Artículo 1Modificaciones de la Directiva 2014/59/UELa Directiva 2014/59/UE se modifica como sigue:1)El artículo 2, apartado 1, se modifica como sigue:a)se inserta el punto 29 bis) siguiente:

«29 bis) “medida alternativa del sector privado”: cualquier ayuda que no pueda considerarse ayuda financiera pública extraordinaria;»;

b)el punto 35) se sustituye por el texto siguiente:

«35) “funciones esenciales”: actividades, servicios u operaciones cuyo cese podría, en uno o más Estados miembros, dar lugar a una perturbación de servicios esenciales para la economía real o de la estabilidad financiera, a escala nacional o, cuando sea pertinente, regional debido al tamaño, cuota de mercado, conexiones internas o externas, complejidad o actividad transfronteriza de la entidad o grupo, atendiendo especialmente a la sustituibilidad de dichas actividades, servicios u operaciones. A efecto del presente punto, la escala regional se evaluará por referencia a la unidad territorial correspondiente a las unidades territoriales de nivel 1de la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (nivel NUTS 1) en el sentido del Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo* o al nivel NUTS 2 cuando una perturbación significativa de los servicios a nivel NUTS 2 suponga un riesgo material de crisis sistémica a nivel nacional;

_____________

* Reglamento (CE) no 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003, p. 1).’;»;

c)el punto 71) se sustituye por el texto siguiente:

«71) “pasivos susceptibles de recapitalización interna”: pasivos, también los que den lugar a provisiones contables, e instrumentos de capital no calificados como instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2 de una entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b, c) o d), y que no están excluidos del ámbito de aplicación del instrumento de recapitalización interna en virtud del artículo 44, apartado 2;»;

d)se insertan los puntos 83 quinquies) y 83 sexies) siguientes:

«83 quinquies) “EISM de fuera de la UE”: una entidad tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 134, del Reglamento (UE) n.º 575/2013;83 sexies)“Entidad EISM”: una entidad tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 136, del Reglamento (UE) n.° 575/2013;»;

e)se inserta el punto 93 bis) siguiente:

«93 bis) “depósito”: a efectos de los artículos 108 y 109, un depósito tal como se define en el artículo 2, apartado 1, punto 3), de la Directiva 2014/49/UE;».

2)En el artículo 5, los apartados 2, 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:

«2. Las autoridades competentes se asegurarán de que las entidades actualizan sus planes de recuperación al menos anualmente, o después de un cambio en la estructura jurídica u organizativa de la entidad, sus actividades o su situación financiera que pudiera afectar significativamente al plan de recuperación o que requiera cambios materiales en el mismo. Las autoridades competentes podrán exigir a las entidades que actualicen sus planes de reestructuración con más frecuencia.

En ausencia de los cambios a que se refiere el párrafo primero en los doce meses siguientes a la última actualización anual del plan de recuperación, las autoridades competentes podrán eximir excepcionalmente, hasta el siguiente período de doce meses, de la obligación de actualizar el plan de recuperación. Dicha exención no se concederá por más de dos períodos consecutivos de doce meses.

3.Los planes de recuperación no presupondrán el acceso a ninguna de las ayudas siguientes:a)ayuda financiera pública extraordinaria;b)ayuda en forma de provisión urgente de liquidez del banco central;c)ayuda en forma de provisión de liquidez del banco central en condiciones no convencionales en cuanto a garantías, vencimiento o tipos de interés.

4.Los planes de recuperación incluirán un análisis de cómo y cuándo podría la entidad solicitar, si procede y en las condiciones contempladas por el plan, los servicios de bancos centrales que no hayan sido excluidos del ámbito del plan de recuperación de conformidad con el apartado 3, e identificarán los activos que pudieran calificarse como garantías.».

3)En el artículo 6, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. Cuando la autoridad competente concluya que hay deficiencias materiales en el plan de recuperación, o impedimentos materiales para su aplicación, notificará su evaluación a la entidad o a la empresa matriz del grupo y exigirá a la entidad que presente, en el plazo de tres meses, ampliable en un mes previa aprobación de las autoridades, un plan revisado que demuestre cómo se subsanan estas deficiencias o impedimentos.».

4)En el artículo 8, apartado 2, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:

«La ABE podrá, a instancias de una autoridad competente, ayudar a las autoridades competentes a alcanzar una decisión conjunta, de conformidad con el artículo 31, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

5)▌El artículo 10 se modifica como sigue:a)el apartado 7 se modifica como sigue:i)se inserta la letra siguiente:

«a bis) cuando sea pertinente, una descripción detallada de los motivos para determinar que una entidad debe calificarse como entidad de liquidación, incluida una explicación de cómo la autoridad de resolución llegó a la conclusión de que la entidad carece de funciones esenciales;»;

ii)se inserta la letra siguiente:

«j bis) una descripción de la manera óptima en que las diferentes estrategias de resolución alcanzarían mejor los objetivos de resolución establecidos en el artículo 31;»;

iii)se inserta la letra siguiente:

«p bis) una lista detallada y cuantificada de los depósitos garantizados y los depósitos admisibles de personas físicas y microempresas y pequeñas y medianas empresas;»;

b)se inserta el apartado 8 bis siguiente:

«8 bis. Las autoridades de resolución no adoptarán planes de resolución cuando se hayan incoado procedimientos de insolvencia con respecto a una sociedad de conformidad con el artículo 32 ter o cuando sea de aplicación el artículo 37, apartado 6.»;

c)en el apartado 9, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«La ABE presentará los proyectos de normas técnicas de regulación revisados a la Comisión a más tardar el ... [doce meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa].».

6)El artículo 12 se modifica como sigue:a)en el apartado 1, se añaden los párrafos tercero y cuarto siguientes:

«La determinación de las medidas que deben adoptarse con respecto a las filiales a que se refiere el párrafo primero, letra b), que no sean entidades de resolución podrá estar sujeta a un enfoque simplificado por parte de las autoridades de resolución si dicho enfoque no afecta negativamente a la resolubilidad del grupo, teniendo en cuenta el tamaño de la filial, su perfil de riesgo, la ausencia de funciones esenciales y la estrategia de resolución de grupo.

El plan de resolución de grupo determinará si las entidades de un grupo de resolución diferentes a la entidad de resolución pueden calificarse de entidades de liquidación. Sin perjuicio de otros factores que puedan considerarse pertinentes por parte de las autoridades de resolución, las entidades que proporcionen funciones o servicios esenciales no podrán ser calificadas de entidades de liquidación.»;

a bis)el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. El plan de resolución de grupo deberá elaborarse a partir de los requisitos establecidos en el artículo 10 y la información facilitada con arreglo al artículo 11.»;

a ter)en el apartado 3 se inserta la letra siguiente:

«-a bis) contener una descripción detallada de los motivos para determinar que una entidad de grupo referida en el apartado 1, letras a) y b), debe calificarse como entidad de liquidación, incluida una explicación de cómo la autoridad de resolución llegó a la conclusión de que la entidad carece de funciones esenciales, y cómo se han tenido en cuenta la relación entre su importe total de exposición al riesgo y su beneficio de explotación en el importe total de exposición al riesgo y el beneficio de explotación del grupo, así como el ratio de apalancamiento de la entidad de grupo en el contexto del grupo;»;

b)Se inserta el apartado 5 bis siguiente:

«5 bis. Las autoridades de resolución no adoptarán planes de resolución cuando se hayan incoado procedimientos de insolvencia con respecto a una sociedad ▌de conformidad con el artículo 32 ter o cuando sea de aplicación el artículo 37, apartado 6.».

7)En el artículo 13, apartado 4, el párrafo cuarto se sustituye por el texto siguiente:

«La ABE, a petición de una autoridad de resolución, podrá ayudar a las autoridades de resolución a llegar a una decisión conjunta, de conformidad con el artículo 31, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

8)En el artículo 15 se añade el apartado 5 siguiente:

«5. La ABE supervisará la elaboración de políticas internas y la aplicación de las evaluaciones de resolubilidad de las entidades o grupos previstas en el presente artículo y en el artículo 16 por parte de las autoridades de resolución. La ABE informará a la Comisión sobre las prácticas existentes en materia de evaluaciones de resolubilidad y posibles divergencias entre los Estados miembros a más tardar el... [OP: insértese la fecha correspondiente a 2 años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] y supervisará la aplicación de cualquier recomendación formulada en dicho informe, cuando proceda.

En el informe a que se refiere el párrafo primero figurarán, como mínimo, los aspectos siguientes:a)una evaluación de las metodologías desarrolladas por las autoridades de resolución para llevar a cabo evaluaciones de resolubilidad, que incluya la determinación de los ámbitos de posible divergencia entre los Estados miembros;b)una evaluación de las capacidades de realización de pruebas requeridas por las autoridades de resolución para garantizar una aplicación eficaz de la estrategia de resolución;c)el nivel de transparencia, con respecto a las partes interesadas pertinentes, de las metodologías desarrolladas por las autoridades de resolución para llevar a cabo evaluaciones de resolubilidad y sus resultados.».

9)En el artículo 16 bis se añade el apartado 7 siguiente:

«7. Cuando una entidad no esté sujeta a los requisitos combinados de colchón sobre la misma base que aquella sobre la que está obligada a cumplir los requisitos a que se refieren los artículos 45 quater y 45 quinquies, las autoridades de resolución aplicarán los apartados 1 a 6 del presente artículo sobre la base de la estimación de los requisitos combinados de colchón calculados de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2021/1118 de la Comisión*. Se aplicará el artículo 128, punto cuarto, de la Directiva 2013/36/UE.

La autoridad de resolución incluirá los requisitos combinados de colchón estimados a que se refiere el párrafo primero en la decisión por la que se determinen los requisitos a que se refieren los artículos 45 quater y 45 quinquies de la presente Directiva. La sociedad hará públicos los requisitos combinados de colchón estimados junto con la información a que se refiere el artículo 45 decies, apartado 3.».

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* Reglamento Delegado (UE) 2021/1118 de la Comisión, de 26 de marzo de 2021, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la metodología que deben utilizar las autoridades de resolución para estimar el requisito a que se refiere el artículo 104 bis de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y los requisitos combinados de colchón para las entidades de resolución a nivel del grupo de resolución consolidado cuando el grupo de resolución no esté sujeto a dichos requisitos en virtud de dicha Directiva (DO L 241 de 8.7.2021, p. 1).

10)▌ El artículo 17 se modifica como sigue:a)en el apartado 4, se añade el párrafo tercero siguiente:

«Si las medidas propuestas por la entidad en cuestión reducen o eliminan efectivamente los obstáculos a la resolubilidad, la autoridad de resolución adoptará una decisión, previa consulta a la autoridad competente. Dicha decisión indicará que las medidas propuestas reducen o eliminan efectivamente los obstáculos a la resolubilidad y exigirá a la entidad que aplique dichas medidas.»;

b)se añade el apartado siguiente:

«8 bis. La autoridad de resolución publicará al final de cada ciclo de planificación de la resolución una lista anónima que presente de manera agregada todos los obstáculos identificados, incluidos los obstáculos materiales a la resolubilidad y las medidas pertinentes para abordarlos. Se aplicarán las disposiciones de confidencialidad establecidas en el artículo 84 de la presente Directiva.».

11)El artículo 18 se modifica como sigue:a)el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. La autoridad de resolución a nivel de grupo comunicará cualquier medida propuesta por la empresa matriz en la Unión al supervisor en base consolidada, a la ABE, a las autoridades de resolución de las filiales, y a las autoridades de resolución de las jurisdicciones en las que estén situadas sucursales significativas respecto de las cuestiones que afecten a dichas sucursales. La autoridad de resolución a nivel de grupo y las autoridades de resolución de las filiales, previa consulta a las autoridades competentes y a las autoridades de resolución de las jurisdicciones en las que estén situadas sucursales significativas, harán cuanto esté en su mano para alcanzar en el colegio de autoridades de resolución una decisión conjunta relativa a la identificación de los obstáculos materiales y, si fuera necesario, a la evaluación de las medidas propuestas por la empresa matriz en la Unión y de las medidas requeridas por las autoridades para abordar o eliminar los obstáculos, que tendrá en cuenta las posibles repercusiones de las medidas de resolución en todos los Estados miembros en los que opere el grupo.»;

b)el apartado 9 se sustituye por el texto siguiente:

«9. En ausencia de una decisión conjunta sobre la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo 17, apartado 5, letras g), h), o k), la ABE podrá, si lo solicita una autoridad de resolución de acuerdo con los apartados 6, 6 bis o 7 del presente artículo, ayudar a las autoridades de resolución a llegar a un acuerdo, de conformidad con el artículo 19, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

12)Los artículos 27 y 28 se sustituyen por el texto siguiente:

«Artículo 27

Medidas de actuación temprana

1.Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes consideren sin demora injustificada y, si procede, apliquen rápidamente medidas de actuación temprana cuando una entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), cumpla alguna de las condiciones siguientes:a)que la entidad o sociedad cumpla las condiciones a que se refiere el artículo 102 de la Directiva 2013/36/UE o el artículo 38 de la Directiva (UE) 2019/2034, o que la autoridad competente haya determinado que los sistemas, estrategias, procedimientos y mecanismos aplicados por la entidad o sociedad y los fondos propios y la liquidez mantenidos por dicha entidad o sociedad no garantizan una gestión y cobertura sólidas de los riesgos, y que se aplique alguna de las circunstancias siguientes:i)que la entidad o sociedad no haya adoptado las medidas de subsanación exigidas por la autoridad competente, incluidas las medidas a que se refieren el artículo 104 de la Directiva 2013/36/UE o el artículo 49 de la Directiva (UE) 2019/2034;ii)que la autoridad competente considere que las medidas de subsanación distintas de las medidas de actuación temprana son insuficientes para resolver los problemas ▌;b)que la entidad o sociedad infrinja o sea probable que infrinja, en los doce meses siguientes a la evaluación de la autoridad competente, los requisitos establecidos en el título II de la Directiva 2014/65/UE, en los artículos 3 a 7, 14 a 17, o 24, 25 y 26 del Reglamento (UE) n.º 600/2014, o en los artículos 45 sexies o 45 septies de la presente Directiva.

Cuando se produzca un deterioro significativo de las condiciones, concurran circunstancias adversas o se obtenga información nueva sobre una sociedad, la autoridad competente podrá determinar que se cumple la condición a que se refiere el párrafo primero, letra a), inciso ii), sin haber adoptado previamente otras medidas de subsanación, incluido el ejercicio de las facultades a que se refieren el artículo 104 de la Directiva 2013/36/UE o el artículo 39 de la Directiva (UE) 2019/2034.

A efectos del párrafo primero, letra b), del presente apartado, los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes en virtud de la Directiva 2014/65/UE o el Reglamento (UE) n.º 600/2014 o, en su caso, la autoridad de resolución informe sin demora a la autoridad nacional competente de la infracción o posible infracción.

1 bis.A efectos del apartado 1, las medidas de actuación temprana incluirán:a)la exigencia de que el órgano de dirección de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), lleve a cabo alguna de las siguientes alternativas:i)aplicar uno o varios de los procedimientos o medidas establecidos en el plan de recuperación,ii)actualizar el plan de reestructuración de conformidad con el artículo 5, apartado 2, cuando las circunstancias que hayan desencadenado la actuación temprana difieran de los supuestos del plan de recuperación inicial y aplicar uno o más de los mecanismos o medidas del plan de recuperación actualizado dentro de un plazo determinado;b)la exigencia al órgano de dirección de la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), de que convoque o, si el órgano de dirección no cumpliera con este requisito, la convocatoria directa de una junta de accionistas de la entidad o sociedad, y en ambos casos fijar el orden del día y exigir que los accionistas consideren la posibilidad de adoptar determinadas decisiones;c)la exigencia al órgano de dirección de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), de que elabore un plan de acción para la negociación de la reestructuración de la deuda con una parte o con la totalidad de sus acreedores, de acuerdo, cuando proceda, con el plan de recuperación;d)la exigencia de modificar la forma jurídica de la entidad;e)la exigencia de cesar o sustituir a la alta dirección o al órgano de dirección de la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), en su totalidad o individualmente, de conformidad con el artículo 28;f)la designación de uno o más administradores provisionales para la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), de conformidad con el artículo 29.f bis)exigir que el órgano de dirección de la sociedad elabore un plan que la sociedad pueda aplicar en caso de que el órgano competente de la sociedad decida iniciar la liquidación voluntaria de la misma.

2.Basándose en lo que resulte proporcionado a los objetivos perseguidos, las autoridades competentes elegirán las medidas de actuación temprana adecuadas y oportunas, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción o probable infracción y la rapidez del deterioro de la situación financiera de la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), entre otras informaciones pertinentes.

3.Para cada una de las medidas a que se refiere el apartado 1 bis, las autoridades competentes fijarán un plazo adecuado para la realización de dicha medida que permita a la autoridad competente evaluar su eficacia.

La evaluación de la medida se llevará a cabo inmediatamente una vez vencido el plazo y se compartirá con la autoridad de resolución. Cuando la evaluación concluya que las medidas no se han aplicado plenamente o que no son eficaces, la autoridad competente evaluará la condición a que se refiere el artículo 32, apartado 1, letra a) tras haber consultado a la autoridad de resolución.

4.A más tardar el... [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa], la ABE emitirá proyectos de normas técnicas de regulación para promover la aplicación coherente de las condiciones de activación para utilizar las medidas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 28

Sustitución de la alta dirección o del órgano de dirección

A efectos del artículo 27, apartado 1 bis, letra e), los Estados miembros velarán por que la nueva alta dirección o el nuevo órgano de dirección, o los miembros de dichos órganos, sean nombrados de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional y estén sujetos a la aprobación o consentimiento de la autoridad competente.

13)El artículo 29 se modifica como sigue:a)los apartados 1, 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. A efectos del artículo 27, apartado 1 bis, letra f), los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes puedan designar a cualquier administrador provisional, basándose en lo que resulte proporcionado a las circunstancias, para que lleve a cabo alguna de las siguientes alternativas:a)sustituir provisionalmente al órgano de dirección de la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d);b)trabajar provisionalmente junto con el órgano de dirección de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d).

La autoridad competente especificará su elección con arreglo a las letras a) o b) en el momento de la designación del administrador provisional.

A efectos del párrafo primero, letra b), la autoridad competente especificará más detalladamente en el momento de la designación del administrador provisional las obligaciones y las competencias de este, así como la posible necesidad de que el órgano de dirección de la entidad o sociedad consulte al administrador provisional u obtenga su consentimiento antes de adoptar decisiones o medidas específicas.

Los Estados miembros exigirán a la autoridad competente que haga pública la designación de cualquier administrador provisional, excepto cuando este no esté facultado para representar a la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d) o para tomar decisiones en su nombre.

Los Estados miembros velarán además por que todo administrador provisional cumpla los requisitos establecidos en el artículo 91, apartados 1, 2 y 8 de la Directiva 2013/36/UE. La evaluación por parte de las autoridades competentes de si el administrador provisional cumple dichos requisitos formará parte integrante de la decisión de designar a dicho administrador provisional.

2.La autoridad competente especificará las competencias del administrador provisional en el momento de su designación, basándose en lo que resulte proporcionado a las circunstancias. Tales competencias podrán incluir algunos o todos los poderes del órgano de dirección de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), de acuerdo con los estatutos de esta y con la legislación nacional, incluida la facultad de desempeñar algunas de las funciones administrativas del órgano de dirección de la entidad o sociedad. Las competencias del administrador provisional en relación con la entidad o sociedad serán conformes con el derecho de sociedades aplicable. La autoridad competente podrá ajustar las competencias cuando se produzca un cambio en las circunstancias.

3.La autoridad competente especificará en el momento de la designación el papel y las funciones del administrador provisional. Dichos papel y funciones podrán incluir:a)la determinación de la situación financiera de la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d);b)la gestión de la actividad o de parte de la actividad de la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), con miras a preservar o restaurar la situación financiera de esta;c)la adopción de medidas orientadas a restaurar la gestión sana y prudente de la actividad de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d).

La autoridad competente especificará en el momento de la designación todo posible límite del papel y las funciones del administrador provisional.»;

b)en el apartado 5, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«En cualquier caso, el administrador provisional solo podrá ejercer sus competencias para convocar la junta general de accionistas de la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), y fijar los puntos del orden del día previo acuerdo de la autoridad competente.»;

c)el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6. A petición de la autoridad competente, el administrador provisional elaborará informes sobre la situación financiera de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), y sobre su actuación durante el transcurso de su mandato, a intervalos establecidos por la autoridad competente, al menos una vez después de los primeros seis meses, y, en cualquier caso, al final de su mandato.»;

c bis)el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:

«7. El administrador provisional será designado por un período máximo de un año. Dicho período se podrá renovar, con carácter excepcional, en una ocasión, siempre y cuando sigan cumpliéndose las condiciones para la designación del administrador provisional. La autoridad competente será responsable de determinar si se cumplen dichas condiciones y de justificar su decisión ante los accionistas.».

14)El artículo 30 se modifica como sigue:a)el título se sustituye por el texto siguiente:

«Coordinación de las medidas de actuación temprana para los grupos»;

b)los apartados1 a 4 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. Cuando se cumplan las condiciones para la imposición de las medidas de actuación temprana contempladas en el artículo 27, en relación con una empresa matriz de la Unión, el supervisor en base consolidada lo notificará a la ABE y consultará al resto de las autoridades competentes del colegio de supervisión antes de decidir la aplicación de una medida de actuación temprana.

2.Tras la notificación y la consulta a que se refiere el apartado 1, el supervisor en base consolidada decidirá si aplica medidas de actuación temprana con arreglo al artículo 27 respecto de la empresa matriz de la Unión pertinente, teniendo en cuenta el impacto de dichas medidas en las entidades del grupo en otros Estados miembros. El supervisor en base consolidada notificará la decisión a las demás autoridades competentes del colegio de supervisión y a la ABE.

3.Cuando se cumplan las condiciones para la imposición de medidas de actuación temprana con arreglo al artículo 27, en relación con una filial de una empresa matriz de la Unión, la autoridad competente responsable de la supervisión con carácter individual que se proponga adoptar una medida de conformidad con dichos artículos lo notificará a la ABE y consultará al supervisor en base consolidada.

Al recibir la notificación, el supervisor en base consolidada podrá evaluar las repercusiones de la imposición de medidas de actuación temprana en virtud del artículo 27 a la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), en cuestión, en el grupo o en las entidades del grupo en otros Estados miembros. El supervisor en base consolidada comunicará esta evaluación a la autoridad competente dentro del plazo de tres días.

Tras dicha notificación y consulta, la autoridad competente decidirá si aplica alguna de las medidas de actuación temprana. La decisión concederá la debida consideración a toda evaluación efectuada por el supervisor en base consolidada. La autoridad competente notificará la decisión a la ABE, al supervisor en base consolidada y a las demás autoridades competentes del colegio de supervisión.

4.Cuando más de una autoridad competente se proponga aplicar medidas de actuación temprana contempladas en el artículo 27 a más de una entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), del mismo grupo, el supervisor en base consolidada y las demás autoridades competentes que corresponda evaluarán si resulta más adecuado designar al mismo administrador provisional o coordinar la aplicación de las otras medidas de actuación temprana a más de una entidad o sociedad con objeto de facilitar soluciones que restablezcan la situación financiera de la entidad o sociedad de que se trate. La evaluación adoptará la forma de decisión conjunta del supervisor en base consolidada y las demás autoridades competentes. La decisión conjunta se adoptará en un plazo de cinco días desde la fecha de notificación contemplada en el apartado 1. La decisión conjunta se motivará y expondrá en un documento, que el supervisor en base consolidada facilitará a la empresa matriz de la Unión.

La ABE podrá, a petición de una autoridad competente, ayudar a las autoridades competentes a llegar a un acuerdo, de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

A falta de decisión conjunta dentro de un plazo de cinco días, el supervisor en base consolidada y las autoridades competentes responsables respecto de las filiales podrán adoptar decisiones específicas sobre la designación de un administrador provisional para las entidades o sociedades a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), respecto de las cuales son responsables y sobre la aplicación de las otras medidas de actuación temprana.»;

c)el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6. La ABE podrá, a petición de cualquier autoridad competente, asistir a las autoridades que se propongan aplicar una o más de las medidas contempladas en el artículo 27, apartado 1 bis, letra a), de la presente Directiva, en relación con los puntos 4, 10, 11 y 19 de la Sección A del anexo de la presente Directiva, en el artículo 27, apartado 1 bis, letra c), o en el artículo 27, apartado 1 bis, letra d), de la presente Directiva, a llegar a un acuerdo de conformidad con el artículo 19, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

15)Se inserta el artículo 30 bis siguiente:

«Artículo 30 bis

Preparación para la resolución

1.Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes notifiquen sin demora a las autoridades de resolución:a)cualquiera de las medidas contempladas en el artículo 104, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE que exijan que adopte una entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), de la presente Directiva y cuya finalidad sea abordar un deterioro de la situación de una entidad, dicha sociedad o un grupo;b)cuando la actividad de supervisión demuestre que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 27, apartado 1, de la presente Directiva en relación con una entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), de la presente Directiva, la evaluación de que se cumplen dichas condiciones, independientemente de cualquier medida de actuación temprana;c)la aplicación de cualquiera de las medidas de actuación temprana a que se refiere el artículo 27.

Las autoridades competentes supervisarán estrechamente, en estrecha cooperación con las autoridades de resolución, la situación de la entidad o sociedad y su cumplimiento de las medidas a que se refiere el párrafo primero, letra a), destinadas a hacer frente a un deterioro de la situación de dicha entidad o sociedad y de las medidas de actuación temprana a que se refiere el párrafo primero, letra c).

2.Las autoridades competentes notificarán lo antes posible a las autoridades de resolución cuando consideren que existe un riesgo significativo de que se den una o varias de las circunstancias contempladas en el artículo 32, apartado 4, en relación con una entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d). Dicha notificación incluirá:a)los motivos de la notificación;b)una visión general de las medidas que impedirían la inviabilidad de la entidad o sociedad en un plazo razonable, su repercusión prevista en la entidad o sociedad en lo que respecta a las circunstancias a que se refiere el artículo 32, apartado 4, y el plazo previsto para la aplicación de dichas medidas.

Tras recibir la notificación a que se refiere el párrafo primero, las autoridades de resolución evaluarán, en estrecha cooperación con las autoridades competentes, lo que constituye un plazo razonable a efectos de la evaluación de la condición a que se refiere el artículo 32, apartado 1, letra b), teniendo en cuenta la rapidez del deterioro de las condiciones de la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), el posible impacto sobre el sistema financiero y sobre la protección de los depositantes y los fondos de los clientes, el riesgo de que un proceso prolongado aumente los costes globales para los clientes y la economía, la necesidad de aplicar eficazmente la estrategia de resolución y cualesquiera otras consideraciones pertinentes. Las autoridades de resolución comunicarán dicha evaluación a las autoridades competentes lo antes posible.

Tras la notificación a que se refiere el párrafo primero, las autoridades competentes y las autoridades de resolución supervisarán, en estrecha cooperación, la situación de la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), la aplicación de las medidas pertinentes en el plazo previsto y cualquier otra evolución pertinente. A tal fin, las autoridades de resolución y las autoridades competentes se reunirán periódicamente, con una frecuencia establecida por las autoridades de resolución teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Las autoridades competentes y las autoridades de resolución se facilitarán mutuamente sin demora toda la información pertinente.

3.Las autoridades competentes facilitarán a las autoridades de resolución toda la información solicitada por estas para:a)actualizar el plan de resolución y preparar la posible resolución de la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d);b)realizar la valoración contemplada en el artículo 36.

Cuando dicha información no esté todavía a disposición de las autoridades competentes, estas y las autoridades de resolución cooperarán y se coordinarán para obtener dicha información. A tal fin, las autoridades competentes estarán facultadas para exigir a la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), que facilite dicha información, incluso mediante inspecciones in situ, y que facilite dicha información a las autoridades de resolución.

4.Las competencias de las autoridades de resolución incluirán la de ofrecer para su venta a compradores potenciales, o adoptar disposiciones para dicha comercialización, la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), entre los compradores potenciales, o exigir a la entidad o sociedad que lo haga, con los siguientes fines:a)preparar la resolución de dicha entidad o sociedad, con sujeción a las condiciones establecidas en el artículo 39, apartado 2, y a las disposiciones de confidencialidad establecidas en el artículo 84;b)informar a la autoridad de resolución de la evaluación de la condición a que se refiere el artículo 32, apartado 1, letra b).

4 bis.Cuando, al ejercer la facultad a que se refiere el apartado 4, la autoridad de resolución decida comercializar directamente entre compradores potenciales, tendrá debidamente en cuenta las circunstancias del caso y el posible impacto del ejercicio de dicha facultad en la posición global de la entidad.

5.A efectos del apartado 4, las autoridades de resolución estarán facultadas para solicitar a la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), que establezca una plataforma digital para compartir la información necesaria para la comercialización de dicha entidad o sociedad con compradores potenciales o con asesores y valoradores contratados por la autoridad de resolución. En ese caso, será de aplicación el artículo 84, apartado 1, letra e).

6.La determinación de que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 27, apartado 1, y la adopción previa de medidas de actuación temprana no serán condiciones necesarias para que las autoridades de resolución preparen la resolución de la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), o ejerzan la competencia a que se refieren los apartados 4 y 5 del presente artículo.

7.Las autoridades de resolución informarán sin demora a las autoridades competentes de cualquier medida adoptada de conformidad con los apartados 4 y 5.

8.Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes y las autoridades de resolución cooperen estrechamente:a)al considerar la adopción de las medidas a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letra a), del presente artículo, destinadas a hacer frente al deterioro de la situación de una entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), así como las medidas a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letra c), del presente artículo;b)al considerar la posibilidad de adoptar cualquiera de las medidas contempladas en los apartados 4 y 5;c)durante la ejecución de las medidas a que se refieren las letras a) y b) del presente párrafo.

Las autoridades competentes y las autoridades de resolución velarán por que dichas medidas y acciones sean coherentes, coordinadas y eficaces.».

16)En el artículo 31, apartado 2, las letras c) y d) se sustituyen por el texto siguiente:

«c) proteger los fondos públicos minimizando la dependencia de ayudas financieras públicas extraordinarias, en particular cuando procedan del presupuesto de un Estado miembro;d)proteger los depósitos garantizados y, en la medida de lo posible, también la parte sin cobertura de los depósitos admisibles de las personas físicas, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, y proteger a los inversores cubiertos por la Directiva 97/9/CE;».

17)El artículo 32 se modifica como sigue:a)Los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades de resolución emprendan medidas de resolución en relación con una entidad si las autoridades de resolución determinan, tras recibir una comunicación con arreglo al apartado 2 o por propia iniciativa con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2, que se cumplen todas las condiciones siguientes:a)que la entidad sea inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser;b)que ▌ no existan perspectivas razonables de que ninguna medida alternativa del sector privado, incluidas medidas por parte de un SIP, acción de supervisión, medidas de actuación temprana, así como la amortización o conversión de instrumentos de capital y de pasivos admisibles pertinentes a que se refiere el artículo 59, apartado 2, adoptada en relación con la entidad, pueda impedir que la entidad sea inviable o tenga probabilidades de serlo en un plazo de tiempo razonable;c)que la medida de resolución sea de interés general de conformidad con el apartado 5.

2.Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente realice una evaluación de la condición a que se refiere el apartado 1, letra a), previa consulta a la autoridad de resolución.

Los Estados miembros pueden prever que, además de la autoridad competente, la evaluación a que se refiere el apartado 1, letra a), pueda realizarla también la autoridad de resolución, previa consulta a la autoridad competente, cuando las autoridades de resolución en virtud de la legislación nacional dispongan de las herramientas necesarias para dicha evaluación, en particular un acceso adecuado a la información pertinente. En tal caso, los Estados miembros velarán por que la autoridad competente facilite sin demora a la autoridad de resolución toda la información pertinente que esta solicite para llevar a cabo su evaluación, antes o después de haber sido informada por la autoridad de resolución de su intención de realizar dicha evaluación.

La evaluación de la condición a que se refiere el apartado 1, letra b), será realizada sin demora por la autoridad de resolución en estrecha cooperación con la autoridad competente, previa consulta a una autoridad designada del SGD y, en su caso, a un SIP al que pertenezca la entidad. La consulta con el SIP incluirá una consideración de la disponibilidad de medidas del SIP que impedirían la inviabilidad de la entidad en un plazo razonable. La autoridad competente facilitará sin demora injustificada a la autoridad de resolución toda la información pertinente que esta requiera con objeto de llevar a cabo su evaluación. La autoridad competente también podrá informar a la autoridad de resolución de que considera que se cumple la condición establecida en el apartado 1, letra b).»;

b)el apartado 4, se modifica como sigue:i)en el párrafo primero, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:

«d) que necesite ayuda financiera pública extraordinaria, excepto cuando esta adopte alguna de las formas a que se refiere el artículo 32 quater;»,

ii)se suprimen los párrafos segundo a quinto;c)el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, letra c), del presente artículo una medida de resolución se considerará de interés público cuando dicha medida resulte necesaria para alcanzar, de forma proporcionada, uno o varios de los objetivos de resolución establecidos en el artículo 31, y cuando la liquidación de la entidad a través de los procedimientos de insolvencia ordinarios no permitiría alcanzar más eficazmente los citados objetivos.

Se presumirá que la medida de resolución no es de interés público a efectos del apartado 1, letra c), del presente artículo cuando la autoridad de resolución haya decidido aplicar obligaciones simplificadas a una entidad de conformidad con el artículo 4. La presunción será refutable y no se aplicará si la autoridad de resolución aprecia que uno o varios de los objetivos de resolución correrían peligro si la entidad se liquidara con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios.

Los Estados miembros velarán por que, al llevar a cabo la evaluación a que se refiere el párrafo primero, la autoridad de resolución, sobre la base de la información de que disponga en el momento de dicha evaluación, considere, evalúe y compare toda ayuda financiera pública extraordinaria ▌ que se vaya a conceder a la entidad, tanto en caso de resolución como en caso de liquidación de conformidad con la legislación nacional aplicable.».

5 bis.La ABE contribuirá a supervisar y promover la aplicación efectiva y coherente de la evaluación del interés público a que se refiere el apartado 5.

A más tardar el ... [dos años después de la fecha de aplicación de la presente Directiva modificativa], la ABE presentará un informe sobre el alcance y la aplicación del apartado 5 en toda la Unión. Dicho informe se compartirá con la Comisión con el fin de evaluar la eficacia de las medidas descritas en el apartado 5 y su efecto en las condiciones de competencia equitativas.

En función del resultado del informe, la ABE podrá elaborar normas técnicas de regulación con el objetivo de establecer prácticas convergentes y unas condiciones de competencia equitativas entre los Estados miembros a más tardar el ... [dos años después de la fecha de aplicación de la presente Directiva modificativa].».

18)Los artículos 32 bis y 32 ter se sustituyen por el texto siguiente:

«Artículo 32 bis

Condiciones para la resolución de un organismo central y de entidades de crédito afiliadas de forma permanente a un organismo central

Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades de resolución tomen una medida de resolución en relación con un organismo central y todas las entidades de crédito afiliadas de forma permanente que formen parte del mismo grupo de resolución, solamente cuando dichos organismo y entidades, o grupo de resolución al que pertenecen, se ajusten en su conjunto a las condiciones establecidas en el artículo 32, apartado 1.

Artículo 32 ter

Procedimientos en relación con entidades y sociedades que no sean sometidas a un proceso de resolución

1.Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando las autoridades de resolución determinen que una entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), cumpla las condiciones establecidas en el artículo 32, apartado 1, letras a) y b), pero no la condición establecida en el artículo 32, apartado 1, letra c), la autoridad administrativa o judicial nacional pertinente esté facultada para iniciar sin demora el procedimiento de liquidación ordenada de la entidad o sociedad de conformidad con la legislación nacional aplicable.

2.Los Estados miembros se asegurarán de que una entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), que se liquide de manera ordenada de conformidad con la legislación nacional aplicable, abandone el mercado o ponga fin a sus actividades bancarias en un plazo razonable.

3.Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando una autoridad de resolución determine que una entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), cumple las condiciones del artículo 32, apartado 1, letras a) y b), pero no la del artículo 32, apartado 1, letra c), la determinación de que la entidad o sociedad se considera inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser de conformidad con el artículo 32, apartado 1, letra a), sea una condición para la revocación de la autorización por parte de la autoridad competente de conformidad con el artículo 18 de la Directiva 2013/36/UE.

4.Los Estados miembros velarán por que la revocación de la autorización de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), sea condición suficiente para que la autoridad administrativa o judicial nacional pertinente inicie sin demora el procedimiento de liquidación ordenada de la entidad o sociedad de conformidad con la legislación nacional aplicable.».

19)Se inserta el artículo 32 quater siguiente:

«Artículo 32 quater

Ayuda financiera pública extraordinaria

1.Los Estados miembros velarán por que se pueda conceder ayuda financiera pública extraordinaria al margen de la medida de resolución a las entidades o sociedades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), con carácter excepcional, únicamente en uno de los siguientes casos y siempre que la ayuda financiera pública extraordinaria cumpla las condiciones y requisitos establecidos en el marco de ayudas públicas de la Unión:a)cuando, con el fin de solventar perturbaciones graves de la economía de un Estado miembro de carácter excepcional o sistémico y de preservar la estabilidad financiera, la ayuda financiera pública extraordinaria adopte alguna de las siguientes formas:i)una garantía estatal para respaldar instrumentos de liquidez concedidos por los bancos centrales de conformidad con las condiciones de los mismos,ii)una garantía estatal de los pasivos de nueva emisión,iii)la adquisición de instrumentos de fondos propios distintos de los instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, o de otros instrumentos de capital, o el uso de medidas relativas a los activos con deterioro de valor, a precios, duración y otras condiciones que no confieran una ventaja indebida a la entidad o sociedad de que se trate, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 32, apartado 4, letras a), b) o c), ni las circunstancias a que se refiere el artículo 59, apartado 3, en el momento de la concesión de la ayuda pública;b)cuando la ayuda financiera pública extraordinaria adopte la forma de intervención rentable de un sistema de garantía de depósitos ▌de conformidad con las condiciones establecidas en los artículos 11 bis y 11 ter de la Directiva 2014/49/UE, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 32, apartado 4;c)cuando la ayuda financiera pública extraordinaria adopte la forma de una intervención rentable de un sistema de garantía de depósitos en el contexto de la liquidación de una entidad de crédito con arreglo al artículo 32 ter y de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 11, apartado 5, de la Directiva 2014/49/UE;d)cuando la ayuda financiera pública extraordinaria adopte la forma de ayuda pública en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE, concedida en el contexto de la liquidación de la entidad o sociedad con arreglo al artículo 32 ter de la presente Directiva, distinta de la ayuda concedida por un sistema de garantía de depósitos de conformidad con el artículo 11, apartado 5, de la Directiva 2014/49/UE.

2.Las medidas de apoyo a que se refiere el apartado 1, letra a), deberán cumplir todas las condiciones siguientes:a)se limitarán a entidades o sociedades solventes, confirmadas por la autoridad competente;b)tendrán un carácter cautelar y temporal y se basarán en una estrategia ▌predefinida de salida de la medida de apoyo aprobada por la autoridad competente que incluya una fecha de terminación, una fecha de venta o un calendario de reembolso claramente especificados para cualquiera de las medidas previstas; esta información no se divulgará hasta un año después de la conclusión de la estrategia de salida de la medida de apoyo, la ejecución del plan corrector o la evaluación con arreglo al párrafo séptimo del presente apartado;c)serán proporcionadas para remediar las consecuencias de la perturbación grave o para preservar la estabilidad financiera;d)no se utilizarán para compensar las pérdidas en que la entidad o sociedad haya incurrido o sea probable que incurra en los próximos doce meses.

A efectos del párrafo primero, letra a), una entidad o sociedad se considerará solvente cuando la autoridad competente haya llegado a la conclusión, sobre la base de las expectativas actuales, de que no se ha producido, ni es probable que se produzca en los doce meses siguientes, ninguna infracción de ninguno de los requisitos a que se refieren el artículo 92, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, el artículo 104 bis de la Directiva 2013/36/UE, el artículo 11, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/2033, el artículo 40 de la Directiva (UE) 2019/2034 o los requisitos aplicables pertinentes en virtud del Derecho de la Unión o nacional.

A efectos del párrafo primero, letra d), la autoridad competente pertinente cuantificará las pérdidas en que la entidad o sociedad haya incurrido o sea probable que incurra. Dicha cuantificación se basará, como mínimo, en revisiones de la calidad de los activos realizadas por el BCE, la ABE o las autoridades nacionales, o, en su caso, en las inspecciones in situ realizadas por la autoridad competente. Cuando dichos ejercicios no puedan llevarse a cabo a su debido tiempo, la autoridad competente podrá basar su evaluación en el balance de la entidad o sociedad, siempre que este cumpla las normas y reglas contables aplicables, confirmadas por un auditor externo independiente. La autoridad competente hará todo lo que esté en su mano para garantizar que la cuantificación se base en el valor de mercado de los activos, los pasivos y los elementos no contabilizados en el balance de la entidad o sociedad.

Las medidas de apoyo a que se refiere el apartado 1, letra a), inciso iii), se limitarán a aquellas que la autoridad competente haya evaluado como necesarias para garantizar la solvencia de la entidad o sociedad mediante la corrección de su déficit de capital establecido en el escenario adverso de las pruebas de resistencia a escala nacional, de la Unión o del MUS o ejercicios equivalentes realizados por el Banco Central Europeo, la ABE o las autoridades nacionales, en su caso, confirmadas por la autoridad competente.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra a), inciso iii), se permitirá excepcionalmente la adquisición de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario cuando la naturaleza del déficit detectado sea tal que la adquisición de otros instrumentos de fondos propios u otros instrumentos de capital no permita a la entidad o sociedad de que se trate subsanar el déficit de capital establecido en el escenario adverso en la prueba de resistencia o en un ejercicio equivalente pertinentes. El importe de los instrumentos de capital de nivel 1 ordinario adquiridos no excederá del 2 % del importe total de exposición al riesgo de la entidad o sociedad de que se trate, calculado de conformidad con el artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

En caso de que cualquiera de las medidas de apoyo a que se refiere el apartado 1, letra a), no sea amortizada, recomprada o finalizada de otro modo de conformidad con las condiciones de la estrategia de salida de la medida de apoyo establecida en el momento de la concesión de dicha medida, la autoridad competente solicitará a la entidad o sociedad que presente un plan corrector único. El plan corrector describirá las medidas que deban adoptarse para mantener o restablecer el cumplimiento de los requisitos de supervisión, la viabilidad a largo plazo de la entidad o sociedad y su capacidad para reembolsar el importe proporcionado, así como el calendario asociado.

Cuando la autoridad competente no considere creíble o viable el plan corrector único, o cuando la entidad o sociedad incumpla dicho plan, se evaluará si la entidad o sociedad es inviable o es probable que vaya a serlo, de conformidad con el artículo 32.

3.A más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a un año después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], la ABE emitirá directrices, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, sobre el tipo de pruebas, revisiones o ejercicios a que se refiere el apartado 2, párrafo cuarto, que puedan dar lugar a las medidas de apoyo a que se refiere el apartado 1, letra a), inciso iii).».

20)En el artículo 33, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades de resolución emprendan una medida de resolución en relación con una entidad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras c) o d), cuando dicha entidad cumpla las condiciones establecidas en el artículo 32, apartado 1.

A estos efectos, se considerará que una entidad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras c) o d), es inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser en cualquiera de las circunstancias siguientes:a)que la entidad cumpla una o varias de las condiciones establecidas en el artículo 32, apartado 4, letras b), c) o d);b)que la entidad infrinja de manera significativa o existan elementos objetivos que demuestren que, en un futuro próximo, infringirá de manera significativa los requisitos aplicables establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 o en la Directiva 2013/36/UE.».

21)El artículo 33 bis se modifica como sigue:a)en el apartado 8, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades de resolución informen sin demora a la entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), y a las autoridades a que se refiere el artículo 83, apartado 2, letras a) a h), en caso de ejercer la facultad prevista en el apartado 1 del presente artículo una vez que se haya determinado que la entidad o sociedad es inviable o tiene probabilidad de serlo con arreglo al artículo 32, apartado 1, letra a), y antes de tomar la decisión de resolución.»;

b)en el apartado 9, se añade el párrafo segundo siguiente:

«No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros velarán por que, cuando se ejerzan dichas competencias con respecto a los depósitos admisibles y dichos depósitos no se consideren no disponibles a efectos de la Directiva 2014/49/UE, los depositantes tengan acceso a un importe diario adecuado procedente de dichos depósitos.».

22)El artículo 35 se modifica como sigue:a)el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades de resolución puedan nombrar a un administrador especial que sustituya al órgano de dirección de la entidad objeto de la resolución o de la entidad puente, o colabore con este. Las autoridades de resolución harán público el nombramiento de un administrador especial. Las autoridades de resolución garantizarán que el administrador especial cuente con la cualificación, la capacidad y los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones.

El artículo 91 de la Directiva 2013/36/UE no se aplicará a la designación de administradores especiales.»;

b)en el apartado 2 la primera frase se sustituye por el texto siguiente:

«El administrador especial asumirá todas las competencias de los accionistas, la alta dirección y el órgano de dirección de la entidad objeto de resolución o la entidad puente.»;

c)el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. Los Estados miembros exigirán que el administrador especial elabore informes destinados a la autoridad de resolución competente que lo hubiera designado sobre la situación económica y financiera de la entidad objeto de resolución o la entidad puente y sobre su actuación en el desempeño de sus funciones, a intervalos regulares establecidos por la autoridad de resolución y al inicio y al final de su mandato.».

23)El artículo 36 se modifica como sigue:a)en el apartado 1 la primera frase se sustituye por el texto siguiente:

«1. Antes de determinar si se cumplen las condiciones de resolución o las condiciones para amortizar o convertir instrumentos de capital y pasivos admisibles de conformidad con el artículo 59, las autoridades de resolución se asegurarán de que una persona independiente tanto de las autoridades públicas, incluida la autoridad de resolución, como de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), efectúe una valoración ecuánime, prudente y realista del activo y el pasivo de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d).»;

b)se inserta el apartado 7 bis siguiente:

«7 bis. Cuando sea necesario para fundamentar las decisiones a que se refiere el apartado 4, letras c) y d), el valorador complementará la información contemplada en el apartado 6, letra c), con una estimación del valor de los activos y pasivos fuera de balance, incluidos los contingentes.».

24)En el artículo 37 se añade el apartado 11 siguiente:

«11. La ABE supervisará las medidas y la preparación de las autoridades de resolución para garantizar la aplicación efectiva de los instrumentos y competencias de resolución en caso de resolución. La ABE informará a la Comisión sobre las prácticas existentes en materia de evaluaciones de resolubilidad y posibles divergencias entre los Estados miembros a más tardar el... [OP: insértese la fecha correspondiente a dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] y supervisará la aplicación de cualquier recomendación formulada en dicho informe, cuando proceda.

En el informe a que se refiere el párrafo primero figurarán, como mínimo, los aspectos siguientes:a)los mecanismos adoptados para aplicar el instrumento de recapitalización interna y el nivel de interacción con las infraestructuras de los mercados financieros y las autoridades de terceros países, cuando proceda;b)los mecanismos adoptados para poner en práctica el uso de otros instrumentos de resolución;c)el nivel de transparencia con respecto a las partes interesadas pertinentes en relación con los mecanismos a que se refieren las letras a) y b).».

25)El artículo 40 se modifica como sigue:a)en el apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«Para hacer efectivo el instrumento de la entidad puente, y habida cuenta de la necesidad de mantener funciones esenciales en la misma o para perseguir los objetivos de resolución, los Estados miembros garantizarán que las autoridades de resolución tengan la facultad de transmitir a una entidad puente todos los elementos siguientes:»;

b)en el apartado 2, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«La aplicación del instrumento de recapitalización interna a efectos de lo referido en el artículo 43, apartado 2, letra b), no deberá obstaculizar la capacidad de la autoridad de resolución de controlar la entidad puente. Cuando la aplicación del instrumento de recapitalización interna permita que el capital de la entidad puente sea provisto íntegramente mediante la conversión de pasivos susceptibles de recapitalización interna en acciones u otros tipos de instrumentos de capital, podrá eximirse del requisito de que la entidad puente pertenezca total o parcialmente a una o varias autoridades públicas.».

26)En el artículo 42, apartado 5, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) si la transmisión es necesaria para garantizar el buen funcionamiento de la entidad objeto de resolución, la entidad puente, o la propia entidad de gestión de activos, o».

27)El artículo 44 se modifica como sigue:a)el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Los Estados miembros velarán por que el instrumento de recapitalización interna pueda aplicarse a todos los pasivos, también los que den lugar a provisiones contables, de una entidad o sociedad a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), que, de conformidad con los apartados 2 o 3 del presente artículo, no estén excluidos del ámbito de aplicación de dicho instrumento.»;

b)el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. El mecanismo de financiación de la resolución podrá hacer una contribución contemplada en el apartado 4 cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:a)que una contribución a la absorción de pérdidas y la recapitalización por un importe equivalente a no menos del 8 % del total del pasivo, incluyendo los fondos propios de la entidad objeto de resolución, determinados según la valoración prevista en el artículo 36 se haya realizado por los accionistas y los tenedores de otros instrumentos de propiedad, los titulares de instrumentos de capital pertinentes y otros pasivos admisibles mediante reducción, conversión o amortización con arreglo al artículo 48, apartado 1, y al artículo 60, apartado 1, y por el sistema de garantía de depósitos con arreglo al artículo 109, cuando proceda;b)que la contribución del mecanismo de financiación de la resolución no exceda del 5 % de los pasivos totales, incluidos los fondos propios, de la entidad objeto de resolución, medidos de conformidad con la valoración prevista en el artículo 36.».

▌28)▌El artículo 44 bis se modifica como sigue:a)se insertan los apartados siguientes:

«6 bis. Los Estados miembros velarán por que las entidades de crédito que emitan instrumentos admisibles como instrumentos de capital de nivel 1 adicional, instrumentos de capital de nivel 2 o pasivos admisibles puedan vender dichos instrumentos a un depositante existente en dicha entidad de crédito que pueda considerarse cliente minorista, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 11, de la Directiva 2014/65/UE, únicamente cuando se cumplan las condiciones del apartado 1, letras a), b) y c), del presente artículo y se cumplan las dos condiciones siguientes en el momento de la compra:a)el depositante que pueda considerarse cliente minorista no invierte un importe agregado superior al 10 % de su cartera de instrumentos financieros en los instrumentos a que se refiere el presente apartado;b)el importe inicial invertido en uno o varios instrumentos a que se refiere el presente apartado asciende al menos a 30 000 euros.

La entidad de crédito velará por que en el momento de la compra se cumplan las condiciones establecidas en las letras a) y b) del presente apartado, sobre la base de la información facilitada por el cliente minorista de conformidad con el apartado 3.

6 ter.Los instrumentos admisibles a que se refiere el apartado 6 bis vendidos por la entidad de crédito emisora a sus depositantes que pueden considerarse inversores minoristas sin cumplir las condiciones establecidas en dicho apartado no se contabilizarán a efectos de los requisitos establecidos en el artículo 45 sexies o 45 septies mientras dichos instrumentos sean mantenidos por el depositante al que hayan sido vendidos.

6 quater.Como parte de la evaluación de la resolubilidad de conformidad con los artículos 15 y 16, las autoridades de resolución supervisarán cada año por grupo y entidad en qué medida los inversores minoristas mantienen instrumentos admisibles a efectos del MREL e informarán de los resultados a la ABE al menos una vez al año.»;

b)se añaden los apartados siguientes:

«7 bis. Los Estados miembros no tendrán que aplicar los apartados 6 bis y 6 ter del presente artículo a los instrumentos a que se refiere el apartado 6 bis emitidos antes del … [doce meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa].

8.A más tardar el... [OP: insértese la fecha correspondiente a veinticuatro meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], la ABE informará a la Comisión sobre la aplicación del presente artículo. Dicho informe comparará las medidas adoptadas por los Estados miembros para dar cumplimiento al presente artículo, analizará su eficacia en la protección de los inversores minoristas y evaluará su impacto en las operaciones transfronterizas.

Sobre la base de ese informe, la Comisión podrá presentar propuestas legislativas de modificación de la presente Directiva.».

29)En el artículo 45, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades y sociedades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d), cumplan, en todo momento, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles en los casos requeridos y según lo dispuesto por la autoridad de resolución, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo y en los artículos 45 bis a 45 decies.».

30)El artículo 45 ter se modifica como sigue:a)en los apartados 4, 5 y 7, la palabra «EISM» se sustituye por «entidades EISM»;b)el apartado 8, se modifica como sigue:i)en el párrafo primero, el término «EISM» se sustituye por «entidades EISM»;ii)en el párrafo segundo, letra c), el término «EISM» se sustituye por «entidad EISM»;iii)en el párrafo cuarto, el término «EISM» se sustituye por «entidades EISM»;c)Se añade el apartado 10 siguiente:

«10. Las autoridades de resolución podrán permitir que las entidades de resolución cumplan los requisitos a que se refieren los apartados 4, 5 y 7 utilizando los fondos propios o los pasivos a que se refieren los apartados 1 y 3 cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:a)en el caso de las entidades EISM o las entidades de resolución sujetas al artículo 45 quater, apartados 5 o 6, que la autoridad de resolución no haya reducido el requisito a que se refiere el apartado 4 del presente artículo, de conformidad con el párrafo primero de dicho apartado;b)que los pasivos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo que no cumplan la condición a que se refiere el artículo 72 ter, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 cumplan las condiciones establecidas en el artículo 72 ter, apartado 4, letras b) a e), de dicho Reglamento.».

31)El artículo 45 quater se modifica como sigue:a)en el apartado 3, párrafo octavo, «funciones económicas esenciales» se sustituye por «funciones esenciales»;b)el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación en los que se especifique la metodología aplicada por las autoridades de resolución para estimar el requisito contemplado en artículo 104 bis de la Directiva 2013/36/UE y los requisitos combinados de colchón para:a)las entidades de resolución a nivel del grupo de resolución consolidado cuando el grupo de resolución no esté sujeto a estos requisitos con arreglo a la Directiva 2013/36/UE;b)las entidades que no sean entidades de resolución, cuando la entidad no esté sujeta a dichos requisitos en virtud de la Directiva 2013/36/UE sobre la misma base que los requisitos a que se refiere el artículo 45 septies de la presente Directiva.

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el... [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de doce meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].

c)en el apartado 7, párrafo octavo, «funciones económicas esenciales» se sustituye por «funciones esenciales».32)Se inserta el artículo 45 quater bis siguiente:

«Artículo 45 quater bis

Determinación del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles para las estrategias de transmisión ▌

1.Al aplicar el artículo 45 quater a una entidad de resolución cuya estrategia de resolución preferida prevea, con independencia de otros instrumentos de resolución o en combinación con ellos, el uso del instrumento de venta del negocio o de la entidad puente ▌, la autoridad de resolución fijará el importe de recapitalización previsto en el artículo 45 quater, apartado 3, de manera proporcionada sobre la base de los siguientes criterios, según proceda:a)el tamaño, el modelo de negocio, el modelo de financiación y el perfil de riesgo de la entidad de resolución o, en su caso, el tamaño de la parte de la entidad de resolución sujeta al instrumento de venta del negocio o al instrumento de la entidad puente;b)las acciones, otros instrumentos de propiedad, activos, derechos o pasivos que vayan a transmitirse a un receptor determinado en el plan de resolución, teniendo en cuenta:i)las ramas de actividad principales y las funciones esenciales de la entidad de resolución;ii)los pasivos excluidos de la recapitalización interna de conformidad con el artículo 44, apartado 2;iii)las salvaguardias previstas en los artículos 73 a 80;iii bis)los requisitos de fondos propios previstos para cualquier entidad puente que pudiera ser necesaria para aplicar la estrategia de salida del mercado de la entidad de resolución, a fin de garantizar el cumplimiento por parte de la entidad puente del Reglamento (UE) n.º 575/2013, la Directiva 2013/36/UE y la Directiva 2014/65/UE, según proceda;iii ter)la exigencia esperada por parte del adquirente de que la operación sea neutra en cuanto al capital con respecto a los requisitos aplicables a la entidad adquirente.c)el valor esperado y la capacidad de comercialización de acciones, otros instrumentos de propiedad, activos, derechos o pasivos de la entidad de resolución a que se refiere la letra b), teniendo en cuenta:i)cualquier impedimento material a la resolubilidad, detectado por la autoridad de resolución, que esté ▌ relacionado con la aplicación del instrumento de venta del negocio o del instrumento de la entidad puente;ii)las pérdidas resultantes de los activos, derechos o pasivos que hayan permanecido en la entidad residual;ii bis)un entorno de mercado potencialmente adverso en el momento de la resolución;d)si la estrategia de resolución preferida prevé la transmisión de acciones u otros instrumentos de propiedad emitidos por la entidad de resolución, o de la totalidad o parte de los activos, derechos y pasivos de la entidad de resolución;e)si la estrategia de resolución preferida prevé la aplicación del instrumento de segregación de activos.

▌

3.La aplicación del apartado 1 no dará lugar a un importe superior al importe resultante de la aplicación del artículo 45 quater, apartado 3, ni a un importe inferior al 13,5 % del importe total de exposición al riesgo, calculado de conformidad con el artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, e inferior al 5 % de la medida de la exposición total de la entidad pertinente a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, calculada de conformidad con los artículos 429 y 429 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013.»;

33)En el artículo 45 quinquies, apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«El requisito previsto en el artículo 45, apartado 1, para una entidad de resolución que sea una entidad EISM consistirá en lo siguiente:».

34)En el artículo 45 septies, apartado 1, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:

«No obstante lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del presente apartado, las empresas matrices de la Unión que no sean ellas mismas entidades de resolución y sean filiales de entidades de terceros países cumplirán los requisitos establecidos en los artículos 45 quater y 45 quinquies en base consolidada.».

35)El artículo 45 terdecies se modifica como sigue:a)en el apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a) el modo en que se haya aplicado a nivel nacional el requisito de fondos propios y pasivos admisibles establecido de conformidad con el artículo 45 sexies o el artículo 45 septies, así como el artículo 45 quater bis, y, en particular, si se han registrado divergencias entre los Estados miembros en los niveles establecidos para entidades comparables;»;

b)en el apartado 3, párrafo segundo, se añade la frase siguiente:

«La obligación a que se refiere el apartado 2 dejará de aplicarse después de la presentación del segundo informe.».

35 bis)En el artículo 45 quaterdecies se inserta el apartado siguiente:

«1 bis. No obstante lo dispuesto en el artículo 45, apartado 1, las autoridades de resolución fijarán un período transitorio adecuado para las entidades o sociedades a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d), con objeto de que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 45 sexies o en el artículo 45 septies o los requisitos establecidos en el artículo 45 ter, apartados 4, 5 o 7, si dichas entidades o sociedades están sujetas a dichos requisitos como consecuencia de la entrada en vigor de … [la presente Directiva modificativa]. La fecha límite para que las entidades y sociedades cumplan los requisitos establecidos en los artículos 45 sexies o 45 septies o los requisitos derivados de la aplicación del artículo 45 ter, apartados 4, 5 o 7, será … [cuatro años después de la fecha de aplicación de la presente Directiva].

La autoridad de resolución fijará unos niveles objetivo intermedios relativos a los requisitos establecidos en los artículos 45 sexies o 45 septies o a los requisitos derivados de la aplicación del artículo 45 ter, apartados 4, 5 o 7, según proceda, que las entidades o sociedades a que se refiere el primer párrafo del presente apartado deberán cumplir el … [dos años después de la fecha de aplicación de la presente Directiva]. Por norma general, los niveles objetivo intermedios garantizarán una acumulación lineal de fondos propios y pasivos admisibles tendente al cumplimiento del requisito.

La autoridad de resolución podrá fijar un período transitorio cuyo plazo expire después del … [cuatro años después de la fecha de aplicación de la presente Directiva], cuando esté debidamente justificado y sea adecuado sobre la base de los criterios previstos en el apartado 7, teniendo en cuenta: a)la evolución de la situación financiera de la entidad; b)la perspectiva de que la entidad pueda garantizar, en un plazo razonable, el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 45 sexies o 45 septies o los requisitos derivados de la aplicación del artículo 45 ter, apartados 4, 5 o 7; y c)si la entidad es capaz de sustituir los pasivos que ya no cumplen los criterios de admisibilidad o vencimiento y, si no, si dicha incapacidad es de naturaleza intrínseca o si se debe a perturbaciones generales del mercado.»;

36)En el artículo 45 quaterdecies, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Los requisitos contemplados en el artículo 45 ter, apartados 4 y 7, y en el artículo 45 quater, apartados 5 y 6, según corresponda, no serán de aplicación en el período de tres años siguientes a la fecha en que se haya definido que la entidad de resolución o el grupo del que forma parte la entidad de resolución es una sociedad considerada EISM o sociedad considerada EISM de fuera de la UE, o en que la entidad de resolución empiece a encontrarse en la situación a la que se hace referencia en el artículo 45 quater, apartados 5 o 6.».

37)En el artículo 46, apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«La evaluación a que se refiere el apartado 1 del presente artículo determinará el importe en que deben amortizarse o convertirse los pasivos susceptibles de recapitalización interna para:a)restablecer el coeficiente de capital de nivel 1 ordinario de la entidad objeto de resolución o, en su caso, establecer el coeficiente de la entidad puente teniendo en cuenta cualquier contribución de capital del mecanismo de financiación de la resolución realizada de conformidad con el artículo 101, apartado 1, letra d), de la presente Directiva;b)mantener una confianza suficiente del mercado en la entidad objeto de resolución o en la entidad puente, teniendo en cuenta cualquier pasivo contingente, y permitir a la entidad objeto de resolución seguir cumpliendo, durante al menos un año, las condiciones de autorización y proseguir las actividades para las que ha sido autorizada de conformidad con la Directiva 2013/36/UE o la Directiva 2014/65/UE.».

38)En el artículo 47, apartado 1, letra b), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente:

«i) los instrumentos de capital y pasivos admisibles pertinentes, de conformidad con el artículo 59, emitidos por la entidad de acuerdo con la competencia a que se refiere el artículo 59, apartado 2, o».

39)El artículo 52 se modifica como sigue:a)en el apartado 1, se añade el párrafo siguiente:

«En circunstancias excepcionales, la autoridad de resolución podrá prorrogar otro mes el plazo de un mes para la presentación del plan de reorganización de actividades.»;

b)en el apartado 5, se añade el párrafo siguiente:

«La autoridad de resolución podrá exigir a la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), que incluya elementos adicionales en el plan de reorganización de actividades.».

40)En el artículo 53, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Cuando una autoridad de resolución reduzca a cero, en virtud de las competencias mencionadas en el artículo 63, apartado 1, letra e), el importe principal o el importe pendiente de pago de un pasivo, incluidos los pasivos que den lugar a una provisión contable, este o cualesquiera obligaciones o reclamaciones derivadas del mismo que no hayan vencido en el momento en que se ejercen dichas competencias se considerarán liberados a todos los efectos, y no podrán computarse en posibles procedimientos ulteriores de la entidad objeto de resolución o de otra entidad que la suceda en una eventual liquidación posterior.».

41)El artículo 55 se modifica como sigue:a)en el apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) que el pasivo no constituya un depósito de los contemplados en el artículo 108, apartado 1, letras a) o b);»;

b)los párrafos quinto y sexto del apartado 2 se sustituirán por el texto siguiente:

«En caso de que la autoridad de resolución, en el contexto de la evaluación de la resolubilidad de una entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d) de conformidad con los artículos 15 y 16, o en cualquier otro momento, determine que, dentro de una categoría de pasivos que incluya pasivos admisibles, el importe de los pasivos que no incluyan la cláusula contractual a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, junto con los pasivos que se excluyan de la aplicación de las competencias de recapitalización interna de conformidad con el artículo 44, apartado 2, o que es probable que se excluyan de conformidad con el artículo 44, apartado 3, asciende a más del 10 % de dicha categoría, esta evaluará inmediatamente el impacto de ese hecho concreto para la resolubilidad de la entidad o sociedad, incluidas las repercusiones sobre la resolubilidad que resulten del riesgo de vulnerar las salvaguardias de los acreedores previstas en el artículo 73 cuando se aplican las facultades para amortizar o convertir los pasivos admisibles.

En caso de que la autoridad de resolución concluya a partir de la evaluación a que se refiere el párrafo quinto del presente apartado que los pasivos que no incluyan la cláusula contractual a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, generan un obstáculo material a la resolubilidad, esta aplicará las competencias previstas en el artículo 17 según proceda para eliminar dicho obstáculo a la resolubilidad.».

c)se inserta el apartado siguiente:

«2 bis. Las entidades y sociedades a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), informarán anualmente a la autoridad de resolución de lo siguiente:a)el total de los importes pendientes de todos los pasivos regulados por la legislación de un tercer país;b)en lo que respecta a los elementos contemplados en la letra a):i)su composición, incluido su perfil de vencimiento;ii)su prelación en procedimientos de insolvencia ordinarios;iii)si el pasivo está excluido en virtud del artículo 44, apartado 2;iv)si incluyen entre las disposiciones contractuales la cláusula requerida por el apartado 1;v)cuando se haya llegado a la conclusión de que no es viable por motivos jurídicos o de otra índole incluir la cláusula de reconocimiento contractual de la recapitalización interna de conformidad con el apartado 2, la categoría del pasivo con arreglo al apartado 7.

Cuando las entidades y sociedades formen parte de un grupo de resolución, la entidad de resolución presentará el informe relativo al grupo de resolución, en la medida en que lo exija el apartado 1, párrafos segundo y tercero.»;

d)se añade el apartado siguiente:

«8 bis. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para especificar procedimientos y formatos uniformes para la notificación a las autoridades de resolución a que se refiere el apartado 2 bis.

La ABE presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el … [un año después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].

Se otorgan a la Comisión facultades para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero del presente apartado de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.»;

42)El artículo 59 se modifica como sigue:a)En el apartado 3, la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

«e) la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), requiera ayuda financiera pública extraordinaria, excepto cuando dicha ayuda se conceda en una de las formas a que se refiere el artículo 32 quater.»;

b)en el apartado 4, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) teniendo en cuenta el calendario, la necesidad de aplicar de manera efectiva las competencias de amortización y conversión o la estrategia de resolución para el grupo de resolución, y otras circunstancias pertinentes, no existan perspectivas razonables de que ninguna acción, incluidas medidas alternativas del sector privado, medidas de supervisión o medidas de actuación temprana, distintas de la amortización o conversión de instrumentos de capital y pasivos admisibles a que se refiere el apartado 1 bis, pueda impedir la inviabilidad de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), o del grupo en un plazo razonable.».

43)El artículo 63 se modifica como sigue:a)el apartado 1, se modifica como sigue:i)la letra m) se sustituye por el texto siguiente:

«m) exigir a la autoridad competente que evalúe al comprador de una participación cualificada de manera oportuna, no obstante lo dispuesto respecto a los plazos establecidos en el artículo 22 de la Directiva 2013/36/UE y en el artículo 12 de la Directiva 2014/65/UE;»,

ii)se añade la letra n) siguiente:

«n) formular solicitudes con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 596/2014 en nombre de la entidad objeto de resolución.»;

b)en el apartado 2, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a) de conformidad con el artículo 3, apartado 6, y el artículo 85, apartado 1, requisitos de obtención de la aprobación o consentimiento de cualquier persona, pública o privada, incluidos los accionistas o acreedores de la entidad objeto de resolución y de las autoridades competentes a efectos de los artículos 22 a 27 de la Directiva 2013/36/UE;».

44)En el artículo 71 bis, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. El apartado 1 se aplicará a todo contrato financiero que cumpla todos los requisitos siguientes:a)que cree una nueva obligación o modifique sustancialmente una obligación existente después de la entrada en vigor de las disposiciones adoptadas a nivel nacional para transponer el presente artículo;b)que prevea el ejercicio de uno o más derechos de rescisión o derechos de ejecución de garantías, a los que serían de aplicación los artículos 33 bis, 68, 69, 70 o 71 en caso de que el contrato financiero se rija por la legislación de un Estado miembro.».

45)En el artículo 74, apartado 3, se añade la letra d) siguiente:

«d) al determinar las pérdidas en que el sistema de garantía de depósitos habría incurrido si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios, aplicar los criterios y el método a que se refiere el artículo 11 sexies de la Directiva 2014/49/UE y en cualquier acto delegado adoptado en virtud de dicho artículo.».

45 bis)En el artículo 84, se inserta el apartado siguiente:

«6 bis. Las disposiciones contenidas en el presente artículo no excluyen el intercambio de información entre las autoridades de resolución y las autoridades tributarias de un mismo Estado miembro en la medida en que dicho intercambio esté establecido en las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Cuando dicha información tenga su origen en otro Estado miembro, solo se revelará con el consentimiento expreso de la autoridad pertinente que la haya divulgado.».

46)En el artículo 88, se inserta el apartado 6 bis siguiente:

«6 bis. Para facilitar los cometidos contemplados en el artículo 10, apartado 1, el artículo 15, apartado 1, y el artículo 17, apartado 1, e intercambiar cualquier información pertinente, la autoridad de resolución de una entidad con sucursales significativas en otros Estados miembros establecerá y presidirá un colegio de autoridades de resolución.

La autoridad de resolución de la entidad a que se refiere el párrafo primero decidirá qué autoridades participan en una reunión o en una actividad del colegio de autoridades de resolución, teniendo en cuenta la importancia de la actividad que deba planificarse o coordinarse para dichas autoridades, en particular la posible repercusión en la estabilidad del sistema financiero de los Estados miembros de que se trate y los cometidos a que se refiere el párrafo primero.

La autoridad de resolución de la entidad a que se refiere el primer párrafo mantendrá a todos los miembros del colegio de autoridades de resolución plenamente informados, por adelantado, de la organización de tales reuniones, de las cuestiones principales que deben tratarse y de las actividades que deben examinarse. La autoridad de resolución de la entidad a que se refiere el primer párrafo también mantendrá a todos los miembros del colegio plenamente informados, en el momento oportuno, de las decisiones tomadas en esas reuniones o de las medidas llevadas a cabo.».

46 bis)En el artículo 90, se añade el apartado siguiente:

«4 bis. Las disposiciones del artículo 84 no excluyen el intercambio de información entre las autoridades de resolución y las autoridades tributarias de un mismo Estado miembro en la medida en que dicho intercambio esté establecido en las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Cuando dicha información tenga su origen en otro Estado miembro, solo se revelará con el consentimiento expreso de la autoridad pertinente que la haya divulgado.».

47)El artículo 91 se modifica como sigue:a)el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Cuando una autoridad competente juzgue que una entidad o cualquier sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), que sea una entidad filial en un grupo cumple las condiciones a que se refieren los artículos 32 o 33, notificará sin demora a la autoridad de resolución a nivel de grupo, si fuera diferente, al supervisor en base consolidada y a los miembros del colegio de autoridades de resolución para el grupo en cuestión, la siguiente información:a)la decisión de que la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), cumple las condiciones a que se refiere el artículo 32, apartado 1, letras a) y b), o el artículo 33, apartados 1 o 2, según proceda, o las condiciones a que se refiere el artículo 33, apartado 4;b)el resultado de la evaluación de la condición a que se refiere el artículo 32, apartado 1, letra c);c)las medidas de resolución o las medidas de insolvencia que la autoridad de resolución considere apropiadas para dicha entidad o sociedad.

La información a que se refiere el párrafo primero podrá incluirse en las notificaciones comunicadas con arreglo al artículo 81, apartado 3, a los destinatarios mencionados en el párrafo primero del presente apartado.»;

b)en el apartado 7, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

48)En el artículo 92, apartado 3, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

49)En el artículo 97, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Las autoridades de resolución celebrarán, cuando proceda, acuerdos de cooperación no vinculantes con las autoridades pertinentes de terceros países que se indican en el apartado 2 del presente artículo. Dichos acuerdos estarán en consonancia con el acuerdo marco de la ABE.

Las autoridades competentes celebrarán, cuando proceda, acuerdos de cooperación no vinculantes con las autoridades pertinentes de terceros países que se indican en el apartado 2 del presente artículo. Dichos acuerdos estarán en consonancia con el acuerdo marco de la ABE y garantizarán que la información comunicada a las autoridades de terceros países esté sujeta a una garantía de que se cumplen los requisitos de secreto profesional equivalentes, como mínimo, a los contemplados en el artículo 84 de la presente Directiva.

50)En el artículo 98, el apartado 1 se modifica como sigue:a)la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«Los Estados miembros velarán por que las autoridades de resolución y los ministerios competentes intercambien información confidencial, incluidos los planes de recuperación, con las autoridades pertinentes de terceros países solo si se cumplen todas las condiciones siguientes:»;

b)se añaden los párrafos segundo y tercero siguientes:

«Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes intercambien información confidencial con las autoridades pertinentes de terceros países solo si se cumplen las condiciones siguientes:a)en relación con la información relativa a la recuperación y la resolución, las condiciones establecidas en el párrafo primero;b)en relación con otra información de que dispongan las autoridades competentes, las condiciones establecidas en el artículo 55 de la Directiva 2013/36/UE.

A efectos del párrafo segundo, la información relacionada con el rescate y la resolución incluirá toda la información directamente relacionada con los cometidos de las autoridades competentes en virtud de la presente Directiva, en particular la planificación de la reestructuración y los planes de recuperación, las medidas de actuación temprana y los intercambios con las autoridades de resolución en relación con la planificación de la resolución, los planes de resolución y las medidas de resolución.».

51)En el artículo 101, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Cuando la autoridad de resolución determine que el uso del mecanismo de financiación de la resolución a efectos del apartado 1 del presente artículo suponga probablemente que parte de las pérdidas de una entidad o institución contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), sean transmitidas al mecanismo de financiación de la resolución, se aplicarán los principios que rigen el uso del mecanismo de financiación de la resolución recogidos en el artículo 44.».

52)En el artículo 102, apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«Si, pasado el período inicial a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, los recursos financieros disponibles disminuyen por debajo del nivel fijado como objetivo en dicho apartado, las contribuciones regulares recaudadas de conformidad con el artículo 103 se reanudarán hasta alcanzar dicho nivel. Las autoridades de resolución podrán aplazar la recaudación de las contribuciones regulares recaudadas de conformidad con el artículo 103 durante tres años como máximo hasta que el importe que deba recaudarse alcance un importe proporcional al coste del proceso de recaudación, siempre que dicho aplazamiento no afecte significativamente a la capacidad de las autoridades de resolución para utilizar mecanismos de financiación de la resolución con arreglo al artículo 101. Una vez que se haya alcanzado por primera vez el nivel fijado como objetivo, si los recursos financieros disponibles se han reducido posteriormente a menos de dos tercios del nivel fijado como objetivo, la contribución regular se fijará a un nivel que permita alcanzar el nivel fijado como objetivo en un plazo de cuatro años.».

53)El artículo 103 se modifica como sigue:a)el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Los recursos financieros disponibles que se tendrán en cuenta para alcanzar el nivel fijado como objetivo en el artículo 102 podrán incluir compromisos de pago irrevocables íntegramente respaldados por garantías de activos de bajo riesgo libres de cargas por derechos de terceros, de libre disposición y asignados para el uso exclusivo de las autoridades de resolución para los fines especificados en el artículo 101, apartado 1. La parte de dichos compromisos de pago irrevocables no superará el 30 % del importe total de las aportaciones recaudadas de conformidad con el presente artículo. Dentro de ese límite, la autoridad de resolución determinará anualmente el porcentaje de compromisos de pago irrevocables respecto del importe total de las contribuciones que deban recaudarse de conformidad con el presente artículo.»;

b)se inserta el apartado 3 bis siguiente:

«3 bis. La autoridad de resolución reclamará los compromisos de pago irrevocables contraídos con arreglo al apartado 3 del presente artículo cuando sea necesario recurrir a los mecanismos de financiación de la resolución de conformidad con el artículo 101.

Cuando una entidad deje de estar incluida en el ámbito de aplicación del artículo 1 y deje de estar sujeta a la obligación de pagar contribuciones de conformidad con el apartado 1 del presente artículo, la autoridad de resolución reclamará los compromisos de pago irrevocables contraídos con arreglo al apartado 3 y aún pendientes de pago. Si la contribución vinculada al compromiso de pago irrevocable se abona debidamente al primer requerimiento, la autoridad de resolución cancelará el compromiso y devolverá la garantía real. Si la contribución no se abona debidamente al primer requerimiento, la autoridad de resolución procederá a la incautación de la garantía y cancelará el compromiso.».

54)En el artículo 104, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«Las contribuciones extraordinarias ex post no superarán el triple del 12,5 % del nivel fijado como objetivo en el artículo 102.».

55)El artículo 108 se modifica como sigue:a)el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Los Estados miembros se asegurarán de que, en su legislación nacional aplicable a los procedimientos de insolvencia ordinarios:a)los siguientes pasivos tengan la misma prelación, que es superior a la prevista para los créditos no garantizados de los acreedores ordinarios:i)los depósitos excluidos de la cobertura en virtud del artículo 5 de la Directiva 2014/49/UE;ii)la parte de los depósitos admisibles de personas jurídicas distintas de las microempresas y pequeñas y medianas empresas que exceda del nivel de cobertura previsto en el artículo 6 de la Directiva 2014/49/UE;iii)la parte de los depósitos admisibles de las administraciones central o regionales que exceda del nivel de cobertura previsto en el artículo 6 de la Directiva 2014/49/UE;iv)la parte de los depósitos de personas jurídicas que no sean microempresas ni pequeñas o medianas empresas que serían depósitos admisibles si no se hubieran realizado a través de sucursales situadas fuera de la Unión de entidades establecidas en la Unión que supere el nivel de cobertura previsto en el artículo 6 de la Directiva 2014/49/UE;b)los siguientes depósitos tengan la misma prelación entre sí y prioridad sobre los contemplados en la letra a):i)los depósitos garantizados;ii)los sistemas de garantía de depósitos para sus créditos con arreglo al artículo 9, apartado 2, de la Directiva 2014/49/UE;iii)los depósitos admisibles distintos de los contemplados en la letra a), incisos ii) y iii); yiv)los depósitos que serían admisibles si no se hubieran realizado a través de sucursales situadas fuera de la Unión de entidades establecidas en la Unión distintas de las contempladas en la letra a), inciso iv).»;

b)se añaden los apartados 8 y 9 siguientes:

«8. Cuando los instrumentos de resolución a que se refiere el artículo 37, apartado 3, letras a) o b), se utilicen para transmitir solo una parte de los activos, derechos o pasivos de la entidad objeto de resolución, el mecanismo de financiación de la resolución tendrá un derecho frente a la entidad o sociedad residual a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), por cualquier gasto o pérdida en que haya incurrido el mecanismo de financiación de la resolución como consecuencia de las contribuciones realizadas a la resolución de conformidad con el artículo 101, apartado 1, en relación con las pérdidas que los acreedores habrían soportado de otro modo.

9.Los Estados miembros velarán por que los créditos del mecanismo de financiación de la resolución a que se refieren el apartado 8 del presente artículo y el artículo 37, apartado 7, tengan, en su legislación nacional aplicable a los procedimientos de insolvencia ordinarios, un orden de prelación preferente, que será superior al establecido para los créditos de depósitos y de sistemas de garantía de depósitos con arreglo al apartado 1 del presente artículo.».

56)El artículo 109 se modifica como sigue:a)Los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. Los Estados miembros velarán por que, cuando las autoridades de resolución tomen una medida de resolución con respecto a una entidad de crédito, y siempre que dicha medida garantice que los depositantes sigan teniendo acceso a sus depósitos, ▌el sistema de garantía de depósitos al que esté afiliada dicha entidad de crédito aporte los siguientes importes:a)cuando se aplique el instrumento de recapitalización interna, de forma independiente o en combinación con el instrumento de segregación de activos, el importe por el que los depósitos garantizados se habrían amortizado o convertido para absorber las pérdidas y recapitalizar la entidad objeto de resolución de conformidad con el artículo 46, apartado 1, si los depósitos garantizados se hubieran incluido en el ámbito de aplicación de la recapitalización interna;b)cuando se apliquen los instrumentos de venta del negocio o de la entidad puente, de forma independiente o en combinación con otros instrumentos de resolución:i)el importe necesario para cubrir la diferencia entre el valor de los depósitos garantizados y de los pasivos con igual o mayor prelación que los depósitos y el valor de los activos de la entidad objeto de resolución que vayan a transmitirse a un receptor, yii)cuando proceda, un importe necesario para garantizar al receptor la neutralidad de capital de la transmisión.

En los casos a que se refiere el párrafo primero, letra b), cuando la transmisión al receptor incluya depósitos que no sean depósitos garantizados u otros pasivos susceptibles de recapitalización interna y la autoridad de resolución considere que las circunstancias a que se refiere el artículo 44, apartado 3, se aplican a dichos depósitos o pasivos, el sistema de garantía de depósitos contribuirá:a)con el importe necesario para cubrir la diferencia entre el valor de los depósitos, incluidos los depósitos no garantizados, y de los pasivos con igual o mayor prelación que los depósitos y el valor de los activos de la entidad objeto de resolución que vayan a transmitirse a un receptor, y,b)cuando proceda, un importe necesario para garantizar al receptor la neutralidad de capital de la transmisión.

Los Estados miembros velarán por que, una vez que el sistema de garantía de depósitos haya realizado una contribución en los casos a que se refiere el párrafo segundo, la entidad objeto de resolución se abstenga de adquirir participaciones en otras empresas, así como distribuciones en relación con el capital de nivel 1 ordinario o pagos por instrumentos de capital adicional de nivel 1, o por otras actividades que puedan dar lugar a una salida de fondos.

En todos los casos, el coste de la contribución del sistema de garantía de depósitos no será superior al coste de reembolso de los depositantes calculado por el sistema de garantía de depósitos con arreglo al artículo 11 sexies de la Directiva 2014/49/UE.

Cuando se concluya mediante una valoración con arreglo al artículo 74 que el coste de la contribución del sistema de garantía de depósitos a la resolución ha sido mayor que las pérdidas en las que se hubiera incurrido en caso de liquidación con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios, el sistema de garantía de depósitos tendrá derecho al pago de la diferencia por el mecanismo de financiación de la resolución, de conformidad con el artículo 75.

2.Los Estados miembros velarán por que la autoridad de resolución determine el importe de la contribución del sistema de garantía de depósitos de conformidad con el apartado 1, previa consulta al sistema de garantía de depósitos sobre el coste estimado de reembolso de los depositantes con arreglo al artículo 11 sexies de la Directiva 2014/49/UE y de conformidad con las condiciones a que se refiere el artículo 36 de la presente Directiva.

La autoridad de resolución notificará la decisión a que se refiere el párrafo primero al sistema de garantía de depósitos al que esté afiliada la entidad. El sistema de garantía de depósitos ejecutará dicha decisión sin demora.».

b)Se insertan los apartados 2 bis y 2 ter siguientes:

«2 bis. Cuando los fondos del sistema de garantía de depósitos se utilicen de conformidad con el apartado 1, párrafo primero, letra a), para contribuir a la recapitalización de la entidad objeto de resolución, los Estados miembros velarán por que el sistema de garantía de depósitos transfiera sus participaciones en acciones u otros instrumentos de capital de la entidad objeto de resolución al sector privado tan pronto como lo permitan las circunstancias comerciales y financieras.

Los Estados miembros velarán por que el sistema de garantía de depósitos comercialice las acciones y otros instrumentos de capital a que se refiere el párrafo primero de forma abierta y transparente, y por que la venta no los desnaturalice ni discrimine entre compradores potenciales. Toda venta de este tipo se realizará en condiciones de mercado.

2 ter.La contribución del sistema de garantía de depósitos con arreglo al apartado 1, párrafo segundo, computará para el cumplimiento de los umbrales establecidos en el artículo 44, apartado 5, letra a), y en el artículo 44, apartado 8, letra a).

Cuando la utilización del sistema de garantía de depósitos de conformidad con el apartado 1, párrafo segundo, junto con la contribución a la absorción de pérdidas y a la recapitalización realizada por los accionistas y los tenedores de otros instrumentos de propiedad, los titulares de instrumentos de capital pertinentes y otros pasivos susceptibles de recapitalización interna, permita la utilización del mecanismo de financiación de la resolución, la contribución del sistema de garantía de depósitos se limitará al importe necesario para alcanzar los umbrales establecidos en el artículo 44, apartado 5, letra a), y en el artículo 44, apartado 8, letra a). Tras la contribución del sistema de garantía de depósitos, el mecanismo de financiación de la resolución se utilizará de conformidad con los principios que rigen el uso del mecanismo de financiación de la resolución establecidos en los artículos 44 y 101.

No obstante la limitación de las contribuciones del sistema de garantía de depósitos prevista en el párrafo segundo del presente apartado, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 44, apartado 7, se requerirá una contribución adicional del sistema de garantía de depósitos. Dicha contribución adicional será igual al importe aportado por el mecanismo de financiación de la resolución que supere el límite del 5 % especificado en el artículo 44, apartado 5, letra b), multiplicado por la parte de depósitos con cobertura como parte del total de pasivos en el ámbito de la transferencia.

No obstante, los párrafos primero y segundo no se aplicarán a las entidades que cumplan al menos una de las condiciones siguientes:a)que la entidad haya sido considerada como una entidad de liquidación en el plan de resolución de grupo o en el plan de resolución.»;b)que la entidad haya incumplido su objetivo intermedio o final del MREL, según proceda, en cuatro trimestres en un plazo de cuatro años que finalice 6 meses antes de la determinación de la inviabilidad o la probabilidad de que vaya a serlo, de conformidad con el artículo 32, apartado 1, letra a). El período de cuatro años no tiene en cuenta los dos trimestres consecutivos inmediatamente anteriores a dicha determinación de la inviabilidad o la probabilidad de serlo.

c)se suprime el apartado 3;d)en el apartado 5, se suprimen los párrafos segundo y tercero.57)En el artículo 111, apartado 1, se añade la letra e) siguiente:

«e) en caso de incumplimiento del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles a que se refieren los artículos 45 sexies o 45 septies.».

58)El artículo 128 se modifica como sigue:a)el título se sustituye por el texto siguiente:

«Cooperación e intercambio de información entre entidades y autoridades»;

b)se añade el párrafo siguiente:

«Las autoridades de resolución, las autoridades competentes, la ABE, la Junta Única de Resolución, el BCE y otros miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales facilitarán a la Comisión, a petición de esta y dentro del plazo especificado, toda la información necesaria para el desempeño de sus funciones relacionadas con la elaboración de políticas, incluida la realización de evaluaciones de impacto, la preparación de propuestas legislativas y la participación en el proceso legislativo. La Comisión y el personal de la Comisión estarán sujetos a los requisitos del secreto profesional establecidos en el artículo 88 del Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo* con respecto a la información recibida.».

______________________________

* Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 225 de 30.7.2014, p. 1).

59)Se inserta el artículo 128 bis siguiente:

«Artículo 128 bis

Simulaciones de gestión de crisis

1.La ABE coordinará ejercicios periódicos a escala de la Unión para comprobar la aplicación de la presente Directiva, del Reglamento (UE) n.º 806/2014 y de la Directiva 2014/49/UE en situaciones transfronterizas en todos los aspectos siguientes:a)la cooperación de las autoridades competentes durante la planificación de la recuperación;b)la cooperación entre las autoridades de resolución y las autoridades competentes antes de la inviabilidad y durante la resolución de las entidades financieras, también en la aplicación de los planes de resolución adoptados de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 806/2014.

2.La ABE elaborará un informe en el que se expongan las principales constataciones y conclusiones de los ejercicios. Dicho informe se hará público.».