(2)A fin de garantizar el funcionamiento correcto y eficaz del mecanismo de cooperación y resolución de conflictos previsto en los artículos 60 y 65 del Reglamento (UE) 2016/679, es necesario establecer normas relativas al desarrollo de los procedimientos por parte de las autoridades de control en casos transfronterizos y por el Comité durante la resolución de conflictos, incluida la tramitación de reclamaciones transfronterizas. Por este motivo, también es necesario establecer normas relativas al ejercicio por las partes investigadas del derecho a ser oídas antes de la adopción de decisiones por las autoridades de control y, en su caso, por el Comité.

(3)Las reclamaciones son una fuente primordial de información para detectar las infracciones de la protección de datos. Es necesario definir procedimientos claros y eficientes para la tramitación de reclamaciones en casos transfronterizos, ya que la reclamación puede ser tramitada por una autoridad de control distinta de aquella ante la que se presentó la reclamación.

(4)Para que una reclamación sea admisible, debe contener información determinada y específica. Por lo tanto, para ayudar a los reclamantes a presentar los hechos necesarios a las autoridades de control, debe facilitarse un formulario de reclamación. La información especificada en el formulario solo debe exigirse en los casos de tratamiento transfronterizo en el sentido del Reglamento (UE) 2016/679, aunque el formulario puede ser utilizado por las autoridades de control en casos que no se refieran al tratamiento transfronterizo. El formulario podrá presentarse por vía electrónica o por correo postal. La presentación de la información enumerada en dicho formulario debe ser una condición para que una reclamación relativa al tratamiento transfronterizo sea tratada como una reclamación a tenor del artículo 77 del Reglamento (UE) 2016/679. No debe exigirse información adicional para que una reclamación se considere admisible. Las autoridades de control deben poder facilitar la presentación de reclamaciones en un formato electrónico de fácil manejo y teniendo en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, siempre que la información requerida al reclamante se corresponda con la información exigida en el formulario y no se requiera información adicional para considerar admisible la reclamación.

(5)Las autoridades de control están obligadas a decidir sobre las reclamaciones en un plazo razonable. El plazo razonable depende de las circunstancias de cada caso y, en particular, de su contexto, de las distintas fases del procedimiento seguidas por la autoridad de control principal, del comportamiento de las partes durante el procedimiento y de la complejidad del asunto.

(6)Cada reclamación tramitada por una autoridad de control de conformidad con el artículo 57, apartado 1, letra f), del Reglamento (UE) 2016/679 debe investigarse con toda la diligencia debida en la medida adecuada, teniendo en cuenta que todo uso por parte de la autoridad de control de los poderes conferidos debe ser adecuado, necesario y proporcionado para garantizar el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679. Queda a discreción de cada autoridad competente decidir en qué medida debe investigarse una reclamación. Al evaluar el objeto adecuado de una investigación, las autoridades de control deben tratar de proporcionar una resolución satisfactoria al reclamante, sin que esto requiera necesariamente investigar exhaustivamente todos los elementos de hecho y de Derecho posibles derivados de la reclamación, pero proporcionando una solución eficaz y rápida al reclamante. La evaluación del alcance de las medidas de investigación requeridas podría basarse en la gravedad de la supuesta infracción, su carácter sistémico o repetitivo o el hecho, según el caso, de que el reclamante también haya hecho uso de sus derechos en virtud del artículo 79 del Reglamento (UE) 2016/679.

(7)La autoridad de control principal debe facilitar a la autoridad de control ante la que se haya presentado la reclamación la información necesaria sobre el avance de la investigación a efectos de proporcionar información actualizada al reclamante.

(8)La autoridad de control competente debe facilitar al reclamante el acceso a los documentos sobre cuya base la autoridad de control llegó a la conclusión preliminar de desestimar total o parcialmente la reclamación.

(9)Con el fin de que las autoridades de control pongan fin rápidamente a las infracciones del Reglamento (UE) 2016/679 y ofrezcan una resolución rápida a los reclamantes, estas deben esforzarse, cuando sea posible, por resolver las reclamaciones mediante un acuerdo amistoso. El hecho de que una reclamación individual se haya resuelto mediante un acuerdo amistoso no impide a la autoridad de control competente tramitar un caso de oficio, por ejemplo en caso de infracciones sistémicas o reiteradas del Reglamento (UE) 2016/679.

(10)A fin de garantizar el funcionamiento eficaz de los mecanismos de cooperación y coherencia previstos en el capítulo VII del Reglamento (UE) 2016/679, es importante que los asuntos transfronterizos se resuelvan a su debido tiempo y en consonancia con el espíritu de cooperación leal y eficaz que subyace al artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679. La autoridad de control principal debe ejercer sus competencias en un marco de estrecha cooperación con las demás autoridades de control interesadas. Del mismo modo, las autoridades de control interesadas deben participar activamente en la investigación en una fase temprana, procurando alcanzar un consenso, haciendo pleno uso de los instrumentos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679.

(11)Es especialmente importante que las autoridades de control lleguen a un consenso sobre los aspectos clave de la investigación lo antes posible y antes de la comunicación de las alegaciones a las partes investigadas y de la adopción del proyecto de decisión a que se refiere el artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679, reduciendo así el número de casos sometidos al mecanismo de resolución de conflictos dispuesto en el artículo 65 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en última instancia, garantizando la resolución rápida de los asuntos transfronterizos.

(12)La cooperación entre las autoridades de control debe basarse en un diálogo abierto que permita a las autoridades de control interesadas influir de manera significativa en el curso de la investigación compartiendo sus experiencias y opiniones con la autoridad de control principal, teniendo debidamente en cuenta el margen de apreciación de que goza cada autoridad de control, incluida la evaluación de la medida en que debe investigarse un caso, y las distintas tradiciones de los Estados miembros. A tal fin, la autoridad de control principal debe transmitir a las autoridades de control interesadas un resumen de las cuestiones clave en el que exponga su opinión preliminar sobre las principales cuestiones de una investigación. Debe comunicarse en una fase suficientemente temprana para permitir la inclusión efectiva de las autoridades de control interesadas, pero al mismo tiempo en una fase en la que la opinión de la autoridad de control principal sobre el caso esté suficientemente meditada. Las autoridades de control interesadas deben tener la oportunidad de formular sus observaciones sobre una amplia gama de cuestiones, como el objeto de la investigación y la identificación de evaluaciones fácticas y jurídicas complejas. Dado que el objeto de la investigación determina los asuntos que requieren una investigación por parte de la autoridad de control principal, las autoridades de control deben esforzarse por lograr un consenso lo antes posible sobre el objeto de la investigación.

(13)En aras de una cooperación efectiva e inclusiva entre todas las autoridades de control interesadas y la autoridad de control principal, las observaciones de las autoridades de control interesadas deben ser concisas y redactadas en términos suficientemente claros y precisos para que sean fácilmente comprensibles para todas las autoridades de control. Los argumentos jurídicos deben agruparse en función de la parte del resumen de las cuestiones clave a la que se refieren. Las observaciones de las autoridades de control interesadas podrán completarse con documentos adicionales. Sin embargo, una mera referencia en las observaciones de una autoridad de control interesada a los documentos complementarios no puede paliar la ausencia de los argumentos esenciales de hecho o de Derecho que deben figurar en las observaciones. Los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basan dichos documentos deben indicarse, al menos de forma sumaria, coherente y comprensible, en la propia observación.

(14)Los casos que no plantean cuestiones controvertidas no requieren un amplio debate entre las autoridades de control para llegar a un consenso y, por lo tanto, podrían tratarse con mayor rapidez. Cuando ninguna de las autoridades de control interesadas formule observaciones sobre el resumen de las cuestiones clave, la autoridad de control principal debe comunicar las conclusiones preliminares previstas en el artículo 14 en un plazo de nueve meses.

(15)Las autoridades de control deben servirse de todos los medios necesarios para alcanzar un consenso en un espíritu de cooperación sincera y eficaz. Por consiguiente, en caso de divergencia de opiniones entre las autoridades de control interesadas y la autoridad de control principal en relación con el objeto de una investigación basada en una reclamación, incluido respecto a las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 que se estarían infringiendo, o cuando las observaciones de las autoridades de control interesadas se refieran a un cambio importante en la compleja evaluación jurídica o tecnológica, la autoridad en cuestión debe utilizar los instrumentos previstos en los artículos 61 y 62 del Reglamento (UE) 2016/679.

(16)Si el uso de estos instrumentos no permite a las autoridades de control alcanzar un consenso sobre el objeto de una investigación basada en una reclamación, la autoridad de control principal debe solicitar una decisión vinculante urgente del Comité de conformidad con el artículo 66, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679. A tal fin, debe presumirse que se cumple el requisito de urgencia. La autoridad de control principal debe extraer las conclusiones adecuadas de la decisión vinculante urgente del Comité a efectos de las conclusiones preliminares. La decisión vinculante urgente del Comité no puede prejuzgar el resultado de la investigación de la autoridad de control principal ni la efectividad de los derechos de las partes afectadas a ser oídas. En particular, el Comité no debe ampliar el objeto de la investigación por iniciativa propia.

(17)Para que el reclamante pueda ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva en virtud del artículo 78 del Reglamento (UE) 2016/679, la autoridad de control que desestime total o parcialmente una reclamación debe hacerlo mediante una decisión que pueda impugnarse ante un órgano jurisdiccional nacional.

(18)Los reclamantes deben tener la oportunidad de expresar su opinión antes de que se adopte una decisión que les afecte negativamente. Por consiguiente, en caso de rechazo total o parcial de una reclamación en un asunto transfronterizo, el reclamante debe tener la oportunidad de dar a conocer su opinión antes de la presentación de un proyecto de decisión con arreglo al artículo 60, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679, de un proyecto de decisión revisado con arreglo al artículo 60, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/679 o de una decisión vinculante del Comité con arreglo al artículo 65, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2016/679. El reclamante podrá solicitar el acceso a la versión no confidencial de los documentos en los que se base la decisión por la que se desestima total o parcialmente la reclamación.

(19)Es necesario aclarar el reparto de responsabilidades entre la autoridad de control principal y la autoridad de control ante la que se presentó la reclamación en caso de rechazo de la reclamación en un asunto transfronterizo. Como punto de contacto para el reclamante durante la investigación, la autoridad de control ante la que se presentó la reclamación debe recabar la opinión del reclamante sobre la propuesta de rechazo de la reclamación y ser responsable de todas las comunicaciones con el reclamante. Todas estas comunicaciones deben compartirse con la autoridad de control principal. Dado que, de conformidad con el artículo 60, apartados 8 y 9 del Reglamento (UE) 2016/679, la autoridad de control ante la que se haya presentado la reclamación tiene la responsabilidad de adoptar la decisión final desestimatoria de la reclamación, dicha autoridad de control también debe tener la responsabilidad de preparar el proyecto de decisión con arreglo al artículo 60, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679.

(21)Con el fin de salvaguardar efectivamente el derecho a una buena administración y el derecho de defensa consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), incluido el derecho de toda persona a ser oída antes de que se adopte una medida individual que le afecte desfavorablemente, es importante establecer normas claras sobre el ejercicio de este derecho.

(22)Las normas relativas al procedimiento administrativo aplicado por las autoridades de control al hacer cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 deben garantizar que las partes investigadas tengan efectivamente la oportunidad de dar a conocer sus opiniones sobre la veracidad y la pertinencia de los hechos, objeciones y circunstancias alegados por la autoridad de control a lo largo de todo el procedimiento, permitiéndoles así ejercer su derecho de defensa. Las conclusiones preliminares establecen la posición preliminar sobre la supuesta infracción del Reglamento (UE) 2016/679 tras la investigación. Constituyen, por tanto, una garantía procesal esencial que garantiza el respeto del derecho a ser oído. Debe facilitarse a las partes investigadas los documentos necesarios para defenderse eficazmente y para formular observaciones sobre las alegaciones formuladas en su contra, recibiendo acceso al expediente administrativo.

(23)Las conclusiones preliminares definen el objeto de la investigación y, por lo tanto, el alcance de cualquier decisión final futura [en su caso, adoptada sobre la base de una decisión vinculante adoptada por el Comité en virtud del artículo 65, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2016/679] que pueda dirigirse a los responsables o encargados del tratamiento. Las conclusiones preliminares deben formularse en términos que, aunque sean sucintos, sean suficientemente claros para permitir a las partes investigadas identificar adecuadamente la naturaleza de la supuesta infracción del Reglamento (UE) 2016/679. La obligación de facilitar a las partes investigadas toda la información necesaria para que puedan defenderse adecuadamente se cumple si la decisión final no imputa a las partes investigadas infracciones distintas de las mencionadas en las conclusiones preliminares y solo tiene en cuenta los hechos sobre los que las partes investigadas han tenido la oportunidad de dar a conocer sus opiniones. Sin embargo, la decisión final de la autoridad de control principal no tiene por qué ser necesariamente una copia de las conclusiones preliminares. La autoridad de control principal debe poder tener en cuenta, en la decisión final, las respuestas de las partes investigadas a las conclusiones preliminares y, en su caso, el proyecto de decisión revisado con arreglo al artículo 60, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/679 y la decisión por la que se resuelve el conflicto entre las autoridades de control conforme al artículo 65, apartado 1, letra a). La autoridad de control principal debe poder llevar a cabo su propia apreciación de los hechos y las calificaciones jurídicas presentadas por las partes investigadas, bien para renunciar a las objeciones cuando la autoridad de control las considere infundadas, o bien para completar y reformular sus argumentos, tanto de hecho como de Derecho, en apoyo de las objeciones que mantiene. Por ejemplo, la toma en consideración de una alegación formulada por una parte investigada durante el procedimiento administrativo, sin que se le haya dado la posibilidad de pronunciarse al respecto antes de la adopción de la decisión final, no puede constituir, en sí misma, una vulneración del derecho de defensa.

(24)Las partes investigadas deben tener derecho a ser oídas antes de la presentación de un proyecto de decisión revisado con arreglo al artículo 60, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/679 o de la adopción de una decisión vinculante por el Comité de conformidad con el artículo 65, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2016/679.

(25)Debe darse a los reclamantes la posibilidad de asociarse a los procedimientos incoados por una autoridad de control con vistas a identificar o aclarar cuestiones relacionadas con una posible infracción del Reglamento (UE) 2016/679. El hecho de que una autoridad de control ya haya iniciado una investigación sobre el objeto de la reclamación o vaya a tramitarla en una investigación de oficio posterior a la recepción de la reclamación no impide que un interesado pueda ser considerado reclamante. Sin embargo, una investigación por parte de una autoridad de control de una posible infracción del Reglamento (UE) 2016/679 por parte de un responsable o encargado del tratamiento no constituye un procedimiento contradictorio entre el reclamante y las partes investigadas. Se trata de un procedimiento iniciado por una autoridad de control, por propia iniciativa o sobre la base de una reclamación, en el cumplimiento de sus funciones con arreglo al artículo 57, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679. Por lo tanto, las partes investigadas y el reclamante no se encuentran en la misma situación procesal y este último no puede invocar el derecho de defensa cuando la decisión no afecta negativamente a su situación jurídica. La participación del reclamante en el procedimiento contra las partes investigadas no puede comprometer el derecho de estas partes a ser oídas.

(26)Debe darse a los reclamantes la posibilidad de presentar por escrito sus opiniones sobre las conclusiones preliminares. Sin embargo, no han de tener acceso a secretos comerciales u otro tipo de información confidencial perteneciente a otras partes involucradas en el procedimiento. Los reclamantes no deben tener derecho a un acceso generalizado al expediente administrativo.

(27)A la hora de fijar plazos para que las partes investigadas y los reclamantes presenten sus opiniones sobre las conclusiones preliminares, las autoridades de control deben tener en cuenta la complejidad de las cuestiones planteadas en las conclusiones preliminares, a fin de garantizar que las partes investigadas y los reclamantes tengan la oportunidad suficiente de expresar de manera significativa sus opiniones sobre las cuestiones planteadas.

(28)El intercambio de opiniones previo a la adopción de un proyecto de decisión implica un diálogo abierto y un amplio intercambio de puntos de vista en los que las autoridades de control deben hacer todo lo posible por alcanzar un consenso sobre el camino a seguir en una investigación. Por el contrario, el desacuerdo expresado en las objeciones pertinentes y motivadas con arreglo al artículo 60, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/679, que aumentan el riesgo de necesitar una resolución de conflictos entre autoridades de control con arreglo al artículo 65 del Reglamento (UE) 2016/679 y retrasan la adopción de una decisión final por parte de la autoridad de control competente, deben surgir en el caso excepcional de que las autoridades de control no logren un consenso y cuando sean necesarias para garantizar la interpretación coherente del Reglamento (UE) 2016/679. Estas objeciones deben utilizarse con moderación, cuando estén en juego cuestiones relacionadas con la aplicación coherente del Reglamento (UE) 2016/679, ya que cada uso de objeciones pertinentes y motivadas aplaza la solución para el interesado. Dado que el objeto de la investigación y los hechos pertinentes deben decidirse antes de la comunicación de las conclusiones preliminares, estas cuestiones no deben ser planteadas por las autoridades de control interesadas en las objeciones pertinentes y motivadas. No obstante, las autoridades de control interesadas podrán plantearlas en sus observaciones sobre el resumen de cuestiones clave con arreglo al artículo 9, apartado 3, antes de que se comuniquen las conclusiones preliminares a las partes investigadas.

(29)En aras de una conclusión eficaz e inclusiva del procedimiento de resolución de conflictos, en el que todas las autoridades de control deben estar en condiciones de aportar sus opiniones y teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo que se aplican a la resolución de conflictos, la forma y la estructura de las objeciones pertinentes y motivadas deben cumplir determinados requisitos. Por consiguiente, las objeciones pertinentes y motivadas deben limitarse a una extensión prescrita, deben identificar claramente el desacuerdo con el proyecto de decisión y deben redactarse en términos suficientemente claros, coherentes y precisos.

(30)El acceso al expediente administrativo está previsto como parte de los derechos de defensa y del derecho a una buena administración consagrados en la Carta. Debe facilitarse el acceso al expediente administrativo a las partes investigadas cuando se les notifiquen las conclusiones preliminares y debe fijarse el plazo para que presenten su contestación a dichas conclusiones por escrito.

(31)Al conceder acceso al expediente administrativo, las autoridades de control deben garantizar la protección de los secretos comerciales y otra información confidencial. La categoría de «otro tipo de información confidencial» abarca la información que no constituye secreto comercial pero que puede considerarse confidencial debido a que su divulgación dañaría de forma significativa a un responsable o un encargado del tratamiento o una persona física. Las autoridades de control deben poder solicitar que las partes investigadas que presenten o hayan presentado documentos o declaraciones identifiquen la información confidencial.

(33)Al remitir un asunto a la resolución de conflictos con arreglo al artículo 65 del Reglamento (UE) 2016/679, la autoridad de control principal debe facilitar al Comité toda la información necesaria para que esta pueda evaluar la admisibilidad de las objeciones pertinentes y motivadas y adoptar la decisión con arreglo al artículo 65, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2016/679. Una vez que el Comité reciba todos los documentos necesarios enumerados en el artículo 23, su presidente debe registrar la remisión del asunto en el sentido del artículo 65, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/679.

(34)La decisión vinculante del Comité en virtud del artículo 65, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2016/679 debe referirse exclusivamente a asuntos que hayan dado lugar a la activación de la resolución de conflictos y estar redactada de manera que permita a la autoridad de control principal adoptar su decisión final sobre la base de la decisión del Comité, manteniendo al mismo tiempo su facultad discrecional.

(36)Con el fin de racionalizar el procedimiento para la adopción de dictámenes urgentes y decisiones vinculantes urgentes del Comité en virtud del artículo 66, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/679, es necesario especificar normas de procedimiento relativas al calendario de la solicitud de dictamen urgente o decisión vinculante urgente, los documentos que deben presentarse al Comité y en los que este debe basar su decisión, a quién debe dirigirse el dictamen o la decisión del Comité, y las consecuencias del dictamen o la decisión del Comité.

(38)El Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Comité Europeo de Protección de Datos fueron consultados de conformidad con el artículo 42, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/1725, y emitieron un dictamen conjunto el […].

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento establece las normas procedimentales para la tramitación de reclamaciones y la realización de investigaciones en casos basados en reclamaciones o iniciadas de oficio por parte de las autoridades de control en la garantía del cumplimiento transfronterizo del Reglamento (UE) 2016/679.

(1)«partes investigadas»: los responsables o los encargados del tratamiento investigados por supuesta infracción del Reglamento (UE) 2016/679 en relación con el tratamiento transfronterizo;

(2)«resumen de las cuestiones clave»: el resumen que debe facilitar la autoridad de control principal a las autoridades de control interesadas en el que se especifiquen los principales hechos pertinentes y la opinión de la autoridad de control principal sobre el caso;

(3)«conclusiones preliminares»: el documento facilitado por la autoridad de control principal a las partes investigadas en el que se expongan las alegaciones, los hechos pertinentes, las pruebas, el análisis jurídico y, en su caso, las medidas correctoras propuestas;

1.Toda reclamación basada en el Reglamento (UE) 2016/679 que se refiera al tratamiento transfronterizo proporcionará la información exigida en el formulario que figura en el anexo. No se exigirá información adicional para que la reclamación se admita a trámite.

2.La autoridad de control ante la que se haya presentado la reclamación determinará si se trata de un supuesto de tratamiento transfronterizo.

3.La autoridad de control ante la que se haya presentado la reclamación determinará, en el plazo de un mes, si la información exigida en el formulario está completa.

4.Una vez evaluada la exhaustividad de la información exigida en el formulario, la autoridad de control ante la que se haya presentado la reclamación la transmitirá a la autoridad de control principal.

5.Cuando el reclamante solicite confidencialidad al presentar la reclamación, presentará también una versión no confidencial de esta.

6.La autoridad de control ante la que se presente la reclamación acusará recibo de esta en el plazo de una semana. Este acuse de recibo se entenderá sin perjuicio de la evaluación de la admisibilidad de la reclamación con arreglo al apartado 3.

II Presentación y tramitación de las reclamaciones

Investigación de las reclamaciones

Al evaluar en qué medida debe investigarse cada reclamación, la autoridad de control tendrá en cuenta todas las circunstancias pertinentes, incluidas todas las siguientes:

a)la conveniencia de proporcionar una solución eficaz y oportuna al reclamante;

b)la gravedad de la supuesta infracción;

c)el carácter sistémico o repetitivo de la supuesta infracción.

Las reclamaciones pueden resolverse mediante un acuerdo amistoso entre el reclamante y las partes investigadas. Cuando la autoridad de control considere que se puede lograr un acuerdo amistoso respecto a la reclamación, comunicará el acuerdo propuesto al reclamante. Si el reclamante no se opone al acuerdo amistoso propuesto por la autoridad de control en el plazo de un mes, la reclamación se considerará desistida.

Artículo 6

Traducciones

Cooperación con arreglo al artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679

Las disposiciones de la presente sección se refieren a las relaciones entre autoridades de control y no tienen por objeto conferir derechos a los particulares o a las partes investigadas.

1.La autoridad de control principal informará periódicamente a las demás autoridades de control interesadas respecto a la investigación y les facilitará, tan pronto como sea posible, toda la información pertinente cuando esté disponible.

2.La información pertinente en el sentido del artículo 60, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) 2016/679 incluirá, cuando proceda:

a)la información relativa a la iniciación de la investigación sobre una supuesta infracción del Reglamento (UE) 2016/679;

e)el resumen de las cuestiones clave de la investigación de conformidad con el artículo 9;

f)la información sobre las medidas destinadas a probar la existencia de la infracción del Reglamento (UE) 2016/679 antes de la preparación de las conclusiones preliminares;

i)la opinión del reclamante sobre las conclusiones preliminares;

1.Una vez que la autoridad de control principal haya llegado a una conclusión preliminar sobre las principales cuestiones de una investigación, elaborará un resumen de las cuestiones clave a efectos de la cooperación contemplada en el artículo 60, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679.

a)los principales hechos pertinentes;

b)una delimitación preliminar del objeto de la investigación, en particular de las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 afectadas por la supuesta infracción que se investigará;

c)la especificación de las evaluaciones jurídicas y tecnológicas complejas que sean pertinentes para la orientación preliminar de su evaluación;

3.Las autoridades de control interesadas podrán formular observaciones sobre el resumen de las cuestiones clave. Dichas observaciones deberán formularse en un plazo de cuatro semanas a partir de la recepción del resumen de las cuestiones clave.

4.Las observaciones que se formulen con arreglo al apartado 3 deberán cumplir los requisitos siguientes:

a)el lenguaje utilizado será suficientemente claro y se referirá a extremos precisos que permitan a la autoridad de control principal y, en su caso, a las autoridades de control interesadas preparar sus posiciones;

5.El Comité podrá especificar en su reglamento interno restricciones a la extensión máxima de las observaciones formuladas por las autoridades de control interesadas respecto al resumen de las cuestiones clave.

6.Los casos en que ninguna de las autoridades de control interesadas haya formulado observaciones con arreglo al apartado 3 del presente artículo se considerarán no contenciosos. En tales casos, las conclusiones preliminares a que se refiere el artículo 14 se comunicarán a las partes investigadas en un plazo de nueve meses a partir del vencimiento del plazo previsto en el apartado 3 del presente artículo.

Rechazo total o parcial de las reclamaciones

1.La autoridad de control interesada presentará una solicitud a la autoridad de control principal con arreglo al artículo 61 o al artículo 62 del Reglamento (UE) 2016/679, o a ambos, cuando, a raíz de las observaciones formuladas por las autoridades de control interesadas según lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, dicha autoridad de control interesada no esté de acuerdo con la evaluación de la autoridad de control principal sobre:

b)la orientación preliminar en relación con las evaluaciones jurídicas complejas especificadas por la autoridad de control principal con arreglo al artículo 9, apartado 2, letra c);

c)la orientación preliminar en relación con las evaluaciones tecnológicas complejas especificadas por la autoridad de control principal con arreglo al artículo 9, apartado 2, letra c).

3.La autoridad de control principal colaborará con las autoridades de control interesadas, sobre la base de sus observaciones sobre el resumen de las cuestiones clave y, en su caso, en respuesta a las solicitudes previstas en los artículos 61 y 62 del Reglamento (UE) 2016/679, en un esfuerzo por lograr un consenso. El consenso se utilizará como base para que la autoridad de control principal prosiga la investigación y elabore las conclusiones preliminares o, en su caso, facilite a la autoridad de control ante la que se haya presentado la reclamación su motivación a efectos del artículo 11, apartado 2.

4.Cuando, en una investigación basada en una reclamación, no haya consenso entre la autoridad de control principal y una o varias autoridades de control interesadas sobre el asunto a que se refiere el artículo 9, apartado 2, letra b), del presente Reglamento, la autoridad de control principal solicitará una decisión vinculante urgente del Comité de conformidad con el artículo 66, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679. En tal caso, se presumirá que se cumplen las condiciones para solicitar una decisión vinculante urgente con arreglo al artículo 66, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679.

5.Al solicitar una decisión vinculante urgente del Comité de conformidad con el apartado 4 del presente artículo, la autoridad de control principal facilitará todo lo siguiente:

a)los documentos a que se refiere el artículo 9, apartado 2, letras a) y b);

b)las observaciones de la autoridad de control interesada que no esté de acuerdo con la delimitación preliminar del objeto de la investigación por parte de la autoridad de control principal.

6.El Comité adoptará una decisión vinculante urgente respecto al objeto de la investigación sobre la base de las observaciones de las autoridades de control interesadas y la posición de la autoridad de control principal sobre dichas observaciones.

Artículo 11

Audiencia del reclamante antes del rechazo total o parcial de la reclamación

Artículo 12

Proyecto de decisión revisado por la que se rechaza total o parcialmente una reclamación

Artículo 13

Decisión por la que se rechaza total o parcialmente una reclamación

Decisiones dirigidas a los responsables y encargados del tratamiento

Conclusiones preliminares y contestación

1.Cuando la autoridad de control principal tenga la intención de presentar un proyecto de decisión en el sentido del artículo 60, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679 a las demás autoridades de control interesadas por la constatación de una infracción del Reglamento (UE) 2016/679, elaborará un proyecto de conclusiones preliminares.

En las conclusiones preliminares se expondrán las alegaciones formuladas de manera exhaustiva y suficientemente clara para que las partes investigadas puedan tener conocimiento de la conducta investigada por la autoridad de control principal. En particular, se deben exponer claramente todos los hechos alegados contra las partes investigadas y la evaluación jurídica completa, de modo que puedan expresar su opinión sobre los hechos y las conclusiones jurídicas que la autoridad de control principal pretenda reflejar en el proyecto de decisión en el sentido del artículo 60, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679, y enumerar todas las pruebas en las que se base.

En las conclusiones preliminares se indicarán las medidas correctoras que la autoridad de control principal tenga intención de aplicar.

Cuando la autoridad de control principal tenga la intención de imponer una multa, enumerará en las conclusiones preliminares los elementos pertinentes en los que se base el cálculo de dicha multa. En particular, la autoridad de control principal enumerará las cuestiones de hecho y de Derecho esenciales que puedan dar lugar a la imposición de la multa y los elementos enumerados en el artículo 83, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/679, especialmente los factores agravantes o atenuantes que se tengan en cuenta.

3.La autoridad de control principal notificará las conclusiones preliminares a cada una de las partes investigadas.

4.Al notificar las conclusiones preliminares a las partes investigadas, la autoridad de control principal fijará un plazo para que estas puedan presentar sus opiniones por escrito. La autoridad de control principal no estará obligada a tener en cuenta las opiniones escritas recibidas después del vencimiento de dicho plazo.

5.Al notificar las conclusiones preliminares a las partes investigadas, la autoridad de control principal facilitará a dichas partes acceso al expediente administrativo de conformidad con el artículo 20.

6.Las partes investigadas podrán, en su contestación escrita a las conclusiones preliminares, exponer todos los hechos y argumentos jurídicos de que tengan conocimiento que sean pertinentes para su defensa contra las alegaciones de la autoridad de control principal. Adjuntarán los documentos pertinentes para demostrar los hechos alegados. En su proyecto de decisión, la autoridad de control principal se pronunciará únicamente sobre las alegaciones, incluidos los hechos y la evaluación jurídica basada en dichos hechos, respecto de las cuales se haya dado a las partes investigadas la oportunidad de formular sus observaciones.

Artículo 15

Transmisión de las conclusiones preliminares a los reclamantes

Adopción de la decisión definitiva

Tras presentar el proyecto de decisión a las autoridades de control interesadas de conformidad con el artículo 60, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679, y cuando ninguna de las autoridades de control interesadas haya formulado objeciones al proyecto de decisión en los plazos a que se refiere el artículo 60, apartados 4 y 5, del Reglamento (UE) 2016/679, la autoridad de control principal adoptará y notificará su decisión con arreglo al artículo 60, apartado 7, del Reglamento (UE) 2016/679 al establecimiento principal o al establecimiento único del responsable o del encargado del tratamiento, según proceda, e informará a las autoridades de control interesadas y al Comité de la decisión en cuestión, incluyendo un resumen de los hechos pertinentes y la motivación.

Artículo 17

Derecho a ser oído en relación con el proyecto de decisión revisado

a)basarse exclusivamente en elementos fácticos incluidos en el proyecto de decisión; y

b)no modificar el objeto de las alegaciones planteando puntos que equivalgan a la formulación de alegaciones adicionales de infracción del Reglamento (UE) 2016/679 o alterando la naturaleza intrínseca de las alegaciones formuladas.

a)la extensión de cada objeción pertinente y motivada y la posición de la autoridad de control principal sobre cualquier objeción de este tipo no excederá de tres páginas y no incluirá anexos; en los casos en que se trate de cuestiones jurídicas especialmente complejas, la extensión máxima podrá aumentarse a seis páginas, salvo si el Comité aprecia circunstancias específicas que justifiquen una mayor extensión;

[...]

Remisión a la resolución de conflictos conforme al artículo 65 del Reglamento (UE) 2016/679

1.Si la autoridad de control principal no sigue las objeciones pertinentes y motivadas o considera que las objeciones no son pertinentes o motivadas, someterá el asunto al mecanismo de resolución de conflictos establecido en el artículo 65 del Reglamento (UE) 2016/679.

2.Al remitir el asunto a la resolución de conflictos, la autoridad de control principal facilitará al Comité todos los documentos siguientes:

b)el resumen de los hechos pertinentes;

d)las opiniones expresadas por escrito por las partes investigadas, en su caso, de conformidad con los artículos 14 y 17;

e)las opiniones expresadas por escrito por los reclamantes, en su caso, de conformidad con los artículos 11, 12 y 15;

f)las objeciones pertinentes y motivadas que la autoridad de control principal no haya seguido;

g)los motivos por los que la autoridad de control principal no haya seguido las objeciones pertinentes y motivadas o haya considerado que las objeciones no eran pertinentes ni motivadas.

3.En el plazo de cuatro semanas a partir de la recepción de los documentos enumerados en el apartado 2, el Comité determinará las objeciones pertinentes y motivadas que se consideran admitidas.

Artículo 23

Registro en relación con las decisiones adoptadas con arreglo al artículo 65, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2016/679

Artículo 24

Escrito de motivación antes de la adopción de la decisión con arreglo al artículo 65, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2016/679

Artículo 25

Procedimiento en relación con las decisiones adoptadas con arreglo al artículo 65, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2016/679

c)las opiniones de la autoridad de control que remite el asunto o de la Comisión sobre si, en su caso, la autoridad de control estaba obligada a comunicar el proyecto de decisión al Comité de conformidad con el artículo 64, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679, o si la autoridad de control no siguió el dictamen del Comité emitido de conformidad con el artículo 64 del Reglamento (UE) 2016/679.

3.El presidente del Comité registrará la remisión a más tardar una semana después de haber recibido los documentos a que se refieren los apartados 1 y 2.

a)el resumen de los hechos pertinentes;

b)la descripción de la medida provisional adoptada en el territorio de la autoridad de control requirente, su duración y las razones para adoptarla, incluida la justificación de la necesidad urgente de actuar para proteger los derechos y libertades de interesados;

c)la justificación de la necesidad urgente de adoptar medidas definitivas en el territorio del Estado miembro de la autoridad de control requirente, incluida una explicación del carácter excepcional de las circunstancias que requieran la adopción de las medidas en cuestión.

2.El dictamen urgente del Comité se dirigirá a la autoridad de control que haya presentado la solicitud. Será similar a un dictamen en el sentido del artículo 64, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 y permitirá a la autoridad requirente mantener o modificar su medida provisional en consonancia con las obligaciones del artículo 64, apartado 7, del Reglamento (UE) 2016/679.

Decisiones urgentes contempladas en el artículo 66, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/679

1.La solicitud de decisión urgente del Comité contemplada en el artículo 66, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/679 se presentará a más tardar tres semanas antes de la caducidad de las medidas provisionales adoptadas en virtud del artículo 61, apartado 8, el artículo 62, apartado 7, o el artículo 66, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679. La solicitud deberá contener toda la información indicada a continuación:

a)el resumen de los hechos pertinentes;

b)la medida provisional adoptada en el territorio del Estado miembro de la autoridad de control que solicita la decisión, su duración y los motivos para adoptar las medidas provisionales, en particular la justificación de la necesidad urgente de actuar para proteger los derechos y libertades de interesados;

c)la información sobre cualquier medida de investigación adoptada en su propio territorio y las respuestas recibidas del establecimiento local de las partes investigadas o cualquier otra información que obre en poder de la autoridad de control requirente;

d)la justificación de la necesidad urgente de adoptar medidas definitivas en el territorio de la autoridad de control requirente, teniendo en cuenta el carácter excepcional de las circunstancias que requieran la adopción de la medida definitiva, o la prueba de que una autoridad de control no ha respondido a una solicitud con arreglo al artículo 61, apartado 3, o al artículo 62, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/679;

f)cuando proceda, la opinión del establecimiento local de las partes investigadas contra las que se hayan adoptado medidas provisionales de conformidad con el artículo 66, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679.

2.La decisión urgente a que se refiere el apartado 1 se dirigirá a la autoridad de control que haya presentado la solicitud y permitirá a la autoridad requirente mantener o modificar su medida provisional.

3.Cuando el Comité adopte una decisión vinculante urgente en la que se indique que deben adoptarse medidas definitivas, la autoridad de control a la que vaya dirigida la decisión adoptará dichas medidas antes de que caduquen las medidas provisionales adoptadas en virtud del artículo 66, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679.

4.La autoridad de control que haya presentado la solicitud a que se refiere el apartado 1 notificará su decisión sobre las medidas definitivas al establecimiento del responsable o del encargado del tratamiento en el territorio de su Estado miembro e informará al Comité. Cuando la autoridad de control principal no sea la autoridad requirente, la autoridad requirente informará a la autoridad de control principal de la medida definitiva.

Artículo 29

Inicio de los plazos y definición de día hábil

Los capítulos III a IV se aplicarán a las investigaciones de oficio iniciadas después de la entrada en vigor del presente Reglamento y a las investigaciones basadas en reclamaciones cuando la reclamación se haya presentado después de la entrada en vigor del presente Reglamento.

El capítulo V se aplicará a todos los casos sometidos a resolución de conflictos con arreglo al artículo 65 del Reglamento (UE) 2016/679 después de la entrada en vigor del presente Reglamento.

Entrada en vigor

1.Identificación de la persona o entidad que presenta la reclamación

Cuando el reclamante sea una persona física, adjúntese un medio de identificación1 bis.

2.Datos de contacto 1 bis

Cuando la reclamación se presente por vía electrónica, la dirección de correo electrónico.

Si la reclamación se presenta por correo postal, la dirección postal.

3.Entidad cuyo tratamiento de sus datos personales infringe el Reglamento (UE) 2016/679

Comunique toda la información que obre en su poder para facilitar la identificación de la entidad objeto de su reclamación.