P9_TA(2024)0161Casos de Rocío San Miguel y el general Hernández Da Costa, entre otros prisioneros políticos en VenezuelaResolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2024, sobre los casos de Rocío San Miguel y el general Hernández Da Costa, entre otros prisioneros políticos en Venezuela (2024/2618(RSP))El Parlamento Europeo,

–Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.Considerando que hay más de 300 prisioneros políticos en Venezuela;

B.Considerando que, el 9 de febrero de 2024, Rocío San Miguel, abogada y militante pro derechos humanos de nacionalidad española, fue secuestrada por el régimen venezolano y condenada, por motivos políticos, por presunta conspiración contra Nicolás Maduro y su régimen; que actualmente está detenida en la prisión de El Helicoide, conocida por sus violaciones de los derechos humanos, incluida la tortura;

C.Considerando que el régimen de Maduro suspendió las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) tras acusar a su personal de un comportamiento «colonialista y abusivo» y de fomentar la oposición política, a raíz de la condena de la detención de San Miguel por parte del comisario de las Naciones Unidas;

D.Considerando que el general Hernández Da Costa es prisionero político desde agosto de 2018; que, el 19 de febrero de 2024, fue trasladado por la fuerza a la cárcel de El Rodeo I, utilizada para encarcelar a prisioneros políticos; que también se trasladó a un número desconocido de prisioneros, incluidos algunos ciudadanos de la Unión; que el general padece enfermedades médicas que requieren un tratamiento constante, que se le está denegando;

E.Considerando que cuatro coordinadores de campaña — Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López y Emil Brandt — que trabajan para la candidata de la oposición a la presidencia del régimen, María Corina Machado, también han sido detenidos por motivos políticos y están incomunicados;

F.Considerando que, en enero de 2024, la Asamblea Nacional, no reconocida, reanudó su examen para imponer una ley destinada a restringir, penalizar y obstaculizar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales;

1.Condena enérgicamente el régimen de Maduro por el encarcelamiento de cientos de prisioneros políticos;

2.Lamenta que estos prisioneros se encuentren detenidos en condiciones que vulneran las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos;

3.Exige la liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos y de las personas detenidas arbitrariamente, así como el pleno restablecimiento de sus derechos; insta al régimen a que ponga fin a su política de represión y a sus ataques contra la sociedad civil y la oposición;

4.Insta a las autoridades chilenas a que investiguen exhaustivamente el asesinato de Ronald Ojeda, antiguo prisionero político que escapó del régimen de Maduro;

5.Pide al AR/VP y al Consejo que aumenten las sanciones al régimen, incluidos funcionarios de alto nivel, miembros de las fuerzas de seguridad, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen y el propio Maduro;

6.Insta a la Corte Penal Internacional a que incluya las violaciones de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias en curso en su investigación sobre los presuntos crímenes contra la humanidad del régimen de Maduro;

7.Pide a la comunidad internacional que apoye el retorno a la democracia en Venezuela, en particular a la luz de las próximas elecciones, en las que debe permitirse la plena participación de la líder de la oposición al régimen, María Corina Machado;

8.Insta a las autoridades venezolanas a que restablezcan la ACNUDH y garanticen su acceso a las cárceles, así como el acceso sin trabas a los titulares de mandatos de procedimientos especiales de las Naciones Unidas;

9.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, al AR/VP, a los Estados miembros, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a la Organización de Estados Americanos, al secretario general de las Naciones Unidas y al régimen venezolano.