(3)Cuando los Estados miembros aplican o interpretan el principio de plena competencia de forma notablemente distinta, crean situaciones que podrían perjudicar al mercado interior y conllevar costes innecesarios para las empresas en caso de litigios, así como instigar una competencia fiscal perjudicial, atraer estructuras de elusión fiscal agresiva, generar ayudas estatales ilegales y reducir los ingresos de los Estados miembros. La incoherencia de las normas aplicables en materia de precios de transferencia no solo puede generar doble imposición, sino también posibilitar el traslado de beneficios, la elusión fiscal y la doble no imposición. Estas incoherencias considerables pueden constituir una grave amenaza para los ingresos fiscales, la moral fiscal y las capacidades limitadas de las administraciones tributarias. Asimismo, dichas incoherencias generan obstáculos para las empresas, especialmente pymes, que realizan operaciones transfronterizas, y pueden provocar distorsiones e ineficiencias económicas y afectar negativamente a la inversión y al crecimiento transfronterizos. Además, la Comisión debe garantizar que la presente Directiva no presente incoherencias con las últimas Directrices de la OCDE, incluido el importe A y el importe B del pilar 1, cuyo objetivo es simplificar las normas existentes sobre precios de transferencia.

(4)La presente Directiva establece normas para garantizar una aplicación común del principio de plena competencia en toda la Unión con el fin de aumentar la seguridad fiscal y reducir los casos de doble imposición y de doble no imposición, disminuir los costes de cumplimiento en materia tributaria y los litigios, especialmente para los contribuyentes que realizan operaciones transfronterizas dentro de la Unión, y evitar los abusos fiscales.

(6)Para garantizar la mitigación de la doble imposición, los Estados miembros deben disponer de mecanismos adecuados que les permitan realizar un ajuste correlativo cuando se realice un ajuste primario en otro Estado miembro o en un tercer país o territorio. En particular, los Estados miembros deben tener la posibilidad de realizar los ajustes correlativos y no deben limitar la concesión de dicho ajuste al contexto de los procedimientos amistosos, sino también como resultado: i) de un procedimiento «acelerado», que concluya en 180 días sin necesidad de iniciar un procedimiento amistoso, cuando no exista duda alguna de que el ajuste primario está bien fundado; o ii) de inspecciones conjuntas u otras formas de cooperación internacional, por ejemplo, programas multilaterales de evaluación de riesgos como el Programa Europeo de Cumplimiento Cooperativo y el Programa Internacional de Garantía del Cumplimiento. A tal fin, los Estados miembros deben hacer uso de todos los procedimientos y disposiciones establecidos en la Directiva sobre cooperación administrativa («DCA»), en particular en la tercera y la sexta revisión, que cubren el intercambio de información relacionada con los acuerdos previos de valoración de precios de transferencia y el intercambio de información sobre los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información que hayan sido notificados por intermediarios o por el contribuyente correspondiente.

(7)Puede haber razones legítimas por las que el ajuste correlativo no se conceda o sea inferior al ajuste primario. En particular, los Estados miembros no deben conceder los ajustes correlativos si: i) el ajuste primario no se considera conforme con el principio de plena competencia; ii) el ajuste primario no tiene como resultado la tributación en otro Estado o territorio por un importe de beneficios respecto de los que la empresa asociada ya ha estado sujeta a imposición en el Estado miembro correspondiente; y iii) cuando se trate de un tercer país o territorio, si no existe un convenio fiscal. En ausencia de un ajuste primario, los Estados miembros solo podrán efectuar un ajuste a la baja si: i) dicho ajuste a la baja es conforme con el principio de plena competencia, y no da lugar a una doble no imposición; ii) la empresa asociada incluye en sus beneficios en el otro Estado o territorio un importe igual a dicho ajuste la baja y tributa por ellos; y iii) se ha enviado a los Estados o territorios pertinentes una comunicación sobre la intención de realizar un ajuste a la baja. El objetivo de las disposiciones anteriores es garantizar que: i) los Estados miembros pueden conservar el derecho de evaluar si el ajuste primario es de plena competencia; y ii) no existe doble imposición ni doble no imposición. Los Estados miembros no deben crear situaciones de doble no imposición.

(13)Con el fin de minimizar los litigios, reducir los costes conexos para las empresas y garantizar un enfoque común en toda la Unión, esta Directiva determina asimismo que un contribuyente no debe ser objeto de ajuste cuando sus resultados se sitúen dentro del rango intercuartil, a menos que la administración tributaria o el contribuyente demuestren que los hechos y circunstancias del caso concreto justifican un valor específico distinto dentro del rango. Cuando los resultados de una operación vinculada queden fuera del rango de plena competencia, se deberá solicitar a las administraciones tributarias que ajusten la mediana de todos los resultados, a menos que el contribuyente o la administración tributaria demuestren que, en ese caso concreto, otro punto del rango determina un precio de plena competencia más fiable.

(14)Con el fin de reducir la carga de cumplimiento para los contribuyentes que realizan operaciones transfronterizas dentro de la Unión, así como para hacer frente al riesgo de elusión fiscal, debe seguir avanzándose hacia un enfoque común respecto de la documentación sobre precios de transferencia. Teniendo en cuenta el capítulo V «Documentación» de las Directrices de la OCDE sobre precios de transferencia, y el Código de conducta sobre la documentación relacionada con los precios de transferencia exigida de las empresas asociadas en la UE, un modelo estándar y unas normas sobre contenidos, régimen lingüístico, plazos y sobre qué contribuyentes deben quedar comprendidos en el ámbito de aplicación, aportarían simplicidad y un potencial ahorro de costes33. También es necesaria una interpretación armonizada de esos términos a nivel de la Unión para facilitar la aplicación de la presente Directiva por las administraciones tributarias y las empresas. Por lo tanto, los Estados miembros deben facultar a sus administraciones tributarias para que se ocupen eficazmente de los esfuerzos comunes de documentación sobre los precios de transferencia.

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33 Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 27 de junio de 2006, relativa a un código de conducta sobre la documentación relacionada con los precios de transferencia exigida de las empresas asociadas en la Unión Europea (DPT UE), 2006/C 176/01, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2006.176.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2006%3A176%3AFULL

(16)Con el fin de dotar a los contribuyentes de mayor seguridad y mitigar el riesgo de doble no imposición y doble imposición y considerando el impacto potencial de estas medidas sobre las competencias nacionales de ejecución y aplicación en materia de fiscalidad directa, al ejercicio de las potestades tributarias asignadas en virtud de convenios fiscales bilaterales o multilaterales para evitar la doble imposición o la doble no imposición, y habida cuenta de su posible efecto sobre las bases imponibles de los Estados miembros, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a fin de establecer nuevas normas comunes vinculantes en materia de precios de transferencia. Esos actos delegados deben proporcionar a los contribuyentes una visión clara de lo que las autoridades tributarias de la Unión considerarían aceptable respecto de operaciones concretas, y establecer los denominados «regímenes de protección» que reducirán la carga de cumplimiento y el número de litigios.

(17)A fin de evaluar la eficacia y el impacto de las nuevas normas establecidas en esta Directiva, la Comisión debe preparar una evaluación sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros y otros datos disponibles, acompañada de una propuesta legislativa, en su caso.

(18)Para que las empresas puedan beneficiarse directamente de los beneficios del mercado interior sin incurrir en una carga administrativa adicional innecesaria, la información sobre las disposiciones fiscales establecidas en la presente Directiva debe ser accesible a través de la pasarela digital única («PDU»), de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/172434. La PDU ofrece una ventanilla única a disposición de los usuarios transfronterizos para el suministro en línea de la información, los procedimientos y los servicios de asistencia pertinentes para el funcionamiento del mercado interior. Dicha ventanilla única debe de ser intuitiva, de fácil acceso y contar con las herramientas necesarias para que no suponga una nueva barrera burocrática para las empresas. La buena experiencia de la ventanilla única del impuesto sobre el valor añadido (IVA) es un buen ejemplo de cómo debe diseñarse una ventanilla de este tipo para su correcto funcionamiento.

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34 Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 (DO L 295 de 21.11.2018, p. 1).

(21)A fin de reducir la carga administrativa de los contribuyentes y el riesgo de elusión fiscal, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a la documentación relativa a los precios de transferencia, en los que se determinen modelos comunes, los requisitos lingüísticos y se defina el tipo de contribuyente que debe acogerse a esos modelos, así como los plazos que deben abarcarse. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

La presente Directiva establece reglas para armonizar las normas sobre precios de transferencia de los Estados miembros y garantizar una aplicación común del principio de plena competencia en la Unión con el objetivo de simplificar el cumplimiento para las empresas y garantizar, al mismo tiempo, la aplicación de la normativa fiscal en la Unión.

1) «principio de plena competencia»: el estándar internacional definido en el artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE que determina que las empresas asociadas deben operar entre sí como si fueran terceros independientes. Dicho de otro modo, las operaciones entre dos empresas asociadas deben reflejar el resultado que se habría obtenido si las partes no estuvieran vinculadas, es decir, si las partes fueran independientes entre sí y el resultado (precio o márgenes) estuviera determinado por las fuerzas del mercado (libre);

18) «Directrices de la OCDE sobre precios de transferencia»: las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias de 2022, aprobadas por el Consejo de la OCDE de conformidad con la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre la determinación de los precios de transferencia entre empresas asociadas [C(95)126/final], modificadas el 20 de enero de 2022, e incluidas en el anexo I, así como cualquier modificación posterior de dichas Directrices de la OCDE sobre precios de transferencia que los Estados miembros aprueben en el contexto del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE o que la Unión apruebe mediante la adopción de una posición de la Unión con arreglo al artículo 218 del TFUE;

(No afecta a la versión española).

i)indicar todas las circunstancias de hecho y de derecho necesarias para evaluar, con arreglo al principio de plena competencia, el ajuste primario realizado en el otro Estado o territorio, incluida la documentación pertinente relativa a los precios de transferencia comunicada a los diferentes Estados miembros;

b)Cuando se haya presentado toda la información prevista en el apartado 3, letra a), los Estados miembros declararán admisible la solicitud en un plazo de cuarenta días mediante notificación al contribuyente. En el mismo plazo, los Estados miembros notificarán al contribuyente cualquier carencia en la información necesaria y concederán al menos cuarenta días para subsanarla. Si el contribuyente no facilita la información solicitada en el plazo previsto, la solicitud no se admitirá.

c)Los Estados miembros velarán por que, cuando la doble imposición se derive de un ajuste primario efectuado en otro Estado miembro, el procedimiento concluya en un plazo de doscientos días a partir de la recepción de la solicitud del contribuyente mediante un acto motivado de aceptación o rechazo. El procedimiento podrá prorrogarse una sola vez por un plazo de cien días si el contribuyente y todos los Estados miembros afectados están de acuerdo con dicha prórroga.

d)En caso de aceptación, los Estados miembros comunicarán a la administración tributaria del otro Estado o territorio de manera inmediata la admisión del ajuste correlativo.

a)ninguna de las diferencias (en su caso) entre las operaciones comparadas, o entre las empresas que las realizan, podría afectar significativamente al precio o margen en el mercado libre;

2.Se facultará a la Comisión para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 18 a fin de establecer normas adicionales, coherentes con las últimas Directrices sobre precios de transferencia recomendadas internacionalmente, ya sean de la OCDE o de las Naciones Unidas, relativas al modo de aplicación del principio de plena competencia y de las restantes disposiciones establecidas en el capítulo II de la presente Directiva a operaciones específicas para garantizar una mayor seguridad fiscal y mitigar el riesgo de doble no imposición y doble imposición, así como para reducir los litigios fiscales y el abuso fiscal.

suprimido

1.Cada tres años, la Comisión examinará y evaluará la aplicación, el impacto y la interacción de la presente Directiva con las últimas Directrices de la OCDE o de las Naciones Unidas y presentará un informe sobre su evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo que debe ir acompañado de una propuesta legislativa, si procede. El primer informe deberá presentarse a más tardar el 31 de diciembre de 2029. La Comisión podrá desviarse de dichos plazos cuando se acuerden nuevas directrices sobre precios de transferencia a escala de la OCDE o de las Naciones Unidas.

2.Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la información pertinente para la evaluación de la presente Directiva con el fin de mejorar la aplicación del principio de plena competencia, reducir la doble no imposición y la doble imposición y luchar contra el abuso fiscal y los litigios fiscales, de conformidad con el apartado 3.

5.La información comunicada a la Comisión por un Estado miembro con arreglo al apartado 2, así como todo informe o documento elaborado por la Comisión utilizando dicha información, podrán remitirse a otros Estados miembros y al Parlamento Europeo. La información estará amparada por el secreto oficial y gozará de la protección que la legislación nacional del Estado miembro que la haya recibido otorgue a la información de la misma naturaleza.

2.La información tratada de conformidad con la presente Directiva, incluidos los datos personales, solo se conservará durante el tiempo necesario para alcanzar los objetivos de la presente Directiva, de conformidad con el Derecho interno del responsable del tratamiento en materia de prescripción, pero en ningún caso por un período superior a diez años a contar a partir del momento en que se traten los datos personales para los fines especificados en la presente Directiva.

1.Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 3, párrafo segundo, el artículo 13 y el artículo 14, apartado 2, 2 bis y 2 ter se otorgarán a la Comisión sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo.

2.La delegación de poderes mencionada en el artículo 3, párrafo segundo, en el artículo 13 y en el artículo 14, apartados 2, 2 bis y 2 ter, podrá ser revocada por el Consejo en cualquier momento. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

3.Antes de la adopción del acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. El Foro Europeo sobre Precios de Transferencia a que se refiere el artículo 14 bis actuará como organismo experto pertinente.

Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de diciembre de 2024, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva y comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2025.