1.Expresa su plena solidaridad con el pueblo georgiano, que continúa su lucha por una Georgia europea y democrática frente al retroceso democrático, la creciente represión, las detenciones ilegales, la constante retórica hostil, la desinformación y las amenazas; destaca que casi el 75 % del pueblo georgiano sigue apoyando una mayor integración en la Unión; reitera que la puerta de la Unión sigue totalmente abierta a que el pueblo georgiano vuelva a la senda europea;

2.Observa con profunda decepción que Sueño Georgiano no solo ha suspendido, sino que ha invertido de facto el rumbo de Georgia hacia la integración europea; lamenta que se haya producido un retroceso en la aplicación de las nueve prioridades que eran las condiciones para conceder a Georgia el estatuto de país candidato; destaca la incoherencia de las afirmaciones de Sueño Georgiano de que la integración en la Unión sigue siendo la principal prioridad, mientras que, al mismo tiempo, sus altos cargos y los medios de comunicación afines al Gobierno llevan a cabo una campaña orquestada y sistemática que difunde narrativas manipuladoras de estilo ruso, desinformación y teorías conspirativas contra la Unión, sus funcionarios y sus diplomáticos;

3.Lamenta que, desde las elecciones parlamentarias amañadas de octubre de 2024, Sueño Georgiano haya intensificado aún más su trayectoria hacia el pleno autoritarismo; manifiesta su consternación por el rápido desmantelamiento de los cimientos democráticos de Georgia mediante ataques selectivos contra sus instituciones democráticas, sus libertades fundamentales y su pluralismo democrático, lo es completamente contrario al desarrollo democrático exigido por la pertenencia a la Unión; comparte la valoración de la Comisión de que las instituciones cruciales como la Comisión Electoral Central, la Comisión de Comunicaciones, el Consejo Superior de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Banco Nacional y las fuerzas y cuerpos de seguridad carecen de imparcialidad, independencia y control democrático; destaca que Georgia no puede avanzar en el proceso de adhesión a la Unión mientras no vuelva a la senda de las reformas democráticas y, entre otras cosas, garantice unas elecciones libres, justas y competitivas, proteja la independencia de las instituciones oficiales, ponga fin eficazmente el control oligárquico y mejore la protección de los derechos humanos y la libertad de los medios de comunicación;

4.Destaca que las sanciones personales específicas impuestas por la Unión y sus Estados miembros contra Bidzina Ivanishvili, dirigentes clave de Sueño Georgiano, jueces, fiscales y otros funcionarios responsables del continuo retroceso democrático en Georgia, del fraude electoral, de las graves violaciones de los derechos humanos y de la persecución de opositores políticos y activistas, y contra cómplices propietarios de empresas y medios de comunicación vinculados al Sueño Georgiano, constituirían un instrumento importante contra la impunidad; acoge con satisfacción el hecho de que, a falta de unanimidad a escala de la Unión, un número cada vez mayor de Estados miembros haya introducido prohibiciones de visados individuales y otras sanciones contra funcionarios georgianos; insta a otros Estados miembros a que sigan su ejemplo;

5.Reitera su firme llamamiento a la Unión y a sus Estados miembros para que impongan sanciones personales inmediatas y específicas contra Bidzina Ivanishvili, sus familiares y sus empresas, y pide a la Unión que inmovilice sus activos y coopere en este asunto con otras jurisdicciones, en particular el Reino Unido y los Estados Unidos;

6.Condena la impunidad sistémica de los funcionarios e instituciones responsables de la represión política, el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y la persecución de figuras de la oposición; hace hincapié en que la respuesta de la Unión hasta la fecha ha sido inadecuada y tardía en vista de la aceleración de la consolidación autoritaria en Georgia; insta al Consejo y a los Estados miembros a que adopten urgentemente medidas restrictivas coordinadas a escala de la Unión contra todos los políticos funcionarios y facilitadores responsables, en particular la ampliación de las listas de sanciones, la inmovilización exhaustiva de activos y la prohibición de visados contra los responsables de la captura del Estado, la represión y la propaganda patrocinada por el régimen; insta al nuevo Gobierno húngaro a que ponga fin al bloqueo impuesto por su predecesor a las sanciones específicas a escala de la Unión contra Ivanishvili y los dirigentes de Sueño Georgiano en general; pide al Consejo que estudie mecanismos colectivos cuando no sea posible la unanimidad, a fin de garantizar una respuesta eficaz y unificada de la Unión;

7.Lamenta que Sueño Georgiano no haya adoptado ninguna medida para revertir su rumbo antidemocrático y antieuropeo; considera que la colaboración con las autoridades georgianas debe estar estrictamente supeditada a que estas adopten medidas tangibles y verificables que reviertan la actual trayectoria de retroceso democrático, represión, restricciones y desinformación virulenta de estilo ruso contra la Unión; mantiene, por tanto, sus posiciones anteriores con respecto al no reconocimiento de la legitimidad del Parlamento y del presidente designado por este; lamenta que el Parlamento de Georgia sea de facto un Parlamento de partido único que está aprobando iniciativas legislativas destinadas a desmantelar los cimientos de una democracia parlamentaria pluralista; observa con preocupación que el Parlamento de facto de Georgia ha declarado su retirada temporal de la Asamblea Parlamentaria Euronest;

8.Reitera su llamamiento a los representantes de la Unión y de los Estados miembros, así como a los diputados, para que se abstengan de reunirse con representantes del régimen, empezando por el actual presidente de facto, mientras que las autoridades georgianas prosigan con su retroceso democrático y su represión; pide a los Estados miembros que consoliden un enfoque único y coordinado con respecto a la limitación de los contactos políticos con las autoridades de Sueño Georgiano a cuestiones de estricta necesidad, manteniendo y reforzando al mismo tiempo el compromiso con la sociedad civil georgiana, los medios de comunicación independientes y las instituciones académicas; condena la retórica agresiva persistente contra diplomáticos, políticos y funcionarios de la Unión y de los Estados miembros; destaca la importancia de seguir promoviendo las normas europeas, los valores democráticos y la senda europea entre la población georgiana y las fuerzas políticas comprometidas con los principios democráticos;

9.Observa con preocupación la retórica agresiva contra los Estados Unidos, el Reino Unido y otros aliados;

10.Pide a las autoridades georgianas que restablezcan las salvaguardias de la función pública basadas en los méritos, restablezcan la protección jurídica efectiva contra los despidos por motivos políticos y garanticen la aplicación efectiva del derecho de acceso a la información pública;

11.Señala que las elecciones municipales del 4 de octubre de 2025 fueron boicoteadas por la mayoría de los partidos de la oposición, lo que refleja la profunda desconfianza de la mayor parte de la sociedad en la independencia del proceso electoral; lamenta que las modificaciones del Código Electoral de Georgia introducidas en diciembre de 2024 y en marzo y abril de 2025 reforzaran aún más el dominio del partido gobernante e introdujeran nuevas restricciones a la inscripción de observadores locales, medios de comunicación y sujetos electorales; reitera que las autoridades georgianas ignoraron los llamamientos de la Comisión de Venecia para derogar los cambios realizados en 2024; destaca que la falta de misiones de observación de la OSCE/OIDDH, debido a una invitación tardía, y de las organizaciones de observadores locales, debido a las restricciones, socavaron gravemente la transparencia del proceso electoral y la credibilidad de sus resultados; reitera su llamamiento a la mejora del entorno electoral establecido por una administración electoral independiente e imparcial, de cara a futuras elecciones bajo la observación diligente de organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y nacionales; expresa su profunda preocupación por la modificación del Código Electoral de diciembre de 2025 que prohíbe a los ciudadanos georgianos votar desde el extranjero; subraya que la participación en las elecciones es un derecho constitucional fundamental de todos los ciudadanos y debe posibilitarse independientemente de su lugar de residencia;

12.Condena la adopción de una legislación sin precedentes y cada vez más restrictiva destinada a hacer prácticamente imposible que el apoyo internacional, en particular a través de medios financieros, llegue a la sociedad civil y a los medios de comunicación y a impedir su acceso a cualquier tipo de financiación independiente; destaca las últimas modificaciones de la Ley de Subvenciones, que entraron en vigor a partir del 5 de marzo de 2026, que amplían significativamente el alcance de lo que se considera una «subvención» y hacen que recibir subvenciones o financiación del extranjero sin autorización previa del Gobierno sea un delito castigado con penas de hasta seis años de prisión; señala que se trata de una violación directa del Acuerdo de Asociación UE-Georgia; pide la protección de las fundaciones políticas, las ONG internacionales y las agencias de desarrollo; recuerda a las autoridades georgianas que cualquier acoso que afecte a las organizaciones de los Estados miembros de la Unión tendrá consecuencias directas;

13.Observa que estas modificaciones siguen a las introducidas en la Ley de subvenciones adoptadas en abril de 2025, que ya redujeron significativamente las opciones de apoyo financiero internacional e introdujeron el requisito de que los donantes internacionales solicitaran la aprobación previa de las subvenciones por parte de las autoridades estatales, así como un seguimiento restrictivo y una responsabilidad administrativa punitiva para los beneficiarios, con el fin de disuadir a las organizaciones de aceptar ayuda internacional, también la financiación de la Unión; subraya que la amplia definición de «subvención» puede abarcar un gran abanico de transacciones sujetas a aprobación previa y puede hacer que cualquier ciudadano sea un posible objetivo de persecución por parte del Gobierno; observa con preocupación la prohibición durante ocho años de afiliarse a un partido de toda persona que haya estado empleada por una organización que ha dependido de financiación extranjera, lo que constituye la prohibición de que un gran número de personas socialmente activas participen en la política de los partidos; insta encarecidamente a la Unión y a sus Estados miembros a que adopten medidas inmediatas para salvaguardar y mantener a los medios de comunicación independientes y las organizaciones de la sociedad civil que aún existen en Georgia;

14.Lamenta los continuos intentos del partido gobernante Sueño Georgiano de perseguir a los opositores políticos, en particular mediante detenciones ilegales, amenazas y ataques físicos; condena el encarcelamiento de opositores políticos por negarse a comparecer ante la Comisión Temporal de Investigación del Parlamento de facto de Georgia, que fue utilizada por Sueño Georgiano como una forma de simulacro de juicio político destinado a allanar el camino a una mayor persecución de opositores políticos y a la prohibición de partidos de la oposición; destaca que la existencia de presos políticos es incompatible con las obligaciones de Georgia en virtud del Acuerdo de Asociación UE-Georgia; pide la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas por motivos políticos, en particular de políticos de la oposición y exfuncionarios; observa que dos políticos de la oposición fueron indultados por el presidente de facto antes de las elecciones municipales para garantizar una apariencia de elecciones competitivas; reitera enérgicamente su petición de liberación inmediata del expresidente Mijeíl Saakashvili por motivos humanitarios, para que pueda recibir el tratamiento médico necesario en el extranjero; pide, además, a las autoridades de Sueño Georgiano que velen por que se conceda a los diputados al Parlamento Europeo un acceso sin trabas a Mijeíl Saakashvili y a otros presos políticos;

15.Observa que, a pesar de una declaración de culpabilidad y de la existencia de pruebas públicas creíbles de corrupción, el encarcelamiento del antiguo primer ministro Irakli Garibashvili suscita serias preocupaciones en cuanto a si el proceso cumplió las normas de un juicio justo; destaca que el caso refleja preocupaciones más amplias sobre la influencia de la política en la justicia, las estructuras de poder informales y las divisiones internas dentro del partido gobernante Sueño Georgiano, en particular en relación con el papel de Bidzina Ivanishvili;

16.Pide a las autoridades georgianas que apliquen mecanismos independientes de rendición de cuentas, garanticen la imparcialidad judicial y exijan responsabilidades a los autores de abusos por motivos políticos, de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos;

17.Pide una reforma exhaustiva del Consejo Superior de Justicia en consonancia con las recomendaciones de la Comisión de Venecia, en particular la introducción de mandatos fijos no renovables, procedimientos de nombramiento transparentes y controles extraordinarios de integridad para los altos cargos judiciales con la participación significativa de expertos internacionales, con el fin de reforzar la independencia judicial y la confianza pública en el poder judicial; observa con decepción la disolución de la Oficina Anticorrupción, creada en 2022, que era uno de los requisitos clave de la Unión para conceder a Georgia el estatuto de país candidato; pide a las autoridades georgianas que modifiquen el procedimiento de nombramiento del puesto de fiscal general de modo que se exija una mayoría parlamentaria cualificada y que adapten la Ley de la Fiscalía a las normas europeas;

18.Insta al defensor del pueblo de Georgia a que intensifique la ejecución de su mandato y utilice todos los mecanismos disponibles para salvaguardar los derechos humanos, entablando un diálogo constructivo y colaborando con los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil en Georgia; hace hincapié en la necesidad de evitar cualquier aplicación selectiva de su mandato, tal como se menciona en el informe de 2025 de la Comisión sobre Georgia; destaca la autoridad específica del defensor del pueblo para solicitar dictámenes legislativos a la OSCE/OIDDH en relación con la legislación autoritaria o no democrática;

19.Lamenta que no se avance en la desoligarquización y pide a las autoridades georgianas que adopten un enfoque sistémico en consonancia con las recomendaciones pertinentes de la Comisión de Venecia, en particular un refuerzo de los requisitos de transparencia, normas eficaces en materia de conflictos de intereses y salvaguardias contra la influencia indebida en la toma de decisiones políticas y económicas;

20.Condena enérgicamente los intentos de las autoridades georgianas de prohibir los partidos de la oposición; pide a las autoridades que pongan fin de inmediato a estos intentos y que retiren la acción judicial presentada por 88 diputados del Parlamento de facto de Georgia para que se declare la inconstitucionalidad de las actividades de tres importantes partidos de la oposición —el Movimiento Nacional Unido, la Coalición por el Cambio y la coalición Georgia Fuerte-Lelo— y se revoque su inscripción; subraya que estas acciones suponen una peligrosa amenaza para los principios democráticos fundamentales y el pluralismo político; hace hincapié en que una democracia sana requiere una competencia leal y libre entre distintos partidos;

21.Expresa su firme desaprobación de la reciente introducción de un nuevo artículo en el Código Penal que prohíbe las críticas «públicas y sistemáticas» de las autoridades o que se cuestione su legitimidad, así como «cualquier otra acción pública y sistemática por parte de la misma persona», que sigue abierta a interpretación, pero contempla una pena de prisión de hasta tres años; destaca que esto permite la tipificación de facto de la libertad de expresión como delito y pide al Gobierno que denuncie esta ley;

22.Expresa su grave preocupación por el hecho de que Sueño Georgiano ya haya adoptado una serie de actos legislativos destinados a reprimir a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes y frenar el pluralismo, como la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, las modificaciones restrictivas de la Ley de Radiodifusión, la Ley de Servicio Público, la Ley de Reuniones y Manifestaciones y las disposiciones más estrictas del Código Penal y del Código de Infracciones Administrativas; condena, en particular, las medidas legislativas que aumentan las multas en virtud de los códigos administrativos, lo que lleva, cada vez más, al encarcelamiento de manifestantes que no pueden pagar dichas multas; reitera su llamamiento para que se libere sin demora a todos los presos políticos y a otras personas detenidas ilegalmente; advierte de que los esfuerzos de las autoridades georgianas por transformar la dinámica sociedad civil georgiana en un entorno estrictamente controlado de organizaciones alineadas con el Gobierno constituyen un paso más hacia su conversión en un régimen autoritario; recuerda que la mayoría de estas leyes se hacen eco de los primeros acontecimientos bajo el Gobierno de Putin en el régimen totalitario de Rusia; pide a las autoridades georgianas que deroguen estos actos legislativos como paso tangible en su senda hacia la Unión;

23.Condena el trato degradante e inhumano presuntamente infligido a Elene Joshtaria durante su detención; exige su liberación inmediata e incondicional y la retirada inmediata de las acusaciones por motivos políticos que se le imputan;

24.Expresa su profunda preocupación por el continuo uso indebido de la detención administrativa contra manifestantes y activistas; toma nota de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Mekvabishvili/Georgia, que constató que la dependencia exclusiva de testimonios policiales sin pruebas independientes socavaba las garantías de un juicio justo y contribuía a la imposición de sanciones desproporcionadas contra manifestantes pacíficos; pide a las autoridades georgianas que reformen sus procedimientos por infracciones administrativas para adaptarlos al Convenio Europeo de Derechos Humanos;

25.Condena las denuncias creíbles de uso excesivo de la fuerza, tortura y malos tratos a manifestantes y detenidos, por ejemplo, las recientes conclusiones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) que documentan acusaciones de abusos policiales y deficiencias sistemáticas en las salvaguardias y la rendición de cuentas; pide a las autoridades georgianas que garanticen investigaciones rápidas, independientes y eficaces, enjuicien a los responsables y apliquen plenamente las recomendaciones del CPT;

26.Condena la creciente tendencia de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad georgianos a utilizar abusos verbales y físicos contra manifestantes, amenazas de violación y otros actos de violencia de género y registros corporales ilegales como parte de una campaña para intimidar a los disidentes, especialmente a las manifestantes, y reprimir los derechos humanos de los georgianos a la libertad de expresión y de reunión pacífica;

27.Condena la legislación adoptada que prevé la detención automática y la imposición de las consiguientes sanciones penales, también hasta un año de prisión, para las personas que protestan pacíficamente en aceras y zonas peatonales; subraya que estas medidas son instrumentos represivos destinados a reprimir la disidencia con fines políticos; lamenta la frecuente detención de personas por compartir sus opiniones en las redes sociales;

28.Expresa su máxima inquietud ante las acusaciones de que en Georgia podría haberse utilizado un agente químico prohibido contra personas en el contexto de las protestas; destaca que, de confirmarse, el uso de cualquier agente químico contra civiles constituiría una grave violación de los derechos humanos fundamentales, las normas humanitarias internacionales y las obligaciones de Georgia en virtud del Derecho internacional, en particular la prohibición de las armas químicas; lamenta la insuficiencia de la investigación llevada a cabo por las autoridades georgianas sobre este asunto; pide una investigación internacional inmediata, independiente y transparente de estas acusaciones; pide un examen por parte de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de las Naciones Unidas e insta a los Estados miembros a que remitan este caso para que se siga investigando;

29.Expresa su profunda preocupación por la violación sistemática de los derechos humanos en Georgia y la discriminación de grupos vulnerables, incluidas las personas LGBTIQ+; destaca que estas violaciones son incompatibles con las obligaciones de Georgia en virtud del Acuerdo de Asociación UE-Georgia y las normas internacionales en materia de derechos humanos; pide a las autoridades georgianas que defiendan los derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación y participación política, y que garanticen la seguridad, la protección y la tutela judicial efectiva de todos los defensores y activistas de los derechos humanos; pide firmemente a la Unión y a los Estados miembros que supervisen estas violaciones, presten apoyo y protección a las personas en situación de riesgo y vinculen los avances realizados en la asistencia y la cooperación de la Unión, y en la adhesión a esta, a mejoras tangibles en la protección de los derechos humanos;

30.Insta al Parlamento de facto de Georgia a que derogue la Ley sobre valores familiares y protección de los menores, cuyas disposiciones violan gravemente los derechos humanos, en particular los derechos a la igualdad, la no discriminación, la educación, la salud, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación, así como la privacidad, la libertad y la seguridad; apoya a la comunidad LGBTIQ + de Georgia y observa con profunda repulsa la falsa equivalencia de la ley entre las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo y el incesto; recuerda que leyes similares en el régimen de Putin en Rusia han allanado el camino para una represión expansiva de las minorías y, en última instancia, para una atmósfera de intimidación y discriminación en Rusia;

31.Expresa su profunda preocupación por la situación en la región georgiana de Chiatura como consecuencia de la extracción de manganeso para el mercado de la Unión y pide la aplicación de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, dado que la Unión es en parte responsable del bienestar de los residentes locales y de la protección del medioambiente afectado por los daños causados;

32.Reitera su oposición al retroceso de la legislación laboral y los derechos laborales en Georgia, como las modificaciones de 2024 de la Ley de Servicio Público; pide a las autoridades georgianas que cumplan las normas del Derecho laboral y se abstengan de restringir los derechos laborales; recuerda que el acervo de la Unión incluye la armonización con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la Carta Social Europea y la legislación de la Unión en materia de condiciones de trabajo;

33.Acoge con satisfacción la activación del llamado Mecanismo de Moscú por parte de la OSCE, a iniciativa de veinticuatro Estados participantes, lo que brindó la oportunidad de enviar una misión de expertos para evaluar el cumplimiento por parte de Georgia de los compromisos de la OSCE, en particular en relación con la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales desde la primavera de 2024; pide a las autoridades georgianas que colaboren sustancialmente con sus conclusiones y apliquen sus recomendaciones en plazos claros, también en lo que respecta a la liberación de personas retenidas por motivos políticos, la derogación de la legislación incompatible con las obligaciones internacionales y la rendición de cuentas por malos tratos; destaca que, en caso de que las autoridades no adopten medidas concretas y verificables para aplicar sus recomendaciones, los Estados participantes y las instituciones internacionales pertinentes deben considerar medidas de seguimiento adecuadas para garantizar la rendición de cuentas, como sanciones específicas y el uso de los mecanismos jurídicos internacionales pertinentes; pide a los Estados miembros de la Unión que participan en la OSCE que apoyen activamente una ampliación del mandato de la misión, habida cuenta de las violaciones sistemáticas y bien documentadas que requieren una evaluación exhaustiva e independiente;

34.Acoge con satisfacción la Resolución de octubre de 2025 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la que se insta a los órganos del Consejo de Europa a «utilizar todos los medios disponibles», incluido el artículo 52 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y las demandas entre Estados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en virtud del artículo 33, para garantizar que Georgia cumpla sus obligaciones como Estado miembro del Consejo de Europa; pide a los Estados miembros de la Unión y a los Estados miembros del Consejo de Europa que consideren la aplicación de esta recomendación;

35.Condena enérgicamente el papel de los medios de comunicación afines a Sueño Georgiano, incluidos Imedi TV, PosTV y Rustavi 2 TV, en la difusión de desinformación sistemática, las campañas de difamación y la propaganda hostil contra la Unión y sus instituciones y representantes, en particular el jefe de la Delegación de la Unión en Georgia y diplomáticos de los Estados miembros de la Unión; observa la reciente decisión del Reino Unido de imponer sanciones contra Imedi TV y PosTV; pide a las instituciones de la Unión que revisen la acreditación de estos medios de comunicación en las instituciones de la Unión y anima a los Estados miembros de la Unión a que sigan el ejemplo del Reino Unido y adopten medidas restrictivas adecuadas y proporcionadas contra las personas y entidades responsables de orquestar y financiar estas campañas de desinformación, también en el marco del régimen de sanciones de la Unión de alcance mundial en materia de derechos humanos; pide la inclusión en la lista de sanciones de la Unión de miembros de los dirigentes de la Comisión Nacional de Comunicaciones de Georgia y de la entidad pública de radiodifusión georgiana;

36.Expresa su preocupación por la presión ejercida sobre los medios de comunicación independientes y por los procedimientos judiciales incoados contra ellos; hace hincapié en que el pluralismo de los medios de comunicación y la seguridad de los periodistas son requisitos previos esenciales para una sociedad democrática;

37.Observa con preocupación las recientes reformas en el sector educativo de Georgia, que parecen centralizar el control de las instituciones académicas, debilitar la libertad académica y la autonomía universitaria y obstaculizar la integración de Georgia en el sistema europeo de educación superior; advierte de las medidas destinadas a modificar la estructura y la duración de los programas académicos y de la introducción del principio de «una ciudad, una facultad», que limita la gama de disciplinas ofrecidas por cada universidad; manifiesta su preocupación por la presión normativa ejercida sobre instituciones como la Universidad Estatal de Ilia tras su apoyo público a las protestas estudiantiles, al mismo tiempo que se amplía el apoyo a las instituciones privadas asociadas a personalidades cercanas a la élite gobernante; destaca que los expertos en educación independientes advierten de que el efecto acumulativo de estas medidas corre el riesgo de reducir el pluralismo académico y de politizar aún más el sistema de educación superior;

38.Expresa su preocupación por las redes organizadas fraudulentas de centros de llamadas que operan desde Georgia, en particular las dirigidas contra los ciudadanos de la Unión; subraya que en investigaciones periodísticas internacionales se ha sugerido que altos funcionarios de Sueño Georgiano ofrecen protección a estas redes de estafas a cambio de una compensación financiera, lo que les ayuda a soportar las sanciones económicas;

39.Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de suspender la exención de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales georgianos, en vigor desde el 6 de marzo de 2026 en todos los Estados miembros de la Unión con arreglo al mecanismo de suspensión de visados revisado y más flexible que entró en vigor el 30 de diciembre de 2025, como consecuencia directa de las acciones del régimen de Sueño Georgiano que vulneran los valores fundamentales; anima a los Estados miembros a que lleven a cabo un examen exhaustivo, realicen entrevistas y pidan documentos justificativos a estos solicitantes y denieguen los visados si existen dudas sobre la fiabilidad de la información facilitada por ellos; lamenta que la prohibición de visado a escala de la Unión para los funcionarios georgianos responsables de violaciones graves de derechos humanos, del retroceso democrático y de la represión no haya sido posible debido a la oposición de los Gobiernos de Hungría y Eslovaquia; observa que el octavo informe sobre el mecanismo de suspensión de visados destaca el incumplimiento por parte de Georgia de criterios de referencia clave y recomendaciones anteriores; advierte de que la continua inacción de las autoridades georgianas podría dar lugar a la suspensión de la exención de visado para toda la población, de la que Sueño Georgiano sería plenamente responsable; pide a la Comisión que establezca un mecanismo por el que los activistas de la sociedad civil, los periodistas y los estudiantes puedan seguir teniendo acceso sin visado a la Unión, y que aumente el apoyo directo a los programas de intercambio interpersonales, como Erasmus +, Horizonte Europa, el Cuerpo Europeo de Solidaridad y Europa Creativa;

40.Destaca que la falta de investigación académica exhaustiva, educación histórica y concienciación pública sobre la ocupación soviética y sus consecuencias a largo plazo permite la difusión de campañas de manipulación histórica y de desinformación, que la Federación de Rusia aprovecha para socavar las aspiraciones euroatlánticas de la sociedad georgiana; destaca, por tanto, la importancia de la investigación académica, la documentación y la difusión de conocimientos sobre la historia de Georgia bajo la ocupación soviética, en particular la represión política, las ejecuciones masivas y la historia de resistencia a la ocupación de la Rusia soviética, así como la restauración de estos acontecimientos en la memoria colectiva; lamenta que, en los últimos años, al menos con el consentimiento pasivo de las autoridades, se hayan observado esfuerzos para relativizar los crímenes comunistas e invertir el proceso de desestalinización; hace hincapié, a este respecto, en el importante papel de los historiadores, los investigadores y las organizaciones de la sociedad civil independientes, como SovLab, a la hora de estudiar la ocupación soviética y sus consecuencias políticas, jurídicas y morales, así como de hallar los lugares de enterramiento de las víctimas del terror comunista y garantizar su identificación y conmemoración digna; anima a las instituciones pertinentes de los Estados miembros que participan en la documentación de las consecuencias de la ocupación soviética, los crímenes comunistas y otros regímenes totalitarios a que intensifiquen la cooperación con sus homólogos georgianos, apoyen proyectos conjuntos de investigación y participen en programas educativos e iniciativas destinadas a revelar, documentar y difundir conocimientos sobre este capítulo de la historia de Georgia; expresa su preocupación por la obstrucción sistemática del acceso a los archivos relacionada con la represión y los crímenes cometidos durante el período de ocupación soviética; pide a las autoridades georgianas que garanticen un acceso pleno, transparente y no discriminatorio a los archivos relativos al período soviético para académicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil;

41.Lamenta que el nivel de armonización de Georgia con las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y con las decisiones del Consejo sobre sanciones haya disminuido aún más desde el 53 % de 2024 hasta el 40 %, lo que demuestra su falta de compromiso con la integración europea; expresa su especial decepción por que Georgia no se haya adherido sistemáticamente a las iniciativas internacionales y de la Unión en apoyo de Ucrania, en particular las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, sino que, en lugar de ello, haya reforzado sus relaciones con Rusia y apoyado los discursos rusos destinados a transferir la responsabilidad de la guerra de agresión y los crímenes cometidos por Rusia;

42.Expresa su profunda gratitud por la firme solidaridad que el pueblo georgiano ha mostrado con Ucrania durante la guerra de agresión de Rusia, que refleja la oposición pública generalizada a las políticas imperialistas rusas, la propia experiencia del país de agresión militar rusa y la firme voluntad del pueblo de preservar su independencia y mantenerse fuera de la esfera de influencia de Moscú; señala que muchos voluntarios georgianos han luchado al lado de las fuerzas armadas ucranianas, en particular en la Legión Georgiana, y que la sociedad civil georgiana ha contribuido a campañas de ayuda humanitaria en apoyo de Ucrania;

43.Observa que Georgia todavía no se ha adherido a la gran mayoría de sanciones contra Rusia, Bielorrusia e Irán; pide a las autoridades georgianas que adopten medidas verificables y refuercen la cooperación y la vigilancia aduanera para evitar que el territorio de Georgia o las entidades jurídicas registradas en Georgia se utilicen para eludir las medidas restrictivas de la Unión; considera que el nivel actual de los esfuerzos de armonización y ejecución es manifiestamente insuficiente e incompatible con las responsabilidades de un país candidato a la adhesión a la Unión; destaca que se requieren urgentemente medidas más decisivas, en particular la plena armonización con las medidas restrictivas de la Unión, mecanismos eficaces de seguimiento y ejecución y una cooperación transparente con las instituciones de la Unión para evitar la evasión de sanciones, también en lo que concierne a los productos de doble uso, las exportaciones de petróleo y los flujos financieros vinculados a entidades rusas e iraníes; advierte de que la continua falta de armonización con la política exterior y el régimen de sanciones de la Unión tendrá consecuencias directas para el proceso de adhesión de Georgia a la Unión; pide a la Unión y a sus Estados miembros que sigan supervisando de cerca el cumplimiento por parte de Georgia del régimen de sanciones de la Unión, en particular los riesgos de elusión de sanciones a través del territorio georgiano o de entidades registradas en Georgia;

44.Pide a la Unión y a sus Estados miembros que adopten medidas urgentes y decisivas para detener la elusión sistemática de las sanciones de la Unión por parte de Rusia facilitada por las autoridades georgianas, también mediante el establecimiento de un mecanismo de supervisión específico de la Unión para hacer un seguimiento de los flujos comerciales de productos de doble uso y componentes de aviación de alta prioridad en tránsito a través de Georgia; pide asimismo a las autoridades georgianas que cooperen plenamente en estos esfuerzos y que publiquen informes periódicos y transparentes sobre tales flujos comerciales con el fin de reforzar la aplicación de la legislación aduanera y evitar una mayor elusión de sanciones;

45.Manifiesta su preocupación por el posible uso de puertos, infraestructuras de refinado e instalaciones de manipulación de petróleo de Georgia para facilitar la reexportación o la mezcla de productos petrolíferos rusos con el fin de eludir los regímenes internacionales de sanciones; expresa su profunda preocupación por las informaciones según las cuales se está enviando petróleo crudo ruso a la recién construida refinería de Kulevi en Georgia financiada parcialmente por el Estado, en la costa del mar Negro; pide a las autoridades georgianas que detengan e impidan inmediatamente tales actividades y que garanticen que las infraestructuras georgianas no se utilicen para facilitar la elusión de las sanciones de la Unión a Rusia; observa que la terminal petrolera de Kulevi no se incluyó en el vigésimo paquete de sanciones de la Unión contra Rusia sobre la base de los compromisos de las autoridades georgianas y del operador de la terminal de que cumplirían estrictamente las sanciones de la Unión; pide su inclusión en futuras sanciones si las autoridades georgianas y los operadores de la terminal no cumplen estrictamente las sanciones de la Unión; pide una mayor cooperación entre la Unión y los socios internacionales para garantizar la plena aplicación de las medidas restrictivas;

46.Pide a la Comisión que, en cooperación con la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, evalúe el marco jurídico y reglamentario de Georgia, también las disposiciones del Código Fiscal de Georgia que puedan facilitar el uso de empresas registradas en el extranjero y ocultar la titularidad real, permitiendo así la elusión de sanciones y el blanqueo de capitales; pide que se refuercen la supervisión y el control de las empresas registradas en Georgia que sean propiedad o estén bajo el control de ciudadanos o entidades rusos, en particular las establecidas a partir de febrero de 2022; pide a las autoridades georgianas que establezcan una oficina de recuperación de activos, una oficina de gestión de activos y un registro de los titulares reales con el fin de reforzar las salvaguardias contra el blanqueo de capitales y reducir el riesgo de elusión de las sanciones;

47.Observa que, tras abandonar la senda de la integración euroatlántica, Sueño Georgiano está dando un giro estratégico hacia la cooperación con China, Rusia e Irán, como se ha confirmado en numerosos informes; destaca que esta reorientación demuestra un desprecio por el compromiso constitucional de Georgia con la integración euroatlántica y la voluntad clara y sistemáticamente expresada de la sociedad georgiana; expresa su indignación por el hecho de que, en lugar de abordar conclusiones creíbles sobre la creciente influencia de potencias autoritarias, se hayan iniciado investigaciones contra los autores de esos informes, como los investigadores del Instituto Hudson Giorgi Kandelaki y Tinatin Jidasheli;

48.Expresa su preocupación por la participación de empresas públicas chinas en proyectos estratégicos como el puerto marítimo de gran calado de Anaklia, desarrollado originalmente con socios occidentales y destinado a reforzar la conectividad este-oeste con independencia de la influencia rusa y china; recuerda a las autoridades georgianas que el éxito del corredor intermedio está vinculado a la adhesión de Georgia al Estado de Derecho y que las inversiones de Global Gateway exigen que Georgia sea un socio estable y transparente;

49.Toma nota de las iniciativas de proyectos estratégicos de conectividad en la región del mar Negro, como el cable submarino de conectividad digital del mar Negro y el cable eléctrico submarino del mar Negro, que podrían mejorar los vínculos energéticos y digitales entre la Unión Europea y el Cáucaso Meridional;

50.Observa que la Iglesia Ortodoxa georgiana sigue siendo una institución influyente en la sociedad georgiana y desempeña un papel importante en la configuración del discurso público; expresa su preocupación por el uso de redes religiosas por parte de Rusia como canales de desinformación y operaciones de influencia en toda Georgia, con el objetivo de socavar la orientación proeuropea y la resiliencia democrática; recuerda que algunos clérigos de Georgia se han opuesto a esta instrumentalización y han denunciado tanto la influencia rusa como las políticas del régimen de Sueño Georgiano; subraya que la diócesis y las comunidades ortodoxas georgianas también están presentes en la Unión, lo que pone de relieve la necesidad de vigilancia y resiliencia frente a los esfuerzos transnacionales de desinformación;

51.Observa con especial preocupación la creciente influencia de Irán en el país, en particular a través de instituciones religiosas y educativas y de la movilización de los jóvenes, así como a través de estructuras económicas que permiten efectivamente la evasión de las sanciones iraníes; manifiesta asimismo su preocupación por la creciente influencia de los agentes económicos vinculados al régimen iraní que opera en Georgia; subraya que estos agentes pueden utilizarse para eludir sanciones financieras, para el blanqueo de capitales y para las exportaciones ilícitas de bienes iraníes, lo que beneficia a agentes vinculados tanto al régimen iraní como al de Sueño Georgiano a través de la corrupción y de licitaciones públicas sesgadas;

52.Considera que Georgia debe desempeñar un papel constructivo a la hora de facilitar el acceso de Armenia a las rutas comerciales marítimas internacionales, contribuyendo así a la conectividad regional, la resiliencia económica y la estabilidad en el Cáucaso Meridional;

53.Reitera su apoyo inequívoco a la soberanía y a la integridad territorial de Georgia; condena enérgicamente la actual ocupación por parte de Rusia de las regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur y del continuo proceso de «delimitación de fronteras», que constituye una violación de la soberanía y la integridad territorial de Georgia; insta al Gobierno georgiano a que mantenga una posición clara y coherente sobre la agresión rusa; condena enérgicamente los esfuerzos de Rusia por integrar política, militar y económicamente los territorios ocupados en la Federación de Rusia; observa con profunda preocupación las continuas detenciones ilegales y los ataques contra personas de etnia georgiana en Abjasia y la región de Osetia del Sur, en particular mujeres y jóvenes, por acusaciones falsas, como el espionaje o la posesión de un pasaporte georgiano; condena estas prácticas como violaciones graves de los derechos humanos que contribuyen a la intimidación, la discriminación y el desplazamiento forzoso de la población georgiana; condena enérgicamente el desarrollo en curso de la base naval rusa en Ochamchire, que no es solo una violación de la integridad territorial, sino una amenaza directa para la seguridad de toda la cuenca del mar Negro y las propias ambiciones comerciales marítimas de Georgia; reitera su llamamiento en favor de la retirada inmediata e incondicional de las fuerzas rusas de las regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur;

54.Pide medidas restrictivas específicas contra los responsables de violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados sobre la base de precedentes como la lista Otjozoria-Tatunashvili de 2018;

55.Reitera la importancia del trabajo de la Misión de Observación de la Unión Europea en Georgia relativo a la resolución de conflictos, la vigilancia de los derechos humanos y el apoyo a las comunidades afectadas; condena enérgicamente la continua obstrucción por parte de la Federación de Rusia del acceso de la Misión de Observación de la Unión Europea en Georgia a las regiones ocupadas de Georgia, así como los anteriores actos de intimidación contra observadores de esta misión, incluidas detenciones ilegales y otros incidentes que implicaron amenazas e injerencias en el trabajo de esta misión; considera que la ejecución visible y pública del mandato de la Misión de Observación de la Unión Europea en Georgia debe reforzarse aún más mediante el aumento del apoyo y personal adicional y debe comunicarse de forma más destacada, ya que contribuye significativamente a la interacción de la Unión con la región y expone las tácticas agresivas de Rusia, que, desde la guerra de 2008 contra Georgia, han seguido provocando muertes, sufrimiento e inestabilidad en la región;

56.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a la presidenta de Georgia Salomé Zurabishvili y a las autoridades de facto de Georgia.