A.Considerando que más de cinco décadas de decisiones políticas y económicas del régimen comunista cubano han llevado al país a una profunda crisis, caracterizada por apagones de hasta veintidós horas al día, una grave escasez de alimentos, agua, combustible y medicamentos y una pobreza generalizada, bajo un régimen de partido único consagrado constitucionalmente que ha durado más de sesenta y siete años, y en el cual es la única fuerza política permitida; que este colapso de un modelo político y económico basado en el inmovilismo, la represión y la resistencia al cambio, agravado por la ausencia de elecciones libres, justas y competitivas y la prohibición del pluralismo político, acerca cada vez más a Cuba a las características de un Estado fallido y constituye una anomalía antidemocrática en su región;

B.Considerando que, según la ONG Prisoners Defenders, Cuba tenía un récord de 1 281 presos políticos a finales de mayo de 2026, incluidos menores (algunos recluidos en prisiones de máxima seguridad junto con adultos), y que hay numerosos detenidos con graves problemas de salud, entre ellos deportistas, artistas, periodistas independientes y activistas pacíficos; que esta organización documenta casos sistemáticos de tortura, violencia sexual y amenazas de muerte contra los detenidos y constató, en un estudio estadísticamente representativo, que todos los presos políticos examinados, incluidos los menores, habían sufrido tortura y denegación de atención médica, con patrones recurrentes de detención arbitraria e incomunicada, desapariciones forzosas temporales y acoso a las familias; que el caso de José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba y preso de conciencia cuya liberación ha pedido reiteradamente el Parlamento, es un ejemplo claro de los métodos del régimen y desembocó en su exilio forzoso en octubre de 2025;

C.Considerando que, en su vida cotidiana, los ciudadanos cubanos de a pie se enfrentan a hospitales incapaces de funcionar normalmente y carentes de medicamentos básicos, y donde los pacientes deben llevar sus propios suministros, así como a una escasez crónica de alimentos y agua y al hecho de que determinados bienes esenciales solo se vendan en tiendas de divisas fuera del alcance de los salarios estatales ordinarios; que, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 89 % de las familias viven en situación de pobreza extrema y siete de cada diez cubanos se ven obligados a saltarse alguna comida, mientras que según las Naciones Unidas existe una lista de espera de más de 96 000 intervenciones quirúrgicas pendientes, entre ellas 11 000 de cirugía pediátrica, y alrededor de un millón de personas dependen del transporte de agua mediante camiones, limitado por la escasez de gasóleo;

D.Considerando que, en abril de 2026, la Unión liberó 2 millones EUR adicionales en ayuda humanitaria, además de los 4 millones EUR ya asignados este año a la región del Caribe, para apoyar a los socios humanitarios que prestan ayuda urgente a las personas más vulnerables; que el Plan de Acción de las Naciones Unidas actualizado, que tiene como objetivo ayudar a unos dos millones de personas, sigue estando gravemente infrafinanciado, ya que las Naciones Unidas han movilizado 26,2 millones USD mientras que persiste un déficit de 68 millones USD;

E.Considerando que la inflación acumulada en Cuba en los últimos cuatro años supera el 500 %, mientras que los salarios estatales tienen un valor equivalente de entre 15 y 25 USD mensuales según la tasa de cambio del mercado negro, la única realista en la isla; que el régimen ha llevado al país a depender de combustibles importados y que, dado que Rusia y Venezuela —sus proveedores tradicionales— han reducido el suministro, la emergencia energética se ha agudizado y en octubre de 2024 desembocó en el colapso total del sistema eléctrico nacional durante varios días, que dejó sin electricidad a once millones de personas;

F.Considerando que Cuba, un país tropical fértil que antaño era uno de los mayores productores mundiales de azúcar, importa actualmente más del 70 % de los alimentos que consume, un colapso que es el resultado directo de décadas de agricultura colectivizada, controlada por el Estado y militarizada y de un modelo económico improductivo;

G.Considerando que la emergencia humanitaria no es el resultado de ningún embargo externo, sino la consecuencia directa del propio modelo del régimen y de sus fallos: la militarización y la monopolización estatal de la economía, la supresión de la empresa privada y el desvío de recursos hacia el aparato de seguridad en lugar de dedicarlos a los alimentos, los medicamentos y la electricidad que necesita su población; que este modelo está encarnado en el corrupto conglomerado militar GAESA, que controla cerca de la mitad de la economía de la isla, no rinde cuentas ante nadie y captura los ingresos en divisas fuertes del régimen (incluidos los procedentes de las misiones médicas, que las Naciones Unidas han considerado similares al trabajo forzoso) mientras se deja a los hospitales sin suministros básicos; que esta crisis no puede separarse de décadas de represión estatal y que un aumento de la inestabilidad puede tener consecuencias humanitarias, migratorias y de seguridad más graves;

H.Considerando que las relaciones entre la Unión y Cuba se rigen por el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, cuyo objetivo declarado era que el régimen se abriera progresivamente y mejorara la situación de sus ciudadanos; que, casi nueve años después de que el Parlamento diera su aprobación a dicho Acuerdo, el régimen no ha llevado a cabo ninguna apertura significativa, sino que, por el contrario, ha intensificado la represión, perseguido la disidencia y aumentado el número de presos políticos, mientras que la situación económica se ha deteriorado hasta niveles inaceptables; que el Acuerdo ha fallado en su finalidad central y que la VP/AR ha reconocido que el Acuerdo no ha cumplido sus objetivos y está siendo objeto de revisión;

I.Considerando que el rechazo al régimen es generalizado tanto dentro como fuera de la isla, como demuestran las manifestaciones y «cacerolazos» recurrentes y el mayor éxodo de la historia de Cuba, con cientos de miles de personas que abandonan la isla en busca de un futuro mejor, mientras que a muchas de las que huyeron o fueron expulsadas no se les permite regresar y permanecen en el exilio; que la única respuesta del régimen a las demandas de cambio es atrincherarse e intensificar la represión;

J.Considerando que la represión brutal e incesante es el único mecanismo que mantiene vivo al régimen; que, en julio de 2021, miles de personas salieron a las calles en más de cincuenta localidades al grito de «¡Libertad!» (en la mayor ola de protestas desde 1994) y fueron reprimidas por policías de paisano, grupos paramilitares y los Comités de Defensa de la Revolución; que cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente y más de setecientas fueron juzgadas en procedimientos sumarios que el Parlamento condenó como «farsa judicial», con sentencias de hasta veinticinco años por protestar de forma pacífica, las cuales podrían constituir crímenes contra la humanidad; que el mensaje fue deliberadamente ejemplarizante: quien protesta pone en peligro su trabajo, su libertad, su familia o su vida;

K.Considerando que el régimen deniega de forma persistente la entrada a las delegaciones del Parlamento Europeo, a los relatores especiales de las Naciones Unidas y a los observadores independientes e insiste en que se excluya a la oposición democrática y a la sociedad civil independiente de cualquier diálogo político;

L.Considerando que en los últimos meses se han celebrado conversaciones entre el régimen y el Gobierno de los Estados Unidos, cuyo contenido no se ha hecho público, y que el régimen ha reconocido la existencia de negociaciones con Washington; que los Estados Unidos han adoptado sanciones específicas contra altos cargos del régimen y contra las instituciones de su aparato militar y de seguridad señalando la represión interna ejercida por el régimen y sus actividades hostiles en el extranjero; que ningún proceso de normalización debe producirse a expensas de los derechos humanos ni eximir al régimen de una rendición de cuentas;

M.Considerando que el régimen mantiene una estrecha cooperación militar con la Federación de Rusia, que incluye el presunto reclutamiento de miles de cubanos para luchar en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, algo que es incompatible con el espíritu del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba y contrario a los intereses de seguridad de la Unión; que, a finales de marzo de 2026, un petrolero de propiedad rusa que transportaba aproximadamente 730 000 barriles de petróleo crudo recibió permiso para atracar en la costa septentrional de Cuba;

N.Considerando que, el 2 de marzo de 2026, más de cincuenta organizaciones de la oposición y de la sociedad civil cubanas, tanto de la isla como del exilio, presentaron una hoja de ruta hacia la transición democrática conocida como «Acuerdo de Liberación», que establece tres fases —liberación, estabilización y reconstrucción, y democratización— que culminarían en elecciones libres, justas y multipartidistas supervisadas por la comunidad internacional; que toda transición debe estar dirigida por Cuba e incluir a todos los cubanos, tanto en la isla como en la diáspora;