marcos de lucha contra el blanqueo de capitales, con el fin de evitar el uso indebido por parte de los autores y garantizar la rendición de cuentas;

44.Insta a los Estados miembros a que examinen rigurosamente y, cuando proceda, revoquen los permisos de residencia vinculados a la inversión y los acuerdos similares de «visado de oro» para las personas vinculadas de forma creíble a regímenes o redes conocidos por participar en la represión transnacional, con el fin de evitar que los autores y facilitadores adquieran derechos de residencia en la Unión que faciliten las actividades ilícitas;

45.Pide a los Estados miembros que sigan vigilantes y rechacen, documenten y notifiquen las solicitudes informales, coercitivas o extrajudiciales de autoridades extranjeras de vigilar, detener, restringir, intimidar o entregar a exiliados o miembros de comunidades de la diáspora, también cuando dichas solicitudes se transmitan a través de canales diplomáticos; exige, en este contexto, un control reforzado que impliquen a personas en riesgo de sufrir represión transnacional; insta, asimismo, a los Estados miembros a abstenerse de extraditar a víctimas o posibles víctimas de represión transnacional y garantizar su protección dentro de la Unión;

46.Pide a los Estados miembros que velen por que los cuerpos de seguridad y las autoridades judiciales y otras autoridades competentes que reciben datos de Interpol y ejecutan acuerdos de cooperación bilateral con países sospechosos de ejercer represión transnacional dispongan de una formación adecuada para identificar y evaluar los riesgos de abuso;

47.Subraya que, para hacer frente a los abusos de Interpol, es necesario afirmar en la legislación nacional y en las orientaciones operativas que las notificaciones y difusiones de Interpol no están sujetas al mismo control que las órdenes de detención antes de su emisión y no deben tratarse como equivalentes a las órdenes de detención; hace hincapié en que las condiciones y evaluaciones de las medidas correctoras de Interpol deben revisarse en el contexto de la lucha contra la represión transnacional;

48.Pide a la Comisión que establezca un mecanismo de recurso a escala de la Unión para las notificaciones rojas abusivas de Interpol, considere la posibilidad de suspender la cooperación en los casos en que el debido proceso pueda no estar observándose o se utilicen veredictos in absentia, y deniegue el reconocimiento o la asistencia para las solicitudes procedentes de los Estados autores de represión transnacional hasta que se restablezca la independencia judicial;

49.Pide a los Estados miembros que insten a Interpol a publicar anualmente estadísticas detalladas para cada tipo de notificación y difusión, desglosadas por Estado emisor e indicando el número y los motivos de las aprobaciones, denegaciones y supresiones;

50.Pide que se emprendan reformas y se pongan a disposición recursos adecuados para ofrecer soluciones a largo plazo que eviten las notificaciones rojas y las órdenes de detención emitidas por motivos políticos, incluido el establecimiento de parámetros de referencia que eviten el uso indebido del sistema de notificaciones de Interpol y un mayor control de los Gobiernos con un historial deficiente en materia de derechos humanos o represión transnacional;

51.Pide a los reguladores financieros de la Unión y a las autoridades de supervisión pertinentes que reconozcan que el respeto de los marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de ciberseguridad del Grupo de Acción Financiera Internacional puedan ser utilizados indebidamente como herramienta de represión transnacional contra la sociedad civil y sus donantes, los periodistas y las comunidades de la diáspora, los empresarios y sus entidades, los socios y los particulares; insta a las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros a que cooperen con los reguladores financieros para ayudar a prevenir y combatir los abusos de los sistemas financieros y las bases de datos de viajes que se utilizan para facilitar la represión transnacional;

52.Pide a los reguladores financieros de la Unión, incluida la ALBC, que desarrollen salvaguardias para evitar dicha manipulación, incluidas verificaciones previas a la inmovilización, y medidas adecuadas de control y protección de datos;

53.Insta a los reguladores financieros de la Unión a que desarrollen mecanismos de recurso centrados en las víctimas para remediar la manipulación financiera y los daños a largo plazo, incluidos mecanismos públicos de corrección; pide una mayor coordinación entre los reguladores financieros, las entidades y las autoridades de supervisión pertinentes y los organismos pertinentes de la Unión que abordan la represión transnacional;

54.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan mecanismos que garanticen el acceso a los servicios bancarios básicos a las personas en situación de riesgo creíble de sufrir represión transnacional y mecanismos de continuidad financiera o liquidez de emergencia cuando la represión dé lugar a una inmovilización repentina de activos;

55.Pide a las unidades de información financiera que detecten y analicen sistemáticamente los patrones financieros relacionados con la represión transnacional y que comuniquen las conclusiones pertinentes a los centros de coordinación nacionales y de la Unión en materia de represión transnacional;

56.Insta a los Estados miembros a que garanticen una formación especializada para las autoridades policiales, judiciales, financieras y de ciberseguridad sobre la detección de patrones financieros relacionados con la represión transnacional, incluido el uso indebido de las herramientas del Grupo de Acción Financiera Internacional, Interpol y la base de datos de viajes;

57.Pide a los Estados miembros que asesoren a las instituciones financieras, garanticen que sus reguladores financieros nacionales tengan el mandato de compartir los datos de que disponen con las autoridades policiales y judiciales, y establezcan un mecanismo de denuncia y revisión nacional efectivo;

58.Destaca la denegación de los servicios consulares como una forma de represión transnacional que puede vincularse a la intimidación, la vigilancia o la coerción; condena el uso de controles de movilidad por parte de los Estados que practican la represión transnacional, incluida la revocación de pasaportes, la denegación de servicios consulares y otras restricciones a la circulación;

59.Pide a la Comisión que publique directrices oficiales sobre la lucha contra la coacción consular, garantizando que las personas objeto de represión transnacional no tengan que visitar sus embajadas o consulados nacionales en el extranjero;

60.Pide a los Estados miembros que garanticen que se aborden adecuadamente las circunstancias individuales de los solicitantes que son víctimas de represión transnacional; insta a los Estados miembros y a otros países del espacio Schengen a que utilicen el Código de Visados de la Unión y su Manual de manera coherente y flexible para abordar las necesidades de protección de las personas objeto de represión transnacional;

61.Destaca que es necesario aumentar el costo de la represión transnacional y reforzar las medidas de disuasión, también mediante la investigación y el enjuiciamiento efectivos de sus autores y facilitadores; insta a los Estados miembros a establecer una responsabilidad jurídica clara para las personas y entidades que faciliten, o se beneficien de, actos de represión transnacional conscientemente en nombre de Estados extranjeros; pide, además, la aplicación efectiva de las obligaciones de diligencia debida de los derechos humanos por parte de las empresas, también en virtud de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad; considera que una manera adecuada de contrarrestar el creciente fenómeno de la represión transnacional perpetrada por regímenes autoritarios contra personas que residen en la Unión es demostrar que la Unión puede ser una fuerza disuasoria; insta, por tanto, a la Unión a seguir aumentando sus propias capacidades de defensa y reduciendo las dependencias;

62.Pide a los Estados miembros que refuercen las medidas preventivas y de rendición de cuentas, incluida la verificación de seguridad de diplomáticos, funcionarios de los países involucrados, intérpretes, representantes de los grupos de presión y otros agentes pertinentes en relación con su participación en actos de represión transnacional antes de su acreditación, y que impongan medidas adecuadas —como la expulsión, la prohibición de entrada o la suspensión de la acreditación— contra las personas responsables de tales actos; solicita, asimismo, a los Estados miembros que compartan la información pertinente con los países socios para evitar conceder nuevas acreditaciones o que continúen los abusos; expresa la necesidad de reconocer los riesgos que plantea la infiltración de represión transnacional entre grupos de la oposición democrática en el extranjero y de adoptar medidas coordinadas y colectivas para prevenir y contrarrestar tales actividades;

63.Pide a la Unión y a sus Estados miembros que supervisen el uso abusivo de los mecanismos judiciales o policiales por parte del Estado que practica la represión transnacional o de agentes vinculados al Estado; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que, cuando existan pruebas suficientes, consideren la posibilidad de imponer medidas cautelares a dichos Estados;

64.Pide a los Estados miembros que velen por que sus marcos jurídicos prohíban la injerencia en el ejercicio de los derechos protegidos en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, también cuando dichas acciones se lleven a cabo en nombre de una potencia extranjera, y por que esta participación se considere un factor agravante en la condena por delitos conexos;

65.Solicita al Consejo que estudie la posibilidad de determinar la represión transnacional como un delito de especial gravedad con una dimensión transfronteriza de conformidad con el artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con miras a establecer normas comunes de la Unión sobre definiciones y sanciones, cuando proceda; insta a la Comisión a elaborar legislación para armonizar la prohibición de las actividades de vigilancia extranjera dentro de la Unión, en particular las actividades que entran en el ámbito de la represión transnacional;

66.Pide a las autoridades policiales y judiciales que investiguen y enjuicien los actos de represión transnacional que constituyan un crimen de lesa humanidad en virtud del Estatuto de Roma;

67.Pide a los Estados miembros que, en cooperación con la Comisión y el SEAE, integren los riesgos de represión transnacional en la información sobre viajes y la orientación consular de la Unión, también a través de recomendaciones de viaje específicas para países en los que existan pruebas creíbles que apunten a la participación de autoridades estatales o sus agentes subsidiarios en la represión transnacional;

68.Pide a la Comisión y al SEAE que velen por que se considere sistemáticamente a las personas y entidades que participan en la represión transnacional para su inclusión en la lista del régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos (Ley Magnitski de la UE), y que incluyan explícitamente la represión transnacional como motivo de inclusión en el próximo régimen de sanciones de la Unión contra la delincuencia organizada transnacional;

69.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten los fondos destinados a investigaciones forenses, financieras y digitales relacionadas con la represión transnacional para detectar, atribuir y documentar la represión transnacional, y que apoyen los procedimientos judiciales incoados por las víctimas;

70.Pide a los Estados miembros que den prioridad a la investigación y el desmantelamiento de las redes de represión transnacional, incluidos los agentes subsidiarios y los vínculos con la delincuencia organizada, mediante una mayor coordinación entre las autoridades de seguridad, judiciales y financieras;

71.Pide a la Comisión y al SEAE que integren sistemáticamente la lucha contra la represión transnacional en la acción exterior de la Unión, incluidos los diálogos políticos y sobre derechos humanos, el compromiso con terceros países y países candidatos y la diplomacia pública, y que planteen públicamente sus preocupaciones; insta a la Comisión y al SEAE a introducir, en los acuerdos internacionales y los marcos de cooperación, condiciones para evitar la utilización abusiva de los acuerdos de cooperación multilaterales y bilaterales en materia penal para la represión transnacional, incluida la posibilidad de suspenderlos;

72.Pide a la Unión y sus Estados miembros que planteen los casos de represión transnacional —como la coacción por medio de terceros y la represión familiar— en las relaciones bilaterales con los Estados que la ejercen y que exijan el cese de este tipo de prácticas;

73.Insta a la Comisión y al SEAE a reforzar la comunicación estratégica sobre la represión transnacional, reconociéndola explícitamente como una amenaza mundial, condenando enérgicamente a los autores y señalando el apoyo de la Unión a las personas objeto de ella;

74.Solicita al SEAE que incluya explícitamente la represión transnacional en el mandato del representante especial de la Unión para los derechos humanos y que vele por que se aborde en los informes de la Unión sobre derechos humanos;

75.Pide a la Comisión y al SEAE que tengan sistemáticamente en cuenta los riesgos de represión transnacional a la hora de preparar acuerdos de financiación, cooperación y asociación con países no pertenecientes a la Unión;

76.Insta a la Comisión a que incluya la represión transnacional como categoría en sus informes sobre el Estado de Derecho y sus informes sobre la ampliación;

77.Pide a la Comisión que haga de la represión transnacional una prioridad en la aplicación del Escudo Europeo de la Democracia, especialmente en el Centro Europeo para la Resiliencia Democrática;

78.Solicita a las futuras Presidencias del Consejo que den prioridad a la represión transnacional en los programas de la Unión, faciliten el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros y trabajen en aras de una comunicación del Consejo en la que se establezca un enfoque coherente de la lucha contra la represión transnacional a escala de la Unión;

79.Acoge con satisfacción la declaración de los dirigentes del G7 sobre la represión transnacional y pide al Consejo y a la Comisión que sigan reforzando la coordinación a nivel del G7, del Consejo de Europa, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y de las Naciones Unidas, en particular mediante un compromiso sostenido en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el apoyo a la labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; pide, además, que se tengan en cuenta las prácticas sistemáticas de represión transnacional de los Estados que la ejercen a la hora de evaluar la participación de estos países en organismos intergubernamentales y sus iniciativas en el seno de estos;

80.Pide a los Estados miembros que aboguen por un convenio del Consejo de Europa sobre la represión transnacional;

81.Cree firmemente que la Unión debe coordinarse estrechamente con socios afines, también mediante el intercambio de mejores prácticas en materia de legislación, protección de las víctimas, atribución y sanciones contra redes de agentes subsidiaros;

82.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.