1.Recuerda que el derecho del público a acceder a los documentos que obren en poder de las instituciones de la Unión se establece en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales y desempeña un papel crucial a la hora de garantizar que las instituciones de la Unión actúen de manera transparente, lo que mejora la legitimidad de la Unión y su credibilidad, así como y la confianza de los ciudadanos en ella;

2.Insiste en que las instituciones de la Unión, incluida la Comisión, tienen la obligación de aplicar el artículo 15, apartado 3, del TFUE en consonancia con los principios democráticos, en particular los establecidos en el artículo 10, apartado 3, del TUE y el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; hace hincapié en que la transparencia es clave para facilitar la rendición de cuentas y el control democrático de las instituciones de la Unión;

3.Acoge con satisfacción las recomendaciones prácticas de la Defensora del Pueblo respecto a la manera de registrar los mensajes de texto e instantáneos enviados o recibidos por los miembros del personal a título profesional Defensor del Pueblo Europeo, «Nota final sobre la iniciativa estratégica en cuanto al modo en que las instituciones, órganos y agencias de la Unión registran los mensajes de texto e instantáneos enviados o recibidos por los miembros de su personal a título profesional(SI/4/2021/MIG)», 13 de julio de 2022.; reconoce que los mensajes instantáneos y de texto relacionados con el trabajo son «documentos» en el sentido del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos, e invita a las demás instituciones, órganos oficinas y agencias de la UE a que lo reconozcan y a que sigan las recomendaciones de la Defensora del Pueblo en consecuencia y hagan público este seguimiento;

4.Recuerda que las solicitudes de acceso a documentos deben tramitarse de inmediato; reitera su preocupación ante el hecho de que muchas de las reclamaciones recibidas por la Defensora del Pueblo se refieran a retrasos en el acceso a documentos solicitados y de que el retraso en el acceso se produzca en casos de interés público significativo; lamenta profundamente las conclusiones del Informe especial de la Defensora del Pueblo sobre retrasos sistémicos y significativos en el acceso a los documentos de la Comisión, en particular el hecho de que, en el 85 % de los casos examinados, la Comisión no tomó una decisión en el plazo legal y que, en el 60 % de los casos, el tiempo empleado ascendió a más de 60 días laborables; lamenta que la Comisión conculcara el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 al incumplir sistemáticamente el plazo legal para el acceso del público a los documentos y por no haber comunicado oportunamente su decisión a los solicitantes, como muestra el Informe especial de la Defensora del Pueblo; subraya que, en consonancia con el análisis de la Defensora del Pueblo, estos retrasos constituyen un caso de mala administración por parte de la Comisión;

5.Subraya que el Defensor del Pueblo Europeo desempeña un papel importante a la hora de facilitar el acceso de los ciudadanos a los documentos, en particular cuando dicho acceso ha sido denegado parcial o totalmente por una institución, organismo u órgano de la Unión; apoya firmemente las recomendaciones de la Defensora del Pueblo a la Comisión sobre la corrección de esta situación con carácter prioritario;

6.Recuerda con gran preocupación que, en 2021, a raíz de una solicitud de acceso público a mensajes de texto entre la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el consejero delegado de una empresa farmacéutica en relación con la adquisición por parte de la Comisión de vacunas contra la COVID‑19, la Comisión se negó a reconocer que dichos mensajes de texto recayesen bajo la categoría de «documentos» en el sentido del Reglamento (CE) n.º 1049/2001; recuerda que el registro de un documento es una consecuencia, no un requisito previo para su existencia; toma nota de la conclusión de la Defensora del Pueblo respecto a la mala administración por parte de la Comisión en este caso; expresa su preocupación por que la Comisión no haya seguido la recomendación de la Defensora del Pueblo, tras su investigación, para que realice otra búsqueda de mensajes de texto pertinentes; pide a la Comisión que proceda sin demora a una búsqueda exhaustiva; expresa su profunda preocupación por el creciente alejamiento entre los ciudadanos y las instituciones de la Unión que esta situación ha provocado;

7.Observa con gran preocupación que la Defensora del Pueblo recibe numerosas reclamaciones de ciudadanos sobre demoras extremas en el acceso a los documentos solicitados; comparte la opinión de la Defensora del Pueblo de que el acceso demorado constituye, en la práctica, un acceso denegado, y de que los procesos administrativos deben optimizarse para garantizar que los ciudadanos obtengan el acceso a los documentos de manera oportuna;

8.Recuerda que, según la Defensora del Pueblo Europeo, las restricciones sobre el acceso a los documentos, en especial a los documentos legislativos, deben ser excepcionales y estar limitadas a lo absolutamente necesario; recuerda asimismo que toda decisión de denegar el acceso público a los documentos debe basarse en excepciones jurídicas clara y estrictamente definidas, acompañadas de exposiciones de motivos específicas que permitan a los ciudadanos comprender las razones de la denegación de acceso y hacer un uso efectivo de las vías de recurso a su disposición; estima que un enfoque más proactivo ayudaría a garantizar una transparencia eficaz y a evitar litigios jurídicos costosos y gravosos entre los ciudadanos y las instituciones;

9.Destaca la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan seguir y comprender los procesos de adopción de decisiones de la Unión y participar en ellos; hace hincapié en que la Comisión, como mayor institución de la Unión, debe dar ejemplo en lo que respecta al acceso a los documentos; subraya que los retrasos en la concesión del acceso pueden mermar la capacidad de los ciudadanos para participar en el proceso democrático, ya que los documentos y la información solicitados a menudo sufren la influencia del paso del tiempo y pueden perder importancia para el solicitante si se producen retrasos; hace hincapié en que los retrasos también pueden tener un efecto disuasorio y hacer que los ciudadanos opten por no ejercer su derecho fundamental de acceso a los documentos por dar por supuesto que la tramitación llevará demasiado tiempo; subraya que el volumen y la complejidad crecientes de las solicitudes de acceso a documentos no puede justificar los retrasos sistémicos por parte de la Comisión;

10.insiste en que la publicación proactiva de documentos en el registro es la mejor solución para reducir el número de solicitudes de acceso a los documentos y evitar retrasos; considera que un enfoque más proactivo contribuiría a garantizar una transparencia eficaz y a evitar litigios innecesarios que podrían originar costes y cargas también innecesarios para los ciudadanos y para las instituciones de la Unión;

11.Insta a la Comisión a que ponga remedio a sus retrasos sistemáticos y significativos en la tramitación de las solicitudes de acceso público a los documentos;

12.Solicita la publicación inmediata y completa de todos los contratos de compra de vacunas contra la COVID‑19 financiadas total o parcialmente con fondos públicos;

13.Pide a la Comisión que aplique la recomendación y todas las sugerencias del Informe especial de la Defensora del Pueblo, en particular en lo referente la necesidad de una transparencia más proactiva, más recursos humanos destinados a tramitar las solicitudes confirmatorias y una actitud más abierta y constructiva hacia los solicitantes;

14.Pide a la Comisión que reforme su gestión del acceso público a los documentos con el fin de subsanar el importante problema de los retrasos y su incumplimiento de los plazos establecidos en la legislación pertinente;

15.Pide a la Comisión que se muestre proactiva a la hora de publicar documentos y estadísticas sobre cómo gestiona las solicitudes de acceso a los documentos, incluida la información sobre el cumplimiento de los plazos establecidos por el Derecho de la Unión, ya que dicha información es vital para reforzar los procesos democráticos de la Unión;

16.Pide a la Comisión que publique, de una vez e inmediatamente, los mensajes de texto que la presidenta de la Comisión y el director ejecutivo de la empresa farmacéutica Pfizer intercambiaron durante las negociaciones para la adquisición de 1 800 millones de dosis de vacunas contra la COVID‑19, en particular a la luz del aumento injustificado del 25 % del precio por dosis, que dio lugar a un coste total de 35 000 000 000 EUR en dinero público;

17.Subraya que, si la Comisión no subsana los retrasos sistemáticos y significativos en su tramitación de las solicitudes de acceso público a los documentos en el momento en que se tome posesión el nuevo Colegio de Comisarios, el Parlamento considerará la posibilidad de utilizar todos los instrumentos parlamentarios disponibles para abordar el asunto; recuerda que el Parlamento tiene derecho a interponer un recurso contra la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de los Tratados, en particular del artículo 15, apartado 3, del TFUE, relativo al derecho de acceso de los ciudadanos y residentes de la Unión a los documentos;

18.Pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre cómo tiene previsto respetar los plazos establecidos en la legislación pertinente de la Unión;

19.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución a la Comisión.