(1)Desde la adopción de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del ConsejoDirectiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 23.12.2015, p. 35)., el mercado de servicios de pagos minoristas ha experimentado cambios significativos relacionados en gran medida con la creciente utilización de tarjetas y otros medios de pago digitales, la disminución del uso de efectivo y la presencia cada vez mayor de nuevos agentes y servicios, como las carteras digitales y los pagos sin contacto. La pandemia de COVID-19 y los cambios que ha producido en las prácticas de consumo y pago han aumentado la importancia de contar con pagos digitales seguros y eficientes.

(2)La Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia de Pagos Minoristas para la UE Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 24 de septiembre de 2020, sobre una Estrategia de Pagos Minoristas para la UE [COM(2020) 592 final]. anunció la puesta en marcha de una revisión exhaustiva de la aplicación y las repercusiones de la Directiva (UE) 2015/2366, «que debe incluir una evaluación global de si, habida cuenta de la evolución del mercado, la Directiva sigue siendo adecuada para su finalidad».

(3)La Directiva (UE) 2015/2366 tenía por objeto eliminar los obstáculos a los nuevos tipos de servicios de pago y mejorar el nivel de protección y seguridad de los consumidores. La evaluación del impacto y la aplicación de la Directiva (UE) 2015/2366 realizada por la Comisión puso de manifiesto que dicha Directiva ha funcionado muy satisfactoriamente con respecto a muchos de sus objetivos, pero también detectó algunos ámbitos en los que no se han alcanzado plenamente los objetivos. En particular, la evaluación detectó problemas relacionados con la aplicación y el cumplimiento divergentes de la Directiva (UE) 2015/2366, que han afectado directamente a la competencia entre los proveedores de servicios de pago, al dar lugar a condiciones regulatorias diferentes en los Estados miembros debido a una interpretación diferente de las normas, lo que ha fomentado el arbitraje regulador.

(4)No debe haber margen para la práctica de buscar un foro de conveniencia según la cual los proveedores de servicios de pago eligen, como país de origen, aquellos Estados miembros en los que la aplicación de las normas de la Unión sobre servicios de pago les resulte más ventajosa y prestan servicios transfronterizos en otros Estados miembros que interpreten de forma más estricta dichas normas o apliquen políticas de ejecución más activas a los proveedores de servicios de pago establecidos en ellos. Esta práctica falsea la competencia. Las normas de la Unión sobre servicios de pago deben armonizarse incorporando en un Reglamento las normas que regulan la conducta de los proveedores de servicios de pago y separándolas de las normas sobre autorización y supervisión de las entidades de pago, que deben regirse por la presente Directiva (tercera Directiva sobre servicios de pago), y no seguir rigiéndose por la Directiva actualmente en vigor (segunda Directiva sobre servicios de pago).

(5)Aunque la emisión de dinero electrónico está regulada por la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del ConsejoDirectiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE (DO L 267 de 10.10.2009, p. 7)., su utilización para financiar operaciones de pago está regulada en gran medida por la Directiva (UE) 2015/2366. Por consiguiente, el marco jurídico aplicable a las entidades de dinero electrónico y a las entidades de pago, en particular en lo que se refiere a las normas de conducta, ya está sustancialmente armonizado. A lo largo de los años, las autoridades competentes encargadas de la autorización y supervisión de las entidades de pago y de las entidades de dinero electrónico han experimentado dificultades prácticas para delimitar claramente los dos regímenes y distinguir los productos y servicios de dinero electrónico de los servicios de pago y de dinero electrónico que prestan las entidades de pago. Esto ha generado inquietudes en torno al arbitraje regulador y las condiciones de competencia desiguales, así como problemas relacionados con la elusión de los requisitos de la Directiva 2009/110/CE cuando las entidades de pago que emiten dinero electrónico aprovechan las similitudes entre los servicios de pago y los servicios de dinero electrónico y solicitan autorización como entidad de pago. Es conveniente, por lo tanto, que el régimen de autorización y supervisión aplicable a las entidades de dinero electrónico se ajuste en mayor medida al régimen aplicable a las entidades de pago. No obstante, los requisitos de autorización, en particular el capital inicial y los fondos propios, y algunos conceptos básicos clave que rigen las actividades relacionadas con el dinero electrónico, como la emisión, la distribución y el reembolso de dinero electrónico, son distintos de los servicios prestados por las entidades de pago. Procede, por tanto, preservar estas especificidades al combinar las disposiciones de las Directivas (UE) 2015/2366 y 2009/110/CE.

(6)Como se pone de manifiesto en la revisión realizada por la Comisión y dada la evolución de los respectivos mercados, empresas y riesgos asociados a las actividades, es necesario actualizar el régimen prudencial aplicable a las entidades de pago, incluidas las que emiten dinero electrónico y prestan servicios de dinero electrónico, exigiendo una licencia única para los proveedores de servicios de pago y de servicios de dinero electrónico que no acepten depósitos. Dado que el Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del ConsejoReglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) n.º 1095/2010 y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/1937 (DO L 150 de 9.6.2023, p. 40). establece en su artículo 48, apartado 2, que las fichas de dinero electrónico se considerarán dinero electrónico, el régimen de licencias para las entidades de pago, que sustituirán a las entidades de dinero electrónico, debe aplicarse también a los emisores de fichas de dinero electrónico. El régimen prudencial aplicable a las entidades de pago debe basarse en una autorización, sujeta a una serie de condiciones estrictas y exhaustivas, que se concede a las personas jurídicas que ofrezcan servicios de pago cuando no acepten depósitos. Dicho régimen debe garantizar que se apliquen a la actividad de prestación de servicios de pago las mismas condiciones en toda la Unión.

(7)Es conveniente disociar el servicio de permitir la retirada de efectivo de una cuenta de pago de la actividad de gestión de una cuenta de pago, ya que es posible que los proveedores de servicios de retirada de efectivo no gestionen cuentas de pago. Los servicios de emisión de instrumentos de pago y de adquisición de operaciones de pago, que se enumeraron conjuntamente en el punto 5 del anexo de la Directiva (UE) 2015/2366 como si uno no pudiera ofrecerse sin el otro, deben figurar como dos servicios de pago diferentes. La enumeración de los servicios de emisión y adquisición por separado, junto con definiciones distintas de cada servicio, aclarará que los proveedores de servicios de pago pueden ofrecer servicios de emisión y adquisición por separado.

(8)Teniendo en cuenta la rápida evolución del mercado de pagos minoristas y la constante nueva oferta de servicios y soluciones de pago, es conveniente adaptar a la realidad del mercado algunas de las definiciones de la Directiva (UE) 2015/2366, como la definición de cuenta de pago, fondos e instrumento de pago, a fin de garantizar que la legislación de la Unión siga siendo adecuada para los fines previstos y tecnológicamente neutra.

(9)Habida cuenta de las opiniones divergentes señaladas por la Comisión en su revisión de la aplicación de la Directiva (UE) 2015/2366 y puestas de relieve por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en su dictamen, de 23 de junio de 2022, sobre la revisión de la Directiva (UE) 2015/2366, es preciso aclarar la definición de cuentas de pago. El criterio determinante para la clasificación de una cuenta como cuenta de pago radica en la capacidad de efectuar operaciones de pago diarias a través de dicha cuenta. La posibilidad de efectuar operaciones de pago a un tercero a través de una cuenta o de beneficiarse de tales operaciones efectuadas por un tercero es la característica que define el concepto de cuenta de pago. Por consiguiente, una cuenta de pago debe definirse como una cuenta que se utiliza para el envío de fondos a terceros o la recepción de fondos de terceros. Toda cuenta que posea esas características debe considerarse una cuenta de pago y debe accederse a ella para la prestación de servicios de iniciación de pagos e información sobre cuentas. Las situaciones en las que se necesita otra cuenta intermediaria para ejecutar operaciones de pago de o a terceros no deben incluirse en la definición de cuenta de pago. Las cuentas de ahorro no se utilizan para enviar fondos a terceros o recibir fondos de terceros, por lo que quedan excluidas de la definición de cuenta de pago.

(10)Habida cuenta de la aparición de nuevos tipos de instrumentos de pago, de la evolución de las soluciones tecnológicas que hacen posibles dichos instrumentos y de las incertidumbres imperantes en el mercado en cuanto a su calificación jurídica, debe especificarse en mayor medida la definición de «instrumento de pago» en cuanto a qué constituye o no un instrumento de pago, teniendo en cuenta el principio de neutralidad tecnológica.

(11)A pesar de que la comunicación de campo próximo (NFC) permite iniciar una operación de pago, considerarla un «instrumento de pago» propiamente dicho plantearía algunos problemas, en particular, para la aplicación de una autenticación reforzada de cliente para los pagos sin contacto en el punto de venta y del régimen de responsabilidad del proveedor de servicios de pago. Por lo tanto, la NFC debe considerarse una funcionalidad de un instrumento de pago y no un instrumento de pago como tal.

(12)La definición de «instrumento de pago» recogida en la Directiva (UE) 2015/2366 hacía referencia a un «dispositivo personalizado». Dado que existen tarjetas de prepago en las que el nombre del titular del instrumento no está impreso, esto podría dejar dichas tarjetas fuera del ámbito de la definición de instrumento de pago. Por consiguiente, la definición de «instrumento de pago» debe modificarse para referirse a dispositivos «individualizados», en lugar de dispositivos «personalizados», especificando que las tarjetas de prepago en las que el nombre del titular del instrumento no está impreso son instrumentos de pago. Una cuenta técnica que solo se utiliza para reembolsar una línea de crédito concedida exclusivamente en relación con una operación de pago tampoco debe incluirse en la definición de cuenta de pago.

(13)Las denominadas carteras digitales «pass-through», que implican la toquenización de un instrumento de pago existente, incluida una tarjeta de pago, deben considerarse servicios técnicos y, por tanto, quedar excluidas de la definición de instrumento de pago, pues una ficha no puede considerarse en sí misma un instrumento de pago, sino una aplicación de pago en el sentido del artículo 2, punto 21, del Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del ConsejoReglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre las tasas de intercambio aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta (DO L 123 de 19.5.2015, p. 1).. Sin embargo, otras categorías de carteras digitales, a saber, las carteras electrónicas de prepago, como las carteras digitales «staged», en las que los usuarios pueden almacenar dinero para futuras transacciones en línea, deben considerarse un instrumento de pago y su emisión como un servicio de pago.

(14)El envío de dinero constituye un servicio de pago que se basa, por lo general, en la entrega de efectivo sin crear ninguna cuenta de pago a nombre del ordenante o del beneficiario, realizada por un ordenante a un proveedor de servicios de pago que transfiere el importe correspondiente a un beneficiario o a otro proveedor de servicios de pago que actúe por cuenta del beneficiario. En algunos Estados miembros existen supermercados, comerciantes y otros minoristas que prestan al público un servicio que les permite pagar las facturas de servicios de utilidad pública y otras facturas domésticas periódicas. Por lo tanto, estos servicios de pago de facturas deben considerarse servicios de envío de dinero.

(15)La definición de fondos debe abarcar todas las formas de dinero de los bancos centrales emitidas para uso minorista, incluidos los billetes y monedas, y cualquier posible moneda digital futura de los bancos centrales, dinero electrónico y dinero de bancos comerciales. No debe incluirse en la definición el dinero de los bancos centrales emitido para su uso entre el banco central y los bancos comerciales, es decir, para uso mayorista.

(16)El Reglamento (UE) 2023/1114, de 31 de mayo de 2023, establece que las fichas de dinero electrónico se considerarán dinero electrónico. Por consiguiente, las fichas de dinero electrónico deben incluirse, como dinero electrónico, en la definición de fondos.

(17)La evaluación de la aplicación de la Directiva (UE) 2015/2366 no puso de manifiesto la necesidad clara de modificar sustancialmente las condiciones para la concesión y el mantenimiento de la autorización como entidades de pago o entidades de dinero electrónico prescritas, respectivamente, en las Directivas 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del ConsejoDirectiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE (DO L 319 de 5.12.2007, p. 1). y (UE) 2015/2366, por una parte, y en la Directiva 2009/110/CE, por otra. Estas condiciones siguen incluyendo requisitos prudenciales proporcionales a los riesgos operativos y financieros a los que se enfrentan las entidades de pago, incluidas las entidades que emiten dinero electrónico y prestan servicios de dinero electrónico en el ejercicio de sus actividades. Procede añadir a la documentación requerida en apoyo de una solicitud de autorización como entidad de pago un plan de liquidación en caso de quiebra, proporcional al modelo de negocio de la futura entidad de pago. Dicho plan de liquidación debe ser adecuado para apoyar una liquidación ordenada de las actividades con arreglo a la legislación nacional aplicable, incluida la continuidad o recuperación de cualquier actividad crítica realizada por proveedores de servicios, agentes o distribuidores que lleven a cabo actividades externalizadas. Para evitar que se conceda una autorización para servicios que la entidad de pago no presta en la práctica, es preciso especificar que una entidad de pago no debe estar obligada a obtener una autorización para los servicios de pago que no tenga intención de prestar.

(18)La evaluación inter pares de la ABE sobre la autorización con arreglo a la Directiva (UE) 2015/2366Autoridad Bancaria Europea, EBA/REP/2023/01, Peer Review Report on authorisation under PSD2 [«Informe de evaluación inter pares sobre la autorización con arreglo a la segunda Directiva sobre servicios de pago», documento en inglés]., publicada en enero de 2023, concluyó que las deficiencias en el proceso de autorización han dado lugar a una situación en la que los solicitantes están sujetos a diferentes expectativas de supervisión en lo que respecta a los requisitos para la autorización como entidad de pago o entidad de dinero electrónico en la Unión y que, en ocasiones, el proceso de concesión de una autorización puede llevar un tiempo excesivamente largo. A fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas y un proceso armonizado para la concesión de una autorización a las empresas que soliciten una licencia de entidad de pago, procede imponer a las autoridades competentes un plazo de dos meses para que el proceso de autorización concluya, tras la recepción de toda la información necesaria para adoptar una decisión.

(19)A fin de garantizar una mayor coherencia en el proceso de solicitud de las entidades de pago, es conveniente encargar a la ABE que elabore proyectos de normas técnicas de regulación sobre la autorización, en particular sobre la información que debe facilitarse a las autoridades competentes en la solicitud de autorización de las entidades de pago, una metodología común de evaluación para conceder la autorización o el registro, qué garantía se consideraría comparable al seguro de responsabilidad civil profesional y los criterios que deben utilizarse para estipular el importe mínimo de dicho seguro o una garantía comparable. La ABE debe tener en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación de sus directrices sobre la información que los proveedores de servicios de pago que solicitan una autorización o registro deben facilitar a las autoridades nacionales competentes y de sus directrices sobre la aplicación de los criterios utilizados para especificar el importe mínimo del seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía comparable.

(20)El marco prudencial aplicable a las entidades de pago debe seguir basándose en la premisa de que dichas entidades tienen prohibido aceptar depósitos de usuarios de servicios de pago y solo están autorizadas a utilizar los fondos recibidos de dichos usuarios para prestar servicios de pago. Por consiguiente, es conveniente que los requisitos prudenciales aplicables a las entidades de pago reflejen el hecho de que ejercen actividades más especializadas y limitadas que las entidades de crédito y que, por lo tanto, generan riesgos más limitados y de más fácil supervisión y control que los que se plantean en toda la gama más amplia de actividades propias de las entidades de crédito.

(21)Al examinar las solicitudes de autorización como entidad de pago, las autoridades competentes deben prestar especial atención al plan de gobernanza presentado como parte de dicha solicitud. Las entidades de pago deben abordar el efecto potencialmente perjudicial de unos mecanismos de gobernanza mal diseñados en la buena gestión del riesgo aplicando una cultura de riesgo sólida a todos los niveles. Las autoridades competentes deben supervisar si los mecanismos de gobernanza interna son adecuados. Es conveniente que la ABE adopte directrices sobre los mecanismos de gobernanza interna, teniendo en cuenta las diferencias de tamaño y modelos de negocio entre las entidades de pago y respetando el principio de proporcionalidad.

(22)Si bien los requisitos de autorización establecen normas específicas sobre las medidas de control de la seguridad y mitigación de los riesgos que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) deben aplicar para obtener una autorización para prestar servicios de pago, dichos requisitos deben ajustarse a los del Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del ConsejoReglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 600/2014, (UE) n.º 909/2014 y (UE) 2016/1011 (DO L 333 de 27.12.2022, p. 1)..

(23)Los proveedores de servicios de iniciación de pagos y los proveedores de servicios de información sobre cuentas no tienen en su poder fondos de sus clientes cuando prestan dichos servicios. Por consiguiente, sería desproporcionado imponer requisitos de fondos propios a estos agentes del mercado. No obstante, es importante garantizar que dichos proveedores puedan hacer frente a las responsabilidades relacionadas con sus actividades. A fin de garantizar una cobertura adecuada de los riesgos asociados a los servicios de iniciación de pagos o de información sobre cuentas, procede exigir a las entidades de pago que ofrezcan estos servicios que dispongan de un seguro de responsabilidad civil profesional o de una garantía comparable, y que especifiquen con más detalle qué riesgos deben cubrirse, a la luz de las disposiciones sobre responsabilidad incluidas en el Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago]. Habida cuenta de las dificultades que han experimentado los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos para contratar un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra los riesgos relacionados con su actividad, conviene prever la posibilidad de que estas entidades opten por mantener un capital inicial de 50 000 EUR como alternativa a dicho seguro, únicamente en la fase de autorización o registro. Esta flexibilidad para los proveedores de servicios de información sobre cuentas y servicios de iniciación de pagos en la fase de autorización o registro debe entenderse sin perjuicio de la obligación de dichos proveedores de suscribir un seguro de responsabilidad civil profesional sin demora injustificada una vez obtenida la licencia o registro.

(24)Para hacer frente a los riesgos de adquisición de una participación cualificada de una entidad de pago en el sentido del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del ConsejoReglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1)., procede exigir la notificación de la adquisición a la autoridad competente pertinente.

(25)Para hacer frente a los riesgos que plantean sus actividades, las entidades de pago deben disponer de suficiente capital inicial combinado con fondos propios. Teniendo en cuenta la posibilidad de que las entidades de pago realicen la amplia gama de actividades cubiertas por la presente Directiva, procede ajustar el nivel de capital inicial vinculado a los distintos servicios a la naturaleza y los riesgos asociados a dichos servicios.

(26)Teniendo en cuenta que los requisitos iniciales aplicables a las entidades de pago no se han adaptado desde la adopción de la Directiva 2007/64/CE, procede ajustar estos requisitos a la inflación. No obstante, teniendo en cuenta que los requisitos de capital aplicables a las entidades de pago que prestan únicamente servicios de iniciación de pagos solo se han aplicado desde la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2015/2366, y que no se han encontrado pruebas de que sean inadecuados, estos requisitos no deben modificarse.

(27)La gran variedad de modelos de negocio en el sector de los pagos minoristas justifica la posibilidad de aplicar métodos distintos para el cálculo de los fondos propios, que, no obstante, no pueden situarse por debajo del nivel del capital inicial pertinente.

(28)La presente Directiva persigue el mismo enfoque que la Directiva (UE) 2015/2366, que permitía utilizar varios métodos para calcular los requisitos combinados de fondos propios con un cierto grado de discrecionalidad en el ejercicio de la supervisión, a fin de garantizar que, a igualdad de riesgo, reciban el mismo trato todos los proveedores de servicios de pago. El método de cálculo de fondos propios más adecuado y el que más se usa para la mayoría de los modelos de negocio consiste en utilizar el volumen de pagos de la entidad de pago del año anterior para calcular sus requisitos de fondos propios. Por estas razones, y para mejorar la coherencia y garantizar la igualdad de condiciones, procede exigir a las autoridades nacionales competentes que prescriban la utilización de dicho método. No obstante, las autoridades nacionales competentes deben poder desviarse de este principio y exigir a las entidades de pago que apliquen otros métodos a modelos de negocio que den lugar a operaciones de escaso volumen pero de alto valor. A fin de garantizar la seguridad jurídica y la máxima claridad con respecto a dichos modelos de negocio, conviene encargar a la ABE que elabore proyectos de normas técnicas de regulación.

(29)No obstante el objetivo de armonizar los requisitos prudenciales de las entidades de pago que prestan servicios de pago y servicios de dinero electrónico, conviene tener en cuenta la especificidad de la actividad de emisión de dinero electrónico y de prestación de servicios de dinero electrónico, y permitir que las entidades de pago que emitan dinero electrónico y presten servicios de dinero electrónico apliquen un método más adecuado para calcular sus requisitos de fondos propios.

(30)Cuando la misma entidad de pago efectúe una operación de pago tanto para el ordenante como para el beneficiario y se ofrezca al ordenante una línea de crédito, resulta conveniente salvaguardar los fondos destinados al beneficiario una vez que representen el crédito de este ante la entidad de pago.

(31)Dadas las dificultades que experimentan las entidades de pago para abrir y mantener cuentas de pago en entidades de crédito, es preciso prever una opción adicional para salvaguardar los fondos de los usuarios, a saber, la posibilidad de mantener dichos fondos en un banco central, sin perjuicio, no obstante, de la posibilidad de que un banco central no ofrezca esa opción, sobre la base de su legislación orgánica. La denegación de esta opción por parte de un banco central deberá justificarse debidamente ante la entidad de pago pertinente. Teniendo en cuenta la necesidad de proteger los fondos de los usuarios y de evitar que dichos fondos se utilicen para fines distintos de la prestación de servicios de pago o servicios de dinero electrónico, procede exigir que los fondos del usuario de servicios de pago se mantengan separados de los fondos propios de la entidad de pago. A fin de garantizar la igualdad de condiciones entre las entidades de pago que prestan servicios de pago y las que emiten dinero electrónico y prestan servicios de dinero electrónico, conviene armonizar en la medida de lo posible los regímenes aplicables a la protección de los fondos de los usuarios, preservando al mismo tiempo las especificidades del dinero electrónico. El riesgo de concentración es un riesgo significativo al que se enfrentan las entidades de pago, en particular cuando los fondos se protegen en una única entidad de crédito. Por consiguiente, es importante garantizar que las entidades de pago eviten en la medida de lo posible el riesgo de concentración. Por este motivo, debe darse instrucciones a la ABE para que elabore normas técnicas de regulación sobre la prevención de riesgos asociados a la protección de los fondos de los clientes.

(31 bis)Podría ocurrir que una entidad de crédito se niegue a abrir y mantener una cuenta para una entidad de pago, lo cual sería contrario al objetivo de diversificación del riesgo para las entidades de pago. Por consiguiente, cuando una entidad de crédito se niegue a abrir la cuenta de una entidad de pago o decida cancelarla, se le debe exigir que proporcione a dicha entidad de pago una respuesta y un razonamiento debidamente justificados.

(32)Las entidades de pago deben tener la posibilidad de llevar a cabo otras actividades distintas de las cubiertas por la presente Directiva, entre ellas, la prestación de servicios operativos o servicios auxiliares estrechamente relacionados y la gestión de sistemas de pago u otras actividades empresariales reguladas por el Derecho de la Unión y los Derechos nacionales aplicables.

(33)Dados los mayores riesgos de la actividad de recepción de depósitos, es conveniente prohibir que las entidades de pago que ofrecen servicios de pago acepten depósitos de los usuarios y exigirles que utilicen únicamente los fondos recibidos de los usuarios para la prestación de servicios de pago. Los fondos que las entidades de pago que ofrecen servicios de dinero electrónico reciben de los usuarios de servicios de pago no deben constituir depósitos u otros fondos reembolsables procedentes de particulares en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del ConsejoDirectiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE..

(34)A fin de limitar el riesgo de que las cuentas de pago se utilicen para fines distintos de la ejecución de operaciones de pago, conviene especificar que, cuando se dediquen a la prestación de uno o varios servicios de pago o servicios de dinero electrónico, las entidades de pago deben mantener en todo momento cuentas de pago que se utilicen exclusivamente para realizar operaciones de pago.

(35)Las entidades de pago deben poder conceder créditos, pero esta actividad debe estar sujeta a unas condiciones estrictas. Procede, por tanto, regular la concesión de créditos por parte de las entidades de pago en forma de líneas de crédito, así como la emisión de tarjetas de crédito, en la medida en que dichos servicios faciliten servicios de pago ▌. Conviene permitir que las entidades de pago concedan créditos a corto plazo en relación con sus actividades transfronterizas, con la condición de que se refinancien utilizando principalmente los fondos propios de la entidad de pago, así como otros fondos procedentes de los mercados de capitales, y no los fondos mantenidos por cuenta de clientes para servicios de pago. No obstante, esta posibilidad debe establecerse sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del ConsejoDirectiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133 de 22.5.2008, p. 66). u otra legislación pertinente de la Unión o legislación nacional sobre las condiciones de concesión de créditos al consumo. Debido a su naturaleza básicamente de préstamo, los servicios «compre ahora, pague después» no deben constituir un servicio de pago. Estos servicios están cubiertos por la nueva Directiva sobre créditos al consumo que sustituye a la Directiva 2008/48/CE. No obstante, las empresas que ofrecen servicios «compre ahora, pague después» están sujetas a la presente Directiva si ofrecen alguno de los servicios de pago a que se refiere el anexo I.

(36)Para garantizar que las pruebas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Directiva se conserven debidamente durante un período de tiempo razonable, procede exigir a las entidades de pago que conserven todos los registros pertinentes durante cinco años como mínimo. Los datos personales no deben conservarse más tiempo del necesario para garantizar dicho fin y, cuando se revoque una autorización, no se conservarán más de cinco años después de dicha revocación.

(37)A fin de garantizar que una empresa no preste servicios de pago o servicios de dinero electrónico sin haber sido autorizada, procede exigir a todas las empresas que tengan la intención de prestar dichos servicios que soliciten una autorización, excepto cuando la presente Directiva prevea el registro en lugar de la autorización. Asimismo, para garantizar la estabilidad e integridad del sistema financiero y de los sistemas de pago y proteger a los consumidores, dichas empresas deben estar establecidas en un Estado miembro y ser objeto de una supervisión efectiva. Este requisito debe aplicarse también a las entidades de pago que emiten dinero electrónico, habida cuenta de los importantes nuevos riesgos prudenciales asociados a la posibilidad de que las entidades de dinero electrónico emitan también fichas de dinero electrónico. Se debe exigir a los emisores de dinero electrónico el establecimiento de una persona jurídica en la UE a fin de permitir una supervisión eficaz de dichas entidades y adecuarse al Reglamento (UE) 2023/1114. Las fichas de dinero electrónico son una forma de criptoactivo que puede aumentar significativamente su volumen y plantea riesgos que afectan a la estabilidad financiera y a la soberanía y la política monetarias.

(37 bis)Para que las entidades de pago puedan realmente prestar servicios transfronterizos, la Comisión debe ofrecer un sitio web específico o una ventanilla única con toda la información en un solo lugar sobre cómo registrarse en cada Estado miembro.

(38)Para evitar el abuso del derecho de establecimiento y casos en los que una entidad de pago se establezca en un Estado miembro sin tener previsto ejercer ninguna actividad en él, procede exigir que una entidad de pago que solicite autorización en un Estado miembro preste al menos una parte de sus actividades de servicios de pago en dicho Estado miembro. La obligación de que una entidad ejerza una parte de su actividad en su país de origen, ya impuesta por la Directiva (UE) 2015/2366, se ha interpretado de forma muy diferente, ya que algunos países de origen imponen que la mayor parte de la actividad se lleve a cabo en su país. Una «parte» debe interpretarse en el sentido de menos que la mayor parte de las actividades de la entidad con el fin de preservar el efecto útil de la libertad de la entidad de pago para prestar servicios transfronterizos.

(39)Las entidades de pago pueden realizar actividades distintas de la prestación de servicios de pago o servicios de dinero electrónico. A fin de garantizar una supervisión adecuada de la entidad de pago, conviene permitir que las autoridades nacionales competentes exijan, en caso necesario, el establecimiento de una entidad separada para la prestación de servicios de pago o servicios de dinero electrónico. Esta decisión de la autoridad competente debe tener en cuenta el potencial impacto negativo que un acontecimiento que afecte a otras actividades empresariales podría tener en la solidez financiera de la entidad de pago, o los posibles efectos negativos derivados de una situación en la que la entidad de pago no pudiera facilitar información separada sobre los fondos propios en relación con sus actividades de pago y dinero electrónico u otras actividades.

(40)A fin de garantizar una supervisión adecuada y permanente de las entidades de pago y la disponibilidad de información exacta y actualizada, conviene exigir a las entidades de pago que informen a las autoridades nacionales competentes de cualquier cambio en su actividad que afecte a la exactitud de la información facilitada en relación con la autorización, en particular en lo que se refiere a agentes o entidades adicionales a los que se externalizan actividades. En caso de duda, las autoridades competentes deben cerciorarse de que la información recibida sea correcta.

(41)A fin de garantizar un régimen coherente de autorización de las entidades de pago en toda la Unión, conviene establecer condiciones armonizadas en las que las autoridades nacionales competentes puedan revocar la autorización concedida a una entidad de pago.

(42)Para que las operaciones de las entidades de pago autorizadas o inscritas por las autoridades competentes del Estado miembro de origen, incluidos sus agentes, distribuidores y sucursales, sean más transparentes y para garantizar un elevado nivel de protección del consumidor en toda la Unión, es necesario garantizar un acceso público sencillo a la lista de empresas que prestan servicios de pago, con sus respectivas marcas, que deben incluirse en un registro nacional público.

(43)A fin de garantizar que la información sobre las entidades de pago autorizadas o registradas o las entidades facultadas con arreglo al Derecho nacional para prestar servicios de pago o dinero electrónico esté disponible en toda la Unión en un registro central, la ABE debe gestionar dicho registro y publicar en él una lista de los nombres de las empresas autorizadas o registradas para prestar servicios de pago o dinero electrónico. Cuando ello implique el tratamiento de datos personales, la publicación a escala de la Unión de información sobre personas físicas que actúen como agentes o distribuidores es necesaria para garantizar que solo los agentes y distribuidores autorizados operen en el mercado interior y, por tanto, redunda en interés del correcto funcionamiento del mercado interior de servicios de pago. Los Estados miembros deben velar por que los datos que faciliten sobre las empresas de que se trate, incluidos sus agentes, distribuidores y sucursales, sean exactos, estén actualizados, y se transmitan a la ABE sin demora indebida y, si es posible, de forma automatizada. A tal efecto, la ABE debe elaborar proyectos de normas técnicas de regulación para especificar los métodos y las disposiciones para la transmisión de dicha información. Estos proyectos deben garantizar un elevado nivel de detalle y coherencia de la información. A la hora de elaborar los proyectos de normas técnicas de regulación, la ABE debe tener en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2019/411 de la Comisión40. A fin de aumentar la transparencia, es conveniente que la información transmitida contenga las marcas de todos los servicios de pago y dinero electrónico prestados. La publicación de datos personales debe realizarse de conformidad con las normas vigentes en materia de protección de datos. Cuando se publiquen datos personales, deben aplicarse salvaguardias adecuadas en materia de protección de datos que impidan una difusión no intencionada de la información en línea.

(44)Para aumentar la transparencia y el conocimiento de los servicios prestados por los proveedores de servicios de iniciación de pagos e información sobre cuentas, conviene que la ABE mantenga una lista legible electrónicamente que contenga información básica sobre estas empresas y los servicios que prestan. La información incluida en esta lista debe permitir la identificación inequívoca de los proveedores de servicios de iniciación de pagos e información sobre cuentas.

(45)Para ampliar el alcance de sus servicios, las entidades de pago pueden tener que recurrir a entidades que presten servicios de pago en su nombre, incluidos agentes o, en el caso de los servicios de dinero electrónico, distribuidores. Asimismo, pueden ejercer su derecho de establecimiento en un Estado miembro de acogida, distinto del de origen, a través de sucursales. En tales casos, es conveniente que la entidad de pago comunique a la autoridad nacional competente toda la información pertinente relativa a los agentes, distribuidores y sucursales y notifique a las autoridades nacionales competentes cualquier cambio sin demora indebida. Para garantizar la transparencia con respecto a los usuarios finales, también es conveniente que los agentes, distribuidores o sucursales que actúen en nombre de una entidad de pago informen de ello a los usuarios de servicios de pago.

(45 bis)Debe tenerse en cuenta que, cuando los adquirientes utilizan un agente para prestar servicios de pago, el agente actúa únicamente en nombre de un adquiriente como proveedor del servicio de pago principal y no respecto de todos los servicios de pago que se prestan al usuario de servicios de pago.

(45 ter)Para tener en cuenta la evolución de las realidades del mercado, los mercados y las plataformas respaldadas por los proveedores de servicios de pago que prestan servicios a estos mercados y plataformas a fin de que no tengan el control ni la posesión de fondos para terceros, no deben considerarse por defecto agentes de los proveedores de servicios de pago.

(46)Al llevar a cabo su actividad, las entidades de pago pueden tener que externalizar funciones operativas de parte de su actividad. A fin de garantizar que esto no vaya en detrimento del cumplimiento continuado por parte de una entidad de pago de los requisitos de su autorización u otros requisitos aplicables en virtud de la presente Directiva, es conveniente exigir a las entidades de pago que informen sin demora indebida a las autoridades nacionales competentes de su intención de externalizar funciones operativas, así como de cualquier cambio relativo al uso de entidades a las que se externalizan actividades.

(47)Para garantizar una mitigación adecuada de los riesgos que puede generar la externalización de funciones operativas, procede exigir que las entidades de pago adopten medidas razonables para velar por que dicha externalización no infrinja lo dispuesto en la presente Directiva. Las entidades de pago deben seguir siendo plenamente responsables de los actos de sus empleados, o de cualquier agente, distribuidor o entidad que lleve a cabo actividades externalizadas.

(48)Para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones de Derecho nacional adoptadas en virtud de la presente Directiva, los Estados miembros deben designar las autoridades competentes encargadas de la autorización y supervisión de las entidades de pago. Los Estados miembros deben velar por que se dote a las autoridades competentes de las competencias y los recursos necesarios, incluido el personal, para desempeñar adecuadamente sus funciones.

(49)Para que las autoridades competentes puedan supervisar adecuadamente a las entidades de pago, procede disponer la concesión de facultades de investigación y supervisión, así como la posibilidad de imponer las sanciones y medidas administrativas necesarias para el desempeño de sus funciones. Por la misma razón, resulta adecuado conceder a las autoridades competentes la facultad de solicitar información, realizar inspecciones in situ y emitir recomendaciones, orientaciones y decisiones administrativas vinculantes. Los Estados miembros deben establecer disposiciones nacionales, armonizadas al amparo de las disposiciones de la presente Directiva, con respecto a la suspensión o revocación de la autorización de una entidad de pago. Los Estados miembros deben facultar a sus autoridades competentes para imponer sanciones y medidas administrativas destinadas específicamente a poner fin a las infracciones de las disposiciones relativas a la supervisión o al ejercicio de la actividad de servicios de pago.

(50)Debido a la amplia gama de posibles modelos de negocio en el sector de los pagos, procede permitir cierto grado de discrecionalidad en el ejercicio de la supervisión para garantizar que un mismo riesgo tenga la misma consideración en todos los Estados miembros.

(51)Al supervisar el cumplimiento por parte de las entidades de pago de sus obligaciones, las autoridades competentes deben ejercer sus facultades de supervisión respetando los derechos fundamentales, incluido el derecho a la intimidad. Sin perjuicio del control por una autoridad independiente (autoridad nacional de protección de datos) y de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los Estados miembros deben dotarse de garantías adecuadas y efectivas si existe el riesgo de que el ejercicio de tales facultades de lugar a cualesquiera abusos o arbitrariedades que constituyan una interferencia grave con tales derechos, incluso previendo, cuando proceda, la autorización previa de la autoridad judicial del Estado miembro de que se trate.

(52)Para garantizar la protección de los derechos individuales y empresariales, los Estados miembros deben velar por que todas las personas que trabajen o hayan trabajado para las autoridades competentes estén sometidos a la obligación de secreto profesional.

(53)La actividad de las entidades de pago puede ser transfronteriza y pertinente para diferentes autoridades competentes, así como para la ABE, el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales nacionales en su calidad de autoridades monetarias y de vigilancia. Por consiguiente, procede prever su cooperación e intercambio de información efectivos. Los mecanismos de intercambio de información deben cumplir plenamente las normas de protección de datos previstas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del ConsejoReglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). y en el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del ConsejoReglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39)..

(54)En caso de desacuerdo en el contexto de la cooperación transfronteriza entre autoridades competentes, estas deben poder solicitar la asistencia de la ABE, que adoptará una decisión sin demora indebida. La ABE también debería poder ayudar a las autoridades competentes a alcanzar un acuerdo por iniciativa propia.

(55)Las entidades de pago que ejerzan el derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios deben facilitar a la autoridad competente del Estado miembro de origen toda la información pertinente relativa a su actividad y notificar a dicha autoridad en qué Estado o Estados miembros tiene intención de operar y si tiene intención de recurrir a sucursales, agentes o distribuidores y a la externalización.

(56)Para facilitar la cooperación entre las autoridades competentes y una supervisión eficaz de las entidades de pago, en el contexto del ejercicio del derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, es conveniente que las autoridades competentes del Estado miembro de origen comuniquen información al Estado miembro de acogida. En situaciones de «pasaporte triangular» en las que una entidad de pago autorizada en un país «A» recurre a un intermediario, como un agente, distribuidor o sucursal, situado en un país «B» para ofrecer servicios de pago en otro país «C», debe considerarse que el Estado miembro de acogida es aquel en el que los servicios se ofrecen a los usuarios finales. Habida cuenta de las dificultades intrínsecas a la cooperación transfronteriza entre las autoridades competentes, es conveniente que la ABE elabore proyectos de normas técnicas de regulación sobre la cooperación y el intercambio de información, teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2017/2055 de la ComisiónReglamento Delegado (UE) 2017/2055 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación para la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes en relación con el ejercicio del derecho de establecimiento y la libertad de prestación de servicios de las entidades de pago (DO L 294 de 11.11.2017, p. 1)..

(57)Los Estados miembros deben poder exigir a las entidades de pago que operen en su territorio y cuya administración central esté situada en otro Estado miembro que les informen periódicamente de las actividades que realizan en su territorio a efectos estadísticos o de información. Cuando estas entidades de pago operen en virtud del derecho de establecimiento, las autoridades competentes del Estado o Estados miembros de acogida deben poder exigir que esa información se utilice también para supervisar el cumplimiento del Reglamento XXX [Reglamentos sobre servicios de pago]. Lo mismo debe aplicarse cuando no exista un establecimiento en el Estado o Estados miembros de acogida y la entidad de pago esté prestando servicios en ese Estado o Estados miembros de acogida sobre la base de la libre prestación de servicios. Para facilitar la supervisión de las redes de agentes, distribuidores o sucursales por parte de las autoridades competentes, conviene que los Estados miembros en los que operan agentes, distribuidores o sucursales puedan exigir a la entidad de pago matriz que designe un punto de contacto central en su territorio. Cuando un Estado miembro imponga un requisito de este tipo, cada entidad de pago debe designar un único punto de contacto central por Estado miembro. La ABE debe elaborar normas de regulación en las que establezca criterios que permitan determinar cuándo procede designar un punto de contacto centralizado y cuáles han de ser sus funciones. Al hacerlo, la ABE debe tener en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación de los Reglamentos Delegados (UE) 2021/1722Reglamento Delegado (UE) 2021/1722 de la Comisión, de 18 de junio de 2021, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican el marco para la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida en el contexto de la supervisión de las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico que presten servicios de pago transfronterizos (DO L 343 de 28.9.2021, p. 1). y (UE) 2020/1423Reglamento Delegado (UE) 2020/1423 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a los criterios de nombramiento de puntos de contacto centrales en el ámbito de los servicios de pago y a las funciones de estos puntos de contacto centrales (DO L 328 de 9.10.2020, p. 1). de la Comisión. La obligación de nombrar un punto de contacto central debe guardar proporción con el objetivo de lograr una comunicación y una notificación de información adecuadas sobre el cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago] en el Estado miembro de acogida.

(58)En situaciones de urgencia que requieran una intervención inmediata a fin de hacer frente a una amenaza grave para los intereses colectivos de los usuarios de servicios de pago en el Estado miembro de acogida, en particular ante un fraude a gran escala, debe ser posible para las autoridades competentes del Estado miembro de acogida adoptar medidas cautelares, paralelamente a la cooperación transfronteriza entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida y en espera de las medidas que adopte la autoridad competente del Estado miembro de origen. Dichas medidas deben ser adecuadas, proporcionadas, no discriminatorias y de carácter temporal. El Estado miembro de acogida debe motivar la adopción de dichas medidas. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la entidad de pago de que se trate y las demás autoridades interesadas, incluida la Comisión y la ABE, deben ser informadas con antelación o, si la urgencia de la situación lo impide, sin demora injustificada.

(59)Es importante garantizar que todas las entidades que presten servicios de pago estén sujetas a ciertos requisitos legales y reglamentarios mínimos. En consecuencia, resulta oportuno exigir que se registre la identidad y la ubicación de todas las entidades que presten servicios de pago, inclusive de aquellas que no puedan cumplir íntegramente los requisitos para ser autorizadas como entidades de pago, en particular las entidades de pago pequeñas. Este enfoque resulta acorde con la lógica de la Recomendación 14 del Grupo de Acción Financiera Internacional, que prevé la implantación de un mecanismo que permita tratar como entidades de pago a aquellos proveedores de servicios de pago que no puedan cumplir todos los requisitos que preconiza la citada Recomendación. A tal efecto, incluso cuando las entidades estén eximidas del cumplimiento de todos o parte de los requisitos de autorización, los Estados miembros deben incluir a dichas entidades en el registro de entidades de pago. No obstante, es fundamental que la posibilidad de conceder una exención de autorización se supedite a requisitos estrictos sobre el valor de las operaciones de pago. Las entidades que se beneficien de una exención de autorización no deben disfrutar del derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, ni deben ejercer indirectamente estos derechos en tanto en cuanto sean participantes de un sistema de pago.

(60)Para garantizar la transparencia con respecto a las posibles exenciones a las entidades de pago pequeñas, conviene exigir a los Estados miembros que comuniquen estas decisiones a la Comisión.

(61)Habida cuenta de la naturaleza específica de la actividad realizada y de los riesgos relacionados con la prestación de servicios de información sobre cuentas, procede establecer un régimen prudencial específico para los proveedores de servicios de información sobre cuentas, sin que sea necesario un régimen de autorización exhaustivo, sino un requisito de registro menos estricto, acompañado de documentos e información para ayudar a la autoridad competente a llevar a cabo la supervisión. Los proveedores de servicios de información sobre cuentas deben poder prestar servicios de forma transfronteriza, en el marco de las normas de «concesión de pasaportes».

(62)Para seguir mejorando el acceso a efectivo, que es una prioridad de la Comisión, debe permitirse a los minoristas ofrecer, en las tiendas físicas, servicios de suministro de efectivo incluso en ausencia de compra por parte del cliente, sin tener que obtener una autorización o registro como proveedor de servicios de pago ni ser un agente de una entidad de pago. No obstante, los servicios de suministro de efectivo deben estar sujetos a la obligación de revelar las comisiones que, en su caso, se cobran al cliente. Estos servicios deben prestarse de forma voluntaria por los minoristas y depender de su disponibilidad de efectivo. Con objeto de evitar la competencia desleal entre los proveedores de cajeros automáticos que no gestionan cuentas de pago y los minoristas que ofrecen retiradas de efectivo sin compra, y para garantizar que las tiendas no agotan rápidamente el efectivo, es conveniente imponer un límite máximo de 100 EUR, o el importe correspondiente en la divisa del Estado miembro en cuestión, por operación. Al ofrecer dicho servicio, los clientes deben autenticar la operación y los minoristas deben asegurarse de que la operación no sea anónima.

(63)Las Directivas 2007/64/CE y (UE) 2015/2366 excluyeron condicionalmente de su ámbito de aplicación los servicios de pago ofrecidos por determinados proveedores de cajeros automáticos. Esa exclusión ha impulsado el crecimiento de los servicios de cajeros automáticos independientes en muchos Estados miembros, en particular en las zonas poco pobladas, complementado los cajeros automáticos de los bancos. No obstante, la exclusión ha resultado difícil de aplicar debido a su ambigüedad con respecto a las entidades que cubre. Para abordar esta cuestión, conviene precisar que los proveedores de cajeros automáticos anteriormente excluidos son aquellos que no gestionan cuentas de pago. Dado el limitado riesgo que entraña la actividad de los proveedores de cajeros automáticos, en lugar de excluirlos totalmente del ámbito de aplicación, conviene someterlos a un régimen prudencial específico adaptado a dicho riesgo, que solo requiera un régimen de registro.

(64)A menudo, los proveedores de servicios que deseaban acogerse a una exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2015/2366 no consultaban a las autoridades para determinar si sus actividades estaban incluidas o excluidas del ámbito de aplicación de esa Directiva, sino que solían basarse en sus propios análisis. Esto dio lugar a una aplicación divergente de ciertas exclusiones en los distintos Estados miembros. Además, según parece, algunas de las exclusiones pueden haber sido utilizadas por los proveedores de servicios de pago para modificar sus modelos de negocio de forma que las actividades de servicios de pago que ofrecen queden fuera del ámbito de aplicación de dicha Directiva. Esto puede conllevar un aumento de los riesgos a que están expuestos los usuarios de servicios de pago, y condiciones divergentes para los proveedores de servicios de pago en el mercado interior. Conviene por ello que los proveedores de servicios queden obligados a notificar las actividades pertinentes a las autoridades competentes, de modo que estas puedan evaluar si se cumplen o no los requisitos establecidos en las correspondientes disposiciones y garantizar una interpretación homogénea de las normas en todo el mercado interior. En particular, para todas las exclusiones basadas en el respeto de un determinado umbral, conviene establecer un procedimiento de notificación para garantizar el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Por otra parte, es importante establecer la obligación de que los posibles proveedores de servicios de pago notifiquen a las autoridades competentes los servicios que prestan en el contexto de una red limitada sobre la base de los criterios enunciados en el Reglamento XXX [Reglamento sobre servicios de pago], si el valor de las operaciones de pago sobrepasa un determinado umbral. Las autoridades competentes deben valorar si los servicios notificados pueden considerarse prestados en el contexto de una red limitada, a fin de determinar si deben permanecer excluidos del ámbito de aplicación.

(65)Deben delegarse en la Comisión poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con la actualización de los importes a fin de tener en cuenta la inflación. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmiten al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(66)Con el fin de garantizar una aplicación coherente de los requisitos aplicables, la Comisión debe poder contar con los conocimientos y el apoyo de la ABE, a la que debe encomendarse la tarea de elaborar orientaciones y proyectos de normas técnicas de regulación. La Comisión debe estar facultada para adoptar esos proyectos de normas técnicas de regulación. Esas funciones específicas concuerdan plenamente con la función y responsabilidades de la ABE, tal y como se establecen en el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del ConsejoReglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12)..

(66 bis)La ABE debe coordinar un foro de colaboración, al menos una vez al año, entre las autoridades nacionales competentes a fin de facilitar una mayor armonización en lo que respecta a la transposición, aplicación y ejecución de las disposiciones establecidas en la presente Directiva.

(67)Dado que una mayor integración del mercado único de servicios de pago no puede ser alcanzada de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos, pues requiere la armonización de las diferentes normas que en la actualidad existen en los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados miembros, que se lograría mejor a escala de la Unión, esta última puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(68)La presente Directiva no incluye requisitos de autorización para los sistemas de pago, los regímenes de pago o los acuerdos de pago, teniendo en cuenta la necesidad de evitar cualquier duplicación con el marco de vigilancia del Eurosistema sobre los sistemas de pagos minoristas, incluidos, entre otros, los sistemas de pago de importancia sistémica, así como el nuevo marco «PISA» del Eurosistema y la supervisión de los bancos centrales nacionales. Tampoco cubre, en su ámbito de aplicación, la prestación de servicios técnicos, incluido el tratamiento o la gestión de carteras digitales. No obstante, habida cuenta del ritmo de la innovación en el sector de los pagos y de la posible aparición de nuevos riesgos, es preciso que, en su futura revisión de la presente Directiva, la Comisión tenga especialmente en cuenta esta evolución y valore si el ámbito de aplicación de la Directiva debe ampliarse a nuevos servicios y entidades.

(69)Por motivos de seguridad jurídica, es conveniente establecer disposiciones transitorias que permitan a las empresas que hayan iniciado actividades de entidades de pago con arreglo a la normativa nacional de transposición de la Directiva (UE) 2015/2366, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Directiva, puedan proseguir dichas actividades en el Estado miembro de que se trate durante un período determinado.

(70)En aras de la seguridad jurídica, procede establecer disposiciones transitorias en virtud de las cuales aquellas entidades de dinero electrónico que hayan emprendido sus actividades con arreglo a la normativa nacional de transposición de la Directiva 2009/110/CE puedan continuar dichas actividades en el Estado miembro de que se trate durante un período determinado. Dicho período debe ser más largo en el caso de las entidades de dinero electrónico que se beneficien de la excepción establecida en el artículo 9 de la Directiva 2009/110/CE.

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(72)La especificación de que los participantes pueden actuar como entidad de contrapartida central, agente de liquidación o cámara de compensación o llevar a cabo parte o la totalidad de estas funciones debe reintroducirse en la Directiva 98/26/CE para garantizar una comprensión similar en los Estados miembros. Asimismo, debe volver a introducirse que, cuando esté justificado por el riesgo sistémico, los Estados miembros podrán considerar a un participante indirecto como participante en el sistema y aplicar a dicho participante indirecto las disposiciones de la Directiva 98/26/CE. No obstante, para garantizar que esto no limite la responsabilidad del participante a través del cual el participante indirecto transmite órdenes de transferencia al sistema, ello debe quedar claro en dicha Directiva a fin de velar por la seguridad jurídica.

(73)Los consumidores deben poder hacer valer sus derechos en relación con las obligaciones impuestas a los usuarios o titulares de datos en virtud del Reglamento (UE) 20../…. [Reglamento relativo a un marco para el acceso a los datos financieros] del Parlamento Europeo y del ConsejoReglamento (UE) 20[..]/[....] del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un marco para el acceso a los datos financieros y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 1094/2010, (UE) n.º 1095/2010 y (UE) 2022/2554. mediante acciones de representación de conformidad con la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del ConsejoDirectiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE (DO L 409 de 4.12.2020, p. 1).. A tal fin, la presente Directiva debe establecer que la Directiva (UE) 2020/1828 sea aplicable a las acciones de representación contra las infracciones por parte de usuarios o titulares de datos de las disposiciones del Reglamento (UE) 20../…. [Reglamento relativo a un marco para el acceso a los datos financieros] que perjudiquen o puedan perjudicar los intereses colectivos de los consumidores. Procede, por tanto, modificar el anexo de dicha Directiva en consecuencia. Corresponde a los Estados miembros velar por que dicha modificación se refleje en las medidas de transposición adoptadas de conformidad con la Directiva (UE) 2020/1828.

(74)En consonancia con los principios de mejora de la legislación, la presente Directiva debe revisarse en aras de su eficacia y eficiencia en la consecución de sus objetivos, tal como se establece en la evaluación de impacto adjunta. La revisión debe tener lugar con tiempo suficiente a partir de la fecha de aplicación de la presente Directiva para que se base en pruebas adecuadas. Cinco años se considera un período adecuado. Si bien la revisión debe tener en cuenta la totalidad de la Directiva, algunas cuestiones deberían ser objeto de especial atención, a saber, ▌la salvaguardia de los fondos de las entidades de pago, así como el número y la cuota de mercado de los proveedores de servicios de pago autorizados con arreglo a la presente Directiva, que puedan verse afectados por las normas propuestas por la Comisión el 18 de abril de 2023COM(2023) 228 final. que, una vez adoptadas, modificarían la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos. No obstante, por lo que respecta al ámbito de aplicación de la presente Directiva, conviene que la revisión se lleve a cabo antes, tres años después de la entrada en vigor del Reglamento (UE) [.../...] del Parlamento Europeo y del ConsejoReglamento (UE) [.../...] del Parlamento Europeo y del Consejo, de [...], relativo a los servicios de pago en el mercado interior y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L ...). (Reglamento sobre servicios de pago), dada la importancia que se concede a este asunto en el Reglamento (UE) 2022/2554. La revisión del ámbito de aplicación debe considerar tanto la posible ampliación de la lista de servicios de pago cubiertos para incluir servicios como los prestados por sistemas de pago y regímenes de pago, como la posible inclusión en el ámbito de aplicación de algunos servicios técnicos actualmente excluidos, como las carteras digitales.

(75)Dado el número de cambios que deben introducirse en las Directivas (UE) 2015/2366 y 2009/110/CE, resulta oportuno derogar ambas y sustituirlas por la presente Directiva.

(76)Todo tratamiento de datos personales en el contexto de la presente Directiva debe ajustarse a lo dispuesto en los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725. Por consiguiente, las autoridades de control contempladas en los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725 son responsables de la supervisión del tratamiento de datos personales efectuado en el contexto de la presente Directiva. Al transponer la presente Directiva, los Estados miembros deben garantizar que la legislación nacional incluya garantías adecuadas de protección de datos para el tratamiento de datos personales.

(77)El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su dictamen el 22 de agosto de 2023.