1.Observa que el presupuesto del Tribunal entra dentro de la rúbrica 7 del MFP, «Administración pública europea», que ascendió a 11 600 millones EUR en 2022 (lo que representa el 5,9 % del presupuesto total de la Unión); observa que, en 2022, el presupuesto del Tribunal, de aproximadamente 200 millones EUR, representó el 1,4 % del gasto administrativo total;

2.Observa que el Tribunal, en su informe anual relativo al ejercicio 2022, examinó una muestra de sesenta operaciones dentro de la rúbrica «Administración», el mismo número que se examinó en 2021; observa, además, que el Tribunal indica que los gastos administrativos comprenden los gastos correspondientes a recursos humanos, incluidos los gastos en pensiones, que en 2022 representaron aproximadamente el 70 % del total de los gastos administrativos, así como a inmuebles, equipos, energía, comunicaciones y tecnología de la información, y que su trabajo realizado durante muchos años indica que, en general, este gasto es de bajo riesgo;

3.Pide al Tribunal que aumente el número de operaciones dentro de la rúbrica «Administración» que deben examinarse para que todas las instituciones sean auditadas, a fin de que el Parlamento desempeñe mejor su función de autoridad responsable de aprobar la gestión de las demás instituciones; lamenta que el plan de elaboración de un informe especial sobre los gastos administrativos de las instituciones distintas de la Comisión haya sido revisado para la realización de una auditoría de la función pública de la Unión que muy probablemente se limitará a controlar una parte de los gastos; reitera la importancia de una investigación en mayor profundidad sobre los gastos administrativos, y pide una vez más que en su trabajo se incluyan datos exhaustivos sobre todas las instituciones, a fin de proporcionar una base sólida para un procedimiento de aprobación de gestión coherente;

4.Indica que las cuentas anuales del Tribunal son fiscalizadas por un auditor externo independiente para garantizar que estén sometidas a los mismos principios de transparencia, rendición de cuentas e independencia con respecto al auditor del Tribunal que el Tribunal aplica a los organismos que audita; observa con satisfacción que el auditor externo no informó sobre ningún problema específico tras su auditoría del Tribunal;

5.Observa que el presupuesto total del Tribunal para 2022 ascendió a 162 141 175 EUR, lo que equivale a un aumento del 5,5 % con respecto a los 153 721 727 EUR de 2021; indica que el aumento se debió principalmente a ajustes salariales y a veinte nuevos puestos temporales relacionados con NextGenerationEU; indica que, en 2022, el 90 % de los créditos se destinaron a sus miembros y personal, mientras que el 10 % se destinó a edificios, equipos y gastos diversos;

6.Reitera una vez más la importancia de garantizar que el Tribunal disponga de personal suficiente para desempeñar adecuadamente su mandato, así como las nuevas tareas relacionadas con la entrada en vigor de nuevos instrumentos financieros como por ejemplo el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR);

7.Observa que, en el transcurso de 2022, el Tribunal efectuó veintiséis transferencias presupuestarias de conformidad con el artículo 29 del Reglamento Financiero, lo que representa un total de 3,4 millones EUR, es decir, el 2,1 % de los créditos para ese ejercicio, lo que supuso principalmente una disminución de los gastos de misiones, publicaciones, interpretaciones y el servicio jurídico, y un aumento de los gastos de acondicionamiento de los locales, incluidas las renovaciones del tejado, los costes energéticos, los agentes contractuales y el equipo informático; observa asimismo que el porcentaje de ejecución presupuestaria para 2022 fue del 98,5 %, un ligero aumento en comparación con el de los dos ejercicios anteriores; celebra que, en 2022, el tiempo medio de pago pasara a 9,8 días, frente a 10,7 días en 2021, muy probablemente gracias al incremento en el porcentaje de facturas electrónicas, que fue del 24 %, frente al 19 % en 2021;

8.Observa con satisfacción que el auditor externo declaró que los recursos asignados se habían utilizado para los fines previstos y que los procedimientos de control establecidos por los ordenadores proporcionaban las garantías necesarias para garantizar que las operaciones financieras se ajustaban a las normas y reglamentos aplicables;

9.Observa que la guerra de agresión ilegal e injustificada de Rusia contra Ucrania ha generado presiones presupuestarias para el Tribunal por distintas vías, en particular a través del aumento de la inflación y los correspondientes ajustes salariales y del fuerte aumento de los costes de la electricidad y la calefacción;

10.Observa que el presupuesto general para misiones del Tribunal disminuyó de 2 988 000 EUR en 2021 a 2 452 000 EUR en 2022, lo que supone una reducción del 18 %, debido al mantenimiento de las restricciones de viaje a principios de 2022 y a los cambios en los métodos de trabajo, que conllevan un mayor número de reuniones a distancia; observa, además, que el Tribunal no dispone de una línea presupuestaria específica para las misiones y los desplazamientos de su presidente; observa, por último, que la línea presupuestaria para las misiones de todos los miembros del Tribunal ascendió a 290 000 EUR tanto en 2021 como en 2022;

11.Celebra que, desde 2022, el Tribunal disponga de una metodología de control detallada para hacer frente a los costes de misión con controles tanto ex ante como ex post;

12.Observa que 2022 fue el segundo año de aplicación de la estrategia 2021‑2025 del Tribunal y que, a finales de 2022, de las veintinueve medidas estratégicas, dieciocho se habían aplicado en su totalidad o se había establecido el marco para la medida y había otras acciones en curso, mientras que once medidas estaban en curso o eran recurrentes;

13.Observa que, durante 2022, el Tribunal presentó siete informes anuales, ocho dictámenes, veintiocho informes especiales y un análisis, lo que es muy similar al número de informes, dictámenes, informes especiales y revisiones presentados en 2020 y 2021;

14.Indica que el Tribunal establece su programa de trabajo con total independencia, incluidos los informes especiales que deben elaborarse; sigue aconsejando al Tribunal que los informes especiales, que se centran en la situación actual de la Unión y en los retos con un claro enfoque y pertinencia presupuestarios, son los que atraen más atención de las principales partes interesadas tanto en el Parlamento como en los demás lugares; acoge con satisfacción, a este respecto, la revisión de su proceso de programación en 2022, que introduce una mayor flexibilidad a la hora de abordar retos acuciantes con el fin de servir mejor a los intereses de las partes interesadas;

15.Valora positivamente que, tal como solicitó el Parlamento, el Tribunal haya centrado su trabajo de auditoría en los retos europeos actuales, como demuestra la rápida elaboración del Dictamen 3/2023 sobre el Mecanismo para Ucrania y la atención prestada al seguimiento de su aplicación; expresa su preocupación por el hecho de que, para el trabajo de auditoría relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el Tribunal siga sin tener pleno acceso a FENIX, la nueva herramienta de presentación de informes sobre el MRR, y que la información contenida en esta nueva herramienta no se actualice a su debido tiempo; apoya la opinión del Tribunal de que el artículo 257 del Reglamento Financiero le otorga derechos de acceso pleno e inmediato; pide asimismo a la Comisión que conceda al Tribunal acceso a otros tipos de informaciones pertinentes, de manera que pueda desempeñar sus funciones;

16.Valora positivamente la pertinencia y la oportunidad de los informes especiales sobre la aplicación del MRR, que permiten a la autoridad de aprobación de la gestión ejercer sus prerrogativas y formular a la Comisión recomendaciones sobre el funcionamiento de ese instrumento;

17.Acoge con satisfacción que el Tribunal haya facilitado un resumen del número y el tipo de auditorías internas realizadas en el Tribunal, así como una síntesis de las recomendaciones y de las medidas adoptadas a raíz de ellas, de conformidad con el artículo 118, apartado 8, del Reglamento Financiero; indica que el programa de trabajo anual del auditor interno implicaba tareas recurrentes, tareas seleccionadas y otras tareas completadas durante el ejercicio; observa que algunas acciones previstas para su ejecución en 2022 se han aplazado para 2023 y pide al Tribunal que informe al Parlamento sobre su ejecución;

18.Anima al Tribunal a que mejore su contribución a la lucha contra el fraude en el presupuesto de la Unión, no solo detectando y notificando las debilidades que hacen que los programas financiados por la Unión sean propensos al fraude, sino también teniendo en cuenta el debate en curso entre los componentes de la arquitectura antifraude, intensificando el trabajo de auditoría en cooperación con los organismos a cargo de la detección del fraude, evaluando periódicamente sus actividades y proporcionando a la autoridad responsable de aprobar la gestión información pertinente para su análisis;

19.Acoge con satisfacción que la estrategia 2021‑2025 del Tribunal haga referencia a la formulación de recomendaciones rentables para contribuir a la desburocratización de las instituciones de la Unión; señala que las recomendaciones del Tribunal sobre el aumento de la eficiencia de los procedimientos, el uso de las mejores prácticas, la mejora de la coordinación, el establecimiento de procesos normalizados, la prevención de la sobrerregulación y la simplificación y digitalización, en particular, sirven a ese objetivo;

20.Anima al Tribunal a seguir recomendando el desarrollo y mantenimiento de bases de datos y esfuerzos en toda la Unión para obtener capacidades eficaces de extracción de datos con el fin de llevar a cabo análisis de datos a escala de la Unión y de detectar riesgos pertinentes para la Unión; pide al Tribunal que trabaje en la identificación de los requisitos necesarios para la recopilación, el tratamiento y el almacenamiento de los datos necesarios para la auditoría fácil e interoperable del uso del fondos públicos por parte de los Estados miembros;

21.Observa que, a finales de 2022, el Tribunal contaba con 921 miembros en su personal, ligeramente por encima de los 917 que tenía a finales de 2021 y de los 910 a finales de 2020; observa que la distribución global por género a finales de 2022 era de 434 hombres (el 47,1 %) y 487 mujeres (el 52,9 %); pide al Tribunal que persevere en sus esfuerzos por promover el equilibrio de género en los cargos directivos intermedios y superiores; observa, además, que la distribución global entre las categorías de personal fue de 830 funcionarios (90 %), divididos en 620 administradores (AD) y 210 asistentes y secretarios (AST/SC), y 91 agentes contractuales (10 %);

22.Observa que el número de personas en las categorías AD 13‑16 fue de 79, de las cuales 49 eran hombres y 30 mujeres, lo que equivale a un 62 % de hombres y un 38 % de mujeres, lo que representa un pequeño aumento del porcentaje de mujeres en esas categorías con respecto al 37,5 % de 2021 y el 34,5 % de 2020;

23.Lamenta profundamente el desequilibrio de género en el Colegio del Tribunal, puesto que en su actual composición actual, y teniendo en cuenta que los miembros de Portugal y Bulgaria aún no han sido nombrados, solo 10 de sus 25 miembros son mujeres; entiende que el procedimiento de nombramiento de sus miembros plantea retos a la hora de lograr el equilibrio de género, ya que el nombramiento nacional es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros; pide, sin embargo, al Tribunal que analice su composición general con el fin de informar al Consejo y a los Estados miembros implicados, de modo que se tenga en cuenta el equilibrio de género en las decisiones de nombramientos;

24.Lamenta que desde hace muchos años el Consejo proceda de forma reiterada a nombrar miembros del Tribunal, pese a que el Parlamento hubiera rechazado a esos candidatos; subraya que el Parlamento debe tener un papel vinculante en la evaluación de la idoneidad de los candidatos al Tribunal;

25.Celebra que todas las nacionalidades de la Unión estén representadas entre los miembros del personal del Tribunal, tanto en la categoría AD como en la categoría AST/SC; observa con pesar, no obstante, que algunas nacionalidades están infrarrepresentadas y acoge con satisfacción que el Tribunal haya dado el paso de publicar anuncios directamente en algunos Estados miembros (Dinamarca, Estonia y Letonia); celebra el uso eficaz de nuevos medios de publicación para los procedimientos de selección con el fin de atraer públicos diversos de los distintos Estados miembros;

26.Observa que el Tribunal adoptó una decisión sobre el trabajo híbrido que entró en vigor el 1 de enero de 2022; observa que el Tribunal cuenta con un régimen de teletrabajo que ofrece la posibilidad de trabajar desde casa hasta diez días al mes y hasta diez días consecutivos; observa, además, que el régimen permite al personal trabajar hasta cinco días al mes y 30 días laborables al año fuera de su lugar de residencia principal; observa, por último, que una encuesta realizada en octubre de 2022 entre los miembros del personal puso de manifiesto que el 95 % estaba a favor de las modalidades de teletrabajo y que el 88 % consideraba que tenían un impacto positivo en su conciliación de la vida familiar y profesional;

27.Acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Tribunal en 2022 para asegurar el bienestar físico y mental del personal;

28.Reconoce los retos relacionados con atraer a personal para que trabaje en Luxemburgo y anima al Tribunal a que colabore con las demás instituciones con sede en Luxemburgo en el grupo interinstitucional de alto nivel para aumentar el atractivo de Luxemburgo entre los miembros del personal e identificar las diferentes acciones posibles, incluida la idea de un subsidio especial de vivienda para luchar contra los elevados costes de alquiler, que afectan especialmente el personal de los grados inferiores, y la posibilidad de ofrecer alojamiento temporal a un precio razonable para estancias de corta duración;

29.Observa con preocupación que el número de días de baja por enfermedad en 2022 en el Tribunal fue de 11 622, lo que supone un aumento del 54 % con respecto a 2021, cuando este número fue de 7 524; observa, al mismo tiempo, que en 2018 hubo 10 255 días de baja por enfermedad en el Tribunal y que el número relativamente bajo de 2021 podría estar relacionado con la situación de la COVID‑19;

30.Observa con preocupación que, en 2022, el Tribunal notificó siete casos de desgaste profesional; observa asimismo que estas siete personas se reincorporaron gradualmente a sus puestos bajo un régimen de trabajo parcial aprobado por el servicio médico; valora positivamente, en este sentido, que en 2022 el Tribunal elaborase una orientaciones para la reincorporación al trabajo tras una baja por enfermedad prolongada; indica que el Tribunal afirma que la disponibilidad de recursos se está teniendo en cuenta al elaborar el programa de trabajo anual y que los directores y el equipo directivo a nivel de Dirección están evaluando la carga de trabajo con el fin de garantizar una distribución uniforme del mismo; anima al Tribunal, no obstante, a que siga prestando atención a este problema y a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar del personal, con el fin de reducir el número de casos de desgaste profesional;

31.Acoge con satisfacción que, tras un amplio enfoque colaborativo, en diciembre de 2022 se adoptara una decisión y una política para garantizar un lugar de trabajo respetuoso y sin acoso, centradas claramente en la prevención, la sensibilización y la detección precoz, y que establecen al tiempo una serie de medidas que deben utilizarse (asesoramiento confidencial, mediación y denuncias formales) en caso de percibir acoso;

32.Acoge con satisfacción el Plan de acción sobre diversidad e inclusión para el período 2021‑2025 del Tribunal, así como las medidas adoptadas en 2022 para sensibilizar sobre el plan y los resultados obtenidos en 2022 en relación con las diez prioridades que en él se establecen; observa que el Tribunal solo dio empleo a una persona con una discapacidad declarada en 2022, y con un contrato temporal;

33.Observa que el Tribunal acogió a 54 becarios en 2022; indica con satisfacción que todos ellos fueron pagados por el Tribunal o por autoridades nacionales;

34.Subraya el papel y la importancia del Tribunal como auditor externo independiente de la Unión y guardián de sus finanzas, lo que exige que el Tribunal se adhiera a las normas más estrictas posibles y actúe como organización modelo a fin de inspirar confianza y credibilidad; observa que, de conformidad con el artículo 285 del TFUE, los miembros del Tribunal son totalmente independientes;

35.Acoge con satisfacción el código de conducta revisado de mayo de 2022 para los miembros y antiguos miembros del Tribunal, tras la recomendación del Parlamento, que establece, entre otras cosas, la obligación de los miembros de residir en el lugar donde se encuentra el Tribunal, limita las posibilidades de participación política de los miembros, regula las relaciones contractuales entre los miembros y el personal y establece la obligación de que los miembros presenten una declaración anual de intereses; recuerda que los miembros del Tribunal deben aplicar siempre los más elevados principios y valores éticos para demostrar su plena integridad, independencia, objetividad, comportamiento profesional, dignidad, compromiso y lealtad;

36.Subraya que el Parlamento sigue considerando que la información sobre las misiones de los miembros del Tribunal debe publicarse durante todo el período en que un miembro ejerza sus funciones y que los miembros no deben tener vínculos políticos formalizados, incluidas las funciones honoríficas en partidos u organizaciones políticos; asimismo, pide una vez más al Tribunal que modifique sus normas relativas a su comité de ética interno para que deje de ser una prerrogativa exclusiva del presidente del Tribunal proponer los candidatos admisibles; reitera asimismo su petición de ser informado por el Comité de Ética del Tribunal sobre las principales conclusiones del informe de auditoría interna sobre ética que se lleva realizando desde 2020;

37.Observa con satisfacción que todos los miembros del Tribunal han declarado una dirección a las autoridades luxemburguesas y, por tanto, cumplen el requisito de residir en el lugar en el que el Tribunal tenga su sede;

38.Toma nota de la decisión de 2022 relativa a los desplazamientos de los miembros, a las misiones y al uso de conductores y vehículos, que implica que los miembros tendrán que sufragar todos los gastos de funcionamiento, incluido el alquiler de vehículos, asociados al uso de un vehículo para recorrer más de 10 000 km y no cubierto por una orden de misión; opina, no obstante, que 10 000 km es demasiado y reitera las preocupaciones expresadas en anteriores resoluciones sobre la aprobación de la gestión en el sentido de que el sistema introducido es confuso; reitera su opinión, expresada en resoluciones sobre la aprobación de la gestión anteriores, de que en ningún caso debería utilizarse la flota de vehículos para fines distintos al estricto ejercicio de las funciones de los miembros del Tribunal; pide a todas las instituciones de la Unión que acuerden un sistema único que se aplique horizontalmente, lo que reduciría la confusión y aumentaría la transparencia y la eficiencia en el uso de los fondos públicos;

39.Celebra que el Tribunal, en los últimos años, haya iniciado un proceso de actualización de su marco ético, que ha dado lugar hasta ahora a una actualización de las directrices éticas del Tribunal en octubre de 2022, a una actualización de una política para garantizar un lugar de trabajo respetuoso y sin acoso en 2022 y a una actualización de las normas sobre denuncia de irregularidades en julio de 2023; celebra asimismo que se hayan organizado talleres, cursos de formación y sesiones sobre ética para el personal, incluido el personal de las oficinas privadas de los miembros; pide al Tribunal que mantenga informado al Parlamento de cualquier otro plan relativo al marco ético;

40.Observa que, en 2021, el Servicio de Auditoría Interna del Tribunal concluyó que no hay ni un solo documento que consolide la política de lucha contra el fraude del Tribunal y que no existe una estrategia de lucha contra el fraude para todo el Tribunal; anima al Tribunal a que aborde esta cuestión con carácter prioritario, con el fin de garantizar que se consolide el actual enfoque descentralizado y fragmentado y de aclarar la manera en que el Tribunal aborda estas cuestiones;

41.Sigue rechazando la evaluación y la decisión del Tribunal de no adherirse al Registro de transparencia de la Unión, establecido por el Acuerdo interinstitucional, de 20 de mayo de 2021, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre un Registro de transparencia obligatorio DO L 207 de 11.6.2021, p. 1., y anima al Tribunal a que vuelva a reflexionar sobre este asunto, reiterando su firme llamamiento al Tribunal para que se una al Registro de transparencia de la Unión con el fin de adherirse a los principios básicos de transparencia sin crear obstáculos a la plena independencia del Tribunal;

42.Toma nota de que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) inició una investigación relativa a un procedimiento de selección del Tribunal en 2022, concluyendo que la conducta de la persona en cuestión no influyó en el resultado del procedimiento;

43.Toma nota de que el Defensor del Pueblo Europeo llevó a cabo una investigación a raíz de una reclamación en 2022, que se cerró después de que el Tribunal respondiera al reclamante;

44.Reitera su satisfacción por el hecho de que, en 2022, el Tribunal estableciera un registro para la asistencia de los miembros del Tribunal a las reuniones, tras reiteradas peticiones del Parlamento en este sentido; celebra que, previa solicitud, el registro se haya puesto a disposición del ponente del Parlamento para el procedimiento de aprobación de la gestión como parte de dicho procedimiento; pide al Tribunal que siga aplicando prácticas que mejoren la transparencia y la rendición de cuentas, como por ejemplo, un calendario de reuniones público;

45.Celebra que no se detectaran conflictos de intereses en 2022; observa, además, que ningún miembro del personal que dejara el Tribunal debido a la finalización de su contrato o por cualquier otra razón, informó al Tribunal de que quisiera entrar a trabajar en una empresa privada o de que fuera a emprender actividades relacionadas con el trabajo fuera del Tribunal durante los tres últimos años de su servicio; observa, por último, que ningún antiguo diputado al Parlamento, comisario o funcionario de alto nivel recibió remuneración del Tribunal;

46.Observa que, en 2022, no hubo casos de denuncia de irregularidades en el Tribunal;

47.Lamenta que la lista anual de contratos, incluidos los contratos por valor entre 15 000 y 60 000 EUR que se suscribieron en 2022 tras un procedimiento negociado, no esté disponible en el sitio web del Tribunal tal como se indica en el informe del ordenador delegado; pide al Tribunal que publique esa lista en un documento separado y que garantice un fácil acceso al mismo;

48.Acoge con satisfacción que el Tribunal disponga de un amplio plan de ciberseguridad para 2022‑2024 y tenga previsto revaluar su marco de ciberseguridad hacia finales de 2023 a fin de garantizar el pleno cumplimiento del próximo Reglamento por el que se establecen medidas para un elevado nivel común de ciberseguridad de las instituciones, órganos y organismos de la Unión; valora, además, que el Tribunal haya suspendido un contrato con un proveedor comprado por una empresa de los Estados Unidos de América, ya que la adquisición daría lugar a cambios en la forma en que se tratarían los datos personales;

49.Acoge con satisfacción que el Tribunal no haya sufrido ciberataques graves en 2022 y que los correos electrónicos de phishing sigan siendo la amenaza más peligrosa; anima al Tribunal, no obstante, a que no baje la guardia y colabore con los órganos interinstitucionales pertinentes de la Unión con el fin de reforzar la ciberseguridad general de las instituciones de la Unión;

50.Observa que el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) no inició, continuó ni cerró ninguna investigación relativa al Tribunal durante 2022;

51.Acoge con satisfacción todos los esfuerzos por mejorar la digitalización del trabajo de auditoría, mejorando así la eficiencia y la precisión de dicho trabajo; acoge con especial satisfacción el lanzamiento, en octubre de 2022, del modelo de «almacén de datos como servicio», que permite al usuario procesar y analizar datos estructurados con diferentes grados de autonomía; observa que la digitalización del trabajo de auditoría depende no solo del propio Tribunal, sino también, en gran medida, de los datos que proporcionan las entidades auditadas, y que sigue habiendo limitaciones en el formato de los datos y en la variedad de sistemas utilizados; valora, además, que el número de días de trabajo de auditoría sobre el terreno fue de 2 984 en 2022, lo que supone un aumento significativo con respecto a 2021 y 2020, años que se vieron gravemente afectados por las limitaciones impuestas a consecuencia de la pandemia de COVID‑19, y que el valor añadido y la eficiencia de las visitas sobre el terreno se hayan mejorado combinándolas con el trabajo realizado a distancia;

52.Observa que el Tribunal ha aplicado varios elementos de software de código abierto como parte de sus sistemas, incluidos Linux, Belenios y Nagios; anima al Tribunal a que siga utilizando software de código abierto siempre que sea posible;

53.Observa que el Tribunal llevó a cabo importantes obras de renovación en el edificio K2 durante 2022, que concluyeron a principios de 2023 e implicaron la renovación de cuatro plantas con el fin de proporcionar un lugar de trabajo moderno, valorado positivamente por el personal y más respetuoso con el medio ambiente;

54.Valora positivamente que, en 2022, el Tribunal iniciara una auditoría de accesibilidad de todos los edificios del Tribunal con vistas a mejorar la accesibilidad y responder a las necesidades de las personas con movilidad reducida u otras discapacidades, cuyo informe se entregó a principios de 2023; pide al Tribunal que mantenga informado al Parlamento sobre iniciativas concretas para aplicar las acciones propuestas en el marco de la auditoría;

55.Celebra que, en 2022, el Tribunal presentara su segundo informe anual sobre la sostenibilidad medioambiental de sus operaciones en consonancia con las normas de presentación de informes internacionalmente aceptadas;

56.Observa que el Tribunal ha logrado resultados impresionantes en varios ámbitos relativos a la reducción de su consumo general desde 2014, con una reducción del consumo de electricidad de un 34,5 %, de calefacción en un 22,2 %, de papel en un 83,5 %, de agua en un 45,3 %, de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 29,5 % y de residuos en un 33,7 %; anima al Tribunal a que prosiga sus esfuerzos para seguir reduciendo el consumo de estos insumos y acoge con satisfacción que el Tribunal pusiera en marcha en 2023 un estudio sobre el edificio K2 con el objetivo de renovar el tejado e instalar paneles solares;

57.Acoge con satisfacción que el Tribunal haya adoptado varias iniciativas para apoyar la movilidad sostenible, incluido el refuerzo del servicio de lanzadera del Tribunal, el suministro a los miembros del personal de suscripciones gratuitas al servicio de bicicletas de la ciudad de Luxemburgo, el aumento del número de plazas de aparcamiento para bicicletas, incluidas las plazas para bicicletas eléctricas, y la instalación de cargadores para coches híbridos y eléctricos; pide al Tribunal que siga apoyando la movilidad sostenible, en particular mediante el intercambio de mejores prácticas con otras instituciones y manteniendo informado al Parlamento sobre nuevas iniciativas;

58.Observa que el Tribunal analizará cómo integrar los aspectos medioambientales de las misiones en una guía de misiones actualizada; observa, además, que se ha propuesto una reducción del 5 % de los viajes profesionales por empleado equivalente a tiempo completo para el período 2023‑2025; pide al Tribunal que intente aplicar este objetivo garantizando al mismo tiempo que se llevan a cabo las misiones de auditoría necesarias;

59.Observa que en 2022 se actualizaron varios acuerdos de nivel de servicio y otros acuerdos de cooperación interinstitucional, incluidos acuerdos con la Oficina de Investigación y Disciplina de la Comisión y el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea;

60.Toma nota del nuevo acuerdo tripartito entre el Tribunal, la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones (en lo sucesivo, «BEI») en noviembre de 2021; acoge con satisfacción que el Tribunal considere que dicho acuerdo ha aclarado y racionalizado algunos procesos y que el Tribunal ha obtenido un mejor acceso a la información relativa a las operaciones financiadas o garantizadas por el presupuesto de la Unión; lamenta, no obstante, que dicho acuerdo no garantice, como mínimo, que el Tribunal pueda auditar los aspectos de rendimiento de las actividades llevadas a cabo al aplicar las políticas de la Unión;

61.Destaca que el Parlamento opina, fundamentalmente, que las limitaciones actuales del papel del Tribunal como auditor del BEI crean un vacío regulador y de supervisión y que el Tribunal debe poder auditar todas las operaciones del grupo BEI; subraya al mismo tiempo que debe confiarse al Parlamento, como órgano elegido democráticamente, la aprobación de la gestión del BEI con el fin de reforzar la legitimidad democrática de esta importante institución de la Unión y, de este modo, mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gobernanza de los recursos financieros y humanos;

62.Acoge con satisfacción que el Tribunal coopere estrechamente tanto con la OLAF como con la Fiscalía Europea, también mediante la organización de talleres, actos de sensibilización e intercambio de conocimientos y experiencias; observa con satisfacción, además, que en 2022 el Tribunal remitió catorce casos de presunto fraude a la OLAF y seis casos a la Fiscalía Europea; subraya su opinión de las sospechas de fraude siempre deben transmitirse a la OLAF y a la Fiscalía Europea para una investigación exhaustiva;

63.Observa que el Tribunal coopera con el SEPD a través de su delegado de protección de datos (DPD) y consulta al SEPD sobre cuestiones relacionadas con la protección de datos, y que en 2022 se cerró un caso relativo a una violación de los datos personales con algunas recomendaciones; acoge con satisfacción que el DPD del Tribunal participe en una red de DPD que trabaja en cuestiones recurrentes, comparte ejemplos de mejores prácticas y ayuda a organizar la reunión semestral de los DPD;

64.Observa que el Tribunal ha estado cooperando con el Defensor del Pueblo Europeo y ha facilitado toda la información solicitada en las investigaciones abiertas por el Defensor del Pueblo Europeo; acoge con satisfacción que el Tribunal haya participado en los debates interinstitucionales sobre la comunicación moderna, incluida la mensajería instantánea, y que el Tribunal esté tomando como referencia las directrices del Defensor del Pueblo Europeo en este ámbito;

65.Acoge con satisfacción que el Tribunal adoptara en enero de 2022 una nueva estrategia de comunicación que sitúa al público en general en el centro de sus acciones comunicativas, y elogia que el Tribunal pueda ahora celebrar sesiones informativas para la prensa y conferencias retransmitidas por internet con arreglo a una buena norma técnica; acoge con satisfacción, además, que el Tribunal actualizara su sitio web en 2023 para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios y creara un portal que puede hacer que los datos relacionados con las auditorías sean más accesibles para un amplio público, incluidos los estudiantes, el mundo académico y el público en general.