P9_TA(2024)0371Nueva ley de seguridad en Hong Kong y los casos de Andy Li y Joseph JohnResolución del Parlamento Europeo, de 25 de abril de 2024, sobre la nueva ley de seguridad en Hong Kong y los casos de Andy Li y Joseph John (2024/2700(RSP))El Parlamento Europeo,

–Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.Considerando que, el 19 de marzo de 2024, el Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional, basada en el artículo 23 de la Ley Fundamental de Hong Kong; que la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional amplía la Ley de Seguridad Nacional impuesta por la República Popular China y permite que se cometan violaciones aún más graves de las libertades fundamentales, en contravención de las Declaraciones Chino‑Británica y Chino‑Portuguesa, el principio de «un país, dos sistemas» y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos;

B.Considerando que Andy Li, activista en favor de la democracia y testigo clave en el proceso contra Jimmy Lai, supuestamente se ha declarado culpable, bajo tortura, de conspiración y colusión con entidades extranjeras; que la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la tortura ha expresado su preocupación;

C.Considerando que el caso de Joseph John, ciudadano con doble nacionalidad portuguesa y hongkonesa, es el primero en el que se aplica extraterritorialmente la Ley de Seguridad Nacional a un ciudadano de la Unión; que John fue detenido por, supuestamente, haber publicado contenidos antichinos en las redes sociales e incitado a la «secesión» desde Europa, y que fue condenado el 11 de abril de 2024 a cinco años de prisión;

D.Considerando que la nacional polaca Aleksandra Bielakowska, que tenía la intención de asistir al juicio de Lai, fue detenida a su llegada a Hong Kong, interrogada y deportada;

1.Condena enérgicamente la adopción de la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional, que borra los últimos vestigios de libertades fundamentales que quedaban en Hong Kong; manifiesta su consternación por el amordazamiento de las fuerzas políticas prodemocráticas, la sociedad civil y los medios de comunicación y por la detención de más de doscientas personas desde la adopción de la Ley de Seguridad Nacional; insta a la República Popular China y a Hong Kong a que deroguen la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional;

2.Insta al Gobierno de Hong Kong a que libere inmediatamente y sin condiciones a Li, John, Lai, Kok Tsz‑Lun y a todos los demás representantes y activistas prodemocracia detenidos por ejercer sus libertades y derechos democráticos, y a que retire todos los cargos contra ellos;

3.Destaca el menoscabo que causa a la libertad de prensa la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional; pide a las autoridades que dejen de acosar y procesar a periodistas;

4.Expresa su alarma por el hecho de que la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional afecte significativamente a la labor de la Oficina de la Unión Europea y de los Consulados Generales de los Estados miembros, así como a los ciudadanos, organizaciones y empresas de la Unión en Hong Kong;

5.Insta al Consejo a que revise sus Conclusiones de 2020 sobre Hong Kong y adopte sanciones en el régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos contra el jefe del Ejecutivo, John Lee, y todos los funcionarios de Hong Kong y de la República Popular China responsables de la represión de las libertades en Hong Kong;

6.Denuncia las trabas a la observación de las actuaciones judiciales y subraya que deben ser una prioridad el apoyo adecuado y la comunicación en materia de observación de actuaciones judiciales y supervisión de derechos humanos pertinentes, incluido el establecimiento de puntos de contacto para los defensores de los derechos humanos, en coordinación con socios afines;

7.Manifiesta su preocupación por la extraterritorialidad y la retroactividad de la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional en todo el mundo; condena la persecución de la diáspora hongkonesa establecida en la Unión y de políticos y personalidades públicas críticos con Pekín; insta a los Estados miembros a que suspendan los tratados de extradición con la República Popular China y Hong Kong y a que introduzcan «programas de botes salvavidas» para activistas y periodistas en situación de riesgo;

8.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al resto de instituciones de la Unión, al Gobierno y el Parlamento de la República Popular China, y al jefe del Ejecutivo y el Consejo Legislativo de Hong Kong.