(1)En la Unión, no existe actualmente un enfoque común para el cálculo de la base imponible de las sociedades que realizan operaciones transfronterizas. Por lo tanto, las empresas de la Unión están obligadas a cumplir las normas de los diferentes sistemas de tributación aplicables a las sociedades, en función del Estado miembro en el que operen, lo cual constituye una barrera para las pequeñas y medianas empresas (pymes) a la hora de acceder al mercado interior. Las empresas de la Unión, en particular las pymes, se enfrentan a importantes costes de cumplimiento relacionados con la fiscalidad, debido a la ausencia de una solución para el cálculo de su base imponible.

(2)La coexistencia e interacción de veintisiete sistemas diferentes de tributación aplicables a las sociedades en la Unión confiere complejidad a los costes de cumplimiento de las obligaciones fiscales y hace que las empresas estén sujetas a unas condiciones de competencia que pueden afectar negativamente a las inversiones transfronterizas, lo que lastra el desarrollo de nuestro mercado interior con respecto a terceros países. Esta situación, que afecta significativamente a las pymes, se ha ido haciendo más patente a medida que la globalización y la digitalización de la economía han ido alterando significativamente la percepción de las fronteras y los modelos de negocio, en especial con el continuo desarrollo de nuestro mercado interior, lo que exige que se adopten más medidas. Por otro lado, los diversos marcos jurídicos conducen a prácticas de administración tributaria diferentes en los distintos Estados miembros. A menudo esta diversidad lleva aparejados largos procedimientos caracterizados por la imprevisibilidad y la incoherencia, junto con elevados costes de cumplimiento que afectan en gran medida a las pymes, desincentivándolas de invertir en más de un Estado miembro. Se requiere confianza mutua y buena fe por parte de los Estados miembros para que exista una cooperación en las decisiones fiscales y para completar, mejorar y seguir desarrollando nuestro mercado interior.

(3)La diversidad de modelos de negocio que existen en el mercado interior exige de las distintas empresas soluciones diferentes a la hora de hacer frente a los retos que plantean en la actualidad sus operaciones transfronterizas. Las empresas más pequeñas tienen mayores dificultades para expandirse a escala transfronteriza que las empresas más grandes. A esas pequeñas empresas les resulta más gravoso lidiar con procedimientos complejos y elevados costes de cumplimiento, además de la incertidumbre que supone invertir su propio patrimonio en un mercado desconocido. Por lo tanto, es evidente que, en su fase inicial de expansión, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas necesitan soluciones tales como un mecanismo simplificado para el cálculo de su resultado imponible cuando operan de forma transfronteriza exclusivamente a través de establecimientos permanentes o dos filiales como máximo. La transparencia es esencial para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior.

(4)Para paliar la incertidumbre fiscal y superar la dificultad que supone cumplir las normas de un sistema fiscal desconocido cuando se opera en otro u otros Estados miembros (uno de los principales factores que disuaden a las pymes de expandirse en el extranjero), procede calcular el resultado imponible de los establecimientos permanentes o las filiales basándose en las normas del Estado miembro de residencia a efectos fiscales de la sede de la pyme (su administración central). Esto también significa que seguirán aplicándose los principios que rigen la atribución de rentas a un establecimiento permanente o una filial, establecidos en el convenio bilateral aplicable para evitar la doble imposición entre el Estado miembro del establecimiento permanente o la filial y el Estado miembro de la sede. A fin de garantizar que toda nueva norma suponga para las pymes una fuente de simplificación, su aplicación debe ser facultativa y, por tanto, dejarse a la discreción del contribuyente, además de otorgar suficiente margen para su aplicación y adaptación a la nueva norma.

(5)Con objeto de evitar prácticas fiscales abusivas, se han diseñado normas sólidas y específicas contra el fraude fiscal destinadas, por ejemplo, a hacer frente a los riesgos de elusión fiscal asociados al traslado de la residencia fiscal de una pyme y evitar así que la ubicación de la sede se determine atendiendo a motivaciones fiscales. Por consiguiente, sería necesario hacer un seguimiento de la evolución del volumen de negocios atribuido al establecimiento o establecimientos permanentes o a la filial o filiales con el fin de que sus operaciones mantengan carácter secundario con respecto a la actividad principal, que debería llevar a cabo la sede. De este modo, se eliminaría el riesgo de que las normas se apliquen de forma abusiva, por ejemplo, mediante el establecimiento de sedes sin actividad real en tanto que la mayor parte de las actividades empresariales tiene lugar en el extranjero.

(6)El transporte marítimo internacional es un sector de actividad específico sujeto a regímenes tributarios especiales en varios Estados miembros. Dichos regímenes consisten en la mayoría de los casos en calcular la base imponible basándose en el tonelaje (es decir, en la capacidad de carga) de los buques explotados y no en las ganancias o pérdidas reales de la empresa. Partiendo de esta premisa, las pymes que obtengan rentas procedentes de actividades de transporte marítimo sujetas a un régimen de tributación en función del tonelaje deberían quedar excluidas de la opción a aplicar las normas de simplificación respecto de las rentas atribuidas a un establecimiento permanente o filial. Esta exclusión evitaría la complicación adicional que cabe esperar de la interacción entre el marco de simplificación fiscal para las pymes y los regímenes de tributación en función del tonelaje. Además, esa posible complicación resultaría desproporcionada, habida cuenta de que algunos Estados miembros no disponen de tales regímenes fiscales especiales. De todos modos, esa exclusión debe evaluarse adecuadamente una vez transcurridos cinco años de la ejecución de la presente Directiva. Ninguna otra actividad aparte de la que está sujeta al régimen de tributación en función del tonelaje quedaría excluida del ámbito de aplicación de la Directiva.

(7)Dado que la propuesta tiene por objeto ofrecer una simplificación sustancial del procedimiento, es preciso establecer una ventanilla única en virtud de la cual la declaración fiscal, las liquidaciones tributarias y la recaudación del impuesto adeudado por el establecimiento o establecimientos permanentes o las filiales se tramiten a través de una única autoridad tributaria («la autoridad de presentación»), es decir, la autoridad tributaria del Estado miembro de la sede. Esta ventanilla única debe de ofrecer todas las características de simplificación para que no se convierta en otro obstáculo para las empresas que quieran invertir en el extranjero. En el pleno respeto de la potestad tributaria de los Estados miembros, las auditorías, los recursos y los procedimientos de resolución de litigios se mantendrían principalmente en el ámbito nacional y se llevarían a cabo de conformidad con las normas de procedimiento del Estado miembro respectivo. Con vistas a apoyar el funcionamiento de una ventanilla única, sería fundamental prever auditorías conjuntas, crear una obligación de cooperación para las autoridades tributarias de los Estados miembros, según la cual el Estado miembro de la sede deba cooperar en caso de que la autoridad tributaria del establecimiento permanente o la filial solicite una auditoría que abarque el cálculo del resultado imponible del contribuyente bajo su jurisdicción. En este sentido, si el Estado miembro de la sede lleva a cabo una auditoría por iniciativa propia, debe invitar al Estado miembro de acogida para realizar dicha auditoría conjuntamente.

(14)Los Estados miembros pueden tratar datos personales con arreglo a la presente Directiva únicamente con el fin de verificar los requisitos de admisibilidad o determinar la deuda tributaria de los establecimientos permanentes y las filiales. Todo tratamiento de datos personales llevado a cabo con esta finalidad debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679.

(15)Se establece un período de conservación proporcionado que permita a los Estados miembros cumplir la mayor parte de las normas relativas al plazo de prescripción, ajustándose así a dichas normas nacionales en lo que respecta al momento de inicio de su validez o a su suspensión. No obstante, el período de conservación no debe ir más allá de lo necesario para garantizar que las autoridades tributarias competentes puedan determinar la deuda fiscal, logrando así un equilibrio entre la capacidad de la autoridad tributaria de asegurar una liquidación y recaudación adecuadas de los impuestos y el derecho de los contribuyentes a la seguridad jurídica.

(17)El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, emitió su dictamen el 3 de noviembre de 2023.

(18)Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la simplificación de las normas tributarias en favor de determinadas pymes que operan de manera transfronteriza en el mercado interior a través de uno o varios establecimientos permanentes y hasta un máximo de dos filiales, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros de manera individual sino que, debido a los retos existentes derivados de la interacción de veintisiete sistemas nacionales de tributación diferentes aplicables a las sociedades, puede lograrse mejor a escala de la Unión a través de una cooperación mutua entre Estados miembros, esta última puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

La presente Directiva establece normas para calcular el resultado imponible de los establecimientos permanentes y las filiales de las pymes que cumplan los criterios establecidos en el artículo 2, apartado 1, (normas relativas a la «imposición en la sede»).

e)que operen en otros Estados miembros a través de uno o varios establecimientos permanentes y un máximo de dos filiales;

2.La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 16 por los que se modifiquen los anexos I a IV a fin de tener en cuenta los cambios que se produzcan en la legislación de los Estados miembros y sobre la base de la información aportada por el Estado miembro pertinente en relación con lo siguiente:

3.La presente Directiva no afectará al derecho del Estado miembro en el que esté situado un establecimiento permanente o la filial a determinar el tipo impositivo aplicable, ni a la aplicabilidad de convenios bilaterales para evitar la doble imposición, ni a las normas relativas a la protección social de los trabajadores en el Estado miembro del establecimiento permanente o la filial.

2)«sede»: una pyme contemplada en el artículo 2, apartado 1, que opere en otro u otros Estados miembros a través de uno o varios establecimientos permanentes y un máximo de dos filiales;

4)«normas relativas a la imposición en la sede»: las normas tributarias del Estado miembro de la sede utilizadas para calcular el resultado imponible de la sede y de sus establecimientos permanentes o filiales;

5)«Estado miembro de acogida»: el Estado miembro en el que esté situado el establecimiento permanente o la filial de una pyme contemplada en el artículo 2, apartado 1;

6)«resultado imponible del establecimiento permanente»: las ganancias o las pérdidas imponibles atribuidas al establecimiento permanente y a un máximo de dos filiales y calculadas con arreglo a las normas relativas a la imposición en la sede;

8)«declaración tributaria correspondiente a la imposición en la sede»: la declaración tributaria presentada por una pyme contemplada en el artículo 2, apartado 1, que incluye tanto los resultados imponibles de la sede como los de los establecimientos permanentes o las filiales, calculados con arreglo a las normas relativas a la imposición en la sede.

1.La sede podrá optar por aplicar las normas relativas a la imposición en la sede a su establecimiento o establecimientos permanentes y filiales en otros Estados miembros si cumple los siguientes requisitos:

a)que el volumen de negocios conjunto de sus establecimientos permanentes y filiales no haya superado, en los tres últimos ejercicios fiscales, un importe equivalente al triple del volumen de negocios generado por la sede;

b)que haya sido residente a efectos fiscales en el Estado miembro de la sede durante el último ejercicio fiscal o, si es más reciente, desde el establecimiento de la sede;

c)que haya cumplido las condiciones establecidas en el artículo 2, apartado 1, letra d), durante el último ejercicio fiscal o, si es más reciente, desde el establecimiento de la sede.

2.Si la sede opta por aplicar las normas relativas a la imposición en la sede de conformidad con el apartado 1, hará extensiva esta aplicación a todos sus establecimientos permanentes o filiales en otros Estados miembros. Si crea un nuevo establecimiento permanente en otro Estado miembro, le aplicará las normas relativas a la imposición en la sede desde el momento en que se establezca. Si crea una primera filial en otro Estado miembro, le aplicará las normas relativas a la imposición en la sede desde el momento en que se establezca e informará al respecto al Estado miembro de acogida.

Cuando la sede obtenga rentas procedentes de actividades de transporte marítimo que estén sujetas en el Estado miembro de la sede a un régimen de tributación en función del tonelaje, dicha sede quedará excluida de la aplicación de las normas relativas a la imposición en la sede con respecto a sus establecimientos permanentes y las filiales en otros Estados miembros, en la medida en que esos establecimientos obtengan rentas procedentes de actividades de transporte marítimo.

1.La sede que opte por aplicar las normas relativas a la imposición en la sede a su establecimiento o establecimientos permanentes y filial o filiales notificará su decisión a la autoridad de presentación, junto con el nombre del Estado o Estados miembros de acogida. La notificación se realizará, como mínimo, dos meses antes de que finalice el ejercicio fiscal anterior a aquel en que la pyme desee empezar a aplicar las normas relativas a la imposición en la sede.

2.La autoridad de presentación verificará si se cumplen los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 4 e informará a la sede de sus conclusiones al respecto en un plazo de un mes a partir de la notificación a que se refiere el apartado 1.

3.Si se cumplen los requisitos de admisibilidad, la autoridad de presentación informará a las autoridades tributarias de los Estados miembros de acogida, en un plazo de un mes a partir de la notificación a que se refiere el apartado 1, de que el resultado imponible de los establecimientos permanentes y filiales pertinentes se calculará de conformidad con las normas relativas a la imposición en la sede a partir del ejercicio fiscal siguiente, tal como se apliquen en el Estado miembro de la sede. La autoridad tributaria del Estado o Estados miembros de acogida comunicará a la autoridad de presentación el tipo impositivo aplicable.

El Estado miembro de acogida podrá impugnar la decisión de la autoridad de presentación relativa al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13. En ese caso, se aplicarán las normas nacionales del Estado miembro de la sede. Sin perjuicio de tales procedimientos, las pymes podrán empezar a aplicar las normas relativas a la imposición en la sede.

Si la autoridad de presentación llega a la conclusión de que no se cumplen los requisitos de admisibilidad, informará al respecto a la sede en un plazo de un mes a partir de la notificación a que se refiere el apartado 1 y esta podrá ejercer su derecho de recurso de conformidad con la legislación nacional y continuar aplicando las normas relativas a la imposición en la sede. La decisión definitiva solo surtirá efectos jurídicos a partir del siguiente ejercicio fiscal.

4.Cuando un Estado miembro de acogida llegue a la conclusión de que la presencia de una pyme en su territorio constituye un establecimiento permanente o una filial, informará al respecto a la autoridad de presentación. A raíz de esta información, la autoridad de presentación informará a la autoridad tributaria competente del Estado miembro de acogida sobre si la sede aplica las normas relativas a la imposición en la sede respecto de sus establecimientos permanentes o filiales. La sede debe ser debidamente informada sobre estos procedimientos, sin demora indebida.

1.La sede que haya optado por aplicar las normas relativas a la imposición en la sede a sus establecimientos permanentes o filiales en uno o varios Estados miembros de acogida lo hará durante un período de siete ejercicios fiscales renovable.

2.Al concluir el período mencionado en el apartado 1, las normas relativas a la imposición en la sede dejarán de aplicarse a los establecimientos permanentes y a las filiales situados en los Estados miembros de acogida, a menos que la sede notifique a la autoridad de presentación su decisión de volver a optar por la aplicación de dichas normas, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 9.

1.Se pondrá fin a la opción de aplicar las normas relativas a la imposición en la sede antes de que concluya el período de siete años contemplado en el artículo 7, apartado 1, por uno de los motivos siguientes:

a)que la pyme contemplada en el artículo 2, apartado 1, haya trasladado su residencia fiscal fuera del Estado miembro de la sede, si dicha pyme quiere dejar de aplicar las normas tributarias;

b)que, en los tres últimos ejercicios fiscales, el volumen de negocios conjunto de sus establecimientos permanentes y filiales haya superado un importe equivalente al triple del volumen de negocios de la sede;

2.Las normas relativas a la imposición en la sede dejarán de aplicarse a partir del ejercicio fiscal siguiente a aquel en que surja el motivo contemplado en dicho apartado 1.

3.La autoridad de presentación informará a los Estados miembros de acogida de la terminación a que se refiere el apartado 1 lo antes posible y, en cualquier caso, antes de que concluya el ejercicio fiscal en que hayan surgido los motivos de la terminación.

4.Si la pyme a que se refiere el artículo 2, apartado 1, traslada su residencia fiscal a otro Estado miembro, podrá optar por aplicar las normas relativas a la imposición en la sede de su nuevo Estado miembro de residencia fiscal de conformidad con los artículos 4 a 7. Ello se considerará una nueva opción. El requisito establecido en el artículo 4, apartado 1, letra b), no se aplicará si el traslado de la residencia fiscal de la pyme se ha realizado por razones comerciales válidas de conformidad con el artículo 15, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/133/CE del Consejo.

La sede no estará autorizada a renovar la opción de aplicar las normas relativas a la imposición en la sede si se ha dado cualquiera de las siguientes situaciones:

a)si, durante tres ejercicios fiscales cualesquiera considerados por separado, el volumen de negocios conjunto de los establecimientos permanentes o las filiales ha superado un importe equivalente al triple del volumen de negocios de la sede;

b)si la pyme ha establecido más de dos filiales dentro de la Unión;

c)si, durante tres ejercicios fiscales consecutivos, no se ha cumplido el criterio establecido en el artículo 2, apartado 1, letra d).

1.La sede presentará la declaración tributaria correspondiente a la imposición en la sede ante la autoridad de presentación. El Estado miembro de la sede ayudará a la pyme a elaborar la declaración tributaria, en particular en lo que se refiere a la atribución del resultado imponible de cada establecimiento permanente y filial en otros Estados miembros.

b)la deuda tributaria de la pyme con respecto al resultado imponible de cada establecimiento permanente y un máximo de dos filiales situados en otros Estados miembros. La deuda tributaria se calculará aplicando el tipo impositivo nacional del Estado miembro de acogida respectivo al resultado imponible, calculado de conformidad con las normas relativas a la imposición en la sede.

(No afecta a la versión española).

a)los activos y pasivos atribuidos a los establecimientos permanentes y a un máximo de dos filiales;

b)los beneficios atribuibles a los establecimientos permanentes y a un máximo de dos filiales en otros Estados miembros.

b)una notificación de liquidación tributaria provisional destinada a cada establecimiento permanente y filial.

b)una notificación de liquidación tributaria provisional destinada a los establecimientos permanentes y a las filiales pertinentes;

8.Si la autoridad tributaria del Estado miembro de acogida rechaza la notificación de liquidación tributaria provisional, la revisará en relación con la atribución de beneficios al establecimiento permanente y las filiales de conformidad con lo dispuesto en el convenio aplicable para evitar la doble imposición en el que el Estado miembro de acogida y el Estado miembro de la sede son parte. Una vez que la atribución de beneficios al establecimiento permanente y las filiales haya sido revisada y se haya comunicado a la autoridad de presentación de conformidad con el artículo 8 bis sexies de la Directiva 2011/16/UE, esta última volverá a calcular el resultado imponible de conformidad con las normas tributarias del Estado miembro de la sede, y dicho Estado miembro emitirá una liquidación tributaria revisada. El contribuyente tendrá derecho a impugnar dicha liquidación tributaria revisada ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la sede. Cualquier litigio relativo al importe de los beneficios atribuibles al establecimiento permanente y las filiales se resolverá de conformidad con el convenio para evitar la doble imposición aplicable o con las disposiciones establecidas en la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 201717.

_________________

17 Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea (DO L 265 de 14.10.2017, p. 1).

9.Cuando, en virtud de las normas tributarias del Estado miembro de acogida, determinados gastos relacionados con los trabajadores del establecimiento permanente o la filial sean deducibles a efectos fiscales en la medida en que los respectivos importes se graven a nivel del trabajador o consistan en cargas sociales y no exista un trato fiscal similar en el Estado miembro de la sede que permita dicha deducción, el Estado miembro de la sede y los Estados miembros de acogida, con las orientaciones de la Comisión, adoptarán las medidas adecuadas para evitar eventuales desajustes.

Recaudación del impuesto adeudado por los establecimientos permanentes y las filiales en los Estados miembros de acogida

1.La sede liquidará, a través de la autoridad de presentación, la deuda tributaria sobre su renta en relación tanto con su propio resultado imponible como con el resultado imponible de sus establecimientos permanentes y filiales en los Estados miembros de acogida.

2.La autoridad de presentación recaudará el impuesto correspondiente a la deuda tributaria de cada establecimiento permanente y filial de la sede en la Unión, aplicará el tipo impositivo del Estado miembro de acogida respectivo y transferirá el importe correspondiente a la autoridad competente del Estado miembro de acogida respectivo sin demora.

3.La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, las modalidades prácticas necesarias para garantizar la recaudación del impuesto correspondiente a la deuda tributaria de los establecimientos permanentes o las filiales y su transferencia del Estado miembro de la sede al Estado miembro de acogida. Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 15.

1.Salvo disposición en contrario, las normas de la presente Directiva no afectarán a las normas nacionales de los Estados miembros que regulan las auditorías fiscales, las vías de recurso y los procedimientos judiciales locales, ni a los mecanismos de resolución de litigios disponibles a escala de la Unión o previstos en los convenios fiscales bilaterales aplicables para evitar la doble imposición. La presente Directiva no afectará a las obligaciones comerciales, contables y fiscales de los establecimientos permanentes y las filiales en virtud de las normas nacionales del Estado miembro de acogida.

2.Las autoridades tributarias del Estado miembro de acogida podrá solicitar que se lleve a cabo conjuntamente con la autoridad de presentación una auditoría que abarque el cálculo del resultado imponible del establecimiento permanente o la filial de conformidad con las normas relativas a la imposición en la sede, la atribución de beneficios al establecimiento permanente o a la filial o el tipo impositivo aplicable. Las auditorías conjuntas se llevarán a cabo de conformidad con la Directiva 2011/16/UE del Consejo18. No obstante lo dispuesto en la Directiva 2011/16/UE, la autoridad tributaria del Estado miembro de la sede también podrá solicitar una auditoría conjunta a la autoridad tributaria del Estado miembro de acogida de cada establecimiento permanente o filial.

_________________

18 Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).

1.Si una sede, tal como se define en el artículo 3, punto 2, de la Directiva por la que se establecen normas relativas a la imposición en la sede destinadas a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas20, que opte por aplicar las normas relativas a la imposición en la sede a sus establecimientos permanentes o sus filiales de conformidad con el artículo 6 de dicha Directiva, cumple los requisitos de admisibilidad para aplicar dichas normas, la autoridad competente del Estado miembro de la sede comunicará mediante un intercambio automático de información a la autoridad competente del Estado miembro del establecimiento permanente o las filiales que el resultado imponible del establecimiento permanente o las filiales de que se trate debe calcularse de conformidad con las normas relativas a la imposición en la sede. Dicha comunicación se efectuará en un plazo de un mes a partir de la notificación por parte de la sede de que ha optado por aplicar las normas de imposición en la sede.

______________________

20 Directiva... [DO: Insértese el número, la fecha, el título y la referencia del DO de dicha Directiva].

2.La autoridad competente del Estado miembro del establecimiento permanente o la filial comunicará a la autoridad competente del Estado miembro de la sede el tipo impositivo aplicable a efectos de la determinación de la deuda tributaria de los establecimientos permanentes o las filiales situados en su territorio, en un plazo de dos meses a partir de la notificación por la autoridad competente del Estado miembro de la sede de la decisión sobre la aplicación de las normas relativas a la imposición en la sede.

3.La autoridad competente del Estado miembro de la sede comunicará, mediante un intercambio automático de información, la información especificada en el apartado 2 del presente artículo a las autoridades competentes de los Estados miembros de los establecimientos permanentes o las filiales, de conformidad con las modalidades prácticas adoptadas en virtud del artículo 21.

iii)una notificación de liquidación tributaria provisional destinada a los establecimientos permanentes y las filiales pertinentes;

6.Cuando, tras haber rechazado la notificación de liquidación tributaria provisional emitida por el Estado miembro de la sede, la autoridad tributaria del Estado miembro de los establecimientos permanentes o las filiales revise dicha notificación de liquidación tributaria provisional en relación con la atribución de beneficios al establecimiento permanente o la filial de conformidad con las disposiciones establecidas en el convenio bilateral para evitar la doble imposición aplicable entre el Estado miembro de acogida y el Estado miembro de la sede, la autoridad competente del Estado miembro de los establecimientos permanentes o las filiales comunicará esa notificación de liquidación tributaria revisada a la autoridad competente del Estado miembro de la sede, en el plazo de un mes a partir de su emisión, a efectos de un nuevo cálculo del resultado imponible del establecimiento permanente o la filial, la emisión de una notificación de liquidación tributaria revisada y la recaudación del impuesto.

Se informará al Parlamento Europeo de la adopción de actos delegados y de ejecución por la Comisión, de cualquier objeción formulada al respecto y de la revocación de la delegación de poderes por el Consejo.

2.La información, incluidos los datos personales, tratada de conformidad con la presente Directiva solo se conservará el tiempo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos de la presente Directiva (el «período de conservación»), en particular, la verificación de los requisitos de admisibilidad y la determinación de la deuda tributaria del contribuyente, de conformidad con las normas nacionales de cada responsable del tratamiento en materia de prescripción. El período de conservación comenzará cuando los datos personales se traten por primera vez a efectos de la presente Directiva y no excederá en ningún caso de siete años.

1.Cinco años después del inicio de la aplicación de la presente Directiva, la Comisión examinará y evaluará su funcionamiento e informará al Parlamento Europeo y al Consejo. En el informe, la Comisión examinará, entre otras cosas, si las normas de imposición en la sede también deben aplicarse a una o varias filiales de las pymes. El informe irá acompañado, en su caso, de una propuesta de modificación de la presente Directiva.

2.Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la información pertinente para la evaluación de la Directiva, de conformidad con el apartado 3, incluidos datos agregados sobre el número de pymes admisibles frente a las que optaron por aplicar el procedimiento, su volumen de negocios y sus costes de cumplimiento en relación con su volumen de negocios; datos sobre el número de pymes que se hayan expandido a escala transfronteriza mediante la creación de un establecimiento permanente y número de pymes que han quedado descalificadas por haber creado más de dos filiales, o costes de cumplimiento para las pymes que aplican la opción.

Los Estados miembros adoptarán y publicarán a más tardar el 31 de diciembre de 2024 las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Informarán inmediatamente al respecto a la Comisión.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2025.