A.Considerando que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, tal como se establece en el artículo 2 del TUE, se refleja en la Carta y se contempla en los tratados internacionales de derechos humanos; que estos valores, compartidos por los Estados miembros, constituyen el fundamento de los derechos de que disfrutan quienes viven en la Unión;

B.Considerando que la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores a que se refiere el artículo 2 del TUE no afecta únicamente al Estado miembro concreto en el que se ha materializado el riesgo, sino que repercute también en los demás Estados miembros, en la confianza mutua entre ellos, en la propia naturaleza de la Unión y en los derechos fundamentales de sus ciudadanos recogidos en el Derecho de la Unión;

C.Considerando que el ámbito de aplicación del artículo 7 del TUE no se limita a las obligaciones derivadas de los Tratados, a diferencia del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y que la Unión puede apreciar la existencia de un riesgo claro de violación grave de los valores comunes en ámbitos que son competencia de los Estados miembros;

D.Considerando que en 2018, a propuesta del Parlamento Europeo, el Consejo inició el procedimiento establecido en el artículo 7, apartado 1, del TUE con el fin de hacer frente a un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE; que desde el inicio del procedimiento se han celebrado en el Consejo seis audiencias sobre la situación en Hungría con arreglo al artículo 7, apartado 1, del TUE, pero que el Consejo aún no ha intentado determinar si existe tal riesgo ni ha dirigido recomendación alguna al Gobierno de Hungría;

E.Considerando que el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho reviste la máxima importancia, ya que es el instrumento que permite proteger los fondos de la Unión de manera eficaz;

F.Considerando que la Comisión decidió conceder a Hungría 900 millones EUR de prefinanciación en el marco de REPowerEU; que dicha prefinanciación puede ofrecerse sin condiciones, pero no sin controles;

G.Considerando que, en su Resolución, de 15 de septiembre de 2022, el Parlamento determinó que, desde el inicio del procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 1, del TUE, persistían o incluso habían empeorado sustancialmente las numerosas preocupaciones respecto del cumplimiento por parte de Hungría de los valores consagrados en el artículo 2 del TUE, en particular en lo que se refiere a la independencia del poder judicial, la corrupción, los conflictos de intereses, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación, el funcionamiento del sistema constitucional y electoral y el espacio cívico;

H.Considerando que, desde la aprobación de la Resolución, la situación en algunos de estos ámbitos ha experimentado una mejora limitada, en la mayoría de ellos sigue siendo alarmante y en algunos otros se ha deteriorado aún más; que han surgido nuevos problemas graves como consecuencia de las acciones del Gobierno húngaro;

I.Considerando que en abril de 2024 decenas de miles de ciudadanos húngaros salieron a la calle para protestar contra la captura del Estado y la corrupción;

J.Considerando que en 2023 el Gobierno húngaro adoptó un paquete legislativo de reformas judiciales para mejorar ciertos aspectos de la independencia del poder judicial, entre otras cosas reforzando la independencia del Consejo Judicial Nacional; que la lista no exhaustiva de deficiencias graves relacionadas con el Estado de Derecho en el sistema judicial que siguen sin abordarse incluye las siguientes:–normas relativas a la inamovilidad del actual presidente de la Curia, el tribunal supremo de Hungría,–la falta de salvaguardias y garantías significativas de la independencia de la Curia,–la falta de transparencia y automatización en el sistema de reparto de los asuntos en la Curia y la falta de transparencia con respecto a las normas de composición de los paneles,–presiones políticas y administrativas sobre la independencia del Consejo Judicial Nacional y sus miembros, incluso mediante campañas de desprestigio,–normas relativas al nombramiento, la promoción y la inamovilidad de los jueces,–falta de salvaguardias y garantías significativas de la independencia de los jueces que revisan las decisiones administrativas,–un número creciente de obstáculos a las remisiones previas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE),–normas deficientes sobre inmunidad y procedimientos disciplinarios contra fiscales y jueces,–injerencias políticas en el trabajo de los servicios de la fiscalía y de los fiscales individuales,–falta de servicios eficaces de apoyo a las víctimas de delitos;

K.Considerando que la lista no exhaustiva de deficiencias graves persistentes relacionadas con la lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses incluye las siguientes:–la ausencia de un historial de investigaciones, enjuiciamientos y sentencias firmes relativas a casos de corrupción de alto nivel,–la ausencia de normativas estrictas sobre los grupos de presión, las puertas giratorias y la supervisión efectiva de las declaraciones de patrimonio,–falta de competencia suficiente, capacitación, acceso a la información y recursos adecuados en la Autoridad de Integridad,–falta de consulta y debate públicos sobre las medidas anticorrupción,–falta de responsabilidad de los servicios de la fiscalía, incluso en casos de negligencia, incumplimiento del deber y conducta delictiva,–injerencias políticas en la labor de los servicios de la fiscalía que se encargan de casos de corrupción y delitos de alto nivel;

L.Considerando que la lista no exhaustiva de deficiencias graves persistentes relacionadas con la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación incluye las siguientes:–falta de independencia funcional de la autoridad de medios de comunicación y del coordinador de servicios digitales,–falta de independencia editorial y financiera y de pluralismo de opiniones políticas en los medios de comunicación de servicio público, que son utilizados por la mayoría gobernante para la propaganda política,–el abuso de la publicidad estatal en los medios de comunicación progubernamentales y la falta de normas y transparencia al respecto,–campañas de difamación contra periodistas y medios de comunicación independientes,–un número creciente de restricciones al acceso a la información pública,–la falta de investigaciones significativas sobre el despliegue de programas espía dirigidos contra periodistas de investigación y profesionales de los medios de comunicación,–la concentración del mercado de los medios de comunicación y la excesiva influencia del Gobierno sobre el panorama mediático, incluso a través de la Fundación Centroeuropea de Prensa y Medios de Comunicación (KESMA),–el posible sometimiento de medios de comunicación y periodistas a investigaciones de la Oficina de Protección de la Soberanía;

M.Considerando que la lista no exhaustiva de deficiencias graves persistentes relacionadas con el sistema constitucional y electoral, así como con el sistema de contrapoderes institucionales, incluye las siguientes:–la ausencia de condiciones equitativas de campaña durante las elecciones a nivel local y nacional, y los frecuentes cambios en el código electoral,–transparencia y responsabilidad insuficientes en el proceso de elaboración y promulgación de leyes,–la continuación del «estado de excepción» oficial que otorga al gobierno amplias facultades excepcionales y le permite anular leyes de rango superior mediante decretos de emergencia,–la ausencia de un proceso de consulta pública significativo con respecto a proyectos de ley importantes,–la desautorización de los organismos independientes y la presión sobre su independencia,–el uso de proyectos de ley ómnibus para modificar diversas leyes;

N.Considerando que la lista no exhaustiva de deficiencias graves persistentes relacionadas con el funcionamiento de la sociedad civil incluye las siguientes:–el efecto amedrentador de varias leyes destinadas a restringir la existencia y el funcionamiento de organizaciones independientes de la sociedad civil, como la ley sobre la transparencia de las organizaciones que reciben fondos extranjeros y la ley sobre la protección de la soberanía nacional,–campañas de difamación y acoso contra representantes de organizaciones de la sociedad civil,–falta de financiación pública para las organizaciones independientes de la sociedad civil, y apoyo financiero a las organizaciones progubernamentales o vinculadas al gobierno,–el posible sometimiento de las organizaciones de la sociedad civil y sus representantes a vigilancia e investigaciones por parte de la Oficina de Protección de la Soberanía;

O.Considerando que la lista no exhaustiva de deficiencias graves persistentes relacionadas con la protección de los intereses financieros de la Unión incluye las siguientes:–el funcionamiento de las autoridades encargadas de ejecutar el presupuesto de la Unión,–irregularidades sistémicas, deficiencias y fallos en la contratación pública, incluida una elevada proporción de procedimientos de licitación con ofertas únicas y falta de competencia en el sistema de contratación pública,–ineficacia de los mecanismos de auditoría y control para garantizar el buen empleo de los fondos de la Unión,–capacidad inadecuada para prevenir y sancionar el fraude, la corrupción u otras infracciones del Derecho de la Unión relativas a la ejecución del presupuesto de la Unión o a la protección de los intereses financieros de la Unión,–aplicación inadecuada de la herramienta ARACHNE,–falta de transparencia en el uso de los fondos de la Unión por parte de las fundaciones de gestión de activos de interés público,–la no adhesión de Hungría a la Fiscalía Europea;

P.Considerando que la lista no exhaustiva de deficiencias graves persistentes relacionadas con el cumplimiento de los principios y normas del mercado único incluye las siguientes:–prácticas discriminatorias contra empresas que operan en ámbitos definidos como de interés estratégico para el Gobierno húngaro,–el abuso del poder público y legislativo y el uso de técnicas de intimidación contra agentes económicos que operan en ámbitos definidos como de interés estratégico para el Gobierno húngaro;

Q.Considerando que el Gobierno húngaro tampoco ha abordado otros problemas señalados en la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2022, relacionados con los derechos fundamentales, como por ejemplo:–la libertad de cátedra,–la libertad de religión,–el derecho a la igualdad de trato, en particular los derechos de las personas LGBTIQ,–los derechos de las personas pertenecientes a minorías, incluidos los romaníes y los judíos; la protección frente a las declaraciones de odio contra las minorías,–los derechos fundamentales de los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados,–los derechos económicos y sociales;

R.Considerando que la Ley de Protección de la Soberanía Nacional entró en vigor el 23 de diciembre de 2023; que, como consecuencia de ello, se creó la nueva Oficina de Protección de la Soberanía y se modificó el Código Penal para prever, entre otras cosas, una pena de prisión por utilizar financiación procedente del extranjero para campañas políticas; que, en su declaración de 27 de noviembre de 2023, la comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa indicó que el proyecto de dicha ley suponía un riesgo significativo para los derechos humanos y debía abandonarse; que, en su dictamen de 18 de marzo de 2024, la Comisión de Venecia señaló que las restricciones a la financiación extranjera de los partidos políticos y las campañas electorales eran habituales y, en principio, acordes con las mejores prácticas y normas internacionales, pero que las enmiendas legales no definían claramente qué tipo de actividades de campaña estaban prohibidas ni cómo establecer que habían sido financiadas con fondos extranjeros; que la Comisión de Venecia también señaló en su dictamen que las enmiendas no tenían en cuenta la cooperación de los partidos políticos a escala internacional, no incluían la financiación aportada por organizaciones internacionales y no preveían el respeto de las obligaciones internacionales, entre ellas las derivadas de la pertenencia a la Unión; que el 7 de febrero de 2024, la Comisión decidió incoar un procedimiento de infracción contra Hungría, al considerar que la legislación infringía varias disposiciones del Derecho primario y derivado de la Unión, incluidos los valores democráticos de la Unión, el principio de democracia y los derechos electorales de los ciudadanos de la Unión, y varios derechos fundamentales consagrados en la Carta, como el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de los datos personales, la libertad de expresión e información, la libertad de asociación, los derechos electorales de los ciudadanos de la Unión, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, el derecho a no inculparse y la prerrogativa de secreto profesional en la relación cliente-abogado, los requisitos del Derecho de la Unión relativos a la protección de datos y varias normas aplicables al mercado único;

S.Considerando que, desde la adopción del informe provisional, el TJUE declaró en su sentencia en el asunto C-823/21 Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2023, Comisión/Hungría, C-823/21, ECLI:EU:C:2023:504., Comisión/Hungría, que al supeditar una solicitud de protección internacional a una declaración de intenciones en una embajada húngara situada en un tercer país, Hungría había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la legislación de la Unión en materia de asilo;

T.Considerando que en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), de 10 de noviembre de 2022 en el asunto Bakirdzi y E. C. / Hungría (49636/14 y 65678/14), firme desde el 3 de abril de 2023, y de 30 de marzo de 2023 en el asunto Szolcsán/Hungría (24408/16), firme desde el 30 de junio de 2023, el TEDH constató violaciones en relación con el derecho de voto de los electores pertenecientes a minorías nacionales y con la educación de los niños gitanos en clases o escuelas segregadas y determinó que no se habían adoptado medidas adecuadas para corregir las desigualdades;

U.Considerando que en sus decisiones relativas a la supervisión reforzada pendiente de la ejecución de las sentencias del TEDH en los casos y grupos de casos de Szabó y Vissy / Hungría Sentencia del TEDH de 12 de enero de 2016, Szabó y Vissy / Hungría, 37148/14, firme desde el 6 de junio de 2016., Gazsó/Hungría Sentencia del TEDH de 16 de julio de 2016, Gazsó/Hungría, 48322/12, firme desde el 16 de octubre de 2015., Ilias y Ahmed / Hungría Sentencia del TEDH de 14 de marzo de 2017, Ilias y Ahmed / Hungría, 47287/15. y Baka/Hungría Sentencia del TEDH de 23 de junio de 2016, Baka/Hungría, 20261/12., el Comité de Ministros del Consejo de Europa reiteró su preocupación por la no ejecución de estas sentencias;

V.Considerando que, en su informe de evaluación de la quinta ronda de evaluación sobre Hungría, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) expresó numerosas preocupaciones en relación con la eficacia del marco establecido en Hungría para prevenir la corrupción entre las personas con funciones ejecutivas de alto nivel y los miembros de la Policía Nacional Húngara y del Servicio Nacional de Protección; que el GRECO indicó que una característica común y general de la administración pública y de los organismos encargados de la aplicación de la ley en Hungría es que la mayoría de las medidas de integridad y prevención de la corrupción se dirigen a los funcionarios de nivel bajo y medio, pero el marco de integridad aplicable a las personas con funciones ejecutivas de alto nivel es muy débil y las condiciones para el nombramiento de altos cargos en la policía y en el Servicio Nacional de Protección comportan riesgos de politización;

W.Considerando que, en su informe, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia acogió con satisfacción algunos avances positivos en Hungría, pero expresó su preocupación por la abolición de la Autoridad para la Igualdad de Trato; la estigmatización de los estudiantes de entornos desfavorecidos y familias con bajos ingresos, como los estudiantes romaníes; el deterioro significativo de los derechos humanos de las personas LGBTI; el discurso público cada vez más xenófobo y el discurso político dirigido especialmente contra los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes, los musulmanes y las personas LGBTI; la eficacia extremadamente limitada del marco jurídico sobre el discurso de odio; la no aplicación de las estrategias nacionales de inclusión social; la finalización del apoyo estatal a la integración de los refugiados y las personas a las que se ha concedido protección subsidiaria; y la restricción del acceso al asilo en el país;

X.Considerando que, en sus observaciones finales, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por la salud y los derechos sexuales y reproductivos y por el hecho de que la política de igualdad de Hungría se base exclusivamente en el concepto de familia y considere que el papel principal de la mujer es el de esposa y madre, y recomendó a Hungría que adoptara medidas para hacer frente al discurso público contrario a la igualdad de género;

Y.Considerando que, en su declaración tras una visita oficial a Hungría, la representante para la Libertad de los Medios de Comunicación dela Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa afirmó que, cuando se examina la situación de la libertad de los medios de comunicación en Hungría, surge la imagen de un enfoque sistémico en el que algunas voces no disfrutan de las mismas condiciones básicas para ser escuchadas;

Z.Considerando que, en su Recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de 2023 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2023 de Hungría (COM(2023)0617), el Consejo recomendó a Hungría que tomara medidas para mejorar la adecuación del sistema de asistencia social, mejorar el acceso a medidas activas y eficaces del mercado laboral, garantizar un diálogo social efectivo y mejorar el marco reglamentario y la competencia en los servicios de conformidad con los principios del mercado único y del Estado de Derecho;

AA.Considerando que el Gobierno húngaro no ha aplicado múltiples sentencias del Tribunal Constitucional húngaro, del TJUE y del TEDH relacionadas con violaciones por parte de Hungría de valores consagrados en el artículo 2 del TUE y no ha seguido la gran mayoría de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2023 ni las recomendaciones de otros organismos internacionales como el GRECO, la Comisión de Venecia y otros;