1.Considera que la aplicación de los derechos y las obligaciones de los Parlamentos nacionales derivados del Tratado de Lisboa ha reforzado su papel dentro del marco constitucional europeo, facilitando así un mayor pluralismo, una mayor legitimidad democrática y un mejor funcionamiento de la Unión;

2.Entiende que la rendición de cuentas por parte de los Gobiernos de los Estados ante los Parlamentos nacionales, tal como se reconoce en el apartado 2 del artículo 10 del TUE, es la piedra angular del papel de las cámaras parlamentarias nacionales en la Unión Europea; considera que los Parlamentos nacionales son socios en el mantenimiento del equilibrio institucional de la Unión; anima a los Parlamentos nacionales a que aprovechen al máximo sus funciones europeas para ejercer una influencia y un control directos en el contenido de las políticas europeas, en particular mediante el seguimiento de la acción de sus Gobiernos nacionales en su condición de miembros del Consejo Europeo; pide a los diputados de los Parlamentos nacionales y regionales que fomenten una conciencia europea en su toma de decisiones y reconozcan el impacto directo de las políticas de la Unión en sus electores; elogia la buena experiencia de cooperación entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo y considera que los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo tienen el potencial de ser aliados naturales a la hora de configurar una dimensión parlamentaria más fuerte de la Unión;

3.Pide a los Estados miembros que garanticen que a los Parlamentos nacionales se les conceda el suficiente tiempo, la capacidad, los recursos y el acceso necesario a la información para llevar a cabo su función constitucional de control y, por tanto, de legitimación de la actividad de los Gobiernos nacionales cuando estos actúan en un ámbito europeo; recuerda la importancia del acceso a la información y reconoce que el Consejo debe adoptar las salvaguardias necesarias en materia de seguridad de los documentos, garantizando al mismo tiempo que los Parlamentos nacionales puedan ejercer un control democrático sobre sus respectivos Gobiernos, por ejemplo mediante el acceso a la base de datos legislativa del Consejo, respetando plenamente también la confidencialidad;

4.Considera que la transparencia de los métodos de trabajo y de los procesos decisorios de las instituciones de la Unión constituye una condición previa para posibilitar a los Parlamentos nacionales el desempeño eficaz de su función institucional derivada de los Tratados; pide, por lo tanto, que se hagan públicos los resultados de las votaciones y las posiciones de los Estados miembros en el Consejo; pide asimismo que los Parlamentos nacionales hagan pleno uso de sus respectivas competencias, por ejemplo, adaptando para ello su organización interna, sus calendarios y sus reglamentos internos; se compromete a introducir, y anima a los Parlamentos nacionales a que lo hagan, herramientas de cooperación más innovadoras y más sólidas a nivel político y administrativo, incluidas formas más intensas de intercambio y diálogo con las familias y grupos políticos europeos;

5.Anima a intensificar el diálogo político entre las instituciones europeas y los Parlamentos nacionales y recuerda que las decisiones deben adoptarse con arreglo a las competencias constitucionales, los Tratados de la Unión y el acervo de la Unión, y teniendo en cuenta el claro límite existente entre las respectivas competencias decisorias de los órganos locales, regionales y nacionales y europeos;

6.Manifiesta que la armonización del Semestre Europeo con las agendas de los Parlamentos nacionales podría contribuir también a coordinar las políticas económicas, subrayando al mismo tiempo que tal armonización no debe dejar de tener en cuenta las competencias de autogobierno y las normas específicas de procedimiento de cada Parlamento;

7.Pide que los Parlamentos nacionales desempeñen un papel más importante la implantación de un período nacional de diálogo presupuestario y política económica, durante el cual los Parlamentos nacionales puedan cooperar y debatir sobre el Semestre Europeo y contribuir a este, otorgando un mandato a sus propios Gobiernos en sus relaciones con la Comisión y el Consejo;

8.Destaca la importancia del principio de representación proporcional de miembros de distintos partidos políticos a este respecto; recomienda, por tanto, que las delegaciones parlamentarias nacionales que actúen ante las instituciones europeas reflejen la diversidad política;

9.Observa el hecho de que la voluntad vinculante de las mayorías parlamentarias podría expresarse en los dictámenes emitidos por los Parlamentos nacionales, dentro o fuera del marco del sistema de alerta rápida; suscribe la idea, sin embargo, de que las minorías políticas parlamentarias nacionales tengan la posibilidad de manifestar puntos de vista discrepantes, que podrían incorporarse en los anexos de dichos dictámenes;

10.Considera que la interacción con los Parlamentos nacionales puede reforzarse indirectamente mediante la capacitación de los partidos políticos europeos; reitera su antiguo llamamiento para que estos partidos puedan participar activamente en las esferas políticas de los Estados miembros y apoyar a sus partidos miembros cuando estén en juego cuestiones de la Unión; pide una rápida conclusión de la refundición del Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas DO L 317 de 4.11.2014, p. 1., para que los partidos políticos europeos puedan apoyar a sus partidos miembros en la campaña para las elecciones europeas y las campañas de referendos que afectan a asuntos de la Unión;

11.Considera que la creación de una Semana Europea anual permitiría a los diputados al Parlamento Europeo, a los comisarios y a los ministros de las Presidencias en ejercicio del Consejo comparecer ante todos los Parlamentos nacionales y, en su caso, regionales, para debatir y explicar la agenda europea junto con los parlamentarios nacionales; sugiere que se abra un debate sobre la elaboración de una declaración política común o de un acuerdo marco entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo sobre la organización de la Semana Europea propuesta, con el fin de proporcionar un marco de cooperación más coherente a nivel político, institucional y administrativo; considera que la Semana Europea propuesta debe extraer lecciones de foros actuales y anteriores, como la semana parlamentaria organizada por la Conferencia del Semestre Europeo y la Conferencia Interparlamentaria sobre Estabilidad, Coordinación Económica y Gobernanza en la Unión Europea, así como de la Conferencia sobre el Futuro de Europa; considera, por otra parte, que las reuniones de familias políticas y las reuniones entre los grupos políticos nacionales y europeos y en su seno en el marco de la cooperación interparlamentaria en la Unión puede aportar valor añadido en forma de un auténtico debate político europeo;

12.Considera que una mayor participación de los Parlamentos nacionales de los países candidatos es una herramienta esencial para que la estrategia de ampliación de la Unión tenga éxito; sugiere la participación de representantes de los Parlamentos nacionales de los países candidatos en la Semana Europea propuesta;

13.Subraya que la prerrogativa más sustancial para los Parlamentos nacionales que implicó el Tratado de Lisboa fue su capacidad de controlar el cumplimiento del principio de subsidiariedad en las etapas iniciales de los procedimientos legislativos de la Unión;

14.Señala que procedimientos como las tarjetas «amarilla» o «naranja» no se han utilizado demasiado; propone que todas las instituciones de la Unión y los Estados miembros acuerden una comprensión común de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad anejos inicialmente al Tratado de Ámsterdam, la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como la propia práctica de la Comisión; considera que el desarrollo de esta comprensión común debe incluir todos los elementos de la subsidiariedad y podría fomentarse a través de nuevos instrumentos de cooperación;

15.Toma nota de la solicitud formulada por Parlamentos nacionales de ampliar el período de ocho semanas del que disponen para emitir dictámenes motivados en virtud del artículo 3 del Protocolo n.° 1; subraya, no obstante, que el marco del Tratado actual no prevé tal ampliación; señala que, como medida de atenuación, a partir de 2019, la Comisión comenzó a excluir el período festivo de fin de año al establecer el plazo de ocho semanas para que los Parlamentos nacionales envíen dictámenes motivados; considera, por lo tanto, que la introducción de un período de doce semanas debería reconsiderarse en el marco de la próxima revisión del Tratado;

16.Insta a los Parlamentos nacionales a que incluyan sistemáticamente los dictámenes motivados de los Parlamentos regionales con competencias legislativas en sus dictámenes motivados finales que se envían a los presidentes del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, especialmente cuando puedan verse afectadas competencias regionales exclusivas;

17.Propone que se cree un sistema, en ocasiones denominado «procedimiento de "tarjeta verde"», por el que al menos un tercio de los Parlamentos nacionales pueda solicitar que la Comisión o al Parlamento Europeo, una vez que se le haya concedido a este último un derecho general directo de iniciativa, presenten propuestas con el fin de influir de forma positiva en el debate europeo; sugiere, a este respecto, que la Comisión o el Parlamento Europeo sigan teniendo margen discrecional para asumir tales propuestas o formular una respuesta oficial en la que ponga de relieve las razones para no hacerlo; señala que este procedimiento no puede consistir en un derecho de iniciativa, o un derecho a retirar o modificar medidas legislativas, so pena de desnaturalizar el «método de la Unión» y la distribución de competencias entre los niveles nacional y europeo, vulnerando así los Tratados;

18.Reafirma que el artículo 12 del TUE y el Protocolo n.º 1 otorgan a los Parlamentos nacionales el derecho a recibir información directamente de las instituciones europeas; propone que el derecho a ser informado se amplíe también a los Parlamentos regionales con competencias legislativas;

19.Recomienda a los Parlamentos nacionales el uso oportuno de la plataforma IPEX para garantizar una rápida puesta en marcha del mecanismo de control nacional; sugiere utilizar la plataforma IPEX como un canal para el intercambio sistemático de información y la determinación temprana de los problemas en materia de subsidiariedad; acoge con satisfacción la versión actualizada de las Directrices IPEX, aprobada en la reunión de secretarios generales de febrero de 2023, en la que se refleja la nueva versión de la plataforma IPEX y las oportunidades y herramientas que ofrece esta nueva versión;

20.Toma buena nota de la cooperación actual entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales en la COSAC, en la Conferencia Interparlamentaria sobre la Política Exterior y de Seguridad Común y en el marco del artículo 13 del TECG; toma nota asimismo de formas más recientes de cooperación interparlamentaria, como el Grupo Conjunto de Control Parlamentario de Europol y la reunión interparlamentaria de comisiones sobre la evaluación de Eurojust; destaca que dicha cooperación debe desarrollarse sobre la base de los principios de consenso, intercambio de información y consulta, para que los Parlamentos nacionales puedan ejercer control sobre sus respectivos Gobiernos y administraciones;

21.Reitera que debe simplificarse y armonizarse el marco actual de las relaciones entre la Unión y los Parlamentos nacionales para lograr que sea más eficiente y efectivo; pide, en este contexto, una revisión de la colaboración entre la Unión y sus Parlamentos nacionales a través de los foros y plataformas existentes con vistas a reforzar estas relaciones y adaptarlas a las necesidades actuales; anima a las instituciones europeas y a los Parlamentos regionales con competencias legislativas a que colaboren más activamente e interactúen entre sí, respetando al mismo tiempo el papel y las competencias de los Parlamentos nacionales;

22.Subraya que reforzar el diálogo político y técnico entre las comisiones parlamentarias, y los grupos políticos, tanto a escala nacional como europea, sería un paso extraordinariamente positivo hacia una plena cooperación interparlamentaria; sugiere, a tal fin, aumentar la sensibilización a nivel nacional sobre las posibles herramientas de cooperación; propone, por lo tanto, la asignación de recursos adicionales para alcanzar este objetivo, como, por ejemplo, la financiación del uso de videoconferencias, de los intercambios de personal o de proyectos piloto;

23.Reconoce la pertinencia de las reuniones interparlamentarias de comisiones establecidas en los artículos 9 y 10 del Protocolo n.º 1 y el éxito sectorial de un «método de comisión» en la cooperación interparlamentaria; considera que podría lograrse una mejor cooperación interinstitucional si los diputados al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales otorgaran una mayor importancia a las reuniones interparlamentarias de comisiones y estas se prepararan en el marco de una cooperación más estrecha; considera que el Reglamento interno podría modificarse para regular formas más sólidas de cooperación entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, en el pleno respeto de sus competencias institucionales y el reparto de estas;

24.Recomienda que los Parlamentos nacionales participen plenamente en el desarrollo continuo de la PCSD; considera que dicha participación debe promoverse en estrecha cooperación con el Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 10 del Protocolo n.° 1 y respetando íntegramente las disposiciones de las Constituciones nacionales con respecto a las políticas de seguridad y defensa; pide a los Parlamentos nacionales que reflexionen con más detenimiento sobre la priorización de las capacidades de defensa en el ámbito de la Unión, por ejemplo, mediante reuniones interparlamentarias conjuntas entre representantes de los Parlamentos nacionales y diputados al Parlamento Europeo, en el marco de la Conferencia Interparlamentaria sobre PESC/PCSD y por medio del diálogo político;

25.Recuerda la importancia de reforzar la colaboración y el diálogo entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo sobre el derecho de investigación;

26.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.