(1)Garantizar una fiscalidad justa en el mercado interior y el buen funcionamiento de la Unión de los Mercados de Capitales (UMC) son prioridades políticas de la Unión Europea (UE). En este contexto, es fundamental eliminar los obstáculos a la inversión transfronteriza, al tiempo que se lucha contra el fraude y el abuso fiscales. Tales obstáculos se dan, por ejemplo, en forma de procedimientos ineficientes y desproporcionadamente onerosos para mitigar las retenciones en origen practicadas en exceso sobre dividendos o intereses pagados a inversores no residentes por acciones o bonos cotizados. Estos obstáculos suponen un desafío particular para los inversores minoristas. Además, el statu quo ha demostrado ser inadecuado para prevenir los riesgos recurrentes de fraude, evasión y elusión fiscales, como demuestran los recientes escándalos «cum-ex» y «cum-cum». La presente propuesta tiene por objeto aumentar la eficacia de los procedimientos de retención en origen de la UE, reforzándolos al mismo tiempo contra el riesgo de fraude y abuso fiscal. Se basa en actuaciones anteriores pertinentes a escala internacional y de la UE, como la Recomendación de la Comisión de 2009 relativa a la simplificación de los procedimientos de retención a cuenta y la iniciativa de la OCDE relativa a Beneficios del Convenio y Mejora del Cumplimiento («TRACE», por sus siglas en inglés)28.

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28 Recomendación de la Comisión, de 19 de octubre de 2009, sobre los procedimientos de reducción de la retención a cuenta (texto pertinente a efectos del EEE), DO L 279 de 24.10.2009, p. 8.

(2)Con el fin de reforzar la capacidad de los Estados miembros para prevenir y combatir posibles fraudes o abusos, que actualmente se ve obstaculizada por la fragmentación y la falta general de información fiable y oportuna sobre los inversores, es necesario, por tanto, establecer un marco común para la mitigación de las retenciones en origen practicadas en exceso sobre las inversiones transfronterizas en valores que sea resistente al riesgo de fraude o abuso fiscal. Este marco debería conducir a la convergencia de los diversos procedimientos de mitigación aplicados en la UE, garantizando al mismo tiempo la transparencia y la seguridad respecto de la identidad de los inversores en beneficio de los emisores de valores, los retenedores, los intermediarios financieros y los Estados miembros, según el caso. A tal efecto, el marco debe basarse en procedimientos automatizados, como la digitalización del certificado de residencia fiscal (en cuanto a procedimiento y formato), que es un requisito previo para que los inversores tengan acceso a cualquier procedimiento de mitigación o devolución. Dicho marco también debe ser lo suficientemente flexible como para tener debidamente en cuenta los diversos sistemas aplicables en los distintos Estados miembros, garantizando al mismo tiempo una mayor convergencia y proporcionando herramientas adecuadas contra las prácticas abusivas para mitigar los riesgos de fraude, evasión y elusión fiscales. Para que la presente Directiva tenga éxito, es necesario que los Estados miembros doten a las administraciones tributarias de herramientas para gestionar los procedimientos de devolución o mitigación en origen de manera segura y oportuna, y que redoblen sus esfuerzos para ofrecer características clave digitalizadas, automatizadas y mejor coordinadas. A tal fin, también es necesario formar al personal pertinente que supervise las herramientas digitales.

(4)Para garantizar que todos los contribuyentes de la UE tengan acceso a una prueba común, adecuada y eficaz de su residencia a efectos fiscales, los Estados miembros deben utilizar procedimientos automatizados para la expedición de certificados de residencia fiscal en un mismo formulario digital reconocible y aceptable y con el mismo contenido. En aras de una mayor eficacia, el certificado debe ser válido al menos para todo el año durante el cual haya sido emitido y ser reconocido por otros Estados miembros durante ese período. El CDRF también debe contener una referencia a los convenios para evitar la doble imposición aplicables. Los Estados miembros pueden invalidar un CDRF emitido cuando la administración tributaria disponga de pruebas de que la residencia fiscal correspondiente a ese año no es la declarada. Con objeto de permitir una identificación eficiente de las empresas de la UE, el certificado debe incluir información relativa al identificador único europeo («EUID», por sus siglas en inglés).

(6)Los sistemas «cum-ex» y «cum-cum» —o mecanismos comerciales de arbitraje de dividendos— hacen referencia a la práctica de negociar acciones de forma que se oculte la identidad del propietario real y se permita que las dos –o múltiples— partes implicadas reclamen la retención de devoluciones fiscales del impuesto sobre las plusvalías que solo se han abonado una vez y constituyen prácticas delictivas en las que participan intermediarios financieros. Dado que los intermediarios financieros que más a menudo participan en las cadenas de pago de valores son entidades grandes, tal como se definen en el Reglamento sobre Requisitos de Capital (RRC)29, así como depositarios centrales de valores que actúan como retenedor, estas entidades deben estar obligadas a solicitar su inscripción en los registros nacionales de los Estados miembros establecidos como se ha indicado anteriormente. Se debe permitir que otros intermediarios financieros soliciten el registro de forma discrecional. El propio intermediario financiero debe solicitar el registro presentando una solicitud a la autoridad competente designada por el Estado miembro, que incluya la prueba de que dicho intermediario financiero cumple determinados requisitos. El objetivo de los requisitos es verificar que el intermediario solicitante cumple lo requerido por la normativa pertinente de la UE y se supervisa su cumplimiento. Cuando el intermediario financiero esté establecido fuera de la UE, debe estar sujeto a una normativa de su tercer país de residencia que sea comparable a efectos de la presente Directiva, y el tercer país de residencia no debe figurar ni en el anexo I de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores ni en la lista de la UE de terceros países de alto riesgo (lista de lucha contra el blanqueo de capitales). El registro de un intermediario financiero de un tercer país debe llevarse a cabo con un esfuerzo administrativo mínimo. La Comisión debe ayudar a los Estados miembros a garantizar una comprensión coordinada de lo que se considera legislación comparable en terceros países. El cumplimiento por parte de un intermediario financiero de un tercer país de los requisitos pertinentes de la UE se refiere únicamente a los efectos de la presente Directiva y no afecta ni al ejercicio ni a la aplicación de cualesquiera otros derechos y obligaciones en virtud de otra normativa de la UE. Una vez registrados, los intermediarios financieros deben considerarse «intermediarios financieros certificados» en el Estado miembro respectivo y estar sujetos a las obligaciones de información y comunicación pertinentes en virtud de la presente Directiva, al tiempo que se les concede el derecho a solicitar la aplicación de los procedimientos de mitigación establecidos en la presente Directiva. Los Estados miembros que mantengan un registro nacional también deben tomar medidas para eliminar de él a cualquier intermediario financiero certificado que lo solicite o deje de cumplir los requisitos respectivos. Además, estos Estados miembros pueden decidir la baja en su registro nacional de los intermediarios financieros certificados o denegarles el acceso al sistema de mitigación si se comprueba que han incumplido varias veces sus obligaciones. Cuando un Estado miembro adopte tales medidas de baja o denegación, debe informar de ello a los demás Estados miembros que mantengan un registro nacional, a fin de permitirles evaluar la baja en su propio registro nacional de ese mismo intermediario financiero certificado. La legislación nacional de los Estados miembros de que se trate se aplica a los derechos y obligaciones de las partes interesadas, incluida la posibilidad de recurso, en relación con cualquier decisión adoptada por un Estado miembro en relación con la inscripción y la baja en su registro nacional.

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29 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012, texto pertinente a efectos del EEE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

(8)Con el fin de que la Unión de los Mercados de Capitales sea más eficaz y competitiva, deben facilitarse y acelerarse los procedimientos de mitigación de la retención en origen practicada en exceso sobre los ingresos procedentes de valores, cuando los intermediarios financieros certificados pertinentes hayan comunicado información adecuada, en particular sobre la identidad del inversor. Los intermediarios financieros certificados pertinentes son todos los intermediarios financieros certificados de la cadena de pago entre el inversor y el emisor de los valores, a los que podría exigirse que faciliten también información sobre los pagos efectuados por intermediarios financieros no certificados en la cadena, de acuerdo con la política fiscal cada Estado miembro. Teniendo en cuenta los diferentes enfoques de los Estados miembros, se prevén dos tipos de procedimientos: i) mitigación en origen mediante la aplicación directa del tipo impositivo adecuado en el momento de la retención, y ii) devolución rápida en un plazo máximo de cincuenta días a partir de la fecha de pago del dividendo o, en su caso, de la fecha en que el emisor del bono deba pagar intereses a su tenedor (fecha del cupón). Los Estados miembros deben tener libertad para introducir cualquiera de los dos procedimientos o una combinación de ambos, según consideren oportuno, garantizando al mismo tiempo que al menos uno esté disponible para todos los inversores, cuando se hayan cumplido los requisitos de la presente Directiva. A fin de garantizar la aplicación correcta y oportuna de estos procedimientos por parte de los Estados miembros afectados, procede aplicar intereses de demora sobre las devoluciones tardías de retenciones en origen practicadas en exceso que estén cubiertas por la presente Directiva y cumplan las condiciones para beneficiarse de dichos procedimientos. Cuando no se cumplan los requisitos pertinentes, o el inversor de que se trate así lo desee, los Estados miembros deben aplicar sus actuales procedimientos estándar de devolución para mitigar el exceso de retenciones en origen. En cualquier caso, los titulares formales, en particular los inversores minoristas, y sus representantes autorizados deben conservar el derecho a reclamar el ingreso en exceso de retenciones efectuadas por un Estado miembro cuando aporten pruebas del cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación nacional. Los Estados miembros podrán rechazar una solicitud de devolución cuando exista algún procedimiento de verificación o auditoría fiscal basado en criterios de evaluación del riesgo y de conformidad con la legislación nacional. 

(9)Con el fin de salvaguardar los sistemas de mitigación del exceso de retención en origen, los Estados miembros que mantengan un registro nacional también deben exigir a los intermediarios financieros certificados que verifiquen la admisibilidad de los inversores que deseen solicitar una mitigación. En particular, los intermediarios financieros certificados deben recibir el certificado de residencia fiscal del inversor pertinente y una declaración de que dicho inversor es el beneficiario efectivo del pago con arreglo a la legislación del Estado miembro de origen. También deben verificar el tipo de retención en origen aplicable sobre la base de las circunstancias específicas del inversor e indicar si tienen conocimiento de cualquier acuerdo financiero relativo a los valores subyacentes que no se haya liquidado, ni haya vencido o finalizado de otro modo en la fecha ex dividendo. Los requisitos de diligencia debida pueden aplicarse con una periodicidad anual. Los intermediarios financieros certificados deben ser considerados responsables de las pérdidas de ingresos fiscales en que se haya incurrido debido al cumplimiento inadecuado de estas obligaciones, en la medida en que así lo disponga la legislación nacional del Estado miembro en el que se hayan producido las pérdidas. A fin de garantizar la proporcionalidad de la carga y la responsabilidad impuestas a los intermediarios financieros certificados, deben aplicarse obligaciones de verificación reducidas en relación con todos los procedimientos de mitigación, cuando el riesgo de abuso sea bajo y, en particular, cuando el importe total del dividendo pagado al inversor por una participación en una sociedad sea inferior a 1 500 EUR. En caso de que, por el contrario, se demuestre, la existencia de un abuso, los Estados miembros podrán aplicar medidas en consecuencia con arreglo a la legislación nacional, incluida la denegación de los sistemas de mitigación previstos en la presente Directiva, pero no podrán responsabilizar a los intermediarios financieros certificados por falta de verificación.

(12)La correcta aplicación y ejecución de las normas propuestas en cada uno de los Estados miembros afectados es fundamental para la promoción de la UMC en su conjunto, así como para la protección de la base imponible de los Estados miembros, por lo que debe ser supervisada por la Comisión. Por consiguiente, los Estados miembros deben comunicar periódicamente a la Comisión la información estadística que se especifique mediante un acto de ejecución sobre la aplicación y el cumplimiento en su territorio de las medidas nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva. La Comisión debe preparar una evaluación sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros y otros datos disponibles para evaluar la eficacia de las nuevas normas propuestas. En este contexto, la Comisión debe considerar la necesidad de actualizar las normas introducidas en virtud de la presente Directiva.

(14)Todo tratamiento de datos personales en el marco de la presente Directiva debe ajustarse al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo31. Los intermediarios financieros y los Estados miembros pueden tratar datos personales de conformidad con la presente Directiva con el único objetivo de servir un interés público general, concretamente a efectos de la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y la elusión fiscal, la protección de los ingresos fiscales y el fomento de una fiscalidad justa, lo que refuerza las oportunidades de inclusión social, política y económica en los Estados miembros. Solo las entidades que participen en los procedimientos de mitigación de la retención en origen en virtud de la presente Directiva deben tener acceso a tales datos. Solo debe transmitirse la cantidad mínima de información personal necesaria para detectar comunicación de información insuficiente, ausencia de comunicación, fraude o abuso fiscales. Por último, la información personal solo se conservará mientras sea necesario para este fin. Para permitir la consecución efectiva de este objetivo, es necesario limitar determinados derechos de las personas previstos en el citado Reglamento, en la medida en que el ejercicio de tales derechos pueda poner en riesgo las investigaciones, en particular el derecho a ser informadas sobre el tratamiento de sus datos y el alcance de este, así como el derecho a que se solicite su consentimiento para determinados tipos de tratamiento de datos. Tan pronto como dejen de aplicarse las circunstancias que justificaron la limitación, deben restablecerse los derechos de los interesados.

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31 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

19)«convenio para evitar la doble imposición»: un acuerdo o convenio que establezca la supresión de la doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio, en vigor entre dos (o más) territorios;

2.Los Estados miembros emitirán el CDRF en función de la información disponible en el plazo de tres días hábiles a partir de la presentación de la solicitud, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4. El CDRF cumplirá los requisitos técnicos del anexo I e incluirá la siguiente información:

a)el nombre y los apellidos del contribuyente y la fecha y lugar de nacimiento, si el contribuyente es una persona física, o su razón social y su número de identificación único europeo (EUID), si el contribuyente es una persona jurídica, si estuvieran disponibles;

suprimida

4.Si se requieren más de cinco días hábiles para verificar la residencia fiscal de un contribuyente concreto, el Estado miembro informará a la persona que solicite el certificado del tiempo adicional necesario y de los motivos del retraso que, en cualquier caso, no superará los cinco días hábiles.

5.Los Estados miembros reconocerán un CDRF emitido por otro Estado miembro como prueba adecuada de la residencia de un contribuyente en ese otro Estado miembro de conformidad con el apartado 3. En cualquier caso, los Estados miembros podrán demostrar la residencia a efectos fiscales en sus territorios. 

6.La Comisión adoptará actos de ejecución por los que se establezcan formularios normalizados informatizados en formato de lectura mecánica, incluido el régimen lingüístico, y protocolos técnicos, incluidas las normas de seguridad, para la expedición de un CDRF. Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 18.

1.Los Estados miembros garantizarán que un intermediario financiero esté inscrito en su registro nacional de intermediarios financieros certificados en un plazo de dos meses a partir de la presentación de la solicitud de dicho intermediario financiero que aporte justificación de todos los requisitos siguientes:

b)si el intermediario financiero solicitante es una entidad de crédito, autorización en el territorio de residencia a efectos fiscales para realizar actividades de custodia con arreglo a los puntos 12 o 14 del anexo I de la Directiva 2013/36/UE o a la legislación comparable de un tercer país; si el intermediario financiero solicitante es una empresa de inversión, autorización en el territorio de residencia a efectos fiscales para realizar actividades de custodia con arreglo al anexo I, sección B, punto 1, de la Directiva 2014/65/UE o a la legislación comparable de un tercer país, o si el intermediario financiero solicitante es un depositario central de valores, autorización en el territorio de residencia s efectos fiscales con arreglo al Reglamento (UE) n.º 909/2014 o a la legislación comparable de un tercer país de residencia; la Comisión publicará orientaciones sobre normas mínimas para una legislación comparable;

2.Los intermediarios financieros notificarán sin demora indebida a la autoridad competente del Estado miembro cualquier cambio en la información facilitada con arreglo a las letras a) a c) y, cuando proceda, proporcionarán los documentos pertinentes.

3.El Estado miembro que dé de baja a un intermediario financiero certificado en su registro nacional informará, con arreglo a la Directiva 2011/16/UE, sin demora indebida a todos los demás Estados miembros que mantengan un registro nacional de conformidad con el artículo 5, y justificará la baja de conformidad con los apartados 1 y 2.

1.Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para exigir a los intermediarios financieros certificados en su registro nacional que comuniquen a la autoridad competente la información a que se refiere el anexo II lo antes posible en un plazo máximo de veinte días naturales a partir de la fecha de registro, a menos que esté pendiente una instrucción de liquidación respecto de cualquier parte de una operación en la fecha de registro, en cuyo caso la comunicación de dicha operación tendrá lugar lo antes posible después de dicha liquidación. Si quince días después de la fecha de registro sigue pendiente la liquidación de cualquier parte de la operación, los intermediarios financieros certificados informarán al respecto en los cinco días naturales siguientes indicando la parte cuya liquidación siga pendiente.

2.Los Estados miembros dispondrán que los intermediarios financieros certificados no tengan que comunicar la información a que se refiere el anexo II, sección E, si el dividendo total pagado al titular formal por su participación en una sociedad no supera los 1 500 EUR.

5.Los Estados miembros exigirán a los intermediarios financieros certificados inscritos en su registro nacional que conserven durante seis años la documentación justificativa de la información comunicada y faciliten acceso a cualquier otra información, así como acceso a sus locales a efectos de auditoría, y exigirán a los intermediarios financieros certificados que supriman o anonimicen los datos personales incluidos en dicha documentación tan pronto como se haya completado la auditoría y, a más tardar, seis años después de la comunicación de la información.

a)el dividendo se haya pagado por una acción cotizada que el titular formal haya adquirido en los cinco días anteriores a la fecha ex dividendo;

1.Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que el intermediario financiero certificado que solicite la mitigación en virtud de los artículos 12 o 13 en nombre de un titular formal obtenga de este una declaración de que el titular formal:

a)es el beneficiario efectivo del dividendo o de los intereses, tal como se define en la legislación nacional del Estado miembro de origen o un convenio para evitar la doble imposición, y

2.Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los intermediarios financieros certificados que soliciten la mitigación en virtud de los artículos 12 o 13 en nombre de un titular formal verifiquen:

d)en el caso del pago de dividendos y sobre la base de la información de que disponga el intermediario financiero certificado, la posible existencia de cualquier acuerdo financiero que no haya sido liquidado, ni haya vencido o finalizado de otro modo en la fecha ex dividendo, a menos que el dividendo pagado al titular formal por cada grupo de acciones idénticas poseídas no exceda de 1 500 EUR.

1.Los Estados miembros podrán autorizar a los intermediarios financieros certificados que mantengan una cuenta de inversión de un titular formal a solicitar una devolución rápida del exceso de retención en origen, en nombre de dicho titular formal de conformidad con el artículo 10, si la información a que se refiere el apartado 3 del presente artículo se facilita en el plazo de veinticinco días naturales a partir de la fecha de pago del dividendo o de los intereses.

2.Los Estados miembros tramitarán toda solicitud de devolución presentada de conformidad con el apartado 1 en un plazo de veinticinco días naturales a partir de la fecha de dicha solicitud o a partir de la fecha en que todos los intermediarios financieros certificados hayan cumplido las obligaciones de comunicación de información en virtud de la presente Directiva, si esta última fecha es posterior. Los Estados miembros aplicarán intereses, de conformidad con el artículo 14, sobre el importe de dicha devolución por cada día de retraso posterior al vigesimoquinto día, a menos que el Estado miembro tenga dudas razonables sobre la legitimidad de la solicitud de devolución.

Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar que, cuando el artículo 12 y el artículo 13 no se apliquen a los dividendos, debido a que no se cumplen las condiciones de la presente Directiva, el titular formal, o su representante autorizado, que solicite la devolución del exceso de retención en origen sobre dichos dividendos facilite al menos la información exigida en la sección E del anexo II, a menos que el dividendo total pagado al titular formal por su participación en una sociedad no exceda de 1 500 EUR, y a menos que esta información ya se haya comunicado de conformidad con las obligaciones del artículo 9.

Evaluación general y revisión

1.La Comisión examinará y evaluará la Directiva cinco años después de la entrada en vigor de las normas nacionales de transposición de la Directiva, así como cada cinco años. A más tardar en diciembre de 2031 y cada cinco años, se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la evaluación de la Directiva y de las normas aplicables a las retenciones en origen en los Estados miembros que podrá incluir la posible necesidad de modificar disposiciones concretas de la presente Directiva. En el informe de evaluación, la Comisión:

2.Los Estados miembros comunicarán al Parlamento Europeo y a la Comisión la información estadística pertinente para la evaluación a que se refiere el apartado 1, de conformidad con el apartado 3.

3.La Comisión especificará, mediante actos de ejecución, la información estadística que deben facilitar los Estados miembros a efectos de evaluación, así como el formato y las condiciones de comunicación de dicha información.

5.La información comunicada a la Comisión por un Estado miembro con arreglo al apartado 2, así como todo informe o documento elaborado por la Comisión utilizando dicha información, podrán remitirse al Parlamento Europeo y a otros Estados miembros. La información así remitida estará amparada por el secreto oficial y gozará de la protección que la legislación nacional del Estado miembro que la haya recibido otorgue a la información de la misma naturaleza.

1.Los Estados miembros limitarán los derechos de los interesados en virtud de los artículos 15 a 19 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo45, en la medida en que el ejercicio de tales derechos pueda poner en riesgo las investigaciones y únicamente en la medida y durante el tiempo en que sea estrictamente necesario para que las autoridades competentes mitiguen el riesgo de fraude, evasión o elusión fiscales en los Estados miembros, en particular verificando que se aplica el tipo correcto de retención en origen al titular formal, o verificando que este obtiene la mitigación, si tiene derecho a ello, a su debido tiempo. Los derechos de los interesados se restablecerán tan pronto como dejen de existir las condiciones que justificaron la limitación.

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45 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

3.La información, incluidos los datos personales, tratada de conformidad con la presente Directiva solo se conservará el tiempo necesario para alcanzar los objetivos de la presente Directiva, de conformidad con las normas nacionales del responsable del tratamiento en materia de prescripción, pero en ningún caso por un período superior a cinco años.