HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:Capítulo IDISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1Objeto1.El presente Reglamento establece un sistema común para el retorno efectivo de los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular en el territorio de los Estados miembros, de conformidad con los derechos fundamentales reconocidos ▌ por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta») y los principios generales del Derecho de la Unión, así como con las obligaciones ▌ internacionales aplicables ▌, incluidas las relativas a los derechos humanos.2.El objetivo del presente Reglamento es permitir a los Estados miembros la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar ▌ retornos efectivos ▌, teniendo en cuenta el enfoque global establecido en el artículo 3, el artículo 4, letra h), y el artículo 5, letra e), del Reglamento (UE) 2024/1351.

Artículo 2Ámbito de aplicación1.El presente Reglamento se aplicará a los nacionales de terceros países en situación irregular en el territorio de los Estados miembros.2.El presente Reglamento no se aplicará a los beneficiarios del derecho a la libre circulación en virtud del Derecho de la Unión, tal como se define en el artículo 2, punto 5, del Reglamento (UE) 2016/399.3. El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de las disposiciones de los Reglamentos (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1348 y (UE) 2024/1349.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del presente artículo, el presente Reglamento no se aplicará a los nacionales de terceros países que:a) sean objeto de una denegación de entrada en las fronteras exteriores de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/399 Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de la Unión sobre normas que regulan el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (DO L 77 de 23.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj). o de conformidad con el Derecho nacional equivalente en el caso de los Estados miembros que no estén sujetos a ese Reglamento;b) sean detenidos o interceptados por las autoridades competentes con ocasión del cruce ilegal de las fronteras exteriores terrestres, marítimas o aéreas de un Estado miembro y no hayan obtenido ulteriormente una autorización o derecho de estancia en dicho Estado miembro;c) estén sujetos al retorno como pena o como consecuencia de una pena, con arreglo a la legislación nacional;d) estén sujetos a procedimientos de extradición.5. Un Estado miembro podrá decidir aplicar el presente Reglamento a una o varias de las categorías de nacionales de terceros países a que se refiere el apartado 4, letras a), b) y c). En tales casos, el presente Reglamento se aplicará a dichas categorías de nacionales de terceros países a partir de la fecha en que el Estado miembro notifique su decisión a los demás Estados miembros y a la Comisión.6. Cuando un Estado miembro decida aplicar el presente Reglamento a nacionales de terceros países que estén sujetos al retorno como pena, no se aplicarán los artículos 7, 9 y 10.7. Por lo que respecta a los nacionales de terceros países excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento de conformidad con el apartado 4, letras a) y b), los Estados miembros velarán por que su trato y nivel de protección no sean menos favorables que los establecidos en el artículo 12, apartados 4 y 5, el artículo 14, apartado 2, el artículo 14, apartado 6, letras c) y e), el artículo 34, apartados 1 a 6, y el artículo 35 y respeten el principio de no devolución.2 ter. El presente Reglamento se aplica sin perjuicio del Derecho penal nacional de los Estados miembros y, en particular, de las disposiciones que establecen sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, también penas de prisión, en relación con la situación irregular, siempre que el procedimiento penal y la aplicación de dichas sanciones no pongan en peligro la consecución de los retornos efectivos.▌

Artículo 4DefinicionesA los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:1)«nacional de un tercer país»: toda persona que no sea un ciudadano de la Unión en el sentido del artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que no sea un beneficiario del derecho a la libre circulación con arreglo al Derecho de la Unión, tal y como se define en el artículo 2, punto 5, del Reglamento (UE) 2016/399;2)«situación irregular»: la presencia en el territorio de un Estado miembro de un nacional de un tercer país que no cumpla o haya dejado de cumplir las condiciones de entrada establecidas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/399 o condiciones equivalentes de entrada, estancia o residencia de conformidad con el Derecho nacional en el caso de Estados miembros que no estén sujetos a ese Reglamento, pero que participen en el presente Reglamento;3)«país de retorno»: uno de los siguientes:a)un tercer país que sea el país de origen del nacional de un tercer país;b)un tercer país que sea el país de residencia habitual oficial del nacional de un tercer país;c)un tercer país de tránsito en el trayecto hacia la Unión de conformidad con los acuerdos o convenios de readmisión de la Unión o de los Estados miembros;d)un tercer país, distinto del contemplado en las letras a) y b), en el que el nacional de un tercer país tenga derecho a entrar y residir;e)un tercer país seguro en relación con el cual se haya denegado por inadmisible la solicitud de protección internacional de un nacional de un tercer país, de conformidad con el artículo 59, apartado 8, del Reglamento (UE) 2024/1348 o, en el caso de los Estados miembros que no estén sujetos a ese Reglamento, de conformidad con las disposiciones correspondientes que puedan haber introducido en su Derecho nacional;f)el primer país de asilo en relación con el cual se haya denegado por inadmisible la solicitud de protección internacional de un nacional de un tercer país, de conformidad con el artículo 58, apartado 4, del Reglamento (UE) 2024/1348 o, en el caso de los Estados miembros que no estén sujetos a ese Reglamento, de conformidad con las disposiciones correspondientes que puedan haber introducido en su Derecho nacional;g)un tercer país distinto de alguno de los mencionados en las letras a), b) y d) con el que exista un acuerdo o convenio en virtud del cual se acepte al nacional de un tercer país, de conformidad con el artículo 17 del presente Reglamento.4)«decisión de retorno»: una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial por la que se declare irregular la situación de un nacional de un tercer país y se imponga o declare una obligación de abandonar el territorio de los Estados miembros;4 bis) «retorno»: las acciones por las que un nacional de un tercer país en situación irregular:a) regrese voluntariamente, tal como se indica en el punto 6; o b) sea expulsado por las autoridades competentes fuera de los Estados miembros y a uno de los países de retorno definidos en la decisión de expulsión o, en su caso, en la decisión de retorno.4 ter) «decisión de expulsión»: decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial por el que se declare que el nacional de un tercer país puede ser expulsado a uno o varios países de retorno, tal como se indica en el punto 3;5)«expulsión»: la ejecución de la decisión de retorno o de la decisión de expulsión por parte de las autoridades competentes mediante ▌ transporte físico fuera del ▌ Estado miembro hacia un país de retorno;6)«retorno voluntario»: la salida del territorio de los Estados miembros por sí mismo, con o sin asistencia, y sin recurrir a la expulsión, de un nacional de un tercer país en situación irregular que cumpla la obligación de salir dentro del plazo de salida voluntaria establecido en la decisión de retorno o tras su expiración;7)«fuga»: la acción por la cual el nacional de un tercer país deja de estar a disposición de las autoridades administrativas o judiciales competentes ▌; 8)«prohibición de entrada»: una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial por el que se prohíbe la entrada y la estancia en el territorio de los Estados miembros ▌;▌11)«operación de retorno»: una operación organizada o coordinada por una autoridad competente o que cuenta con el apoyo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (en adelante, «Frontex») por la que se retorne a nacionales de terceros países procedentes de uno o más Estados miembros.▌

Artículo 5Derechos fundamentalesAl aplicar el presente Reglamento, los Estados miembros actuarán en estricto cumplimiento del Derecho de la Unión aplicable, incluida la Carta, del Derecho internacional aplicable, de las obligaciones relativas al acceso a la protección internacional, del principio de no devolución y de los derechos fundamentales.

Capítulo IIPROCEDIMIENTO DE RETORNO▌Sección 2Procedimiento por el que se ordena el retorno

Artículo 7▌Decisión de retorno1.Las autoridades competentes del Estado miembro emitirán una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio, en la que se establezca o se imponga la obligación de abandonar el territorio de los Estados miembros ▌.1 bis. Las decisiones de retorno:a) indicarán un plazo de salida, que no excederá de treinta días, al término del cual el nacional de un tercer país deberá abandonar, a más tardar, el territorio de los Estados miembros; o b) indicarán que el nacional de un tercer país abandonará de inmediato el territorio de los Estados miembros. El plazo de salida a que se refiere la letra a) podrá reducirse y especificarse con más detalle en el Derecho nacional.Los Estados miembros podrán establecer en su Derecho nacional en qué circunstancias se concede a un nacional de un tercer país un plazo de salida voluntaria y en cuáles se ordena que abandone el territorio de inmediato.1 ter. Las autoridades competentes podrán establecer un plazo de salida con arreglo al apartado 1 bis superior a treinta días, teniendo debidamente en cuenta las circunstancias específicas del caso concreto.1 quater. Las autoridades competentes podrán prorrogar el plazo de salida con arreglo al apartado 1 bis, teniendo debidamente en cuenta las circunstancias específicas del caso concreto, en especial, la participación en un programa de apoyo al retorno y la reintegración con arreglo al artículo 46, apartado 3, y el cumplimiento de la obligación de cooperación establecida en el artículo 21. 1 quinquies. Las autoridades competentes podrán reducir el plazo de salida con arreglo al apartado 1 bis en caso de incumplimiento de la obligación de cooperación establecida en el artículo 21.1 sexies. El plazo de salida se contará a partir de una fecha según lo definido en el Derecho nacional. 2.La decisión de retorno se emitirá por escrito y expondrá los motivos de hecho y de Derecho. Se informará al nacional de un tercer país de las vías de recurso disponibles y de los plazos para interponer dichos recursos. La decisión de retorno se notificará al nacional de un tercer país en cuanto sea posible, de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate. Cuando se desconozca el paradero del nacional de un tercer país, la decisión de retorno se notificará de conformidad con el Derecho nacional.3.Las autoridades competentes podrán decidir no facilitar o limitar la información sobre los motivos de hecho cuando el Derecho nacional prevea la restricción del derecho a la información o cuando sea necesario para salvaguardar el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional y para la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales. En tales casos, se informará al nacional de un tercer país de la esencia de los motivos por los que se adopta una decisión de retorno a efectos de su acceso a la tutela judicial efectiva. La obligación de informar al nacional de un tercer país de la esencia de los motivos no incluye la obligación de divulgar información clasificada alguna.4.El país o los países de retorno podrán determinarse en la decisión de retorno o, de conformidad con el artículo 12, apartado 2 bis, antes de proceder a la expulsión. Cuando el nacional de un tercer país decida retornar de forma voluntaria a otro país de retorno distinto del país o los países de retorno indicados en la decisión de retorno, no será necesario emitir una nueva decisión que determine el país de retorno.4 ter. No se impedirá a las autoridades competentes emitir una decisión de retorno cuando exista un obstáculo para la expulsión. Cuando se haya determinado el país de retorno en la decisión de retorno y se haya detectado un riesgo de devolución, se aplazará la expulsión a dicho país de retorno de conformidad con el artículo 14, apartado 1, letra a).5.Se proporcionará al nacional de un tercer país, previa petición, una traducción escrita u oral de los principales elementos de la decisión de retorno ▌, incluida información sobre las vías de recurso disponibles, en una lengua que el nacional de un tercer país comprenda o pueda suponerse razonablemente que comprende. A tal fin, las autoridades competentes podrán, cuando proceda, utilizar plantillas de traducción normalizadas o herramientas de traducción asistida o generada por máquina.6.La decisión de retorno ▌se emitirá en el mismo acto o en un acto distinto al mismo tiempo y junto con la decisión de finalización de la situación regular de un nacional de un tercer país o posteriormente sin retraso indebido y sin que ello afecte a las garantías procesales previstas en el capítulo IV y a otras disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión e internacional.7.Tras la emisión de la decisión de retorno, los Estados miembros utilizarán el formulario (en adelante, «orden europea de retorno») establecido de conformidad con el apartado 8. El formulario recogerá los elementos principales de la decisión de retorno y, cuando proceda, de la decisión de expulsión, y se facilitará a través del Sistema de Información de Schengen de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1860 ▌.8.A más tardar seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión adoptará un acto de ejecución para determinar el formulario de la orden europea de retorno a que se refiere el apartado 7. Dicho acto de ejecución se adoptará de acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 49, apartado 2.9.A más tardar en el momento de la adopción del acto de ejecución mencionado en el apartado 8, los Estados miembros y la Comisión y las agencias pertinentes de la Unión (como eu-LISA) empezarán a implantar las disposiciones jurídicas y técnicas necesarias respectivamente para poner a disposición la orden europea de retorno a través del Sistema de Información de Schengen a fin de facilitar el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 7. La Comisión y las agencias pertinentes de la Unión (como eu-LISA) apoyarán a los Estados miembros, según proceda.9 bis. A más tardar en la fecha de aplicación del presente Reglamento indicada en el artículo 52, apartado 3, la Comisión y las agencias pertinentes de la Unión (como eu-LISA) aplicarán medidas para garantizar la posibilidad del tratamiento automatizado de la orden europea de retorno, en aras de una aplicación más eficiente del artículo 9.9 ter. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las disposiciones jurídicas y técnicas necesarias establecidas para cumplir la obligación que figura en el apartado 7 a más tardar en la fecha de aplicación indicada en el artículo 52, apartado 3, del presente Reglamento.▌

Artículo 8Excepciones a la obligación de emitir una decisión de retorno1.Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán decidir no emitir una decisión de retorno en uno de los casos siguientes cuando el nacional de un tercer país sea:a)trasladado a otro Estado miembro de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 23 bis del Reglamento (UE) 2016/399;b)trasladado a otro Estado miembro en virtud de acuerdos o convenios bilaterales o en virtud de la cooperación entre Estados miembros de conformidad con el artículo 44;c)una persona cuya situación irregular se detecte en relación con inspecciones fronterizas realizadas a la salida en la frontera exterior de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/399 o con inspecciones equivalentes de conformidad con el Derecho nacional en el caso de los Estados miembros que no estén sujetos a ese Reglamento, evitando en la medida de lo posible aplazar la salida del nacional de un tercer país de que se trate.2.No se emitirá una decisión de retorno cuando el nacional de un tercer país sea titular de un permiso de residencia válido, un visado para estancia de larga duración u otra autorización que otorgue un derecho de estancia expedido por otro Estado miembro ▌.3.En los casos a que se refiere el apartado 2, el Estado miembro exigirá al nacional de un tercer país que se traslade inmediatamente al territorio de ese otro Estado miembro. Cuando el nacional de un tercer país no cumpla sus obligaciones, o cuando la salida inmediata del nacional de un tercer país sea necesaria por razones de orden público, seguridad pública o seguridad nacional, los Estados miembros podrán solicitar la cooperación de los demás Estados miembros de conformidad con el artículo 44 o emitir una decisión de retorno de conformidad con el artículo 7.4.No se emitirá una decisión de retorno cuando sea de aplicación el procedimiento ▌ descrito ▌en el artículo 9.

Artículo 9Reconocimiento y ejecución de decisiones de retorno emitidas por otro Estado miembro1.El Estado miembro en el que el nacional de un tercer país se encuentre en situación irregular (en adelante, «el Estado miembro de ejecución») podrá reconocer y ejecutar una decisión de retorno con fuerza ejecutiva y, cuando proceda, una decisión de expulsión emitida contra dicho nacional de un tercer país por otro Estado miembro (en adelante, «el Estado miembro emisor») con arreglo al artículo 7, apartado 1, y el artículo 12, apartado 2. La ejecución se basará en la información disponible en la orden europea de retorno a que se refiere el artículo 7, apartado 7, y se llevará a cabo siguiendo las normas y procedimientos nacionales, con arreglo al artículo 12.2.▌ Los Estados miembros no estarán obligados a adoptar decisiones o actos administrativos a efectos de reconocimiento. No es necesario que el reconocimiento adopte la forma de un procedimiento administrativo.▌5.Cuando un Estado miembro no reconozca o no ejecute una decisión de retorno o una decisión de expulsión de conformidad con el apartado 1 ▌, dicho Estado miembro emitirá una decisión de retorno con sujeción a las condiciones del artículo 7 o una decisión de expulsión, con arreglo al artículo 12, apartado 2.6.Cuando un Estado miembro reconozca o ejecute una decisión de retorno o una decisión de expulsión de conformidad con el apartado 1, suspenderá la expulsión cuando se suspendan los efectos de la decisión de retorno o de la decisión de expulsión en el Estado miembro emisor y podrá emitir una decisión de retorno con sujeción a las condiciones del artículo 7.7.Cuando el Estado miembro emisor suspenda o retire la decisión de retorno o cuando la decisión de retorno sea anulada por una autoridad administrativa o un juzgado o tribunal, el Estado miembro de ejecución emitirá una decisión de retorno sujeta a las condiciones del artículo 7.8.Previa petición, el Estado miembro emisor facilitará al Estado miembro de ejecución todos los datos y documentos disponibles necesarios a efectos del ▌ retorno o la expulsión, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1860 ▌.▌9 bis. La aplicación del artículo 9 se entenderá sin perjuicio del recurso a las excepciones establecidas en el artículo 8.11. Los Estados miembros, mediante la adopción del acto de ejecución a que se refiere el artículo 7, apartado 8, empezarán a establecer medidas preparatorias que puedan facilitar el reconocimiento de las decisiones de retorno o de las decisiones de expulsión emitidas por otro Estado miembro, en particular, cuando proceda, las disposiciones jurídicas y técnicas de sus sistemas nacionales, los cambios en los sistemas informáticos nacionales, la formación pertinente y las actividades de proyectos piloto.12. A más tardar dos años después de la fecha de aplicación a que se refiere el artículo 52, apartado 3, del presente Reglamento, la Comisión evaluará la implantación del reconocimiento mutuo conforme al apartado 1 del presente artículo, en particular en lo que se refiere a:a) si los Estados miembros han implantado las disposiciones jurídicas y técnicas por las que se pone a disposición la orden europea de retorno a través del Sistema de Información de Schengen, de conformidad con el artículo 7, apartado 7, y si estas son efectivas;b) si los Estados miembros han implantado las disposiciones jurídicas y técnicas necesarias para garantizar el tratamiento automatizado de la orden europea de retorno con arreglo al artículo 7, apartado 9;c) la efectividad del reconocimiento y la ejecución de las decisiones de retorno y de expulsión;d) la carga que ello supone para los sistemas judiciales y administrativos nacionales, ye) los resultados de las actividades de formación y los proyectos piloto pertinentes.13. Basándose en la evaluación a que se refiere el apartado 12, la Comisión presentará, según proceda, propuestas legislativas —incluida cualquier modificación específica para garantizar los retornos efectivos—, con vistas a introducir el reconocimiento y la ejecución obligatorios de las decisiones de retorno con fuerza ejecutiva y las decisiones de expulsión emitidas por otro Estado miembro. Si la Comisión no presenta una propuesta, deberá explicar el motivo.

Sección 3Prohibición de entrada

Artículo 10Emisión de una prohibición de entrada1.Las decisiones de retorno deberán ir acompañadas de una prohibición de entrada cuando:a)el nacional de un tercer país sea objeto de expulsión de conformidad con el artículo 12;b)no se haya cumplido la obligación de abandonar el territorio de los Estados miembros en los plazos establecidos de conformidad con el artículo 7, apartados 1 bis a 1 quater;c)el nacional de un tercer país suponga un riesgo para la seguridad de conformidad con el artículo 16.2.En casos distintos de los enumerados en el apartado 1, las autoridades competentes podrán acompañar una decisión de retorno o una decisión de expulsión de una prohibición de entrada teniendo en cuenta las circunstancias pertinentes, en particular el nivel de cooperación del nacional de un tercer país.3.La prohibición de entrada se dictará como parte de la decisión de retorno, como parte de la decisión de expulsión o por separado, por escrito. La prohibición de entrada se notificará al nacional de un tercer país en una lengua que comprenda o que pueda suponerse razonablemente que comprende. A tal fin, las autoridades competentes podrán, cuando proceda, utilizar plantillas de traducción normalizadas o herramientas de traducción asistida o generada por máquina. 4.Las autoridades competentes podrán imponer una prohibición de entrada sin emitir una decisión de retorno a todo nacional de un tercer país que haya estado en situación irregular en el territorio de los Estados miembros y cuya situación irregular se detecte en relación con las inspecciones fronterizas realizadas a la salida de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/399 o con inspecciones equivalentes de conformidad con el Derecho nacional en el caso de los Estados miembros que no estén sujetos a ese Reglamento. En estos casos, la prohibición de entrada podrá imponerse y notificarse después de que el nacional de un tercer país haya salido del territorio de los Estados miembros, evitando en la medida de lo posible aplazar la salida del nacional de un tercer país de que se trate.4 bis. Cuando un nacional de un tercer país en situación irregular abandone el territorio de los Estados miembros antes de que se emita una decisión de retorno, las autoridades competentes podrán imponer una prohibición de entrada sin emitir dicha decisión de retorno.4 ter. Cuando los motivos para dictar una prohibición de entrada hayan surgido después de que se emitiera una decisión de retorno, las autoridades competentes podrán imponer una prohibición de entrada sin emitir una nueva decisión de retorno.5.Las autoridades competentes podrán abstenerse de dictar una prohibición de entrada en casos concretos por razones humanitarias si el nacional de un tercer país es víctima de trata de seres humanos o si el nacional de un tercer país coopera debidamente con las autoridades competentes, por ejemplo, mediante su registro en un programa de retorno y reintegración.6.La duración de la prohibición de entrada se determinará con la debida consideración de todas las circunstancias pertinentes del caso concreto y su vigencia no excederá de diez años. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, letra a), podrá dictarse una prohibición de entrada por un período máximo de veinte años por motivos debidamente justificados cuando se considere necesario para impedir que el nacional de un tercer país entre en el territorio de los Estados miembros. ▌8.El período de prohibición de entrada comenzará a partir de la fecha en que el nacional de un tercer país abandone el territorio de los Estados miembros.

Artículo 11Retirada, suspensión o reducción de la duración de una prohibición de entrada1.El Estado miembro emisor podrá retirar, suspender o reducir la duración de una prohibición de entrada cuando el nacional de un tercer país demuestre que ha regresado voluntariamente, sin perjuicio de los apartados 2 y 3.▌2.La autoridad competente podrá, si lo considera oportuno, retirar, suspender o reducir la duración de una prohibición de entrada ▌ en casos concretos justificados, incluso por razones humanitarias, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, sin perjuicio del apartado 3. 3.El nacional de un tercer país podrá presentar una solicitud bien fundamentada para la retirada, suspensión o reducción de la duración de una prohibición de entrada, siempre que haya abandonado el territorio, sin perjuicio del apartado 4.4. Un nacional de un tercer país contra quien se haya emitido una prohibición de entrada que supere los diez años de conformidad con el artículo 10, apartado 6, o el artículo 16, apartado 3, letra a), podrá solicitar al Estado miembro emisor, diez años después de su salida de los Estados miembros, que revise si la prohibición de entrada debe retirarse, suspenderse o acortarse, teniendo debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes, en particular, cuando proceda, si el nacional de un tercer país sigue siendo un riesgo para la seguridad con arreglo al artículo 16 y si la prohibición de entrada sigue siendo necesaria para seguir impidiendo que dicho nacional de un tercer país entre en el territorio de los Estados miembros. La solicitud de revisión deberá estar bien fundamentada.4 bis. Los Estados miembros podrán supeditar la retirada de una prohibición de entrada al reembolso de los gastos de expulsión del nacional de un tercer país.

Sección 4Ejecución del retorno

Artículo 12Expulsión1.Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para expulsar al nacional de un tercer país ▌ cuando:-a) el nacional de un tercer país no haya cumplido la obligación de abandonar el territorio de conformidad con el artículo 7;a)el nacional de un tercer país no coopere con las autoridades ▌;▌c)el nacional de un tercer país entre en el ámbito de aplicación del artículo 16;d)el nacional de un tercer país se traslade a otro Estado miembro sin autorización, incluso durante el plazo establecido de conformidad con el artículo 7;d bis)las autoridades competentes consideren que la expulsión es necesaria y proporcionada, de conformidad con el Derecho nacional, por motivos distintos de los enumerados en las letras -a) a d).1 bis. Ninguna disposición del presente Reglamento impedirá a los Estados miembros autorizar o facilitar el retorno voluntario de un nacional de un tercer país que, de otro modo, sería objeto de una medida de expulsión en aplicación del apartado 1, en particular cuando se considere que el retorno voluntario garantiza un retorno más rápido y efectivo.2.Las autoridades competentes podrán emitir una decisión de expulsión contra todo nacional de un tercer país que esté sujeto al retorno. Cuando se emita una decisión de expulsión, se hará por escrito. Podrá formar parte de la misma decisión que la decisión de retorno o ser una decisión o acto independientes de naturaleza administrativa o judicial o ser parte de otra decisión de naturaleza administrativa o judicial. 2 bis. Cuando no se haya determinado aún un país de retorno, o en caso de que este difiera del país previamente determinado, la autoridad competente determinará en la decisión de retorno o en una decisión de expulsión uno o varios países de retorno con arreglo al artículo 4, apartado 3, antes de proceder a la expulsión.2 ter. Cuando se emita una decisión de expulsión, se expondrán los motivos de hecho y de Derecho. Se informará al nacional de un tercer país de las vías de recurso disponibles y de los plazos para interponer los recursos. La decisión de expulsión se notificará al nacional de un tercer país tan pronto como sea posible, de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.2 quater. Cuando se emita una decisión de expulsión, se proporcionará al nacional de un tercer país, previa petición, una traducción escrita u oral de los principales elementos de la decisión de expulsión, incluida información sobre las vías de recurso disponibles, en una lengua que el nacional de un tercer país comprenda o pueda suponerse razonablemente que comprende. A tal fin, las autoridades competentes podrán, cuando proceda, utilizar plantillas de traducción normalizadas o herramientas de traducción asistida o generada por máquina.3.Cuando el nacional de un tercer país señale que la expulsión vulneraría el principio de no devolución o las autoridades del Estado miembro tengan conocimiento de que existen indicios pertinentes de dicha vulneración, las autoridades competentes remitirán al nacional de un tercer país al procedimiento adecuado, en particular el procedimiento de asilo, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1348, cuando proceda, o de conformidad con el Derecho nacional evaluarán si la expulsión se ajusta al principio de no devolución ▌. El nacional de un tercer país de que se trate deberá presentar lo antes posible toda la información pertinente relativa a sus propias circunstancias personales a fin de justificar su alegación de que la expulsión incumpliría el principio de no devolución. Las autoridades competentes podrán tener en cuenta o basarse en cualquier evaluación previa del riesgo de devolución. Solo se realizará una nueva evaluación del riesgo de devolución si se ha facilitado y justificado información pertinente. 3 bis. Los Estados miembros podrán decidir que el principio de no devolución pueda ser evaluado por una autoridad distinta de la autoridad competente que emita o ejecute la decisión de retorno.4.Las medidas coercitivas adoptadas para garantizar la expulsión serán necesarias y proporcionadas y, en cualquier caso, no superarán el umbral de fuerza razonable. Se aplicarán según establezca el Derecho nacional, de conformidad con los derechos fundamentales y con el debido respeto a la dignidad y la integridad física del nacional de un tercer país de que se trate.5.Al llevar a cabo expulsiones por vía aérea, los Estados miembros tendrán en cuenta las Directrices comunes sobre las normas de seguridad en las expulsiones conjuntas por vía aérea, establecidas en el anexo de la Decisión 2004/573/CE del Consejo Decisión 2004/573/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la organización de vuelos conjuntos para la expulsión, desde el territorio de dos o más Estados miembros, de nacionales de terceros países sobre los que hayan recaído resoluciones de expulsión (DO L 261 de 6.8.2004, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/573/oj)..▌▌

Artículo 14Condiciones para aplazar la expulsión1.La expulsión con arreglo al artículo 12 se aplazará en las siguientes circunstancias:a)cuando esta vulnere el principio de no devolución; ob)cuando y mientras esté en vigor la suspensión de la decisión de retorno de conformidad con el artículo 28.2.La expulsión con arreglo al artículo 12 podrá aplazarse ▌, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del caso concreto. En caso de riesgo de fuga, podrán aplicarse medidas adicionales de conformidad con el apartado 7. 3.Si el nacional de un tercer país solicita el aplazamiento de la expulsión, la solicitud deberá estar debidamente motivada.4.▌ Los Estados miembros facilitarán al nacional de un tercer país de que se trate una confirmación por escrito del aplazamiento de conformidad con el apartado 1 o el apartado 2 y sus derechos durante este. Podrá facilitarse una traducción oral de la confirmación al nacional de un tercer país en una lengua que comprenda o que pueda suponerse razonablemente que comprende, también mediante el uso de servicios de interpretación.5.El aplazamiento de la expulsión ▌se revisará ▌ en caso de que se produzcan cambios en las circunstancias pertinentes.6.En relación con la situación del nacional de un tercer país, incluido el cumplimiento por su parte de las obligaciones previstas en el presente Reglamento, en los períodos durante los cuales se haya aplazado la expulsión, se tendrá en cuenta lo siguiente:a)las necesidades básicas;b)la unidad familiar compuesta por los miembros de la familia presentes en el territorio del Estado miembro;c)la atención sanitaria de urgencia y el tratamiento básico de enfermedades;d)el acceso de los menores al sistema de educación básica en función de la duración de su estancia;e)las necesidades especiales de las personas vulnerables.7.Si se aplaza la expulsión, podrán aplicarse las medidas establecidas en los artículos 21, 23 quater y 29 cuando se cumplan las condiciones pertinentes.

Artículo 15Supervisión de la expulsión▌ Los Estados miembros establecerán un sistema independiente de supervisión del retorno forzoso. ▌ Los Estados miembros podrán basarse en los mecanismos de supervisión existentes, como las estructuras y los conocimientos especializados establecidos en virtud del Reglamento (UE) 2024/1356, según proceda a efectos del presente artículo. ▌

Artículo 16Retorno de nacionales de terceros países que planteen riesgos para la seguridad1.El presente artículo se aplicará a los nacionales de terceros países cuando:a)estos supongan una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional, en particular cuando sean objeto de una descripción con arreglo al artículo 24, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2018/1861 del Parlamento Europeo y del Consejo Reglamento (UE) 2018/1861 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2018, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones fronterizas, por el que se modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y se modifica y deroga el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 (DO L 312 de 7.12.2018, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj).;b)existan indicios razonables para creer que han cometido un delito grave conforme al artículo 2, apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros – Declaraciones realizadas por algunos Estados miembros con ocasión de la adopción de la Decisión Marco (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj). o que han cometido un delito sancionado con una pena de privación de libertad de una duración igual o superior a dos años con arreglo al Derecho nacional, o que han cometido múltiples delitos sancionados con una pena de privación de libertad de una duración igual o superior a un año con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro de condena; b bis) existan indicios razonables de que la persona está implicada en cualquiera de los delitos a que se refiere la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj).;c)existan indicios razonables de su intención de cometer alguna infracción penal de las contempladas en las letras b) y b bis) del presente apartado en el territorio de un Estado miembro;c bis) existan indicios razonables de que plantean cualquier otro desafío para la seguridad tal como establece el Derecho nacional.2.Los nacionales de terceros países que entren en el ámbito de aplicación del presente artículo serán objeto de expulsión de conformidad con el artículo 12.2 bis. El apartado 1, letras b), b bis) y c), se aplicará a los nacionales de terceros países cuando existan indicios razonables de que hayan incitado o bien hayan participado de otro modo en la comisión de los delitos o actos referidos en este.2 ter. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las decisiones de retorno relativas a nacionales de terceros países que entren en el ámbito de aplicación del presente artículo se tramiten y ejecuten con carácter prioritario.3.Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones pertinentes del presente Reglamento, los nacionales de terceros países que entren en el ámbito de aplicación del presente artículo podrán ser:a)sujetos a una prohibición de entrada emitida de conformidad con el artículo 10 que supere la duración máxima a que se refiere el artículo 10, apartado 6, o a una prohibición de entrada de duración indefinida cuando esté justificado y sea proporcionado al riesgo para la seguridad que plantea el nacional de un tercer país. En estos casos, se aplicará lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 11;b)internados de conformidad con el artículo 29, apartado 3, letra c);c)internados en prisiones y, cuando sea posible, separados de los presos ordinarios;d)sujetos a internamiento por períodos adicionales superiores a la duración máxima a que se refiere el artículo 32, apartado 3, que sean determinados por un juzgado o tribunal competente teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto; dicho período será revisado por un juzgado o tribunal al menos cada tres meses.4.Cuando la amenaza para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional que supongan los nacionales de terceros países a que alude en el apartado 1, letra a), no puedan resolverse efectivamente con arreglo al presente artículo, los Estados miembros podrán establecer otras medidas en virtud del Derecho nacional. Los Estados miembros garantizarán que al adoptar la decisión pertinente, la medida sea necesaria y proporcionada teniendo en cuenta la gravedad de la amenaza para la seguridad pública o el peligro que suponga la persona en cuestión.4 bis. Los Estados miembros podrán basarse en una evaluación exhaustiva existente de todas las circunstancias pertinentes realizada por las autoridades competentes en fases anteriores, en particular en el contexto de los procedimientos de asilo, visado, control fronterizo, incluido el triaje.

Artículo 17Retorno a un tercer país con el que exista un convenio o acuerdo1.El retorno con arreglo al artículo 4, párrafo primero, punto 3, letra g), de nacionales de terceros países en situación irregular requiere la celebración de un acuerdo o convenio con un tercer país. Dicho acuerdo o convenio solo podrá celebrarse con un tercer país cuando se respeten las normas y principios internacionales en materia de derechos humanos, de conformidad con el Derecho internacional, incluido el principio de no devolución.2.Todo acuerdo o convenio con arreglo al apartado 1 establecerá lo siguiente:a)los procedimientos aplicables al retorno de nacionales de terceros países en situación irregular fuera del territorio de los Estados miembros al tercer país a que se refiere el apartado 1;b)las condiciones de estancia del nacional de un tercer país en el tercer país a que se refiere el apartado 1, incluidas las obligaciones y responsabilidades respectivas de las partes del acuerdo o convenio;▌d)las obligaciones del tercer país a que se refiere la segunda frase del apartado 1;▌f)las consecuencias que proceda extraer en caso de incumplimiento del acuerdo o convenio, o en caso de un cambio significativo que afecte negativamente a la situación del tercer país.2 bis. Cuando un acuerdo o convenio con arreglo al apartado 1 establezca el retorno ulterior a un país de retorno a que se refiere el artículo 4, apartado 3, letras a) a d), el acuerdo o convenio establecerá, además de lo dispuesto en el apartado 2, lo siguiente:a) las consecuencias en caso de que no sea posible el retorno ulterior;b) las obligaciones y responsabilidades respectivas de las partes en el acuerdo o convenio;c) las consecuencias que proceda extraer en caso de un cambio significativo que afecte negativamente a la situación de un tercer país señalado en el apartado 1;d) un organismo o mecanismo independiente para supervisar la aplicación efectiva del acuerdo o convenio.El acuerdo o convenio con arreglo al apartado 1 podrá incluir las condiciones de internamiento en el tercer país mencionadas en ese apartado.3.Los Estados miembros informarán, a su debido tiempo, a los Estados miembros pertinentes de las negociaciones sobre un acuerdo o convenio, tal como se menciona en el apartado 1, con un tercer país que comparta una frontera común con dichos Estados miembros. Los Estados miembros informarán a la Comisión y a los demás Estados miembros de cualquier acuerdo o convenio bilateral o multilateral celebrado de conformidad con el apartado 1, antes de su entrada en vigor o, en caso de que un acuerdo o convenio vaya a aplicarse provisionalmente, antes del inicio de su aplicación provisional. También se informará a la Comisión y a los demás Estados miembros de cualquier modificación o terminación posterior de dichos acuerdos o convenios.4.Los menores no acompañados ▌ no serán devueltos a los terceros países a que se refiere el apartado 1.

Sección 5Retorno de menores

Artículo 18Interés superior del menorEl interés superior del menor será una consideración primordial a la hora de aplicar las disposiciones de conformidad con el presente Reglamento.

Artículo 19Determinación de la edad de los menores1. En los casos en que, como consecuencia de las declaraciones del nacional de un tercer país, las pruebas documentales disponibles u otras indicaciones pertinentes, haya dudas de que él o ella sea menor, la autoridad competente podrá encargar una determinación de la edad de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión. La determinación de la edad podrá efectuarse con arreglo al artículo 25 del Reglamento (UE) 2024/1348 ▌.2. La autoridad competente podrá basarse en una determinación de la edad existente realizada en fases anteriores del procedimiento de retorno o en otros procedimientos pertinentes.3. Un Estado miembro podrá reconocer los resultados de determinación de la edad de otros Estados miembros cuando la determinación de la edad se haya llevado a cabo a cabo de conformidad con el Derecho de la Unión.6. La negativa a someterse a una determinación de la edad, incluido el reconocimiento médico, no impedirá que la autoridad decisoria continúe con el procedimiento de retorno. Tal negativa solo puede considerarse una presunción refutable de que el solicitante no es un menor.

Artículo 20Retorno de menores no acompañados1.▌Los organismos competentes, distintos de las autoridades encargadas de ejecutar la decisión de retorno, deberán prestar asistencia, teniendo debidamente en cuenta el interés superior del menor.2.Se designará a un representante o a una persona ▌para velar por el interés superior del menor que lo represente, asista y actúe en su nombre, según proceda, durante el procedimiento de retorno. Se velará por que el representante designado cuente con la formación adecuada en comunicación adaptada a los menores y apropiada para su edad, y que pueda comunicarse, también haciendo uso de servicios de interpretación, en un idioma que el menor entienda o pueda suponerse razonablemente que comprende. Dicha persona podrá ser la persona designada para actuar como representante con arreglo a la Directiva (UE) 2024/1346 Directiva (UE) 2024/1346 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, por la que se establecen normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (DO L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj). cuando haya sido designada de conformidad con el artículo 27 de dicha Directiva.3.El menor no acompañado será oído, directamente o a través del representante o de la persona ▌ a que se refiere el apartado 2, también en el contexto de la determinación del interés superior del menor. A más tardar antes de expulsar del territorio de un Estado miembro a un menor no acompañado, las autoridades de ese Estado miembro se cerciorarán de que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o a unos servicios de acogida adecuados en el país de retorno.

Capítulo IIIOBLIGACIONES DE LOS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES

Artículo 21Obligación de cooperar1.Los nacionales de terceros países cumplirán la obligación de abandonar el territorio de los Estados miembros y tendrán la obligación de cooperar con las autoridades competentes de los Estados miembros en todas las fases del procedimiento de retorno.1 bis. Los nacionales de terceros países facilitarán a las autoridades competentes, sin demora indebida, información sobre cualquier cambio relevante en su situación individual que sea pertinente a efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento.2.Sin perjuicio de la obligación de abandonar el territorio de los Estados miembros, los nacionales de terceros países deberán:a)permanecer a disposición de las autoridades competentes en el territorio del Estado miembro competente para el procedimiento de retorno del que sean objeto los nacionales de terceros países, no fugarse, en particular a otro Estado miembro, y presentarse para la salida del transporte de retorno según determine la autoridad competente;a bis) no dificultar física o verbalmente al retorno;b)facilitar ▌ sin demora indebida, toda la información y la documentación física y digital, incluidas copias y registros electrónicos pertinentes que posean o se presuma razonablemente que pueden obtener para establecer o verificar su identidad o nacionalidad, o que sean pertinentes en el marco del procedimiento de retorno ▌, en particular mediante la presentación a las autoridades competentes de un documento de identidad o de viaje o la cooperación para la obtención de un documento de identidad o de viaje;c)abstenerse de destruir, retener o deshacerse de documentos, información y documentación a que se hace referencia en las letra b) del presente apartado por cualquier otro medio, utilizar alias con intención fraudulenta, facilitar otra información falsa oral o escrita, o engañar a las autoridades u oponerse fraudulentamente al procedimiento de retorno ▌;d)proporcionar una explicación en caso de que no estén en posesión de un documento de identidad o de viaje;e)proporcionar información sobre los terceros países por los que hayan transitado, las rutas de viaje utilizadas u otros terceros países con los que puedan tener otras conexiones que puedan facilitar el retorno;f)facilitar datos biométricos, tal como se definen en el Derecho nacional y de la Unión, y en particular en el artículo 2, apartado 1, letra s), del Reglamento (UE) n.º 2024/1358 del Parlamento Europeo y del Consejo Reglamento (UE) 2024/1358 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de datos biométricos a efectos de la aplicación efectiva de los Reglamentos (UE) 2024/1351 y (UE) 2024/1350 del Parlamento Europeo y del Consejo y de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, y de la identificación de nacionales de terceros países y apátridas en situación irregular, y sobre las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n.º 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).;f bis) cumplir los requisitos de viaje de los transportistas y los requisitos de entrada de las autoridades de terceros países, incluidos los requisitos sanitarios, cuando dichos requisitos se impongan con carácter general a los viajeros internacionales;g)proporcionar, cuando así lo soliciten las autoridades competentes, datos de contacto precisos, incluidos el lugar de residencia actual, la dirección, el número de teléfono en el que se les pueda contactar y, en su caso, una dirección de correo electrónico;h)proporcionar, sin demora indebida, información sobre cualquier cambio en los datos de contacto a que se refiere la letra g);i)cumplir cualquier medida impuesta en virtud del artículo 23, apartado 1, y del artículo 23 quater, apartado 1, durante el procedimiento de retorno;j)proporcionar toda la información y las declaraciones requeridas en el contexto de las solicitudes presentadas a las autoridades competentes de los terceros países pertinentes con el fin de obtener documentos de viaje, y cooperar con dichas autoridades de terceros países, según sea necesario;k)▌ comparecer en persona o ▌por videoconferencia, según lo exijan las autoridades competentes, ante las autoridades competentes nacionales o de terceros países en el lugar indicado por dichas autoridades para la obtención de los documentos de viaje o la determinación de su identidad o su nacionalidad;l)cuando así lo exijan las autoridades competentes, participar en el asesoramiento en materia de retorno y reintegración;l bis) cumplir otras medidas adicionales pertinentes en relación con el retorno con arreglo al Derecho nacional.Las obligaciones impuestas al nacional de un tercer país de conformidad con el presente artículo se entenderán sin perjuicio de las obligaciones y medidas no relacionadas con el retorno previstas en el Derecho nacional.3.La información y la documentación ▌o, cuando no se disponga de ellas, las copias de estas, a que se refiere el apartado 2, letra b), incluirán, en particular, las declaraciones de los nacionales de terceros países y cualquier documentación que obre en su poder en relación con:a)su nombre, fecha y lugar de nacimiento, género y nacionalidad o nacionalidades o el hecho de que el nacional de un tercer país sea apátrida;b)los miembros de su familia y otros datos personales del nacional de un tercer país, si son pertinentes para llevar a cabo el procedimiento de retorno ▌ o para determinar el país de retorno;c)el tipo, el número, el período de validez y el país expedidor de cualquier documento de identidad o viaje de los nacionales de terceros países y otros documentos facilitados por ellos que la autoridad competente considere pertinentes a efectos de su identificación, para llevar a cabo el procedimiento de retorno ▌ y para determinar el país de retorno;d)todo permiso de residencia u otra autorización que otorgue a los nacionales de terceros países un derecho de estancia expedido por otro Estado miembro o por un tercer país;e)toda decisión de retorno, decisión de expulsión o prohibición de entrada emitida por otro Estado miembro;f)el país o países y lugar o lugares de residencia anterior, las rutas de viaje, los países de tránsito y los documentos de viaje.4.Cuando las autoridades competentes decidan conservar cualquiera de los documentos necesarios para ▌ el retorno a que se refiere el apartado 2, letra b), velarán por que el nacional de un tercer país reciba ▌ tan pronto como sea posible fotocopias u otra prueba adecuada de retención de los documentos. En caso de retorno voluntario, ▌las autoridades competentes entregarán dichos documentos al nacional de un tercer país en el momento de la salida o en el momento de la llegada al tercer país.5.El nacional de un tercer país estará localizable por cualquier medio de comunicación según lo definido por el Derecho nacional. Los Estados miembros establecerán en su Derecho nacional el método de comunicación y el momento en que la comunicación se considere recibida por el nacional de un tercer país y notificada al mismo, o bien harán uso de sistemas digitales desarrollados o aceptados por los Estados miembros o por la Unión a efectos de dicha comunicación.▌

Artículo 21 bisRiesgo de fuga1. Se considera que existe riesgo de fuga en un caso concreto, salvo que se demuestre lo contrario, cuando se cumpla uno de los siguientes criterios en relación con el nacional de un tercer país en situación irregular de que se trate:a) el nacional de un tercer país ha entrado o se ha desplazado sin autorización al territorio de un Estado miembro, incluso tras un tránsito por un tercer país, o intenta hacerlo;b) el nacional de un tercer país es objeto de una decisión de retorno emitida por un Estado miembro distinto de aquel en cuyo territorio se encuentra actualmente en situación irregular, incluso cuando se detecte a través de las descripciones introducidas en el Sistema de Información de Schengen de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1860;c) el nacional de un tercer país incumple una o varias de las medidas impuestas de conformidad con el artículo 23, apartado 1, y el artículo 23 ter, apartado 1, o manifiesta o demuestra su intención de incumplirla;d) el nacional de un tercer país ha vuelto a entrar en el territorio de los Estados miembros infringiendo una prohibición de entrada válida.2. En los casos no contemplados en el apartado 1, el riesgo de fuga se determinará sobre la base de una evaluación global de las circunstancias del caso concreto. La evaluación incluirá uno o varios de los siguientes criterios relativos al nacional de un tercer país en situación irregular de que se trate:a) falta de residencia, domicilio fijo o dirección fiable;b) incumplimiento de la obligación de abandonar el territorio de los Estados miembros en el plazo de salida establecido de conformidad con el artículo 7, apartado 1 bis, letra a);c) salida inminente y existencia de motivos para creer que el nacional de un tercer país tiene la intención de incumplir la obligación de cooperación establecida en el artículo 21, apartado 2, letra a);d) uso de documentos de identidad o de viaje, permisos de residencia o visados o documentos que justifiquen las condiciones de entrada falsos o falsificados; destrucción o eliminación de dichos documentos; uso de alias con intención fraudulenta; suministro de otra información falsa de forma oral o escrita; u oposición fraudulenta, por cualquier otro medio, al procedimiento de retorno o readmisión;e) no asistir al asesoramiento en materia de retorno y reintegración, cuando así lo exijan las autoridades competentes;f) el nacional de un tercer país carece de vínculos sociales, en particular ausencia de lazos familiares, y posee medios de subsistencia insuficiente;g) en caso de incumplimiento de las obligaciones con arreglo al artículo 21, apartado 2, letras a) a c), e), f bis) e i) a k), incluida la falta de cooperación en la obtención de los documentos de viaje;h) otros criterios distintos de los establecidos en las letras a) a f) cuando así lo disponga el Derecho nacional.▌

Capítulo III bisMEDIDAS DE FOMENTO DEL RETORNO Y ALTERNATIVAS AL INTERNAMIENTO

Artículo 23Disponibilidad para el proceso de retorno1.Con vistas a preparar y garantizar un retorno efectivo o de incentivar aún más el cumplimiento de las obligaciones de abandonar el territorio y cooperar, los Estados miembros pueden imponer al nacional de un tercer país una o varias de las siguientes medidas:a) la obligación de permanecer dentro de una zona geográfica dentro del territorio del Estado miembro en la que puedan circular libremente;b) la obligación de residir en una dirección específica o un lugar designado por las autoridades competentes;c) la obligación de comparecer ante las autoridades competentes en momentos determinados en persona o por otros medios según lo previsto en el Derecho nacional;d) otras medidas distintas de las mencionadas en las letras a) a c), cuando así lo disponga el Derecho nacional. 2. Cualquiera de las medidas del apartado 1 solo se aplicará en la medida en que sea compatible con las necesidades especiales de las personas vulnerables y el interés superior del menor.2 bis. Las medidas establecidas en el apartado 1 también podrán imponerse a los nacionales de terceros países que no puedan ser expulsados debido a su falta de cooperación con las autoridades competentes.3.Previa solicitud, las autoridades competentes podrán conceder al nacional de un tercer país permiso para incumplir temporalmente una de las medidas a que se refiere el apartado 1.▌4.El nacional de un tercer país será informado de si se concede o no el permiso de conformidad con el apartado 3.5.El nacional de un tercer país no estará obligado a solicitar autorización conforme al apartado 3 para asistir a citas ante las autoridades y los órganos jurisdiccionales cuando de otro modo se incumplirían las obligaciones establecidas en el apartado 1 y cuando la asistencia de dicho nacional de un tercer país es necesaria. El nacional de un tercer país notificará con antelación dichas citas a las autoridades competentes.6.Las decisiones adoptadas de conformidad con el apartado 1, letras b) y c), se adoptarán por escrito, serán proporcionadas y tendrán en cuenta las circunstancias específicas del nacional de un tercer país de que se trate.7. Se informará al nacional de un tercer país de toda decisión de aplicar las medidas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo y de las consecuencias del incumplimiento de dicha decisión, incluido el internamiento con arreglo al artículo 29.

Artículo 23 bisDiligencias de instrucción1. Sin perjuicio de las diligencias de instrucción efectuadas por otros motivos no relacionados con el retorno de conformidad con el Derecho nacional, las autoridades competentes de los Estados miembros, cuando sea necesario, proporcionado y debidamente justificado a efectos de preparar o garantizar un retorno efectivo, podrán:a)registrar al nacional de un tercer país así como, sin perjuicio de una orden judicial previa o, de conformidad con el Derecho nacional pertinente, una orden administrativa cuando sea necesario, proporcionado y esté debidamente justificado por la urgencia de dicho registro, su lugar de residencia u otros locales pertinentes;a bis)adoptar medidas administrativas con el fin de garantizar el cumplimiento de la obligación de facilitar datos biométricos establecida en el Derecho nacional, incluidas las impresiones dactilares, lo que podría incluir la posibilidad de utilizar medios de coerción como último recurso cuando un nacional de un tercer país no facilite los datos biométricos exigidos en virtud del artículo 21, apartado 2, letra f);b) registrar y confiscar efectos personales, dispositivos electrónicos y otros elementos pertinentes; c) imponer otras diligencias de instrucción, cuando así lo disponga el Derecho nacional.2. Cualquier diligencia de instrucción en virtud del apartado 1, letras a) a c), del presente artículo podrá llevarse a cabo sin el consentimiento del nacional de un tercer país de que se trate.3. Toda diligencia de instrucción impuesta de conformidad con el apartado 1, letras a) a c), del presente artículo se llevará a cabo dentro del respeto de los derechos fundamentales y estará sujeta a las garantías y vías de recurso previstas en el Derecho de la Unión y nacional.

Artículo 23 terConsecuencias en caso de incumplimiento de la obligación de cooperación 1. En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21, apartado 1, y de los requisitos establecidos en el artículo 21, apartado 2, los Estados miembros impondrán al nacional de un tercer país de que se trate una o varias de las medidas establecidas en el artículo 23, apartado 1, y podrán imponer una o varias de las siguientes medidas, que serán efectivas y proporcionadas:b) la denegación o reducción de determinadas prestaciones y subsidios, cuando los disponga el Derecho nacional, a menos que ello dé lugar a la incapacidad de las personas para cubrir sus necesidades básicas;c) la denegación o reducción de los incentivos concedidos para promover el retorno voluntario, incluida la denegación o la reducción de la ayuda en los programas de retorno y reintegración de conformidad con el artículo 46, apartado 3;d) la denegación o retirada del permiso de trabajo, cuando lo disponga el Derecho nacional;e) la ampliación de la duración de una prohibición de entrada hasta el máximo previsto en el artículo 10, apartado 6;f) sanciones penales, incluidas penas de prisión, cuando lo disponga el Derecho nacional;g) sanciones pecuniarias;h)otras medidas o consecuencias además de las mencionadas anteriormente, cuando las disponga el Derecho nacional.

Artículo 23 quaterAlternativas al internamiento1. Los Estados miembros podrán imponer una o más de las siguientes alternativas al internamiento, teniendo en cuenta las circunstancias individuales del nacional de un tercer país de que se trate, incluido el nivel del riesgo de fuga evaluado de conformidad con el artículo 21 bis:a) el depósito de una garantía financiera adecuada;b) el recurso al control telemático;c) otras medidas distintas de las establecidas en las letras a) y b) cuando así lo disponga el Derecho nacional.1 bis.Las medidas a que se refiere el párrafo primero tendrán como objetivo principal garantizar el retorno efectivo y oportuno del nacional de un tercer país.2. En la decisión de aplicar las medidas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se expondrán los motivos de hecho y de Derecho pertinentes.3. Se informará por escrito a los nacionales de terceros países de toda decisión de aplicar las medidas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo y de las consecuencias del incumplimiento de dicha decisión, también el internamiento con arreglo al artículo 29.4. Los Estados miembros velarán por que las decisiones adoptadas de conformidad con el apartado 2 del presente artículo sean revisadas por un juzgado o tribunal a instancia del interesado o de oficio.

Capítulo IVGARANTÍAS Y VÍAS DE RECURSOSección 1Garantías procedimentales

Artículo 24Derecho a la información1.Las autoridades competentes velarán por que los nacionales de terceros países sujetos a ▌ retorno sean informados ▌ de lo siguiente:a)el objeto ▌del procedimiento ▌;b)▌ obligaciones de los nacionales de terceros países ▌ establecidas en el artículo 21 y el artículo 23, las consecuencias del incumplimiento con arreglo al artículo 23 ter y al artículo 29, apartado 3, letra e), la existencia de una descripción sobre retorno relativa a la persona en el Sistema de Información de Schengen y el reconocimiento y la ejecución de una decisión de retorno emitida por otro Estado miembro de conformidad con el artículo 9;c)el asesoramiento y los programas de retorno y reintegración de conformidad con el artículo 46;d)sus derechos ▌ procesales de conformidad con el presente Reglamento y con el Derecho nacional, en particular el derecho a asistencia jurídica y representación legal con arreglo al artículo 25.2.La información se facilitará si demora indebida en una lengua que el nacional de un tercer país entienda o que sea razonable presumir que entiende. La información se podrá facilitar mediante fichas de información normalizadas, ya sea en papel o en formato electrónico, y, cuando sea necesario, de forma oral, a través de servicios de traducción e interpretación. En el caso de los menores no acompañados, la información se facilitará de una manera adecuada a su edad, con la participación del representante o la persona designada para asistir al menor a que se refiere el artículo 20, apartado 2.2 bis.Cuando la autoridad competente proceda a la expulsión sobre la base de una decisión de retorno o de una decisión de expulsión que haya determinado más de un país de retorno, se informará al nacional de un tercer país del país de retorno al que será expulsado con suficiente antelación a la expulsión.

Artículo 25Asistencia jurídica y representación legal1.En caso de recurso o revisión ante un juzgado o tribunal de conformidad con el artículo 27, los Estados miembros, a petición del nacional de un tercer país, velarán por que se les proporcione la asistencia jurídica y la representación legal gratuitas necesarias ▌.2.Las autoridades competentes velarán por que los menores no acompañados estén representados y asistidos de manera que puedan disfrutar de los derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan del presente Reglamento.▌4.La asistencia jurídica y la representación legal gratuitas serán ejercidas por asesores jurídicos u otras personas debidamente cualificadas, admitidas o habilitadas en virtud del Derecho nacional, ▌ para asistir o representar al nacional de un tercer país o por organizaciones no gubernamentales autorizadas por el Derecho nacional a prestar servicios jurídicos a los nacionales de terceros países o representarlos legalmente.5.Los Estados miembros podrán excluir la prestación de asistencia jurídica y representación legal gratuitas en el procedimiento de recurso cuando:a)se considere que el nacional de un tercer país dispone de recursos suficientes para sufragar la asistencia jurídica y la representación legal a su propia costa;b)se considere que el recurso tiene pocos visos de prosperar o es abusivo;c)el recurso o revisión se efectúe en una instancia segunda o superior con arreglo al Derecho nacional, incluidas las vistas orales en segunda instancia o los reexámenes del recurso;d)el nacional de un tercer país ya esté siendo asistido o representado por un asesor jurídico.6.El nacional de un tercer país que solicite asistencia jurídica y representación legal gratuitas revelará su situación financiera e informará inmediatamente a las autoridades competentes de cualquier cambio significativo en su situación financiera, a menos que el Derecho nacional prevea asistencia jurídica gratuita con independencia de la situación financiera de la persona.7.Con excepción de cualquier asistencia prestada a menores no acompañados, ▌ los Estados miembros podrán:a)imponer límites económicos o temporales a la prestación de asistencia jurídica y representación legal gratuitas, siempre que dichos límites no sean arbitrarios y no restrinjan indebidamente el acceso a la asistencia jurídica y la representación gratuitas ▌;b)solicitar el reembolso total o parcial de los gastos en que se haya incurrido cuando la situación financiera del nacional de un tercer país haya mejorado durante el procedimiento de retorno o cuando la decisión de prestar asistencia jurídica y representación legal gratuitas se haya adoptado sobre la base de información falsa facilitada por el nacional del tercer país;c)disponer que, por lo que respecta a las tasas y otros costes y reembolsos, el trato a los nacionales de un tercer país sea equivalente, pero no más favorable, que el trato que se dispensa generalmente a sus nacionales en lo que se refiere a asistencia jurídica.8.Los Estados miembros establecerán normas de procedimiento específicas que rijan la forma en que las solicitudes de asistencia jurídica y representación legal gratuitas en relación con un recurso o una revisión ante un juzgado o tribunal de conformidad con el artículo 27, se presentan y tramitan, o aplicarán las normas existentes para solicitudes nacionales similares, siempre que dichas normas no hagan excesivamente difícil o imposible el acceso a la asistencia jurídica y la representación legal gratuitas.9.Si la resolución de no conceder asistencia jurídica y representación legal gratuitas es dictada por una autoridad que no sea un juzgado o tribunal, por considerar que el recurso tiene pocos visos de prosperar o es abusivo, el solicitante tendrá derecho a un recurso efectivo ante un juzgado o tribunal contra dicha resolución. ▌10.Los Estados miembros podrán prever asistencia jurídica y representación legal gratuitas en el procedimiento administrativo, de conformidad con el Derecho nacional.

Sección 2Vías de recurso

Artículo 26Derecho a un recurso efectivo1.Se concederá al nacional de un tercer país de que se trate un recurso efectivo para impugnar las decisiones a que se refieren el artículo 7, apartado 1, el artículo 10 y el artículo 12, apartado 2, ante el juzgado o tribunal competente con arreglo al Derecho nacional. 2.La tutela judicial efectiva permitirá un examen completo ▌ tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho.3.Cuando los elementos del expediente puestos en conocimiento del juzgado o tribunal encargado del recurso contra la decisión de retorno o la decisión de expulsión, completados o aclarados tras un procedimiento contradictorio, sugieran que podría socavarse el principio de no devolución, deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos derivados del principio de no devolución ▌.4. La anulación o revocación de un elemento no esencial de una decisión de retorno no dará lugar a la anulación o revocación del resto de la decisión de que se trate.

Artículo 27Recurso ante un juzgado o tribunal competente1.Con el fin de aplicar el presente Reglamento, los Estados miembros establecerán en su Derecho nacional plazos ▌ para interponer un recurso ante un juzgado o tribunal de primera instancia que no excederá de catorce días.No se aplicará el primer párrafo a los Estados miembros cuyo Derecho nacional [en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] prevea períodos para interponer un recurso superiores a treinta días. En caso de que los Estados miembros decidan establecer excepciones, el plazo a que se refiere el párrafo primero no excederá de treinta días.2.El plazo límite a que se refiere el apartado 1 empezará a contar a partir de la fecha en que se notifique al nacional de un tercer país cualquiera de las decisiones a que se refieren el artículo 7, apartado 1, el artículo 10 y el artículo 12, apartado 2, o ▌desde que se consideren notificadas con arreglo al Derecho nacional.3.Cuando una decisión de retorno se base en, o se emita mediante, el mismo acto que una decisión por la que se deniegue o finalice la estancia legal, los plazos para recurrir la decisión de retorno podrán ser los establecidos en la legislación nacional para recurrir la decisión por la que se deniega o finaliza la estancia legal.4.Cuando una prohibición de entrada o decisión de expulsión se emita junto con una decisión de retorno conforme al artículo 7, se recurrirá junto con dicha decisión de retorno ante el mismo juzgado o tribunal, dentro del mismo procedimiento ▌ y en los mismos plazos. Cuando una prohibición de entrada o una decisión de expulsión se emita por separado de la decisión de retorno o sea la única decisión que se impugne, podrá ser recurrida de forma independiente. ▌▌

Artículo 28Efecto suspensivo1.Aunque el presente Reglamento no prevé un efecto suspensivo automático del recurso, los Estados miembros garantizarán, respetando plenamente el artículo 47 de la Carta, que la expulsión pueda ser suspendida el juzgado o tribunal de primera instancia competente antes de la ejecución de las decisiones emitidas de conformidad con el artículo 7 ▌ , y el artículo 12, apartado 2. La expulsión podrá suspenderse a petición del nacional de un tercer país de que se trate durante el plazo para interponer el recurso con arreglo al artículo 27 o, en caso de que se haya interpuesto un recurso, durante el plazo en espera del resultado de dicho recurso, a menos que el Derecho nacional también disponga que la ejecución de dicha decisión pueda suspenderse de oficio. Esto se entenderá sin perjuicio de las disposiciones del Derecho nacional con arreglo a las cuales los recursos ante un juzgado o tribunal de primera instancia tengan un efecto suspensivo.1 bis. Al evaluar esta solicitud de conformidad con el apartado 1, el juzgado o tribunal podrá basarse en el contenido del expediente presentado a su consideración, incluida evaluación de todas las circunstancias pertinentes realizada en fases anteriores del procedimiento de retorno y, cuando proceda, del procedimiento de asilo.▌3.Cuando se interponga un nuevo recurso contra una primera o posterior resolución de recurso, la expulsión no se suspenderá a menos que el Derecho nacional establezca un efecto suspensivo para esa vía de recurso o el nacional de un tercer país solicite la suspensión y un juzgado o tribunal competente decida concederla, teniendo debidamente en cuenta las circunstancias específicas del caso concreto.▌

Capítulo V▌ INTERNAMIENTO

Artículo 29Motivos de internamiento1.Los Estados miembros podrán internar a un nacional de un tercer país con arreglo al presente Reglamento sobre la base de una evaluación individual de cada caso y únicamente en la medida en que el internamiento sea proporcionado.2.Los Estados miembros solo podrán internar a un nacional de un tercer país a efectos de retorno, en particular con el fin de preparar el retorno, la readmisión y llevar a cabo la expulsión.3.Un nacional de un tercer país solo podrá ser internado por uno o varios de los siguientes motivos de internamiento:a)cuando exista riesgo de fuga, determinado de conformidad con el artículo 21 bis;b)cuando el nacional de un tercer país evite o dificulte la readmisión, la preparación del retorno o ▌la expulsión;c)cuando el nacional de un tercer país suponga un riesgo para la seguridad de conformidad con el artículo 16;d)para determinar o verificar su identidad o nacionalidad;e)en caso de incumplimiento de las obligaciones con arreglo al artículo 21, apartado 2, letras a) a c), e), f bis) e i) a k), incluida la falta de cooperación en la obtención de los documentos de viaje;f) otros motivos pertinentes, que sean necesarios y proporcionados, relacionados con el retorno y previstos en el Derecho nacional para velar por la eficacia de los procedimientos de retorno.5.El internamiento será ordenado por las autoridades administrativas o judiciales. El internamiento se ordenará mediante resolución escrita en la que se expongan los motivos de hecho y de Derecho en los que se basa, así como información sobre las vías de recurso disponibles. La decisión se comunicará oralmente o por escrito al nacional de un tercer país en una lengua que comprenda o que pueda suponerse razonablemente que entiende, también mediante el uso de servicios de traducción o interpretación.6.Al internar a un nacional de un tercer país con arreglo al apartado 2, los Estados miembros tendrán en cuenta ▌ si se trata de una persona vulnerable.▌

Artículo 32Período de internamiento1.El internamiento se mantendrá durante el período más breve posible y mientras se cumplan los motivos establecidos en el artículo 29 y sea necesario para garantizar el retorno efectivo del nacional de un tercer país.2.Cuando se constate que han dejado de cumplirse los motivos establecidos en el artículo 29, ▌el nacional de un tercer país será puesto en libertad de conformidad con el presente Reglamento. Dicha puesta en libertad no impedirá la aplicación de medidas ▌de conformidad con los artículos 23 y 23 quater.3.El internamiento no excederá de doce meses en un Estado miembro ▌. ▌Cuando sea probable que el procedimiento de retorno dure más tiempo debido a la falta de cooperación del nacional de un tercer país de que se trate o a retrasos en la obtención de la documentación necesaria de terceros países, o en circunstancias excepcionales previstas por la legislación nacional, el internamiento podrá prorrogarse por un período más largo, pero no excederá de veinticuatro meses en un Estado miembro.Cuando el nacional de un tercer país se haya desplazado a otro Estado miembro y su conducta constituya un motivo de internamiento en el sentido del artículo 29, apartado 3, se aplicará un nuevo período de internamiento.3 bis. Tras la expiración del período máximo de internamiento de veinticuatro meses con arreglo al apartado 3, el internamiento podrá prorrogarse durante períodos adicionales de hasta seis meses en total, siempre que exista riesgo de fuga y que uno o varios de los siguientes cambios en las circunstancias apunten a una perspectiva razonable de expulsión:a) existe información nueva e importante sobre la identidad del nacional de un tercer país; b) el documento de viaje se ha obtenido o puede suponerse razonablemente que se ha obtenido debido a un cambio de circunstancias; c) la cooperación con el tercer país ha mejorado.Al internar a un nacional de un tercer país de conformidad con el presente apartado, el Estado miembro dará prioridad a tal caso con el fin de velar por que el internamiento sea lo más breve posible. 4.La expiración de los períodos máximos de internamiento de conformidad con el apartado 3 y 3 bis no impedirá la aplicación de medidas de conformidad con los artículos 23 y 23 quater.5. Cuando un nacional de un tercer país coopere en su retorno durante el internamiento, su retorno voluntario se organizará, cuando proceda, sin demora indebida. Cuando resulte pertinente, el internamiento podrá mantenerse hasta su salida para garantizar un retorno efectivo con arreglo a los apartados 3 y 3 bis.

Artículo 33Revisión de las órdenes de internamiento1.Los Estados miembros velarán por que el internamiento se revise ▌al menos cada seis meses, bien a petición del nacional de un tercer país de que se trate, bien de oficio.2.Los Estados miembros velarán por que el internamiento de menores no acompañados se revise de oficio ▌al menos cada tres meses, o previa solicitud del menor no acompañado de que se trate o de su representante designado de conformidad con el artículo 20, apartado 2.3.Cuando las autoridades administrativas hayan ordenado o prorrogado el internamiento, los Estados miembros ▌:a)preverán un control judicial de la legalidad del internamiento, que se decidirá lo más rápidamente posible dentro del plazo establecido por el Derecho nacional tras el inicio del internamiento ▌; o bienb)concederán al nacional de un tercer país de que se trate el derecho a incoar un procedimiento mediante el cual la legalidad del internamiento se someterá a control judicial ▌, y respecto al que se adoptará una decisión lo más rápidamente posible dentro del plazo establecido por el Derecho nacional tras la incoación del procedimiento de que se trate ▌. En estos casos, tan pronto como se produzca el internamiento. los Estados miembros informarán al nacional de un tercer país de que se trate sobre la posibilidad de incoar dicho procedimiento.Cuando un nacional de un tercer país permanezca internado durante un período superior a la duración máxima de internamiento de veinticuatro meses prevista en el artículo 32, apartado 3 bis, y esta prórroga sea superior a tres meses, el internamiento será revisado por un juzgado o tribunal al menos cada tres meses.

Artículo 34Condiciones del internamiento1.Por regla general, el internamiento deberá tener lugar en centros especializados o en unidades específicas de otros centros. En los casos en que un Estado miembro no pueda proporcionar internamiento en dichos centros y tenga que recurrir a un centro penitenciario, los nacionales de terceros países estarán separados, en la medida de lo posible, de los presos ordinarios.2.Los nacionales de terceros países internados tendrán acceso al espacio al aire libre. Este podrá restringirse durante un período de tiempo limitado, si es necesario y proporcionado para velar por el buen funcionamiento del centro de internamiento. 3.Se autorizará a los nacionales de terceros países en régimen de internamiento que así lo soliciten a que entren en contacto en el momento oportuno con sus representantes legales, los miembros de su familia y las autoridades consulares competentes.4.Se prestará especial atención a las necesidades especiales de las personas vulnerables internadas ▌. Se dispensará a los nacionales de terceros países atención sanitaria de urgencia y tratamiento básico de las enfermedades.5.Los representantes legales, los miembros de la familia, las autoridades consulares competentes y las organizaciones y organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales pertinentes y competentes tendrán la posibilidad de visitar cualquier centro de internamiento, comunicarse con los nacionales de terceros países y visitarlos en condiciones que respeten la privacidad. Tales visitas podrán estar sujetas a autorización previa y otras condiciones adecuadas, como la emisión previa de una habilitación de seguridad adecuada expedida por una autoridad competente de conformidad con el Derecho nacional. Los Estados miembros podrán imponer limitaciones a dicho acceso en virtud del Derecho nacional cuando sean necesarias objetivamente para la seguridad, el orden público o la gestión administrativa del centro. 6.Se facilitará ▌a los nacionales de terceros países internados información que explique las normas aplicadas en el centro y establezca sus derechos y obligaciones ▌en una lengua que entiendan o pueda suponerse razonablemente que comprenden. Dicha información incluirá información sobre su derecho, en virtud de la legislación nacional, a ponerse en contacto con las personas u organismos a que se refieren los apartados 3 y 5.6 bis. Los nacionales de terceros países respecto a los que se determine que suponen un riesgo para la seguridad con arreglo al artículo 16 podrán ser objeto de medidas de seguridad reforzadas en los centros de internamiento, incluidas medidas de separación más estrictas o una mayor supervisión, durante el período estrictamente necesario para gestionar el riesgo y facilitar su retorno.

Artículo 35Condiciones para el internamiento de menores no acompañados y familias con menores1.Los menores no acompañados y las familias con menores solo serán internados como último recurso y ello por el menor tiempo posible y teniendo en cuenta el interés superior del menor.2.Durante el período de internamiento, los menores no acompañados y las familias con menores ▌dispondrán de un alojamiento separado que garantice una privacidad adecuada. El personal estará adecuadamente formado y las instalaciones se adaptarán para tener en cuenta las necesidades de los menores y de su edad y ▌género ▌.3.Se dará a los menores internados la posibilidad de participar en actividades de ocio, incluidos juegos y actividades recreativas adecuados a su edad, y tendrán acceso a la educación o a actividades educativas en el formato más adecuado a la duración de su internamiento.

Capítulo VIREADMISIÓN

Artículo 36Readmisión1.Tras la emisión de una decisión de retorno ▌, las autoridades competentes iniciarán, cuando resulte pertinente y con el apoyo de Frontex cuando proceda, ▌el procedimiento de readmisión, lo que incluirá, en su caso, la confirmación de la nacionalidad de un nacional de un tercer país, la expedición de un documento de viaje para el nacional de un tercer país y la organización de una operación de retorno.▌Cuando proceda, el documento de viaje europeo para el retorno se utilizará de conformidad con el instrumento de readmisión aplicable y el Reglamento (UE) 2016/1953 Reglamento (UE) 2016/1953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo al establecimiento de un documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular y por el que se deroga la Recomendación del Consejo de 30 de noviembre de 1994 (DO L 311 de 17.11.2016, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1953/oj)..▌7. ▌La readmisión en terceros países contará con el apoyo de funcionarios de enlace europeos para el retorno financiados por la Unión. Dichos funcionarios de enlace formarán parte de la estructura de las delegaciones de la Unión y se coordinarán estrechamente con la Comisión para alcanzar las prioridades pertinentes de las políticas de la Unión.▌

Artículo 37 bisDimensión exterior y cooperación con terceros paísesLa Unión y los Estados miembros velarán por que la dimensión exterior de la política de retorno forme parte integrante del enfoque global sobre la gestión de la migración. Cuando se detecte una falta de cooperación por parte de un tercer país, o cuando uno o varios Estados miembros encuentren dificultades respecto a la cooperación de terceros países en materia de readmisión, la Unión y los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas, incluido el recurso a la condicionalidad en relación con todas las políticas e instrumentos pertinentes, como la política de visados, así como el comercio y el desarrollo, tal como se establece en los actos legislativos de la Unión que los regulan y para los Estados miembros que estén vinculados por dichos actos, con el fin de respaldar procedimientos de retorno predecibles y eficaces con terceros países y garantizar una cooperación eficaz y sostenida en materia de readmisión.

Capítulo VIIINTERCAMBIO Y TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Artículo 38Intercambio de información entre Estados miembros1.Los Estados miembros harán uso de todos los medios adecuados de cooperación e intercambio de información para aplicar el presente Reglamento.2.El intercambio de información se llevará a cabo a petición de un Estado miembro y solo podrá tener lugar entre las autoridades competentes de los Estados miembros.3.Los Estados miembros se comunicarán mutuamente, previa solicitud, la información disponible relativa a cualquier persona comprendida en el ámbito de aplicación del presente Reglamento con el fin de llevar a cabo el procedimiento de retorno ▌y la prestación de asistencia al retorno y a la reintegración.4.Cuando la información a que se refiere el apartado 3 pueda intercambiarse a través de los sistemas de información de la UE a que se refiere el artículo 4, punto 15, del Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ámbito de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 y (UE) 2019/816 (DO L 135 de 22.5.2019, p. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj). o a través de la información complementaria contemplada en el Reglamento (UE) 2018/1860, por regla general, dicha información se intercambiará solo por esos medios.5.La solicitud de información contendrá los motivos en los que se basa la solicitud.6.La información referida en el punto 3 podrá incluir, en particular, lo siguiente:a)la información necesaria para determinar la identidad del nacional de un tercer país y, en su caso, la identidad de los miembros de su familia, parientes y cualesquiera otros vínculos familiares ▌;b)información relacionada con los datos biométricos tomados del nacional de un tercer país de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1358 ▌;c)información relativa a la nacionalidad y a cualquier documento o documentos de viaje del nacional de un tercer país ▌;d)información relativa a los lugares de residencia del nacional de un tercer país, las rutas recorridas, las lenguas habladas y los datos de contacto (dirección o direcciones de correo electrónico y números de teléfono);e)información sobre cualquier estatuto de residencia o autorización que ofrezca un derecho de estancia, en particular los documentos de residencia o visados, así como cualquier solicitud o prórroga de los mismos, expedidos por un Estado miembro o un tercer país;f)información relativa a la operación de retorno del nacional de un tercer país ▌;g)información relativa a la reintegración del nacional de un tercer país, cuando proceda, incluida la información sobre su vulnerabilidad;h)los motivos de cualquier decisión de retorno adoptada en relación con el nacional de un tercer país;h bis) información sobre el cumplimiento por parte del nacional de un tercer país de las obligaciones establecidas en el artículo 21 o de las medidas previstas en el artículo 23;i)información que indique si el nacional de un tercer país ha sido internado o si se le han aplicado alternativas al internamiento;j)información relacionada con los registros de antecedentes penales o con la amenaza para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional planteada por el nacional de un tercer país;k)información sobre la vulnerabilidad, la salud y las necesidades médicas del nacional de un tercer país.7.El Estado miembro requerido estará obligado a responder lo antes posible y, a más tardar, en un plazo de dos semanas.7 bis. La falta de respuesta, la respuesta incompleta o el retraso en la respuesta de un Estado miembro a una solicitud presentada con arreglo al presente artículo no impedirán ni retrasarán la ejecución de una decisión de retorno o una orden de expulsión iniciada por otro Estado miembro. El Estado miembro requirente podrá proceder sobre la base de la información de que ya dispongan sus autoridades competentes, de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional.8.La información intercambiada únicamente podrá utilizarse para los fines previstos en el apartado 3. En cada Estado miembro, esta información solo podrá comunicarse, en función de su tipo y de las competencias de la autoridad receptora, a las autoridades o autoridades judiciales encargadas del procedimiento de retorno, de ▌la readmisión o de la prestación de asistencia a la reintegración.9. Previa solicitud, los Estados miembros se transferirán mutuamente los documentos de viaje originales de un nacional de un tercer país, cuando el documento de viaje sea necesario para garantizar el retorno.

Artículo 39Transferencia a terceros países de datos relativos a nacionales de terceros países a efectos de retorno, readmisión y reintegración1.Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 40 y 41, los datos a que se refiere el artículo 38, apartado 6, letras a) a h), podrán ser tratados y transferidos por una autoridad competente y, en su caso, por Frontex, a la autoridad competente de un tercer país o a terceros competentes en materia de asistencia a la reintegración u otras tareas relacionadas con la ejecución del retorno, como las aerolíneas o los prestadores de asistencia sanitaria, cuando sea necesario para el retorno, la readmisión o la reintegración.▌3.Frontex y los Estados miembros que transfieran datos personales con arreglo al apartado 1 ▌velarán por que dichas transferencias de datos cumplan lo dispuesto en el capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679 y el capítulo V del Reglamento (UE) 2018/1725, respectivamente.4.Cuando se efectúe una transferencia de datos de conformidad con el apartado 1 ▌, dicha transferencia se documentará y la documentación se pondrá, previa solicitud, a disposición de la autoridad de control competente establecida de conformidad con el artículo 51, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 52, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, indicando la fecha y hora de la transferencia y la información sobre la autoridad competente del tercer país receptor. Dicha documentación se limitará a la información estrictamente necesaria para demostrar el cumplimiento de la base jurídica de la transferencia y no conllevará ninguna otra obligación de provisión de información para los Estados miembros.

Artículo 40Transferencia a terceros países de datos relativos a condenas penales de nacionales de terceros países a efectos de retorno, readmisión y reintegración1.Los datos relativos a una o varias condenas penales de un nacional de un tercer país podrán ser tratados y transferidos en casos concretos por una autoridad competente y, en su caso, por Frontex, a la autoridad competente de un tercer país o a terceros competentes en materia de asistencia a la reintegración u otras tareas relacionadas con la ejecución del retorno cuando se cumplan las siguientes condiciones:a)que el nacional de un tercer país cuyos datos personales se transfieran haya sido condenado en los últimos veinticinco años por un delito de terrorismo o en los últimos quince años por cualquier otro delito enumerado en el anexo del Reglamento (UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo Reglamento (UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 2018, por el que se establece un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1077/2011, (UE) n.º 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 y (UE) 2017/2226 (DO L 236 de 19.9.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj). o haya cometido una infracción que acarree una pena de privación de libertad de una duración no inferior a dos años con arreglo al Derecho nacional, o múltiples infracciones que acarreen una pena de privación de libertad de una duración no inferior a un año con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro en que se haya dictado la condena;b)que la transferencia de datos sea necesaria a efectos de retorno, de readmisión o de proporcionar asistencia a la reintegración personalizada y no financiera;▌d)que ▌la autoridad competente haya verificado y, en su caso, Frontex se haya cerciorado de que la transferencia de datos no corre el riesgo de vulnerar el principio de no devolución;e)que ▌la autoridad competente haya verificado y, en su caso, Frontex, se haya cerciorado de que la transferencia de datos no corre el riesgo de vulnerar el artículo 50 de la Carta.▌3. Frontex y los Estados miembros que transfieran datos personales con arreglo a los apartados 1 o 2 velarán por que dichas transferencias de datos cumplan lo dispuesto en el capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679 y el capítulo V del Reglamento (UE) 2018/1725, respectivamente.4.Cuando se efectúe una transferencia de datos de conformidad con el apartado 1 ▌, dicha transferencia se documentará y la documentación se pondrá, previa solicitud, a disposición de la autoridad de control competente establecida de conformidad con el artículo 51, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 52, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, indicando la fecha y hora de la transferencia, la información sobre la autoridad competente del tercer país receptor, la justificación de que la transferencia cumple las condiciones establecidas en el apartado 1 y los datos personales transferidos. Dicha documentación se limitará a la información estrictamente necesaria para demostrar el cumplimiento de la base jurídica de la transferencia y no conllevará ninguna otra obligación de provisión de información para los Estados miembros.

Artículo 41Transferencia a terceros países de datos sanitarios de nacionales de terceros países con el fin de llevar a cabo la operación de retorno y reintegración1.Los datos relativos a la asistencia médica que debe prestarse a nacionales de terceros países durante la operación de retorno podrán ser tratados y transferidos en casos concretos por una autoridad competente y, en su caso, por Frontex, a la autoridad competente de un tercer país o a terceros competentes en materia de asistencia a la reintegración u otras tareas relacionadas con la ejecución del retorno, como los prestadores de asistencia sanitaria, cuando se cumplan las siguientes condiciones:a)que la transferencia de datos sea necesaria para llevar a cabo la operación de retorno;▌c)que ▌la autoridad competente haya verificado y, en su caso, Frontex se haya cerciorado de que la transferencia de datos no corre el riesgo de vulnerar el principio de no devolución.2.Los datos relativos a la salud y a las necesidades médicas de un nacional de un tercer país podrán ser tratados y transferidos en casos concretos por una autoridad competente y, en su caso, por Frontex, a terceros competentes en materia de asistencia a la reintegración u otras tareas relacionadas con la ejecución del retorno cuando se cumplan las siguientes condiciones:a)que la transferencia de datos sea necesaria a efectos de proporcionar la asistencia a la reintegración a que se refiere el artículo 46 adaptada a las necesidades médicas del nacional de un tercer país;b)que el nacional de un tercer país cuyos datos personales se transfieran haya ▌dado su consentimiento para dicha transferencia de datos.3.Frontex y los Estados miembros que transfieran datos personales con arreglo a los apartados 1 o 2 velarán por que dichas transferencias de datos cumplan lo dispuesto en el capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679 y el capítulo V del Reglamento (UE) 2018/1725, respectivamente.4.Cuando se efectúe una transferencia de datos de conformidad con los apartados 1 o 2, dicha transferencia se documentará y la documentación se pondrá, previa solicitud, a disposición de la autoridad de control competente establecida de conformidad con el artículo 51, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 52, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, indicando la fecha y hora de la transferencia, la información sobre la autoridad competente del tercer país receptor, la justificación de que la transferencia cumple las condiciones establecidas en los apartados 1 o 2 y los datos personales transferidos. Dicha documentación se limitará a la información estrictamente necesaria para demostrar el cumplimiento de la base jurídica de la transferencia y no conllevará ninguna otra obligación de provisión de información para los Estados miembros.

Capítulo VIIISISTEMA COMÚN DE RETORNO

Artículo 42Componentes de un sistema común de retorno1.El sistema común para los retornos con arreglo al presente Reglamento consistirá en:a)un procedimiento común para el retorno de los nacionales de terceros países sin derecho de estancia en el territorio de los Estados miembros;b)un sistema de reconocimiento y ejecución de las decisiones de retorno entre los Estados miembros;▌d)sistemas digitales para la gestión del retorno, la readmisión y la reintegración de los nacionales de terceros países;e)cooperación entre Estados miembros;e bis) un nivel suficiente de capacidad de internamiento tal como determine el Estado miembro, teniendo en cuenta las necesidades reales;f)el apoyo financiero de la Unión y el apoyo operativo de los órganos y organismos de la Unión ▌en consonancia con sus respectivos mandatos.1 bis. El desarrollo de sistemas digitales se basará, en la mayor medida posible, en las infraestructuras nacionales existentes y en los sistemas interoperables de la Unión, y no creará cargas adicionales de notificación o de procedimiento para los Estados miembros.2.La Unión y los Estados miembros determinarán prioridades comunes en el ámbito del retorno ▌y la reintegración y garantizarán el seguimiento necesario, teniendo en cuenta la Estrategia Europea de Gestión del Asilo y la Migración adoptada de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (UE) 2024/1351, la aplicación del procedimiento fronterizo de retorno con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1349, la evaluación del nivel de cooperación de terceros países con los Estados miembros en materia de readmisión de conformidad con el artículo 25 bis del Reglamento (CE) n.º 810/2009 ▌y los instrumentos de readmisión de la Unión y cualquier otro instrumento de la Unión pertinente para la cooperación en materia de readmisión.3.La Unión y los Estados miembros garantizarán la cooperación leal y la estrecha coordinación entre las autoridades competentes y entre la Unión y los Estados miembros, así como la sinergia entre los componentes internos y externos ▌.

Artículo 43Autoridades competentes ▌1.Cada estado miembro designará, de conformidad con la legislación nacional, las autoridades competentes responsables del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Reglamento.▌

Artículo 44Cooperación entre los Estados miembros1.La cooperación y la asistencia entre las autoridades competentes designadas de conformidad con el artículo 43 tendrán lugar, por regla general, con el fin de:a)permitir el tránsito por su territorio para facilitar el cumplimiento de una decisión de retorno de otro Estado miembro o la obtención de documentos de viaje;b)proporcionar asistencia logística ▌o de otro tipo o asistencia en especie en relación con el tránsito a través de su territorio de conformidad con la letra a);b bis) facilitar el traslado a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b);▌d) propiciar la salida de un nacional de un tercer país hacia el Estado miembro en el que tenga derecho de estancia de conformidad con el artículo 8, apartado 3.▌2. Podrá darse la cooperación y la asistencia entre las autoridades competentes designadas de conformidad con el artículo 43, en particular con el fin de:a) dirigir o promover el diálogo de orientación y los intercambios de información con las autoridades de terceros países a fin de facilitar la readmisión;b)contactar con las autoridades competentes de terceros países a fin de verificar la identidad de nacionales de terceros países y de obtener documentos de viaje válidos;c) organizar, en nombre del Estado miembro requirente, las disposiciones prácticas para la ejecución del retorno;d) proporcionar asistencia logística o de otro tipo o asistencia en especie.

Artículo 45Apoyo de Frontex1.Los Estados miembros podrán solicitar la asistencia de expertos enviados o apoyados por Frontex para sus autoridades competentes, incluidos los funcionarios de enlace para el retorno y otros funcionarios de enlace, de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1896.2.Los Estados miembros facilitarán a Frontex información pertinente sobre las necesidades previstas de apoyo por parte de Frontex, con el fin de permitir la planificación necesaria del apoyo de esta Agencia, de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1896.

Artículo 46Apoyo al retorno y la reintegración1.Los Estados miembros garantizarán la disponibilidad de ▌asesoramiento en materia de retorno y reintegración para proporcionar, cuando proceda, a los nacionales de terceros países lo antes posible en el proceso de retorno información y orientación sobre las opciones de retorno y reintegración, incluidos los programas a que se refiere el apartado 3. El asesoramiento en materia de retorno y reintegración podrá combinarse con otro tipo de asesoramiento en el contexto de otros procedimientos de migración en el Estado miembro.2.Los Estados miembros velarán por que ▌la información sobre el retorno y la reintegración se facilite a más tardar cuando se emita la decisión de retorno.3.Los Estados miembros garantizarán la disponibilidad de programas de retorno y reintegración, apoyados o financiados a nivel nacional o de la Unión. Dichos programas ▌ incluirán la prestación al nacional de un tercer país de ayuda o incentivos logísticos, financieros o de otro tipo, materiales o en especie, incluida la asistencia a la reintegración en el país de retorno.4.La ayuda al retorno y a la reintegración no será un derecho individual y no constituirá un requisito previo para el procedimiento de readmisión.5.La asistencia prestada a través de los programas de retorno y reintegración reflejará el nivel de cooperación y cumplimiento de las condiciones por parte del nacional de un tercer país y podrá reducirse con el tiempo o retirarse. A la hora de determinar el tipo y el alcance de la asistencia al retorno y la reintegración, cuando proceda, se podrán tener en cuenta los siguientes criterios:a)la cooperación del nacional de un tercer país de que se trate durante el procedimiento de retorno y readmisión, tal como se establece en el artículo 21;b)si el nacional de un tercer país retorna voluntariamente o es objeto de expulsión;c)si el nacional de un tercer país es nacional de un tercer país que figure en la lista del anexo II del Reglamento (UE) 2018/1806 Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (versión codificada) (DO L 303 de 28.11.2018, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj).;d)si el nacional de un tercer país ha sido condenado por una infracción penal;e)si el nacional de un tercer país tiene necesidades específicas por ser una persona vulnerable, un menor, un menor no acompañado o parte de una familia;f) otros criterios con arreglo al Derecho nacional.6.La asistencia a que se refiere el presente artículo no se concederá a los nacionales de terceros países que ya se hayan beneficiado de otro apoyo prestado por un Estado miembro o de la Unión. La Unión, los Estados miembros y Frontex garantizarán la coherencia y la coordinación de la asistencia a la reintegración.

Capítulo IXDISPOSICIONES FINALES

Artículo 47Situaciones de emergencia1.En aquellas situaciones en las que un número excepcionalmente importante de nacionales de terceros países que deban ser retornados plantee una carga importante e imprevista para la capacidad de las instalaciones de internamiento de un Estado miembro o para su personal administrativo o judicial, dicho Estado miembro podrá, mientras persista dicha situación excepcional, autorizar períodos ▌más largos que los establecidos en el artículo 27, apartado 1, el artículo 33, apartado 3, y el artículo 38, apartado 7, y tomar medidas urgentes con respecto a las condiciones de internamiento que se aparten de las fijadas en el artículo 34, apartado 1, y en el artículo 35, apartado 2. Los Estados miembros podrán ajustar temporalmente los procedimientos administrativos y los requisitos de información interna para acelerar las operaciones de retorno, siempre que esos ajustes sean estrictamente necesarios para abordar la situación excepcional.2.Cuando recurra a tales medidas excepcionales, el Estado miembro de que se trate informará a la Comisión sin demora. También informará a la Comisión tan pronto como desaparezcan las razones que justificaron la aplicación de dichas medidas excepcionales.3.El presente artículo no se interpretará de tal modo que permita a los Estados miembros apartarse de su obligación general de tomar todas las medidas adecuadas, generales o particulares, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Reglamento.

Artículo 48Estadísticas1.Para realizar el seguimiento de la cooperación con terceros países en materia de readmisión, ▌la Comisión podrá solicitar anualmente que se comuniquen a Frontex los siguientes datos relativos a los terceros países pertinentes, desglosados por tercer país:a)número de solicitudes de confirmación de nacionalidad y número de respuestas positivas y negativas recibidas en relación con la confirmación de solicitudes de nacionalidad;b)número de solicitudes de expedición de documentos de viaje, incluido el número de solicitudes de expedición de documentos de viaje en los casos en que se confirmó la nacionalidad, número de documentos de viaje expedidos por las autoridades del tercer país y número de respuestas negativas relativas a la solicitud de documentos de viaje.▌2.Frontex concederá a la Comisión acceso a los datos a que se refiere el apartado 1. Los datos a que se refieren las letras a) y b), desglosados por ▌ Estado miembro, podrán comunicarse a terceros países a efectos de supervisar la aplicación y el cumplimiento de las obligaciones en materia de readmisión, por ejemplo en el marco de los instrumentos de readmisión de la Unión. 3.A petición de la Comisión, los Estados miembros facilitarán la información necesaria para completar la evaluación con arreglo al artículo 9, apartado 12, en particular, estadísticas sobre el número de nacionales de terceros países objeto de decisiones de retorno emitidas por otro Estado miembro y sobre el número de expulsados o retornados a partir de decisiones de retorno reconocidas y, en su caso, decisiones por las que se ordene la expulsión emitidas por otro Estado miembro en un plazo de tiempo determinado. ▌4.A efectos del presente artículo y en la medida de lo posible, la Comisión hará uso de la información facilitada en virtud del Reglamento (CE) n.º 862/2007. 5. Cuando la Comisión presente una propuesta legislativa con arreglo al artículo 9, apartado 13, propondrá, en caso necesario, modificaciones al presente artículo, teniendo en cuenta la evolución legislativa pertinente en materia de digitalización.

Artículo 49Procedimiento de comité1.La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.2.En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011. Cuando el comité no emita ningún dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 50Elaboración de informes1.A más tardar el [cinco años desde la entrada en vigor del presente Reglamento] y posteriormente cada cinco años, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente Reglamento en los Estados miembros y, en su caso, propondrá modificaciones.2.Los Estados miembros, a petición de la Comisión, remitirán la información disponible necesaria para la elaboración de su informe de conformidad con el apartado 1 a más tardar nueve meses antes de que venza el plazo. En la medida de lo posible, la Comisión hará uso de la información facilitada en virtud del Reglamento (CE) n.º 862/2007.

Artículo 51Derogación1.Quedan derogadas la Directiva 2008/115/CE ▌, la Directiva 2001/40/CE y la Decisión 2004/191/CE del Consejo ▌para los Estados miembros vinculados por el presente Reglamento a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento con arreglo al artículo 52, apartado 3.2.Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas al presente Reglamento con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo.

Artículo 52Entrada en vigor y aplicación1.El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.2.El artículo 1, el artículo 2, apartados 1 a 3, el artículo 4, apartado 3, el artículo 5, el artículo 7, apartados 8 y 9, el artículo 17, el artículo 18, el artículo 19, el artículo 36, el artículo 37 bis, el artículo 43, el artículo 45, el artículo 49, el artículo 50 y el artículo 51 del presente Reglamento serán aplicables a partir de la entrada en vigor. 3.Las demás disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a partir del [Diario Oficial: insértese la fecha correspondiente a doce meses después de la fecha de entrada en vigor].4.El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ▌

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta / El Presidente La Presidenta / El Presidente