(2)Las crisis que dan lugar a solicitudes de protección consular son cada vez más frecuentes y de mayor envergadura. La pandemia de COVID-19, la crisis en Afganistán en 2021, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, el conflicto en Sudán, las repatriaciones desde Israel y Gaza, la multiplicación de crisis humanitarias y de catástrofes naturales y provocadas por el hombre y otras crisis similares han permitido detectar lagunas y azuzado la reflexión sobre cómo mejorar el ejercicio del derecho a la protección consular. Debe reforzarse la capacidad de la Unión para responder ante la actual proliferación de crisis, abordando cualquier deficiencia y fortaleciendo nuestra capacidad de preparación, de recogida de información y de toma de decisiones, antes y durante las crisis. Tomando nota de estas experiencias y con el fin de simplificar los procedimientos para los ciudadanos y las autoridades consulares, procede aclarar y racionalizar las normas y procedimientos de la Directiva (UE) 2015/637 a fin de mejorar la eficacia de la protección consular de los ciudadanos no representados de la Unión, en particular en situaciones de crisis. Debe hacerse el mejor uso posible de los recursos disponibles de los Estados miembros y de la Unión, tanto de los presentes en los terceros países como del capital.

(4)Con el fin de mejorar la seguridad jurídica para las autoridades consulares y los ciudadanos, conviene establecer criterios más pormenorizados que ayuden a valorar si debe considerarse que el ciudadano de la Unión no está representado y, por lo tanto, puede recibir protección consular del Estado miembro a cuyas autoridades consulares se haya dirigido. Dichos criterios deben ser suficientemente pragmáticos y flexibles y aplicarse atendiendo a la situación local, como la facilidad de los viajes o la situación de la seguridad en el tercer país de que se trate. En este contexto, la accesibilidad, la proximidad y la seguridad deben seguir siendo consideraciones importantes.

(5)Un primer criterio es que las autoridades consulares deben tener en consideración la dificultad que tenga el ciudadano para llegar de manera segura a la embajada o consulado del Estado miembro de nacionalidad, o para que estos lleguen a él, en cuarenta y ocho horas, teniendo en cuenta la naturaleza y la urgencia de la asistencia solicitada y los recursos, especialmente económicos, de que dispone el ciudadano. Si bien el período de tiempo adecuado dependerá de las particularidades de cada solicitud de asistencia, el plazo para que los ciudadanos lleguen de manera segura a la embajada o consulado de su Estado miembro, o para que estos lleguen a ellos, no debe superar en ningún caso las cuarenta y ocho horas. Por ejemplo, la necesidad de contar con un documento provisional de viaje de la UE como consecuencia de la pérdida de los documentos de viaje debe, en principio, valer para considerar que el ciudadano no está representado si, para llegar a la embajada o consulado de su Estado miembro de nacionalidad, es preciso pernoctar o un viaje en avión, ya que no cabe esperar que vaya a viajar en tales circunstancias.

(7)El concepto de carencia de representación debe interpretarse con el fin de garantizar la efectividad del derecho a la protección consular. Si, al reenviar al ciudadano a la embajada o el consulado del Estado miembro de nacionalidad, la protección consular pudiese verse comprometida, en particular si la urgencia del asunto requiere una intervención inmediata de la embajada o el consulado que reciba la solicitud, también debe considerarse que el ciudadano no está representado. Esto es especialmente pertinente en situaciones de crisis, en las que la falta de asistencia a tiempo puede ser tremendamente perjudicial para el ciudadano. Además, debe tenerse en cuenta toda reducción significativa del personal de la embajada o consulado, que pueda afectar significativamente a la eficacia y eficiencia de sus operaciones, ya que podría agravar aún más los retos a los que se enfrentan los ciudadanos que solicitan asistencia consular.

(11)No deben transferirse las solicitudes si con ello se compromete la protección consular, en particular si la urgencia del asunto requiere una intervención inmediata de la embajada o el consulado del Estado miembro interpelado. Este puede ser el caso, por ejemplo, en situaciones de emergencias médicas graves o de detenciones aparentemente arbitrarias o por motivos políticos. Además, los ciudadanos no representados deben ser informados de cualquier transferencia de este tipo.

(13)Al proporcionar protección consular a los ciudadanos no representados, los Estados miembros deben tener en cuenta un enfoque interseccional con respecto a las necesidades específicas de los grupos vulnerables, como los menores no acompañados, las víctimas de matrimonio forzado o de cautividad conyugal, a quienes debe proporcionarse apoyo legal y psicológico, las mujeres embarazadas, las personas con movilidad reducida, las personas de edad avanzada, las personas con discapacidad o las personas en riesgo de discriminación por cualquier motivo, como los mencionados en el artículo 21 de la Carta.

(19)Con el fin de garantizar la preparación ante posibles crisis consulares que exijan la prestación de asistencia a ciudadanos no representados —como catástrofes naturales, desórdenes políticos o ataques terroristas—, la cooperación consular local entre los Estados miembros y las delegaciones de la Unión en terceros países debe incluir intercambios sobre cuestiones pertinentes para dichos ciudadanos, como su seguridad y protección, el establecimiento de planes conjuntos de emergencia consular y de mecanismos de respuesta rápida, y la organización de ejercicios consulares. En este contexto, puede ser especialmente pertinente que se incluya a las autoridades consulares de los Estados miembros no representados en dicha cooperación consular local a la hora de coordinar la preparación y respuesta consulares en caso de crisis.

(23)Los planes conjuntos de emergencia consular también deben tener en cuenta, cuando proceda, las funciones y responsabilidades de los Estados de referencia, es decir, los Estados miembros representados en el tercer país de que se trate que se encarguen de coordinar y dirigir la asistencia a los ciudadanos no representados durante las crisis, a fin de garantizar la coordinación efectiva de la asistencia consular. Además, los planes conjuntos de emergencia consular deben evaluarse anualmente, o con más frecuencia si circunstancias extraordinarias así lo requieren, durante los ejercicios consulares para garantizar que sigan siendo pertinentes. Al mismo tiempo, no debe entenderse que los planes conjuntos de emergencia consular sustituyen a los planes de crisis que ya tienen los Estados miembros ni afectan a su competencia para prestar asistencia consular a sus propios nacionales, sino como un enfoque coherente que puede ayudar a coordinar mejor los esfuerzos de los Estados miembros representados.

(25)Las recomendaciones de viaje, es decir, la información que ofrecen los Estados miembros sobre la seguridad relativa de los viajes a terceros países específicos, deben actualizarse periódicamente a fin de permitir a los viajeros tomar decisiones informadas sobre un determinado destino de viaje, especialmente en los terceros países en los que su Estado miembro de nacionalidad no está representado. Si bien las recomendaciones de viaje son responsabilidad de los Estados miembros, conviene que se coordinen sobre este tema, en particular en las crisis, con el fin de garantizar la coherencia de dichas recomendaciones. Para ello se podría acordar una estructura común de los niveles de riesgo indicados en las recomendaciones de viaje, utilizando la plataforma segura del SEAE. Dicha coordinación debe tener lugar con suficiente antelación, cuando los Estados miembros tengan intención de cambiar el nivel de sus recomendaciones de viaje.

(26)Contar con una coordinación eficiente es vital para garantizar una respuesta eficaz a las crisis. Para garantizar dicha coordinación, los Estados miembros tienen que recibir apoyo e información oportuna del Centro de Respuesta a las Crisis del SEAE y del Centro de Coordinación de la Repuesta a Emergencias de la Comisión. Que exista una respuesta coordinada de la Unión a las crisis es especialmente importante en los casos que sean necesarias evacuaciones para garantizar que el apoyo disponible se preste con rapidez y de manera eficiente y que se haga el mejor uso posible de las capacidades de evacuación disponibles. Por este motivo, la información de primera mano y pertinente sobre, por ejemplo, la capacidad de evacuación disponible debe compartirse con suficiente antelación, para que se pueda reaccionar con rapidez y eficacia, especialmente en caso de operaciones de rescate y evacuación en que se empleen recursos militares. A este respecto, el SEAE debe poder recibir información automática y constante de los Estados miembros sobre la situación en terceros países.

(28)Los equipos consulares conjuntos deben basarse en los principios de solidaridad con los Estados miembros representados, igualdad en lo que respecta a las decisiones sobre las estructuras de trabajo internas, simplicidad en lo que respecta a la composición de los equipos, flexibilidad en el reparto de los gastos —cada Estado miembro, institución u organismo de la Unión asume sus propios gastos operativos—, visibilidad de la respuesta coordinada de la Unión y actitud abierta con los terceros países pertinentes.

(30)A fin de ayudar a los ciudadanos de la Unión necesitados, es importante proporcionarles información fiable y de fácil acceso sobre cómo acogerse a la asistencia consular en terceros países, incluidas opciones de contacto digital. Los servicios de la Comisión y el SEAE deben difundir, en estrecha coordinación con los Estados miembros, la información pertinente, como la información proporcionada por los Estados miembros sobre sus redes consulares y los terceros países con los que hayan celebrado acuerdos prácticos sobre el reparto de responsabilidades para proporcionar protección consular a los ciudadanos no representados. Para facilitarse el tratamiento de dicha información, esta debe proporcionarse en un formato legible por máquina.

(31)Los Estados miembros deben tomar medidas adicionales para seguir concienciando a los ciudadanos de la Unión sobre su derecho a la protección consular, teniendo también en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Habida cuenta del poco gasto que supone, los Estados miembros deben reproducir el tenor del artículo 23 del TFUE en los pasaportes expedidos por los Estados miembros como forma de aumentar la concienciación de los ciudadanos sobre el derecho a la protección por parte de las autoridades diplomáticas y consulares, como ya se recomendaba en la Recomendación C(2007) 5841 de la Comisión. Los Estados miembros también deben incluir información sobre el derecho a la protección consular que tienen los ciudadanos no representados en las recomendaciones de viaje y en las campañas relacionadas con la asistencia consular. También deben cooperar con las empresas de servicios de transporte de viajeros y los centros de tránsito que ofrecen viajes a terceros países, por ejemplo, pidiéndoles que añadan información pertinente sobre el derecho a la protección consular en el material informativo puesto a disposición de los clientes.

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5 Recomendación C(2007) 5841 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2007, sobre la reproducción del tenor del artículo 20 TCE en los pasaportes (DO L 118 de 6.5.2008, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).

(32)Las disposiciones financieras de la Directiva (UE) 2015/637 deben adaptarse para simplificar los reembolsos y seguir garantizando el reparto de la carga financiera. En particular, los ciudadanos no representados deben poder reembolsar directamente, en las mismas condiciones que los nacionales del Estado miembro que preste asistencia, los gastos del servicio prestado por dicho Estado miembro para evitar la carga administrativa derivada de solicitar el reembolso al Estado miembro de nacionalidad del ciudadano. Además, los Estados miembros también deben poder renunciar al reembolso de dichos gastos. Dado que, en determinadas situaciones, es posible que los ciudadanos no representados no puedan pagar al presentar la solicitud de asistencia, en particular cuando su efectivo y sus medios para disponer de dinero hayan sido robados, es necesario establecer que las autoridades consulares del Estado miembro que preste asistencia puedan exigirles que firmen un compromiso de reembolso. Con este compromiso, las autoridades del Estado miembro que preste asistencia pueden solicitar el reembolso de los gastos transcurridos tres meses desde la prestación de la asistencia.

(33)En los casos en que los gastos no hayan sido reembolsados directamente por el ciudadano, es decir, ni inmediatamente cuando presente la solicitud ni en una fase posterior cuando el Estado miembro que preste asistencia lo haya solicitado basándose en el compromiso de reembolso, el Estado miembro que preste asistencia debe estar facultado para solicitar el reembolso de los gastos al Estado miembro de nacionalidad del ciudadano no representado. Para evitar que se presenten solicitudes de reembolso tardías, debe concederse al Estado miembro que preste asistencia y al Estado miembro de nacionalidad un plazo razonable para presentar la solicitud y pedir el reembolso, respectivamente. El plazo debe tener en cuenta la complejidad del problema, la participación del personal de las instalaciones y la duración de la asistencia.

(41)Al tratar dichas categorías especiales de datos personales, las autoridades competentes de los Estados miembros y las instituciones y organismos de la Unión deben tomar medidas adecuadas y específicas para salvaguardar los intereses y los derechos de los interesados. Algunas de estas medidas deben comprender, en la medida de lo posible, el cifrado de dichos datos personales y la atribución específica de permisos al personal que tenga acceso a los tipos específicos de categorías especiales de datos personales.

a)la dificultad que tenga el ciudadano de que se trate para llegar de manera segura a la embajada o consulado del Estado miembro de nacionalidad, o para que estos lleguen a él, en un plazo razonable, teniendo en cuenta la naturaleza y la urgencia de la asistencia solicitada y los medios de que dispone el ciudadano. Si bien el período de tiempo adecuado dependerá de las particularidades de cada solicitud de asistencia, el plazo para que los ciudadanos lleguen de manera segura a la embajada o consulado de su Estado miembro, o para que estos lleguen a ellos, no debe superar en ningún caso las cuarenta y ocho horas;

2)En el artículo 9, se añade la letra siguiente:

suprimida

suprimida

2.Las delegaciones de la Unión prestarán apoyo a los Estados miembros cuando proporcionen protección consular a ciudadanos no representados de conformidad con el artículo 5, apartado 10, de la Decisión 2010/427/UE. Dicho apoyo podrá incluir el desempeño, a petición de los Estados miembros y en su nombre, de funciones específicas de asistencia consular. El Estado miembro que preste asistencia y el Estado miembro de nacionalidad proporcionarán sin demora a la delegación de la Unión toda la información pertinente sobre el asunto de que se trate.

1.En el contexto de la cooperación consular local a que se refiere el artículo 12, los Estados miembros y el SEAE elaborarán y acordarán planes conjuntos de emergencia consular para todos los terceros países. Los planes conjuntos de emergencia consular se actualizarán anualmente, o con más frecuencia en caso de circunstancias extraordinarias, y contendrán:

a)el análisis de la situación consular en el país, en particular una visión general de las embajadas o los consulados de los Estados miembros, la estimación del número y la ubicación de los ciudadanos de la Unión y la evaluación de riesgos de los supuestos más probables que afecten a los ciudadanos de la Unión; entre otros, los riesgos militares, políticos, delictivos y sanitarios y las catástrofes naturales;

Cuando tenga presencia en el país, la delegación de la Unión coordinará la elaboración y el acuerdo de los planes conjuntos de emergencia consular, basados en las contribuciones de las embajadas o los consulados de los Estados miembros representados en el tercer país de que se trate y las autoridades consulares de los Estados miembros no representados. Esto podría incluir, cuando sea necesario, la cooperación con terceros países y organizaciones internacionales. Los planes conjuntos de emergencia consular se pondrán a disposición de todos los Estados miembros, del SEAE y de los servicios de la Comisión.

4.Los Estados miembros, de conformidad con su Derecho nacional, tomarán medidas proactivas para velar por que sus ciudadanos se inscriban ante las autoridades nacionales competentes o informen a estas, por los medios e instrumentos adecuados, de sus viajes a terceros países o de su residencia en ellos, en particular cuando esos terceros países no se consideren completamente seguros.

5.Los Estados miembros intercambiarán información sobre los cambios en sus recomendaciones de viaje a los ciudadanos con suficiente antelación, en particular en situaciones de crisis, y procurarán garantizar la coherencia de dichas recomendaciones. Siempre que un Estado miembro tenga conocimiento de un incremento de los riesgos para la seguridad, deberá informar a los demás Estados miembros.

2.En caso necesario, los Estados miembros podrán contar con el apoyo de equipos consulares conjuntos compuestos por expertos de los Estados miembros, en particular de los Estados miembros no representados en el tercer país afectado por la crisis, del SEAE y de los servicios de la Comisión. Los equipos consulares conjuntos estarán listos para ser enviados con premura a los terceros países afectados por una crisis consular. La participación en los equipos consulares conjuntos será voluntaria. El SEAE y la Comisión apoyarán la preparación de dichos expertos y de los equipos consulares conjuntos.

4.Al prestar asistencia, los Estados miembros podrán recibir apoyo de los instrumentos de la Unión, como las estructuras de gestión de crisis del SEAE y su Centro de Respuesta a las Crisis. Los Estados miembros también podrán recurrir al Centro de Coordinación de la Repuesta a Emergencias, creado por el artículo 7 de la Decisión n.º 1313/2013/UE, al Mecanismo de Protección Civil de la Unión y, si procede, a las misiones y operaciones de la Unión en el marco de la política común de seguridad y defensa y de la Capacidad de Despliegue Rápido de la UE, tal como prevé la Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa.

Cada seis meses, los Estados miembros comunicarán al SEAE y a la Comisión la información siguiente:

2.Los Estados miembros, los servicios de la Comisión y el SEAE harán pública la información a que se refiere el apartado 1, asegurando la coherencia de la información comunicada.

3.Los Estados miembros comunicarán la información a que se refiere el apartado 1 en un formato legible por máquina.

1.Los Estados miembros tomarán medidas para informar a sus ciudadanos del derecho establecido en el artículo 20, apartado 2, letra c), del TFUE, en particular las siguientes:

suprimida

Si el ciudadano no representado no puede abonar al Estado miembro que preste asistencia los gastos a que se refiere el apartado 1 cuando presente la solicitud de asistencia, el Estado miembro que preste asistencia podrá exigir al ciudadano no representado que firme un compromiso de reembolso. Con este compromiso, el Estado miembro que preste asistencia podrá pedir al ciudadano no representado de que se trate que abone dichos gastos transcurridos tres meses desde la prestación de la asistencia. La imposibilidad de abonar los gastos a que se refiere el apartado 1 al presentar la solicitud de asistencia no afectará al derecho del ciudadano no representado a la protección consular.

6.La Comisión podrá adoptar actos de ejecución por los que se establezcan los formularios normalizados, disponibles en todas las lenguas de los Estados miembros, que deberán utilizarse para el compromiso de reembolso a que se refiere el apartado 2 y para el reembolso de los gastos del Estado miembro de nacionalidad a que se refiere el apartado 3. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 15 bis, apartado 2.

6.Al tratar los datos personales a que se refiere el apartado 5, las autoridades competentes de los Estados miembros y las instituciones y organismos de la Unión tomarán medidas adecuadas y específicas para salvaguardar los intereses y los derechos de los interesados. También aprobarán directrices internas y aplicarán las medidas técnicas y organizativas necesarias para impedir el acceso y la transmisión no autorizados de dichos datos personales.

A efectos de la presente Directiva, las autoridades competentes de los Estados miembros solo podrán transferir datos personales a un tercer país u organización internacional para desempeñar las funciones a que se refieren el artículo 9, el artículo 10 y el artículo 13 bis y de conformidad con el capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679. Los datos personales a que hace referencia el apartado 5 quedarán excluidos de dicha transferencia, a menos que se haya recabado el consentimiento previo expreso del ciudadano de la Unión afectado.

Los Estados miembros garantizarán que los ciudadanos no representados dispongan de un acceso efectivo a mecanismos de reclamación y vías de reparación con arreglo al Derecho nacional en caso de vulneración de los derechos que les confiere la presente Directiva.

A más tardar el [cinco años después de que venza el plazo de transposición de la Directiva modificativa], la Comisión realizará una evaluación de la presente Directiva y presentará un informe sobre las principales conclusiones al Parlamento Europeo y al Consejo.