1.Reafirma que la política de cohesión no debe compensar la rigidez presupuestaria ni sufrir recortes por las crisis y que, como estrategia de inversión a largo plazo, debe equipar a las regiones para hacer frente a las transiciones industrial, tecnológica, ecológica, digital, energética, social y demográfica, y crearlas conjuntamente; subraya que la política de cohesión solo puede cumplir todas estas tareas si se integra en un programa de financiación sólido, por lo que mantiene que debe garantizarse en el MFP posterior a 2027 una firme política de cohesión con una mayor financiación;

2.Recuerda que las regiones ultraperiféricas afrontan retos específicos en la transición hacia una Unión más ecológica, más digitalizada y menos dependiente del transporte mediante motores de combustión, debido a su lejanía de la red continental;

3.Reconoce que las transiciones ecológica y digital plantean retos significativos para el objetivo de cohesión económica, social y territorial consagrado en los Tratados; es consciente del riesgo de que se amplíen las disparidades regionales, de que se ahonde en las desigualdades sociales y de que aumente la «geografía del descontento», ya que los ajustes necesarios y los potenciales beneficios de la doble transición varían en gran medida de una región europea a otra e intensificarán dichas disparidades en los próximos años; considera que la política de cohesión debe superar las fuerzas económicas que favorecen una creciente aglomeración de actividades económicas de gran valor en centros urbanos e industriales si la Unión desea mantener su objetivo de cohesión económica, social y territorial consagrado en los Tratados;

4.Subraya que los planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030 y el logro de la neutralidad climática completa de aquí a 2050 tendrán efectos importantes en la cohesión económica, social y territorial de la Unión;

5.Subraya la importancia de prestar una atención adicional a los territorios con particularidades territoriales, como las regiones rurales, las islas, las regiones ultraperiféricas, las regiones montañosas y las regiones menos densamente pobladas, especialmente aquellas que se encuentran aisladas y que dependen en gran medida de los combustibles fósiles o de industrias concretas que están desapareciendo gradualmente;

6.Recomienda encarecidamente la inclusión de un objetivo político específico sobre la transición industrial en la política de cohesión de la Unión después de 2027; destaca que este objetivo debe promover la autonomía estratégica europea y abordar los problemáticos efectos secundarios de las transiciones ecológica y digital, y que ello debe lograrse a una velocidad aún mayor en estrecha cooperación con las autoridades locales y regionales con vistas a impulsar el empleo con puestos de trabajo de calidad, promover el reciclaje y la mejora de las capacidades de los trabajadores —especialmente de los trabajadores socialmente desfavorecidos y desempleados de larga duración— y mitigar las repercusiones negativas en el empleo y el bienestar social, mediante el apoyo y la diversificación de las economías locales, regionales y nacionales;

7.Considera que la política de cohesión de la UE después de 2027 debe seguir un enfoque más diferenciado y específico, complementando el uso de criterios relacionados con la renta para determinar el nivel de apoyo con criterios adicionales que también tengan en cuenta las características de las regiones, los retos específicos que afrontan en relación con el potencial de crecimiento futuro, como por ejemplo la tasa de desempleo juvenil, la tasa de paro de larga duración, los niveles de pobreza, la dependencia laboral de los sectores en transición y la inversión en investigación y desarrollo, así como la despoblación, el envejecimiento demográfico, la fuga de cerebros y el déficit de competencias existente;

8.Pide la ampliación del Fondo de Transición Justa (FTJ) en el período de programación posterior a 2027, al que debe dotarse de recursos financieros adicionales para apoyar a las regiones que dependen en gran medida de sectores que están experimentando una profunda transformación, como el sector del automóvil, teniendo en cuenta la pérdida neta de empleo que se espera se derive de la transición en este sector; considera que esta ampliación del FTJ debe centrarse en el nivel apropiado de las NUTS (nomenclatura de unidades territoriales para estadísticas), tener en cuenta las especificidades regionales, tener un ámbito de aplicación más amplio que el actual FTJ, diseñarse de manera que permita responder rápidamente a los nuevos retos que surjan en diversos sectores e industrias e integrarse plenamente en el Reglamento sobre disposiciones comunes, sobre la base de los principios de asociación y gobernanza multinivel y el enfoque de base local; asimismo, pide a Eurostat que estime la pérdida neta de empleo en el sector de la automoción que se derivará de las transiciones ecológica y digital;

9.Entiende que, a fin de determinar si debe considerarse que una región depende en gran medida de la industria del automóvil, deben tenerse en cuenta los siguientes indicadores: la contribución de la industria del automóvil al PIB regional; la parte de los productos de automoción en las exportaciones regionales; la contribución de la industria del automóvil al empleo regional; y la contribución de la industria del automóvil a la inversión total en I+D en la región;

10.Pide a la Comisión que simplifique los ejercicios de presentación de informes, por ejemplo ampliando el enfoque de «financiación no vinculada a los costes», cuando proceda, y buscando un equilibrio entre la atención prestada a los resultados y las repercusiones y la atención al gasto, con el fin de lograr una aplicación más eficiente, manteniendo al mismo tiempo un seguimiento sólido del uso de los fondos; considera que la «opción de costes simplificados» ha demostrado ser una medida muy positiva, y pide a la Comisión y a las autoridades de gestión que amplíen su aplicación a los proyectos industriales, ecológicos y digitales;

11.Subraya la necesidad de garantizar un trato justo a las microempresas, las pymes y pequeñas empresas de mediana capitalización en la distribución de los Fondos EIE simplificando los trámites administrativos necesarios para acceder a estos fondos y avanzando hacia la plena aplicación del principio de «solo una vez», que significa que los ciudadanos y las empresas solo están obligados a proporcionar cierta información normalizada a las autoridades una vez; reconoce además el papel fundamental de las microempresas y las pymes en la transición industrial y destaca la importancia de garantizar su participación activa en los proyectos y de asegurarles una financiación adecuada a través de mecanismos como los consorcios o los instrumentos alternativos;

12.Reconoce que, a pesar de que la digitalización sigue aportando actualmente beneficios económicos a todas las regiones, la transición digital está creando graves dificultades para las regiones menos desarrolladas; hace hincapié en la importancia de invertir en infraestructuras digitales y de desarrollar competencias digitales entre la población general y la mano de obra, con el fin de pasar de tecnologías intensivas en mano de obra a tecnologías intensivas en capital y evitar el fenómeno de la fuga de cerebros; destaca, a este respecto, el papel clave que desempeñan las instituciones educativas y de investigación locales, regionales y nacionales en el liderazgo de los centros de innovación digital, señalando el desperdicio de conocimientos especializados que se deriva de la falta de coordinación de las políticas regionales;

13.Destaca que es necesario un apoyo significativo para asistir a las regiones en su camino a la digitalización y el cumplimiento de los objetivos digitales fijados en el programa estratégico para 2030 denominado «Itinerario hacia la Década Digital»; considera, en este sentido, que las asociaciones público-privadas representan una forma posible de apoyar el desarrollo de competencias esenciales y de mejorar las perspectivas laborales y la adaptabilidad de los mercados laborales, así como su comportamiento en términos de productividad y eficiencia, convirtiéndolos en factores clave para el éxito de la transición digital; considera que nadie debe quedar relegado en el camino hacia la transición ecológica y digital de la Unión, sea cual sea su sector laboral, su tipo de contrato, su género, su edad o su ubicación geográfica;

14.Señala que los sectores manufactureros expuestos a la competencia global, y las regiones especializadas en ellos, pueden afrontar desafíos durante la transición ecológica, en particular si los competidores internacionales se benefician de unos precios más baratos de la energía y utilizan menos energía renovable; destaca que los costes de la energía renovable también desempeñarán un papel importante en estas dinámicas;

15.Recuerda que es probable que las regiones menos desarrolladas afronten un incidencia desproporcionada durante la transición ecológica, especialmente en lo relativo al paso del sector del transporte a soluciones descarbonizadas; considera necesario crear instrumentos específicos para apoyar la cadena de valor en el contexto de la transición ecológica de los vehículos y, más concretamente, de los sectores de semiconductores, baterías y componentes necesarios para los motores eléctricos, la conducción autónoma, la digitalización y la conectividad;

16.Considera que la descarbonización del transporte por carretera, que exige la transformación de toda la cadena de valor de la industria de la automoción con la eliminación gradual del motor de combustión de aquí a 2035, debe seguir una estrategia bien planificada de «transición de movilidad» y que esta estrategia debe implementar los cambios necesarios en toda la cadena da valor, inclusive en los procesos de producción, para evitar la deslocalización de la producción fuera de la Unión; subraya asimismo que esta estrategia debe garantizar una transición fluida y socialmente aceptable para los trabajadores y las empresas afectados, especialmente en las regiones menos desarrolladas y las regiones que se enfrentan a retos demográficos o territoriales; considera que el transporte ferroviario y de autobuses descarbonizado desempeñará en el futuro un papel en el transporte de cero emisiones netas y debe contar con el apoyo de una planificación pública a largo plazo a través de la expansión de las infraestructuras ferroviarias y de transporte público;

17.Considera que esta estrategia de transición de movilidad también debe incluir un plan detallado para el reciclaje y la mejora de las capacidades de los trabajadores o, en caso necesario, ofrecer opciones de empleo alternativas a las personas actualmente empleadas en el sector del automóvil; considera que este plan también debe incluir medidas para reforzar la presencia de las mujeres en este sector dominado por hombres y promover la integración de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo; opina asimismo que este plan debe ofrecer incentivos y apoyo para garantizar que las nuevas instalaciones industriales resultantes de la transición permanezcan en las regiones de que se trate, garantizando sus beneficios productivos y manteniendo así los efectos indirectos en dichas zonas; recomienda la creación de proyectos industriales sostenibles que completen todas las cadenas de suministro en esos territorios;

18.Pide a la Comisión que presente la propuesta necesaria para garantizar la continuidad del Mecanismo para una Transición Justa y su dotación con fondos suficientes y adicionales para incluir el apoyo a las regiones que dependen directa o indirectamente del sector y los servicios de la automoción y de la industrias proveedoras y sus servicios, en particular en el correspondiente Fondo de Transición Justa integrado en la política de cohesión, de modo que puedan promoverse sinergias y efectos indirectos con diversos fondos y programas europeos para abordar el proceso de transformación regional;

19.Recuerda que las autoridades locales y regionales son a menudo en gran medida responsables de la aplicación de las políticas relativas a la formación, y que la dimensión territorial de estas políticas reviste, por tanto, una importancia vital; recuerda, a tal fin, la importancia de la igualdad de capacidad administrativa y de acceso a la financiación y a la información en todas las regiones de la Unión;

20.Considera que los planes de transición justa para las regiones dependientes del sector de la automoción deben seguir sistemáticamente un enfoque de base local y ser gestionados por las autoridades competentes sobre la base de los principios de asociación y gobernanza multinivel, así como incentivar la cooperación interregional y transfronteriza entre las regiones en transición; hace hincapié, además, en la necesidad de dar prioridad a las inversiones en la transformación necesaria del sector que le permitirá adaptarse a las nuevas normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2, así como en programas de formación, reciclaje profesional y mejora de capacidades, y a las estrategias de diversificación económica sostenible a lo largo de toda la cadena de valor, para garantizar una transición fluida e inclusiva para los trabajadores y las economías regionales y locales;

21.Recuerda que cualquier decisión estratégica adoptada por fabricantes de equipo original (OEM) para pasar a una movilidad eléctrica, u otros avances técnicos como la conducción autónoma, la digitalización y las funciones de seguridad adicionales en los vehículos, tendrán inevitablemente un efecto de goteo y un impacto en los niveles inferiores de la cadena de valor local y regional;

22.Sugiere que se estudie la posibilidad de aplicar los planes de transición utilizando un enfoque basado en los resultados, incluyendo un grupo de proyectos que deberá acometer un beneficiario para contribuir a los objetivos de los planes; considera que, a fin de simplificar y reforzar la orientación basada en resultados, la gestión puede basarse exclusivamente en hitos, productos y resultados previamente acordados entre la Comisión Europea y las autoridades de gestión; opina que el control y la auditoría de un plan de transición también debe limitarse a si este logra sus hitos y objetivos;

23.Reconoce la importancia de prestar apoyo a todas las empresas de los sectores en transición, haciendo especial hincapié en las microempresas, las pymes y las pequeñas empresas de mediana capitalización, que posiblemente dispongan de recursos limitados para lograr la transformación necesaria; destaca la importancia de una asistencia específica para ayudar a las microempresas, a las pymes y a las pequeñas empresas de mediana capitalización a adquirir, actualizar y mantener activos físicos e infraestructuras, así como a invertir en investigación y desarrollo; hace hincapié en la necesidad de programas de financiación específicos, iniciativas de desarrollo de capacidades, intercambio de conocimientos y mejores prácticas y asistencia técnica específicamente adaptados a las necesidades de las microempresas, las pymes y las pequeñas empresas de mediana capitalización, a fin de garantizar su integración y participación con éxito en el panorama cambiante del sector;

24.Destaca la necesidad de salvar la brecha de financiación en I+D en la Unión y alcanzar el objetivo de invertir el 3 % de su PIB en I+D;

25.Pide a los Estados miembros que establezcan un ecosistema adecuado y equitativo para el despliegue de la movilidad eléctrica de conformidad con el Reglamento relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos; recuerda que determinados conceptos que funcionan en zonas urbanas son menos viables o insuficientes en el caso de las zonas rurales y destaca la importancia de ofrecer infraestructuras públicas de combustibles alternativos en las regiones rurales, insulares y remotas así como en las regiones con baja densidad de población que no estén adecuadamente cubiertas por los proveedores privados, para satisfacer las necesidades de sus habitantes y visitantes; considera, a este respecto, que el precio de este servicio prestado públicamente debe ser competitivo con el precio medio del servicio ofrecido por los proveedores privados; considera que, para tal fin, debe desarrollarse un marco político y normativo para la movilidad eléctrica sobre la base de un análisis en profundidad de la situación a fin de identificar los principales retos que afronta esta política así como las oportunidades para llevarla a buen término;

26.Pide a la Comisión que amplíe los programas «exchangeEU» y «TARGET» (asistencia técnica para la transición a la energía ecológica) a las regiones del sector de la automoción en transición, a fin de fomentar el intercambio de experiencias y resultados entre las regiones con sectores económicos en declive, como el carbón o la turba, y aquellas con sectores transformadores, como la fabricación y provisión del sector de la automoción; está convencido de que compartir esta experiencia, junto con la aplicación de los planes de transición apoyados por los fondos EIE, puede ayudar a las regiones de los sectores de la automoción y de los proveedores a lograr una transición sin problemas hacia unas actividades climáticamente neutras;

27.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros.