1.Reafirma que es de su agrado la aspiración tradicional de la mayoría del pueblo turco en relación con la adhesión a la Unión y el mantenimiento de la condición de país candidato por parte de Turquía, a pesar de la falta persistente de progreso y de voluntad política; reconoce la fatiga que, como consecuencia de ello, no deja de aumentar entre las partes interesadas de ambas partes del proceso; subraya, no obstante, que todo avance en el proceso de adhesión requiere progresos tangibles en la defensa del Estado de Derecho y los procesos democráticos y considera que, a falta de tales progresos, no puede reanudarse el proceso de adhesión de Turquía a la Unión;

2.Destaca el carácter basado en méritos, normativo y no transaccional del proceso de adhesión a la Unión, que está supeditado al cumplimiento de los criterios de Copenhague y no está sujeto a plazo alguno; hace hincapié en que este cumplimiento requiere instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, el respeto y la protección de las minorías, relaciones de buena vecindad, el reconocimiento de todos los Estados miembros, la observancia del Derecho internacional y la adaptación a la PESC de la Unión;

3.Observa con pesar que, no obstante las múltiples declaraciones del Gobierno turco en las que reitera su compromiso con el objetivo de la adhesión a la Unión, siguen sin haberse resuelto las preocupaciones graves y persistentes relativas a las deficiencias que afectan al proceso de adhesión que se plantearon en informes anteriores, incluido el menoscabo continuo de los derechos humanos y el espacio de la sociedad civil, y que en el período más reciente se ha constatado un retroceso aún más grave en el Estado de Derecho y un deterioro de los derechos fundamentales, en una continuación de la tendencia que, a lo largo de la última década, ha empujado al país hacia un modelo autoritario; considera que esta inactividad continua constituye un indicio claro de la falta de voluntad política genuina del Gobierno turco para llevar a cabo las reformas o reactivar el proceso de adhesión;

4.Invita al Gobierno turco a que pase de la retórica a la acción y a que, en lugar de lamentarse por el tiempo que Turquía lleva esperando ante la puerta de Europa, demuestre mediante medidas concretas y bien entendidas su voluntad genuina de abordar las deficiencias persistentes en los ámbitos del Estado de Derecho, los derechos humanos, las normas democráticas, la libertad de prensa y otras libertades fundamentales, así como en cuanto al respeto a las relaciones de buena vecindad y al Derecho internacional; destaca, en particular, entre otras medidas urgentes, la necesidad de fortalecer la independencia del poder judicial, salvaguardar la libertad de expresión, proteger a los periodistas y los derechos de las autoridades locales y eliminar los juicios por motivos políticos;

5.Reitera, sin embargo, que, si bien el proceso de adhesión se encuentra paralizado desde 2018, Turquía sigue siendo un país relevante desde el punto de vista estratégico, un aliado de la OTAN y un país con el que la Unión mantiene relaciones a múltiples niveles que abarcan desde los ámbitos de la seguridad, el comercio, la economía y la gestión de la migración hasta la política exterior y de seguridad; subraya la importancia de Turquía para el marco de seguridad y la estabilidad regionales, así como para la seguridad de Ucrania ante la agresión de Rusia; hace hincapié, no obstante, en que las crecientes divergencias en materia de política exterior son difícilmente compatibles con la arquitectura europea de seguridad y defensa; apoya firmemente el desarrollo de una relación cooperativa y en beneficio mutuo con Turquía en todos los ámbitos de interés común, de manera gradual, proporcionada y reversible, en consonancia con las Conclusiones del Consejo Europeo de abril de 2024 y con arreglo al Derecho internacional y el fin de promoverlo;

6.Expresa su esperanza de que se produzca un cambio de rumbo en el compromiso del Gobierno turco con las cuestiones fundamentales que constituyen el núcleo del proceso de adhesión a la Unión, lo que permitiría que la relación entre la Unión y Turquía se encaminara hacia una asociación más estrecha con vistas a una posible reapertura del proceso de adhesión en el futuro;

7.Expresa su profunda preocupación por la escasa presencia y las pocas declaraciones de otras instituciones de la Unión y de muchos Estados miembros de la UE ante la erosión del Estado de Derecho en Turquía; subraya que el hecho de que funcionarios de alto nivel de la Unión no aborden de manera coherente y pública el actual retroceso democrático, en particular durante las visitas oficiales al país, entraña el riesgo de alejar aún más a la sociedad civil turca y socavar la imagen y la credibilidad de la Unión, también entre los segmentos de la sociedad turca más favorables a la Unión, con consecuencias que tardarán mucho tiempo en subsanarse; pide al embajador de la Unión y a los embajadores de los Estados miembros de la UE en Turquía que reanuden las visitas a figuras destacadas que hayan sido encarceladas, asistan a los juicios pertinentes, se opongan públicamente a que se siga atacando a partidos políticos y miembros de la oposición y a las voces disidentes, y que hagan llegar sistemáticamente sus preocupaciones a las autoridades turcas a este respecto, manteniendo al mismo tiempo un estrecho compromiso con la sociedad civil;

8.Expresa su profunda preocupación por la erosión continua y grave del Estado de Derecho y la falta de independencia judicial en Turquía, en el contexto de una interpretación autoritaria del sistema presidencial profundamente arraigada; lamenta la represión y los procedimientos judiciales arbitrarios que el poder judicial turco adopta contra políticos, periodistas, abogados, activistas, artistas y cualquier persona que se atreva a alzar una voz crítica; lamenta, además, el espacio cada vez más reducido para la libertad de prensa, la actividad cívica y el derecho de reunión en el país y pide al Gobierno que invierta esta tendencia antes de que sea demasiado tarde; pide la adopción de medidas estructurales que permitan mejorar sustancialmente la independencia judicial;

9.Lamenta la falta de imparcialidad e independencia y el uso generalizado de dobles raseros en el poder judicial, tanto por parte de fiscales como de jueces, en particular en relación con asuntos por insultos a funcionarios o cargos de corrupción; observa que los partidarios del Gobierno no reciben el mismo trato que los miembros de la oposición; lamenta asimismo la práctica ilegal de destitución y traslado arbitrario de jueces que trabajan en asuntos políticos, lo que afecta significativamente a la imparcialidad del proceso; pide al poder judicial turco que ponga fin al uso de pruebas de testigos secretos, práctica especialmente recurrente en asuntos de gran repercusión y en cuyo contexto se aceptan pruebas sin verificación alguna, lo que constituye una clara violación del derecho a un juicio justo y es contrario a la jurisprudencia del TEDH; subraya que este uso abusivo de los procedimientos judiciales da lugar a vulneraciones graves de la presunción legal de inocencia, lo que contraviene las responsabilidades jurídicas internacionales y el Derecho nacional turco; manifiesta su alarma por las informaciones que indican un grave deterioro de la calidad de los procedimientos judiciales en Turquía, que se refleja en particular en el bajo nivel de los escritos de acusación, lo que infringe las normas jurídicas nacionales e internacionales; señala al Consejo de Jueces y Fiscales turcos y su evidente falta de independencia del Gobierno en la selección, la contratación y el ascenso de jueces y fiscales como un factor clave que permite la instrumentalización deliberada del poder judicial para reprimir la disidencia;

10.Observa con pesar que, aunque la política de ampliación de la Unión vuelve a cobrar impulso en la actualidad, Turquía está dejando pasar esta oportunidad debido a la falta de reformas democráticas; observa, además, que un primer paso para aprovechar esta oportunidad sería cumplir las sentencias del TEDH y del Tribunal Constitucional de Turquía; mantiene su enorme consternación por la continua desconsideración y la omisión en la ejecución de sentencias emblemáticas del Tribunal Constitucional y el TEDH por parte de las autoridades turcas, y en particular por el poder judicial turco, lo que socava la seguridad jurídica y perpetúa las vulneraciones sistémicas; toma nota con pesar del alargamiento de los procedimientos de infracción del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que ha derivado en la no adopción de medidas efectivas para ejecutar las sentencias del TEDH y garantizar su cumplimiento; pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen todos los canales diplomáticos para instar a Turquía a que ejecute las sentencias pertinentes del TEDH y valore la posibilidad de aplicar condiciones a la financiación relacionadas con el cumplimiento de las sentencias del TEDH; condena en los términos más enérgicos la decisión sostenida y deliberada de las autoridades turcas de mantener ilegalmente en prisión por motivos políticos a figuras destacadas como los antiguos copresidentes del partido HDP Selahattin Demirtaș y Figen Yüksekdağ, desde hace más de nueve años, y al defensor de los derechos humanos Osman Kavala, desde hace más de ocho años, a pesar de las sentencias pertinentes del TEDH; pide su liberación inmediata e incondicional; manifiesta su consternación por que, en lugar de ser liberado inmediatamente, Selahattin Demirtaș fuera condenado el 6 de enero de 2026 a una pena de prisión adicional de más de un año por un asunto diferente, en relación con unos discursos pronunciados en 2015, a pesar de las tres sentencias históricas del TEDH en las que se pedía su liberación, la última de las cuales devino firme el 3 de noviembre de 2025; considera que estas acciones constituyen un abuso de poder grave y una muestra de desprecio flagrante por el Estado de Derecho; insta a Turquía, de nuevo, a que aplique plenamente todas las sentencias del TEDH de conformidad con el artículo 46 del CEDH y en consonancia con las obligaciones incondicionales derivadas del artículo 90 de la Constitución de Turquía, en particular la sentencia dictada en 2023 en el asunto Yüksel Yalçınkaya contra Turquía y asuntos conexos; toma nota de la decisión del TEDH de no conceder indemnización alguna ni cubrir las costas judiciales en las miles de derivaciones del asunto, lo que podría resultar potencialmente injusto para los demandantes e incoherente con la práctica anterior del Tribunal; pide a Turquía que también respete las sentencias relacionadas con las personas desaparecidas y los bienes inmuebles en Chipre, incluida la sentencia del TEDH de 24 de enero de 2008 en el asunto por los asesinatos de Tassos Isaak y Solomos Solomou; pide a las autoridades turcas que ejecuten las órdenes de detención internacionales contra los sospechosos de estos asesinatos y los entreguen a la República de Chipre;

11.Expresa su profunda preocupación por la creciente crisis constitucional en Turquía provocada por la negativa de los órganos jurisdiccionales ordinarios a cumplir las sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional y otras resoluciones de las instancias judiciales superiores pertinentes, lo que constituye una ruptura clara del orden jurídico; condena la detención prolongada del acusado en el asunto Gezi, Can Atalay, a pesar de dos resoluciones vinculantes del Tribunal Constitucional, y denuncia enérgicamente la suspensión ilegal de su mandato parlamentario, en flagrante desprecio de las garantías constitucionales y de la voluntad democrática del electorado; condena la decisión del Tribunal Penal de Delitos Graves n.º 13 de Estambul de rechazar la orden del Tribunal Constitucional de celebrar un nuevo juicio en el asunto Tayfun Kahraman, también acusado en el asunto Gezi y cuya salud se ha deteriorado gravemente en los últimos tiempos, al denegar las solicitudes de suspensión de la ejecución de la pena y de puesta en libertad; manifiesta su consternación por la condena reciente de Ayșe Barım, una conocida gestora de talentos, por su presunta participación en la protesta del parque Gezi hace trece años, a pesar de que no existen pruebas de que cometiera acto ilícito alguno; lamenta asimismo que la Sala de lo Contencioso-Administrativo n.º 13 del Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Ankara se haya negado a cumplir la resolución histórica del Consejo de Estado sobre el asunto Hafize Öztürk Türkmen —el primero relacionado con uno de los «Académicos por la Paz»— y conforme a la cual debería haber sido restituida en su puesto universitario; pide la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas de manera arbitraria, la absolución de todas las personas enjuiciadas únicamente por ejercer sus derechos fundamentales y el fin del uso indebido de los mecanismos de lucha contra el terrorismo y judiciales para silenciar a la disidencia;

12.Condena los incesantes ataques del Gobierno turco contra partidos políticos y miembros de la oposición, que han sido especialmente graves durante el último año en el caso del principal partido de la oposición, el CHP, y reducen aún más la ya limitada competencia entre partidos en Turquía avanzando hacia un régimen plenamente autoritario; condena enérgicamente la destitución políticamente orquestada del presidente electo del CHP, Özgür Özel, y de la dirección del partido, a raíz de una sentencia judicial que declaró nulo y sin efecto el congreso de 2023 del CHP y decidió restituir a la anterior dirección del partido; pide al Gobierno de Turquía que ponga fin a estas tácticas abusivas, que constituyen un grave ataque al pluralismo democrático, al Estado de Derecho y a la voluntad soberana de los militantes y votantes del partido en Turquía; considera que este caso es el ejemplo más reciente de un patrón más amplio de represión contra la oposición que utiliza el sistema judicial como arma con el objetivo de eliminar a posibles competidores en futuras elecciones y lleva así a una consolidación aún mayor de un sistema plenamente autoritario en Turquía; pide a la Comisión y a los Estados miembros que condenen la suspensión de la dirección del CHP de forma pública y privada en sus intercambios con el Gobierno turco y que colaboren de manera más constructiva con los partidos turcos de la oposición; manifiesta su preocupación por los riesgos de una crisis interna prolongada en el principal partido de la oposición si no tiene lugar un congreso rápido que permita a los militantes elegir democráticamente a su dirección;

13.Reitera su firme condena de la detención continua y la destitución del alcalde del municipio metropolitano de Estambul, Ekrem İmamoğlu, del CHP, en lo que ya es un asunto político de grandes proporciones que afecta a más de 400 acusados, entre los que figuran alcaldes de distritos y funcionarios, 105 de los cuales se encuentran actualmente en prisión provisional; rechaza enérgicamente la resolución del Tribunal Regional de Ankara, de 21 de mayo de 2026, por la que se anula la decisión de la 38.ª convención ordinaria y de la 21.ª convención extraordinaria del CHP, y se reinstaura al antiguo líder del CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, en sustitución del actual líder, Özgür Özel; considera que esta resolución es un ejemplo flagrante de injerencia del Estado en los asuntos internos del principal partido de la oposición; condena, además, la detención, el 4 de abril de 2026, del alcalde de la oposición Mustafa Bozbey, junto con varios miembros del CHP, supuestamente sobre la base de falsas acusaciones de corrupción y soborno; considera que estos acontecimientos constituyen una prueba más de la erosión sistémica de la gobernanza democrática y el pluralismo político a nivel local en Turquía; acoge con satisfacción las recientes visitas a Turquía de alcaldes y representantes de ciudades de la Unión y miembros del Comité Europeo de las Regiones, en las que mostraron su solidaridad con los acusados y el apoyo a estos; se hace eco de su llamamiento en favor del respeto de las libertades municipales; expresa su profunda preocupación por la aceptación del escrito de acusación de aproximadamente 4 000 páginas, elaborado bajo la dirección del conocido ex fiscal general de Estambul, Akın Gürlek, en el que se acusa a İmamoğlu de dirigir una red delictiva amplia y de la comisión de 142 delitos que podrían resultar en una condena de hasta 2 430 años de prisión; acoge con satisfacción la importante decisión del TEDH de admitir a trámite la demanda interpuesta por İmamoğlu relativa a su presunta detención ilegal en el marco de su procedimiento para «asuntos prioritarios»; condena la campaña de acoso a la que lleva tiempo sometido Ekrem İmamoğlu, actual candidato presidencial del CHP, en forma de un laberinto de decenas de investigaciones, procesos judiciales que se solapan y resoluciones administrativas arbitrarias, en particular un nuevo enjuiciamiento reciente por «espionaje político» y la invalidación ilegal y por motivos políticos de su título universitario, un requisito para poder ser presidente de Turquía; lamenta profundamente la decisión del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Estambul, de 23 de enero de 2026, de rechazar la solicitud de İmamoğlu de declarar la nulidad de la resolución de invalidación; expresa su profunda preocupación por el sorprendente número de procedimientos incoados ante la GNAT para solicitar la suspensión de la inmunidad parlamentaria de diputados actuales, que afectan en su inmensa mayoría a miembros de partidos de la oposición; hace hincapié en que estas acciones socavan la perspectiva de una asociación más sólida y global entre la Unión y Turquía y de una mejora general de las relaciones; pide a todos los actores políticos de Turquía que se comprometan seriamente a reforzar la GNAT como cámara pluralista, a abordar los retos a los que se enfrenta la sociedad turca y a sentar las bases de un futuro democrático;

14.Expresa su profunda preocupación por el aumento del deterioro de la democracia local en Turquía; condena enérgicamente las destituciones y detenciones de al menos treinta y nueve alcaldes electos de partidos de la oposición y de decenas de funcionarios locales, así como la sustitución de trece alcaldes por administradores designados por el Gobierno, a menudo por motivos relacionados con la aplicación amplia y arbitraria de la legislación antiterrorista de Turquía o por acusaciones de corrupción carentes de fundamento fáctico; reitera que considera que esta práctica tradicional de nombrar administradores supone un ataque flagrante a los principios más básicos de la democracia local; insta a las autoridades turcas a que cesen y reviertan inmediatamente la represión de los municipios de la oposición (en particular, el embargo selectivo de activos financieros) y a que respeten el derecho de los votantes a elegir democráticamente a sus representantes en consonancia con las recomendaciones del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa y de la Comisión de Venecia; expresa su profunda preocupación por la reciente reforma jurídica que exige que los gobiernos locales, sus entidades afiliadas y las empresas de control municipal obtengan la aprobación presidencial para crear empresas o cooperativas y tomar otras decisiones financieras estratégicas, lo que amplía significativamente la supervisión del ejecutivo central sobre la toma de decisiones económicas locales y socava aún más la autonomía de los gobiernos locales, que es cada vez menor; destaca que el desmantelamiento de la democracia local debilita significativamente la capacidad del Estado, en particular en lo que respecta a la prestación de servicios, la respuesta ante situaciones de crisis (por ejemplo, terremotos) y los servicios sociales para los refugiados y los grupos vulnerables, lo que, a su vez, pone en peligro la seguridad humana;

15.Condena el acoso y los ataques dirigidos contra abogados defensores debido a sus actividades profesionales, como demuestra el hecho de que, actualmente, Mehmet Pehlivan, el abogado de Ekrem İmamoğlu, se encuentre en prisión o la reciente condena a once años de prisión a Ramazan Demir, el abogado de Selahattin Demirtaș; considera que estas y otras acciones contra los abogados constituyen una injerencia inaceptable en el derecho de defensa y en la profesión jurídica, que constituye uno de los elementos fundamentales del buen funcionamiento del poder judicial y del Estado de Derecho; acoge con satisfacción la absolución por parte del Tribunal Penal de Delitos Graves n.º 26 de Estambul del presidente y de diez miembros del comité ejecutivo del Colegio de Abogados de Estambul de cargos relacionados con el terrorismo, pero destaca que este proceso penal no debería siquiera haberse incoado; pide a las autoridades turcas que apliquen salvaguardias para la independencia, la seguridad y la autonomía de los abogados y que velen por que ni estos ni sus organismos profesionales sean objeto de acciones judiciales u otras presiones indebidas por el mero hecho de desempeñar sus funciones legales, garantizando así la consonancia de los derechos de los profesionales jurídicos con las normas del Consejo de Europa;

16.Sigue lamentando la persecución, la censura y el acoso que sufren actualmente y cada vez con mayor intensidad periodistas y medios de comunicación independientes, lo que les priva de la libertad necesaria para desempeñar sus funciones profesionales e informar al público, algo esencial para el buen funcionamiento de una sociedad democrática; expresa su profunda preocupación por las informaciones que indican que hasta el 90 % de los medios de comunicación nacionales son actualmente progubernamentales o están bajo control gubernamental; lamenta profundamente, en este sentido, la toma de control por parte del Gobierno turco de TELE1, uno de los pocos organismos de radiodifusión televisiva críticos, que se encuentra actualmente bajo control de un administrador, y lo considera un ataque deliberado a la libertad de prensa; condena el acoso a periodistas independientes que, en 2025, han sufrido un aumento del número de detenciones y encarcelamientos, principalmente en relación con acusaciones de «pertenencia a una organización terrorista», «insultos al presidente» o la supuesta vulneración de la Ley de concentraciones y manifestaciones; sigue con gran preocupación los casos del periodista de Deutsche Welle Alican Uludağ, que fue detenido por publicaciones en redes sociales realizadas con más de un año de anterioridad, encarcelado en una prisión de máxima seguridad durante más de noventa días y recientemente puesto en libertad, aunque los cargos que se le imputan no han sido retirados y su juicio se reanudará en septiembre, el redactor jefe de TELE1, Merdan Yanardağ, encarcelado actualmente tras ser acusado de «espionaje», el periodista de Medyascope Furkan Karabay, detenido en repetidas ocasiones durante los últimos tres años y que desde hace poco se encuentra bajo un arresto domiciliario de dos meses, la presentadora de televisión Sedef Kabaş, que se enfrenta a otro proceso judicial por sus publicaciones en redes sociales, el periodista veterano Fatih Altaylı, puesto en libertad recientemente a la espera de que se resuelva su recurso contra una condena de más de cuatro años de prisión por una ridícula acusación de amenaza física contra el presidente, el periodista de BirGün İsmail Arı, que fue detenido recientemente por supuestas acusaciones de «desinformación» por su trabajo de investigación, y el periodista sueco Joakim Medin, entre otros; exige la liberación inmediata e incondicional de todos los periodistas detenidos de forma ilegal; lamenta profundamente la instrumentalización del Consejo Supremo de Radio y Televisión, que debe ser independiente, con el fin de reprimir aún más a los medios de comunicación independientes mediante sanciones financieras y a la emisión, que se imponen de manera abrumadora a los medios de comunicación críticos; lamenta las acciones múltiples y sistemáticas contra la libertad de expresión en línea, en particular las restricciones repetidas al acceso a internet, la limitación del ancho de banda, las prohibiciones de radiodifusión y el bloqueo de cuentas de redes sociales, sitios web y miles de noticias, junto con las solicitudes de supresión de contenido con vistas a silenciar a los periodistas y a los ciudadanos corrientes, a menudo por motivos de «seguridad nacional y orden público»; condena la instrumentalización de las disposiciones legales por parte de las autoridades turcas para restringir el trabajo de los periodistas y ejercer una presión específica sobre ellos; pide a las autoridades turcas que garanticen inmediatamente la protección de la libertad de expresión y la libertad de prensa y que velen por que ninguna persona se vea privada de libertad por el simple ejercicio pacífico de sus derechos fundamentales, en consonancia con las obligaciones internacionales de Turquía en materia de derechos humanos;

17.Sigue preocupado por la prohibición de reuniones, a menudo por motivos infundados, y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos; subraya que estas prácticas van en contra de las garantías del derecho de reunión pacífica recogidas en el artículo 34 de la Constitución turca y siguen sin cumplir las normas internacionales en materia de derechos humanos; expresa su especial preocupación por la repercusión que estas violaciones de las libertades individuales tienen en el movimiento estudiantil y por que parece que se está utilizando una amplia gama de acciones represivas, en particular detenciones arbitrarias, investigaciones disciplinarias, supresión de becas, desalojos de dormitorios, censura de los medios de comunicación y violencia física, con el fin de limitar la presencia de los jóvenes en la esfera pública; lamenta profundamente el gran número de personas que fueron detenidas o sometidas a medidas de control judicial por su pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y colegios de abogados o su participación en manifestaciones, en particular las que tuvieron lugar tras la detención y encarcelamiento del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, y las protestas relacionadas con el 1 de mayo y los derechos de las mujeres y las personas LGBTI+; reconoce la existencia de algunos avances positivos, en concreto algunas resoluciones absolutorias, pero insta a las autoridades turcas a que defiendan la libertad de reunión y de protesta sin restricciones indebidas;

18.Expresa su creciente preocupación por la manera en que las autoridades turcas inculcan actualmente en todos los ámbitos de la sociedad una agenda moral regresiva basada en un enfoque religioso, lo que contrasta claramente con los fundamentos laicos de la República de Turquía, consagrados en su Constitución; señala que este cambio cada vez mayor, impulsado por la coalición gobernante, puede observarse en la legislación, el discurso político, la educación, la vida cultural y los medios de comunicación, lo que plantea dudas serias sobre la erosión del laicismo, el pluralismo y las libertades fundamentales; manifiesta su preocupación por la decisión del Gobierno turco de presentar una demanda contra los 168 signatarios de la declaración «Defendamos el secularismo juntos», entre los que figuran periodistas, artistas y académicos;

19.Sigue profundamente preocupado por la situación de la libertad académica y la independencia institucional, como demuestra el deterioro de la situación en la Universidad de Boğaziçi desde el nombramiento en 2021 de su rector por decisión del presidente turco; considera que esta ampliación del modelo de administrador a las instituciones académicas, que ha tenido un claro efecto negativo en la vida académica y el rendimiento de la institución, constituye una nueva desviación de las normas de la Unión en materia de libertad académica, que refleja los intentos del Gobierno de reforzar el control sobre cualquier espacio de disidencia posible; pide a las autoridades turcas que garanticen la gobernanza democrática y la autonomía en las universidades del país y que pongan fin a la represión de los estudiantes que se lleva a cabo actualmente mediante restricciones a la libertad de asociación y expresión o a su derecho a participar plena y libremente en la vida académica; expresa su preocupación por el caso de la Universidad Bilgi —que fue abruptamente cerrada por decreto presidencial el 22 de mayo de 2026 y reabierta tres días después tras la intensa reacción pública y las protestas generalizadas de estudiantes y miembros de la comunidad académica— como un ejemplo más de amenazas a la libertad académica y la autonomía institucional y de intervención estatal en la enseñanza superior;

20.Sigue profundamente preocupado por los derechos de las mujeres y, en particular, por el elevado nivel de violencia de género y la alta incidencia de feminicidios en Turquía; insta a las autoridades turcas a que mejoren el marco legislativo y su ejecución, también mediante la plena aplicación de la Ley de Protección n.º 6284, con el fin de combatir eficazmente todas las formas de violencia contra las mujeres y la práctica de los llamados asesinatos «por cuestiones de honor», a establecer mecanismos de protección más sólidos y a que pongan fin a la persistente política de impunidad obligando a los abusadores a rendir cuentas; lamenta que, a pesar de haber declarado 2025 «Año de la Familia», el Gobierno turco haya optado por un enfoque marcadamente ideológico y regresivo que considera la igualdad de género una amenaza, lo que reduce aún más la visibilidad de las mujeres en el espacio público y, a menudo, trata la violencia contra las mujeres y las niñas como un asunto familiar privado, lo que contribuye a la impunidad; reitera su firme condena de la retirada de Turquía, mediante decreto presidencial, del Convenio de Estambul y repite su llamamiento para que se revoque esta decisión y lo vuelva a ratificar; manifiesta su preocupación por el hecho de que las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de los derechos de las mujeres sigan enfrentándose a una presión cada vez mayor, en particular mediante el acoso administrativo sistemático y las acciones judiciales; insta al Gobierno turco a que aborde la persistente falta de igualdad de género en la vida económica, ya que Turquía tiene una de las tasas más bajas de participación femenina en el mercado de trabajo de los países de la OCDE, así como un nivel persistentemente bajo de participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y elaboración de políticas;

21.Sigue condenando las continuas violaciones y la falta de protección de los derechos fundamentales de las personas LGBTI+ en Turquía, incluidas las detenciones arbitrarias, la persistencia de los discursos de odio, los delitos de odio, los ataques físicos y la retórica discriminatoria, así como los estereotipos y la estigmatización basados en la orientación sexual y la identidad de género a los que se recurre constantemente en los medios de comunicación; lamenta profundamente que, en lugar de abordar esta discriminación continuada, las autoridades turcas hayan intensificado aún más su represión valiéndose de la iniciativa «Año de la Familia» como plataforma para atacar específicamente a la comunidad LGBTI+ y sus derechos; expresa su profunda preocupación por los diversos proyectos de ley filtrados a lo largo del último año, entre los que figuraba, por primera vez en la historia de la República de Turquía, la tipificación como delito de cualquier expresión de identidades LGBTI+ y la actividad sexual consentida entre personas del mismo sexo; pide a las autoridades turcas que se abstengan de toda reforma del Código Penal turco que contravenga las obligaciones internacionales de Turquía, en particular las derivadas del CEDH; lamenta profundamente que, en 2025, el Gobierno turco siguiera prohibiendo el festival «Kuir» y la marcha del Orgullo en Estambul y otros lugares, así como muchas otras actividades contra la homofobia, al mismo tiempo que concedía autorizaciones oficiales a concentraciones contra las personas LGBTI+ y manifestaciones que promueven la exclusión y la discriminación; lamenta profundamente el cierre judicial de la asociación Genç LGBTI+, con sede en Esmirna, en un contexto de recrudecimiento del acoso a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en cuestiones LGBTI +, sobre la base de acusaciones de «obscenidad», que se utilizan cada vez más para atacar a activistas y artistas, entre ellos el cantante turco de pop Mabel Matiz; acoge con satisfacción la resolución de un tribunal de Ankara, de 23 de febrero de 2026, por la que se absuelve de todos los cargos a Enes Hocaoğulları, defensor de los derechos humanos y activista LGBTI+; lamenta el enjuiciamiento injustificado que ha sufrido, en particular los 35 días de prisión preventiva por ejercer su libertad de expresión en una conferencia del Consejo de Europa celebrada en marzo de 2025;

22.Reitera su llamamiento a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), en vista del grave retroceso democrático descrito anteriormente, para que estudie la posibilidad de adoptar medidas restrictivas en el marco del régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos, en particular la inmovilización de activos en la Unión, contra los funcionarios turcos responsables de violaciones graves y deliberadas de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en concreto los funcionarios que asumen el papel de administradores y quienes los nombran, o aquellos que desempeñan un papel esencial en la maquinaria represiva del Estado, como Akın Gürlek, el ex fiscal general de Estambul; manifiesta su consternación por su reciente ascenso a ministro de Justicia, lo que pone de manifiesto que, a lo largo de su carrera, siempre ha sido un actor político con una agenda política; expresa su firme solidaridad con la sociedad civil turca, los derechos humanos, las organizaciones de mujeres y LGBTI+, las iniciativas juveniles, las cámaras profesionales, los colegios de abogados y los sindicatos; reitera su opinión de que la asistencia financiera y técnica de la Unión debe seguir centrándose en estos grupos e incrementarse;

23.Condena los casos denunciados de represión transnacional contra nacionales turcos en el extranjero, en particular la intimidación, los retornos forzosos y el uso indebido de los mecanismos de cooperación internacional; condena las actividades de Turquía que han socavado la cohesión social, la seguridad y los procesos democráticos europeos, incluida la injerencia en los asuntos internos de los Estados miembros mediante las comunidades de la diáspora y el uso de su agencia estatal Anadolu como órgano de propaganda; reitera su preocupación por que el movimiento racista y extremista Ülkü Ocakları, conocido también como los «Lobos Grises», estrechamente vinculado al Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) de la coalición gobernante, se esté extendiendo no solo por la propia Turquía, sino también por Estados miembros de la Unión; pide a la Unión y a sus Estados miembros que examinen la posibilidad de prohibir sus asociaciones en los Estados miembros; condena la política de las autoridades turcas de apoyo político, financiero, mediático y logístico a los movimientos, redes, asociaciones, organizaciones benéficas y organismos educativos afiliados a los Hermanos Musulmanes que operan en el territorio de varios Estados miembros de la Unión, así como en los países vecinos de la Unión, lo que les permite llevar a cabo actividades de influencia ideológica, financiación y reclutamiento; pide a Turquía que ponga fin a todas las formas de apoyo a estas organizaciones;

24.Expresa su profunda preocupación por la falta de mejora de la pésima situación de las cárceles turcas debido a la superpoblación grave y a las malas condiciones de vida, con denuncias, también por parte del Consejo de Europa, de tortura y malos tratos generalizados, y un acceso muy limitado a necesidades básicas como la higiene, la atención sanitaria y la información; toma nota de las informaciones sobre mujeres embarazadas en prisión preventiva, en particular de los casos de parto durante la detención; insta a Turquía a que dé prioridad a las medidas no privativas de libertad para las mujeres embarazadas y a que garantice la plena aplicación de las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas sobre las reclusas; expresa su especial preocupación por las condiciones de encarcelamiento de los menores, las personas mayores y los presos gravemente enfermos, que conforme a la información facilitada no son compatibles con las normas establecidas por el Comité para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa; toma nota de las reformas jurídicas recientes de la Ley de encarcelamiento, que han allanado el camino para la liberación anticipada o condicional de miles de presos; pide a las autoridades turcas que eviten toda aplicación discriminatoria de estas reformas por motivos políticos y que den prioridad a la liberación de los reclusos vulnerables, entre ellos las personas mayores, los enfermos, las personas con discapacidad y las madres con hijos; pide a las autoridades turcas que reformen su política penitenciaria, a fin de abordar las garantías jurídicas insuficientes para la prevención de la tortura y los malos tratos, y que mejoren su respuesta ante los asuntos en los que se denuncian casos de tortura, malos tratos y abusos; manifiesta su preocupación por los informes de organizaciones locales de derechos humanos que advierten de un nuevo aumento de las desapariciones forzadas desde 2016;

25.Elogia a las autoridades y los partidos políticos turcos por sus trabajos en el contexto de la iniciativa en curso «Turquía sin terror», que ha allanado el camino para avances destacables, como la disolución anunciada de la organización terrorista del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK); lamenta, no obstante, la falta de medidas oportunas y decisivas por parte del Gobierno turco, cuya actitud y tácticas dilatorias respecto a las próximas etapas del proceso han hecho que este sea más frágil y vulnerable a acontecimientos externos, al tiempo que ha dado pie a una mayor polarización; subraya la necesidad de evitar que la aplicación generalizada de la legislación antiterrorista se utilice para restringir la actividad política legítima, la disidencia pacífica, el trabajo de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes; lamenta profundamente que estas iniciativas vayan acompañadas de una atmósfera de represión y restricción de los gobiernos locales democráticos; lamenta la continua represión política, el acoso judicial y las restricciones a los derechos culturales y lingüísticos a que se enfrentan los ciudadanos kurdos, lo que socava los principios democráticos y la cohesión social; toma nota del informe final de la Comisión de Solidaridad Nacional, Hermandad y Democracia establecida en el seno de la GNAT; manifiesta su esperanza de que el proceso siga avanzando, con un papel destacado del Parlamento turco, hasta lograr una solución pacífica y sostenible a los aspectos políticos, sociales, democráticos y de seguridad de la cuestión kurda y llevar a cabo reformas legislativas en favor de los derechos kurdos, propiciando así la reconciliación entre los diferentes grupos de la sociedad turca; destaca que este proceso debe ser una oportunidad para dar respuesta a las preocupaciones expresadas desde hace tiempo en materia de derechos humanos y reforzar las instituciones democráticas; anima a todas las partes interesadas, en particular al Gobierno turco, a que hagan pleno uso de este proceso para avanzar en las reformas y reforzar la protección de los derechos humanos, mediante la adaptación de la lucha contra el terrorismo, que sigue siendo un ámbito de cooperación con la Unión de relevancia, y otra legislación, así como su aplicación, a las normas de la Unión y del Consejo de Europa en materia de derechos humanos, dejando atrás el enfoque centrado en la seguridad que ha prevalecido durante la última década; considera ciertos acontecimientos recientes signos contradictorios y preocupantes, como la continuación del sistema de administradores o las nuevas condenas de Selahattin Demirtaș, de su abogado Ramazan Demir y del alcalde del distrito de Esenyurt en Estambul, Ahmet Özer, que ha sido condenado a más de seis años de prisión por el delito de «pertenencia a una organización terrorista» a raíz de su papel en una alianza política informal entre su partido, el CHP, y el partido DEM en las elecciones locales de 2024;

26.Pide a las autoridades turcas que establezcan un marco institucional como parte integrante de todo proceso de paz duradero, al objeto de abordar las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzosos y otras violaciones graves de los derechos humanos derivadas de décadas de conflicto sobre la cuestión kurda; insta a la creación de mecanismos de seguimiento pluralistas y a la inclusión significativa de las organizaciones de derechos humanos y los agentes de la sociedad civil, en particular en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Solidaridad Nacional, Hermandad y Democracia;

27.Reconoce que Turquía ofrece, en general, garantías jurídicas adecuadas para la libertad de conciencia o de religión y que, en general, se respeta la libertad de culto en el país; insta a las autoridades turcas a abordar las deficiencias que aún persisten en materia de protección de los derechos de las minorías étnicas y religiosas, en particular en lo que respecta a su personalidad jurídica, la protección y promoción insuficientes de las lenguas minoritarias, el acceso limitado al apoyo a la escolarización, las restricciones a la formación, al nombramiento y a la sucesión del clero, el acceso restringido a los medios de comunicación y a la publicidad pública en lenguas minoritarias, y las dificultades persistentes para el disfrute de los derechos de propiedad; pide a Turquía que aplique las recomendaciones de la Comisión de Venecia, las resoluciones del Consejo de Europa y todas las sentencias pertinentes del TEDH a este respecto, también en relación con la población griega ortodoxa de las islas Gökçeada (Imbros) y Bozcaada (Tenedos); toma nota con preocupación de que los representantes de diferentes confesiones, incluidas las comunidades no musulmanas y alevitas, siguen enfrentándose a obstáculos burocráticos a la hora de registrar lugares de culto; pide a Turquía que adopte la tan esperada normativa sobre la elección de los miembros de los consejos de administración de fundaciones de minorías no musulmanas que controlan hospitales comunitarios; reitera su petición a Turquía de que respete la importancia que el patriarcado ecuménico tiene para los cristianos ortodoxos de todo el mundo y de que reconozca su personalidad jurídica y el uso público del título eclesiástico del patriarca ecuménico, de conformidad con la recomendación pertinente de la Comisión de Viena; pide a Turquía que respete y proteja plenamente el valor universal excepcional de Santa Sofía y del Museo de Cora, incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco; observa con preocupación que Turquía aún no ha aplicado dos decisiones del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco de 2021 y 2023 en relación con sus obligaciones de adoptar medidas especiales para proteger estos monumentos; lamenta la falta de protección del Monasterio de Sumela, cuya inclusión en la lista de monumentos declarados Patrimonio Mundial por la Unesco se ha solicitado; expresa su profunda preocupación por los actos de vandalismo y la destrucción dirigidos contra lugares de culto minoritarios; condena enérgicamente los ataques motivados por el odio continuos contra minorías alevitas, cristianas y judías; insta a las autoridades turcas a que investiguen y procesen de manera efectiva a las personas responsables de todo delito de odio, incluido el discurso de odio, cometido contra minorías, y que garantice que las autoridades reguladoras de los medios de comunicación apliquen normas contra la incitación al odio y el discurso de odio, en particular contra las comunidades religiosas y en concreto respecto de las comunidades aleví, cristiana y judía; acoge con satisfacción la reapertura prevista del seminario de Halki, cerrado desde 1971, como un paso adelante importante en el reconocimiento de los derechos religiosos y de las minorías y pide que se eliminen todos los obstáculos para su funcionamiento adecuado; lamenta profundamente la aplicación en los últimos años de medidas administrativas, como los códigos N-82 y G-87, a cientos de pastores, misioneros y sus familiares, todos ellos cristianos y extranjeros, que los designan como amenazas para la seguridad nacional sin pruebas, juicio ni vías de recurso efectivas, lo que ha resultado en su deportación de Turquía o en la denegación de la reentrada en el país; insta al Gobierno turco a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la plena libertad religiosa y la no discriminación, en el marco de las Naciones Unidas y de conformidad con el acervo y los principios de la Unión; pide a Turquía que se abstenga de toda declaración o acción que pueda interpretarse como una injerencia en los asuntos internos de los Estados miembros de la Unión en relación con la situación de la minoría musulmana en Tracia, de conformidad con las sentencias pertinentes del TEDH;

28.Acoge con satisfacción el actual programa de estabilización macroeconómica y reforma de las autoridades turcas, así como su compromiso de reducir la inflación protegiendo al mismo tiempo el crecimiento, que ha reducido la inflación y mejorado la confianza en la lira turca, como demuestran las consultas del personal del FMI en el marco del artículo IV en Turquía; observa que, a pesar de estos esfuerzos, la situación económica sigue siendo frágil y volátil, y que los resultados de la política monetaria poco ortodoxa siguen repercutiendo en el coste de la vida; señala que, dado que para seguir por esta vía será necesaria una política monetaria estricta y una política fiscal prudente, deben adoptarse medidas para proteger a los más vulnerables, en particular a los pensionistas;

29.Observa que la continua erosión del Estado de Derecho y la seguridad jurídica repercutirá inevitablemente de forma negativa en la confianza de los inversores y la economía; destaca que el desarrollo económico sostenible requiere instituciones democráticas sólidas, el Estado de Derecho, seguridad jurídica y el respeto de los derechos fundamentales; subraya el impacto financiero enorme que pueden tener las acciones ilegales de las autoridades, como demuestra la detención del alcalde de Estambul en marzo de 2025, que desencadenó turbulencias financieras y grandes salidas de capital, lo que obligó a las autoridades pertinentes a adoptar medidas extraordinarias a fin de detener la caída de la lira, restablecer la confianza de los inversores y preservar la estabilidad financiera, a costa de una disminución sustancial de las reservas oficiales; manifiesta su preocupación por el uso generalizado de los poderes extraordinarios otorgados al Fondo de Garantía de Depósitos de Ahorros, que ha intervenido en cientos de empresas privadas, en particular grandes conglomerados y empresas de medios de comunicación como TELE1, y nombrado administradores de las mismas, lo que lo convierte en uno de los mayores agentes empresariales del país; observa que la emigración de personas con talento desde Turquía debido a preocupaciones relacionadas con el Estado de Derecho y las libertades fundamentales puede tener un impacto negativo cada vez mayor en la situación económica y social;

30.Reconoce el descubrimiento reciente e importante por parte del Gobierno turco de grandes reservas de tierras raras en la provincia de Eskișehir, lo que podría situar a Turquía como un agente importante en un mercado estratégico mundial; destaca el potencial de este descubrimiento para contribuir a la diversificación y la resiliencia de las cadenas mundiales de suministro de tierras raras, así como los retos sustanciales que implica, entre ellos el acceso a tecnologías avanzadas de extracción y transformación y la necesidad de garantizar normas estrictas de protección del medio ambiente y gestión sostenible de los recursos;

31.Pide a las autoridades turcas que cumplan las obligaciones internacionales de Turquía en relación con la lucha contra la corrupción, en particular la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y los convenios pertinentes del Consejo de Europa, y que garanticen una respuesta efectiva a las recomendaciones formuladas por el GRECO, también mediante la adopción de la legislación necesaria, que es uno de los criterios de referencia restantes para la liberalización de los visados; destaca la necesidad de mejorar la integridad de los procesos de contratación pública, la financiación de los partidos políticos, el poder judicial, la Administración pública y el sector de la construcción, que siguen siendo especialmente vulnerables a la corrupción; lamenta profundamente que los recientes asuntos por corrupción de alto nivel incoados por las autoridades se hayan dirigido exclusivamente contra alcaldes y municipios de la oposición, lo que ha mermado aún más la confianza en la eficacia y la voluntad real de las autoridades en la lucha contra la corrupción; insta a las autoridades turcas a que garanticen la imparcialidad y la transparencia en sus esfuerzos de lucha contra la corrupción; pide a las autoridades turcas que refuercen la lucha contra la falsificación y restablezcan el régimen de derechos de propiedad con arreglo a las normas internacionales;

32.Acoge con satisfacción la supresión de Turquía de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en junio de 2024, tras lograr avances significativos en la mejora de su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; pide a Turquía que se adapte más al acervo de la Unión y a las recomendaciones del GAFI a fin de seguir reforzando su marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, también en lo que respecta a la trazabilidad de las transferencias y la prevención del uso indebido de nuevos canales de pago y criptoactivos para la financiación ilícita;

33.Señala que siguen sin abordarse una serie de retos críticos en relación con el mercado laboral, como el empleo informal, la brecha salarial de género y la desigualdad de ingresos; sigue manifestando su preocupación por la escasa cobertura de la negociación colectiva y los obstáculos significativos a la sindicalización en el sector privado; considera que son necesarios más esfuerzos para mejorar los mecanismos de diálogo social y abordar los retos emergentes en materia de seguridad laboral; recuerda que la libertad sindical y el diálogo social son cruciales para el desarrollo y la prosperidad de una sociedad plural; pide a las autoridades turcas que eliminen los obstáculos que limitan los derechos de sindicalización y negociación colectiva utilizando eficazmente los mecanismos de diálogo social, y que reconozcan el derecho de huelga de los funcionarios; lamenta la detención reiterada de sindicalistas en Turquía por el mero ejercicio de sus funciones; condena, a este respecto, la detención reciente de Mehmet Türkmen, presidente del sindicato del sector textil BİRTEK-SEN, el 15 de marzo de 2026, al mismo tiempo que señala que en 2025 estuvo encarcelado durante más de un mes; pide su liberación inmediata y que se ponga fin al acoso judicial del que es objeto;

34.Toma nota de la nueva Ley sobre el clima de Turquía de 2025, que entró en vigor en julio de 2025, y acoge con satisfacción la inclusión de un régimen de comercio de derechos de emisión, si bien señala que todavía deben realizarse algunas mejoras, como las relativas a los límites máximos de los certificados; lamenta que Turquía siga obteniendo resultados muy bajos en el ámbito de la mitigación del cambio climático y pide a Ankara que trabaje en un marco jurídico creíble de reducción de las emisiones; destaca que el plan del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de mantener las subvenciones a la generación nacional de carbón y a la generación de electricidad con altas emisiones de carbono ralentiza los avances en la implantación de las energías renovables; pide al Gobierno turco que, también a la luz de la celebración de la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2026, decida una vía para la eliminación gradual del carbón y haga avanzar su pico de CO2 a partir de 2038; pide a la Unión y a las autoridades turcas que intensifiquen y prioricen la cooperación en relación con el Pacto Verde, en particular la tarificación del carbono en el contexto del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, aborden las implicaciones para los exportadores turcos y apoyen la financiación de la descarbonización industrial y la modernización de la red, así como las políticas de transición justa;

35.Expresa su preocupación por el bienestar animal en el transporte desde la República de Turquía y a través de ella; pide el cumplimiento de las normas internacionales y la prevención del hacinamiento y el estrés térmico; expresa su preocupación por las denuncias de sacrificios de perros y gatos vagabundos y de malos tratos contra estos; pide un control de su población en consonancia con las normas internacionales;

36.Aplaude una vez más a Turquía por acoger a aproximadamente 2,7 millones de refugiados, entre los que se incluyen 2,3 millones de sirios bajo protección temporal en enero de 2026; observa que, según el informe de Frontex de enero de 2025, la migración irregular a lo largo de la frontera entre Turquía y la Unión disminuyó aproximadamente una cuarta parte en cifras absolutas; reitera la importancia de la colaboración de Turquía para la gestión eficaz y ordenada de los flujos migratorios; señala asimismo que desde 2011 la Unión ha contribuido a ayudar a Turquía en el apoyo a refugiados y a comunidades de acogida con cerca de 12 500 millones EUR; respalda la continuación de la financiación de la Unión al objeto de seguir apoyando la asistencia sanitaria, la educación, la protección y la integración de los refugiados en Turquía; pide a la Unión y a los Estados miembros que mantengan y, cuando sea posible, amplíen el apoyo financiero al espacio humanitario y de protección en Turquía, aumentando así los esfuerzos con vistas a apoyar a las organizaciones de la sociedad civil turca y las organizaciones dirigidas por refugiados;

37.Expresa su preocupación por el deterioro del entorno de protección de los refugiados sirios en Turquía, incluida la suspensión de los seguros de enfermedad, el cierre de campos de refugiados sin alternativas adecuadas y la reducción de los servicios de las organizaciones no gubernamentales internacionales y de las Naciones Unidas; sigue preocupado, asimismo, por la situación de los grupos minoritarios, los refugiados y los migrantes, que, en 2025, siguieron sufriendo discriminación, violencia y retornos forzosos; destaca que Turquía debe seguir protegiendo a los refugiados sirios hasta que se cumplan las condiciones para su retorno; pide a las autoridades turcas que restablezcan las visitas de observación o mecanismos equivalentes que permitan tomar decisiones de retorno con conocimiento de causa; señala con preocupación la existencia de información creíble que revela violaciones graves de los derechos humanos en centros de internamiento en Turquía financiados por la Unión y pide a la Comisión que ponga en marcha inmediatamente una investigación transparente e independiente al respecto; pide a la Comisión que vele por la máxima transparencia y precisión al asignar fondos y que garantice que los proyectos financiados por la Unión, en particular los relacionados con los centros de internamiento y el control fronterizo, cumplan todas las normas pertinentes en materia de derechos humanos; pide a Turquía que garantice la aplicación plena y no discriminatoria de la Declaración UE-Turquía de 2016 y del Acuerdo de readmisión UE-Turquía con respecto a todos los Estados miembros; subraya que la vulnerabilidad de los migrantes no debe instrumentalizarse con fines políticos contra la Unión ni sus Estados miembros; insta a Turquía a que siga cooperando de buena fe con todos los Estados miembros de la Unión en el ámbito de la migración, garantizando que se envíe una señal clara a los traficantes de seres humanos para desalentar nuevos flujos ilegales;

38.Reitera su llamamiento a Turquía para que trabaje con sus países vecinos aplicando un planteamiento constructivo, no asertivo ni agresivo; acoge con satisfacción el diálogo continuo entre Grecia y Turquía, incluidas las reuniones de alto nivel, como la cumbre entre el primer ministro Mitsotakis y el presidente Erdogan en febrero de 2026, que puede fomentar un entorno constructivo y una mayor distensión en el Mediterráneo oriental, lo que es de vital importancia en el contexto de la peligrosa escalada del conflicto en toda la región; reitera su gran interés por la estabilidad y la seguridad en la región y anima a todas las partes a seguir avanzando en esta línea de diálogo y cooperación con el objetivo de resolver cualquier litigio y diferencia pendiente en el marco del Derecho internacional; Expresa su profunda preocupación por que Turquía siga manteniendo una amenaza formal de guerra contra Grecia (casus belli), algo inconcebible entre aliados y buenos vecinos, en caso de que esta ejerza su derecho legítimo a ampliar sus aguas territoriales hasta doce millas náuticas en el mar Egeo, de conformidad con el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; lamenta que Turquía siga violando la soberanía y los derechos soberanos de Estados miembros de la Unión, como Grecia y la República de Chipre, también mediante la promoción de la doctrina de la «patria azul», el aumento significativo de las violaciones de las aguas territoriales y del espacio aéreo griegos en comparación con 2024 —si bien las violaciones del espacio aéreo se mantienen en niveles relativamente bajos—, la instrumentalización política del sistema NAVTEX, la violación de la plataforma continental y la zona económica exclusiva griegas al impedir el progreso de proyectos en aras de la conectividad de la Unión, como el Gran Interconector Marítimo y el gasoducto EastMed, que han sido designados proyecto de interés común de la Unión, el rechazo de la publicación de la ordenación del espacio marítimo griega en virtud de la Directiva sobre la ordenación del espacio marítimo Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo (DO L 257 de 28.8.2014, p. 135, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/89/oj). y la publicación de una ordenación del espacio marítimo turca que abarca zonas situadas bajo soberanía y jurisdicción griegas, la objeción a la creación por parte de Grecia de un parque marino en el mar Egeo dentro de las aguas territoriales griegas en su totalidad y el anuncio, en agosto de 2025, de la creación de dos parques marinos turcos que se extienden a zonas bajo jurisdicción griega, o el aumento considerable, desde 2024, de las actividades pesqueras ilegales de buques turcos en aguas territoriales griegas; expresa su profunda preocupación por la propuesta de proyecto de ley elaborada por el Centro Nacional del Mar y del Derecho Marítimo de la Universidad de Ankara (DEHUKAM), que codificaría la doctrina de la «patria azul» y podría contravenir directamente el Derecho internacional establecido; reitera su llamamiento a Turquía para que respete plenamente la soberanía de todos los Estados miembros de la Unión sobre sus aguas territoriales y su espacio aéreo, así como sus derechos soberanos, de conformidad con el Derecho internacional y de la Unión, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, también su derecho de delimitar la plataforma continental y zonas económicas exclusivas y de explorar y explotar sus recursos naturales; pide, a este respecto, a Turquía que no lleve adelante la adopción de ninguna ley que pueda contravenir estos principios; reitera su opinión de que el memorando de entendimiento entre Turquía y Libia sobre la delimitación de las zonas de jurisdicción marítima en el Mediterráneo vulnera los derechos soberanos de terceros países, no se ajusta al Derecho del mar y no puede tener efecto jurídico alguno para terceros países;

39.Reitera enérgicamente su opinión de que la única solución al problema de Chipre es un acuerdo equitativo, global, viable y democrático, en el marco acordado de las Naciones Unidas, basado en una federación bicomunitaria y bizonal con una personalidad jurídica internacional, una soberanía y una ciudadanía únicas, así como igualdad política, tal como se establece en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los ámbitos de convergencia acordados y el marco del secretario general de las Naciones Unidas, así como de conformidad con el Derecho internacional y los principios y valores en los que se fundamenta la Unión; pide con carácter urgente que se reanuden las negociaciones sobre la reunificación de Chipre bajo los auspicios del secretario general de las Naciones Unidas lo antes posible desde el punto en el que se interrumpieron en Crans-Montana en 2017; solicita a Turquía que abandone la propuesta inaceptable de solución de dos Estados en Chipre y que vuelva a la base acordada para la solución y al marco de las Naciones Unidas;

40.Acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el secretario general de las Naciones Unidas con el fin de reanudar las conversaciones para lograr una solución global, incluido el nombramiento de su enviada personal para Chipre; pide a la Comisión que nombre rápidamente a un nuevo enviado especial de la Comisión Europea para Chipre; acoge con satisfacción las dos reuniones informales celebradas en un formato más amplio, bajo los auspicios del secretario general de las Naciones Unidas, en Ginebra, en marzo de 2025, y en Nueva York, en julio de 2025, así como las distintas reuniones en Chipre del presidente Nikos Christodoulides y del líder de la comunidad turcochipriota, Tufan Erhürman, entre ellas la celebrada en diciembre de 2025, en la que se hizo hincapié, en una declaración conjunta, en que el objetivo real es la solución del problema de Chipre con igualdad política, tal como se describe en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; acoge asimismo con satisfacción la posición de ambas partes, tras la elección de un nuevo líder de la comunidad turcochipriota, lo que ha contribuido a renovar la esperanza de crear un entorno propicio para la reanudación de las negociaciones de un acuerdo; acoge con gran satisfacción el acuerdo sobre nuevas medidas de fomento de la confianza como un paso positivo y pertinente, y los anima a aplicarlo; apoya firmemente la continuación del contacto entre ambas partes bajo los auspicios del secretario general de las Naciones Unidas y la labor de su enviada personal para Chipre; pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen firmemente la continuación de este diálogo y que estén dispuestos a apoyar, de la manera que sea necesaria, el posible éxito de este proceso; anima a todas las partes a aprovechar este impulso para avanzar hacia la reanudación de las negociaciones y a no perder esta oportunidad;

41.Pide a Turquía que respete el estatuto de la zona de seguridad y el mandato de la UNFICYP, que revoque todas las acciones unilaterales y violaciones dentro de la zona de seguridad y en sus inmediaciones y que se abstenga de nuevas acciones y provocaciones de este tipo, en especial del acoso y la intimidación a los agricultores; reitera su llamamiento a la colaboración entre la República de Chipre, Turquía, el Reino Unido y las Naciones Unidas para aplicar medidas concretas destinadas a desmilitarizar la zona de seguridad con el fin de reducir las tensiones y contribuir a un entorno propicio para la reanudación de las negociaciones auspiciadas por las Naciones Unidas; pide a Turquía que se retire de Strovilia y facilite la plena aplicación del acuerdo de Pyla; pide asimismo a Turquía que retire sus tropas de Chipre y se abstenga de toda acción unilateral que pueda prolongar la división permanente de la isla y de cualquier acción que altere el equilibrio demográfico; condena enérgicamente los intentos de Turquía de mejorar el estatuto de la entidad secesionista en la parte ocupada de Chipre, también mediante la Organización de Estados Túrquicos y la Organización de Cooperación Islámica, y pide a todos los Estados que respeten la soberanía de Chipre de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; condena los esfuerzos que está realizando Turquía para «abrir» Varosha y lograr que sea colonizada por personas distintas de sus habitantes legítimos, lo que vulnera las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; pide a Turquía que revoque sus acciones ilegales y transfiera la zona de Varosha a sus habitantes legítimos bajo la administración temporal de las Naciones Unidas, tal como se pide en las Resoluciones 550(1984) y 789(1992) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; lamenta todo esfuerzo por convertir Varosha en un punto de atracción del turismo macabro, lo que constituye una sensacionalización de las tragedias y un insulto a la dignidad y los derechos de los habitantes legítimos; condena la usurpación, la venta y el desarrollo ilegales y continuos de propiedades pertenecientes a grecochipriotas en las zonas ocupadas; mantiene su profunda preocupación por las restricciones y los obstáculos educativos y religiosos a los que se enfrentan los grecochipriotas enclavados; pide a Turquía que intensifique su cooperación con el Consejo de Europa y sus órganos e instituciones pertinentes, aborde sus recomendaciones clave, aplique plenamente el CEDH por lo que respecta a la libertad de religión, la libertad de opinión y de expresión y el derecho de acceso y culto, incluido el derecho a llevar a cabo ceremonias religiosas y disfrutar del patrimonio cultural, y ponga fin a la destrucción deliberada del patrimonio cultural y religioso; elogia la labor del Comité Técnico sobre el Patrimonio Cultural, de carácter bicomunal, en la restauración de muchos de los monumentos afectados; lamenta la reiterada negativa de Turquía a cumplir la legislación internacional en materia de aviación civil y a crear un canal de comunicación entre los centros de control del tráfico aéreo de Turquía y de la República de Chipre, cuya ausencia entraña riesgos y amenazas reales para la seguridad, detectados por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y por la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas; reitera su llamamiento a Turquía para que cumpla su obligación de aplicar íntegramente, de manera no discriminatoria, el Protocolo Adicional del Acuerdo de Ankara respecto de todos los Estados miembros, incluida la República de Chipre, y para que cumpla las obligaciones que asumió con la Unión de conformidad con el marco de negociación de octubre de 2005;

42.Reitera su llamamiento a Turquía para que conceda a la comunidad turcochipriota el espacio necesario para actuar en virtud de su papel de comunidad legítima de la isla, un derecho garantizado por la Constitución de la República de Chipre; reitera su llamamiento a la Comisión para que redoble sus esfuerzos por colaborar con la comunidad turcochipriota con vistas a facilitar que se resuelva el problema de Chipre, recordando al mismo tiempo que su lugar es la Unión; pide a todas las partes implicadas que adopten un enfoque más valiente a la hora de acercar a las comunidades; subraya la necesidad de que el corpus legislativo de la Unión se aplique en toda la isla una vez que se resuelva totalmente el problema de Chipre; toma nota del informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del secretario general de las Naciones Unidas sobre Chipre; sigue manifestando su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, incluida la violencia o las amenazas de violencia contra activistas turcochipriotas de derechos humanos y, en particular, periodistas que han criticado la influencia de Turquía, como el periodista turcochipriota Șener Levent y el presidente del Sindicato de Periodistas Turcochipriotas Ali Kișmir; toma nota de la importante labor del Comité sobre Personas Desaparecidas en Chipre y pide que el Ejército turco mejore el acceso a las zonas militares ocupadas, proporcione acceso a sus archivos militares e informe sobre el traslado de restos a nuevos lugares de enterramiento;

43.Destaca la importancia de reforzar la cooperación entre la Unión y Turquía en materia de seguridad regional, en particular a la luz de la constante evolución del tablero geopolítico; reafirma, en este contexto, la importancia estratégica y geopolítica de Turquía, que también es un aliado de la OTAN, y el aumento de su presencia, influencia, mediación y papel de facilitador en ámbitos críticos para la seguridad internacional y el interés estratégico de la Unión, como la región del mar Negro, incluida Ucrania, el Cáucaso meridional y Oriente Próximo, así como en otras áreas de cooperación pertinentes como la gestión de la migración, la lucha contra el terrorismo y la seguridad energética; reconoce que Turquía sigue participando activamente en las misiones y operaciones de gestión de crisis de la Unión y contribuyendo sustancialmente a ellas; destaca que la cooperación pragmática con Turquía en materia de seguridad y defensa puede reforzarse cuando sirva a intereses estratégicos mutuos; reitera su debida preocupación, sin embargo, por que Turquía siga excluyendo a un Estado miembro de la cooperación con la OTAN; pide a Turquía que se abstenga de utilizar su pertenencia a la OTAN para bloquear la cooperación entre la Unión y la OTAN;

44.Lamenta la escasa adaptación de Turquía a la PESC de la Unión, que ha disminuido del 6 % en 2024 a un mínimo histórico del 4 % en 2025; observa, no obstante, que este indicador, basado únicamente en estadísticas sobre la consonancia con las declaraciones de la VP/AR y las decisiones del Consejo en materia de sanciones, podría no reflejar plenamente todos los niveles de compromiso y diálogo en el marco de la cooperación exterior y de seguridad; acoge con satisfacción, en este sentido, el reciente aumento del nivel de diálogo con la Unión y la participación activa y la contribución sustancial a las misiones y operaciones de gestión de crisis de la Unión en el marco de la PESC; toma nota de la creciente posición antioccidental de las autoridades turcas; expresa su preocupación por sus posibles implicaciones para los intereses de la Unión en los Balcanes Occidentales, la región del mar Negro, el Cáucaso meridional, el Mediterráneo y Oriente Próximo; considera, sin embargo, que, habida cuenta del tablero geopolítico actual, es importante explorar las posibilidades de cooperación con Turquía en el contexto de las políticas actuales y futuras de la Unión en el ámbito de la seguridad y la defensa; insta, no obstante, a las autoridades turcas a que aborden urgentemente el nivel extremadamente bajo del país en cuanto a su adaptación a la PESC y eliminen otros obstáculos clave para garantizar la confianza necesaria entre socios y aliados, como la persistencia de un casus belli contra un Estado miembro, el cuestionamiento de la soberanía de terceros o el mantenimiento del sistema de defensa antiaérea S-400 fabricado por Rusia; observa con preocupación que Turquía ha solicitado ser miembro de los BRICS+ —actualmente ostenta la condición de socio—, una opción que también contempla en el caso de la Organización de Cooperación de Shanghái; expresa su preocupación por la incompatibilidad fundamental de la posible participación plena de Turquía en los BRICS+ con el proceso de adhesión a la Unión; subraya que este compromiso, que es reflejo de un modelo no liberal de gobernanza mundial y regional, podría complicar los trabajos en aras de una asociación más amplia entre la Unión y Turquía;

45.Reconoce, en lo que respecta a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, los esfuerzos de Turquía por desempeñar un papel de facilitación y posible mediación, como demuestra la acogida de la celebración de varias conversaciones directas entre ambas partes en Estambul, así como la prestación de asistencia militar, diplomática y humanitaria a Ucrania, incluidos equipos de defensa, lo que ha contribuido a los esfuerzos de defensa de Ucrania; reconoce que Turquía ha mantenido tradicionalmente la posición de no apoyar las sanciones adoptadas fuera del marco de las Naciones Unidas; sigue lamentando, no obstante, que Turquía no se ajuste a las medidas restrictivas de la Unión contra Rusia, pero acoge con satisfacción las medidas que ha adoptado para evitar la elusión de las sanciones a través del territorio turco, como impedir la reexportación de artículos comunes de alta prioridad, que han dado algunos resultados, y pide que se adapte al marco de sanciones de la Unión contra Rusia; insta a las autoridades turcas a que redoblen sus esfuerzos para detectar y prevenir la elusión de las medidas restrictivas, en particular en relación con los artículos de tecnología avanzada utilizados con fines militares por Rusia, evitar el «falso tránsito» de estos artículos a Rusia a través de Asia Central, ampliar estas medidas a otros bienes críticos desde el punto de vista económico, reducir el uso de recursos energéticos procedentes de Rusia y abordar los riesgos relacionados con la «flota clandestina» rusa en términos de seguridad marítima y medioambiental; expresa asimismo su preocupación por que Turquía no haya restringido las operaciones de los medios de comunicación rusos controlados por el Estado en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania; observa la presencia generalizada de discursos prorrusos y desinformación vinculada a Rusia en el espacio de información turco, en particular sobre Ucrania, la OTAN y la seguridad energética; pide a Turquía que redoble sus esfuerzos para contrarrestar la manipulación de la información y la desinformación por parte de agentes extranjeros; observa con preocupación que, mediante los gasoductos TurkStream y Blue Stream, Turquía es uno de los principales importadores de gas natural ruso, así como una importante fuente de petróleo y productos petrolíferos; reitera su preocupación por la estrecha cooperación de Turquía con Rusia en el desarrollo de grandes centrales nucleares, incluida la central nuclear de Akkuyu, que se espera que entre en funcionamiento en 2026 y que es propiedad de Rosatom, la empresa estatal rusa de energía atómica, y será explotada por esta; insta al Gobierno turco a que se adhiera al Convenio de Espoo, por el que las partes se comprometen a notificar a los países vecinos los proyectos de envergadura que contemplen y que pudieran tener un impacto adverso importante en el medio ambiente más allá de sus fronteras;

46.Expresa su preocupación por las relaciones diplomáticas, económicas y energéticas estrechas de Turquía con la República Islámica de Irán, incluido el contacto periódico de alto nivel, las relaciones comerciales sostenidas y la importación continua de gas iraní; lamenta la falta de armonización de Turquía con la respuesta de la Unión a la represión de los manifestantes por parte de Irán, incluidas las medidas restrictivas relacionadas con el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica; toma nota de los recientes acontecimientos en el ámbito judicial en los Estados Unidos en relación con Halk Bankası A.Ș. (Halkbank), incluidos los procedimientos relacionados con los mecanismos de evasión de sanciones y blanqueo de capitales; pide a Turquía que se adapte progresivamente a las posiciones y al régimen de sanciones de la PESC de la Unión; observa con preocupación que las operaciones militares contra el régimen iraní tendrán implicaciones para Turquía, debido a su proximidad geográfica, también mediante efectos indirectos, en particular en lo que se refiere a nuevas presiones migratorias; subraya la importancia de la coordinación regional y de una estrecha cooperación con Turquía y otros socios internacionales en este contexto;

47.Acoge con satisfacción la posición mantenida desde hace tiempo por Turquía a favor de una solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina, que se ajusta a la posición de la Unión, y su participación activa en la «Alianza Global para la Solución Biestatal» para su aplicación; acoge con satisfacción la contribución de Turquía a los esfuerzos de mediación para el alto el fuego en Gaza y en relación con la cumbre de paz de Gaza de octubre de 2025 en Sharm el Sheij; condena el apoyo activo de las autoridades turcas a Hamás, un grupo incluido en la lista de terroristas de la Unión, y su negativa a designarlo organización terrorista, que no es compatible con la política exterior y de seguridad de la Unión; lamenta que Turquía no condenara el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel perpetrado por Hamás; advierte contra el compromiso de Turquía con agentes regionales asociados a agendas extremistas, señalando que estos vínculos podrían complicar las relaciones entre la Unión y Turquía y afectar a la estabilidad regional; pide a Turquía que siga firmemente anclada en el sistema multilateral, con las Naciones Unidas como eje central, como marco esencial para promover una solución global, justa y duradera al conflicto entre Israel y Palestina;

48.Toma nota del aumento de la influencia de Turquía sobre los acontecimientos en Siria tras la caída del régimen de Al-Asad y su estrecha colaboración con las autoridades sirias de transición actuales, en particular proporcionándoles formación militar y apoyo en materia de asesoramiento; sigue preocupado por la continua presencia de fuerzas turcas en el país y por la participación de grupos armados respaldados por Turquía en los últimos episodios de violencia en el norte y el noreste de Siria, también contra grupos que han desempeñado un papel decisivo en la lucha internacional contra el Estado Islámico; condena la creación de infraestructuras militares y estructuras administrativas a largo plazo en las zonas ocupadas bajo control turco; pide a Turquía que colabore de forma constructiva con las autoridades sirias, que respete su soberanía e integridad territorial y que aborde sus preocupaciones en materia de seguridad de plena conformidad con el Derecho internacional y garantizando que todos los sirios, incluidos los kurdos, puedan disfrutar de la seguridad y los derechos fundamentales, y que se abstenga de toda injerencia en los procesos internos de Siria; condena los ataques contra la población civil durante el último episodio de violencia entre el Ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias dirigidas por kurdos, que causaron numerosas muertes y el desplazamiento de un gran número de civiles, así como la falta de acceso a la ayuda humanitaria; expresa su esperanza de que el último acuerdo entre el Gobierno de transición sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias, que prevé la integración gradual de las fuerzas e instituciones kurdas en el Estado y el reconocimiento histórico de los derechos culturales, lingüísticos y civiles kurdos, permita la estabilidad de la región nororiental de Siria, clave para el éxito de una transición política inclusiva en el país; advierte de que todo deterioro grave de la seguridad regional puede dar lugar a un resurgimiento del Estado Islámico; destaca que cualquier traslado a Turquía, o a través de Turquía, de combatientes adultos del Estado Islámico o sospechosos de serlo procedentes de centros de internamiento en Siria debe estar sujeto a mecanismos efectivos de custodia, seguimiento e intercambio de información, en particular en los traslados transfronterizos; toma nota de la inversión sustancial necesaria para la reconstrucción de la economía siria y reconoce el interés de Turquía en contribuir a estos esfuerzos; expresa su apoyo a una cooperación estrecha y constructiva entre la Unión y Turquía a este respecto;

49.Reafirma su apoyo a la normalización de las relaciones entre Armenia y Turquía en aras de la reconciliación, las relaciones de buena vecindad, la estabilidad y la seguridad regionales y el desarrollo socioeconómico, y acoge con satisfacción los avances logrados hasta la fecha, como la flexibilización de determinados procedimientos de visado, los preparativos para la próxima apertura de la frontera a nacionales de terceros países y titulares de pasaportes diplomáticos y la reanudación de los vuelos directos de Turkish Airlines; anima a Turquía a que avance firmemente en este proceso por sí misma, sin supeditarlo a sus relaciones con un tercer país; pide a ambos países que sigan trabajando para mejorar la conectividad con el fin de facilitar la conexión terrestre entre Europa y Asia, así como que promuevan la reconciliación histórica, mejoren el clima empresarial y refuercen los contactos interpersonales; apoya los esfuerzos de la Comisión por presentar una agenda de conectividad interregional de la Unión en la que participen Turquía, Armenia y Azerbaiyán, que incluye proyectos como la línea ferroviaria Kars-Tiflis-Bakú, que alberga un gran potencial para contribuir a la estabilidad regional y al desarrollo económico y social; insta a Turquía a que apoye el proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán y la anima, una vez más, a reconocer el genocidio armenio y allanar de este modo el camino para una reconciliación auténtica entre los pueblos turco y armenio, así como a respetar plenamente sus obligaciones de proteger el patrimonio cultural armenio;

50.Reitera su firme convicción de que, más allá del proceso de adhesión, que actualmente se encuentra paralizado debido al incumplimiento de los criterios de Copenhague y a la falta de reformas democráticas, Turquía es un país de relevancia estratégica; destaca la importancia de mantener un diálogo constructivo y de profundizar la cooperación en ámbitos de interés estratégico mutuo, también en relación con Chipre y de manera gradual, proporcionada y reversible y en consonancia con las Conclusiones del Consejo Europeo de abril de 2024; reafirma que la Unión sigue comprometida a mantener las mejores relaciones posibles con Turquía sobre la base del diálogo, el respeto y la confianza mutua, de conformidad con el Derecho internacional y las relaciones de buena vecindad;

51.Acoge con satisfacción, en este sentido, la mejora de las relaciones entre la Unión y Turquía más allá del proceso de adhesión en ámbitos de interés mutuo, en consonancia con las recomendaciones de la Comunicación conjunta sobre las relaciones entre la UE y Turquía, de 29 de noviembre de 2023, de manera gradual, proporcionada y reversible; acoge asimismo con satisfacción los recientes diálogos de alto nivel en materia de comercio y economía, migración y seguridad, clima y ciencia, investigación, tecnología e innovación; pide una vez más la reanudación de todos los diálogos de alto nivel pertinentes y el establecimiento de diálogos de alto nivel estructurados sobre cooperación sectorial, en caso necesario, para abordar otros retos comunes;

52.Apoya la profundización de la agenda de conectividad con Turquía en los ámbitos de la energía, el transporte y los contactos digitales e interpersonales, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho internacional, como ejemplo de buena cooperación pragmática y mutuamente beneficiosa con potencial para fomentar la paz y la estabilidad en la región; destaca la importancia estratégica de acelerar la finalización de proyectos de infraestructuras clave que mejoren la conectividad entre la Unión y Turquía en consonancia con las redes transeuropeas ampliadas; subraya la importancia de Turquía para el desarrollo y el funcionamiento de las iniciativas de conectividad transcontinental, incluida la ruta comercial alternativa que cobra cada vez mayor importancia entre Europa y Asia (el corredor intermedio), que podría contribuir significativamente a reforzar la resiliencia de la cadena de suministro de la Unión y la cooperación económica y puede desempeñar un papel importante en la promoción de los objetivos más amplios de autonomía estratégica de la Unión; insta al desarrollo oportuno de la autopista de circunvalación del mar Negro y de las conexiones ferroviarias; acoge con satisfacción la disposición de Turquía a invertir en la construcción de una autopista del mar Negro que conecte Turquía, Bulgaria y Rumanía;

53.Pide a la Comisión que, tras el éxito de la experiencia con otros países candidatos, adopte las medidas necesarias para ampliar lo antes posible el programa «en itinerancia como en casa» a Turquía; pide a la Comisión que considere la posibilidad de trabajar en aras de la ampliación de la zona única de pagos en euros y otros programas pertinentes con el fin de mejorar los contactos interpersonales; acoge con satisfacción los avances positivos en el período de referencia en materia de cooperación en los ámbitos científico y de la investigación, en particular en relación con la participación en Horizonte Europa; apoya la participación de Turquía en el Mecanismo de Protección Civil de la Unión y pide que se intensifique la cooperación entre la Unión y Turquía en los ámbitos de la protección civil y las infraestructuras resilientes, haciendo hincapié en la necesidad de reforzar la capacidad municipal descentralizada, la participación de la sociedad civil, la coordinación y la comunicación pública;

54.Reitera su opinión de que es necesario aplicar plenamente y modernizar la unión aduanera de la UE, en particular teniendo en cuenta el tablero geopolítico actual; es consciente de la importancia que los grandes sectores de las economías de la Unión y Turquía conceden a la actualización de este instrumento, que lleva en vigor más de treinta años; está dispuesto a apoyar una unión aduanera mejorada con un ámbito de aplicación más amplio y mutuamente beneficioso, que podría desbloquear beneficios económicos y estratégicos sustanciales para ambos socios, lo que reforzaría el comercio, la inversión y la resiliencia de la cadena de suministro, impulsaría la transición digital y ecológica, la contratación pública y los compromisos en materia de desarrollo sostenible, y contribuiría a la seguridad económica tanto de la Unión como de Turquía; subraya, sin embargo, que, para que el Parlamento dé su aprobación al final del proceso, tal modernización tendría que estar supeditada a condiciones estrictas en cuanto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el respeto del Derecho internacional, la adaptación a la PESC y unas relaciones de buena vecindad, incluida la plena aplicación por parte de Turquía del Protocolo Adicional para hacer extensivo el Acuerdo de Ankara a todos los Estados miembros sin excepción y de manera no discriminatoria e incluir medidas para apoyar la transición ecológica y ayudar a la adaptación de las pymes; acoge con satisfacción las medidas positivas, incluida la disminución de los obstáculos al comercio, observadas en el período más reciente tras la celebración del diálogo de alto nivel sobre comercio;

55.Subraya la importancia para el comercio entre la Unión y Turquía de las próximas iniciativas de la Comisión, como el Reglamento de Aceleración Industrial y el enfoque «Made in Europe», con posibles requisitos estrictos que podrían requerir en última instancia una revisión de las normas de contratación pública de la Unión y afectar gravemente a la ya obsoleta unión aduanera entre la UE y Turquía; acoge con satisfacción que la propuesta de la Comisión del Reglamento de Aceleración Industrial ya prevea que el contenido de los socios con los que la Unión haya celebrado un acuerdo por el que se establezca una zona de libre comercio o una unión aduanera, como Turquía, se considere originario de la Unión; apoya este enfoque y pide que en el futuro se propongan más actos legislativos pertinentes en la misma línea para seguir teniendo en cuenta la importancia de una mayor integración de los mercados y las economías de los países candidatos, en particular los que tienen una unión aduanera con la Unión;

56.Observa con gran pesar que Turquía no ha avanzado hacia el cumplimiento de los criterios de referencia necesarios para la liberalización del régimen de visados; pone una vez más de manifiesto su voluntad de iniciar el proceso de liberalización del régimen de visados tan pronto como las autoridades turcas cumplan en su integridad los seis criterios de referencia claramente pendientes de manera no discriminatoria con respecto a todos los Estados miembros de la Unión y a la vez se ajusten a la política de visados de la UE; lamenta que los ciudadanos turcos estén teniendo problemas con las peticiones y solicitudes de visado en relación con los Estados miembros de la Unión debido al considerable aumento de la demanda y al miedo de que se abuse del sistema; reconoce, no obstante, el compromiso político con la mejora del acceso a los visados y pide que ambas partes redoblen sus esfuerzos por abordar los obstáculos técnicos y administrativos restantes; pide a los Estados miembros que aumenten los recursos asignados a este asunto; apoya las medidas tendentes a facilitar la expedición de visados, en particular en relación con las actividades empresariales y los estudiantes Erasmus; lamenta enormemente los intentos constantes de las autoridades turcas de culpar a la Unión de que no se hayan producido avances en la resolución de esta cuestión, si bien ellas mismas no han adoptado ninguna de las medidas necesarias para cumplir los criterios de referencia pendientes; recuerda a Turquía que la falta de avances reales y acumulativos en el cumplimiento de las condiciones pendientes repercute de forma directa en las actividades empresariales y en los estudiantes Erasmus; lamenta el uso abusivo por parte del Gobierno turco de los pasaportes de servicio, cuyo número se desconoce, sin que se hayan adoptado las medidas necesarias para avanzar hacia un marco que pueda beneficiar a toda la población; pide al Gobierno turco que elimine los obstáculos que siguen impidiendo la reapertura del diálogo sobre la liberalización de los visados, y pide asimismo al Consejo que haga lo que le corresponde tras la puesta en práctica de estas medidas; toma nota de la decisión de la Unión y de los Estados miembros de introducir un marco de visados en cascada el 15 de julio de 2025;

57.Acoge con satisfacción el nuevo compromiso del Banco Europeo de Inversiones en Turquía y la Plataforma de Inversión para Turquía en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, que permite un mayor apoyo a la inversión mediante programas de garantía en las tres prioridades políticas generales, a saber, el Pacto Verde y Global Gateway, así como el empleo y el crecimiento, de conformidad con las condiciones pertinentes del respeto de los valores de la Unión; destaca la necesidad de garantizar que ningún programa de la Unión beneficie a entidades de Turquía que no respeten los valores fundamentales de la UE;

58.Apoya la decisión adoptada por el componente de la Unión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía de aplazar su 82.ª reunión, prevista para los días 14 y 15 de abril de 2025 en Ankara, tras la detención y el arresto del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, y otras personas; mantiene la opinión de que el diálogo parlamentario sigue siendo una parte fundamental de las relaciones entre la Unión y Turquía y expresa su esperanza de que el trabajo de la Comisión Parlamentaria Mixta se reanude pronto, cuando las condiciones lo permitan; lamenta la decisión de las autoridades turcas de no invitar al Parlamento Europeo a observar las elecciones presidenciales y parlamentarias de mayo de 2023 en un contexto de acusaciones de trato injusto, señalando al mismo tiempo que se invitó a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y a la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa; expresa su esperanza de que se invite a una misión del Parlamento Europeo a observar las próximas elecciones que se celebren en el país;

59.Reitera su opinión de que el Gobierno turco ha actuado de forma negligente en cuanto a la adopción de las medidas necesarias para abordar las deficiencias democráticas fundamentales en el país y, por tanto, reafirma que el proceso de adhesión de Turquía a la Unión no puede reanudarse en las circunstancias actuales, si bien reconoce las aspiraciones democráticas y proeuropeas de gran parte de la sociedad turca; toma nota de los llamamientos recientes de figuras importantes de la oposición turca en aras de un compromiso renovado y la reapertura de las negociaciones de adhesión; expresa su agradecimiento por este enfoque innovador y audaz; sigue, no obstante, mostrando su escepticismo en cuanto a apoyarlo, a menos que el Gobierno turco envíe una señal clara de su voluntad de volver a comprometerse con la senda de la Unión mediante acciones concretas y creíbles;

60.Recuerda que, como en el caso de cualquier otro país candidato, el proceso de adhesión está supeditado al pleno cumplimiento de los criterios de Copenhague y a la normalización de las relaciones con todos los Estados miembros de la Unión; destaca que el compromiso constructivo de Turquía, también con respecto al problema de Chipre, sigue siendo esencial para impulsar una cooperación reforzada entre la Unión y Turquía; considera, a este respecto, que, al avanzar en sus aspiraciones declaradas de adherirse a la Unión, las autoridades turcas deben hacer menos hincapié en las capacidades del país en materia de seguridad y defensa y, en su lugar, abordar el estado grave de la democracia en el país; observa que se ha comprometido a avanzar en el proceso de adhesión siempre que el Gobierno turco adopte estas medidas necesarias;

61.Sigue animando al Gobierno turco a que colabore de forma constructiva con las instituciones de la Unión y los Estados miembros a fin de seguir trabajando en aras de una asociación más estrecha, dinámica y estratégica, más allá del proceso de adhesión actualmente paralizado, sobre la base de las Conclusiones pertinentes del Consejo y del Consejo Europeo y de la condicionalidad establecida; insiste en la necesidad de iniciar un proceso de reflexión sobre el modo en que este nuevo marco constructivo y progresista para las relaciones entre la Unión y Turquía, que se fundamenta en el respeto de los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, puede abarcar los intereses de todas las partes implicadas; destaca la necesidad de reforzar la asociación entre la Unión y Turquía mediante, por ejemplo, la modernización y la mejora del Acuerdo de Asociación actual;

62.Opina, no obstante, que un retroceso continuo de la democracia y el Estado de Derecho en el futuro próximo solo hará que el país se desvíe aún más de la Unión, erosionando así la confianza que es necesaria para la mejora real de la cooperación y asociación en ámbitos de interés mutuo, como el comercio, la energía o la seguridad;

63.Considera que redunda en interés de la Unión reevaluar las vías de que dispone Turquía para poder permanecer anclada a la Unión, en lo que respecta no solo a las normas, sino también a los valores y principios, y diseñar iniciativas políticas en línea con ese objetivo; expresa su alarma por la consolidación gradual de otro sistema autocrático a las puertas de la Unión, ya que esta evolución tiene implicaciones directas y de gran alcance para los intereses y la estabilidad de la Unión a largo plazo; insta a todas las instituciones de la Unión, los Estados miembros y el Consejo Europeo a que se pronuncien en relación con el modo de actuar frente al retroceso democrático y las violaciones de los derechos humanos persistentes en Turquía, en particular en lo que se refiere al desmantelamiento de la democracia pluralista que se está produciendo, ya que ello no es incompatible con la búsqueda de las mejores relaciones posibles entre la Unión y el país; pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que velen por que los programas de los funcionarios de alto nivel que visiten Turquía incluyan una representación plural de las partes interesadas políticas y de la sociedad civil a fin de obtener una visión más completa del país;

64.Reitera su máximo compromiso de mantener su apoyo a la sociedad civil independiente de Turquía; pide a la Comisión que conserve y aumente su apoyo político y financiero a la sociedad civil de Turquía, dinámica y a favor de la democracia, cuyo empeño puede contribuir a generar la voluntad política necesaria para estrechar las relaciones entre la Unión y Turquía; opina que, si bien los enfoques basados en incentivos y en transacciones funcionan en numerosos ámbitos de la cooperación entre la Unión y Turquía, no han logrado progresos en cuanto a la democratización del país; subraya, a este respecto, que la reanudación del proceso de adhesión depende principalmente de la voluntad política inquebrantable de las autoridades y la sociedad turcas de convertirse en una democracia plena, lo que la Unión no puede forzar;

65.Reitera su llamamiento a reforzar y profundizar el conocimiento y la comprensión mutuos entre las sociedades de Turquía y la Unión, promoviendo el crecimiento cultural y los intercambios socioculturales y combatiendo toda manifestación de prejuicio social, religioso, étnico o cultural; hace hincapié, en este contexto, en la importancia de propiciar los intercambios interpersonales para las relaciones entre la Unión y Turquía, en particular para la promoción de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos; anima a Turquía y a la Unión a promover valores compartidos, en particular apoyando a la juventud;

66.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al presidente del Consejo Europeo, al Consejo y a la Comisión; pide que la presente Resolución se traduzca al turco y se transmita al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la República de Turquía.