1.Recuerda que el acceso universal a una energía asequible y sostenible es un derecho humano básico y una condición previa para alcanzar los ODS y lograr el objetivo de no dejar a nadie atrás; reconoce, a tal efecto, el papel de la financiación pública y privada; destaca que un futuro con cero emisiones netas de carbono y el desarrollo de las energías renovables deben ir acompañados de una diversificación económica, una industrialización ecológica, una descarbonización, una reducción de la pobreza y de un enfoque basado en los derechos humanos;

2.Destaca que garantizar un suministro energético estable no es solo una cuestión económica y logística, sino también geopolítica; recuerda que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha tenido graves repercusiones en los mercados energéticos mundiales, en particular en los países en desarrollo, y que sigue siendo necesaria una acción coordinada para garantizar un suministro energético estable y unos precios asequibles;

3.Pide a la Unión que impulse el acceso a la energía renovable en los países en desarrollo por medio de un apoyo estratégico, regulador y administrativo, incluidos el refuerzo de capacidades y las transferencias de tecnología; alienta las asociaciones que se alejen de la explotación de los recursos fósiles y se centren en el uso de energías no contaminantes; recalca que es necesario asegurar que las inversiones verdes contribuyan al desarrollo socioeconómico y a una mayor participación de los países en desarrollo en el nuevo panorama geopolítico de energía de cero emisiones netas;

4.Destaca la necesidad de desarrollar soluciones que contribuyan al despliegue de las energías renovables en los países en desarrollo, incluidas la energía oceánica y fluvial, al tiempo que protegen la biodiversidad; subraya el importante potencial existente en los países en desarrollo para la instalación de capacidad de producción de energías renovables marinas; hace hincapié en la necesidad de una gestión holística de las zonas marítimas, en la que participen todas las partes interesadas pertinentes y se respete el consentimiento de las comunidades locales;

5.Anima encarecidamente a los países en desarrollo a que se comprometan con la justicia energética a través de sus marcos reguladores, que deben garantizar la aceptación local, la participación de la comunidad, la protección de los derechos de tenencia de la tierra y el respeto de las normas internacionalmente reconocidas en materia de derechos humanos, con el objetivo de asegurar el acceso de todos a una energía asequible; subraya la necesidad de vincular las asociaciones energéticas a la adopción de marcos reguladores y de prestar asistencia técnica para su aprobación;

6.Señala que la seguridad energética requiere un enfoque específico de género; destaca que la pobreza energética afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas; pone de relieve su participación diaria en la recogida de leña y carbón vegetal lejos de sus hogares; solicita la inclusión de las mujeres como agentes activos en el proceso de transición energética, también en lo que se refiere a las zonas marinas protegidas;

7.Pide a la Unión que intensifique su apoyo técnico a la integración de la perspectiva de género en la transición energética, en particular dando prioridad a los proyectos energéticos con perspectiva de género en los que participen organizaciones y empresas energéticas dirigidas por mujeres y garanticen asimismo la implicación local, prestando especial atención a los países menos desarrollados y a los países de renta media que sufren importantes desigualdades dentro del país en cuanto al acceso a la energía y a los modos de cocinar no contaminantes; hace hincapié en la importancia de recopilar datos desglosados por género sobre el acceso a la energía, al objeto de que guíen la acción exterior de la Unión en lo que respecta a la energía; señala que la pobreza energética también afecta a las minorías y las comunidades marginadas;

8.Manifiesta su preocupación por las consecuencias para la salud y el medio ambiente de las emisiones procedentes de la leña usada en los hogares, tales como enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cancerosas, degradación forestal, emisiones de gases de efecto invernadero y pérdida de biodiversidad; llama la atención sobre el riesgo asociado al mayor uso de combustibles de cocina contaminantes para satisfacer las necesidades energéticas de una población en crecimiento, en particular en el África subsahariana;

9.Destaca que en muchos lugares las personas que viven en una situación de pobreza extrema ya no tienen acceso a la leña y que, como consecuencia, se calientan y cocinan utilizando otros materiales que se encuentran en el hogar o en sus alrededores, como neumáticos y otras sustancias nocivas para la salud; pone de relieve, en este contexto, que la contaminación del aire de los hogares afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas;

10.Señala que el ritmo de expansión actual de los combustibles no contaminantes utilizados para cocinar en muchos países en desarrollo no es lo suficientemente rápido para cumplir en 2030 los objetivos en virtud del ODS 7; reconoce los diversos retos relacionados con la adopción de un modo de cocinar no contaminante y de cocinas adecuadas que se ajusten las normas de la OMS; hace un llamamiento para sensibilizar sobre el riesgo que entraña para la salud la contaminación del aire de los hogares resultado de las prácticas de cocina tradicional, así como sobre las ventajas que reportan otras alternativas; insta a la Unión a que apoye económicamente, defienda e impulse actuaciones nacionales en los países socios;

11.Pide asimismo a la Unión que incorpore el acceso a modos de cocinar no contaminantes como una prioridad en el marco de sus asociaciones energéticas y sus programas indicativos plurianuales con los países en desarrollo, así como en la programación de la cooperación a niveles local, regional y nacional; destaca la importancia de consultar a la sociedad civil sobre el terreno, en particular a las organizaciones dirigidas por mujeres, con vistas a lograr la igualdad de género y promover un reparto más equitativo de las tareas domésticas y asistenciales entre hombres y mujeres, en consonancia con el concepto de sociedad asistencial; señala las oportunidades que ofrecen iniciativas de Global Gateway como Modern Cooking Facility for Africa (Mecanismo de modos de cocinar modernos para África) y Strengthening the Entrepreneurial Environment for Clean Cooking (Refuerzo del entorno empresarial para un modo de cocinar no contaminante);

12.Pide a la Unión, además, que preste especial atención a la infraestructura y los servicios públicos, incluida la construcción de sistemas de alcantarillado y el acceso a los mismos, así como el acceso de los hogares o las comunidades a pozos o sistemas de purificación del agua;

13.Lamenta el efecto devastador de la falta de acceso a la electricidad sobre las necesidades esenciales de la población; pide a la Unión y a sus Estados miembros que hagan de la electrificación una prioridad en su cooperación y asociación con los países en desarrollo; resalta, en particular, la necesidad de invertir en capacidad de generación, especialmente en el África subsahariana, con el fin de alcanzar el objetivo de acceso universal a la energía;

14.Llama la atención sobre las oportunidades de acceso a energías alternativas, como los recursos energéticos geotérmicos no explotados; señala que las ayudas a la asequibilidad de los costes de la energía son cruciales para ampliar el acceso a la electricidad, en especial en África, donde el 30 % de la población no puede permitirse un conjunto esencial de servicios de electricidad;

15.Expresa su preocupación por las crecientes necesidades energéticas de los refugiados y los desplazados internos que viven en campamentos; lamenta que, en las zonas aisladas y los emplazamientos humanitarios, la inseguridad energética impida el pleno funcionamiento de las clínicas y las escuelas;

16.Destaca la necesidad de incrementar la dotación de la línea presupuestaria de ayuda humanitaria en el contexto de la revisión del marco financiero plurianual con el fin de satisfacer las necesidades humanitarias, en particular intensificando la ayuda financiera para asegurar el suministro de energía en los campamentos, también a través de proyectos ecológicos sin conexión a redes, minirredes y energías renovables, a fin de garantizar que las organizaciones humanitarias sobre el terreno puedan prestar ayuda humanitaria básica, en especial asistencia médica y urgente;

17.Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que garanticen la coherencia de las políticas en favor del desarrollo sostenible en el conjunto de la política exterior de la Unión en materia de energía, que debe adaptarse a las especificidades y necesidades locales;

18.Reitera su compromiso con la justicia energética; pide a la Unión que apoye a los países en desarrollo en la aplicación de regímenes de energías renovables basados en derechos que contribuyan eficazmente al desarrollo sostenible de dichos países; considera que el principio del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas es un prerrequisito para el éxito de una transición energética ecológica y justa; destaca la importancia de fomentar la eficiencia energética y las capacidades locales y de impulsar la innovación tecnológica, la transferencia de tecnología y la cooperación técnica en esos proyectos de transición energética;

19.Destaca la necesidad de que la Unión apoye a los países en desarrollo, cuando sea necesario, en el establecimiento o el refuerzo de marcos reguladores que garanticen la distribución de la energía y el servicio universal en sus territorios, así como la capacidad de buena gobernanza y la transparencia en cualquier proyecto de transición energética; pide a la Unión que mejore la asistencia técnica a la reforma de los sistemas eléctricos; solicita, además, a la Comisión que informe sobre los progresos realizados en la mejora del acceso a la energía y la regulación del sector de la energía a través de proyectos e inversiones específicos de la Unión en los países socios en desarrollo;

20.Destaca los potenciales riesgos de conflictos en torno al uso del suelo y al uso del agua, en particular por el reasentamiento y la expropiación forzosos en el caso de las instalaciones de energía renovable de gran envergadura; insta a la Unión a que ayude mediante sus asociaciones a los Gobiernos de los países en desarrollo a:a)llevar a cabo una cartografía independiente y no sesgada del uso tradicional del suelo y del agua, incluidos el pastoreo temporal, el patrimonio cultural autóctono y los sistemas de biodiversidad de gran valor, antes de poner en marcha proyectos de energías renovables, con vistas a impulsar una planificación del uso del suelo sostenible y evaluar el impacto medioambiental y social;b)buscar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales, garantizando al mismo tiempo su derecho a decir no, así como sus derechos a la justicia, la reparación y una indemnización o remuneración;c)definir criterios medioambientales y sociales y prácticas empresariales responsables en consonancia con los marcos normativos internacionales y garantizar su cumplimiento mediante mecanismos de supervisión y reclamación;d)asegurar la protección de los activistas en defensa del clima;e)facilitar el intercambio de conocimientos y de buenas prácticas entre los países y regiones en desarrollo que hayan logrado gestionar con éxito conflictos por el uso de la tierra relacionados con proyectos energéticos;

21.Señala que es esencial que se lleven a cabo las consultas adecuadas con los usuarios habituales de la tierra (como los pastores) en el caso de determinados proyectos de energía verde (como proyectos de energía eólica y solar) de gran envergadura, por ejemplo, los puestos en marcha en zonas áridas; recuerda que los derechos de las comunidades tradicionales tienen un estatuto jurídico débil y que con frecuencia no se aplican, lo que podría elevar el riesgo de acaparamiento de tierras; pide a la Unión y a sus países socios, en este contexto, que reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad y el control consuetudinarios de sus tierras y recursos naturales, como establecen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que cumplan el principio de consentimiento libre, previo e informado;

22.Recomienda que los Estados miembros de la Unión que aún no lo hayan hecho ratifiquen el Convenio n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales;

23.Reconoce el impacto que las prácticas de conversión de energía intensivas en el uso de agua, como las centrales hidroeléctricas y la producción de hidrógeno, pueden tener en las comunidades agrícolas; destaca los efectos adversos de las represas hidroeléctricas en los ríos y la biodiversidad, en particular en los estuarios, tal como se indica en el informe de la Comisión Mundial de Represas, de 16 de noviembre de 2000, entre otras fuentes; resalta, no obstante, el capacidad de desarrollo de potencia osmótica, en particular en estuarios y deltas, de cara a ofrecer soluciones para la generación de energía renovable;

24.Recuerda que los proyectos de energía hidroeléctrica de gran envergadura en países en desarrollo se enfrentan a menudo a un conjunto de desafíos, como unos costes iniciales prohibitivos, importantes sobrecostes y retrasos, dificultades para atraer financiación, repercusiones sociales y medioambientales, una vulnerabilidad frente al cambio climático y un historial deficiente en lo que respecta a entregar la potencia prometida; insiste en la importancia de promover proyectos sostenibles de energía hidroeléctrica elaborando evaluaciones exhaustivas del impacto medioambiental y social y garantizando una participación significativa de las comunidades; opina que, en la medida de lo posible, debe otorgarse prioridad a otros tipos de proyectos de energías renovables a pequeña escala y diferentes;

25.Subraya que, según las recomendaciones del informe de la Comisión Mundial de Represas de 16 de noviembre de 2000, toda planificación de represas debe evaluarse con arreglo a cinco valores: equidad, eficiencia, toma de decisiones participativa, sostenibilidad y responsabilidad; pone de relieve, en líneas más generales, que en el proceso de toma de decisiones sobre las represas ha de tenerse plenamente en cuenta la noción de derechos humanos, según se consagra en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en los convenios conexos aprobados posteriormente a fin de resolver las cuestiones complejas relacionadas con el agua, las represas y el desarrollo; subraya que la Unión debe colaborar, dentro del ámbito de competencias de sus asociaciones, con los países en desarrollo, a fin de garantizar que se compense de forma adecuada a aquellas comunidades afectadas por proyectos de represas y que se les faciliten medidas adecuadas de restauración de sus medios de vida;

26.Expresa su preocupación por la fragilidad de las instalaciones frente a los fenómenos meteorológicos extremos, como han puesto de manifiesto las recientes inundaciones de Libia, que arrastraron barrios enteros y dañaron infraestructuras críticas; insiste en las metas cruciales del ODS 9, que busca construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación;

27.Observa con preocupación que en África se ejecuta un número cada vez mayor de proyectos de combustibles fósiles, lo que podría impedirle llevar a cabo una transición oportuna hacia las energías renovables; observa asimismo que, aunque África alberga el 18 % de la población mundial, solo representa el 6 % del consumo mundial de energía; recuerda que una gran parte de la producción actual de petróleo, gas y carbón en África se destina a la exportación, mientras que en el continente sigue prevaleciendo la pobreza energética; insiste en que hace falta priorizar la inversión en infraestructuras sostenibles de energías renovables en África, en especial en las comunidades rurales y marginadas, mediante el establecimiento de sistemas energéticos descentralizados y minirredes de energía;

28.Pide a la Unión que impulse el desarrollo de sistemas energéticos que no entrañen ni dependan de la expansión de proyectos de combustibles fósiles existentes o nuevos, en consonancia con las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía; destaca la importancia de las asociaciones ventajosas para todas las partes, que beneficien también a los países exportadores y a sus poblaciones en términos de energías renovables;

29.Denuncia el doble rasero con el que actúan las instituciones financieras públicas y privadas de los países desarrollados al asumir cada vez más compromisos para lograr la neutralidad en carbono en 2050, pero sin dejar de financiar el desarrollo y la expansión de los combustibles fósiles; subraya que los llamamientos a los países de rentas bajas y medias para que reduzcan su dependencia del carbón no serán eficaces mientras los países desarrollados sigan confiando de manera decidida en otros combustibles fósiles;

30.Recuerda que las alternativas basadas en energías renovables pueden ofrecer una fuente de energía cada vez más barata, accesible, inclusiva y fiable; pone de relieve el papel de las energías renovables en el aumento de la adaptación y la eficiencia de los sistemas agroalimentarios; pide a la Unión y a sus Estados miembros que conviertan el uso de las energías renovables en los sistemas agroalimentarios en una prioridad en sus acuerdos de asociación con terceros países;

31.Recomienda que se lleve a cabo un ejercicio conjunto de planificación de la transición energética en el marco de la asociación entre la Unión Europea y la Unión Africana, apoyándose en la Asamblea Parlamentaria Paritaria África, el Caribe y el Pacífico/Unión Europea y en las sociedades civiles africanas, al tiempo que se respeta la soberanía de las naciones africanas; recomienda que se elaboren directrices para el reparto equitativo de las inversiones, los ingresos, las tecnologías y las capacidades;

32.Pide a la Unión y a sus Estados miembros que incluyan programas de educación y formación para la población local en sus asociaciones energéticas con terceros países a fin de respaldar la transición energética sobre el terreno y crear oportunidades de empleo para las comunidades locales; pide asimismo a la Unión que intensifique la cooperación científica con los países en desarrollo en materia de acceso a la investigación y a las tecnologías de energías renovables; considera que debe cambiarse la matriz de generación de energías renovables para alejarse de un punto de vista puramente extractivo;

33.Recuerda que la Declaración de Glasgow, de 2021, sobre el apoyo público internacional a una transición hacia energías no contaminantes obliga a los signatarios a poner fin a las nuevas ayudas públicas directas al sector de las energías basadas en combustibles fósiles; pide a la Unión y a sus Estados miembros que lideren con su ejemplo y dejen de financiar proyectos de combustibles fósiles;

34.Resalta el papel crucial del hidrógeno verde como herramienta para descarbonizar el sistema energético, lograr cero emisiones netas en todo el mundo de aquí a 2050 y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, pero recuerda la importancia de las evaluaciones del ciclo de vida que tienen en cuenta los modos de producción y transporte utilizados;

35.Advierte del riesgo potencial de una nueva «maldición del hidrógeno verde» que agravaría la dependencia de los países en desarrollo de las exportaciones y podría reducir las inversiones en el desarrollo de mercados energéticos locales; afirma que la industria del hidrógeno verde puede desempeñar un papel crucial en el crecimiento de los países en desarrollo ricos en recursos si concurren determinados factores, como la buena gobernanza, la aplicación y el seguimiento de un marco jurídico sólido, la prevención de la corrupción, el funcionamiento del Estado de Derecho y la transparencia con respecto a los flujos financieros;

36.Pone de relieve la necesidad de abordar la cuestión de las infraestructuras mundiales relacionadas con la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución y el consumo de hidrógeno verde, los costes y el impacto climático del transporte de larga distancia, las inversiones y capacidades financieras limitadas y los riesgos relacionados con la debilidad de las instituciones y la corrupción en algunos países en desarrollo;

37.Pide a la Unión que respalde, en particular a través de la iniciativa Global Gateway, asociaciones ventajosas para todas las partes que beneficien tanto a los países importadores como a los exportadores y a sus poblaciones; solicita, a tal fin, que la Unión apoye el desarrollo de una cadena de valor del hidrógeno verde cuando aporte beneficios sociales y económicos equivalentes a los países exportadores, en particular en términos de formación y reciclaje profesional de la población local, creación de empleo, descarbonización de actividades industriales con emisiones difíciles de reducir y acceso a una movilidad y una energía más limpias;

38.Pide a la Unión que favorezca la diversificación económica y el acceso nacional a la electricidad y al agua, respetando plenamente los ecosistemas y con vistas a reducir la dependencia excesiva de las exportaciones de combustibles fósiles; destaca que la mejora de la colaboración entre las empresas y las pymes de la Unión y de los países socios, combinando los conocimientos especializados de distintos socios afines, puede crear una vía para unas iniciativas empresariales sólidas en el sector del hidrógeno verde;

39.Es consciente de que la expansión del hidrógeno verde puede tener también repercusiones sociales y medioambientales negativas en el Sur Global, en particular porque depende de la explotación minera y del uso de materias primas y tierras raras, que requieren grandes cantidades de agua dulce y contaminan las aguas; destaca la necesidad de desarrollar un sistema mundial de gobernanza de los recursos que dé prioridad a la sostenibilidad, la eficiencia y la circularidad, con vistas a reducir la demanda mundial de materias vírgenes, al tiempo que reconoce también los desafíos para lograrlo;

40.Pone de relieve la necesidad de adoptar un enfoque sistémico al evaluar las oportunidades y consecuencias a escala local de la producción de hidrógeno verde para las necesidades europeas en los países en desarrollo; destaca que la Unión debe garantizar la sostenibilidad de las materias primas fundamentales extraídas, transformadas y recicladas, que son esenciales para el hidrógeno y otras tecnologías de cero emisiones;

41.Observa con preocupación el uso conflictivo del agua asociado a la minería y el desarrollo de centrales de energías renovables de gran envergadura, como las instalaciones del hidrógeno verde; reafirma que el acceso al agua es un derecho humano fundamental; subraya la necesidad de mejorar las infraestructuras hídricas en las regiones donde predominan la minería y las centrales de energías renovables, mediante la inversión en instalaciones de tratamiento de aguas y en sistemas de reciclado del agua;

42.Subraya la necesidad de regular el agua como recurso para la producción de hidrógeno verde de manera sostenible, en particular en las regiones áridas, también mediante la aplicación de normas que requieran técnicas sostenibles de extracción de agua, un uso eficiente del agua y la minimización de los vertidos de aguas residuales, de modo que no se ponga en peligro el acceso al agua de las poblaciones locales ni aumente el coste del agua;

43.Toma nota de la proliferación de plantas desalinizadoras para hacer frente a la escasez de agua; reconoce que las plantas desalinizadoras pueden beneficiar a las comunidades locales y a la economía nacional, pero señala que la desalinización de agua marina puede tener importantes repercusiones medioambientales, en particular en la biodiversidad marina; pide que se promueva un enfoque sostenible en la desalinización del agua y soluciones que no afecten a las zonas costeras, como la desalinización en aguas profundas; destaca que reducir el uso de agua y reciclar o reutilizar las aguas residuales tratadas suele resultar menos costoso que desalinizar;

44.Destaca los potenciales riesgos de acaparamiento de agua y contaminación del agua asociados a inversiones extranjeras directas en la adquisición de grandes extensiones de terreno para energías renovables; pide a la Unión y a sus Estados miembros que adopten normas de diligencia debida y divulgación de información relativas al agua que sean de obligado cumplimiento para las empresas;

45.Insiste en que las estrategias de hidrógeno verde deben seguir normas sociales y de sostenibilidad estrictas; pide a la Unión que, en sus acuerdos de asociación, establezca marcos de seguimiento adecuados que permitan evaluar su impacto global en los resultados de los ODS, en particular mediante la definición de indicadores medioambientales, sociales y de gobernanza y la fijación de metas medibles; pide que se lleven a cabo estudios obligatorios de impacto medioambiental, también para la desalinización, y que se excluyan los puntos críticos en materia de biodiversidad al determinar la ubicación de las instalaciones de hidrógeno verde; cree que la producción de hidrógeno verde debe demostrar que depende de materias extraídas con arreglo a normas medioambientales y de derechos humanos para las actividades extractivas (por ejemplo, de países que sean signatarios de la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas);

46.Insta a la Comisión a que establezca un marco de gobernanza inclusivo para los acuerdos de asociación que incluya a las organizaciones de la sociedad civil, a fin de garantizar que se respete el principio de «no ocasionar daños» respecto de las comunidades locales y que se cumplan las normas internacionales en materia de derechos humanos;

47.Destaca que la financiación de la Unión destinada a las energías renovables debe ajustarse a los principios de equidad, sostenibilidad y justicia climática, y que debe comprender, entre otros aspectos, la ayuda a la deuda, el alivio y la cancelación de la deuda, la restructuración de la deuda y el Fondo de Daños y Perjuicios;

48.Destaca que las inversiones en hidrógeno renovable producido por terceros países deben basarse en los principios de diligencia debida reconocidos internacionalmente, incluidos, entre otros, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable;

49.Pide a la Unión y a sus Estados miembros que eleven el importe de la ayuda oficial al desarrollo destinada al sector de la energía, en particular bajo la rúbrica 6 del próximo marco financiero plurianual, y especialmente en África, dando prioridad a las subvenciones frente a los préstamos y reorientando la financiación hacia los países con tasas de acceso a la electricidad más bajas, con el objeto de apoyar sus transiciones hacia una energía no contaminante y renovable en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

50.Alienta el desarrollo de asociaciones públicas y privadas, así como de programas para facilitar la transferencia de conocimientos y tecnologías verdes; pone de relieve que los sectores de la electricidad de muchos países africanos tienen características específicas (como el fuerte crecimiento de la demanda, las redes pequeñas, los frágiles servicios públicos nacionales y la limitada capacidad de pago de los clientes) que deben tenerse en cuenta;

51.Destaca que es necesario simplificar y acelerar el acceso a la financiación para una transición energética justa en los países en desarrollo; hace hincapié en que la Unión puede ofrecer soluciones innovadoras para acelerar la transición ecológica y aumentar la cuota mundial de energías renovables; pide a la Unión y a los Estados miembros, a tal efecto, que estudien el canje de deuda por acciones en favor del clima, de modo que los países en desarrollo deudores puedan utilizar el dinero que adeudan para financiar proyectos de adaptación al cambio climático y su mitigación;

52.Pide, en términos más generales, que se ponga en marcha un mecanismo a largo plazo de canje de deuda por acciones en favor del clima en el marco de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G20 y que se reconduzcan los derechos especiales de giro del FMI;

53.Pide a la Unión y a los Estados miembros que incrementen la financiación destinada a ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático, aumentando la resiliencia de los sistemas energéticos frente a los riesgos climáticos; subraya la importancia de la energía verde en la agrosilvicultura y los proyectos de adaptación al cambio climático, como la iniciativa Gran Muralla Verde;

54.Insta a la Comisión a que aumente el número de programas en el marco de la iniciativa Global Gateway que prioricen el acceso básico a la electricidad y a los modos de cocinar no contaminantes, en especial en los países que más lo necesitan; destaca la importancia del sector privado en el impulso de la financiación del acceso básico a la energía y a modos de cocinar no contaminantes, al tiempo que se garantiza el acceso público y se refuerza a los proveedores de energía públicos nacionales; pide a la Comisión, a tal efecto, que utilice el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus como un instrumento para apoyar inversiones del sector privado en los países en desarrollo con miras a reforzar las infraestructuras energéticas y ofrecer un mejor acceso a la energía y a modos de cocinar no contaminantes en los hogares;

55.Insta a la Unión a que apoye a los países en desarrollo en la eliminación gradual de las subvenciones a los combustibles fósiles y a que se centre en tecnologías de cocina eficientes, modernas y asequibles; insta a movilizar inversiones y a crear entornos propicios para impulsar el crecimiento de una industria potente de cocinas no contaminantes;

56.Pide a la Unión y a las instituciones europeas encargadas de la financiación del desarrollo que:a)destinen inversiones al segmento de la distribución, en particular a la electrificación rural, y prioricen los sistemas de energías renovables descentralizados, de pequeñas dimensiones y sin conexión a redes cuando dichas soluciones sean más adecuadas que la ampliación de la red para habilitar el acceso de las poblaciones rurales a la electricidad;b)coordinen las inversiones entre las distintas instituciones para maximizar el impacto y evitar la duplicación de esfuerzos;c)garanticen que se lleven a cabo evaluaciones de impacto independientes y no sesgadas en materia de derechos humanos y que se apliquen y supervisen debidamente todas las salvaguardias y vías de recurso sociales, medioambientales y de gobernanza necesarias, incluidas las directrices sobre derechos humanos y tenencia de la tierra;d)garanticen que se incluya e informe correctamente a las comunidades locales a lo largo de todas las fases de planificación y ejecución del proyecto;e)pongan en marcha y apliquen con rigor el enfoque basado en los derechos, proporcionando mecanismos eficaces de reclamación y recurso, en cumplimiento de las normas internacionales sobre prácticas empresariales responsables, y exigiendo estudios de impacto a los proyectos, en particular en lo que se refiere al cambio climático, las desigualdades y el desplazamiento de poblaciones locales, también en los proyectos bajo la iniciativa Global Gateway;f)garanticen que todos los proyectos de represas con financiación aprobada respeten las directrices de la Comisión Mundial de Represas;g)apoyen proyectos locales y regionales de interconexión eléctrica;h)ofrezcan apoyo técnico e iniciativas de refuerzo de las capacidades para empoderar a los países en desarrollo en la ejecución eficaz de proyectos de energías no contaminantes;

57.Invita a la Comisión a que proporcione datos desglosados sobre el volumen de inversiones en el acceso a la energía, con el fin de efectuar un seguimiento de cuánto se asigna al ODS 7, y a que ofrezca datos sobre el indicador principal de resultados «capacidad de generación de energía renovable instalada (MW) con el apoyo de la Unión», que se define en el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global;

58.Acoge favorablemente las conclusiones de la CP28 de 2023, en las que se pide, por primera vez en la historia, una transición hacia el abandono de los combustibles fósiles y se establece un compromiso claro con el objetivo de 1,5 grados, con la adopción de medidas para lograr, a escala mundial, triplicar la capacidad de energías renovables y duplicar las mejoras de la eficiencia energética de aquí a 2030, y con la promoción a nivel mundial de un enfoque de la financiación de la lucha contra el cambio climático y de los proyectos energéticos centrado en las personas;

59.Pide a la Unión que desempeñe un papel clave en las negociaciones sobre medidas de mitigación para los países en desarrollo, con el fin de combatir los efectos nocivos del uso de combustibles contaminantes, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo de energías sostenibles y no contaminantes;

60.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior y al Banco Europeo de Inversiones.