P9_TA(2024)0069Estado de Derecho y libertad de prensa en GreciaResolución del Parlamento Europeo, de 7 de febrero de 2024, sobre el Estado de Derecho y libertad de prensa en Grecia (2024/2502(RSP))El Parlamento Europeo,

–Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE), y en particular su artículo 2, su artículo 4, apartado 3, y su artículo 7, apartado 1,

–Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»),

–Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus protocolos,

–Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–Vistos los tratados internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa,

–Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión (Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho) DO L 433 I de 22.12.2020, p. 1.,

–Visto el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (en lo sucesivo, «Reglamento sobre Disposiciones Comunes») DO L 231 de 30.6.2021, p. 159.,

–Visto su informe sobre la misión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior a Atenas (Grecia) que tuvo lugar del 6 al 8 de marzo de 2023 a iniciativa de su Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales,

–Vistos los capítulos sobre Grecia que figuran en los informes anuales de la Comisión sobre el Estado de Derecho, en particular los de 2021, 2022 y 2023,

–Vistas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativas a Grecia,

–Vistos el informe del examen de las alegaciones de infracción y de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación al uso del programa espía de vigilancia Pegasus y otros programas equivalentes y su Recomendación, de 15 de junio de 2023, al Consejo y a la Comisión a raíz del examen de las alegaciones de infracción y de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con el uso del programa espía de vigilancia Pegasus y otros programas equivalentes DO C, C/2024/494, 23.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/494/oj.,

–Vista la propuesta de la Comisión, de 16 de septiembre de 2022, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior (Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación) y se modifica la Directiva 2010/13/UE (COM(2022)0457),

–Vista la propuesta de Directiva relativa a la protección de las personas que realizan actos de participación pública frente a las demandas judiciales manifiestamente infundadas o abusivas («demandas estratégicas contra la participación pública»), de 27 de abril de 2022 (COM(2022)0177),

–Vista la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) DO L 95 de 15.4.2010, p. 1.,

–Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.Considerando que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, tal como se establece en el artículo 2 del TUE, se refleja en la Carta y se contempla en los tratados internacionales de derechos humanos;

B.Considerando que el respeto de los valores proclamados en el artículo 2 del TUE por parte de un Estado miembro supone una condición para el disfrute de todos los derechos que se derivan de la aplicación de los Tratados para el Estado miembro en cuestión, en particular el derecho a recibir financiación de la Unión; que, de conformidad con el artículo 7 del TUE, la Unión puede valorar si existe un riesgo claro de violación grave de los valores contemplados en el artículo 2;

C.Considerando que, en los últimos años, el Estado de Derecho y la libertad de prensa se han deteriorado en Grecia; que esta situación no se ha abordado suficientemente, que persisten muchas preocupaciones y que siguen surgiendo numerosas cuestiones;

D.Considerando que, en 2022, Grecia adoptó legislación destinada a aumentar la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación y creó un registro para los medios de comunicación impresos, así como un registro para la prensa electrónica, de modo que solo las empresas inscritas en dichos registros pudieran optar a la publicidad estatal Ley n.º 5005/2022, de 21 de diciembre de 2022, sobre el refuerzo de la publicidad y la transparencia de los medios de comunicación impresos y electrónicos, el establecimiento de registros electrónicos de medios de comunicación impresos y electrónicos y otras disposiciones correspondientes a competencias de la Secretaría General de Comunicación y Medios.;

E.Considerando que la Directiva de servicios de comunicación audiovisual establece que los Estados miembros deben velar por que las autoridades u organismos reguladores nacionales ejerzan sus competencias con imparcialidad y transparencia y con arreglo a los objetivos de la Directiva, en particular el pluralismo de los medios de comunicación, la diversidad cultural y lingüística, la protección de los consumidores, la accesibilidad, la no discriminación, el correcto funcionamiento del mercado interior y la promoción de la competencia leal; que la Directiva establece asimismo que los Estados miembros deben garantizar que las autoridades u organismos reguladores nacionales dispongan de las facultades de ejecución y los recursos financieros y humanos adecuados para desempeñar sus funciones con eficacia;

F.Considerando que se espera que el acuerdo entre los colegisladores en relación con la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación refuerce los requisitos de transparencia relativos a la propiedad directa e indirecta de los medios de comunicación, a la asignación de financiación estatal a los medios de comunicación en forma de publicidad estatal y al nombramiento y destitución de los órganos de dirección de los medios de comunicación de servicio público; que se espera que la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación establezca sólidas salvaguardias para impedir que se vigile indebidamente a los periodistas y los equipos de redacción de los medios de comunicación;

G.Considerando que, hasta finales de 2023, la Plataforma para la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas del Consejo de Europa había detectado dos casos de impunidad por asesinato, nueve alertas activas y otras dos alertas sin respuesta;

H.Considerando que Grecia es el país de la Unión peor situado —ocupa el puesto 107— en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2023 de Reporteros sin Fronteras;

I.Considerando que la libertad, el pluralismo de los medios de comunicación y la independencia y seguridad de los periodistas constituyen elementos fundamentales del derecho a la libertad de expresión y de información y que son esenciales para el funcionamiento democrático de la Unión y de sus Estados miembros y la salvaguarda del Estado de Derecho, incluida la lucha contra la corrupción;

J.Considerando que la Comisión ha concluido que Grecia cumple los hitos para recibir financiación de la Unión porque su Autoridad Nacional de Transparencia ha adoptado una estrategia anticorrupción; que dicha Autoridad Nacional de Transparencia no posee un historial de ejercicio eficaz e independiente de la supervisión; que la conclusión de la Comisión parece basarse únicamente en la adopción de una estrategia sobre el papel, y no en medidas eficaces en la práctica;

K.Considerando que, según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2023 de Transparencia Internacional, de entre los veintisiete Estados miembros de la Unión Grecia ha registrado un empeoramiento preocupante en cuestiones relativas al Estado de Derecho; que esta evolución negativa que también se refleja en el incremento del índice de percepción de la corrupción en ese país;

L.Considerando que, en el llamado escándalo de la lista de Petsas, se distribuyeron 20 000 000 EUR de fondos estatales para campañas de comunicación sobre salud pública entre medios de comunicación que incluían sitios web inexistentes y blogs personales; que algunos medios de comunicación fueron excluidos por completo sin justificación alguna y con criterios no transparentes;

M.Considerando que una investigación preliminar llevada a cabo por la Dirección General de Delitos Financieros y Económicos griega ha constatado que al menos 270 de los medios de comunicación financiados no estaban inscritos en el registro correspondiente de forma correcta y legal y que las pérdidas para la hacienda pública superan los 3 000 000 EUR;

N.Considerando que el sobrino del primer ministro y antiguo secretario general del Gabinete del Primer Ministro presentó en 2022 varias demandas contra el periódico EFSYN, la plataforma de investigación en línea Reporters United y distintos periodistas en las que solicitó la supresión de un artículo donde se lo implicaba en un escándalo nacional de programas espía asociado a la empresa Intellexa y exigió una indemnización de 550 000 EUR; que el artículo fue uno de los factores desencadenantes de un clamor público que, en última instancia, desembocó en su dimisión como secretario general del Gabinete del Primer Ministro; que, desde entonces, han aparecido más detalles sobre su papel en el escándalo de los programas espía; que numerosas organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión y libertad de los medios de comunicación han condenado las demandas señalando que se trata de demandas estratégicas contra la participación pública destinadas a suprimir el periodismo crítico;

O.Considerando que el informe anual de 2022 publicado recientemente por la Autoridad Helénica para la Seguridad y la Privacidad de las Comunicaciones y la Privacidad (ADAE) reveló que el Servicio Nacional de Inteligencia griego (EYP) y la División Especial de Delitos Violentos de la Policía (dedicada a la lucha contra el terrorismo) no notificaron a tiempo a la ADAE miles de órdenes de enjuiciamiento destinadas a acceder a comunicaciones por motivos de seguridad nacional;

P.Considerando que las autoridades fiscales impusieron al semanario Documento News una multa exorbitante de 435 000 EUR en diciembre de 2023; que el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación condenó esta medida el 7 de diciembre de 2023 expresando su consternación;

Q.Considerando que Panayote Dimitras, activista en favor de los derechos humanos y fundador y director de la organización Greek Helsinki Monitor (GHM), está siendo enjuiciado por trata ilegal de personas a pesar de que, al parecer, actuó de manera legal para prestar asistencia humanitaria a solicitantes de asilo; que en diciembre de 2022 se le impuso una multa y se le prohibió participar en GHM; que el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado su preocupación por este caso; que, en mayo de 2023, la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales ordenó la inmovilización de todos los activos de Dimitras; que Dimitras declaró el 31 de mayo de 2023 que únicamente había recibido financiación de la Unión destinada a luchar contra la incitación al odio y que los fondos solo se utilizaron para ese fin; que la reciente absolución de dieciséis trabajadores humanitarios y voluntarios demuestra que los cargos penales contra quienes prestan asistencia humanitaria a los solicitantes de asilo carecen de base jurídica;

R.Considerando que el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho reviste la máxima importancia para proteger el presupuesto de la Unión;

S.Considerando que la Fiscalía Europea inició una investigación el 28 de noviembre de 2022 sobre un fraude en relación con subvenciones por valor de 700 000 000 EUR para un sistema de seguridad ferroviaria; que, desde entonces, se ha detenido a 23 personas en relación con este escándalo, pero no a los exministros del Gobierno involucrados, que están protegidos contra el enjuiciamiento en virtud de una decisión del Parlamento griego en la que se invoca la Constitución del país;

T.Considerando que el Gobierno griego, así como los representantes de la policía griega, se negaron a reunirse con la delegación del Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales del Parlamento durante su misión oficial; que el primer ministro griego se reunió al día siguiente con una delegación local alemana del Partido Popular Europeo; que esta negativa a que los participantes en una misión de información se reúnan con ningún ministro u otro representante gubernamental de alto nivel no tiene precedentes desde la creación del Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales en 2018;

U.Considerando que Grecia ha adoptado varias leyes en el ámbito de la igualdad, algunas de las cuales contienen lagunas importantes; que la ley griega que prohíbe las denominadas «prácticas de conversión» en menores y otras personas vulnerables no se aplica a los casos en los que dichas prácticas son llevadas a cabo por sacerdotes u otros líderes religiosos o espirituales, o especialistas sin cualificaciones oficiales, ni a las prácticas que se realizan en adultos que hayan dado su consentimiento; que quienes llevan a cabo tales prácticas solo pueden ser considerados responsables si han aceptado dinero a cambio; que en el verano de 2023 se vivió una gran indignación en la comunidad LGBTIQ+ tras la muerte de una artista queer originaria de Cuba, Anna Hernández —a quien encontraron apuñalada en su domicilio— y los informes iniciales de la policía en los que se le atribuía un género incorrecto;

V.Considerando que, en el índice de igualdad de género de 2023 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, Grecia obtuvo 58 puntos de un máximo de 100 y ocupó el vigesimocuarto puesto entre los Estados miembros de la Unión; que, según la evaluación de 2023 del Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que supervisa la aplicación del Convenio de Estambul, Grecia no dispone actualmente de centros de crisis ante violaciones ni centros de referencia para víctimas de violencia sexual;

1.Expresa su profunda preocupación por las amenazas muy graves para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Grecia; destaca que el sistema de contrapoderes institucionales es esencial para una democracia sólida y observa con preocupación que dicho sistema se ha visto sometido a una fuerte presión;

2.Expresa su profunda preocupación por el hecho de que las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales de Grecia no hayan avanzado en la investigación del asesinato del periodista griego George Karaivaz el 9 de abril de 2021; observa que dos sospechosos fueron detenidos en abril de 2023, pero por lo demás no se ha observado ninguna actividad en la investigación policial; insta encarecidamente a las autoridades a que adopten todas las medidas necesarias para llevar a cabo una investigación exhaustiva y eficaz y a que lleven a los implicados en el asesinato, a cualquier nivel, ante la justicia; insta a las autoridades a que soliciten asistencia a Europol;

3.Expresa su profunda preocupación por el hecho de que, aparte de este asesinato, muchos periodistas se enfrenten a amenazas físicas, a ataques verbales —inclusive de ministros y políticos de alto nivel—, a demandas estratégicas contra la participación pública y a la violación de su privacidad con programas espía; subraya que esto produce en ellos un efecto disuasorio; pide que estas demandas estratégicas contra la participación pública, en particular, se retiren inmediatamente; insiste en que el Gobierno tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para llevar ante la justicia a los autores de delitos contra personas, periodistas y otros agentes de los medios de comunicación, así como para crear un entorno seguro para todos los periodistas;

4.Expresa su profunda preocupación por los numerosos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de los servicios policiales contra colectivos minoritarios y manifestantes pacíficos en general; pide a las autoridades que investiguen de manera exhaustiva e independiente todos estos casos; expresa su profunda preocupación por el hecho de que tres jóvenes gitanos hayan sido asesinados en los últimos años en Grecia como consecuencia de supuesta violencia policial, así como por la falta de una investigación exhaustiva al respecto; observa con preocupación que, en algunos casos, la policía limpió la escena del delito antes de que se llevara a cabo un examen forense; recuerda que el tribunal competente absolvió a cuatro agentes de policía de su participación en la muerte del activista LGBTIQ+ Zak Kostopoulos en 2022, pese a las imágenes que mostraban que la policía utilizó la fuerza de manera innecesaria;

5.Pide al Gobierno que garantice la plena independencia de su autoridad reguladora nacional del sector audiovisual, tal como exige la Directiva de servicios de comunicación audiovisual;

6.Destaca que el pluralismo de los medios de comunicación está amenazado, ya que la propiedad de los medios de comunicación en el país se reparte principalmente entre un pequeño número de oligarcas, lo que se traduce en una grave falta de información sobre determinados temas, como por ejemplo las preocupaciones por el sistema de seguridad ferroviaria anteriores al accidente de tren de Tempi; observa con preocupación la falta de transparencia en la distribución de las subvenciones estatales a los medios de comunicación; toma nota de la conclusión de la Comisión de que los reguladores de los medios de comunicación carecen de recursos; cuestiona la objetividad y la independencia del Consejo Nacional de Radio y Televisión griego y manifiesta su preocupación por la repentina sustitución del consejo de supervisión en septiembre de 2023; pide a la Comisión que supervise la aplicación de la nueva Ley de Medios de Comunicación n.º 5005/2022, de 21 de diciembre de 2022, en particular en lo que se refiere a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación;

7.Pide, en relación con el uso ilícito de tecnología de vigilancia como el programa espía Predator:a)que se restablezcan y refuercen urgentemente las salvaguardias institucionales y jurídicas, incluido un control ex ante y ex post eficaz, así como mecanismos de supervisión independientes;b)que se deroguen urgentemente todas las licencias de exportación que no estén plenamente en consonancia con el Reglamento sobre productos de doble uso Reglamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por el que se establece un régimen de la Unión de control de las exportaciones, el corretaje, la asistencia técnica, el tránsito y la transferencia de productos de doble uso (versión refundida) (DO L 206 de 11.6.2021, p. 1). y que se investiguen las alegaciones de exportaciones ilegales, entre otras cosas a Sudán;c)que se garantice que las autoridades puedan investigar todas las acusaciones de uso de programas espía de forma libre y sin trabas;d)que se anule la enmienda legislativa de 2019 que situaba al EYP bajo el control directo del primer ministro;e)que se garantice la independencia de la dirección de la Autoridad Nacional de Transparencia;f)la urgente puesta en marcha de una investigación policial tras el presunto uso indebido de programas espía y la incautación de pruebas físicas de representantes, empresas de intermediación y proveedores de programas espía vinculados a las infecciones por programas espía;g)que se invite inmediatamente a Europol a unirse a las investigaciones; condena la instrumentalización ilegítima del término «amenaza para la seguridad nacional» como justificación de las escuchas telefónicas y la vigilancia inaceptables de los opositores políticos, incluidos el actual diputado al Parlamento Europeo Georgios Kyrtsos y el antiguo diputado Nikos Androulakis; expresa su profunda preocupación por la influencia del primer ministro sobre el EYP, que está bajo la competencia y supervisión directas de su Gabinete;

8.Observa con gran preocupación que autoridades independientes, como la ADAE y la autoridad de protección de datos griega, se han visto sometidas a una presión cada vez mayor debido a su trabajo en relación con las escuchas telefónicas ilegítimas del EYP; observa, además, que el Parlamento griego sustituyó repentinamente a los miembros del consejo de administración de la ADAE en 2023, en vísperas de la decisión de esta de imponer una multa al EYP, y justo antes de que la ADAE y la autoridad de protección de datos solicitaran una acción decisiva en la investigación sobre el escándalo de los programas espía;

9.Pide al Gobierno griego que retire urgentemente la enmienda 826/145 a la Ley n.º 2472/1997, que suprimió la capacidad de la ADAE para notificar a los ciudadanos el levantamiento de la confidencialidad de las comunicaciones, y que restablezca la plena independencia del poder judicial y de todos los órganos de supervisión pertinentes, como el Defensor del Pueblo y la autoridad de protección de datos, con el fin de garantizar que todos los organismos de supervisión gocen de plena cooperación y acceso a la información y puedan facilitar información exhaustiva a todas las víctimas;

10.Expresa su preocupación por la falta de financiación, la falta de personal, la restricción de competencias, la opacidad de los procedimientos de nombramiento y el acoso y la intimidación contra funcionarios de organismos públicos independientes, como el Defensor del Pueblo —cuyo mandato y duración deben estar en consonancia con los Principios de París y las normas europeas sobre los organismos de igualdad—, la autoridad de protección de datos y la ADAE; observa, además, que la Agencia Nacional de Transparencia, que debe desempeñar un papel fundamental en el control de las autoridades públicas, no parece ser eficaz y que se han suscitado preocupaciones sobre su independencia; pide al Gobierno griego que garantice la independencia y la autonomía operativa de los organismos de supervisión independientes, de conformidad con la Constitución griega y los requisitos legales nacionales y de la Unión aplicables, y que mejore el cumplimiento de sus recomendaciones; señala que las dificultades y retrasos sistemáticos en el nombramiento de los directores de los organismos de supervisión independientes socavan la eficacia y autoridad de estos; expresa su profunda preocupación por la repentina sustitución de los miembros del consejo de administración de la ADAE y del organismo de supervisión del organismo público de radiodifusión, en septiembre de 2023, justo cuando la ADAE y la autoridad de protección de datos habían pedido que se emprendiera una acción decisiva en la investigación sobre programas espía;

11.Expresa su profunda preocupación por el hecho de que el traslado de la investigación sobre programas espía a otro fiscal, a raíz de la anterior petición de los fiscales a la ADAE para comprobar si las 92 personas en la diana del programa espía Predator (incluidos diputados nacionales y diputados al Parlamento Europeo, periodistas y funcionarios gubernamentales) también habían sido objeto de vigilancia por parte del EYP, dará lugar al archivo de la investigación de facto; reitera su petición de que Europol participe en la investigación;

12.Condena enérgicamente la intimidación y el acoso utilizados contra funcionarios que investigan al Gobierno, como por ejemplo la exfiscal anticorrupción, Eleni Touloupaki, y el responsable de la ADAE, Christos Rammos; expresa su consternación por la intervención del fiscal del Tribunal Supremo y el presunto intento de detener una solicitud de la ADAE para que una empresa de telecomunicaciones verifique las órdenes de vigilancia en 2022;

13.Señala con gran preocupación que la corrupción está erosionando los bienes y servicios públicos; subraya que la duración de los procedimientos judiciales, agravada por las dudas sobre la integridad de parte de las fuerzas policiales, y los conflictos de intereses al más alto nivel, incluida la supuesta infiltración policial por grupos de delincuencia organizada, llevará a una cultura de impunidad en la que la corrupción podrá prosperar; destaca que las autoridades aún no han establecido un historial sólido en la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción de alto nivel que den lugar a condenas firmes con efecto disuasorio; pide al Gobierno y a las autoridades que den solución a estos problemas con carácter prioritario;

14.Pide al Gobierno griego que adopte medidas inmediatas y las reformas necesarias para mejorar la capacidad y la transparencia de la policía para investigar los casos de delincuencia organizada, incluida la búsqueda de indicios sólidos de vínculos entre la delincuencia organizada y la policía en todas sus filas;

15.Pide al Gobierno que aplique plenamente todas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como que cumpla las medidas provisionales impuestas por el Tribunal;

16.Observa que, hasta la fecha, no se han adoptado medidas en relación con la participación del poder judicial en el procedimiento de nombramiento de jueces para las más altas instancias judiciales, a saber, los puestos de presidente y vicepresidente del Consejo de Estado, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas;

17.Expresa su profundo pesar por la trágica pérdida de vidas humanas en el naufragio del 14 de junio de 2023, cuando un buque pesquero se hundió en el mar Jónico frente a la costa de Pylos, en Mesenia (Grecia), dándose por fallecidas a más de 600 personas que se encontraban a bordo; expresa su profunda preocupación por la falta de avances en la investigación judicial; acoge con satisfacción las investigaciones del Defensor del Pueblo Europeo y del Defensor del Pueblo griego sobre la catástrofe; expresa su profunda preocupación por el trato dispensado a los migrantes tanto en las fronteras exteriores como dentro del país, tras las devoluciones forzosas sistemáticas y la violencia ejercida contra nacionales de terceros países, las detenciones arbitrarias de estos y el robo de sus pertenencias; expresa también su gran preocupación por las condiciones en los centros de acogida, especialmente en lo que se refiere a la protección de las personas frente a los delitos allí cometidos y al acceso a la higiene básica; considera que el agente de derechos fundamentales del Ministerio de Migración y Asilo necesita un mandato más amplio e independiente, a fin de poder investigar también eficazmente las devoluciones forzosas; pide a la Comisión que valore si los sistemas de vigilancia de fronteras que utilizan análisis de conducta, y su financiación por la Unión, se atienen a la legislación de esta; condena el drástico incumplimiento por parte de la Comisión de la legislación de la Unión en materia de condiciones de acogida, devoluciones forzosas y derechos humanos, y considera que se imponen procedimientos de infracción y no elogios de la comisaria;

18.Manifiesta su preocupación por los ataques contra la sociedad civil y, en particular, por las campañas de difamación y el acoso judicial de las autoridades griegas contra activistas pro derechos humanos; manifiesta su alarma por los recientes juicios contra trabajadores humanitarios y personas que prestan ayuda humanitaria a migrantes y refugiados; pide a las autoridades griegas que retiren inmediatamente todos los cargos y garanticen que los trabajadores humanitarios y los voluntarios puedan prestar asistencia de forma segura y libre;

19.Considera fundamental que la investigación judicial sobre la catástrofe ferroviaria de Tempi se lleve a cabo de forma rápida y exhaustiva, abarcando a todos los agentes implicados, incluidos los funcionarios gubernamentales responsables; expresa su insatisfacción con el control realizado por la comisión competente del Parlamento griego, ya que esta parece carecer de imparcialidad política y ser reacia a convocar a los expertos principales para que testifiquen; expresa su profunda preocupación por la negativa del Parlamento griego a llevar a cabo una investigación, tal como solicitó la Fiscalía Europea, en relación con dos exministros de Transportes En ejercicio desde el 5 de noviembre de 2016 hasta el 9 de julio de 2019 y desde el 9 de julio de 2019 hasta el 1 de marzo de 2023.;

20.Manifiesta su preocupación por el marco regulador restrictivo para el registro de las organizaciones de la sociedad civil, en particular en lo que respecta a las organizaciones activas en el ámbito de la migración y la inclusión social; insta al Gobierno a que levante inmediatamente las restricciones impuestas a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y a los periodistas que informan sobre la migración, y a que revise el marco legislativo con carácter prioritario; pide que apoye y refuerce todas las iniciativas que contribuyan a una mayor transparencia en estas cuestiones, como el mecanismo de información de la Comisión de Derechos Humanos;

21.Observa que Grecia ha establecido un marco jurídico en materia de igualdad de trato y que se han tomado medidas positivas en esa dirección, como la creación de la nueva Comisión de Derechos Humanos; expresa, no obstante, su preocupación por la debilidad del marco jurídico y la discriminación contra las personas LGBTIQ+, la población romaní y otras minorías; pide al Gobierno y a todas las demás fuerzas políticas que muestren liderazgo y promuevan el cambio social a este respecto, especialmente en lo que se refiere a la violencia doméstica, la violencia policial y la igualdad en el matrimonio, aspectos que vienen siendo objeto de debate desde hace varios años;

22.Reconoce la existencia de líneas telefónicas de ayuda y servicios policiales especializados de respuesta frente a la violencia doméstica, pero también insta al Gobierno a que cree centros integrales de crisis de respuesta a las violaciones y a que garantice que las víctimas de violencia sexual puedan tener acceso inmediato a atención médica, apoyo postraumático, exámenes periciales judiciales y apoyo psicológico; pide al Gobierno que convierta el feminicidio en un tipo delictivo independiente;

23.Celebra la prohibición de la cirugía no consentida y pide una formación adecuada de los profesionales médicos para acoger y cuidar adecuadamente a las personas intersexuales;

24.Acoge con satisfacción el proyecto de ley de matrimonio igualitario presentado en el Parlamento griego y pide su rápida adopción;

25.Pide al Gobierno que mejore el proceso legislativo mediante la introducción de consultas reales y significativas y que suprima la controvertida práctica de la legislación ómnibus;

26.Lamenta que el Gobierno y las autoridades policiales griegas se negaran a reunirse con representantes del Parlamento Europeo durante su misión oficial en abril de 2022, y pide al actual Gobierno griego que entable un diálogo constructivo con el Parlamento Europeo;

27.Pide a la Comisión que haga pleno uso de los instrumentos de que dispone para hacer frente a las violaciones, en Grecia, de los valores consagrados en el artículo 2 del TUE; pide, en particular, que se evalúe el cumplimiento de la Carta en la ejecución de los fondos pertinentes de la Unión, tal como exige el Reglamento sobre disposiciones comunes; pide que la Comisión evalúe, en el marco del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho, las consecuencias de la falta de ejecución de las sentencias pertinentes por parte de los tribunales europeos; recuerda que, en caso de que se adopten medidas financieras, la Comisión debe garantizar que los destinatarios o beneficiarios finales de los fondos de la Unión no se vean privados de estos fondos, tal como se establece en el artículo 5, apartados 4 y 5, del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho, y encontrar formas de garantizar que los fondos de la Unión lleguen a los ciudadanos, las empresas, las autoridades regionales y locales, las ONG y cualquier otra parte interesada pertinente si el Gobierno no coopera en relación con las deficiencias del Estado de Derecho, especialmente teniendo en cuenta las repercusiones de la crisis económica, el elevado coste de la vida y el aumento de la pobreza en el país;

28.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y a las Naciones Unidas.